{
  "id": "nexus-sen-1-0007-259094",
  "citation": "Res. 10421-2003 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Proyectos mineros menores y estudios de impacto ambiental",
  "title_en": "Minor Mining Projects and Environmental Impact Studies",
  "summary_es": "La Sala Constitucional analizó la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 128, 129, 140, 141, 152 y 153 del Reglamento al Código de Minería (Decreto Ejecutivo No. 29300-MINAE), que definían y regulaban los \"proyectos menores y específicos\" de explotación minera (extracciones de hasta 20.000 m³ por un máximo de cuatro meses). Se alegó que la omisión del requisito de un estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA para la autorización de estos proyectos violaba el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional), el principio de jerarquía normativa y diversas normas internacionales. La Sala declaró inadmisible la acción respecto de los artículos 140 y 141, que sí exigen el estudio. En cuanto al fondo, estimó la acción con lugar parcialmente, al determinar que los artículos 129 y 153 eran inconstitucionales por omisión: no incluían el requisito del estudio de impacto ambiental, a pesar de que la actividad minera puede alterar el ambiente y el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente lo exige para toda actividad que pueda causar daño. La Sala rechazó el argumento del Poder Ejecutivo de que el límite cuantitativo de 20.000 m³ justificaba técnicamente la exención. Al tratarse de una inconstitucionalidad por omisión, no anuló los artículos, sino que ordenó que se interpreten en el sentido de que el estudio de impacto ambiental es obligatorio también para estos proyectos.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed a direct action of unconstitutionality against articles 128, 129, 140, 141, 152, and 153 of the Regulation to the Mining Code (Executive Decree No. 29300-MINAE), which defined and regulated \"minor and specific\" mining projects (extractions of up to 20,000 m³ over a maximum of four months). The petitioner argued that omitting the requirement of an environmental impact study (EIS) approved by SETENA for these projects violated the right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Constitution), the principle of normative hierarchy, and various international norms. The Chamber declared the action inadmissible regarding articles 140 and 141, which do require the EIS. On the merits, it partially granted the action, ruling that articles 129 and 153 were unconstitutional by omission: they did not include the EIS requirement, even though mining activities may harm the environment and Article 17 of the Organic Environmental Law mandates an EIS for any potentially damaging activity. The Chamber rejected the Executive's argument that the 20,000 m³ quantitative limit provided a technical justification for the exemption. Since the unconstitutionality was by omission, it did not annul the articles, but ordered that they must be interpreted as requiring the EIS for minor and specific projects as well.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "17/09/2003",
  "year": "2003",
  "topic_ids": [
    "environmental-law-7554"
  ],
  "primary_topic_id": "environmental-law-7554",
  "es_concept_hints": [
    "inconstitucionalidad por omisión",
    "potestad reglamentaria",
    "SETENA",
    "principio precautorio",
    "vagonetas",
    "litologías",
    "DGM (Dirección de Geología y Minas)"
  ],
  "article_citations": [
    {
      "law": "Reglamento al Código de Minería",
      "article": "128",
      "doc_id": "norm-45999",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Decreto Ejecutivo 29300",
      "article": "128",
      "doc_id": "norm-45999",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Reglamento al Código de Minería",
      "article": "129",
      "doc_id": "norm-45999",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Decreto Ejecutivo 29300",
      "article": "129",
      "doc_id": "norm-45999",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Reglamento al Código de Minería",
      "article": "140",
      "doc_id": "norm-45999",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Decreto Ejecutivo 29300",
      "article": "140",
      "doc_id": "norm-45999",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Reglamento al Código de Minería",
      "article": "141",
      "doc_id": "norm-45999",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Decreto Ejecutivo 29300",
      "article": "141",
      "doc_id": "norm-45999",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Reglamento al Código de Minería",
      "article": "152",
      "doc_id": "norm-45999",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Decreto Ejecutivo 29300",
      "article": "152",
      "doc_id": "norm-45999",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Reglamento al Código de Minería",
      "article": "153",
      "doc_id": "norm-45999",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Decreto Ejecutivo 29300",
      "article": "153",
      "doc_id": "norm-45999",
      "source": "metadata"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "inconstitucionalidad por omisión",
    "estudio de impacto ambiental",
    "SETENA",
    "minería",
    "proyectos menores y específicos",
    "principio precautorio",
    "artículo 50 constitucional",
    "Ley Orgánica del Ambiente"
  ],
  "keywords_en": [
    "unconstitutionality by omission",
    "environmental impact study",
    "SETENA",
    "mining",
    "minor and specific projects",
    "precautionary principle",
    "Article 50 of the Constitution",
    "Organic Environmental Law"
  ],
  "excerpt_es": "Siguiendo el mismo razonamiento de dicha sentencia, la exclusión del estudio de impacto ambiental y su aprobación por la SETENA para los proyectos menores y específicos, dispuesta en los artículos 129 y 153 del Decreto impugnado, constituyen un vicio en el ejercicio de la potestad reglamentaria, en la medida en que no cabe dentro de los supuestos de delegación reglamentaria previstos por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y desarrollado por la Sala en las sentencias referidas; con ello, se viola, al vaciarlo de contenido, el derecho fundamental reconocido en el artículo 50 constitucional. Para llegar a esta conclusión, la Sala ha considerado que los proyectos menores definidos en el Decreto, en cuanto a la posibilidad daño ambiental que puedan ocasionar, no se diferencian en nada de los demás contemplados en el Decreto, en los que sí es exigida la aprobación, por parte de la SETENA, del respectivo estudio de impacto ambiental. La constitucionalidad de las normas impugnadas es defendida por parte de los entonces Ministro de la Presidencia y Ministra de Ambiente y Energía con el argumento de que los procedimientos especiales para proyectos menores son definidos por un límite cuantitativo de extracción de 20.000 metros cúbicos, calculados con base en la cantidad de vagonetas que, durante cuatro meses pueden transportar los materiales a utilizar, a una distancia entre el lugar de extracción y el de utilización cuyo recorrido no supere media hora, por un periodo de cuatro meses, lo cual no constituye ningún razonamiento ajustado a las reglas de la ciencia ni de la técnica del cual se pueda derivar que dichas explotaciones mineras no produzcan impactos negativos considerables en el ambiente que justifiquen la no aplicación del estudio respectivo.\n\nLa lectura integral del Decreto impugnado, a la luz de la Constitución, de las disposiciones del Código de Minería sobre protección ambiental (arts. 98 a 104) y de la jurisprudencia de la Sala, dan lugar para concluir que existe una evidente inconstitucionalidad en los artículos 129 y 153 del Decreto, por omisión, dado que no incluyeron el obligado requisito del estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA, en los casos contemplados en los artículos 128 y 152, como sí lo hizo en todos los demás. La infracción la Constitución puede serlo tanto por acción como por omisión (art. 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) y, en el presente caso, la inconstitucionalidad radica en la omisión de incluir el requisito del estudio de impacto ambiental. Por lo anterior, procede declarar con lugar la acción en el sentido de que es inconstitucional la omisión en exigir el estudio de impacto ambiental y su correspondiente aprobación por parte de la SETENA como requisito previo a las solicitudes reguladas en los artículos 129 y 153 del Decreto Ejecutivo #29300-MINAE “Reglamento al Código de Minería”, por lo que debe exigirse dicho requisito a efecto de la autorización de los proyectos menores y específicos definidos en los artículos 128 y 152 del mismo Decreto.",
  "excerpt_en": "Following the same reasoning of that ruling, the exclusion of the environmental impact study and its approval by SETENA for minor and specific projects, provided in articles 129 and 153 of the challenged Decree, constitutes a flaw in the exercise of regulatory power, insofar as it falls outside the assumptions of regulatory delegation set forth in Article 17 of the Organic Environmental Law and developed by the Chamber in the cited rulings; thereby, it violates, by emptying its content, the fundamental right recognized in Article 50 of the Constitution. To reach this conclusion, the Chamber considered that the minor projects defined in the Decree, regarding the potential environmental harm they may cause, do not differ at all from the others contemplated in the Decree, which do require approval by SETENA of the respective environmental impact study. The constitutionality of the challenged norms is defended by the then Minister of the Presidency and Minister of Environment and Energy with the argument that the special procedures for minor projects are defined by a quantitative extraction limit of 20,000 cubic meters, calculated based on the number of trucks that, over four months, can transport the materials to be used, at a distance between the extraction site and the usage site that does not exceed half an hour's travel, over a period of four months, which constitutes no reasoning consistent with the rules of science or technique from which it could be inferred that such mining operations do not produce considerable negative impacts on the environment that would justify the non-application of the respective study.\n\nA comprehensive reading of the challenged Decree, in light of the Constitution, the provisions of the Mining Code on environmental protection (articles 98 to 104), and the Chamber's jurisprudence, leads to the conclusion that there is evident unconstitutionality in articles 129 and 153 of the Decree, by omission, since they did not include the mandatory requirement of the environmental impact study approved by SETENA, in the cases contemplated in articles 128 and 152, as it did in all others. The violation of the Constitution may be by action or by omission (Article 73 of the Constitutional Jurisdiction Law), and in the present case, the unconstitutionality lies in the omission to include the environmental impact study requirement. Therefore, the action is granted in the sense that the omission to require the environmental impact study and its corresponding approval by SETENA as a prerequisite for the applications regulated in articles 129 and 153 of Executive Decree #29300-MINAE \"Regulation to the Mining Code” is unconstitutional, and thus said requirement must be demanded for the authorization of the minor and specific projects defined in articles 128 and 152 of the same Decree.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The Chamber declared unconstitutional, by omission, that articles 129 and 153 of the Mining Code Regulation do not require an environmental impact study for minor and specific projects, ordering that it must be required as a prerequisite for their authorization.",
    "summary_es": "La Sala declaró inconstitucional, por omisión, que los artículos 129 y 153 del Reglamento al Código de Minería no exijan el estudio de impacto ambiental para proyectos menores y específicos, ordenando que debe exigirse como requisito previo a su autorización."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando IV.2",
      "quote_en": "It is not constitutionally possible to make exceptions to the environmental impact study based on general criteria or conditions established in laws and regulations, which would empty Article 50 of the Constitution of its content.",
      "quote_es": "No es constitucionalmente posible realizar excepciones del estudio de impacto ambiental con fundamento en criterios o condicionamientos generales establecidos en leyes y reglamentos, lo que vaciaría de contenido el artículo 50 Constitucional"
    },
    {
      "context": "Considerando IV.3",
      "quote_en": "By virtue of the precautionary principle, established in binding international norms of supra-legal rank, in order to provide due protection to the right to a healthy and balanced environment, the obligation of the environmental impact study is imposed.",
      "quote_es": "En virtud del principio precautorio, establecido en las normas internacionales vinculantes con rango supra legal, a fin de brindar debida tutela al derecho al ambiente sano y equilibrado, se impone la obligación del estudio de impacto ambiental."
    },
    {
      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "The unconstitutionality lies in the omission to include the environmental impact study requirement. ... the omission to require the environmental impact study and its corresponding approval by SETENA as a prerequisite for the applications regulated in articles 129 and 153 is unconstitutional.",
      "quote_es": "La inconstitucionalidad radica en la omisión de incluir el requisito del estudio de impacto ambiental. ... es inconstitucional la omisión en exigir el estudio de impacto ambiental y su correspondiente aprobación por parte de la SETENA como requisito previo a las solicitudes reguladas en los artículos 129 y 153"
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [
    {
      "id": "pgr-15446",
      "citation": "OJ-078-2008",
      "title_en": "Geothermal energy production in national parks — bill incompatible with environmental legal framework",
      "title_es": "Producción de energía geotérmica en parques nacionales — proyecto de ley incompatible con el ordenamiento ambiental",
      "doc_type": "legal_opinion",
      "date": "09/09/2008",
      "year": "2008"
    },
    {
      "id": "pgr-15954",
      "citation": "C-200-2009",
      "title_en": "Construction permits in forested areas or areas with fragile ecosystems",
      "title_es": "Permisos de construcción en zonas boscosas o con presencia de ecosistemas frágiles",
      "doc_type": "dictamen",
      "date": "21/07/2009",
      "year": "2009"
    }
  ],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-259094",
  "tier": 2,
  "is_environmental": true,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Expediente 01-009864-0007-CO\n \n Acción de inconstitucionalidad\n acabezas\n Sala\n smorales\n 2\n 0\n 1601-01-01T00:00:00Z\n 2004-03-17T19:53:00Z\n 2004-03-17T19:53:00Z\n 21\n 6485\n 36966\n Plantilla Sala.dot, versión para Office 97/2000\n Sala Constitucional - Corte Suprema de Justicia\n 83968\n 308\n 73\n 45396\n 9.2812\n \n \n 01-009864-0007-CO\n Acción de inconstitucionalidad\n 9-063-809\n 16\n 38\n 17\n 9\n 2003\n 2003-10421\n De Fondo\n -1\n N\n Sala4\n 0007\n \n\n \n \n Forms\n 2\n 14\n \n 5 pto\n 6,8 pto\n 0\n 0\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nExp: 01-009864-0007-CO\n\nRes: 2003-10421\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con treinta y ocho minutos del diecisiete de setiembre del dos mil tres.-\n\n \n\nAcción de inconstitucionalidad promovida por Edgar Emilio Araya Chacón, mayor, soltero, comerciante, cédula de identidad #2-378-252, vecino de San Ramón contra los artículos 128, 129, 140, 141, 152 y 153 del Reglamento al Código de Minería, Decreto Ejecutivo #29300-MINAE publicado en La Gaceta #54 de 16 de marzo de 2001. Intervienen en el proceso la Licda. Elizabeth Odio Benito, el Lic. Danilo Chaverri Soto, a la sazón Ministra de Ambiente y Energía y Ministro de la Presidencia, y el Lic. Farid Beirute Brenes, Procuraduría General Adjunto de la República. (V. ACCIÓN 00-7814) \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:30 hrs. de 5 de octubre de 2001 (folio 1), el accionante impugna los artículos 128, 129, 140, 141, 152 y 153 del Reglamento al Código de Minería, Decreto Ejecutivo Nº 29300 de ocho de febrero del 2001, por considerar que la omisión de la exigencia de aprobación de estudios de impacto ambiental, como requisito para otorgar la autorización de procedimientos especiales para la explotación minera denominados \"proyectos menores y específicos\", viola el principio de la jerarquía de las leyes, contenido en el artículo 7 constitucional, por cuanto, por vía reglamentaria, se crean procedimientos especiales que burlan normas de Derecho Internacional, ratificadas por Costa Rica, que exigen los estudios de impacto ambiental, para garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; así, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derecho al Ambiente, cuyo artículo 11 consagra el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano, y el principio de que los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente; la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, cuyo primer Principio señala que el hombre tiene el derecho fundamental de disfrutar de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras; de la Declaración de Río, los principios 15 y 17. El accionante considera, además, que el Poder Ejecutivo excedió la potestad reglamentaria establecida en el artículo 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política, por lo que lesiona el artículo 11 del mismo cuerpo normativo, el cual establece –en lo conducente– que los funcionarios son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Según el accionante, el Poder Ejecutivo lesiona dicho artículo 11 porque los artículos impugnados pretenden dejar sin efecto los preceptos legales estipulados en los artículos 3, 6 y 34, inciso ch) del Código de Minería, que –en lo que interesa– establecen que no podrán hacerse exploraciones ni explotaciones mineras sin el permiso o la concesión otorgadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos, previo análisis y aprobación del estudio que haga el correspondiente organismo gubernamental de control sobre el impacto ambiental de tales actividades (artículo 3); los permisos o concesiones podrán negarse o condicionarse de acuerdo con el análisis de los estudios sobre el impacto social y ambiental que se hagan, excepto en caso de autorización expresa de la Asamblea Legislativa (artículo 6); y el titular de una concesión de explotación está obligado a elaborar un estudio completo sobre el impacto ambiental del proceso de explotación (artículo 34, inciso ch). Además, el accionante alega que los artículos impugnados atentan contra el principio consagrado en el artículo 21 constitucional, que señala que la vida humana es inviolable, ya que dicha reglamentación lesiona la vida humana y la integridad física de las personas, en cuanto crea procedimientos especiales de explotación minera sin cumplir con los necesarios estudios de impacto ambiental. En relación con el artículo 50 constitucional, afirma el accionante que éste garantiza el derecho del hombre a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, lo que implica el deber correlativo de proteger y preservar el medio, mediante el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. Señala también que el Estado debe proteger el ambiente evitando la contaminación y las alteraciones y lesiones producidas por el hombre.\n\n2.- El accionante fundamenta su legitimación en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto a los intereses difusos, por tratarse del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n3.- Por resolución de las 9:45 hrs. de 20 de noviembre de 2001(folio 36 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República y a los Ministerios de la Presidencia y de Ambiente y Energía.\n\n4.- La Procuraduría General de la República rindió su informe (folios 52 a 88) con la recomendación de:\n\n<![if !supportLists]>1. <![endif]>Estimar la acción en relación con lo que disponen los artículos 128, 129, 152 y 153 del Reglamento al Código de Minería, Decreto Ejecutivo número 29300-MINAE, en la medida en que la no exigencia de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que allí se regulan, carece de un criterio técnico que lo justifique. Lo anterior, por violación de los artículos 50, párrafos 2 y 3, y 89 constitucionales, así como por violación del artículo 7 de la Constitución y del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En caso contrario, desestimar la acción en relación con estos numerales.\n\n<![if !supportLists]>2. <![endif]>Desestimar la acción en relación con lo que disponen los artículos 140 y 141 del Reglamento citado. \n\n<![if !supportLists]>3. <![endif]>Desestimar la acción en relación con los todos los artículos impugnados del Reglamento citado por violación a los artículos 7, 11 y 140, incisos 3) y 18).\n\n5.- El Lic. Danilo Chaverri Soto y la Licda. Elizabeth Odio Benito, a la sazón, Ministros de la Presidencia y del Ambiente y Energía contestaron la audiencia conferida en el sentido de que el Reglamento al Código de Minería ha sido resultado de un esfuerzo del Poder Ejecutivo para ordenar procedimientos anteriormente dispersos, contradictorios, o bien inexistentes, mediante un ejercicio serio y responsable de la potestad reglamentaria, bajo los parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y discrecionalidad administrativa aplicables a la materia. Manifiestan que se ha diferenciado actividad ordinaria de los proyectos menores y específicos –para extracciones menores a los 20.000 metros cúbicos con duración menor a cuatro meses- en los cuales no se incorpora el estudio de impacto ambiental como requisito para su autorización, atendiendo a criterios de técnica y conveniencia. Esos proyectos menores y específicos requieren de otros requisitos adicionales que aseguran que la actividad no será realizada sin parámetros técnicos y de control ambiental que aseguren la protección del ambiente. Basta revisar los que se incluyen en los artículos 129, 133 y 157 del Reglamento: es necesario un croquis del lugar de extracción, del sitio donde se utilizarán los materiales, las labores en que se emplearán, un informe realizado por un profesional en geología sobre los métodos de extracción, equipo a utilizar, litologías a aprovechar, cálculo de reservas y volumen a utilizar), la designación de un geólogo o ingeniero de minas responsable de la extracción, la inspección previa para verificar la información obtenida, la obligación de llevar una bitácora donde se consignan los principales datos, en cuanto a volumen extraído, procesado y el destino que se le da a los materiales, con remisión mensual a la Dirección de Geología y Minas. Por último, se obliga a la presentación de un informe final de cese de actividades y se prescriben las consecuencias de la omisión de presentación de estos informes. Manifiestan que hay una falacia de argumentación por parte del accionante al considerar que por la sola omisión del estudio de impacto ambiental este tipo de proyectos ponen en riesgo los derechos y garantías constitucionales que reputa como violados en su demanda. Consideran inconsistente la afirmación de que el estudio de impacto ambiental, en todos los casos, es la única forma de tutelar y asegurar la correcta utilización y aprovechamiento de los recursos naturales. Además, consideran que el accionante olvida que el mismo artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente deja un margen de discrecionalidad para que sean las leyes y los reglamentos los que fijen los casos en que, razonable y proporcionalmente, se exija este tipo de estudio para el inicio de actividades que puedan alterar o destruir elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos. La inconsistencia del razonamiento se evidencia por un doble orden de argumentos: por un lado, la ley prescribe el estudio de impacto ambiental cuando las actividades, en sí mismas consideradas, hagan presumir los resultados lesivos para el ambiente, pero en el caso se ha demostrado que el tipo de actividades denominadas proyectos menores y específicos tienen suficientes controles y representan un impacto tan específico sobre los recursos que bien pueden los demás requisitos exigidos hacer viable la autorización sin la complejidad que representa el estudio de impacto ambiental como procedimiento ante la SETENA. Por otro lado, el sólo hecho de obtener la aprobación de un estudio de impacto ambiental no garantiza ni inmuniza a que las actividades no vayan a producir daños al ambiente. De hecho, muchas órdenes de suspensión de actividades que decreta la Dirección de Geología y Minas se imponen en virtud de que el administrado o la misma Administración han incumplido los compromisos asumidos para un determinado proyecto que ha sido previamente aprobado por la SETENA. No es procedente establecer una relación causa-efecto incontrovertible entre proyectos aprobados con estudio de impacto ambiental y protección del ambiente. Así como no se pueden dejar de atender obligaciones de protección ambientales, tampoco se pueden mantener regulaciones que establezcan requisitos que se revelen injustificados, desde el punto de vista de la técnica, la lógica y la ciencia, cuando no sean necesarios. Concretamente, en cuanto a los motivos de inconstitucionalidad, manifiestan que: a) el estudio de impacto ambiental no asegura una mejor fiscalización y protección del ambiente en todos los casos; existen controles alternos para los proyectos menores y específicos que aseguran, tanto la protección del ambiente, como las medidas de atención de eventuales casos anómalos de extracción; b) el riesgo ambiental de una extracción de este tipo de autorizaciones no se deja de examinar por parte de las autoridades del MINAE; se analiza la ubicación, el tipo de material, las reservas, la técnica extractiva y se comisiona y supeditan los trabajos a la dirección de un profesional de la materia; los posibles daños ambientales se pueden dar en cualquier actividad minera, aún con las que cuentan con la aprobación del estudio de impacto ambiental; c) la verificación de la cantidad de material a extraer no se resuelve sólo cono la aprobación el estudio de impacto ambiental, como tampoco con la asignación de un funcionario en todas y cada una de las extracciones autorizadas; parte el accionante de una desconfianza de los gestores de esta clase de actividades, como también desconoce el alcance de las profesiones liberales que, como en el caso de la geología, expone a sus miembros a serias sanciones por incumplir parámetros técnicos; c) no se establece una limitación numérica de solicitudes del tipo de proyectos menores y específicos, porque es lógico que si se solicita ubicación de la fuente se implica el análisis de las zonas que podrían utilizarse para los efectos indicados y c), en cuanto a la definición de los 20.000 metros cúbicos, explicaron que se justifica en parámetros calculados sobre la base de la capacidad de carga de una vagoneta, por el número de viajes en un ciclo de cuatro meses.