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  "id": "nexus-sen-1-0007-327719",
  "citation": "Res. 15753-2005 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Irretroactividad en aplicación de acuerdo sobre viáticos a funcionarios judiciales",
  "title_en": "Non-retroactivity in applying agreement on per diems to judicial officials",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por tres funcionarios del Poder Judicial contra el Consejo Superior del Poder Judicial, el Departamento de Tesorería y la Sección de Desarrollo Organizacional. Los recurrentes alegan violación al principio de irretroactividad y al derecho a la igualdad, debido a que se les suspendió el pago de viáticos (transporte nocturno) una vez que fueron nombrados en propiedad, aplicándoseles una disposición del Consejo Superior de abril de 2003 que estableció que en los concursos futuros no se pagaría ese servicio. Los recurrentes habían participado en un concurso publicado en noviembre de 2002, antes del acuerdo, y fueron nombrados interinamente en enero de 2003, por lo que consideran que la medida no debía regir para ellos. La Sala constata que el Consejo Superior interpretó erróneamente su propio acuerdo, aplicándolo a personas nombradas después del 29 de abril de 2003, sin distinguir si el concurso que originó su nombramiento fue anterior. Eso provocó una aplicación retroactiva indebida y un trato desigual injustificado entre interinos y propietarios. La Sala declara con lugar el recurso, anula los acuerdos interpretativos posteriores (artículo L de la sesión 052-2003 y artículo LXXII de la sesión 061-2003) y ordena que se restablezca el pago de viáticos a los recurrentes de acuerdo con el alcance original del acuerdo de abril de 2003, es decir, que solo aplica a concursos publicados después de esa fecha. Asimismo, ordena girar instrucciones para que en quince días se determine y pague lo adeudado, y condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo action filed by three Judicial Branch employees against the Superior Council of the Judiciary and related administrative bodies. The plaintiffs allege violation of the principle of non-retroactivity and the right to equality because their per diem payments for nighttime transportation were suspended once they obtained permanent (propiedad) status, under a Council agreement of April 2003 that discontinued such payments for competitions (concursos) initiated after that date. The plaintiffs had participated in a competition published in November 2002, before the agreement, and were appointed as interim (interinos) in January 2003; they argue the measure should not apply to them. The Chamber finds that the Council misconstrued its own agreement by applying it to persons appointed after April 29, 2003, without regard to whether the underlying competition predated that agreement. This constituted an improper retroactive application and an unjustified unequal treatment. The Chamber declares the amparo with merit (con lugar), annuls the subsequent clarifying agreements (Art. L, session 052-2003 and Art. LXXII, session 061-2003), and upholds the original agreement as meaning it applies only to competitions published after April 29, 2003. It orders the respondent authorities to issue instructions to determine and pay the owed per diems within fifteen days, and condemns the State to pay costs, damages, and losses.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "17/11/2005",
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    "Consejo Superior del Poder Judicial",
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  "keywords_es": [
    "irretroactividad",
    "viáticos",
    "Consejo Superior del Poder Judicial",
    "funcionarios judiciales",
    "principio de igualdad",
    "derechos adquiridos",
    "Sala Constitucional",
    "recurso de amparo",
    "nombramiento en propiedad",
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  "keywords_en": [
    "non-retroactivity",
    "per diems",
    "Superior Council of the Judiciary",
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    "Constitutional Chamber",
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  "excerpt_es": "Como se dijo en el objeto del recurso lo que esta Sala analizará será si se está aplicando retroactivamente lo dispuesto por el Consejo Superior del Poder Judicial en el artículo XXVI de la sesión º29-2003 del 29 de abril del 2003 en perjuicio de los recurrentes. Al respecto, del informe rendido por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se pueden llegar a la conclusión de que sí ha habido una aplicación retroactiva del citado acuerdo en perjuicio de los recurrentes por cuanto dicho acuerdo establecía que a partir de esa fecha -el 29 de abril del 2003- “para todos aquellos concursos que se hagan en adelante” no se pagaría el servicio de transporte ni de taxi con recursos del Poder Judicial de las 22 horas a las 5 horas del día siguiente (folio 020) y se les aplicó a los recurrentes a pesar de que el concurso que motivó sus nombramiento salió desde meses antes de este acuerdo, a saber, el 27 de noviembre del 2002 (folio 130-131) por lo que el mencionado acuerdo no debía tener aplicación a ese concurso. Efectivamente se denota una confusión en los posteriores acuerdos tomados por el Consejo que interpretan que la disposición de no pagar el transporte rige 'para las personas que hayan sido nombradas con posterioridad' al 29 de abril del 2003 (véase el acuerdo tomado en el artículo L de la sesión nº052-2003 del 17 de julio del 2003 al folio 076) y que por tanto los 'únicos que seguirán recibiendo viáticos son los servidores propietarios que lo fueran con anterioridad al 29 de abril del 2003' (véase el acuerdo aclaratorio en el artículo LXXII tomado en la sesión nº061-2003 del 19 de agosto del 2003 al folio 058-064), cuando en realidad lo que debía haberse interpretado para mantener el acuerdo original tomado el 29 de abril es que el acuerdo se aplica a las personas nombradas (interinas o en propiedad) en concursos que salieran luego del 29 de abril del 2003. Recuérdese lo que ha establecido esta Cámara en anteriores oportunidades respecto del principio de irretroactividad que se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada. Se ha entendido también que nadie tiene un \"derecho a la inmutabilidad del ordenamiento\", es decir, a que las reglas nunca cambien, por eso, el precepto constitucional no consiste en que, una vez nacida a la vida jurídica, la regla que conecta