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  "id": "nexus-sen-1-0007-222681",
  "citation": "Res. 10349-2002 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Consulta judicial sobre artículo 30 inciso j) CPP en delitos forestales",
  "title_en": "Judicial consultation on article 30(j) CPP in forestry offenses",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara improcedente la consulta judicial formulada por el Juzgado Penal de Pococí sobre la aplicación del artículo 30 inciso j) del Código Procesal Penal —que permite la reparación integral del daño social como medida cautelar— en delitos por infracción a la Ley Forestal. El juez consultante albergaba dudas fundadas acerca de si dicha aplicación vulneraría los principios de legalidad consagrados en los artículos 39 y 41 constitucionales, por tratarse el bien jurídico tutelado de patrimonio estatal. La Sala aclara que la consulta no versa sobre la constitucionalidad de la norma en sí, sino sobre una posible interpretación inconstitucional de la misma, lo cual excede el objeto del mecanismo consultivo previsto en el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En consecuencia, la Sala se abstiene de evacuar la consulta por reputarla manifiestamente improcedente, sin entrar al fondo del asunto planteado.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber dismisses as inadmissible the judicial consultation filed by the Criminal Court of Pococí regarding the application of article 30(j) of the Code of Criminal Procedure —which allows comprehensive redress of social harm as a precautionary measure— to offenses under the Forestry Law. The referring judge had well-founded doubts as to whether such application would violate the legality principles enshrined in articles 39 and 41 of the Constitution, given that the protected legal interest is state property. The Chamber clarifies that the consultation does not concern the constitutionality of the norm itself, but rather a potentially unconstitutional interpretation thereof, which falls outside the scope of the consultative mechanism provided for in article 102 of the Constitutional Jurisdiction Law. Consequently, the Chamber declines to answer the consultation, deeming it manifestly inadmissible, without ruling on the merits.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "30/10/2002",
  "year": "2002",
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  "es_concept_hints": [
    "consulta judicial",
    "artículo 102 Ley de la Jurisdicción Constitucional",
    "artículo 30 inciso j) CPP",
    "reparación integral del daño social",
    "delitos forestales",
    "patrimonio del Estado",
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  "keywords_es": [
    "Consulta judicial",
    "Sala Constitucional",
    "Ley de la Jurisdicción Constitucional",
    "artículo 30 inciso j) del Código Procesal Penal",
    "reparación integral del daño social",
    "delitos forestales",
    "Ley Forestal",
    "patrimonio del Estado",
    "principio de legalidad",
    "artículos 39 y 41 de la Constitución Política",
    "improcedencia",
    "infracción a la Ley Forestal",
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  "keywords_en": [
    "Judicial consultation",
    "Constitutional Chamber",
    "Constitutional Jurisdiction Law",
    "article 30(j) Code of Criminal Procedure",
    "comprehensive redress of social harm",
    "forestry offenses",
    "Forestry Law",
    "state property",
    "legality principle",
    "articles 39 and 41 of the Constitution",
    "inadmissibility",
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    "protected legal interest"
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  "excerpt_es": "Considerando:\n\nÚnico: Conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la consulta judicial procede cuando el juez \"tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento\". En el sub examine, está claro que lo que consulta el juzgador versa sobre cómo debe aplicarse la norma concreta –en este caso el artículo 30 inciso j) del Código Procesal Penal– y no que ésta sea inconstitucional per se. Lo que le preocupa, más bien, es la posibilidad de que se dé una interpretación inconstitucional de la norma, que es cosa diferente. En efecto, en tesis del consultante, de estimarse que la mencionada disposición es aplicable en el caso de los delitos ambientales, ello podría ser contrario a los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. Por ende, es palmario que –desde la óptica del juzgador– lo inconstitucional sería dicha interpretación concreta (que, de toda suerte, no se ha producido aun) y no la norma en sí misma. Esto torna improcedente la consulta y así se debe declarar.\n\nPor tanto:\n\nNo ha lugar a evacuar la consulta.",