\n\n6.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 231, 232 y 233 del Boletín Judicial, de 30 de noviembre y 3 y 4 de diciembre de 2001 (f. 38). \n\n7.- Por existir elementos de juicio suficientes y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se prescinde de la audiencia oral y pública prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\n 8.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.\n\n \n\nRedacta el magistrado Armijo Sancho; y,\n\n \n\nConsiderando:\n\nI.- El objeto de la acción. El accionante presenta acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 128, 129, 140, 141, 152 y 153 del Reglamento al Código de Minería, Decreto Ejecutivo #29300-MINAE publicado en La Gaceta #54 de 16 de marzo de 2001, por considerar que la exoneración del estudio de impacto ambiental para la aprobación de proyectos menores y específicos de explotación minera dispuesta en esas normas viola lo dispuesto en los artículos 7, 11, 21, 33, 50, 89, 140 incisos 3) y 18) todos de la Constitución Política, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como los principios 15 y 17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río. Las normas impugnadas disponen que:\n\n“\"Artículo 128.—Definición. Se consideran como proyectos menores y específicos todas aquellas obras o tareas que sean necesarias para atender situaciones ocasionadas por procesos geodinámicos, tales como: derrumbes, deslizamientos, procesos erosivos, colapsos de alcantarillas, colapso de puentes, rellenos de aproximación y otros que se consideren como tales por la DGM y así lo justifique el ente solicitante. También se consideran proyectos menores la reparación y mantenimiento de caminos y carreteras existentes.\n\nSerá necesario que los trabajos sean puntuales, por un plazo máximo de cuatro meses, y con un volumen máximo a extraer o remover de 20.000 metros cúbicos.\n\nQueda excluido de este procedimiento las situaciones debidamente declaradas como emergencia nacional por el Poder Ejecutivo.\n\nArtículo 129.—De la solicitud y requisitos. La solicitud de autorización para extraer material la presentará el representante legal del ente, debidamente acreditado, quien será el responsable de la obra a realizar. La solicitud deberá presentarse en original y 2 copias, y se acompañará de la documentación que a continuación se detalla. \n\na) Croquis sobre copia fiel y legible de la hoja del Instituto Geográfico Nacional (ING.), escala 1:50.000, proyección Lamberth, tamaño 22 X 27 cm (8 ½ X 11) con las coordenadas cartográficas en los márgenes y nombre de las hojas claramente establecidas. Si el área se ubicara en dos o más hojas cartográficas las mismas deberán unirse respetando el tamaño precitado.\n\nb) Cálculo del triángulo de posición fijo a partir de las coordenadas de uno de los hitos del I.G.N. y las coordenadas de dos estaciones consecutivas del polígono, o amarre topográfico a una obra civil existente en la zona y con una duración superior a los 10 años.\n\nc) Se deberá indicar el sitio de las labores de extracción, así como el sitio en el cual serán utilizados los materiales extraídos. Deberá incluir una descripción de las labores que se realizarán. Este informe deberá venir firmado por el geólogo o ingeniero en minas responsable de hacer la obra y contener, como mínimo, los siguientes datos:\n\n1- Métodos y sistema de explotación a emplear.\n\n2- Descripción del equipo a utilizar y características de la maquinaria, incluyendo el quebrador si fuere el caso.\n\n3- Período de explotación.\n\n4- Litologías a aprovechar, cálculo de las reservas disponibles en la fuente y volumen de material a requerir.\n\nd) Se deberá designar un geólogo o ingeniero en minas responsable, durante la duración del proyecto, quien llevará los controles pertinentes del proceso de explotación.\n\ne) Tratándose de canteras, deberá aportarse permiso del propietario del inmueble, acompañado de certificación registral o notarial de propiedad y el plano topográfico de la finca madre y plano topográfico de la zona a explotar. Tratándose de extracción de materiales en cauces de dominio público, indicación de la vía de acceso al río y en caso de que dicha vía sea privada, presentar el permiso del propietario y certificación de propiedad, sea notarial o emitida por el Registro Público. En caso de que la vía sea pública, se aportará certificación de la Municipalidad correspondiente.\n\nf) Indicar si la obra será realizada directamente por el ente solicitante o por un tercero, en cuyo caso, debe aportarse copia del contrato suscrito entre el ente y el contratista.\n\ng) Señalamiento de oficina para atender notificaciones dentro del perímetro judicial de San José.\n\nSi dicha información se presentare incompleta, no se admitirá a trámite.\"\n\n\"Artículo 140.—De la solicitud. La solicitud de autorización, la presentará el representante legal del órgano del Estado, quien será el responsable de la obra a realizar.\n\nArtículo 141.—De los requisitos de la solicitud. La solicitud deberá presentarse en original y 2 copias, y se acompañará de la documentación que a continuación se detalla:\n\na) Croquis sobre copia fiel y legible de la hoja del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.), o fotocopia a color debidamente certificada escala 1:50.000, proyección Lamberth, tamaño 22 X 27 cm ( 81/2 X11) con las coordenadas cartográficas en los márgenes y nombre de las hojas claramente establecidas. Si el área se ubicara en dos o más hojas cartográficas las mismas deberán unirse respetando el tamaño precitado.\n\nb) Cálculo del triángulo de posición fijo a partir de las coordenadas de uno de los hitos del I.G.N., y las coordenadas de dos estaciones consecutivas del polígono, o amarre topográfico a una obra civil existente en la zona y con una duración superior a los 10 años.\n\nc) Resolución de la SETENA de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto propuesto.\n\nd) El sistema de explotación a emplear con indicación de los trabajos a realizarse, acompañado de diagramas detallados de flujo y cubriendo todas las etapas de los trabajos.\n\ne) Equipo a utilizar.\n\nf) Período de explotación requerido (plazo).\n\ng) Litología (s) a aprovechar, cálculo de las reservas disponibles en la fuente y volumen y uso de material a requerir, debidamente refrendado por un geólogo o ingeniero en minas quien deberá estar debidamente incorporado al colegio profesional respectivo.\n\nh) Nombre del geólogo o ingeniero en minas encargado de las labores de explotación que deberá estar debidamente incorporado al colegio profesional respectivo y será el responsable directo de vigilar y controlar el uso de la fuente.\n\ni) Tratándose de canteras, deberá aportarse permiso del propietario del inmueble, acompañado de certificación registral o notarial de propiedad. Plano topográfico de la finca madre y plano topográfico de la zona a explotar. Si la información indicada no se presentare completa no se admitirá a trámite la solicitud. Tratándose de extracción de materiales en cauces de dominio público, indicación de la vía de acceso al río y en caso de que dicha vía sea privada, presentar el permiso del propietario y certificación de propiedad, sea notarial o emitida por el Registro Público. En caso de que la vía sea pública, se aportara certificación de la Municipalidad correspondiente.\n\nj) Lugar para atender notificaciones dentro del primer perímetro judicial de San José.\"\n\n\" Artículo 152.—Definición. Se considera como Proyectos menores y Específicos todas aquellas obras o tareas que sean producto de procesos geodinámicos, tales como: derrumbes, deslizamientos, procesos erosivos, colapsos de alcantarillas, colapso de puentes, rellenos de aproximación y otros que un órgano del Poder Ejecutivo considere como tales y así lo justifique. También se consideran proyectos menores la reparación y mantenimiento de caminos y carreteras existentes. \n\nSerá necesario que los trabajos sean puntuales, por un plazo máximo de 4 meses, y con un volumen máximo a extraer de 20.000 metros cúbicos.\n\nArtículo 153.—De la solicitud y requisitos. La solicitud de autorización para extraer material la presentará representante legal, debidamente acreditado del ente interesado, quien será el responsable de la obra a realizar. La solicitud deberá presentarse en original y 2 copias, y se acompañará de la documentación que a continuación se detalla: \n\na) Croquis sobre copia fiel y legible de la hoja del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.), escala 1:50.000, proyección Lamberth, tamaño 22 X 27 cm (8 ½ X 11) con las coordenadas cartográficas en los márgenes y nombre de las hojas claramente establecidas. Si el área se ubicara en dos o más hojas cartográficas las mismas deberán unirse respetando el tamaño precitado.\n\nb) Cálculo del triángulo de posición fijo a partir de las coordenadas de uno de los hitos del I.G.N., y las coordenadas de dos estaciones consecutivas del polígono, o amarre topográfico a una obra civil existente en la zona y con una duración superior a los 10 años.\n\nc) Se deberá indicar el sitio de las labores de extracción, así como el sitio en el cual serán utilizados los materiales extraídos.\n\nd) Descripción de labores que contenga:\n\n1. Métodos y sistema de explotación a emplear.\n\n2. Descripción del equipo a utilizar y características de la maquinaria.\n\n3. Período de explotación.\n\n4. Litologías a aprovechar, cálculo de las reservas disponibles en la fuente y volumen de material a requerir.\n\nEsta información deberá ser firmada por un geólogo o ingeniero en minas, quien será responsable de las labores a ejecutar.\n\ne) El órgano del Poder Ejecutivo, deberá designar un profesional responsable, durante la duración del proyecto. Quien llevará los controles pertinentes del proceso de explotación.\n\nf) Tratándose de canteras, deberá aportarse permiso del propietario del inmueble, acompañado de certificación registral o notarial de propiedad. Plano topográfico de la finca madre y plano topográfico de la zona a explotar. Tratándose de extracción de materiales en cauces de dominio público, indicación de la vía de acceso al río y en caso de que dicha vía sea privada, presentar el permiso del propietario y certificación de propiedad, sea notarial o emitida por el Registro Público. En caso de que la vía sea pública, se aportara certificación de la Municipalidad correspondiente.\n\nSi dicha información no se presentare completa no se admitirá a trámite.\"\n\nII.- Sobre la admisibilidad. Del propio contenido de las normas impugnadas, se desprende la inadmisibilidad de la acción en cuanto a los artículos 140 y 141 del Reglamento impugnado, que se refieren a obras ejecutadas por la Administración, no excluidas del estudio de impacto ambiental; en efecto, de su lectura textual se corrobora que no cabe achacarles los vicios de constitucionalidad apuntados por el accionante, dado que el 140 no contempla ninguna exención del estudio de impacto ambiental y el 141 inciso b), por el contrario, prescribe la aprobación del correspondiente estudio por parte de la SETENA, con lo cual, la acción procede únicamente en contra de los restantes artículos impugnados. Dada la naturaleza del asunto, el accionante se encuentra legitimado para interponer la acción en forma directa, por tratarse de la defensa del ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional, el 75 párrafo 2º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, aparte de lo reconocido, sobre el particular, por la jurisprudencia de esta Sala (v., entre otras, las sentencias #3705-93 de 15:30 hrs. de 30 de julio de 1993 y #2001-8239 de 16:07 hrs. de 14 de agosto de 2001). La acción es procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nIII.- Sobre el fondo. El asunto fundamental a considerar en esta acción es la validez constitucional de los artículos 129 y 153 del Decreto impugnado en cuanto incurren en la omisión del requisito del estudio de impacto ambiental para la autorización de los proyectos menores y específicos de explotación minera, tanto de las Municipalidades y entidades autónomas, como del Estado, los cuales están definidos, respectivamente, en los artículos 128 y 152 del mismo Decreto. La inconstitucionalidad reclamada, en el caso de estos dos últimos artículos, no proviene, en sí misma, del contenido de estas normas, las cuales únicamente contienen una definición de lo que se considera “proyectos menores y específicos”, sino del hecho de que en los artículos que regulan la solicitud y requisitos respectivos (129 y 153), no se incluya el estudio de impacto ambiental y de que, en general, no se establezca una limitación al número de explotaciones autorizables por esos procedimientos. La Sala considera que la sola definición de los llamados proyectos menores y específicos de los artículos 128 y 152 del Decreto impugnado, no entraña, en sí misma, inconstitucionalidad alguna, porque en ellos, el Poder Ejecutivo señala un tipo de proyecto que, es considerado menor y específico y que, en cuanto tal, no conduce a ninguna violación de los derechos aludidos por el recurrente, salvo por su aplicación o efectos, en virtud de la exención del estudio de impacto ambiental, por omisión de incluirlo en los correlativos requisitos de las solicitudes de autorización reguladas en los artículos 129 y 153, los cuales no entrañan otro vicio constitucional que el de la señalada omisión.\n\nIV.- La solución del caso parte de concretos precedentes de esta Sala, en los cuales ha quedado claro que:\n\n<![if !supportLists]>1. <![endif]>Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir las legislación cautelar ambiental, sin que exista justificación para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales, como por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente (v. sentencia #2001-6503);\n\n<![if !supportLists]>2. <![endif]>No es constitucionalmente posible realizar excepciones del estudio de impacto ambiental con fundamento en criterios o condicionamientos generales establecidos en leyes y reglamentos, lo que vaciaría de contenido el artículo 50 Constitucional (v. sentencia #2002-01220 de las 14.48 horas del 6 de febrero del 2002); y, \n\n<![if !supportLists]>3. <![endif]>En virtud del principio precautorio, establecido en las normas internacionales vinculantes con rango supra legal, a fin de brindar debida tutela al derecho al ambiente sano y equilibrado, se impone la obligación del estudio de impacto ambiental. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo de 1992 donde Costa Rica suscribió junto con otras naciones la Declaración de Río, para lo cual resulta preciso señalar el principio 15: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” y el principio 17: “Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente” (v. sentencia #2002-05977 de las 11.23 horas del 14 de junio del 2002).-\n\nV.- De particular interés resulta lo considerado por este Tribunal, en la acción de inconstitucionalidad #01-002886-0007-CO, promovida contra los artículos 19 y 20 del Decreto Ejecutivo #26.228-MINAE, con relación a proyectos urbanísticos, en el sentido de que\n\n“El artículo 50 constitucional es fuente directa del derecho de “toda persona” a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que vincula en la tutela del medio ambiente, conceptuado en el sentido más amplio posible, a los Poderes Públicos en la aplicación de la norma protectora. Reiteradamente esta Sala ha señalado que el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas es reserva de ley; es por ello que en este campo, la potestad reglamentaria que la misma Constitución Política reserva al Poder Ejecutivo, es inimaginable sin la existencia de una ley. Ya se adelantó que la Ley Orgánica del Ambiente establece en el artículo 17, como desarrollo de lo que dispone el artículo 50 constitucional, la obligación de contar con un estudio de impacto ambiental para realizar actividades o proyectos que por su naturaleza puedan alterar o contaminar el medio ambiente. Como con acierto lo señala la Procuraduría en su informe, el estudio de impacto ambiental se concibe, por el legislador, como un procedimiento técnico que permite controlar una posible alteración ambiental con la consecuente afectación de los ecosistemas. Sin duda alguna, se trata de materia técnica cuya regulación en detalle escapa la lógica del procedimiento legislativo y puede, como tesis de principio y dentro del marco legal existente, ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. La Ley Orgánica del Ambiente señala con claridad que “...Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán de una evaluación de impacto ambiental creada en esta ley...”, lo que permite afirmar, en correcta lectura, que ninguna actividad humana que pueda alterar o contaminar el ambiente puede prescindir del referido estudio de impacto ambiental. La fórmula que el Poder Ejecutivo ha ideado para que pueda establecerse, “prima facie”, si la actividad humana que se emprende puede alterar o destruir el ambiente, ha sido la presentación del formulario llamado \"de Evaluación Ambiental Preliminar\". No es entonces, como lo sostiene el Tribunal Ambiental Administrativo en su informe, que el Poder Ejecutivo tenga discrecionalidad absoluta para señalar los proyectos que deben realizar el estudio de impacto ambiental, en tanto por disposición de la propia Constitución Política (art. 50) y la Ley Orgánica del Ambiente, como principio general, toda actividad humana de modificación del entorno “requerirá” el referido estudio. Es entonces la condición del proyecto o la obra la que determinará, en cada caso, si se requiere o no del estudio de impacto ambiental y no el establecimiento de condiciones arbitrarias por la vía reglamentaria. El reglamento solo debe establecer la forma en que se conocerán las condiciones del proyecto, y ello es lo que determinará la procedencia o improcedencia del estudio de impacto ambiental. Esto significa que la defensa y la preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conceptuado en el artículo 50 constitucional, es el derecho fundamental de toda persona y funciona como un principio general ineludible, de manera que en esta materia no es posible hacer excepciones genéricas (en materia urbanística y otros tópicos de lo que se ocupan los artículos 19 y 20) para exonerar el cumplimiento de obligaciones ambientales, pues con ello se corre el riesgo de desconstitucionalizar la garantía de respuesta estatal en defensa del ambiente. Así las cosas, el mecanismo usado por el Decreto Ejecutivo determinando \"a priori\" actividades u obras que están exentas del estudio de impacto ambiental, en atención al tamaño de la obra, a la existencia de planes reguladores, al número de personas en la operación o actividad, a la cantidad de habitaciones, la calificación del proyecto(interés social) o el uso del suelo, evidencia un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria que supera la remisión al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y que vacía de contenido el derecho de los habitantes a que los Poderes Públicos ejerzan control ambiental directo –no por delegación en regencias- en la aplicación de la legislación tutelar. No se quiere decir con ello, que no pueda el Poder Ejecutivo, vía reglamentaria, determinar, con fundamento en estudios técnicos precisos que una determinada actividad o proyecto no requiera los estudios de impacto ambiental; pero ello supone que tal definición esté debidamente motivada y justificada. Recuérdese que en el caso de exceptuar un control de rango superior (constitucional), la razonabilidad y la proporcionalidad de la circunstancia excepcional, serán revisable por el juez, sea en la vía legal ordinaria o del control de constitucionalidad. Pero al régimen general concebido por el Constituyente derivado, es inadmisible una excepción generalizada que no tiene otra motivación o fundamentación, que la existencia misma de la norma que así lo declara.(…) téngase en cuenta que por disposición legal “todas” las actividades humanas de transformación del entorno, deben someterse al estudio de valoración preliminar. Por otra parte, la Procuraduría sostiene, en atención a los proyectos urbanísticos, que la norma reformada vulnera el principio de razonabilidad y la Sala debe concluir, en aplicación de su propia jurisprudencia sobre este tema, que ello es así en tanto no se ha esgrimido ante este Tribunal una sola justificación técnica para excluir “preventivamente” y de “manera genérica” de los estudios técnicos a ciertos proyectos urbanísticos, con lo que adicionalmente estamos en presencia de una irrazonabilidad evidente y manifiesta que esta Sala debe declarar. La Sala debe insistir en que es la concreta situación del proyecto o actividad humana las que pueden originar que se haga innecesaria la presentación de un estudio ambiental, más no la norma reglamentaria. En efecto, un área de terreno muy pequeña puede ser biológicamente importante y requerir, por ello, de todo tipo de control ambiental; y otra área, inmensa, podría carecer de esa importancia; además, la existencia de un plan regional o regulador cantonal que establezca el uso del suelo no excluye la obligación del estudio, como parece entenderlo la empresa urbanizadora, en tanto el control ambiental concreto que ha establecido el numeral 17 de la Ley Orgánica del Ambiente tiene sustento en el artículo 50 de la Carta Política, que no puede entenderse desaplicado por las normas locales, antes bien, deben integrarse en atención a aquél mandato de tutela”( sentencia #2002-01220 de las 14.48 horas del 6 de febrero del 2002). \n\nVI.- Siguiendo el mismo razonamiento de dicha sentencia, la exclusión del estudio de impacto ambiental y su aprobación por la SETENA para los proyectos menores y específicos, dispuesta en los artículos 129 y 153 del Decreto impugnado, constituyen un vicio en el ejercicio de la potestad reglamentaria, en la medida en que no cabe dentro de los supuestos de delegación reglamentaria previstos por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y desarrollado por la Sala en las sentencias referidas; con ello, se viola, al vaciarlo de contenido, el derecho fundamental reconocido en el artículo 50 constitucional. Para llegar a esta conclusión, la Sala ha considerado que los proyectos menores definidos en el Decreto, en cuanto a la posibilidad daño ambiental que puedan ocasionar, no se diferencian en nada de los demás contemplados en el Decreto, en los que sí es exigida la aprobación, por parte de la SETENA, del respectivo estudio de impacto ambiental. La constitucionalidad de las normas impugnadas es defendida por parte de los entonces Ministro de la Presidencia y Ministra de Ambiente y Energía con el argumento de que los procedimientos especiales para proyectos menores son definidos por un límite cuantitativo de extracción de 20.000 metros cúbicos, calculados con base en la cantidad de vagonetas que, durante cuatro meses pueden transportar los materiales a utilizar, a una distancia entre el lugar de extracción y el de utilización cuyo recorrido no supere media hora, por un periodo de cuatro meses, lo cual no constituye ningún razonamiento ajustado a las reglas de la ciencia ni de la técnica del cual se pueda derivar que dichas explotaciones mineras no produzcan impactos negativos considerables en el ambiente que justifiquen la no aplicación del estudio respectivo. Por el contrario, en el mismo Decreto, se establece el requisito para cualesquiera otras actividades mineras realizadas por un particular, así como para las demás explotaciones por parte de las Municipalidades y entidades autónomas (art. 112) del Estado (art. 141) y de contratistas del Estado (art. 160), con independencia de que superen o no los 20.000 metros cúbicos. De manera que el mismo Decreto da razones suficientes para considerar que la obligación del estudio de impacto ambiental en todos estos supuestos sea razonable y que la actividad minera supone un evidente riesgo ambiental, el cual, aunque, según lo afirman los Ministros, no es superable en todos los casos mediante el estudio de impacto ambiental, dicho estudio es eficaz en la mayoría de los casos y, sobre todo, es indispensable, en aplicación del principio precautorio, en la medida en que la explotación minera constituye una de las situaciones previstas en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, en cuanto que las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán de una evaluación de impacto ambiental, por parte de la SETENA.