el hecho con el efecto no pueda ser modificada o incluso suprimida por una norma posterior; lo que significa es que -como se explicó- si se ha producido el supuesto condicionante, una reforma que cambie o elimine la regla no podrá tener la virtud de impedir que surja el efecto condicionado que se esperaba bajo el imperio de la norma anterior. Esto es así porque lo relevante es que el estado de cosas de que gozaba la persona ya estaba definido en cuanto a sus elementos y a sus efectos, aunque éstos todavía se estén produciendo o, incluso, no hayan comenzado a producirse. De este modo, a lo que la persona tiene derecho es a la consecuencia, no a la regla. Entonces, tal y como ha expresado la Sala en anteriores ocasiones, la derogación de las normas o el cambio de criterios normativos no producen el efecto de derogar también los derechos desarrollados a favor de los ciudadanos al momento de ser vigentes esas normas derogadas. Es el fenómeno jurídico que define la doctrina como la supervivencia del derecho abolido, porque, para los actos o contratos en vigor, la ley derogada continúa vigente para otorgar protección a esos actos y contratos contra las nuevas normas jurídicas. Pero, las nuevas situaciones jurídicas sí deberán regirse por el derecho actual y vigente por ser casos de innovación de derechos. En otros términos, el derecho abolido sigue protegiendo los actos y contratos y otros derechos adquiridos durante la vigencia de la ley, lo que encuentra su fundamento de la relación de los artículos 34 y 129 de la Constitución.",
  "excerpt_en": "As stated in the purpose of the action, the Chamber will analyze whether the provision issued by the Superior Council of the Judiciary in Article XXVI of session No. 29-2003 of April 29, 2003, is being applied retroactively to the detriment of the plaintiffs. In this regard, from the report rendered by the representatives of the respondent authorities—accepted under oath with the consequences, including criminal ones, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence submitted for the resolution of this matter, it can be concluded that there has indeed been a retroactive application of the aforementioned agreement to the detriment of the plaintiffs, because said agreement established that as of that date—April 29, 2003—'for all those competitions held from now on,' the transportation or taxi service would not be paid with Judicial Branch funds between 10:00 p.m. and 5:00 a.m. the following day (folio 020), and it was applied to the plaintiffs even though the competition that led to their appointment was launched months before this agreement, namely on November 27, 2002 (folio 130-131), so the said agreement should not have applied to that competition. Indeed, there is evident confusion in the subsequent agreements adopted by the Council, which interpreted the provision against paying transportation as applying 'to persons appointed after' April 29, 2003 (see the agreement adopted in Article L of session No. 052-2003 of July 17, 2003, at folio 076), and therefore that the 'only ones who will continue to receive per diems are the permanent employees who held that status before April 29, 2003' (see the clarifying agreement in Article LXXII adopted in session No. 061-2003 of August 19, 2003, at folio 058-064), when in reality, to maintain the original agreement of April 29, it should have been interpreted that the agreement applies to persons appointed (interim or permanent) in competitions launched after April 29, 2003. It is worth recalling what this Chamber has previously established regarding the principle of non-retroactivity, which translates into the certainty that a change in the legal framework cannot have the consequence that, if the factual premise had occurred before the legal reform, the (beneficial) consequence expected by the interested party from the consolidated legal situation would no longer arise. It has also been understood that no one has a 'right to the immutability of the legal system,' that is, that the rules never change; therefore, the constitutional precept does not consist in the fact that, once born into legal life, the rule linking the fact with the effect cannot be modified or even abolished by a later norm; what it means is that—as explained—if the triggering condition has occurred, a reform that changes or eliminates the rule cannot have the virtue of preventing the conditioned effect that was expected under the previous norm from arising. This is so because what matters is that the state of affairs enjoyed by the person was already defined in terms of its elements and effects, even if they are still occurring or have not yet begun to occur. Thus, what the person has a right to is the consequence, not the rule. Therefore, as the Chamber has expressed on previous occasions, the repeal of norms or changes in normative criteria do not have the effect of also repealing the rights developed in favor of citizens at the time those repealed norms were in force. This is the legal phenomenon that legal scholarship defines as the survival of the abolished right, because, for acts or contracts in force, the repealed law remains in effect to provide protection to those acts and contracts against new legal norms. However, new legal situations must be governed by current and valid law, as they are cases of innovation of rights. In other words, the abolished right continues to protect acts, contracts, and other acquired rights during the validity of the law, which finds its basis in the relationship between Articles 34 and 129 of the Constitution.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Chamber grants the amparo, finding retroactive application of a Superior Council agreement that suspended per diems; it annuls the clarifying agreements and orders payment of the owed amounts to the plaintiffs.",
    "summary_es": "La Sala declara con lugar el amparo por aplicación retroactiva de acuerdo del Consejo Superior que suspendió viáticos, anula acuerdos interpretativos y ordena el pago de lo adeudado a los recurrentes."
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      "quote_es": "El acuerdo se aplica a las personas nombradas (interinas o en propiedad) en concursos que salieran luego del 29 de abril del 2003."
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      "quote_en": "What the person has a right to is the consequence, not the rule.",
      "quote_es": "A lo que la persona tiene derecho es a la consecuencia, no a la regla."
