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  "id": "nexus-sen-1-0007-284063",
  "citation": "Res. 12159-2003 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Mora administrativa y legitimación vicaria en amparo de pensión",
  "title_en": "Administrative Delay and Vicarious Standing in Pension Amparo",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un grupo de personas a favor de Olga Marita Campos Mejías contra la Dirección Nacional de Pensiones, por la demora en resolver una gestión jubilatoria iniciada el 9 de septiembre de 2002 ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la cual fue remitida a la Dirección el 3 de diciembre de 2002. Los recurrentes alegan violación al derecho a la justicia administrativa del artículo 41 constitucional. La autoridad recurrida argumenta falta de legitimación activa de los recurrentes, ya que actúan como representantes de organizaciones magisteriales. La Sala rechaza este argumento y recuerda que el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional permite la legitimación vicaria, facultando a cualquier persona a interponer amparo a favor de un tercero. En cuanto al fondo, constata que el acto administrativo fue emitido el 27 de agosto de 2003, luego de transcurrido en exceso el plazo de un mes calendario establecido en el artículo 89 de la Ley 7531 reformada por la Ley 7946, por lo que tiene por acreditada la mora administrativa. En consecuencia, declara con lugar el recurso y condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by a group of individuals on behalf of Olga Marita Campos Mejías against the National Pension Directorate, due to the delay in resolving a retirement claim initiated on September 9, 2002 before the National Teachers' Pension and Retirement Board, which was forwarded to the Directorate on December 3, 2002. The petitioners allege a violation of the right to administrative justice under Article 41 of the Constitution. The respondent authority argues that the petitioners lack standing, since they act as representatives of teachers' organizations. The Chamber rejects this argument and recalls that Article 33 of the Constitutional Jurisdiction Law permits vicarious standing, allowing any person to file amparo on behalf of a third party. On the merits, it finds that the administrative act was issued on August 27, 2003, long after the one-calendar-month deadline established in Article 89 of Law 7531 as amended by Law 7946, thus the administrative delay is proven. Consequently, it grants the amparo and orders the State to pay costs, damages, and losses.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "28/10/2003",
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    "legitimación vicaria",
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    "Dirección Nacional de Pensiones",
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    "costas, daños y perjuicios"
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  "keywords_es": [
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    "Ley 7531",
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  "excerpt_es": "En lo tocante a la falta de legitimación activa aducida por la autoridad recurrida es preciso indicar que, en el recurso de amparo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional en su numeral 33 establece una legitimación vicaria al indicar que \"cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo a favor de un tercero\". Así las cosas, los recurrentes sí tienen legitimación para interponer el presente proceso.\n\nEl amparo se ha presentado por violación del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. [...] Como en la especie, la prueba documental aportada permite constatar que el acto administrativo que la persona amparada pedía a la Dirección Nacional de Pensiones fue emitido, luego de que había transcurrido sobradamente el mes calendario a que se refiere el artículo 89 de la Ley Nº 7531 –reformada por Ley 7946 de 3 de diciembre de 1999–, esta Sala tiene por acreditada la mora administrativa alegada.",
  "excerpt_en": "Regarding the lack of standing alleged by the respondent authority, it must be noted that in amparo proceedings, the Constitutional Jurisdiction Law in its Article 33 establishes vicarious standing by stating that 'any person may file an amparo action on behalf of a third party.' Thus, the petitioners do have standing to bring this action.\n\nThe amparo was filed for violation of the right to a prompt and proper administrative procedure. [...] In the present case, the documentary evidence submitted allows the Chamber to verify that the administrative act that the protected person requested from the National Pension Directorate was issued after the one-calendar-month period referred to in Article 89 of Law No. 7531 – amended by Law 7946 of December 3, 1999 – had amply elapsed; therefore, the Chamber finds the alleged administrative delay proven.",
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-284063",