\n\nVII.- La lectura integral del Decreto impugnado, a la luz de la Constitución, de las disposiciones del Código de Minería sobre protección ambiental (arts. 98 a 104) y de la jurisprudencia de la Sala, dan lugar para concluir que existe una evidente inconstitucionalidad en los artículos 129 y 153 del Decreto, por omisión, dado que no incluyeron el obligado requisito del estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA, en los casos contemplados en los artículos 128 y 152, como sí lo hizo en todos los demás. La infracción la Constitución puede serlo tanto por acción como por omisión (art. 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) y, en el presente caso, la inconstitucionalidad radica en la omisión de incluir el requisito del estudio de impacto ambiental. Por lo anterior, procede declarar con lugar la acción en el sentido de que es inconstitucional la omisión en exigir el estudio de impacto ambiental y su correspondiente aprobación por parte de la SETENA como requisito previo a las solicitudes reguladas en los artículos 129 y 153 del Decreto Ejecutivo #29300-MINAE “Reglamento al Código de Minería”, por lo que debe exigirse dicho requisito a efecto de la autorización de los proyectos menores y específicos definidos en los artículos 128 y 152 del mismo Decreto. La anterior declaración tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.\n\nVIII.- Sin embargo, la anterior decisión obliga la Sala a considerar si de dicha inconstitucionalidad se derivan las consecuencias anulatorias previstas en el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional o si, por el contrario, cabe recurrir a otras disposiciones para remediar la inconstitucionalidad declarada, porque la infracción constitucional se deriva de una omisión. Este Tribunal, en el ejercicio del control de constitucionalidad, ha aplicado el principio de conservación de las normas, para dictar sentencias anulatorias cuando la infracción constitucional sea insuperable, sea por la confrontación del texto de la norma, de sus efectos, de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales (art. 3). En la medida en que la constitucionalidad de la norma sea superable mediante su interpretación conforme o por otro medio, puede y debe evitarse la drástica solución anulatoria. El legislador no dispuso regulaciones concretas sobre las sentencias estimatorias en los casos en que la violación constitucional haya sido declarada por causa de una omisión, por lo que la Sala, en algún caso, ha aplicado analógicamente el párrafo segundo del artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, referido al amparo, el cual dispone que “si el amparo hubiere sido establecido para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición normativa ordena, dicha autoridad tendrá dos meses para cumplir con la prevención” (v. sentencia #1463-90 de 14:30 hrs. de 30 de octubre de 1990). Sin embargo, la Sala considera que dicha disposición, si bien resulta aplicable a los casos en que ha existido una omisión de reglamentar, determinada en la vía del amparo o de la acción de inconstitucionalidad, no lo es, necesariamente, en casos como el presente, en que la sentencia estimatoria de la acción detecta una omisión normativa, o un vacío, que incluso puede ser consecuencia de un error del que dicta la norma, la cual es, precisamente, la causa de la inconstitucionalidad y que puede ser subsanado por otros medios. En efecto, el legislador dejó en manos del Tribunal la solución a las omisiones inconstitucionales y a las inconstitucionalidades por omisión, para lo cual el Tribunal ha de disponer lo procedente, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según el cual, a falta de disposición expresa, se aplicarán los principios del derecho constitucional, así como los del derecho público y procesal generales o, en su caso, los del derecho internacional o comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y los Códigos Procesales. Como la inconstitucionalidad radica en la omisión dicha, no así en el contenido de las normas mismas, tampoco no cabe aplicar los efectos anulatorios previstos en el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional porque dicha omisión no puede tener como consecuencia una sentencia anulatoria, ya que es obvio que a las omisiones no es aplicable anulación alguna, sino que la omisión sólo debe ser reparada o satisfecha.\n\nIX.- A pesar de la simplicidad del argumento constitucional de fondo del cual se deriva la inconstitucionalidad señalada, el asunto entraña una particular situación, desde el punto de vista de los efectos de la sentencia, ya que una aplicación pura y simple de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional conduciría a la drástica solución de disponer la anulación de los artículos 129 y 153 del Decreto; sin embargo, ninguno de los requisitos contemplados en esas disposiciones es impugnado, ni la Sala encuentra inconstitucionalidad alguna. Lo que ocurre, desde el punto de vista de la estructura normativa, no es que dichos artículos sean inconstitucionales, sino que faltó disponer la norma que dice que para la aprobación de los proyectos menores y específicos previstos en los artículos 128 y 152 del Decreto es necesario el estudio de impacto ambiental, la cual existe en el ordenamiento, derivada del artículo 50 constitucional, de los instrumentos internacionales citados supra y de la jurisprudencia de la Sala, con lo cual, ha de interpretarse, en la misma forma que este Tribunal lo ha hecho en la vía de amparo, que es obligatorio el estudio de impacto ambiental para otros casos concretos, igualmente, para los procedimientos menores y específicos.\n\nPor tanto:\n\n \n\nSe declara con lugar la acción, únicamente en cuanto se dispone que es inconstitucional la omisión en exigir el estudio de impacto ambiental y su correspondiente aprobación por parte de la SETENA como requisito previo a las solicitudes reguladas en los artículos 129 y 153 del Decreto Ejecutivo #29300-MINAE “Reglamento al Código de Minería”, por lo que debe exigirse dicho requisito a efecto de la autorización de los proyectos menores y específicos definidos en los artículos 128 y 152 del mismo Decreto. En lo demás, se declara sin lugar la acción. Esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta, publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y comuníquese a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Notifíquese.-\n\n \n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n \n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\nLuis Fernando Solano C.\n\nPresidente\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\nLuis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R.\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\nGilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\nSusana Castro A. Alejandro Batalla B.",
  "body_en_text": "Exp: 01-009864-0007-CO\n\nRes: 2003-10421\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at sixteen thirty-eight on September seventeenth, two thousand three.\n\nAn action of unconstitutionality brought by Edgar Emilio Araya Chacón, of legal age, single, merchant, identity card #2-378-252, resident of San Ramón, against Articles 128, 129, 140, 141, 152, and 153 of the Regulations to the Mining Code, Executive Decree #29300-MINAE published in La Gaceta #54 of March 16, 2001. Participating in the proceedings are Licda. Elizabeth Odio Benito and Lic. Danilo Chaverri Soto, at the time Minister of Environment and Energy and Minister of the Presidency, respectively, and Lic. Farid Beirute Brenes, Deputy Attorney General of the Republic. (See ACTION 00-7814)\n\nWhereas:\n\n1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 4:30 p.m. on October 5, 2001 (folio 1), the claimant challenges Articles 128, 129, 140, 141, 152, and 153 of the Regulations to the Mining Code, Executive Decree No. 29300 of February eighth, 2001, considering that the omission of the requirement for approval of environmental impact studies, as a prerequisite for granting authorization for special mining procedures called \"minor and specific projects,\" violates the principle of the hierarchy of laws, contained in Article 7 of the Constitution, since, by regulatory means, special procedures are created that circumvent norms of International Law, ratified by Costa Rica, which require environmental impact studies to guarantee a healthy and ecologically balanced environment; thus, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of the Right to the Environment, whose Article 11 enshrines the right of every person to live in a healthy environment, and the principle that the States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment; the Stockholm Declaration on the Human Environment, whose first Principle states that man has the fundamental right to enjoy adequate living conditions in an environment that allows him to live a life of dignity and well-being, and has the obligation to protect and improve the environment for present and future generations; from the Rio Declaration, Principles 15 and 17. The claimant also considers that the Executive Branch exceeded the regulatory power established in Article 140, subsections 3) and 18) of the Political Constitution, thereby injuring Article 11 of the same normative body, which establishes—where pertinent—that officials are mere depositaries of authority and cannot arrogate faculties that the law does not grant them. According to the claimant, the Executive Branch injures said Article 11 because the challenged articles seek to nullify the legal precepts stipulated in Articles 3, 6, and 34, subsection ch) of the Mining Code, which—in what is relevant—establish that no mining explorations or exploitations may be carried out without the permit or concession granted by the Ministry of Economy, Industry, and Commerce and the Directorate of Geology, Mines, and Hydrocarbons, after prior analysis and approval of the study conducted by the corresponding governmental control agency on the environmental impact of such activities (Article 3); permits or concessions may be denied or conditioned in accordance with the analysis of the studies on the social and environmental impact conducted, except in the case of express authorization from the Legislative Assembly (Article 6); and the holder of an exploitation concession is obligated to prepare a complete study on the environmental impact of the exploitation process (Article 34, subsection ch). Furthermore, the claimant alleges that the challenged articles violate the principle enshrined in Article 21 of the Constitution, which states that human life is inviolable, since said regulation injures human life and the physical integrity of persons, as it creates special mining exploitation procedures without complying with the necessary environmental impact studies. In relation to Article 50 of the Constitution, the claimant affirms that it guarantees man's right to use the environment for his own development, which implies the correlative duty to protect and preserve the environment, through the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. He also points out that the State must protect the environment by preventing pollution and the alterations and injuries produced by man.\n\n2.- The claimant bases his standing on the provisions of the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, regarding diffuse interests, as it concerns the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\n3.- By resolution at 9:45 a.m. on November 20, 2001 (folio 36 of the case file), the action was admitted, granting a hearing to the Office of the Attorney General of the Republic and the Ministries of the Presidency and of Environment and Energy.\n\n4.- The Office of the Attorney General of the Republic rendered its report (folios 52 to 88) with the recommendation to:\n\n1. Grant the action in relation to what is provided in Articles 128, 129, 152, and 153 of the Regulations to the Mining Code, Executive Decree number 29300-MINAE, to the extent that the non-requirement of an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) for the activities regulated therein lacks a technical criterion to justify it. The foregoing, for violation of Articles 50, paragraphs 2 and 3, and 89 of the Constitution, as well as for violation of Article 7 of the Constitution and Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights. Otherwise, dismiss the action in relation to these provisions.\n\n2. Dismiss the action in relation to what is provided in Articles 140 and 141 of the cited Regulations.\n\n3. Dismiss the action in relation to all the challenged articles of the cited Regulations for violation of Articles 7, 11, and 140, subsections 3) and 18).\n\n5.- Lic. Danilo Chaverri Soto and Licda. Elizabeth Odio Benito, at the time, Ministers of the Presidency and of Environment and Energy, respectively, responded to the granted hearing stating that the Regulations to the Mining Code have been the result of an effort by the Executive Branch to organize procedures that were previously dispersed, contradictory, or even non-existent, through a serious and responsible exercise of regulatory power, under the parameters of reasonableness, proportionality, and administrative discretion applicable to the matter. They state that a distinction has been made between ordinary activity and minor and specific projects—for extractions of less than 20,000 cubic meters with a duration of less than four months—in which the environmental impact study is not incorporated as a requirement for its authorization, based on technical and convenience criteria. These minor and specific projects require other additional requirements that ensure the activity will not be carried out without technical parameters and environmental controls that ensure environmental protection. It suffices to review those included in Articles 129, 133, and 157 of the Regulations: a sketch of the extraction site, the site where the materials will be used, the works in which they will be employed, a report prepared by a geology professional on the extraction methods, equipment to be used, lithologies to be exploited, calculation of reserves and volume to be used, the designation of a geologist or mining engineer responsible for the extraction, the prior inspection to verify the information obtained, the obligation to keep a logbook where the main data are recorded, regarding volume extracted, processed, and the destination given to the materials, with monthly submission to the Directorate of Geology and Mines. Finally, the submission of a final cessation-of-activities report is required, and the consequences of failing to submit these reports are prescribed. They state that there is a fallacy of argumentation on the part of the claimant in considering that by the sole omission of the environmental impact study, this type of project puts at risk the constitutional rights and guarantees that he deems violated in his claim. They consider inconsistent the affirmation that the environmental impact study, in all cases, is the only way to protect and ensure the correct use and exploitation of natural resources. Furthermore, they consider that the claimant forgets that Article 17 of the Organic Environmental Law itself leaves a margin of discretion so that it is the laws and regulations that establish the cases in which, reasonably and proportionally, this type of study is required for the initiation of activities that could alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials. The inconsistency of the reasoning is evidenced by a double order of arguments: on one hand, the law prescribes the environmental impact study when activities, considered in themselves, lead to the presumption of harmful results for the environment, but in this case, it has been demonstrated that the type of activities called minor and specific projects have sufficient controls and represent such a specific impact on resources that the other required requirements can well make authorization viable without the complexity that the environmental impact study as a procedure before SETENA represents. On the other hand, the mere fact of obtaining the approval of an environmental impact study does not guarantee or immunize activities from producing environmental damage. In fact, many suspension orders for activities issued by the Directorate of Geology and Mines are imposed because the administered party or the Administration itself has breached the commitments assumed for a specific project that has been previously approved by SETENA. It is not appropriate to establish an incontrovertible cause-effect relationship between projects approved with an environmental impact study and environmental protection. Just as environmental protection obligations cannot be neglected, regulations that establish requirements that prove unjustified from a technical, logical, and scientific standpoint, when they are not necessary, cannot be maintained. Specifically, regarding the grounds of unconstitutionality, they state that: a) the environmental impact study does not ensure better oversight and environmental protection in all cases; there are alternative controls for minor and specific projects that ensure both environmental protection and measures for addressing eventual anomalous extraction cases; b) the environmental risk of an extraction under this type of authorization is still examined by the authorities of MINAE; the location, the type of material, the reserves, the extractive technique are analyzed, and the work is commissioned and subject to the direction of a professional in the field; possible environmental damages can occur in any mining activity, even those that have the approval of the environmental impact study; c) the verification of the quantity of material to be extracted is not resolved solely with the approval of the environmental impact study, nor with the assignment of an official to each and every authorized extraction; the claimant starts from a distrust of the managers of this class of activities, and also ignores the scope of liberal professions that, as in the case of geology, expose their members to serious sanctions for breaching technical parameters; d) no numerical limitation is established on requests for the type of minor and specific projects, because it is logical that if the source location is requested, the analysis of the areas that could be used for the indicated purposes is implied, and e), regarding the definition of the 20,000 cubic meters, they explained that it is justified by parameters calculated based on the load capacity of a wagon, multiplied by the number of trips in a four-month cycle.\n\n6.- The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction were published in numbers 231, 232, and 233 of the Judicial Bulletin, of November 30 and December 3 and 4, 2001 (f. 38).\n\n7.- Because sufficient elements of judgment exist and, in accordance with the provisions of Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the oral and public hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction is dispensed with.\n\n8.- The prescriptions of law have been complied with in the proceedings.\n\nDrafted by Magistrate Armijo Sancho; and,\n\nConsidering:\n\nI.- The object of the action. The claimant files a direct action of unconstitutionality against Articles 128, 129, 140, 141, 152, and 153 of the Regulations to the Mining Code, Executive Decree #29300-MINAE published in La Gaceta #54 of March 16, 2001, considering that the exemption from the environmental impact study for the approval of minor and specific mining exploitation projects provided for in those norms violates the provisions of Articles 7, 11, 21, 33, 50, 89, 140 subsections 3) and 18) all of the Political Constitution, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights, as well as Principles 15 and 17 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration. The challenged norms provide that:\n\n\"Article 128.—Definition. All those works or tasks that are necessary to address situations caused by geodynamic processes, such as: landslides, slumps, erosive processes, sewer collapses, bridge collapses, approach fills, and others that are considered as such by the DGM and so justified by the requesting entity, are considered minor and specific projects. The repair and maintenance of existing roads and highways are also considered minor projects.\n\nIt will be necessary for the works to be specific, for a maximum term of four months, and with a maximum volume to be extracted or removed of 20,000 cubic meters.\n\nSituations duly declared a national emergency by the Executive Branch are excluded from this procedure.\n\nArticle 129.—Of the application and requirements. The application for authorization to extract material shall be submitted by the legal representative of the entity, duly accredited, who will be responsible for the work to be carried out. The application must be submitted in original and 2 copies, and shall be accompanied by the documentation detailed below.\n\na) Sketch on a faithful and legible copy of the sheet from the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional, IGN), scale 1:50,000, Lambert projection, size 22 X 27 cm (8 ½ X 11) with the cartographic coordinates in the margins and the name of the sheets clearly established. If the area is located on two or more cartographic sheets, they must be joined respecting the aforementioned size.\n\nb) Calculation of the fixed position triangle from the coordinates of one of the I.G.N. landmarks and the coordinates of two consecutive stations of the polygon, or topographic tie to an existing civil work in the area with a duration of more than 10 years.\n\nc) The site of the extraction works must be indicated, as well as the site where the extracted materials will be used. It must include a description of the works to be carried out. This report must be signed by the geologist or mining engineer responsible for carrying out the work and contain, as a minimum, the following data:\n\n1- Methods and exploitation system to be used.\n\n2- Description of the equipment to be used and characteristics of the machinery, including the crusher if applicable.\n\n3- Exploitation period.\n\n4- Lithologies to be exploited, calculation of the available reserves at the source, and volume of material required.\n\nd) A responsible geologist or mining engineer must be designated for the duration of the project, who will maintain the pertinent controls of the exploitation process.\n\ne) In the case of quarries, permission from the property owner must be provided, accompanied by a registry or notarial certification of ownership, and the topographic plan of the parent property and the topographic plan of the area to be exploited. In the case of extraction of materials in public domain watercourses, indication of the access route to the river and, if said route is private, present the permission of the owner and certification of ownership, whether notarial or issued by the Public Registry. If the route is public, a certification from the corresponding Municipality shall be provided.\n\nf) Indicate whether the work will be carried out directly by the requesting entity or by a third party, in which case, a copy of the contract signed between the entity and the contractor must be provided.\n\ng) Designation of an office to receive notifications within the judicial perimeter of San José.\n\nIf said information is submitted incomplete, it will not be admitted for processing.\"\n\n\"Article 140.—Of the application. The application for authorization shall be submitted by the legal representative of the State body, who will be responsible for the work to be carried out.\n\nArticle 141.—Of the application requirements. The application must be submitted in original and 2 copies, and shall be accompanied by the documentation detailed below:\n\na) Sketch on a faithful and legible copy of the sheet from the National Geographic Institute (I.G.N.), or a duly certified color photocopy, scale 1:50,000, Lambert projection, size 22 X 27 cm (8 1/2 X 11) with the cartographic coordinates in the margins and the name of the sheets clearly established. If the area is located on two or more cartographic sheets, they must be joined respecting the aforementioned size.