{ "id": "nexus-sen-1-0007-197493", "citation": "Res. 08319-2000 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo por falta de respuesta a reclamo salarial ante el MEP", "title_en": "Amparo for lack of response to salary claim against MEP", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una funcionaria del Ministerio de Educación Pública debido a la falta de respuesta a su reclamo administrativo, presentado el 28 de marzo de 2000, en el que solicitaba el pago de diferencias salariales derivadas de un acuerdo de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público de 1995. La recurrente alegó violación al derecho de petición y a la justicia pronta y cumplida, ya que tras más de cinco meses no había recibido contestación. Las autoridades recurridas reconocieron la omisión, pero la justificaron en el alto volumen de reclamos similares (más de veinte mil) y en la implementación de un programa informático. La Sala reiteró su jurisprudencia en el sentido de que el exceso de trabajo no es excusa para incumplir los plazos legales y que el artículo 41 constitucional, y no el 27, es el aplicable a reclamos administrativos. Concluyó que se violó el plazo de dos meses establecido en el artículo 261.1 de la Ley General de la Administración Pública. Declaró con lugar el recurso y ordenó al Ministro resolver y notificar en el plazo de un mes, condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by an employee of the Ministry of Public Education for the failure to respond to her administrative claim, filed on March 28, 2000, seeking payment of salary differentials arising from a 1995 Public Sector Wage Negotiation Commission agreement. The petitioner alleged violation of the right to petition and to prompt and complete justice, as more than five months had passed without a reply. The respondent authorities acknowledged the omission but justified it by the high volume of similar claims (over twenty thousand) and the implementation of a computer program. The Chamber reiterated its case law that excess workload does not excuse non-compliance with legal deadlines, and that Article 41 of the Constitution, not Article 27, applies to administrative claims. It concluded that the two-month deadline under Article 261(1) of the General Public Administration Act had been violated. The amparo was granted, and the Minister was ordered to resolve and notify within one month, with the State ordered to pay costs, damages, and losses.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "22/09/2000", "year": "2000", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "justicia pronta cumplida", "reclamo administrativo", "artículo 41 constitucional", "artículo 27 constitucional", "Ley General de la Administración Pública art. 261", "Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 41", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 261.1", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 32", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "derecho de petición", "justicia pronta", "reclamo administrativo", "salario", "Ministerio de Educación Pública", "plazo dos meses", "Ley General de la Administración Pública" ], "keywords_en": [ "amparo action", "right to petition", "prompt justice", "administrative claim", "salary", "Ministry of Public Education", "two-month deadline", "General Public Administration Act" ], "excerpt_es": "Después de analizar los elementos probatorios aportados, la Sala procede a examinar la alegada violación al principio de justicia pronta cumplida en sede administrativa. Al respecto, tenemos que el veinte de marzo del dos mil, el recurrente presentó ante el Ministro de Educación Pública reclamo administrativo, a fin de que se efectuaran los cálculos necesarios para el pago de reajuste salarial, según lo acordado por la Comisión Negociadora de Salario del Sector Público; sin que a fecha de la presentación del informe, por parte del Ministro de Educación Pública, el amparado haya recibido respuesta alguna. Por lo anterior, este Tribunal constata que la gestión presentada por el amparado ante el Ministerio de Educación Pública no fue contestada dentro del plazo de dos meses que establece el artículo 261 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública, motivo por el cual procede declarar con lugar el recurso por el atraso en que se ha incurrido.", "excerpt_en": "After analyzing the evidentiary elements provided, the Chamber proceeds to examine the alleged violation of the principle of prompt and complete justice in administrative proceedings. In this regard, we note that on March 20, 2000, the petitioner filed an administrative claim before the Minister of Public Education, so that the necessary calculations for the payment of salary readjustment would be made, as agreed by the Public Sector Wage Negotiation Commission; and as of the date of the report submitted by the Minister of Public Education, the petitioner had not received any response. 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San José, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del veintidós de setiembre del dos mil.-\n\nRecurso de amparo interpuesto por Nombre1029, con cédula de identidad número CED323, contra la Oficialía Mayor del Ministerio de Educación Pública.