  "excerpt_en": "Considering:\n\nSole: Pursuant to article 102 of the Constitutional Jurisdiction Law, a judicial consultation is admissible when the judge \"has well-founded doubts about the constitutionality of a norm or act to be applied, or of an act, conduct or omission to be judged in a case under his or her cognizance\". In the case at hand, it is clear that the referring judge's question concerns how the specific norm —in this instance, article 30(j) of the Code of Criminal Procedure— should be applied, and not that it is unconstitutional per se. What concerns him, rather, is the possibility of an unconstitutional interpretation of the norm, which is a different matter. Indeed, in the referring judge's view, if the aforementioned provision were deemed applicable in environmental crime cases, this could contravene articles 39 and 41 of the Political Constitution. Hence, it is manifest that —from the judge's perspective— it is this specific interpretation (which, in any event, has not yet occurred) that would be unconstitutional, and not the norm itself. This renders the consultation inadmissible and it must be so declared.\n\nTherefore:\n\nThe consultation is denied leave to proceed.",
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    "label_en": "Inadmissible",
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    "summary_en": "The Constitutional Chamber declares the judicial consultation inadmissible for not meeting the requirements of article 102 of the Constitutional Jurisdiction Law, as it concerns an interpretation rather than the constitutionality of the norm itself.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declara improcedente la consulta judicial por no ajustarse a los supuestos del artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al versar sobre una interpretación y no sobre la constitucionalidad de la norma."
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      "quote_es": "Esto torna improcedente la consulta y así se debe declarar."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-222681",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 10349 - 2002\n\nFecha de la Resolución: 30 de Octubre del 2002 a las 14:38\n\nExpediente: 02-008664-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fernando Solano Carrera\n\nClase de asunto: Consulta judicial\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: TEMAS ANTERIORES\n\nTema: Consulta legislativa facultativa\n\nSubtemas:\n\nAplicación del artículo 30 inciso j) del Código Procesal Penal.\n\nTema: Patrimonio forestal\n\nSubtemas:\n\nInfracción a la Ley Forestal.\n\nConforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la consulta judicial procede cuando el juez \"tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento\". En el sub examine, está claro que lo que consulta el juzgador versa sobre cómo debe aplicarse la norma concreta –en este caso el artículo 30 inciso j) del Código Procesal Penal– y no que ésta sea inconstitucional per se. Lo que le preocupa, más bien, es la posibilidad de que se dé una interpretación inconstitucional de la norma, que es cosa diferente. En efecto, en tesis del consultante, de estimarse que la mencionada disposición es aplicable en el caso de los delitos ambientales, ello podría ser contrario a los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. Por ende, es palmario que –desde la óptica del juzgador– lo inconstitucional sería dicha interpretación concreta (que, de toda suerte, no se ha producido aun) y no la norma en sí misma. Esto torna improcedente la consulta y así se debe declarar.\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\nExp: 02-008664-0007-CO\n\nRes: 2002-10349\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con treinta y ocho minutos del treinta de octubre del dos mil dos.-\n\nConsulta judicial facultativa formulada por el Juzgado Penal de Pococí, mediante resolución de las 15:00 horas del 27 de setiembre del 2002, dictada dentro del expediente número 99-200672-485-PE, que es causa seguida contra Nombre40828, por el delito de infracción a la Ley Forestal.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:55 horas del 17 de octubre del corriente (folio 1), y con fundamento en los artículos 8, inciso 1), de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 2, inciso b); 3, 13, 102 y 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el despacho consultante solicita a esta Sala que se pronuncie sobre el artículo 30, inciso j), del Código Procesal Penal. Concretamente, se solicita \"determinar si la reparación integral del daño social a que se refiere el artículo 30 inciso j) del Código Procesal Penal procede en delitos por infracción a la Ley Forestal, por tratarse el bien jurídico tutelado de patrimonio estatal y de ser así si contraviene o no el principio de legalidad [sic] establecido en el artículo 39 y 41 de la Constitución Política\".\n\n2.