\n\nb) Calculation of the fixed position triangle from the coordinates of one of the I.G.N. landmarks, and the coordinates of two consecutive stations of the polygon, or a topographic tie to an existing civil work in the area with a duration of more than 10 years.\n\nc) Resolution from SETENA approving the Environmental Impact Study corresponding to the proposed project.\n\nd) The exploitation system to be used, indicating the work to be carried out, accompanied by detailed flow diagrams covering all stages of the work.\n\ne) Equipment to be used.\n\nf) Exploitation period required (term).\n\ng) Lithology(ies) to be exploited, calculation of the available reserves at the source, and volume and use of material required, duly endorsed by a geologist or mining engineer who must be duly registered with the respective professional association.\n\nh) Name of the geologist or mining engineer in charge of the exploitation work, who must be duly registered with the respective professional association and will be directly responsible for monitoring and controlling the use of the source.\n\ni) In the case of quarries, permission from the property owner must be provided, accompanied by a registry or notarial certification of ownership. Topographic plan of the parent property and topographic plan of the area to be exploited. If the indicated information is not submitted complete, the application will not be admitted for processing. In the case of extraction of materials in public domain watercourses, indication of the access route to the river and, if said route is private, present the permission of the owner and certification of ownership, whether notarial or issued by the Public Registry. If the route is public, a certification from the corresponding Municipality shall be provided.\n\nj) Place to receive notifications within the first judicial perimeter of San José.\"\n\n\"Article 152.—Definition. All those works or tasks that are the product of geodynamic processes, such as: landslides, slumps, erosive processes, sewer collapses, bridge collapses, approach fills, and others that a body of the Executive Branch considers as such and so justifies, are considered minor and specific projects. The repair and maintenance of existing roads and highways are also considered minor projects.\n\nIt will be necessary for the works to be specific, for a maximum term of 4 months, and with a maximum volume to be extracted of 20,000 cubic meters.\n\nArticle 153.—Of the application and requirements. The application for authorization to extract material shall be submitted by the duly accredited legal representative of the interested entity, who will be responsible for the work to be carried out. The application must be submitted in original and 2 copies, and shall be accompanied by the documentation detailed below:\n\na) Sketch on a faithful and legible copy of the sheet from the National Geographic Institute (I.G.N.), scale 1:50,000, Lambert projection, size 22 X 27 cm (8 ½ X 11) with the cartographic coordinates in the margins and the name of the sheets clearly established. If the area is located on two or more cartographic sheets, they must be joined respecting the aforementioned size.\n\nb) Calculation of the fixed position triangle from the coordinates of one of the I.G.N. landmarks, and the coordinates of two consecutive stations of the polygon, or a topographic tie to an existing civil work in the area with a duration of more than 10 years.\n\nc) The site of the extraction works must be indicated, as well as the site where the extracted materials will be used.\n\nd) Description of works containing:\n\n1. Methods and exploitation system to be used.\n\n2. Description of the equipment to be used and characteristics of the machinery.\n\n3. Exploitation period.\n\n4. Lithologies to be exploited, calculation of the available reserves at the source, and volume of material required.\n\nThis information must be signed by a geologist or mining engineer, who will be responsible for the work to be executed.\n\ne) The body of the Executive Branch must designate a responsible professional for the duration of the project, who will maintain the pertinent controls of the exploitation process.\n\nf) In the case of quarries, permission from the property owner must be provided, accompanied by a registry or notarial certification of ownership. Topographic plan of the parent property and topographic plan of the area to be exploited. In the case of extraction of materials in public domain watercourses, indication of the access route to the river and, if said route is private, present the permission of the owner and certification of ownership, whether notarial or issued by the Public Registry. If the route is public, a certification from the corresponding Municipality shall be provided.\n\nIf said information is not submitted complete, it will not be admitted for processing.\"\n\nII.- On admissibility. From the very content of the challenged norms, the inadmissibility of the action is evident regarding Articles 140 and 141 of the challenged Regulations, which refer to works executed by the Administration, not excluded from the environmental impact study; indeed, from their textual reading it is corroborated that they cannot be accused of the constitutional defects pointed out by the claimant, given that Article 140 does not contemplate any exemption from the environmental impact study, and Article 141 subsection b), on the contrary, prescribes the approval of the corresponding study by SETENA, with which, the action proceeds only against the remaining challenged articles. Given the nature of the matter, the claimant has standing to file the action directly, as it concerns the defense of the environment, in accordance with the provisions of Article 50 of the Constitution, Article 75, paragraph 2, of the Law of Constitutional Jurisdiction, apart from what has been recognized on this matter by the jurisprudence of this Chamber (see, among others, rulings #3705-93 of 3:30 p.m. on July 30, 1993, and #2001-8239 of 4:07 p.m. on August 14, 2001). The action is admissible in accordance with the provisions of Article 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nIII.- On the merits. The fundamental matter to consider in this action is the constitutional validity of Articles 129 and 153 of the challenged Decree insofar as they incur the omission of the environmental impact study requirement for the authorization of minor and specific mining exploitation projects, both from Municipalities and autonomous entities, and from the State, which are defined, respectively, in Articles 128 and 152 of the same Decree. The claimed unconstitutionality, in the case of these last two articles, does not stem, in itself, from the content of these norms, which solely contain a definition of what is considered \"minor and specific projects,\" but rather from the fact that in the articles regulating the respective application and requirements (129 and 153), the environmental impact study is not included, and that, in general, no limitation is established on the number of exploitations authorizable through these procedures. The Chamber considers that the mere definition of the so-called minor and specific projects in Articles 128 and 152 of the challenged Decree does not, in itself, entail any unconstitutionality, because in them, the Executive Branch designates a type of project that is considered minor and specific and which, as such, does not lead to any violation of the rights alleged by the claimant, except for its application or effects, by virtue of the exemption from the environmental impact study, due to the omission to include it in the correlative requirements of the authorization applications regulated in Articles 129 and 153, which entail no other constitutional defect than that of the indicated omission.\n\nIV.- The solution to the case is based on specific precedents from this Chamber, in which it has been clear that:\n\n1. State institutions are the first called upon to comply with precautionary environmental legislation, there being no justification for exempting them from complying with environmental requirements, such as, for example, the environmental impact study, required by the Organic Environmental Law for activities undertaken by public entities which, by their nature, may alter or destroy the environment (see ruling #2001-6503);\n\n2. It is not constitutionally possible to make exceptions to the environmental impact study based on general criteria or conditions established in laws and regulations, which would empty Article 50 of the Constitution of its content (see ruling #2002-01220 at 2:48 p.m. on February 6, 2002); and,\n\n3. By virtue of the precautionary principle, established in binding international norms with supra-legal rank, in order to provide due protection to the right to a healthy and balanced environment, the obligation of the environmental impact study is imposed. At the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, where Costa Rica, along with other nations, signed the Rio Declaration, it is therefore necessary to point out Principle 15: \"In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.\" and Principle 17: \"Environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority\" (see ruling\n\njudgment #2002-05977 of 11:23 a.m. on June 14, 2002).-\n\nV.- Of particular interest is what this Court considered, in unconstitutionality action #01-002886-0007-CO, brought against Articles 19 and 20 of Executive Decree #26.228-MINAE, in relation to urban development projects, in the sense that\n\n“Article 50 of the Constitution is the direct source of the right of ‘every person’ to a healthy and ecologically balanced environment, which binds the Public Authorities in the protection of the environment, conceptualized in the broadest possible sense, in the application of the protective norm. This Chamber has repeatedly indicated that the development of fundamental rights and public freedoms is reserved to law; it is for this reason that in this field, the regulatory power that the Political Constitution itself reserves to the Executive Branch is unimaginable without the existence of a law. It has already been advanced that the Organic Law of the Environment establishes in Article 17, as a development of what Article 50 of the Constitution provides, the obligation to have an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) to carry out activities or projects that by their nature may alter or contaminate the environment. As the Attorney General's Office rightly points out in its report, the environmental impact assessment is conceived, by the legislator, as a technical procedure that allows controlling a possible environmental alteration with the consequent affectation of ecosystems. Without a doubt, it is a technical matter whose detailed regulation escapes the logic of the legislative procedure and can, as a thesis of principle and within the existing legal framework, be regulated by the Executive Branch. The Organic Law of the Environment clearly indicates that ‘...Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, will require an environmental impact assessment created in this law...’, which allows affirming, in a correct reading, that no human activity that can alter or contaminate the environment can dispense with the referred environmental impact assessment. The formula that the Executive Branch has devised so that it can be established, ‘prima facie’, whether the human activity undertaken can alter or destroy the environment, has been the presentation of the form called ‘Preliminary Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Preliminar)’. It is not then, as the Administrative Environmental Tribunal holds in its report, that the Executive Branch has absolute discretion to indicate the projects that must carry out the environmental impact assessment, as by provision of the Political Constitution itself (Art. 50) and the Organic Law of the Environment, as a general principle, all human activity of modification of the environment ‘will require’ the referred assessment. It is then the condition of the project or the work that will determine, in each case, whether or not the environmental impact assessment is required and not the establishment of arbitrary conditions via regulation. The regulation must only establish the way in which the conditions of the project will be known, and that is what will determine the appropriateness or inappropriateness of the environmental impact assessment. This means that the defense and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, conceptualized in Article 50 of the Constitution, is the fundamental right of every person and functions as an unavoidable general principle, so that in this matter it is not possible to make generic exceptions (in urban planning matters and other topics dealt with in Articles 19 and 20) to exonerate compliance with environmental obligations, since doing so runs the risk of deconstitutionalizing the guarantee of state response in defense of the environment. Thus, the mechanism used by the Executive Decree determining ‘a priori’ activities or works that are exempt from the environmental impact assessment, in consideration of the size of the work, the existence of regulatory plans, the number of people in the operation or activity, the number of rooms, the classification of the project (social interest) or land use, evidences an excess in the exercise of the regulatory power that surpasses the referral to Article 17 of the Organic Law of the Environment and that empties of content the right of the inhabitants that the Public Authorities exercise direct environmental control –not by delegation to environmental regencies (regencias)– in the application of the tutelary legislation. It is not meant by this that the Executive Branch cannot, via regulation, determine, based on precise technical studies, that a specific activity or project does not require environmental impact assessments; but this supposes that such a definition is duly motivated and justified. It should be remembered that in the case of exempting a higher-ranking control (constitutional), the reasonableness and proportionality of the exceptional circumstance will be reviewable by the judge, whether in the ordinary legal channel or through constitutionality control. But to the general regime conceived by the derived Constituent, a generalized exception that has no other motivation or foundation than the very existence of the norm that so declares it is inadmissible. (…) it should be taken into account that by legal provision ‘all’ human activities of transformation of the environment must be submitted to the preliminary assessment study. On the other hand, the Attorney General's Office maintains, in attention to urban development projects, that the amended norm violates the principle of reasonableness and the Chamber must conclude, in application of its own jurisprudence on this subject, that this is so insofar as not a single technical justification has been presented to this Court to ‘preventively’ and ‘generically’ exclude certain urban development projects from the technical studies, with which additionally we are in the presence of an evident and manifest unreasonableness that this Chamber must declare. The Chamber must insist that it is the specific situation of the project or human activity that may make the presentation of an environmental assessment unnecessary, but not the regulatory norm. In effect, a very small area of land may be biologically important and require, therefore, all types of environmental control; and another area, immense, could lack that importance; moreover, the existence of a regional plan or cantonal regulator that establishes land use does not exclude the obligation of the assessment, as the development company seems to understand it, insofar as the specific environmental control that numeral 17 of the Organic Law of the Environment has established is based on Article 50 of the Political Charter, which cannot be understood as displaced by local norms, rather, they must be integrated in attention to that tutelage mandate” (judgment #2002-01220 of 2:48 p.m. on February 6, 2002).\n\nVI.- Following the same reasoning of said judgment, the exclusion of the environmental impact assessment and its approval by SETENA for minor and specific projects, provided in Articles 129 and 153 of the challenged Decree, constitute a defect in the exercise of the regulatory power, to the extent that it does not fit within the assumptions of regulatory delegation provided for by Article 17 of the Organic Law of the Environment and developed by the Chamber in the referred judgments; with this, the fundamental right recognized in Article 50 of the Constitution is violated, by emptying it of content. To reach this conclusion, the Chamber has considered that the minor projects defined in the Decree, regarding the possibility of environmental damage they may cause, do not differ in anything from the others contemplated in the Decree, in which the approval, by SETENA, of the respective environmental impact assessment is indeed required. The constitutionality of the challenged norms is defended by the then Minister of the Presidency and Minister of Environment and Energy with the argument that the special procedures for minor projects are defined by a quantitative extraction limit of 20,000 cubic meters, calculated based on the number of dump trucks that, during four months, can transport the materials to be used, at a distance between the extraction site and the usage site whose travel does not exceed half an hour, for a period of four months, which does not constitute any reasoning adjusted to the rules of science or technique from which it can be derived that said mining exploitations (explotaciones mineras) do not produce considerable negative impacts on the environment that justify the non-application of the respective assessment. On the contrary, in the same Decree, the requirement is established for any other mining activities carried out by a private individual, as well as for other exploitations by Municipalities and autonomous entities (Art. 112) of the State (Art. 141) and contractors of the State (Art. 160), regardless of whether or not they exceed 20,000 cubic meters. So that the same Decree gives sufficient reasons to consider that the obligation of the environmental impact assessment in all these cases is reasonable and that mining activity supposes an evident environmental risk, which, although, according to what the Ministers affirm, it is not surmountable in all cases through the environmental impact assessment, said assessment is effective in the majority of cases and, above all, is indispensable, in application of the precautionary principle, to the extent that mining exploitation constitutes one of the situations provided for in Article 17 of the Organic Law of the Environment, insofar as activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, will require an environmental impact assessment, by SETENA.\n\nVII.- The integral reading of the challenged Decree, in light of the Constitution, the provisions of the Mining Code on environmental protection (Arts. 98 to 104) and the Chamber's jurisprudence, give rise to the conclusion that there is an evident unconstitutionality in Articles 129 and 153 of the Decree, by omission, given that they did not include the obligatory requirement of the environmental impact assessment approved by SETENA, in the cases contemplated in Articles 128 and 152, as it did in all the others. The infringement of the Constitution can be by action as well as by omission (Art. 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction) and, in the present case, the unconstitutionality lies in the omission to include the requirement of the environmental impact assessment. Therefore, it is appropriate to declare the action partially granted, meaning that the omission in requiring the environmental impact assessment and its corresponding approval by SETENA as a prerequisite to the requests regulated in Articles 129 and 153 of Executive Decree #29300-MINAE “Reglamento al Código de Minería” is unconstitutional, for which reason said requirement must be demanded for the purpose of authorizing the minor and specific projects defined in Articles 128 and 152 of the same Decree. The foregoing declaration has declaratory and retroactive effect to the date of effectiveness of the act or the norm, without prejudice to rights acquired in good faith.\n\nVIII.- However, the foregoing decision obliges the Chamber to consider whether the annulment consequences provided in Article 88 of the Law of Constitutional Jurisdiction derive from said unconstitutionality or whether, on the contrary, it is possible to resort to other provisions to remedy the declared unconstitutionality, because the constitutional infringement derives from an omission. This Court, in the exercise of constitutionality control, has applied the principle of conservation of norms, to issue annulment judgments when the constitutional infringement is insurmountable, be it through the confrontation of the text of the norm, its effects, its interpretation or application by public authorities, with constitutional norms and principles (Art. 3). To the extent that the constitutionality of the norm is surmountable through its conforming interpretation or by another means, the drastic annulment solution can and should be avoided. The legislator did not provide concrete regulations on estimatory judgments in cases where the constitutional violation has been declared due to an omission, so the Chamber, in some case, has applied analogically the second paragraph of Article 49 of the Law of Constitutional Jurisdiction, referring to amparo, which states that “if the amparo had been established so that an authority regulates, complies with, or executes what a law or other normative provision orders, said authority shall have two months to comply with the prevention” (v. judgment #1463-90 of 2:30 p.m. on October 30, 1990). However, the Chamber considers that said provision, while applicable to cases where there has been an omission to regulate, determined through amparo or unconstitutionality action, is not, necessarily, in cases like the present one, where the estimatory judgment of the action detects a normative omission, or a gap, which may even be a consequence of an error by the issuer of the norm, which is, precisely, the cause of the unconstitutionality and which can be corrected by other means. In effect, the legislator left in the hands of the Court the solution to unconstitutional omissions and to unconstitutionalities by omission, for which the Court must order what is appropriate, in accordance with Article 14 of the Law of Constitutional Jurisdiction, according to which, in the absence of an express provision, the principles of constitutional law shall be applied, as well as those of general public and procedural law or, where appropriate, those of international or community law and, additionally, in this order, the General Law of Public Administration, the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction, and the Procedural Codes. As the unconstitutionality lies in said omission, and not in the content of the norms themselves, neither is it appropriate to apply the annulment effects provided in Article 88 of the Law of Constitutional Jurisdiction because said omission cannot have as a consequence an annulment judgment, since it is obvious that no annulment is applicable to omissions, but rather the omission must only be repaired or satisfied.\n\nIX.- Despite the simplicity of the underlying constitutional argument from which the indicated unconstitutionality derives, the matter involves a particular situation, from the point of view of the effects of the judgment, since a pure and simple application of what is provided in Article 88 of the Law of Constitutional Jurisdiction would lead to the drastic solution of ordering the annulment of Articles 129 and 153 of the Decree; however, none of the requirements contemplated in those provisions are challenged, nor does the Chamber find any unconstitutionality. What occurs, from the point of view of normative structure, is not that said articles are unconstitutional, but that the norm that says that for the approval of the minor and specific projects provided for in Articles 128 and 152 of the Decree, the environmental impact assessment is necessary, was missing to be provided, which norm exists in the legal system, derived from Article 50 of the Constitution, from the international instruments cited supra, and from the Chamber's jurisprudence, with which, it must be interpreted, in the same way that this Court has done in amparo proceedings, that the environmental impact assessment is mandatory for other concrete cases, equally, for the minor and specific procedures.