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido a las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos del veintinueve de agosto del dos mil (folio 1), la recurrente interpone recurso de amparo contra la Oficialía Mayor del Ministerio de Educación Pública y manifiesta que, por acuerdo del veintiuno de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, adoptado por la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, se dispuso un aumento salarial que comprendía un incremento de cuatro mil colones al salario base y el pago del diferencial existente entre ese monto y la inflación acumulada del período de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro a mayo de mil novecientos noventa y cinco. Señala que el veintiocho de marzo del dos mil presentó, en la Oficialía Mayor de ese Ministerio, un reclamo administrativo para el pago de las diferencias salariales que se le adeudan en virtud de la revalorización aprobada por ese acuerdo, más los intereses legales y los montos proporcionales por concepto de aguinaldo, salario escolar, dedicación exclusiva, prohibición, recargos, horario alterno y otros sobresueldos. Acusa que, a la fecha, no ha recibido respuesta alguna ni se ha resuelto su gestión. Solicita la recurrente que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Informa bajo juramento Guillermo Vargas Salazar, en su condición de Ministro de Educación Pública (folio 9), que la recurrente presentó reclamo administrativo, el cual no ha sido resuelto. Aclara que el plazo con que cuenta la administración para resolver es de dos meses y no el de diez días como lo establece el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Señala que el reclamo presentado por la recurrente está motivado en un fallo de la Sala Segunda de Casación, por un conflicto jurídico presentado en la Caja Costarricense de Seguro Social, dado que se ha interpretado, por parte del resto de servidores públicos, que esa jurisprudencia se les aplica por igual. Como consecuencia de esto, se ha recibido más de veinte mil reclamos. Aduce que es materialmente imposible en dos meses ordenar, clasificar, archivar y darle respuesta a todos y cada uno de dichos reclamos. Explica que se ideó un programa informático que se está implementando para incorporar la información. Solicita que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declare sin lugar el recurso planteado.\n\n3.- Por su parte, Celín Arce Gómez, en su condición de Oficial Mayor del Ministerio de Educación Pública, en su informe (folio 8) se adhirió en todos los extremos al rendido por el Ministro de Educación Pública.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\nRedacta el magistrado Vargas Benavides; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na) El veintiocho de marzo del dos mil, la recurrente presentó, ante el Ministro de Educación Pública, un reclamo administrativo, a fin de que se efectuaran los cálculos necesarios para el pago de su reajuste salarial, según lo acordado por la Comisión Negociadora de Salario del Sector Público (folio 3).\n\nb) A la fecha de la presentación del informe, por parte del Ministro de Educación Pública, la amparable no ha recibido respuesta alguna (folio 9).\n\nII.- Sobre este tema específico, la Sala en sentencia N° 2000-05501 de las catorce horas treinta y cuatro minutos del cinco de julio de este año, expresó:\n\n\"II.- El derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Política hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta resolución; pero esto último no necesariamente significa una contestación favorable. En otras palabras, es el derecho a pedir, y no el derecho a obtener lo que se pide, lo que se garantiza, aún cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede coartarse por la Administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. Sin embargo, como lo ha señalado repetidamente la Sala, no es el artículo 27 constitucional el aplicable, sino el 41, cuando se trata de reclamos o recursos: \"Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes\". Lo anterior por cuanto los reclamos y recursos administrativos, a diferencia de las peticiones puras, requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes. En cuanto al plazo que tiene la administración para pronunciarse, tenemos que el artículo 261 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública establece que el procedimiento administrativo deberá concluirse, por acto final, dentro de los dos meses posteriores a su iniciación o, en su caso, posteriores a la presentación de la demanda o petición del demandado, salvo disposición en contrario de esa ley.\n\nIII.- De relevancia para esta resolución, es menester indicar que esta Sala, en sentencia número 06099-93 de las once horas del diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, señaló lo siguiente:\n\n\"En el presente asunto, si el recurrente presentó su gestión ante el Departamento Nacional de Pensiones el 20 de diciembre de 1991 y al 5 de marzo de 1992 aún no se le ha dado respuesta alguna a su gestión, es evidente que la Administración ha contado con bastante tiempo para al menos indicarle al gestionante que se ha recibido su gestión y que pronto le contestará; sin embargo, ni lo hizo ni mucho menos resolvió lo pedido por el recurrente, por lo que ha incurrido en violación al derecho de petición y pronta resolución que ostenta el gestionante y que se encuentra establecido en el numeral 27 de la Carta Magna, menoscabo de un derecho fundamental para el cual no es de recibo la defensa del recurrido en el sentido de que se ha incumplido con la contestación de la solicitud por el exceso de trabajo que existe y la escasez de personal, pues para ello la Administración ha de contar con los mecanismos organizativos necesarios para hacer la correcta distribución de funciones precisamente en aras del mejor servicio público, y para con ello evitar situaciones en las cuales los únicos perjudicados resultan ser los Administrados, como en el presente caso. En vista de lo anterior, es lo procedente el declarar con lugar el presente recurso de amparo\".\n\nDe lo anterior, este Tribunal concluye que es improcedente justificar el incumplimiento de los plazos legalmente establecidos en virtud del incremento de trabajo, ya que la Administración debe prever los mecanismos pertinentes para prestar sus servicios eficientemente.\n\nIV.