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      "quote_en": "The repeal of norms or changes in normative criteria do not have the effect of also repealing the rights developed in favor of citizens at the time those repealed norms were in force.",
      "quote_es": "La derogación de las normas o el cambio de criterios normativos no producen el efecto de derogar también los derechos desarrollados a favor de los ciudadanos al momento de ser vigentes esas normas derogadas."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 15753 - 2005\n\nFecha de la Resolución: 17 de Noviembre del 2005 a las 10:30\n\nExpediente: 04-013285-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: TEMAS ANTERIORES\n\nTema: Condena en costas, daños y perjuicios al Estado\n\nTema: Poder Judicial\n\nSubtemas:\n\nSobre el pago de servicio de transporte a servidores del Poder Judicial.\nAnulación de acuerdos del Consejo Superior del Poder Judicial tomados en artículo L sesión nº052-2003 del 17 de julio del 2003 y el artículo LXXII sesión nº061-2003 del 19 de agosto del 2003.\n\nComo se dijo en el objeto del recurso lo que esta Sala analizará será si se está aplicando retroactivamente lo dispuesto por el Consejo Superior del Poder Judicial en el artículo XXVI de la sesión º29-2003 del 29 de abril del 2003 en perjuicio de los recurrentes. Al respecto, del informe rendido por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se pueden llegar a la conclusión de que sí ha habido una aplicación retroactiva del citado acuerdo en perjuicio de los recurrentes por cuanto dicho acuerdo establecía que a partir de esa fecha -el 29 de abril del 2003- “para todos aquellos concursos que se hagan en adelante” no se pagaría el servicio de transporte ni de taxi con recursos del Poder Judicial de las 22 horas a las 5 horas del día siguiente (folio 020) y se les aplicó a los recurrentes a pesar de que el concurso que motivó sus nombramiento salió desde meses antes de este acuerdo, a saber, el 27 de noviembre del 2002 (folio 130-131) por lo que el mencionado acuerdo no debía tener aplicación a ese concurso. Efectivamente se denota una confusión en los posteriores acuerdos tomados por el Consejo que interpretan que la disposición de no pagar el transporte rige “para las personas que hayan sido nombradas con posterioridad” al 29 de abril del 2003 (véase el acuerdo tomado en el artículo L de la sesión nº052-2003 del 17 de julio del 2003 al folio 076) y que por tanto los “únicos que seguirán recibiendo viáticos son los servidores propietarios que lo fueran con anterioridad al 29 de abril del 2003” (véase el acuerdo aclaratorio en el artículo LXXII tomado en la sesión nº061-2003 del 19 de agosto del 2003 al folio 058-064), cuando en realidad lo que debía haberse interpretado para mantener el acuerdo original tomado el 29 de abril es que el acuerdo se aplica a las personas nombradas (interinas o en propiedad) en concursos que salieran luego del 29 de abril del 2003. Recuérdese lo que ha establecido esta Cámara en anteriores oportunidades respecto del principio de irretroactividad que se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada. Se ha entendido también que nadie tiene un \"derecho a la inmutabilidad del ordenamiento\", es decir, a que las reglas nunca cambien, por eso, el precepto constitucional no consiste en que, una vez nacida a la vida jurídica, la regla que conecta el hecho con el efecto no pueda ser modificada o incluso suprimida por una norma posterior; lo que significa es que -como se explicó- si se ha producido el supuesto condicionante, una reforma que cambie o elimine la regla no podrá tener la virtud de impedir que surja el efecto condicionado que se esperaba bajo el imperio de la norma anterior. Esto es así porque lo relevante es que el estado de cosas de que gozaba la persona ya estaba definido en cuanto a sus elementos y a sus efectos, aunque éstos todavía se estén produciendo o, incluso, no hayan comenzado a producirse. De este modo, a lo que la persona tiene derecho es a la consecuencia, no a la regla. Entonces, tal y como ha expresado la Sala en anteriores ocasiones, la derogación de las normas o el cambio de criterios normativos no producen el efecto de derogar también los derechos desarrollados a favor de los ciudadanos al momento de ser vigentes esas normas derogadas. Es el fenómeno jurídico que define la doctrina como la supervivencia del derecho abolido, porque, para los actos o contratos en vigor, la ley derogada continúa vigente para otorgar protección a esos actos y contratos contra las nuevas normas jurídicas. Pero, las nuevas situaciones jurídicas sí deberán regirse por el derecho actual y vigente por ser casos de innovación de derechos. En otros términos, el derecho abolido sigue protegiendo los actos y contratos y otros derechos adquiridos durante la vigencia de la ley, lo que encuentra su fundamento de la relación de los artículos 34 y 129 de la Constitución.\n\nPor lo tanto, todos los actos posteriores a esta errónea interpretación del acuerdo del Consejo del Poder Judicial del 29 de abril del 2003 ocasionaron una aplicación retroactiva de dicho acuerdo en perjuicio de los recurrentes y por consiguiente una violación adicional al derecho de igualdad por cuanto se estaba dando un trato desigual no justificado entre los interinos nombrados con anterioridad al 29 de abril del 2003 y los propietarios nombrados con posterioridad a esa misma fecha (pero cuyo nombramiento obedeció a la participación en concursos salidos con anterioridad a esa fecha) que ocasionó una situación sin sentido donde a los primeros sí se les pagaba los viáticos y a los segundos no, teniéndose el caso de que una misma persona tuvo mejor situación nombrado como interino que como propietario. Así las cosas, lo correspondiente es declarar con lugar el recurso y anular los acuerdos del Consejo Superior del Poder Judicial tomados en artículo L sesión nº052-2003 del 17 de julio del 2003 y el artículo LXXII sesión nº061-2003 del 19 de agosto del 2003, quedando vigente el acuerdo tomado en el artículo XXVI sesión nº029-2003 del 29 de abril del 2003 para que se entienda que se aplica a todos las personas nombradas (interinos o en propiedad) en los concursos que salieron con posterioridad al 29 de abril del 2003. Ahora bien, la determinación de lo que corresponde pagar a los recurrentes, en virtud de lo resuelto en esta sentencia, es una cuestión de legalidad sobre la cual esta Sala no se puede pronunciar, sino que lo que se hace es ordenar a las autoridades recurridas girar las instrucciones pertinentes para que dentro del plazo de quince días se determine y pague ese monto.