\n\nTherefore:\n\nThe action is declared partially granted, only insofar as it is ordered that the omission in requiring the environmental impact assessment and its corresponding approval by SETENA as a prerequisite to the requests regulated in Articles 129 and 153 of Executive Decree #29300-MINAE “Reglamento al Código de Minería” is unconstitutional, for which reason said requirement must be demanded for the purpose of authorizing the minor and specific projects defined in Articles 128 and 152 of the same Decree. In all other respects, the action is declared without merit. This judgment is declaratory and retroactive to the date of entry into force of said decree, without prejudice to rights acquired in good faith. Summarize this pronouncement in the Official Gazette La Gaceta, publish it integrally in the Judicial Bulletin, and notify the Legislative and Executive Branches. Notify.-\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\nLuis Fernando Solano C.\n\nPresident\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\nLuis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R.\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\nGilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\n<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>\n\nSusana Castro A. Alejandro Batalla B.\n\n3. Dismiss the action in relation to all the challenged articles of the cited Regulation for violation of articles 7, 11 and 140, subsections 3) and 18).\n\n**5.-** Mr. Danilo Chaverri Soto and Mrs. Elizabeth Odio Benito, at the time, Ministers of the Presidency and of Environment and Energy, responded to the hearing granted, stating that the Regulation to the Mining Code has been the result of an effort by the Executive Branch to organize procedures that were previously dispersed, contradictory, or non-existent, through a serious and responsible exercise of regulatory power, under the parameters of reasonableness, proportionality, and administrative discretion applicable to the matter. They state that a distinction has been made between ordinary activity and minor and specific projects –for extractions of less than 20,000 cubic meters with a duration of less than four months– in which the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) is not included as a requirement for their authorization, based on technical and convenience criteria. These minor and specific projects require other additional requirements that ensure the activity will not be carried out without technical parameters and environmental control that ensure the protection of the environment. It suffices to review those included in articles 129, 133, and 157 of the Regulation: a sketch of the extraction site is necessary, of the site where the materials will be used, the tasks in which they will be employed, a report prepared by a professional in geology on the extraction methods, equipment to be used, lithologies to be exploited, calculation of reserves and volume to be used), the designation of a geologist or mining engineer responsible for the extraction, a prior inspection to verify the information obtained, the obligation to keep a logbook where the main data are recorded, regarding volume extracted, processed, and the destination given to the materials, with monthly submission to the Directorate of Geology and Mines. Finally, the submission of a final report of cessation of activities is required, and the consequences of failing to submit these reports are prescribed. They state there is a fallacy in the claimant's argumentation in considering that by the mere omission of the environmental impact assessment, this type of project puts at risk the constitutional rights and guarantees he claims as violated in his lawsuit. They consider inconsistent the affirmation that the environmental impact assessment, in all cases, is the only way to protect and ensure the correct use and exploitation of natural resources. Furthermore, they consider that the claimant forgets that article 17 of the Organic Environmental Law itself leaves a margin of discretion so that the laws and regulations may establish the cases in which, reasonably and proportionally, this type of study is required for the initiation of activities that may alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials. The inconsistency of the reasoning is evidenced by a double order of arguments: on the one hand, the law prescribes the environmental impact assessment when the activities, considered in themselves, make one presume harmful results for the environment, but in this case it has been demonstrated that the type of activities called minor and specific projects have sufficient controls and represent such a specific impact on resources that the other required requirements may well make authorization viable without the complexity represented by the environmental impact assessment as a procedure before SETENA. On the other hand, the mere fact of obtaining the approval of an environmental impact assessment does not guarantee or immunize that the activities will not produce environmental damage. In fact, many orders for suspension of activities decreed by the Directorate of Geology and Mines are imposed by virtue of the fact that the administered party or the Administration itself has breached the commitments assumed for a given project that has been previously approved by SETENA. It is not appropriate to establish an incontrovertible cause-effect relationship between projects approved with an environmental impact assessment and environmental protection. Just as environmental protection obligations cannot be neglected, regulations cannot be maintained that establish requirements that are proven unjustified, from a technical, logical, and scientific point of view, when they are not necessary. Specifically, regarding the grounds for unconstitutionality, they state that: a) the environmental impact assessment does not ensure better oversight and protection of the environment in all cases; there are alternative controls for minor and specific projects that ensure both the protection of the environment and measures for addressing potential anomalous cases of extraction; b) the environmental risk of an extraction under this type of authorization does not cease to be examined by MINAE authorities; the location, type of material, reserves, extractive technique are analyzed, and the work is commissioned and subject to the direction of a professional in the field; possible environmental damage can occur in any mining activity, even in those with approval of the environmental impact assessment; c) the verification of the quantity of material to be extracted is not resolved solely with the approval of the environmental impact assessment, nor by assigning an official to each and every authorized extraction; the claimant starts from a distrust of the managers of this class of activities, and also disregards the scope of the liberal professions that, as in the case of geology, exposes its members to serious sanctions for failing to comply with technical parameters; c) no numerical limitation is established for requests for the type of minor and specific projects, because it is logical that if the location of the source is requested, the analysis of the zones that could be used for the indicated purposes is implied, and c), regarding the definition of the 20,000 cubic meters, they explained that it is justified by parameters calculated based on the load capacity of a dump truck, multiplied by the number of trips in a four-month cycle.\n\n**6.-** The edicts referred to in the second paragraph of article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law were published in numbers 231, 232, and 233 of the Judicial Bulletin, of November 30 and December 3 and 4, 2001 (f. 38).\n\n**7.-** As sufficient elements for judgment exist and, in accordance with the provisions of article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law, the oral and public hearing provided for in articles 10 and 85 of the Constitutional Jurisdiction Law is dispensed with.\n\n**8.-** In the proceedings, the prescriptions of law have been fulfilled.\n\nDrafted by Magistrate **Armijo Sancho**; and,\n\n**Considering:**\n\n**I.- The object of the action.** The claimant files a direct action of unconstitutionality against articles 128, 129, 140, 141, 152, and 153 of the Regulation to the Mining Code, Executive Decree #29300-MINAE published in La Gaceta #54 of March 16, 2001, considering that the exemption from the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for the approval of minor and specific mining exploitation projects provided in those norms violates the provisions of articles 7, 11, 21, 33, 50, 89, 140 subsections 3) and 18) all of the Political Constitution, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights, as well as principles 15 and 17 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration. The challenged norms provide that:\n\n\"**Article 128.—Definition.** All those works or tasks that are necessary to attend to situations caused by geodynamic processes, such as: landslides, mudslides, erosive processes, sewer collapses, bridge collapses, approach fills, and others considered as such by the DGM and so justified by the requesting entity, are considered as minor and specific projects. The repair and maintenance of existing roads and highways are also considered minor projects.\n\nIt shall be necessary that the works be punctual, for a maximum term of four months, and with a maximum volume to be extracted or removed of 20,000 cubic meters.\n\nSituations duly declared as a national emergency by the Executive Branch are excluded from this procedure.\n\n**Article 129.—Of the application and requirements.** The application for authorization to extract material shall be presented by the legal representative of the entity, duly accredited, who shall be responsible for the work to be carried out. The application must be submitted in original and 2 copies, and shall be accompanied by the documentation detailed below.\n\na) Sketch on a faithful and legible copy of the National Geographic Institute (ING.) sheet, scale 1:50,000, Lamberth projection, size 22 X 27 cm (8 ½ X 11) with the cartographic coordinates on the margins and the name of the sheets clearly established. If the area is located on two or more cartographic sheets, they must be joined respecting the aforementioned size.\n\nb) Calculation of the fixed position triangle from the coordinates of one of the I.G.N. landmarks and the coordinates of two consecutive stations of the polygon, or topographic tie-in to an existing civil work in the area with a duration exceeding 10 years.\n\nc) The site of the extraction works must be indicated, as well as the site where the extracted materials will be used. It must include a description of the tasks to be carried out. This report must be signed by the geologist or mining engineer responsible for performing the work and contain, at a minimum, the following data:\n\n1- Methods and exploitation system to be employed.\n2- Description of the equipment to be used and characteristics of the machinery, including the crusher if applicable.\n3- Exploitation period.\n4- Lithologies to be exploited, calculation of the reserves available at the source, and volume of material to be required.\n\nd) A responsible geologist or mining engineer must be designated, for the duration of the project, who will maintain the pertinent controls of the exploitation process.\n\ne) In the case of quarries, permission from the property owner must be provided, accompanied by a registry or notarial certification of ownership and the topographic plan of the parent property and topographic plan of the area to be exploited. In the case of extraction of materials in public domain riverbeds, indication of the access route to the river and, if said route is private, present the owner's permission and certification of ownership, whether notarial or issued by the Public Registry. If the route is public, a certification from the corresponding Municipality shall be provided.\n\nf) Indicate whether the work will be carried out directly by the requesting entity or by a third party, in which case, a copy of the contract signed between the entity and the contractor must be provided.\n\ng) Indication of an office to receive notifications within the judicial perimeter of San José.\n\nIf said information is submitted incomplete, it will not be admitted for processing.\"\n\n\"**Article 140.—Of the application.** The application for authorization shall be presented by the legal representative of the State body, who shall be responsible for the work to be carried out.\n\n**Article 141.—Of the requirements of the application.** The application must be submitted in original and 2 copies, and shall be accompanied by the documentation detailed below:\n\na) Sketch on a faithful and legible copy of the National Geographic Institute (I.G.N.) sheet, or duly certified color photocopy, scale 1:50,000, Lamberth projection, size 22 X 27 cm (8 1/2 X 11) with the cartographic coordinates on the margins and the name of the sheets clearly established. If the area is located on two or more cartographic sheets, they must be joined respecting the aforementioned size.\n\nb) Calculation of the fixed position triangle from the coordinates of one of the I.G.N. landmarks, and the coordinates of two consecutive stations of the polygon, or topographic tie-in to an existing civil work in the area with a duration exceeding 10 years.\n\nc) Resolution from SETENA approving the Environmental Impact Assessment corresponding to the proposed project.\n\nd) The exploitation system to be employed, indicating the works to be carried out, accompanied by detailed flow diagrams covering all stages of the work.\n\ne) Equipment to be used.\n\nf) Required exploitation period (term).\n\ng) Lithology(ies) to be exploited, calculation of the reserves available at the source and volume and use of material to be required, duly endorsed by a geologist or mining engineer who must be duly incorporated into the respective professional association.\n\nh) Name of the geologist or mining engineer in charge of the exploitation tasks, who must be duly incorporated into the respective professional association and shall be directly responsible for monitoring and controlling the use of the source.\n\ni) In the case of quarries, permission from the property owner must be provided, accompanied by a registry or notarial certification of ownership. Topographic plan of the parent property and topographic plan of the area to be exploited. If the indicated information is not submitted complete, the application will not be admitted for processing. In the case of extraction of materials in public domain riverbeds, indication of the access route to the river and, if said route is private, present the owner's permission and certification of ownership, whether notarial or issued by the Public Registry. If the route is public, a certification from the corresponding Municipality shall be provided.\n\nj) Place to receive notifications within the first judicial perimeter of San José.\"\n\n\"**Article 152.—Definition.** All those works or tasks that are the product of geodynamic processes, such as: landslides, mudslides, erosive processes, sewer collapses, bridge collapses, approach fills, and others that a body of the Executive Branch considers as such and so justifies, are considered as Minor and Specific Projects. The repair and maintenance of existing roads and highways are also considered minor projects.\n\nIt shall be necessary that the works be punctual, for a maximum term of 4 months, and with a maximum volume to be extracted of 20,000 cubic meters.\n\n**Article 153.—Of the application and requirements.** The application for authorization to extract material shall be presented by the legal representative, duly accredited, of the interested entity, who shall be responsible for the work to be carried out. The application must be submitted in original and 2 copies, and shall be accompanied by the documentation detailed below:\n\na) Sketch on a faithful and legible copy of the National Geographic Institute (I.G.N.) sheet, scale 1:50,000, Lamberth projection, size 22 X 27 cm (8 ½ X 11) with the cartographic coordinates on the margins and the name of the sheets clearly established. If the area is located on two or more cartographic sheets, they must be joined respecting the aforementioned size.\n\nb) Calculation of the fixed position triangle from the coordinates of one of the I.G.N. landmarks, and the coordinates of two consecutive stations of the polygon, or topographic tie-in to an existing civil work in the area with a duration exceeding 10 years.\n\nc) The site of the extraction works must be indicated, as well as the site where the extracted materials will be used.\n\nd) Description of tasks containing:\n\n1. Methods and exploitation system to be employed.\n2. Description of the equipment to be used and characteristics of the machinery.\n3. Exploitation period.\n4. Lithologies to be exploited, calculation of the reserves available at the source, and volume of material to be required.\nThis information must be signed by a geologist or mining engineer, who shall be responsible for the tasks to be executed.\n\ne) The body of the Executive Branch must designate a responsible professional, for the duration of the project, who will maintain the pertinent controls of the exploitation process.\n\nf) In the case of quarries, permission from the property owner must be provided, accompanied by a registry or notarial certification of ownership. Topographic plan of the parent property and topographic plan of the area to be exploited. In the case of extraction of materials in public domain riverbeds, indication of the access route to the river and, if said route is private, present the owner's permission and certification of ownership, whether notarial or issued by the Public Registry. If the route is public, a certification from the corresponding Municipality shall be provided.\n\nIf said information is not submitted complete, it will not be admitted for processing.\"\n\n**II.- On admissibility.** From the very content of the challenged norms, the inadmissibility of the action is evident regarding articles 140 and 141 of the challenged Regulation, which refer to works executed by the Administration, not excluded from the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental); indeed, from their textual reading it is corroborated that they cannot be accused of the constitutional defects pointed out by the claimant, given that article 140 does not contemplate any exemption from the environmental impact assessment and article 141, subsection b), on the contrary, prescribes the approval of the corresponding study by SETENA, whereby the action proceeds only against the remaining challenged articles. Given the nature of the matter, the claimant is legitimized to file the action directly, as it concerns the defense of the environment, in accordance with the provisions of constitutional article 50, article 75, 2nd paragraph of the Constitutional Jurisdiction Law, apart from what has been recognized on this matter by the jurisprudence of this Chamber (see, among others, judgments #3705-93 of 15:30 hrs. of July 30, 1993 and #2001-8239 of 16:07 hrs. of August 14, 2001). The action is admissible in accordance with the provisions of article 73 of the Constitutional Jurisdiction Law.\n\n**III.- On the merits.** The fundamental matter to be considered in this action is the constitutional validity of articles 129 and 153 of the challenged Decree insofar as they incur in the omission of the requirement of the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for the authorization of minor and specific mining exploitation projects, both of Municipalities and autonomous entities, and of the State, which are defined, respectively, in articles 128 and 152 of the same Decree. The unconstitutionality claimed, in the case of these last two articles, does not arise, in itself, from the content of these norms, which only contain a definition of what is considered \"minor and specific projects,\" but from the fact that in the articles regulating the respective application and requirements (129 and 153), the environmental impact assessment is not included, and that, in general, no limitation is established on the number of exploitations authorizable through these procedures. The Chamber considers that the mere definition of the so-called minor and specific projects in articles 128 and 152 of the challenged Decree does not entail, in itself, any unconstitutionality, because in them, the Executive Branch indicates a type of project that is considered minor and specific and that, as such, does not lead to any violation of the rights alleged by the claimant, except for its application or effects, by virtue of the exemption from the environmental impact assessment, due to the omission of including it in the correlative requirements of the authorization applications regulated in articles 129 and 153, which entail no other constitutional defect than that of the indicated omission.\n\n**IV.-** The solution to the case stems from specific precedents of this Chamber, in which it has been made clear that:\n\n1. State institutions are the first called to comply with environmental precautionary legislation, with no justification for exempting them from compliance with environmental requirements, such as, for example, the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), which the Organic Environmental Law requires for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment (see.\n\nsentencia #2001-6503);</span></p> \n<p class=\"MsoNormalIndent\" style=\"margin-left: 76.35pt; text-indent: -48.0pt; mso-list: l0 level1 lfo9; tab-stops: list 76.35pt;\"><!--[if !supportLists]--><span lang=\"ES-CR\">2.<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\">                       </span></span><!--[endif]--><span lang=\"ES-CR\">It is not constitutionally possible to make exceptions to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) based on general criteria or conditions established in laws and regulations, which would empty Article 50 of the Constitution of its content (see sentencia #2002-01220 of 14:48 hours on February 6, 2002); and, </span></p> \n<p class=\"MsoNormalIndent\" style=\"margin-left: 76.35pt; text-indent: -48.0pt; mso-list: l0 level1 lfo9; tab-stops: list 76.35pt;\"><!--[if !supportLists]--><span lang=\"ES-CR\">3.<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\">                       </span></span><!--[endif]--><span lang=\"ES-CR\">By virtue of the precautionary principle, established in binding international norms of supra-legal rank, in order to provide due protection to the right to a healthy and balanced environment, the obligation of the EIA is imposed. At the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, where Costa Rica subscribed, along with other nations, to the Rio Declaration, it is necessary to point out Principle 15: \"In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.\" and Principle 17: \"Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority\" (see sentencia <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">#2002-05977 of 11:23 hours on June 14, 2002).-</em></span></p> \n<p class=\"MsoNormalIndent\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-CR\">V.- </span></strong><span lang=\"ES-CR\"> Of particular interest is what was considered by this Tribunal, in the unconstitutionality action #01-002886-0007-CO, brought against Articles 19 and 20 of Decreto Ejecutivo #26.228-MINAE, regarding urban development projects, in the sense that</span></p> \n<p class=\"CitaTextual\"><span lang=\"ES-CR\">\"Article 50 of the Constitution is the direct source of the right of 'every person' to a healthy and ecologically balanced environment, which binds the Public Powers in the protection of the environment, conceptualized in the broadest possible sense, in the application of the protective norm. Repeatedly, this Chamber has pointed out that the development of fundamental rights and public liberties is reserved to law; it is for this reason that in this field, the regulatory power that the Political Constitution itself reserves to the Executive Branch is unimaginable without the existence of a law. It has already been advanced that the Organic Law of the Environment establishes in Article 17, as a development of what Article 50 of the Constitution provides, the obligation to have an EIA to carry out activities or projects that by their nature may alter or contaminate the environment. As the Attorney General's Office correctly points out in its report, the EIA is conceived, by the legislator, as a technical procedure that allows controlling a possible environmental alteration with the consequent affectation of ecosystems. Without a doubt, it is a technical matter whose detailed regulation escapes the logic of the legislative procedure and can, as a thesis of principle and within the existing legal framework, be regulated by the Executive Branch. The Organic Law of the Environment clearly states that '...Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment created in this law...', which allows affirming, in a correct reading, that no human activity that can alter or contaminate the environment can dispense with the referred EIA. The formula that the Executive Branch has devised so that it can be established, 'prima facie', whether the human activity undertaken can alter or destroy the environment, has been the presentation of the form called 'Preliminary Environmental Assessment'. It is not then, as the Administrative Environmental Tribunal maintains in its report, that the Executive Branch has absolute discretion to indicate the projects that must carry out the EIA, since by provision of the Political Constitution itself (Art. 50) and the Organic Law of the Environment, as a general principle, every human activity that modifies the environment 'shall require' the referred study. It is then <u>the condition of the project or the work</u> that will determine, in each case, whether the EIA is required or not, and not the establishment of arbitrary conditions through regulations. The regulation should only establish the manner in which the project's conditions will be known, and that is what will determine the appropriateness or inappropriateness of the EIA. This means that the defense and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, conceptualized in Article 50 of the Constitution, is the fundamental right of every person and operates as an unavoidable general principle, so that in this matter it is not possible to make generic exceptions (in urban development matters and other topics addressed by Articles 19 and 20) to exempt the fulfillment of environmental obligations, since doing so runs the risk of de-constitutionalizing the guarantee of state response in defense of the environment. Thus, the mechanism used by the Decreto Ejecutivo determining 'a priori' activities or works that are exempt from the EIA, in consideration of the size of the work, the existence of regulatory plans, the number of people in the operation or activity, the number of rooms, the project classification (social interest) or the land use, evidences an excess in the exercise of the regulatory power that surpasses the referral to Article 17 of the Organic Law of the Environment and that empties the content of the inhabitants' right for the Public Powers to exercise direct environmental control – not by delegation in environmental regents (regencias) – in the application of protective legislation. This is not to say that the Executive Branch cannot, via regulation, determine, based on precise technical studies, that a specific activity or project does not require the EIA; but this supposes that such a definition is duly motivated and justified. It should be remembered that in the case of exempting a higher-rank control (constitutional), the reasonableness and proportionality of the exceptional circumstance will be reviewable by the judge, whether through ordinary legal channels or constitutional control. But to the general regime conceived by the derived Constituent, a generalized exception that has no other motivation or foundation than the very existence of the norm that so declares it is inadmissible. (…) bear in mind that by legal provision 'all' human activities that transform the environment must be submitted to the preliminary assessment study. On the other hand, the Attorney General's Office maintains, regarding urban development projects, that the reformed norm violates the principle of reasonableness, and the Chamber must conclude, in application of its own jurisprudence on this topic, that this is so insofar as not a single technical justification has been presented before this Tribunal to 'preventively' and 'generically' exclude certain urban development projects from technical studies, with which we are additionally in the presence of an <u>evident and manifest</u> unreasonableness that this Chamber must declare. The Chamber must insist that <u>it is the specific situation of the project or human activity</u> that can originate the unnecessary presentation of an environmental study, but not the regulatory norm. Indeed, a very small area of land can be biologically important and therefore require all types of environmental control; and another area, immense, could lack that importance; moreover, the existence of a regional or cantonal regulatory plan that establishes land use does not exclude the obligation of the study, as the development company seems to understand, since the specific environmental control that has been established by numeral 17 of the Organic Law of the Environment is based on Article 50 of the Political Charter, which cannot be understood as disapplied by local norms; rather, they must be integrated in attention to that protective mandate\" (sentencia #2002-01220 of 14.48 hours on February 6, 2002). </span></p> \n<p class=\"MsoNormalIndent\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-CR\">VI.- </span></strong><span lang=\"ES-CR\">Following the same reasoning of said judgment, the exclusion of the EIA and its approval by SETENA for minor and specific projects, provided for in Articles 129 and 153 of the challenged Decreto, constitute a defect in the exercise of the regulatory power, insofar as it does not fall within the assumptions of regulatory delegation provided for by Article 17 of the Organic Law of the Environment and developed by the Chamber in the referred judgments; thereby, it violates, by emptying it of content, the fundamental right recognized in Article 50 of the Constitution. To reach this conclusion, the Chamber has considered that the minor projects defined in the Decreto, regarding the possibility of environmental damage they may cause, do not differ in anything from the others contemplated in the Decreto, for which the approval, by SETENA, of the respective EIA is indeed required. The constitutionality of the challenged norms is defended by the then Minister of the Presidency and Minister of Environment and Energy with the argument that the special procedures for minor projects are defined by a quantitative extraction limit of 20,000 cubic meters, calculated based on the number of dump trucks that, during four months, can transport the materials to be used, over a distance between the extraction site and the utilization site whose journey does not exceed half an hour, for a period of four months, which does not constitute any reasoning adjusted to the rules of science or technique from which it can be derived that said mining exploitations do not produce significant negative impacts on the environment that justify the non-application of the respective study. On the contrary, in the same Decreto, the requirement is established for any other mining activities carried out by an individual, as well as for other exploitations by Municipalities and autonomous entities (Art. 112) of the State (Art. 141) and State contractors (Art. 160), regardless of whether or not they exceed 20,000 cubic meters. So the same Decreto provides sufficient reasons to consider that the EIA obligation in all these cases is reasonable and that mining activity implies an evident environmental risk, which, although, according to what the Ministers affirm, is not surmountable in all cases through the EIA, said study is effective in the majority of cases and, above all, is indispensable, in application of the precautionary principle, to the extent that mining exploitation constitutes one of the situations provided for in Article 17 of the Organic Law of the Environment, in that activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), by SETENA.</span></p> \n<p class=\"MsoNormalIndent\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-CR\">VII.- </span></strong><span lang=\"ES-CR\">The comprehensive reading of the challenged Decreto, in light of the Constitution, the provisions of the Mining Code on environmental protection (Arts. 98 to 104), and the jurisprudence of the Chamber, give rise to the conclusion that there is an evident unconstitutionality in Articles 129 and 153 of the Decreto, by omission, given that they did not include the mandatory requirement of the EIA approved by SETENA, in the cases contemplated in Articles 128 and 152, as it did in all others. The violation of the Constitution can be by action as well as by omission (Art. 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction), and, in the present case, the unconstitutionality lies in the omission to include the EIA requirement. Therefore, it is appropriate to declare the action with merit in the sense that it is unconstitutional to omit requiring the EIA and its corresponding approval by SETENA as a prerequisite to the requests regulated in Articles 129 and 153 of Decreto Ejecutivo #29300-MINAE \"Reglamento al Código de Minería\", for which reason said requirement must be demanded for the effect of authorizing the minor and specific projects defined in Articles 128 and 152 of the same Decreto. The preceding declaration has declaratory and retroactive effect to the date of validity of the act or norm, without prejudice to rights acquired in good faith.</span></p> \n<p class=\"MsoNormalIndent\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-CR\">VIII.- </span></strong><span lang=\"ES-CR\">However, the preceding decision obliges the Chamber to consider whether the nullifying consequences provided for in Article 88 of the Law of Constitutional Jurisdiction derive from said unconstitutionality or whether, on the contrary, it is appropriate to resort to other provisions to remedy the declared unconstitutionality, because the constitutional violation derives from an omission. This Tribunal, in the exercise of constitutional control, has applied the principle of conservation of norms, to issue annulment judgments when the constitutional violation is insurmountable, whether due to the confrontation of the text of the norm, its effects, its interpretation, or application by public authorities, with constitutional norms and principles (Art. 3). Insofar as the constitutionality of the norm is surmountable through its conforming interpretation or by another means, the drastic annulment solution can and should be avoided. The legislator did not provide specific regulations on the estimatory judgments in cases where the constitutional violation has been declared due to an omission, for which reason the Chamber, in some case, has analogically applied the second paragraph of Article 49 of the Law of Constitutional Jurisdiction, referring to the amparo remedy, which provides that 'if the amparo has been established for an authority to regulate, comply with, or execute what a law or other normative provision orders, said authority shall have two months to comply with the prevención' (see sentencia #1463-90 of 14:30 hrs. on October 30, 1990). However, the Chamber considers that said provision, although applicable to cases where there has been an omission to regulate, determined through the amparo or the unconstitutionality action, is not, necessarily, so in cases like the present, where the estimatory judgment for the action detects a normative omission, or a gap, which may even be a consequence of an error by whoever issues the norm, which is, precisely, the cause of the unconstitutionality and which can be remedied by other means. Indeed, the legislator left in the hands of the Tribunal the solution to unconstitutional omissions and unconstitutionalities by omission, for which the Tribunal must order what is appropriate, in accordance with Article 14 of the Law of Constitutional Jurisdiction, according to which, in the absence of express provision, the principles of constitutional law shall be applied, as well as those of general public and procedural law or, in their case, those of international or community law and, additionally, in order, the General Law of Public Administration, the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction, and the Procedural Codes. As the unconstitutionality lies in said omission, but not in the content of the norms themselves, it is also not appropriate to apply the nullifying effects provided for in Article 88 of the Law of Constitutional Jurisdiction because said omission cannot result in an annulment judgment, since it is obvious that no annulment is applicable to omissions, but rather that the omission must only be repaired or satisfied.</span></p> \n<p class=\"MsoNormalIndent\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-CR\">IX.- </span></strong><span lang=\"ES-CR\" style=\"mso-bidi-font-weight: bold;\">Despite the simplicity of the underlying constitutional argument from which the indicated unconstitutionality derives, the matter entails a particular situation, from the point of view of the effects of the judgment, since a pure and simple application of what is provided in Article 88 of the Law of Constitutional Jurisdiction would lead to the drastic solution of ordering the annulment of Articles 129 and 153 of the Decreto; however, none of the requirements contemplated in those provisions is challenged, nor does the Chamber find any unconstitutionality. What occurs, from the point of view of the normative structure, is not that said articles are unconstitutional, but that the norm stating that the approval of the minor and specific projects provided for in Articles 128 and 152 of the Decreto requires the EIA was not provided, which norm exists in the legal system, derived from Article 50 of the Constitution, the international instruments cited supra, and the jurisprudence of the Chamber, with which, it must be interpreted, in the same way that this Tribunal has done through the amparo remedy, that the EIA is mandatory for other concrete cases, equally, for the minor and specific procedures.</span></p> \n<p class=\"MsoNormalIndent\" style=\"text-align: center; text-indent: 0cm; page-break-after: avoid;\" align=\"center\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-CR\">Por tanto:</span></strong></p> \n</div> \n<br clear=\"all\" /> \n<div class=\"Section5\"> \n<p class=\"MsoNormalIndent\"><a name=\"PorTanto\"></a><span lang=\"ES-CR\">The action is declared with merit, solely in that it is ordered that it is unconstitutional to omit requiring the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and its corresponding approval by SETENA as a prerequisite to the requests regulated in Articles 129 and 153 of Decreto Ejecutivo #29300-MINAE \"Reglamento al Código de Minería\", for which reason said requirement must be demanded for the effect of authorizing the minor and specific projects defined in Articles 128 and 152 of the same Decreto. In all other respects, the action is declared without merit. </span><span lang=\"ES-CR\" style=\"font-family: 'Roman 12cpi';\">This judgment is declarative and retroactive to the date said law entered into force, without prejudice to rights acquired in good faith. Sum up this pronouncement in the Diario Oficial La Gaceta, publish it integrally in the Boletín Judicial, and communicate it to the Legislative and Executive Powers. Notify.-</span></p> \n<p><span style=\"font-size: 10.0pt; font-family: 'Roman 12cpi';\">&nbsp;</span></p> \n<p class=\"MsoNormalIndent\"><span lang=\"ES-CR\"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> \n</div> \n<br clear=\"all\" /> \n<div class=\"Section6\"> \n<p class=\"MsoNormal\"><span lang=\"ES-CR\"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> \n<p class=\"MsoNormal\"><span lang=\"ES-CR\"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> \n<p class=\"MsoNormal\"><span lang=\"ES-CR\"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> \n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center; page-break-after: avoid;\" align=\"center\"><span lang=\"ES-CR\">Luis Fernando Solano C.</span></p> \n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center;\" align=\"center\"><span lang=\"ES-CR\">Presidente</span></p> \n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center;\" align=\"center\"><span lang=\"ES-CR\"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> \n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center;\" align=\"center\"><span lang=\"ES-CR\"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> \n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: left; tab-stops: right 442.05pt;\" align=\"left\"><span lang=\"ES-CR\">Luis Paulino Mora M.<span style=\"mso-tab-count: 1;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Carlos M. Arguedas R.</span></p> \n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: left; tab-stops: right 442.05pt;\" align=\"left\"><span lang=\"ES-CR\"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> \n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: left; tab-stops: right 442.05pt;\" align=\"left\"><span lang=\"ES-CR\"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> \n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: left; tab-stops: right 442.05pt;\" align=\"left\"><span lang=\"ES-CR\"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> \n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: left; tab-stops: right 442.05pt;\" align=\"left\"><span lang=\"ES-CR\">Gilbert Armijo S.<span style=\"mso-tab-count: 1;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Ernesto Jinesta L.</span></p> \n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: left; tab-stops: right 442.05pt;\" align=\"left\"><span lang=\"ES-CR\"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> \n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: left; tab-stops: right 442.05pt;\" align=\"left\"><span lang=\"ES-CR\"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> \n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: left; tab-stops: right 442.05pt;\" align=\"left\"><span lang=\"ES-CR\"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--></span></p> \n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: left; tab-stops: right 442.05pt;\" align=\"left\"><span lang=\"ES-CR\">Susana Castro A.<span style=\"mso-tab-count: 1;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Alejandro Batalla B.</span></p> \n</div>\n\nCONSTITUTIONALITY REVIEW MATTERS\",\n          \"resultado\": \"Partially granted\",\n          \"despachoOrden\": \"8\",\n          \"despacho\": \"Sala Constitucional\",\n          \"esResolucionEstructural\": \"0\",\n          \"esResolucionOral\": \"0\",\n          \"esResolucionRelevante\": \"1\",\n          \"fecha\": \"2003-09-17\",\n          \"tipoDocumento\": \"EXT\",\n          \"esCriterioUnificador\": \"0\",\n          \"tipoContenido\": \"Majority Opinion\",\n          \"sourceName\": \"Documentos\",\n          \"formatoDocumento\": \"ESCRITO\",\n          \"tipoResolucion\": \"De Fondo\",\n          \"tipoInformacion\": \"Resolución Judicial\",\n          \"html\": \"10421-03. MINING. MINOR AND SPECIFIC PROJECTS EXEMPTED FROM ENVIRONMENTAL IMPACT STUDIES. Articles 128, 129, 140, 141, 152 and 153 of the Regulations to the Mining Code, Decreto Ejecutivo No. 29300-MINAE published in La Gaceta No. 54 of March 16, 2001. \\r\\n\"\n        },\n        \"previousdocs\": [],\n        \"nextdocs\": []\n      },\n      {\n        \"doc\": {\n          \"redactor\": \"Gilbert Armijo Sancho\",\n          \"numeroDocumentoPadre\": \"sen-1-0007-259094\",\n          \"anno\": \"2003\",\n          \"expediente\": \"010098640007CO\",\n          \"hora\": \"16:38\",\n          \"esProtegida\": \"0\",\n          \"esCambioCriterio\": \"0\",\n          \"TemasYSubtemas\": [\n            {\n              \"id\": 1,\n              \"nombre\": \"088- Granting Judgment. Annulment of the norm\",\n              \"Subtemas\": [\n                {\n                  \"id\": 1,\n                  \"nombre\": \"NOT APPLICABLE\"\n                }\n              ]\n            }\n          ],\n          \"controlCons\": \"Granting Judgment\",\n          \"esNotaSeparada\": \"0\",\n          \"esVotoSalvado\": \"0\",\n          \"modified\": \"2026-05-16 20:01:47.33\",\n          \"id\": \"ext-1-0007-294484\",\n          \"numeroDocumento\": \"10421\",\n          \"esResolucionClave\": \"0\",\n          \"restrictores\": \"NOT APPLICABLE\",\n          \"claseAsunto\": \"Acción de inconstitucionalidad\",\n          \"tipoTexto\": \"1\",\n          \"enteSistematizador\": \"SALA CONSTITUCIONAL\",\n          \"descriptores\": \"088- Granting Judgment. Annulment of the norm\",\n          \"rutaTesauro\": [\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA||088- Granting Judgment. Annulment of the norm\"\n          ],\n          \"subNumeroDocumento\": \"1\",\n          \"contenidosInteresOrden\": \"4\",\n          \"ramaDerecho\": \"6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA\",\n          \"resultado\": \"Partially granted\",\n          \"despachoOrden\": \"8\",\n          \"despacho\": \"Sala Constitucional\",\n          \"esResolucionEstructural\": \"0\",\n          \"esResolucionOral\": \"0\",\n          \"esResolucionRelevante\": \"1\",\n          \"fecha\": \"2003-09-17\",\n          \"tipoDocumento\": \"EXT\",\n          \"esCriterioUnificador\": \"0\",\n          \"tipoContenido\": \"Majority Opinion\",\n          \"sourceName\": \"Documentos\",\n          \"formatoDocumento\": \"ESCRITO\",\n          \"tipoResolucion\": \"De Fondo\",\n          \"tipoInformacion\": \"Resolución Judicial\",\n          \"html\": \"<font color=\\\"#000000\\\" face=\\\"Times New Roman\\\" size=\\\"3\\\">\\n\\n</font><p style=\\\"margin: 0cm;\\\"><span lang=\\\"ES\\\" style='font-family: \\\"Times New Roman\\\",serif; font-size: 12pt; mso-ansi-language: ES;'><font color=\\\"#000000\\\">Article 88 of the Constitutional Jurisdiction Law</font></span></p><font color=\\\"#000000\\\" face=\\\"Times New Roman\\\" size=\\\"3\\\">\\n\\n</font><p style=\\\"margin: 0cm; text-align: justify;\\\"><font color=\\\"#000000\\\"><i><span lang=\\\"ES\\\" style='font-family: \\\"Times New Roman\\\",serif; font-size: 12pt; mso-ansi-language: ES;'>“(…) VIII.- However, the foregoing decision obliges the Chamber to consider whether the annulment consequences provided for in Article 88 of the Constitutional Jurisdiction Law derive from said unconstitutionality or whether, on the contrary, it is possible to resort to other provisions to remedy the declared unconstitutionality, because the constitutional violation derives from an omission. This Tribunal, in the exercise of constitutional review, has applied the principle of preservation of norms, to issue annulment judgments when the constitutional violation is insurmountable, whether through the confrontation of the text of the norm, its effects, its interpretation or application by public authorities, with constitutional norms and principles (Art. 3). To the extent that the constitutionality of the norm is surmountable through its conforming interpretation or by other means, the drastic annulment solution can and must be avoided. (…)”</span></i><span lang=\\\"ES\\\" style='font-family: \\\"Times New Roman\\\",serif; font-size: 12pt; mso-ansi-language: ES;'> VCG03/2021</span></font></p><font color=\\\"#000000\\\" face=\\\"Times New Roman\\\" size=\\\"3\\\">\\n\\n</font>\\r\\n\"\n        },\n        \"previousdocs\": [],\n        \"nextdocs\": []\n      }\n    ],\n    \"contenidosInteresOrden\": \"4\",\n    \"despacho\": \"Sala Constitucional\",\n    \"despachoOrden\": \"8\",\n    \"enteSistematizador\": \"SALA CONSTITUCIONAL\",\n    \"esCambioCriterio\": \"0\",\n    \"esCriterioUnificador\": \"0\",\n    \"esNotaSeparada\": \"0\",\n    \"esProtegida\": \"0\",\n    \"esResolucionClave\": \"0\",\n    \"esResolucionEstructural\": \"0\",\n    \"esResolucionOral\": \"0\",\n    \"esResolucionRelevante\": \"1\",\n    \"esVotoSalvado\": \"0\",\n    \"expediente\": \"010098640007CO\",\n    \"fecha\": \"2003-09-17\",\n    \"formatoDocumento\": \"ESCRITO\",\n    \"hora\": \"16:38\",\n    \"id\": \"sen-1-0007-259094\",\n    \"numeroDocumento\": \"10421\",\n    \"redactor\": \"Gilbert Armijo Sancho\",\n    \"sourceName\": \"Documentos\",\n    \"subNumeroDocumento\": \"1\",\n    \"tipoDocumento\": \"SNT\",\n    \"tipoInformacion\": \"Resolución Judicial\",\n    \"tipoResolucion\": \"De Fondo\",\n    \"resultado\": \"Partially granted\",\n    \"controlCons\": \"Granting Judgment\",\n    \"tipoTexto\": \"1\",\n    \"previousdocs\": [],\n    \"nextdocs\": [],\n    \"html\": \"Case File 01-009864-0007-CO<!