- Después de analizar los elementos probatorios aportados, la Sala procede a examinar la alegada violación al principio de justicia pronta cumplida en sede administrativa. Al respecto, tenemos que el veinte de marzo del dos mil, el recurrente presentó ante el Ministro de Educación Pública reclamo administrativo, a fin de que se efectuaran los cálculos necesarios para el pago de reajuste salarial, según lo acordado por la Comisión Negociadora de Salario del Sector Público; sin que a fecha de la presentación del informe, por parte del Ministro de Educación Pública, el amparado haya recibido respuesta alguna. Por lo anterior, este Tribunal constata que la gestión presentada por el amparado ante el Ministerio de Educación Pública no fue contestada dentro del plazo de dos meses que establece el artículo 261 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública, motivo por el cual procede declarar con lugar el recurso por el atraso en que se ha incurrido. Se ordena al Ministro de Educación Pública resolver y comunicar la gestión presentada por el amparable el veinte de marzo del dos mil, en el plazo de un mes a partir de la comunicación de esta sentencia.\n\nV.- Es de observar que, contrario a lo que sostiene la autoridad recurrida, la petición para que se aplique la previsión del artículo 32 de la Ley que rige esta Jurisdicción no resulta atendible, toda vez que esa hipótesis es para el plazo genérico del derecho de petición, de 10 días, aplicable cuando no hay plazo legal especial dentro del cual la administración deba resolver, como es el caso sub examine. El informe del Ministro recurrido así lo reconoce: la administración tiene el plazo legal de dos meses para resolver y a la fecha no ha podido hacerlo, dada la cantidad de peticiones en el mismo sentido.\"\n\nIII.- Como este asunto es igual al señalado y no hay motivos para variar el criterio, ni razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión, lo procedente es resolver el amparo de la misma manera, como en efecto se dispone.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena al Ministro de Educación Pública resolver y comunicar la gestión presentada por la amparada el veintiocho de marzo del dos mil, en el plazo de un mes a partir de la comunicación de esta sentencia. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Comuníquese al Ministro dicho.\n\nR. E. Piza E.\n\nPresidente\n\nLuis Fernando Solano C. Eduardo Sancho G.\n\nCarlos M. Arguedas R. Adrián Vargas B.\n\nSusana Castro A. Gilbert Armijo S.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 09:51:56.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eight thirty-five on the twenty-second of September, two thousand.-\n\nAmparo action (Recurso de amparo) filed by Nombre1029, with identity card number CED323, against the Oficialía Mayor of the Ministry of Public Education.\n\nWhereas:\n\n1.- By a brief received at sixteen forty-two on the twenty-ninth of August, two thousand (folio 1), the petitioner files an amparo action against the Oficialía Mayor of the Ministry of Public Education and states that, by an agreement of the twenty-first of September, nineteen ninety-five, adopted by the Public Sector Salary Negotiating Commission, a salary increase was ordered that comprised an increase of four thousand colones to the base salary and the payment of the differential between that amount and the accumulated inflation for the period from November of nineteen ninety-four to May of nineteen ninety-five. She indicates that on the twenty-eighth of March, two thousand, she filed, in the Oficialía Mayor of that Ministry, an administrative claim for the payment of the salary differences owed to her by virtue of the revaluation approved by that agreement, plus legal interest and the proportional amounts for the concepts of year-end bonus (aguinaldo), school bonus (salario escolar), exclusive dedication (dedicación exclusiva), prohibition (prohibición), surcharges (recargos), alternate schedule (horario alterno), and other supplementary salaries (sobresueldos). She accuses that, to date, she has not received any response nor has her petition been resolved. The petitioner requests that the action be granted.\n\n2.- Guillermo Vargas Salazar, in his capacity as Minister of Public Education, reports under oath (folio 9) that the petitioner filed an administrative claim, which has not been resolved. He clarifies that the period the administration has to resolve is two months and not ten days as established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional). He points out that the claim filed by the petitioner is motivated by a ruling of the Second Chamber of Cassation (Sala Segunda de Casación), for a legal conflict presented in the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social), given that it has been interpreted, by the rest of the public servants, that this jurisprudence applies to them equally. As a consequence of this, more than twenty thousand claims have been received. He contends that it is materially impossible in two months to order, classify, file, and respond to each and every one of said claims. He explains that a computer program was devised that is being implemented to incorporate the information. He requests that, in application of the provisions of Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the action filed be dismissed.\n\n3.- For his part, Celín Arce Gómez, in his capacity as Oficial Mayor of the Ministry of Public Education, in his report (folio 8) concurred in all respects with the one rendered by the Minister of Public Education.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Vargas Benavides; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are considered duly proven:\n\na) On the twenty-eighth of March, two thousand, the petitioner filed, before the Minister of Public Education, an administrative claim, so that the necessary calculations would be made for the payment of her salary readjustment, as agreed by the Public Sector Salary Negotiating Commission (folio 3).\n\nb) As of the date of the submission of the report, by the Minister of Public Education, the protected party has not received any response (folio 9).\n\nII.- On this specific topic, the Chamber in judgment N° 2000-05501 of fourteen thirty-four on the fifth of July of this year, stated:\n\n\"II.