- Los artículos 9 y 106 de la Ley de esta sede facultan a la Sala para evacuar la consulta en cualquier momento, cuando considere que resulta manifiestamente improcedente, o cuando estime que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla mediante la simple remisión a su jurisprudencia y precedentes.\n\nRedacta el magistrado Solano Carrera; y,\n\nConsiderando:\n\nÚnico: Conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la consulta judicial procede cuando el juez \"tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento\". En el sub examine, está claro que lo que consulta el juzgador versa sobre cómo debe aplicarse la norma concreta –en este caso el artículo 30 inciso j) del Código Procesal Penal– y no que ésta sea inconstitucional per se. Lo que le preocupa, más bien, es la posibilidad de que se dé una interpretación inconstitucional de la norma, que es cosa diferente. En efecto, en tesis del consultante, de estimarse que la mencionada disposición es aplicable en el caso de los delitos ambientales, ello podría ser contrario a los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. Por ende, es palmario que –desde la óptica del juzgador– lo inconstitucional sería dicha interpretación concreta (que, de toda suerte, no se ha producido aun) y no la norma en sí misma. Esto torna improcedente la consulta y así se debe declarar.\n\nPor tanto:\n\nNo ha lugar a evacuar la consulta.\n\n \n\n \n\nLuis Fernando Solano C.\n\nPresidente\n\n \n\nLuis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R.\n\n \n\n \n\nAdrián Vargas B. Gilbert Armijo S.\n\n \n\n \n\nTeresita Rodríguez A. Aldo Milano S.\n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 06:56:16.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Exp: 02-008664-0007-CO\n\nRes: 2002-10349\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and thirty-eight minutes of October thirtieth, two thousand two.-\n\nOptional judicial consultation formulated by the Criminal Court of Pococí, through resolution of 15:00 hours of September 27, 2002, issued within expediente number 99-200672-485-PE, which is a case brought against Nombre40828, for the crime of violation of the Ley Forestal.\n\nResultando:\n\n1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 10:55 hours on October 17 of the current year (folio 1), and based on articles 8, subsection 1), of the Ley Orgánica del Poder Judicial; 2, subsection b); 3, 13, 102 and 104 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the consulting court requests this Chamber to rule on article 30, subsection j), of the Código Procesal Penal. Specifically, it requests \"to determine whether the comprehensive reparation of social harm referred to in article 30 subsection j) of the Código Procesal Penal applies in crimes of violation of the Ley Forestal, given that the protected legal interest involves state heritage and, if so, whether or not it contravenes the principle of legality established in articles 39 and 41 of the Constitución Política\".\n\n2.- Articles 9 and 106 of the Law governing this forum empower the Chamber to dismiss the consultation at any time, when it considers it manifestly improper, or when it deems that there are sufficient grounds for judgment to reject it by simple reference to its jurisprudence and precedents.\n\nDrafted by Magistrate Solano Carrera; and,\n\nConsiderando:\n\nOnly: Pursuant to the provisions of article 102 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a judicial consultation is proper when the judge \"has well-founded doubts regarding the constitutionality of a rule or act that must be applied, or of an act, conduct, or omission that must be judged in a case submitted to his knowledge.\" In the sub examine, it is clear that what the judge is consulting concerns how the specific rule should be applied—in this case, article 30 subsection j) of the Código Procesal Penal—and not that it is unconstitutional per se. What concerns him, rather, is the possibility that an unconstitutional interpretation of the rule might occur, which is a different matter. Indeed, in the thesis of the consulting party, if the aforementioned provision were deemed applicable in the case of environmental crimes, this could be contrary to articles 39 and 41 of the Constitución Política. Therefore, it is clear that—from the judge's perspective—the unconstitutional element would be that specific interpretation (which, in any event, has not yet occurred) and not the rule itself. This renders the consultation improper and thus it must be declared.\n\nPor tanto:\n\nThe consultation is dismissed.\n\n \n\n \n\nLuis Fernando Solano C.\n\nPresident\n\n \n\nLuis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R.\n\n \n\n \n\nAdrián Vargas B. Gilbert Armijo S.\n\n \n\n \n\nTeresita Rodríguez A. Aldo Milano S."
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