\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n*040132850007CO*\n\nExp: 04-013285-0007-CO\n\nRes: 2005-15753\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y treinta minutos del diecisiete de noviembre del dos mil cinco.-\n\nRecurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula número CED01, Nombre02, cédula de identidad número CED02 Y Nombre03, cédula número CED03, contra el CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL, EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE Y LA SECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DEL PODER JUDICIAL.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11 horas 10 minutos del 23 de diciembre del 2004, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL, EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE Y LA SECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DEL PODER JUDICIAL y manifiesta que: a) En diciembre del 2002 se inscribieron para participar en un concurso para ocupar en propiedad tres plazas vacantes de Auxiliar Judicial 2 en la Fiscalía de Turno Extraordinario del II Circuito Judicial de San José, concurso para el cual los tres cumplían los requisitos correspondientes; b) En enero del 2003 fueron nombrados interinamente en las plazas vacantes mencionadas, el servidor Nombre02 fue nombrado en la jornada que labora de lunes a miércoles y sábados y domingos de las 8 horas a las 16 horas, en tanto que los servidores Nombre01 y Nombre04 fueron nombrados durante la jornada conocida como “de turno extraordinario” con horarios rotativos que van de las 16 horas a las 24 horas y de las 00 horas a las 8 horas; c) Posteriormente mediante sesión nº29-2003 de las 08 horas del 29 de abril del 2003, artículo XXVI el Consejo Superior del Poder Judicial se acuerda: “Comunicar al Departamento de Personal que en todos aquellos concursos que se hagan en adelante para llenar plazas vacantes, se informe a los oferentes que por política de este Consejo, no se pagará el servicio de transporte ni de taxi con recursos del Poder Judicial , de las 22:00 horas a las 5:00 horas del día siguiente” ; d) Uno de los beneficios que se reconoce a los empleados que laboran en la jornada conocida como de “turno extraordinario” consiste en cancelar el costo del servicio de taxi desde el lugar de trabajo hasta el lugar de habitación con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para funcionarios públicos, por lo cual en sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nº40-03 del 05 de junio del 2003, artículo XXXIX se acordó autorizar el pago de transporte a los servidores Nombre01 y Nombre04, a partir del 29 de abril del 2003, monto pagado de forma ininterrumpida de mayo a noviembre del 2003, debiéndoles todavía los meses de enero a abril del 2003, pese a innumerables gestiones; e) En sesión del Consejo Superior nº85-03 del 11 de noviembre del 2003, artículo VI, acordó aprobar en propiedad sus nombramientos en la jornada de turno extraordinario con horarios rotativos que van de las 16 horas a las 24 horas y de las 00 horas a las 08 horas. Los servidores Nombre01 y Nombre04 ocuparon ininterrumpidamente una plaza vacante de auxiliar judicial 2 durante la jornada de “turno extraordinario” desde el 01 de enero del 2003 hasta el momento de obtener la propiedad y el servidor Nombre02 fue trasladado a dicha jornada una vez que adquirió la propiedad; f) Una vez los nombramientos en propiedad se comienza a aplicar lo acordado por el Consejo en sesión nº29-2003 y se suspende el pago de viáticos; g) El 16 de octubre del 2003 en sesión nº78-03 artículo XXIX el Consejo Superior establece de manera definitiva a cuáles servidores del Poder Judiciales les reconocerá el rubro correspondiente a viáticos y a cuáles no, y ellos quedaron excluidos; h) Con la anterior decisión, el Consejo Superior incurrió en un contrasentido por cuanto dispuso una disminución de derechos por adquirir un nombramiento en propiedad, provocando que su remuneración fuera mejor cuando servían de manera interina, y al mismo tiempo el Consejo Superior ordenó mantener el pago de viáticos para aquellos empleados de ese Poder que laboran en la jornada de turno extraordinario y que ya ostentaban la condición de propietarios en dicho puesto antes de abril del 2003; i) La disposición adoptada por el Consejo Superior fue tomada con posterioridad a la publicación del concurso para ocupar plazas en propiedad, pues de haber publicado el concurso después del acuerdo con seguridad no hubieran participado en el concurso, situación que se torna aún más perjudicial para el servidor Nombre04 quien para participar en el concurso renunció a un puesto en propiedad adquirido en la Unidad de Trámite Rápido del Ministerio Público; j) Reconocer el pago de viáticos a unos servidores y al mismo tiempo negarlo a otros, cuando trabajan en el mismo despacho y ejerciendo las mismas funciones crea una situación desigual. Solicitan los recurrentes que se ordene mantener el reconocimiento del pago de viáticos a favor de los suscribientes, así como el reconocimiento en forma retroactiva desde el momento de su interrupción.