-- [if gte mso 9]><xml>\\n <o:DocumentProperties>\\n  <o:Subject>Acción de inconstitucionalidad</o:Subject>\\n  <o:Author>acabezas</o:Author>\\n  <o:Template>Sala</o:Template>\\n  <o:LastAuthor>smorales</o:LastAuthor>\\n  <o:Revision>2</o:Revision>\\n  <o:TotalTime>0</o:TotalTime>\\n  <o:LastPrinted>1601-01-01T00:00:00Z</o:LastPrinted>\\n  <o:Created>2004-03-17T19:53:00Z</o:Created>\\n  <o:LastSaved>2004-03-17T19:53:00Z</o:LastSaved>\\n  <o:Pages>21</o:Pages>\\n  <o:Words>6485</o:Words>\\n  <o:Characters>36966</o:Characters>\\n  <o:Category>Plantilla Sala.dot, versión para Office 97/2000</o:Category>\\n  <o:Company>Sala Constitucional - Corte Suprema de Justicia</o:Company>\\n  <o:Bytes>83968</o:Bytes>\\n  <o:Lines>308</o:Lines>\\n  <o:Paragraphs>73</o:Paragraphs>\\n  <o:CharactersWithSpaces>45396</o:CharactersWithSpaces>\\n  <o:Version>9.2812</o:Version>\\n </o:DocumentProperties>\\n <o:CustomDocumentProperties>\\n  <o:NúmeroExpediente dt:dt=\\\"string\\\">01-009864-0007-CO</o:NúmeroExpediente>\\n  <o:ClaseAsunto dt:dt=\\\"string\\\">Acción de inconstitucionalidad</o:ClaseAsunto>\\n  <o:CedulaMagistrado dt:dt=\\\"string\\\">9-063-809</o:CedulaMagistrado>\\n  <o:Hora dt:dt=\\\"string\\\">16</o:Hora>\\n  <o:Minuto dt:dt=\\\"string\\\">38</o:Minuto>\\n  <o:Dia dt:dt=\\\"string\\\">17</o:Dia>\\n  <o:Mes dt:dt=\\\"string\\\">9</o:Mes>\\n  <o:Anno dt:dt=\\\"string\\\">2003</o:Anno>\\n  <o:NúmeroSentencia dt:dt=\\\"string\\\">2003-10421</o:NúmeroSentencia>\\n  <o:TipoSentencia dt:dt=\\\"string\\\">De Fondo</o:TipoSentencia>\\n  <o:Firmada dt:dt=\\\"string\\\">-1</o:Firmada>\\n  <o:SoloPorTanto dt:dt=\\\"string\\\">N</o:SoloPorTanto>\\n  <o:RNJ dt:dt=\\\"string\\\">Sala4</o:RNJ>\\n  <o:CodigoDespacho dt:dt=\\\"string\\\">0007</o:CodigoDespacho>\\n </o:CustomDocumentProperties>\\n</xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml>\\n <w:WordDocument>\\n  <w:PrintFractionalCharacterWidth/>\\n  <w:DocumentProtection>Forms</w:DocumentProtection>\\n  <w:ConsecutiveHyphensLimit>2</w:ConsecutiveHyphensLimit>\\n  <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone>\\n  <w:DoNotHyphenateCaps/>\\n  <w:DrawingGridHorizontalSpacing>5 pto</w:DrawingGridHorizontalSpacing>\\n  <w:DrawingGridVerticalSpacing>6,8 pto</w:DrawingGridVerticalSpacing>\\n  <w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>\\n  <w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>0</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>\\n  <w:Compatibility>\\n   <w:PrintColBlack/>\\n   <w:ShowBreaksInFrames/>\\n   <w:SuppressTopSpacing/>\\n   <w:SuppressSpBfAfterPgBrk/>\\n   <w:SwapBordersFacingPages/>\\n   <w:ConvMailMergeEsc/>\\n   <w:UsePrinterMetrics/>\\n   <w:WW6BorderRules/>\\n   <w:FootnoteLayoutLikeWW8/>\\n   <w:ShapeLayoutLikeWW8/>\\n   <w:AlignTablesRowByRow/>\\n   <w:ForgetLastTabAlignment/>\\n   <w:NoSpaceRaiseLower/>\\n   <w:LayoutRawTableWidth/>\\n   <w:LayoutTableRowsApart/>\\n  </w:Compatibility>\\n </w:WordDocument>\\n</xml><![endif]-->\\n<div class=\\\"Section1\\\">\\n<p class=\\\"MsoNormal\\\"><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\"><span lang=\\\"EN-GB\\\" style=\\\"mso-ansi-language: EN-GB;\\\">Exp: </span></strong><span lang=\\\"EN-GB\\\" style=\\\"mso-ansi-language: EN-GB;\\\">01-009864-0007-CO</span></p>\\n<p class=\\\"MsoNormal\\\"><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\"><span lang=\\\"EN-GB\\\" style=\\\"mso-ansi-language: EN-GB;\\\">Res: </span></strong><span lang=\\\"EN-GB\\\" style=\\\"mso-ansi-language: EN-GB;\\\">2003-10421</span></p>\\n<p class=\\\"MsoNormal\\\"><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\">SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.</span></strong><span lang=\\\"ES-CR\\\"> San José, at sixteen hours and thirty-eight minutes on September seventeenth, two thousand three.-</span></p>\\n</div>\\n<span lang=\\\"ES-CR\\\" style=\\\"font-size: 10.0pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-CR; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA;\\\"><br style=\\\"page-break-before: auto; mso-break-type: section-break;\\\" clear=\\\"all\\\" /> </span>\\n<div class=\\\"Section2\\\">\\n<p class=\\\"MsoNormalIndent\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\">Acción de inconstitucionalidad filed by Edgar Emilio Araya Chacón, of legal age, single, businessman, identity card #2-378-252, resident of San Ramón against Articles 128, 129, 140, 141, 152 and 153 of the Regulations to the Mining Code (Reglamento al Código de Minería), Decreto Ejecutivo #29300-MINAE published in La Gaceta #54 of March 16, 2001. Appearing in the proceedings are Licda. Elizabeth Odio Benito, Lic. Danilo Chaverri Soto, at the time Minister of Environment and Energy and Minister of the Presidency, and Lic. Farid Beirute Brenes, Deputy Attorney General of the Republic. (SEE ACCIÓN 00-7814) </span></p>\\n<p class=\\\"MsoNormalIndent\\\" style=\\\"text-align: center; text-indent: 0cm; page-break-after: avoid;\\\" align=\\\"center\\\"><a name=\\\"Result\\\"></a><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\">Resultando:</span></strong></p>\\n<p class=\\\"MsoNormalIndent\\\"><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\">1.- </span></strong><span lang=\\\"ES-CR\\\">By brief received in the Secretariat of the Chamber at 16:30 hrs. on October 5, 2001 (folio 1), the petitioner challenges Articles 128, 129, 140, 141, 152 and 153 of the Regulations to the Mining Code, Decreto Ejecutivo No. 29300 of February 8, 2001, considering that </span><span lang=\\\"ES-CR\\\" style=\\\"mso-bidi-font-family: 'Courier New';\\\">the omission of the requirement for approval of environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), as a condition for granting authorization for special mining exploitation procedures called <em>\\\"minor and specific projects,\\\"</em> violates the principle of the hierarchy of laws, contained in Article 7 of the Constitution, in that, through regulatory means, special procedures are created that circumvent norms of International Law, ratified by Costa Rica, which require environmental impact studies to guarantee a healthy and ecologically balanced environment; thus, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of the Right to the Environment, whose Article 11 enshrines the right of every person to live in a healthy environment, and the principle that States Parties shall promote the protection, preservation and improvement of the environment; the Stockholm Declaration on the Human Environment, whose first Principle indicates that man has the fundamental right to enjoy adequate living conditions in an environment that allows him to live a dignified life and enjoy well-being, and has the obligation to protect and improve the environment for present and future generations; from the Rio Declaration, Principles 15 and 17. The petitioner also considers that the Executive Branch exceeded the regulatory power established in Article 140, subparagraphs 3) and 18) of the Political Constitution, thereby injuring Article 11 of the same normative body, which establishes –where relevant– that public officials are mere depositaries of authority and cannot arrogate faculties not granted to them by law. According to the petitioner, the Executive Branch injures said Article 11 because the challenged articles seek to nullify the legal precepts stipulated in Articles 3, 6 and 34, subparagraph ch) of the Mining Code, which –in relevant part– establish that mining explorations or exploitations may not be carried out without the permit or concession (concesión) granted by the Ministry of Economy, Industry and Commerce and the Directorate of Geology, Mines and Hydrocarbons, upon prior analysis and approval of the study conducted by the corresponding governmental oversight body on the environmental impact of such activities (Article 3); permits or concessions may be denied or conditioned according to the analysis of the social and environmental impact studies conducted, except in cases of express authorization by the Legislative Assembly (Article 6); and the holder of an exploitation concession is obliged to prepare a complete study on the environmental impact of the exploitation process (Article 34, subparagraph ch). Furthermore, the petitioner alleges that the challenged articles threaten the principle enshrined in Article 21 of the Constitution, which states that human life is inviolable, since said regulation injures human life and the physical integrity of persons, in creating special mining exploitation procedures without complying with the necessary environmental impact studies. Regarding Article 50 of the Constitution, the petitioner states that it guarantees the right of man to make use of the environment for his own development, which implies the correlative duty to protect and preserve the environment, through the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. He also points out that the State must protect the environment by avoiding contamination and the alterations and injuries caused by man.</span></p>\\n<p class=\\\"MsoNormalIndent\\\"><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\">2.- </span></strong><span lang=\\\"ES-CR\\\">The petitioner bases his standing on the provisions of the second paragraph of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, regarding diffuse interests, as it concerns the right to a healthy and ecologically balanced environment.</span></p>\\n<p class=\\\"MsoNormalIndent\\\"><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\">3.- </span></strong><span lang=\\\"ES-CR\\\">By resolution at 9:45 hrs. on November 20, 2001 (folio 36 of the case file), the action was admitted, granting a hearing to the Office of the Attorney General of the Republic and the Ministries of the Presidency and of Environment and Energy.</span></p>\\n<p class=\\\"MsoNormalIndent\\\"><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\">4.- </span></strong><span lang=\\\"ES-CR\\\">The Office of the Attorney General of the Republic submitted its report (folios 52 to 88) with the recommendation to:</span></p>\\n<p class=\\\"CitaTextual\\\" style=\\\"margin-left: 51.6pt; text-indent: -23.25pt; mso-list: l2 level1 lfo8; tab-stops: list 51.6pt;\\\"><![if !supportLists]><span lang=\\\"ES-CR\\\" style=\\\"font-style: normal; mso-bidi-font-style: italic;\\\">1.<span style=\\\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\\\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><![endif]><span lang=\\\"ES-CR\\\" style=\\\"font-style: normal; mso-bidi-font-style: italic;\\\">Grant the action in relation to the provisions of Articles 128, 129, 152 and 153 of the Regulations to the Mining Code, Decreto Ejecutivo número 29300-MINAE, to the extent that the non-requirement of an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) for the activities regulated therein lacks a technical criterion justifying it. The foregoing, for violation of Articles 50, paragraphs 2 and 3, and 89 of the Constitution, as well as for violation of Article 7 of the Constitution and Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of Economic, Social and Cultural Rights. Otherwise, dismiss the action in relation to these articles.</span></p>\\n<p class=\\\"CitaTextual\\\" style=\\\"margin-left: 51.6pt; text-indent: -23.25pt; mso-list: l2 level1 lfo8; tab-stops: list 51.6pt;\\\"><![if !supportLists]><span lang=\\\"ES-CR\\\">2.<span style=\\\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\\\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><![endif]><span lang=\\\"ES-CR\\\" style=\\\"font-style: normal; mso-bidi-font-style: italic;\\\">Dismiss the action in relation to the provisions of Articles 140 and 141 of the cited Regulations. </span></p>\\n<p class=\\\"CitaTextual\\\" style=\\\"margin-left: 51.6pt; text-indent: -23.25pt; mso-list: l2 level1 lfo8; tab-stops: list 51.6pt;\\\"><![if !supportLists]><span lang=\\\"ES-CR\\\">3.<span style=\\\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\\\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><![endif]><span lang=\\\"ES-CR\\\" style=\\\"font-style: normal; mso-bidi-font-style: italic;\\\">Dismiss the action in relation to all the challenged articles of the cited Regulations for violation of Articles 7, 11 and 140, subparagraphs 3) and 18).</span></p>\\n<p class=\\\"MsoNormalIndent\\\"><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\">5.- </span></strong><span lang=\\\"ES-CR\\\">Lic. Danilo Chaverri Soto and Licda. Elizabeth Odio Benito, at the time, Ministers of the Presidency and of Environment and Energy, responded to the granted hearing stating that the Regulations to the Mining Code have been the result of an effort by the Executive Branch to organize procedures previously scattered, contradictory, or non-existent, through a serious and responsible exercise of regulatory power, under the parameters of reasonableness, proportionality, and administrative discretion applicable to the matter. They state that ordinary activity has been differentiated from minor and specific projects –for extractions of less than 20,000 cubic meters with a duration of less than four months– in which the environmental impact study is not included as a requirement for authorization, based on technical and convenience criteria. These minor and specific projects require other additional requirements that ensure the activity will not be carried out without technical and environmental control parameters ensuring environmental protection. It suffices to review those included in Articles 129, 133 and 157 of the Regulations: a sketch of the extraction site, the site where the materials will be used, the works in which they will be employed, a report prepared by a geology professional on the extraction methods, equipment to be used, lithologies to be exploited, calculation of reserves and volume to be utilized), the designation of a geologist or mining engineer responsible for the extraction, a prior inspection to verify the information obtained, the obligation to keep a logbook where the main data is recorded, regarding the volume extracted, processed, and the destination of the materials, with monthly submission to the Directorate of Geology and Mines. Finally, it requires the submission of a final report of cessation of activities, and the consequences of failing to submit these reports are prescribed. They state that there is a fallacy in the petitioner's argument in considering that by the mere omission of the environmental impact study, this type of project jeopardizes the constitutional rights and guarantees he deems violated in his lawsuit. They consider the assertion inconsistent that the environmental impact study, in all cases, is the only way to safeguard and ensure the correct use and exploitation of natural resources. Furthermore, they consider that the petitioner forgets that Article 17 of the Organic Law of the Environment itself leaves a margin of discretion for laws and regulations to determine the cases in which, reasonably and proportionally, this type of study is required for the start of activities that may alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials. The inconsistency of the reasoning is demonstrated by a twofold order of arguments: on the one hand, the law prescribes the environmental impact study when the activities, considered in themselves, suggest harmful results for the environment, but in this case it has been demonstrated that the type of activities called minor and specific projects have sufficient controls and represent such a specific impact on resources that the other required requirements can well make the authorization viable without the complexity represented by the environmental impact study procedure before SETENA. On the other hand, the mere fact of obtaining approval of an environmental impact study neither guarantees nor immunizes that the activities will not cause environmental damage. In fact, many orders for suspension of activities decreed by the Directorate of Geology and Mines are imposed because the administered party or the Administration itself has breached the commitments assumed for a specific project that has been previously approved by SETENA. It is not appropriate to establish an incontrovertible cause-effect relationship between projects approved with an environmental impact study and environmental protection. Just as environmental protection obligations cannot be neglected, neither can regulations be maintained that establish requirements that prove unjustified from a technical, logical, and scientific standpoint, when they are not necessary. Specifically, regarding the grounds for unconstitutionality, they state that: a) the environmental impact study does not ensure better oversight and environmental protection in all cases; there are alternate controls for minor and specific projects that ensure both environmental protection and measures to address eventual anomalous cases of extraction; b) the environmental risk of an extraction under this type of authorization is not left unexamined by MINAE authorities; the location, type of material, reserves, extractive technique are analyzed, and the works are commissioned and subject to the direction of a professional in the field; possible environmental damage can occur in any mining activity, even those with approved environmental impact studies; c) verification of the quantity of material to be extracted is not resolved only with the approval of the environmental impact study, nor with the assignment of an official to each and every authorized extraction; the petitioner starts from a distrust of the managers of this class of activities, and also ignores the scope of the liberal professions, which, as in the case of geology, exposes its members to serious sanctions for failing to comply with technical parameters; c) a numerical limit on applications for the type of minor and specific projects is not established, because it is logical that if the location of the source is requested, it implies the analysis of the areas that could be used for the indicated purposes and c), regarding the definition of the 20,000 cubic meters, they explained that it is justified by parameters calculated based on the load capacity of a wagon, multiplied by the number of trips in a four-month cycle.</span></p>\\n<p class=\\\"MsoNormalIndent\\\"><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\">6.- </span></strong><span lang=\\\"ES-CR\\\">The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law were published in numbers 231, 232 and 233 of the Judicial Bulletin, of November 30 and December 3 and 4, 2001 (f. 38). </span></p>\\n<p class=\\\"MsoNormalIndent\\\"><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\">7.- </span></strong><span lang=\\\"ES-CR\\\" style=\\\"mso-bidi-font-weight: bold;\\\">Given the existence of sufficient elements of judgment and, in accordance with the provisions of Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law, the oral and public hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Constitutional Jurisdiction Law is dispensed with.</span></p>\\n<p class=\\\"MsoNormalIndent\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\"><span style=\\\"mso-spacerun: yes;\\\">&nbsp;</span><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\">8.- </strong>The procedures have complied with the prescriptions of law.</span></p>\\n</div>\\n<span lang=\\\"ES-CR\\\" style=\\\"font-size: 10.0pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-CR; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA;\\\"><br style=\\\"page-break-before: auto; mso-break-type: section-break;\\\" clear=\\\"all\\\" /> </span>\\n<div class=\\\"Section3\\\">\\n<p class=\\\"MsoNormalIndent\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\">Drafted by Magistrate <strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\">Armijo Sancho</strong>; and,</span></p>\\n</div>\\n<span lang=\\\"ES-CR\\\" style=\\\"font-size: 10.0pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-CR; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA;\\\"><br style=\\\"page-break-before: auto; mso-break-type: section-break;\\\" clear=\\\"all\\\" /> </span>\\n<div class=\\\"Section4\\\">\\n<p class=\\\"MsoNormalIndent\\\" style=\\\"text-align: center; text-indent: 0cm; page-break-after: avoid;\\\" align=\\\"center\\\"><a name=\\\"Consid\\\"></a><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\">Considerando:</span></strong></p>\\n<p class=\\\"MsoNormalIndent\\\"><strong style=\\\"mso-bidi-font-weight: normal;\\\"><span lang=\\\"ES-CR\\\">I.- The object of the action.</span></strong><span lang=\\\"ES-CR\\\"> The petitioner files a direct acción de inconstitucionalidad against Articles 128, 129, 140, 141, 152 and 153 of the Regulations to the Mining Code, Decreto Ejecutivo #29300-MINAE published in La Gaceta #54 of March 16, 2001, considering that the exoneration from the environmental impact study for the approval of minor and specific mining exploitation projects provided in those norms violates the provisions of Articles 7, 11, 21, 33, 50, 89, 140 subparagraphs 3) and 18) all of the Political Constitution, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights as well as Principles 15 and 17 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration.</span></p>\n\nThe challenged provisions state:\n\n**\"Article 128.—Definition.** Minor and specific projects are considered to be all those works or tasks necessary to address situations caused by geodynamic processes, such as: landslides, mudslides, erosive processes, culvert collapses, bridge collapses, approach fills, and others considered as such by the DGM and so justified by the requesting entity. The repair and maintenance of existing roads and highways are also considered minor projects.\n\nThe works must be specific, for a maximum period of four months, and with a maximum volume to extract or remove of 20,000 cubic meters.\n\nSituations duly declared as a national emergency by the Executive Branch are excluded from this procedure.\n\n**Article 129.—Application and requirements.** The application for authorization to extract material shall be submitted by the legal representative of the entity, duly accredited, who shall be responsible for the work to be performed. The application must be submitted in original and 2 copies, and shall be accompanied by the documentation detailed below.\n\na) Sketch on a faithful and legible copy of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) sheet, scale 1:50,000, Lambert projection, size 22 X 27 cm (8 ½ X 11) with the cartographic coordinates in the margins and the sheet names clearly established. If the area is located on two or more cartographic sheets, they must be joined respecting the aforementioned size.\n\nb) Calculation of the fixed position triangle based on the coordinates of one of the I.G.N. landmarks and the coordinates of two consecutive stations of the polygon, or a topographic tie-in (amarre topográfico) to an existing civil structure in the area with a duration of more than 10 years.\n\nc) The site of the extraction work must be indicated, as well as the site where the extracted materials will be used. It must include a description of the work to be performed. This report must be signed by the geologist or mining engineer responsible for carrying out the work and contain, at a minimum, the following data:\n\n1- Methods and exploitation system to be employed.\n\n2- Description of the equipment to be used and characteristics of the machinery, including the crusher, if applicable.\n\n3- Exploitation period.\n\n4- Lithologies to be utilized, calculation of the available reserves at the source, and volume of material required.\n\nd) A responsible geologist or mining engineer must be designated for the duration of the project, who will maintain the pertinent controls of the exploitation process.\n\ne) In the case of quarries (canteras), permission from the property owner must be provided, accompanied by a property registry or notarial certification and the topographic map (plano topográfico) of the parent property and the topographic map of the area to be exploited. In the case of material extraction in public domain channels, indication of the access route to the river, and if said route is private, present the owner's permission and certification of ownership, whether notarial or issued by the Public Registry. If the route is public, a certification from the corresponding Municipality shall be provided.\n\nf) Indicate whether the work will be carried out directly by the requesting entity or by a third party, in which case, a copy of the contract signed between the entity and the contractor must be provided.\n\ng) Designation of an office for receiving notifications within the judicial perimeter of San José.\n\nIf said information is submitted incomplete, it will not be admitted for processing.\"\n\n**\"Article 140.—Application.** The application for authorization shall be submitted by the legal representative of the State body, who shall be responsible for the work to be performed.\n\n**Article 141.—Application requirements.** The application must be submitted in original and 2 copies, and shall be accompanied by the documentation detailed below:\n\na) Sketch on a faithful and legible copy of the Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) sheet, or a duly certified color photocopy, scale 1:50,000, Lambert projection, size 22 X 27 cm (8 1/2 X 11) with the cartographic coordinates in the margins and the sheet names clearly established. If the area is located on two or more cartographic sheets, they must be joined respecting the aforementioned size.\n\nb) Calculation of the fixed position triangle based on the coordinates of one of the I.G.N. landmarks, and the coordinates of two consecutive stations of the polygon, or a topographic tie-in (amarre topográfico) to an existing civil structure in the area with a duration of more than 10 years.\n\nc) SETENA resolution approving the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) corresponding to the proposed project.\n\nd) The exploitation system to be employed, indicating the work to be performed, accompanied by detailed flow diagrams covering all stages of the work.\n\ne) Equipment to be used.\n\nf) Required exploitation period (term).\n\ng) Lithology(ies) to be utilized, calculation of the available reserves at the source, and volume and use of material to be required, duly endorsed by a geologist or mining engineer who must be duly incorporated into the respective professional association.