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  "body_es_text": "Exp: 03-002025-0007-CO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\nExp:\r\n03-002025-0007-CO\n\r\n\r\n\nRes:\r\n2003-12159\n\r\n\r\n\nSALA\r\nCONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas\r\ncon veinticinco minutos del veintiocho de octubre del dos mil tres.-\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\nRecurso de amparo interpuesto por José María Campos Morera, cédula de\r\nidentidad número 2-209-064, Marco Tulio García Cambronero, cédula de identidad\r\n4-101-1084, Eduardo Rojas Carranza, cédula de identidad 2-273-037, Gilda\r\nGonzález Picado, cédula de identidad 2-289-997, Floribeth López Ugalde, cédula\r\nde identidad 6-142-837, Carlos Luis Rojas Porras, cédula de identidad\r\n1-387-789, a favor de Olga Marita Campos Mejías, cédula\r\nnúmero 5-121-500, contra la Dirección Nacional de Pensiones.\n\r\n\r\n\nResultando:\n\r\n\r\n\n1.- Por escrito\r\nrecibido en la Secretaría de la Sala el 25 de febrero\r\nde 2003, los recurrentes interponen recurso de amparo a favor de Olga Marita Campos Mejías, contra la Dirección Nacional de\r\nPensiones. Manifiestan que el 9 de septiembre de 2002\r\nfue planteada una gestión jubilatoria ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones\r\ndel Magisterio Nacional. Indican que esta entidad ya concluyó la primera fase\r\nde aprobación mediante la resolución número 11951.\r\nAñaden que el 3 de diciembre de 2002, la accionada\r\nrecibió el expediente administrativo correspondiente. Reclaman que a la fecha\r\nde interposición del recurso, tal gestión no había sido resuelta, lo que\r\nconsideran una lesión al derecho a la justicia administrativa contemplado en el\r\nartículo 41 de la Constitución Política. Por ello, solicitan se declare con\r\nlugar el recurso.\n\r\n\r\n\n2.- Informa bajo\r\njuramento Jeremías Vargas Chavarría, en su condición de Director Nacional de\r\nPensiones, que no le constan los hechos porque el expediente respectivo ya fue\r\ndevuelto a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Alega\r\nque los accionantes carecen de legitimación activa por que actúan en su\r\ncarácter de representantes generales de organizaciones magisteriales. Por ello,\r\nsolicita se desestime el recurso.\n\r\n\r\n\n3.- Mediante\r\nresolución interlocutoria de esta Sala, se ordenó a la Junta de Pensiones y\r\nJubilaciones del Magisterio Nacional, como prueba para mejor resolver, indicara\r\nsi la Dirección Nacional de Pensiones aprobó el acto correspondiente, la\r\nnaturaleza de la resolución que dictó, y la fecha en que el expediente fue\r\nrecibido en la Junta.\n\r\n\r\n\n4.- Mediante escrito\r\nrecibido el 14 de octubre del 2003, el Presidente de la Junta de Pensiones y\r\nJubilaciones del Magisterio Nacional aportó la prueba ordenada, indicando que\r\nla gestión fue denegada, y el expediente fue devuelto a la\r\nJunta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional el 27 de agosto de 2003.\n\r\n\r\n\n5.- En los\r\nprocedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\nRedacta el Magistrado Batalla\r\nBonilla; y,\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\nConsiderando:\n\r\n\r\n\nI.- En lo tocante a la\r\nfalta de legitimación activa aducida por la autoridad recurrida es preciso\r\nindicar que, en el recurso de amparo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional\r\nen su numeral 33 establece una legitimación vicaria al indicar que\r\n\"cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo a favor de un tercero\".\r\nAsí las cosas, los recurrentes sí tienen legitimación para interponer el\r\npresente proceso.\n\r\n\r\n\nII.- El amparo se ha presentado por violación del derecho a un\r\nprocedimiento administrativo pronto y cumplido. La jurisprudencia de la Sala,\r\nconcretamente, por las gestiones que se presentan ante la Dirección Nacional de\r\nPensiones, es abundantísima y, por ello, es\r\ninnecesario ahondar en aspectos teóricos de lo que es el recurso de amparo y\r\ndefinir los principios y derechos que se violentan con la tardanza en resolver.\r\nComo en la especie, la prueba documental aportada permite constatar que el acto\r\nadministrativo que la persona amparada pedía a la Dirección Nacional de\r\nPensiones fue emitido, luego de que había transcurrido sobradamente el mes\r\ncalendario a que se refiere el artículo 89 de la Ley Nº 7531 –reformada por Ley\r\n7946 de 3 de diciembre de 1999–, esta Sala tiene por acreditada la mora\r\nadministrativa alegada. En consecuencia, el recurso resulta procedente y así\r\ndebe declararse.\n\r\n\r\n\nPor tanto:\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\nSe declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las\r\ncostas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta\r\ndeclaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso\r\nadministrativo.\n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\nLuis Fernando\r\nSolano C.\n\r\n\r\n\nPresidente\n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\nCarlos M. Arguedas R. Adrián\r\nVargas B.\n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\nGilbert Armijo S. José\r\nMiguel Alfaro R.\n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\nAlejandro Batalla B. Federico\r\nSosto L.",
  "body_en_text": "Exp: 03-002025-0007-CO\n\nRes: 2003-12159\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fifteen hours and twenty-five minutes on the twenty-eighth of October, two thousand three.-\n\nAmparo action (Recurso de amparo) filed by José María Campos Morera, identity card number 2-209-064, Marco Tulio García Cambronero, identity card number 4-101-1084, Eduardo Rojas Carranza, identity card number 2-273-037, Gilda González Picado, identity card number 2-289-997, Floribeth López Ugalde, identity card number 6-142-837, Carlos Luis Rojas Porras, identity card number 1-387-789, on behalf of Olga Marita Campos Mejías, identity card number 5-121-500, against the Dirección Nacional de Pensiones.\n\nResultando:\n\n1.