\n\n2.- Informa bajo juramento ALFONSO CHAVES RAMIREZ, en su calidad de Presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial (folio 013), que: a) El Consejo Superior en sesión nº29-2003 del 19 de abril del 2003 en sesión XXVI acordó que en los concursos que se hagan en adelante para llenar plazas vacantes no se pagará el servicio de transporte ni de taxi con recursos del Poder Judicial de las 22 horas a las 5 horas del día siguiente (anexo 1); b) En sesión Nº40-2003 celebrada el 05 de junio del 2003, artículo XXXIX se acogió el informe rendido por el Departamento de Planificación y se autorizó el pago de transportes en la forma propuesta, pero con la siguiente aclaración: “… en el entendido de que los que se encuentren con nombramiento interino, en caso de que se les nombre en propiedad, se les suspenderá el pago de conformidad con lo resuelto por este Consejo en la sesión del 29 de abril del presente año, artículo XXVI, en que se estableció la política de no pagar a los nuevos empleados el servicio de transporte ni de taxi con recursos del Poder Judicial, de las 22 horas a las 5 horas del día siguiente, por ser ese horario inherente al cargo que llenarían” (anexo 2); c) En sesión nº52-2003 del 17 de julio del 2003, artículo L, se aclaró el acuerdo anterior y se dijo: “… aplica tanto a servidores en propiedad como a interinos, indistintamente de las plazas que estos últimos ocupen y que esa disposición rige a partir del 29 de abril de este año, por lo que se reitera que las personas que hayan sido nombradas posteriormente a esa fecha, no les asiste ese derecho, amén de que el Departamento de Personal en todos los concursos que realiza, así lo hace saber a los oferentes…” (anexo 3); d) Mediante circular nº59-2003 del 23 de julio del 2003 se comunicó a los servidores y funcionarios judiciales del país lo dispuesto por el Consejo en la citada sesión del 29 de abril y se indicó que: “… Es entendido, que esta medida aplica tanto a servidores que tengan su puesto en propiedad, como a interinos, indistintamente de las plazas que estos últimos ocupen.” (Anexo 4); e) En sesión nº52-2003 del 17 de julio del 2003, artículo LXXII denegó la petición del señor Nombre04 tendente al pago retroactivo del beneficio de transporte (Anexo 5) y denegó la reconsideración interpuesta (Anexo 7); f) El Consejo Superior en sesión Nº61-2003 del 19 de agosto del 2003, artículo LXIII ante la gestión de varios servidores judiciales, por mayoría acordó: “… reiterar a los gestionantes y a los órganos administrativos correspondientes, que esa disposición rige desde el 29 de abril de este año y es aplicable para todos los servidores judiciales que realizan turno y que antes del 29 de abril indicado no hubieren adquirido el derecho a ese beneficio en su puesto en propiedad; es decir que los únicos empleados que seguirán recibiendo esa consideración, son aquellos que con anterioridad al 29 de abril estaban nombrados en propiedad y tenían derecho adquirido; pues los que para entonces eran servidores interinos, perderán el derecho una vez sean nombrados en propiedad, pues se estima que el horario es inherente al cargo en que fueren nombrados. O sea, los empleados nombrados en propiedad o interinamente luego del 29 de abril citado no pueden gozar del referido beneficio…” (Anexo 6); g) En sesión nº78-2003 del 16 de octubre del 2003, artículo XXIX mediante informe de la Sección de Desarrollo Organizacional del Departamento de Planificación se determinó que los recurrentes Nombre01 y Nombre04 no les correspondía el pago de transporte o taxi; h) El Consejo Superior en sesión Nº20-2004 del 18 de marzo del 2004, artículo VI, denegó el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Nombre01 señalándose que el Consejo “… fue claro en cuanto a que el pago por servicio de transporte a servidores con nombramiento interino se suspende una vez que adquieran la propiedad indistintamente del cargo que sea…” (Anexo 9); i) Es importante aclarar que este tipo de reconocimiento es facultativo para la Administración a partir de considerar aquellas situaciones especiales, su reconocimiento no implica una obligación de pago per se para la Administración, y lo que recibe el trabajador no forma parte del salario, pues simplemente trata de viáticos, entonces no se trata ni de beneficios, ni de derechos, ni de remuneración o salario. Solicita que se desestime el recurso planteado.\n\n3.- Informa bajo juramento RANDALL QUIROS SOTO, en su calidad de Jefe Interino de la Sección de Desarrollo Organizacional del Departamento de Planificación del Poder Judicial (folio 89), que: a) El Consejo Superior del Poder Judicial les solicita informe y análisis sobre el estudio general sobre el pago de viáticos a servidores judiciales que laboran en despachos que atienden la jornada laboral conocida como “de turno” y solicita que se realice el análisis considerando tres variables, lugar de residencia al momento de ser nombrado, tiempo del nombramiento y condición del trabajador (interino o propietario); b) Este tipo de reconocimiento se le hace a los auxiliares judiciales que laboran en los despachos judiciales que atienden la jornada laboral que se conoce como “turno extraordinario”, básicamente a los servidores judiciales del juzgado penal y de la fiscalía de turno extraordinario y a los del juzgado de violencia doméstica, todos despachos ubicados en el Segundo Circuito Judicial de San José; consiste en cancelar el costo del servicio de taxi, desde el lugar de trabajo hasta el lugar de habitación, cuando los servidores ingresan o salen a laborar en horarios nocturnos en que no hay otro medio de transporte público (autobús); c) Ese reconocimiento que realiza el Poder Judicial está fundamentado en lo indicado en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, propiamente en el artículo 17; d) El informe que incluía a