\n\nh) Name of the geologist or mining engineer in charge of the exploitation work, who must be duly incorporated into the respective professional association and shall be directly responsible for monitoring and controlling the use of the source.\n\ni) In the case of quarries (canteras), permission from the property owner must be provided, accompanied by a property registry or notarial certification. Topographic map (plano topográfico) of the parent property and topographic map of the area to be exploited. If the indicated information is not submitted complete, the application will not be admitted for processing. In the case of material extraction in public domain channels, indication of the access route to the river, and if said route is private, present the owner's permission and certification of ownership, whether notarial or issued by the Public Registry. If the route is public, a certification from the corresponding Municipality shall be provided.\n\nj) Place for receiving notifications within the first judicial perimeter of San José.\"\n\n**\"Article 152.—Definition.** Minor and Specific Projects are considered to be all those works or tasks that result from geodynamic processes, such as: landslides, mudslides, erosive processes, culvert collapses, bridge collapses, approach fills, and others that an Executive Branch body considers as such and so justifies. The repair and maintenance of existing roads and highways are also considered minor projects.\n\nThe works must be specific, for a maximum period of 4 months, and with a maximum volume to extract of 20,000 cubic meters.\n\n**Article 153.—Application and requirements.** The application for authorization to extract material shall be submitted by the legal representative, duly accredited, of the interested entity, who shall be responsible for the work to be performed. The application must be submitted in original and 2 copies, and shall be accompanied by the documentation detailed below:\n\na) Sketch on a faithful and legible copy of the Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) sheet, scale 1:50,000, Lambert projection, size 22 X 27 cm (8 ½ X 11) with the cartographic coordinates in the margins and the sheet names clearly established. If the area is located on two or more cartographic sheets, they must be joined respecting the aforementioned size.\n\nb) Calculation of the fixed position triangle based on the coordinates of one of the I.G.N. landmarks, and the coordinates of two consecutive stations of the polygon, or a topographic tie-in (amarre topográfico) to an existing civil structure in the area with a duration of more than 10 years.\n\nc) The site of the extraction work must be indicated, as well as the site where the extracted materials will be used.\n\nd) Description of work containing:\n\n1. Methods and exploitation system to be employed.\n\n2. Description of the equipment to be used and characteristics of the machinery.\n\n3. Exploitation period.\n\n4. Lithologies to be utilized, calculation of the available reserves at the source, and volume of material required.\n\nThis information must be signed by a geologist or mining engineer, who shall be responsible for the work to be executed.\n\ne) The Executive Branch body must designate a responsible professional for the duration of the project, who will maintain the pertinent controls of the exploitation process.\n\nf) In the case of quarries (canteras), permission from the property owner must be provided, accompanied by a property registry or notarial certification. Topographic map (plano topográfico) of the parent property and topographic map of the area to be exploited. In the case of material extraction in public domain channels, indication of the access route to the river, and if said route is private, present the owner's permission and certification of ownership, whether notarial or issued by the Public Registry. If the route is public, a certification from the corresponding Municipality shall be provided.\n\nIf said information is not submitted complete, it will not be admitted for processing.\"\n\n**II.- On admissibility.** From the very content of the challenged provisions, the inadmissibility of the action is evident regarding Articles 140 and 141 of the challenged Regulation, which refer to works executed by the Administration, not excluded from the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental); indeed, from their textual reading it is corroborated that they cannot be attributed the constitutional defects pointed out by the claimant, given that Article 140 does not contemplate any exemption from the environmental impact assessment and Article 141, subsection b), on the contrary, prescribes the approval of the corresponding study by SETENA, whereby the action proceeds solely against the remaining challenged articles. Given the nature of the matter, the claimant is legitimized to file the action directly, as it concerns the defense of the environment, in accordance with the provisions of Article 50 of the Constitution, Article 75, paragraph 2, of the Law of Constitutional Jurisdiction, apart from what has been recognized, on the matter, by the jurisprudence of this Chamber (see, among others, rulings #3705-93 of 3:30 p.m. on July 30, 1993, and #2001-8239 of 4:07 p.m. on August 14, 2001). The action is admissible in accordance with the provisions of Article 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\n**III.- On the merits.** The fundamental issue to consider in this action is the constitutional validity of Articles 129 and 153 of the challenged Decree insofar as they incur in the omission of the requirement for an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for the authorization of minor and specific mining exploitation projects, both of the Municipalities and autonomous entities, and of the State, which are defined, respectively, in Articles 128 and 152 of the same Decree. The unconstitutionality claimed, in the case of these last two articles, does not arise, in itself, from the content of these provisions, which solely contain a definition of what is considered \"minor and specific projects,\" but from the fact that in the articles regulating the respective application and requirements (129 and 153), the environmental impact assessment is not included, and that, in general, no limitation is established on the number of exploitations authorizable through these procedures. The Chamber considers that the mere definition of the so-called minor and specific projects in Articles 128 and 152 of the challenged Decree does not entail, in itself, any unconstitutionality, because in them, the Executive Branch indicates a type of project that is considered minor and specific and that, as such, does not lead to any violation of the rights alleged by the claimant, except for its application or effects, by virtue of the exemption from the environmental impact assessment, due to the omission of including it in the correlative requirements of the authorization applications regulated in Articles 129 and 153, which do not entail any other constitutional defect than that of the indicated omission.\n\n**IV.-** The solution to the case is based on specific precedents of this Chamber, in which it has been made clear that:\n\n1.  State institutions are the first called upon to comply with environmental precautionary legislation, without there being any justification for exempting them from compliance with environmental requirements, such as, for example, the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), which the Organic Law of the Environment requires for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment (see ruling #2001-6503);\n\n2.  It is not constitutionally possible to make exceptions to the environmental impact assessment based on general criteria or conditions established in laws and regulations, which would empty Article 50 of the Constitution of its content (see ruling #2002-01220 of 2:48 p.m. on February 6, 2002); and,\n\n3.  By virtue of the precautionary principle, established in binding international norms of supra-legal rank, in order to provide due protection to the right to a healthy and balanced environment, the obligation of the environmental impact assessment is imposed. At the 1992 United Nations Conference on Environment and Development, where Costa Rica signed, along with other nations, the Rio Declaration, it is necessary to point out Principle 15: \"In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation,\" and Principle 17: \"Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority\" (see ruling #2002-05977 of 11:23 a.m. on June 14, 2002).-\n\n**V.-** Of particular interest is what was considered by this Tribunal in the unconstitutionality action #01-002886-0007-CO, brought against Articles 19 and 20 of Decreto Ejecutivo #26.228-MINAE, regarding urban development projects, in the sense that:\n\n\"Article 50 of the Constitution is the direct source of the right of 'every person' to a healthy and ecologically balanced environment, which binds the Public Powers in the protection of the environment, conceptualized in the broadest possible sense, in the application of the protective norm. Repeatedly, this Chamber has indicated that the development of fundamental rights and public freedoms is a matter reserved for law; it is for this reason that in this field, the regulatory power that the Political Constitution itself reserves to the Executive Branch is unimaginable without the existence of a law. It has already been pointed out that the Organic Law of the Environment establishes in Article 17, as a development of the provisions of Article 50 of the Constitution, the obligation to have an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) to carry out activities or projects that by their nature may alter or contaminate the environment. As the Procuraduría rightly points out in its report, the environmental impact assessment is conceived, by the legislator, as a technical procedure that allows controlling a possible environmental alteration with the consequent impact on ecosystems. Without a doubt, this is a technical matter whose detailed regulation escapes the logic of the legislative procedure and can, as a thesis of principle and within the existing legal framework, be regulated by the Executive Branch. The Organic Law of the Environment clearly states that '...Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment created in this law...', which allows affirming, in a correct reading, that no human activity that may alter or contaminate the environment can dispense with the referred environmental impact assessment. The formula that the Executive Branch has devised so that it can be established, 'prima facie', whether the human activity undertaken may alter or destroy the environment, has been the presentation of the form called 'Preliminary Environmental Assessment' (Evaluación Ambiental Preliminar). It is not then, as the Administrative Environmental Tribunal maintains in its report, that the Executive Branch has absolute discretion to indicate the projects that must carry out the environmental impact assessment, since by provision of the Political Constitution itself (Art. 50) and the Organic Law of the Environment, as a general principle, all human activity that modifies the environment 'shall require' the referred study. It is therefore the condition of the project or work that will determine, in each case, whether the environmental impact assessment is required or not, and not the establishment of arbitrary conditions through regulations. The regulation should only establish the manner in which the project's conditions will be known, and that is what will determine the appropriateness or inappropriateness of the environmental impact assessment. This means that the defense and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, conceptualized in Article 50 of the Constitution, is the fundamental right of every person and functions as an inescapable general principle, so that in this matter it is not possible to make generic exceptions (in urban planning matters and other topics dealt with in Articles 19 and 20) to exonerate compliance with environmental obligations, as this risks deconstitutionalizing the guarantee of a state response in defense of the environment. This being the case, the mechanism used by the Executive Decree determining 'a priori' activities or works that are exempt from the environmental impact assessment, based on the size of the work, the existence of regulatory plans, the number of people in the operation or activity, the number of rooms, the project's classification (social interest), or land use, evidences an excess in the exercise of the regulatory power that exceeds the referral to Article 17 of the Organic Law of the Environment and empties the right of the inhabitants for the Public Powers to exercise direct environmental control—not by delegation in regencies—in the application of the protective legislation. This is not to say that the Executive Branch cannot, through regulations, determine, based on precise technical studies, that a specific activity or project does not require environmental impact assessments; but this implies that such a definition is duly motivated and justified. It should be remembered that in the case of exempting a higher-ranking (constitutional) control, the reasonableness and proportionality of the exceptional circumstance will be reviewable by the judge, whether through ordinary legal channels or constitutional control. But to the general regime conceived by the derived Constituent, a generalized exception is inadmissible that has no other motivation or foundation than the very existence of the norm that so declares. (...) it should be taken into account that by legal provision, 'all' human activities that transform the environment must undergo the preliminary assessment study. On the other hand, the Procuraduría maintains, regarding urban development projects, that the amended norm violates the principle of reasonableness, and the Chamber must conclude, in application of its own jurisprudence on this subject, that this is so insofar as not a single technical justification has been presented to this Tribunal to 'preventively' and 'generically' exclude certain urban development projects from the technical studies, with which we are additionally in the presence of an evident and manifest unreasonableness that this Chamber must declare. The Chamber must insist that it is the specific situation of the project or human activity that may cause the presentation of an environmental study to become unnecessary, but not the regulatory norm.\"\n\nIndeed, a very small area of land can be biologically important and therefore require all types of environmental control; and another area, vast, could lack that importance; furthermore, the existence of a regional plan or cantonal regulatory plan that establishes land use (uso del suelo) does not exclude the obligation of the study, as the development company seems to understand it, since the specific environmental control established by numeral 17 of the Organic Law of the Environment is grounded in Article 50 of the Political Constitution, which cannot be understood as displaced by local norms; rather, they must be integrated in consideration of that protective mandate\" (ruling #2002-01220 of 14:48 hours on February 6, 2002).\n\n**VI.-** Following the same reasoning of said ruling, the exclusion of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and its approval by SETENA for minor and specific projects, ordered in Articles 129 and 153 of the challenged Decree, constitutes a defect in the exercise of regulatory power, insofar as it does not fall within the assumptions of regulatory delegation provided for by Article 17 of the Organic Law of the Environment and developed by the Chamber in the referenced rulings; thereby, it violates, by emptying it of content, the fundamental right recognized in Article 50 of the Constitution. To reach this conclusion, the Chamber has considered that the minor projects defined in the Decree, regarding the possibility of environmental damage they may cause, do not differ at all from the others contemplated in the Decree, in which approval by SETENA of the respective environmental impact assessment is indeed required. The constitutionality of the challenged norms is defended by the then Minister of the Presidency and Minister of Environment and Energy with the argument that the special procedures for minor projects are defined by a quantitative extraction limit of 20,000 cubic meters, calculated based on the number of wagons that, during four months, can transport the materials to be used, over a distance between the extraction site and the usage site whose journey does not exceed half an hour, for a period of four months, which does not constitute any reasoning adjusted to the rules of science or technique from which it can be derived that such mining operations do not produce considerable negative impacts on the environment that justify the non-application of the respective study. On the contrary, in the same Decree, the requirement is established for any other mining activities carried out by a private party, as well as for other operations by Municipalities and autonomous entities (Art. 112) of the State (Art. 141) and by State contractors (Art. 160), regardless of whether or not they exceed 20,000 cubic meters. So the same Decree provides sufficient reasons to consider that the obligation of the environmental impact assessment in all these cases is reasonable and that mining activity entails an evident environmental risk, which, although, according to the Ministers, is not surmountable in all cases through the environmental impact assessment, said study is effective in the majority of cases and, above all, is indispensable, in application of the precautionary principle (principio precautorio), to the extent that mining operations constitute one of the situations provided for in Article 17 of the Organic Law of the Environment, inasmuch as activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, will require an environmental impact assessment, by SETENA.\n\n**VII.-** An integral reading of the challenged Decree, in light of the Constitution, the provisions of the Mining Code on environmental protection (Arts. 98 to 104), and the Chamber's jurisprudence, leads to the conclusion that there is an evident unconstitutionality in Articles 129 and 153 of the Decree, by omission, given that they did not include the obligatory requirement of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) approved by SETENA, in the cases contemplated in Articles 128 and 152, as it did in all others. The violation of the Constitution can occur by action as well as by omission (Art. 73 of the Constitutional Jurisdiction Law) and, in the present case, the unconstitutionality lies in the omission to include the requirement of the environmental impact assessment. Therefore, it is appropriate to grant the action in the sense that the omission to require the environmental impact assessment and its corresponding approval by SETENA as a prerequisite for the requests regulated in Articles 129 and 153 of Executive Decree #29300-MINAE \"Regulations to the Mining Code\" is unconstitutional, for which reason said requirement must be demanded for the purpose of authorizing the minor and specific projects defined in Articles 128 and 152 of the same Decree. The foregoing declaration has declaratory and retroactive effect to the effective date of the act or the norm, without prejudice to rights acquired in good faith.\n\n**VIII.-** However, the foregoing decision obliges the Chamber to consider whether said unconstitutionality gives rise to the annulment consequences provided for in Article 88 of the Constitutional Jurisdiction Law or whether, on the contrary, it is possible to resort to other provisions to remedy the declared unconstitutionality, because the constitutional infringement derives from an omission. This Tribunal, in the exercise of constitutional review, has applied the principle of preservation of norms, to issue annulment rulings when the constitutional infringement is insurmountable, whether by confronting the text of the norm, its effects, its interpretation, or its application by public authorities, with constitutional norms and principles (Art. 3). To the extent that the constitutionality of the norm is surmountable through its conforming interpretation or by another means, the drastic annulment solution can and must be avoided. The legislator did not provide concrete regulations regarding estimatory rulings in cases where the constitutional violation has been declared due to an omission; therefore, the Chamber, in some case, has analogously applied the second paragraph of Article 49 of the Constitutional Jurisdiction Law, referring to amparo, which provides that \"if the amparo had been established so that an authority regulates, complies with, or executes what a law or other normative provision orders, said authority shall have two months to comply with the order\" (see ruling #1463-90 of 14:30 hrs. on October 30, 1990). However, the Chamber considers that said provision, although applicable to cases where there has been an omission to regulate, as determined through amparo or the action of unconstitutionality, is not necessarily applicable in cases like the present one, where the estimatory ruling on the action detects a normative omission, or a gap, which may even be a consequence of an error by the person issuing the norm, which is, precisely, the cause of the unconstitutionality and which can be remedied by other means. Indeed, the legislator left in the hands of the Tribunal the solution to unconstitutional omissions and unconstitutionalities by omission, for which the Tribunal must order what is appropriate, in accordance with Article 14 of the Constitutional Jurisdiction Law, according to which, in the absence of an express provision, the principles of constitutional law shall be applied, as well as those of general public and procedural law or, as the case may be, those of international or community law and, in addition, in order, the General Law of Public Administration, the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction, and the Procedural Codes. Since the unconstitutionality lies in said omission, not in the content of the norms themselves, it is also not appropriate to apply the annulment effects provided for in Article 88 of the Constitutional Jurisdiction Law because said omission cannot result in an annulment ruling, since it is obvious that no annulment is applicable to omissions; rather, the omission must only be repaired or satisfied.\n\n**IX.-** Despite the simplicity of the underlying constitutional argument from which the indicated unconstitutionality derives, the matter entails a particular situation, from the point of view of the effects of the ruling, since a pure and simple application of what is provided in Article 88 of the Constitutional Jurisdiction Law would lead to the drastic solution of ordering the annulment of Articles 129 and 153 of the Decree; however, none of the requirements contemplated in those provisions are challenged, nor does the Chamber find any unconstitutionality. What occurs, from the point of view of the normative structure, is not that said articles are unconstitutional, but that the norm stating that the approval of the minor and specific projects provided for in Articles 128 and 152 of the Decree requires the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) was omitted, which norm exists in the legal order, derived from Article 50 of the Constitution, the international instruments cited supra, and the Chamber's jurisprudence, with which, it must be interpreted, in the same way this Tribunal has done through amparo, that the environmental impact assessment is obligatory for other specific cases, equally, for the minor and specific procedures.\n\n**Por tanto:**\n\nIt is declared that the action is granted, solely insofar as it is ordered that the omission to require the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) and its corresponding approval by SETENA as a prerequisite for the requests regulated in Articles 129 and 153 of Executive Decree #29300-MINAE \"Regulations to the Mining Code\" is unconstitutional, for which reason said requirement must be demanded for the purpose of authorizing the minor and specific projects defined in Articles 128 and 152 of the same Decree. In all other respects, the action is declared without merit. This ruling is declaratory and retroactive to the date said law entered into force, without prejudice to rights acquired in good faith. Let this pronouncement be summarized in the Official Gazette La Gaceta, published in its entirety in the Judicial Bulletin, and communicated to the Legislative and Executive Branches. Notify.-\n\nLuis Fernando Solano C.\nPresidente\n\nLuis Paulino Mora M.                                   Carlos M. Arguedas R.\n\nGilbert Armijo S.                                      Ernesto Jinesta L.\n\nSusana Castro A.                                       Alejandro Batalla B."
}