- The right established in Article 27 of the Political Constitution refers to the power that every citizen possesses to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of their interest. That guarantee is complemented by the right to obtain a prompt resolution; but the latter does not necessarily mean a favorable response. In other words, it is the right to petition, and not the right to obtain what is petitioned, that is guaranteed, even though the public official must resolve with strict subjection to the law, since the freedom of petition is based on another principle, that is, that the right of the governed to address public bodies cannot be curtailed by the Administration. However, as the Chamber has repeatedly pointed out, it is not Article 27 of the Constitution that is applicable, but Article 41, when it comes to claims or appeals (recursos): 'Resorting to the laws, everyone must find reparation for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests. Justice must be dispensed to them promptly, completely, without denial, and in strict conformity with the laws'. The foregoing because administrative claims and appeals, unlike pure petitions, require a procedure to verify the facts that are to serve as the basis for the final act, as well as to adopt the pertinent evidentiary measures. As for the period the administration has to issue a ruling, we have that Article 261 subsection 1 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) establishes that the administrative procedure must be concluded, by final act, within two months after its initiation or, where applicable, after the filing of the complaint or petition of the respondent, unless provided otherwise by that law.\n\nIII.- Of relevance for this resolution, it is necessary to indicate that this Chamber, in judgment number 06099-93 of eleven o'clock on the nineteenth of November, nineteen ninety-three, pointed out the following:\n\n'In the present matter, if the petitioner filed his petition before the National Pensions Department on December 20, 1991, and by March 5, 1992, no response had yet been given to his petition, it is evident that the Administration has had ample time to at least indicate to the petitioner that his petition has been received and that he will receive a reply soon; however, it neither did so nor much less resolved what was requested by the petitioner, and therefore it has incurred a violation of the right of petition and prompt resolution that the petitioner holds and which is established in numeral 27 of the Magna Carta, impairment of a fundamental right for which the defense of the respondent is not receivable in the sense that the response to the request has not been fulfilled due to the excess of work that exists and the shortage of personnel, since for this the Administration must have the necessary organizational mechanisms to make the correct distribution of functions precisely for the sake of better public service, and thereby to avoid situations in which the only ones harmed are the Administered, as in the present case. In view of the foregoing, it is appropriate to grant the present amparo action.'\n\nFrom the foregoing, this Court concludes that it is improper to justify the breach of legally established periods by virtue of the increase in workload, since the Administration must provide the pertinent mechanisms to render its services efficiently.\n\nIV.- After analyzing the evidentiary elements provided, the Chamber proceeds to examine the alleged violation of the principle of prompt and complete justice in administrative headquarters. In this regard, we have that on the twentieth of March, two thousand, the petitioner filed before the Minister of Public Education an administrative claim, so that the necessary calculations would be made for the payment of a salary readjustment, as agreed by the Public Sector Salary Negotiating Commission; without, as of the date of the submission of the report by the Minister of Public Education, the protected party having received any response. Based on the foregoing, this Court verifies that the petition filed by the protected party before the Ministry of Public Education was not answered within the two-month period established by Article 261 subsection 1 of the General Law of Public Administration, for which reason it is appropriate to grant the action for the delay that has been incurred. The Minister of Public Education is ordered to resolve and communicate the petition filed by the protected party on the twentieth of March, two thousand, within a period of one month from the notification of this judgment.\n\nV.- It should be noted that, contrary to what the respondent authority maintains, the request that the provision of Article 32 of the Law governing this Jurisdiction be applied is not appropriate, given that this hypothesis is for the generic period of the right of petition, of 10 days, applicable when there is no special legal period within which the administration must resolve, as is the sub examine case. The report of the respondent Minister so acknowledges: the administration has the legal period of two months to resolve and to date has not been able to do so, given the number of petitions in the same sense.\"\n\nIII.- As this matter is identical to the one indicated and there are no reasons to vary the criterion, nor reasons of public interest that justify reconsidering the issue, it is appropriate to resolve the amparo in the same manner, as is hereby ordered.\n\nTherefore (Por tanto):\n\nThe action is granted. The Minister of Public Education is ordered to resolve and communicate the petition filed by the protected party on the twenty-eighth of March, two thousand, within a period of one month from the notification of this judgment. The State is condemned to pay the legal costs (costas), damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). Notify said Minister.\n\nR. E. Piza E.\n\nPresident\n\nLuis Fernando Solano C. Eduardo Sancho G.\n\nCarlos M. Arguedas R. Adrián Vargas B.\n\nSusana Castro A. Gilbert Armijo S." }