los recurrentes Nombre01 y Nombre04 fue acogido y aprobado en la sesión nº40-03 del Consejo Superior el 05 de junio del 2003 en el entendido de que los interinos una vez nombrados en propiedad se les suspenderá el pago; e) Un informe complementario se conoció en sesión nº52-03 del 17 de julio del 2003, cuyo artículo L especifica que el no pago del servicio de transporte aplica tanto a servidores en propiedad cuanto a interinos, indistintamente de las plazas que estos últimos ocupen y que esa disposición rige a partir del 29 de abril del 2003, por lo que se reitera que las personas nombradas luego de esa fecha no les asiste el derecho; f) Finalmente en informe adicional 130-DO-03 del 09 de octubre del 2003 se aclara que los servidores a quienes no les corresponde el pago de viáticos donde se incluye a los recurrentes Nombre01 y Nombre04, informe remitido y conocido por el Consejo en sesión nº61-03 del 19 de agosto, cuyo artículo LXIII dispuso que los únicos empelados que seguirán recibiendo esa consideración, son aquellos que con anterioridad al 29 de abril estaban nombrados en propiedad y tenían derecho adquirido, pues los que eran servidores interinos perderán ese derecho una vez nombrados en propiedad. Solicita se desestime el recurso planteado.\n\n4.- Informa bajo juramento ANA BEATRIZ MENDEZ ALVARADO, en su calidad de Administradora del Edificio de Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José (folio 108), que: a) Mediante circular nº59-2003 el Consejo Superior comunicó lo acordado en sesión nº29-03 del 29 de abril del 2003, artículo XXVI en cuanto a que a partir de esa fecha no pagaría el servicio de transporte ni de taxi con recursos del Poder Judicial de las 22 horas a las 5 horas del día siguiente, medida que aplicó tanto a servidores propietarios como interinos, indistintamente de las plazas que ocuparan; b) En la sesión del Consejo Superior Nº6103 del 19 de agosto del 2003, artículo LXIII se dispuso: “… reiterar a los gestionantes y a los órganos administrativos correspondientes, que esa disposición rige desde el 29 de abril de este año y es aplicable para todos los servidores judiciales que realizan turno y que antes del 29 de abril indicado no hubieran adquirido el derecho a ese beneficio en su puesto en propiedad … los que para entonces eran servidores interinos, perderán el derecho una vez sean nombrados en propiedad … o sea, los empleados nombrados en propiedad o interinamente luego del 29 de abril citado no pueden gozar del referido beneficio…” ; c) La condición laboral de los señores Nombre01 y Nombre04 para el período descrito era interina, a los cuales no se les giró rubro correspondiente a viáticos durante los meses de enero a abril del 2003, al primero por cuanto el Consejo Superior y al segundo no se localizó ninguna fórmula de liquidación de gastos. Solicita que se desestime el recurso planteado.\n\n5.- Mediante resolución de las 16 horas 06 minutos del 16 de junio del 2005 se solicita como prueba para mejor resolver lo siguiente: a) Indicar y aportar prueba sobre la fecha en que salió el concurso que motivó el nombramiento de los recurrentes; b) Explicar con detalle todos los nombramientos de los recurrentes a partir de ese nombramiento, la calidad en que estuvieron nombrados (interino o propietario) y las fechas precisas; c) Explicar por qué estuvieron inicialmente nombrados como interinos si habían participado en un concurso para llenar plazas vacantes; d) Aclarar por qué si el acuerdo del 29 de abril del 2003 habla de \"en todos aquellos concursos que se hagan en adelante\" se habla después en el artículo L de la sesión nº052-2003 del 17 de julio del 2003 de los nombramientos en propiedad posteriores cuando se dice \"las personas que hayan sido nombradas posteriormente a esa fecha\" (folio 127).\n\n6.- Informa sobre la prueba solicitada MAINOR ANCHIA VARGAS, en su calidad de Jefe Interino de la Sección de Desarrollo Organizacional del Departamento de Planificación del Poder Judicial (folio 128) que los aspectos solicitados se apartan de las competencias por lo que no puede aportar los elementos probatorios solicitados. En el mismo sentido informa ANA BEATRIZ MENDEZ ALVARADO, en su calidad de Administradora del Edificio de los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José (folio 154).\n\n7.- Informa sobre la prueba solicitada ALFONSO CHAVES RAMIREZ, Presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial (folio 130) que: a) El concurso Nº117-02 salió el 27 de noviembre del 2002 (anexo nº1); b) Aporta la información sobre todos los nombramientos de los recurrentes, la calidad en que fueron nombrados y las fechas precisas (anexo nº2); c) Es normal que se labore interinamente aunque se haya participado en un concurso y d) El acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión nº52-03 del 17 de julio del 2003 inciso L se transcribe el acuerdo adoptado en la sesión nº29-03 del 29 de abril del 2003 artículo XXVI que en lo referente dice “las personas que hayan sido nombradas posteriormente a esa fecha”, se refiere al acuerdo adoptado en la sesión nº29-03 artículo XXVI, disposición que se hiciera del conocimiento de todos los servidores y funcionarios judiciales del país mediante circular nº59-03 (anexo nº3).\n\n8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\nRedacta la Magistrada Vinocour Fornieri; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Objeto del recurso.- Los recurrentes, funcionarios del Poder Judicial, consideran violado su derecho a la igualdad y el principio de irretroactividad por cuanto al disponer el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión nº29-2003 del 29 de abril del 2003 que a partir de esa fecha en todos los concursos que se hagan en adelante para llenar plazas vacantes no se pagará el servicio de transporte ni de taxi con recursos del Poder Judicial de las 22 horas a las 5 horas del día siguiente, una vez nombrados en propiedad se suspendió el pago de sus viáticos, provocando que su remuneración fuera mejor cuando servían de manera interina, que funcionarios del mismo despacho con las mismas funciones estén en situación desigual al tener unos viáticos y otros no, y que se aplicara esa disposición del 2003 de forma retroactiva al concurso sacado en el 2002.