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber on February 25, 2003, the petitioners file an amparo action on behalf of Olga Marita Campos Mejías against the Dirección Nacional de Pensiones. They state that on September 9, 2002, a retirement proceeding (gestión jubilatoria) was filed before the Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. They indicate that this entity had already completed the first phase of approval through resolution number 11951. They add that on December 3, 2002, the respondent received the corresponding administrative file (expediente administrativo). They claim that as of the date the action was filed, said proceeding had not been resolved, which they consider an injury to the right to administrative justice enshrined in Article 41 of the Political Constitution. Therefore, they request that the action be granted.\n\n2.- Jeremías Vargas Chavarría reports under oath, in his capacity as Director Nacional de Pensiones, that the facts are not within his knowledge because the respective file had already been returned to the Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. He alleges that the petitioners lack standing to sue (legitimación activa) because they are acting in their capacity as general representatives of teachers' organizations. Therefore, he requests that the action be dismissed.\n\n3.- By interlocutory order of this Chamber, the Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional was ordered, as discovery for better adjudication (prueba para mejor resolver), to indicate whether the Dirección Nacional de Pensiones approved the corresponding act, the nature of the ruling it issued, and the date on which the file was received by the Junta.\n\n4.- By written submission received on October 14, 2003, the President of the Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional provided the ordered evidence, stating that the proceeding was denied, and the file was returned to the Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional on August 27, 2003.\n\n5.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\nChamber Magistrate Batalla Bonilla drafted this ruling; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- Regarding the lack of standing to sue alleged by the respondent authority, it is necessary to point out that, in amparo actions, the Ley de la Jurisdicción Constitucional in its Article 33 establishes vicarious standing by stating that \"any person may file an amparo action on behalf of a third party.\" Thus, the petitioners do have standing to file the present proceeding.\n\nII.- The amparo action was filed for violation of the right to a prompt and diligent administrative procedure. The Chamber's jurisprudence, specifically regarding proceedings filed before the Dirección Nacional de Pensiones, is extremely abundant and, therefore, it is unnecessary to delve into theoretical aspects of what the amparo action is and to define the principles and rights that are violated by the delay in resolving. As in the instant case, the documentary evidence provided allows verification that the administrative act that the protected person sought from the Dirección Nacional de Pensiones was issued after the calendar month referred to in Article 89 of Law No. 7531 – as amended by Law 7946 of December 3, 1999 – had amply elapsed, this Chamber deems the alleged administrative delay (mora administrativa) to be proven. Consequently, the action is admissible and must be declared as such.\n\nPor tanto:\n\nThe action is granted. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the administrative contentious jurisdiction.\n\n \n\n \n\nLuis Fernando Solano C.\n\nPresidente\n\n \n\n \n\nCarlos M. Arguedas R. Adrián Vargas B.\n\n \n\n \n\n \n\nGilbert Armijo S. José Miguel Alfaro R.\n\n \n\n \n\n \n\nAlejandro Batalla B. Federico Sosto L.\n\nArguedas R.                                              Adrián Vargas B.\n\n \n\n \n\n \n\nGilbert Armijo S.                                              José Miguel Alfaro R.\n\n \n\n \n\n \n\nAlejandro Batalla B.                                               Federico Sosto L.\n\n \n\nRegarding the lack of standing (legitimación activa) alleged by the respondent authority, it is necessary to indicate that, in the amparo appeal, the Constitutional Jurisdiction Law in its section 33 establishes vicarious standing (legitimación vicaria) by stating that \"any person may file an amparo appeal on behalf of a third party.\" Thus, the appellants do have standing to file the present proceeding.\n\nThe amparo has been filed for violation of the right to a prompt and fulfilled administrative procedure. The Chamber's jurisprudence, specifically, for the proceedings filed before the National Pension Directorate, is extremely abundant and, therefore, it is unnecessary to delve into theoretical aspects of what the amparo appeal is and to define the principles and rights that are violated by the delay in resolving. As in this case, the documentary evidence provided allows verification that the administrative act that the amparo beneficiary requested from the National Pension Directorate was issued, after the calendar month referred to in Article 89 of Law No. 7531 –reformed by Law 7946 of December 3, 1999– had amply elapsed, this Chamber finds the alleged administrative delay (mora administrativa) proven. Consequently, the appeal is admissible and must be so declared.\n\nArguedas R.                                              Adrián Vargas B.\n\nGilbert Armijo S.                                            José Miguel Alfaro R.\n\nAlejandro Batalla B.                                        Federico Sosto L."
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