\n\nII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) Que el 27 de noviembre del 2002 sale a concurso tres plazas en propiedad de Auxiliar Judicial 2 en la Fiscalía de Turno Extraordinario del II Circuito Judicial de San José, concurso nº117-02 (informe al folio 130-131).\n\nb) Que luego de haber participado en el concurso anterior los recurrentes fueron nombrados interinamente en las anteriores plazas vacantes (hecho incontrovertido).\n\nc) Que a las 08 horas del 29 de abril del 2003 el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión nº29-2003 en su artículo XXVI dispuso: “Comunicar al Departamento de Personal que en todos aquellos concursos que se hagan en adelante para llenar plazas vacantes, se informe a los oferentes que por política de este Consejo, no se pagará el servicio de transporte ni de taxi con recursos del Poder Judicial , de las 22:00 horas a las 5:00 horas del día siguiente” (folio 020).\n\nd) Que el 05 de junio del 2003 el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión nº40-03 en su artículo XXXIX acordó autorizar el pago de transporte a los servidores Nombre01 y Nombre04, pero se aclaró que los interinos una vez nombrados en propiedad se les suspendería el pago: “… autorizar el pago de transporte de la forma propuesta a los servidores incluidos en dicho estudio, en el entendido de que los que se encuentren con nombramiento interino, en caso de que se les nombre en propiedad, se les suspenderá el pago de conformidad con lo resuelto por este Consejo en la sesión del 29 de abril del presente año…” (folio 022-026).\n\ne) Que el 17 de julio del 2003 el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión nº052-2003 en su artículo L acordó que el acuerdo se aplica tanto a servidores propietarios como interinos “… aclarar a ese Despacho que el acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 29 de abril del 2003, artículo XXVI, en cuanto a que no se pagará el servicio de transporte ni de taxi con recursos del Poder Judicial, de las 22:00 a las 5:00 horas del día siguiente, aplica tanto a servidores en propiedad cuanto a interinos, indistintamente de las plazas que estos últimos ocupen y que esa disposición rige a partir del 29 de abril de este año, por lo que se reitera que las personas que hayan sido nombradas posteriormente a esa fecha, no les asiste ese derecho, amén de que el Departamento de Personal en todos los concursos que realiza, así lo hace saber a los oferentes.” (folios 028-045) y en su artículo LXXII acordó denegar la petición del recurrente Nombre04: “Denegar la petición del señor Nombre04, toda vez que el acuerdo de este Consejo que aprobó el pago de transporte en la forma propuesta por el Departamento de Planificación a los servidores incluidos en el citado estudio, coincidió (diferencia de un día) con la fecha de la renuncia presentada por el interesado al referido cargo, que hubiese justificado en su caso particular el reconocimiento pretendido.” (folios 049-056). Posteriormente se deniega el recurso de reconsideración interpuesto por el mismo recurrente Nombre04 (folio 076).\n\nf) Que el 23 de julio del 2003 se comunicó la Circular Nº59-2003 donde se hace saber de lo acordado en la sesión nº29-03 del 29 de abril del 2003 y se dice que “Es entendido que esta medida aplica tanto a servidores que tengan su puesto en propiedad, como a interinos, indistintamente de las plazas que estos últimos ocupen.” (folio 047).\n\ng) Que el 19 de agosto del 2003 el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión nº61-2003 en su artículo LXXII aclara que los únicos que seguirán recibiendo viáticos son los servidores propietarios que lo fueran con anterioridad al 29 de abril del 2003: “… reiterar a los gestionantes y a los órganos administrativos correspondientes, que esa disposición rige desde el 29 de abril de este año y es aplicable para todos los servidores judiciales que realizan turno y que antes del 29 de abril indicado no hubieren adquirido el derecho a ese beneficio en su puesto en propiedad; es decir que los únicos empleados que seguirán recibiendo esa consideración, son aquellos que con anterioridad al 29 de abril estaban nombrados en propiedad y tenían derecho adquirido; pues los que para entonces eran servidores interinos, perderán el derecho una vez sean nombrados en propiedad, pues se estima que el horario es inherente al cargo en que fueren nombrados. O sea, los empleados nombrados en propiedad o interinamente luego del 29 de abril citado no pueden gozar del referido beneficio…” (folios 058-064).\n\nh) Que el 16 de octubre del 2003 el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión nº78-03 en su artículo XXIX establece de manera definitiva a cuáles servidores del Poder Judicial les reconocería el rubro de viáticos y a cuáles no, quedando los recurrentes Nombre01 y Nombre04 excluidos (informe al folio 017).\n\ni) Que el 11 de noviembre del 2003 el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión nº85-03, artículo VI acordó aprobar en propiedad sus nombramientos, los servidores Nombre01 y Nombre04 ocuparon ininterrumpidamente una plaza vacante de auxiliar judicial 2 durante la jornada de “turno extraordinario” desde el 01 de enero del 2003 hasta el momento de obtener su propiedad y el servidor Nombre02 fue trasladado a dicha plaza una vez que adquirió la propiedad (escrito de interposición folio 03, hecho incontrovertido).\n\nj) Que el 18 de marzo del 2004 el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión nº20-04 en su artículo VI acuerda denegar el recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente Nombre01 “por cuanto este Consejo en la sesión del 5 de junio del 2003 artículo XXXIX, fue claro en cuanto a que el pago por servicio de transporte a servidores con nombramiento interino se suspende una vez que adquieran la propiedad indistintamente del cargo que sea, de acuerdo con la directriz adoptada en la sesión del 29 de abril de ese año, artículo XXVI…” (folio 088).\n\nIII.- Sobre el fondo.- Como se dijo en el objeto del recurso lo que esta Sala analizará será si se está aplicando retroactivamente lo dispuesto por el Consejo Superior del Poder Judicial en el artículo XXVI de la sesión º29-2003 del 29 de abril del 2003 en perjuicio de los recurrentes. Al respecto, del informe rendido por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se pueden llegar a la conclusión de que sí ha habido una aplicación retroactiva del citado acuerdo en perjuicio de los recurrentes por cuanto dicho acuerdo establecía que a partir de esa fecha -el 29 de abril del 2003- “para todos aquellos concursos que se hagan en adelante” no se pagaría el servicio de transporte ni de taxi con recursos del Poder Judicial de las 22 horas a las 5 horas del día siguiente (folio 020) y se les aplicó a los recurrentes a pesar de que el concurso que motivó sus nombramiento salió desde meses antes de este acuerdo, a saber, el 27 de noviembre del 2002 (folio 130-131) por lo que el mencionado acuerdo no debía tener aplicación a ese concurso. Efectivamente se denota una confusión en los posteriores acuerdos tomados por el Consejo que interpretan que la disposición de no pagar el transporte rige “para las personas que hayan sido nombradas con posterioridad” al 29 de abril del 2003 (véase el acuerdo tomado en el artículo L de la sesión nº052-2003 del 17 de julio del 2003 al folio 076) y que por tanto los “únicos que seguirán recibiendo viáticos son los servidores propietarios que lo fueran con anterioridad al 29 de abril del 2003” (véase el acuerdo aclaratorio en el artículo LXXII tomado en la sesión nº061-2003 del 19 de agosto del 2003 al folio 058-064), cuando en realidad lo que debía haberse interpretado para mantener el acuerdo original tomado el 29 de abril es que el acuerdo se aplica a las personas nombradas (interinas o en propiedad) en concursos que salieran luego del 29 de abril del 2003. Recuérdese lo que ha establecido esta Cámara en anteriores oportunidades respecto del principio de irretroactividad que se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada. Se ha entendido también que nadie tiene un \"derecho a la inmutabilidad del ordenamiento\", es decir, a que las reglas nunca cambien, por eso, el precepto constitucional no consiste en que, una vez nacida a la vida jurídica, la regla que conecta el hecho con el efecto no pueda ser modificada o incluso suprimida por una norma posterior; lo que significa es que -como se explicó- si se ha producido el supuesto condicionante, una reforma que cambie o elimine la regla no podrá tener la virtud de impedir que surja el efecto condicionado que se esperaba bajo el imperio de la norma anterior. Esto es así porque lo relevante es que el estado de cosas de que gozaba la persona ya estaba definido en cuanto a sus elementos y a sus efectos, aunque éstos todavía se estén produciendo o, incluso, no hayan comenzado a producirse. De este modo, a lo que la persona tiene derecho es a la consecuencia, no a la regla. Entonces, tal y como ha expresado la Sala en anteriores ocasiones, la derogación de las normas o el cambio de criterios normativos no producen el efecto de derogar también los derechos desarrollados a favor de los ciudadanos al momento de ser vigentes esas normas derogadas. Es el fenómeno jurídico que define la doctrina como la supervivencia del derecho abolido, porque, para los actos o contratos en vigor, la ley derogada continúa vigente para otorgar protección a esos actos y contratos contra las nuevas normas jurídicas. Pero, las nuevas situaciones jurídicas sí deberán regirse por el derecho actual y vigente por ser casos de innovación de derechos. En otros términos, el derecho abolido sigue protegiendo los actos y contratos y otros derechos adquiridos durante la vigencia de la ley, lo que encuentra su fundamento de la relación de los artículos 34 y 129 de la Constitución.\n\nIV.- Por lo tanto, todos los actos posteriores a esta errónea interpretación del acuerdo del Consejo del Poder Judicial del 29 de abril del 2003 ocasionaron una aplicación retroactiva de dicho acuerdo en perjuicio de los recurrentes y por consiguiente una violación adicional al derecho de igualdad por cuanto se estaba dando un trato desigual no justificado entre los interinos nombrados con anterioridad al 29 de abril del 2003 y los propietarios nombrados con posterioridad a esa misma fecha (pero cuyo nombramiento obedeció a la participación en concursos salidos con anterioridad a esa fecha) que ocasionó una situación sin sentido donde a los primeros sí se les pagaba los viáticos y a los segundos no, teniéndose el caso de que una misma persona tuvo mejor situación nombrado como interino que como propietario. Así las cosas, lo correspondiente es declarar con lugar el recurso y anular los acuerdos del Consejo Superior del Poder Judicial tomados en artículo L sesión nº052-2003 del 17 de julio del 2003 y el artículo LXXII sesión nº061-2003 del 19 de agosto del 2003, quedando vigente el acuerdo tomado en el artículo XXVI sesión nº029-2003 del 29 de abril del 2003 para que se entienda que se aplica a todos las personas nombradas (interinos o en propiedad) en los concursos que salieron con posterioridad al 29 de abril del 2003. Ahora bien, la determinación de lo que corresponde pagar a los recurrentes, en virtud de lo resuelto en esta sentencia, es una cuestión de legalidad sobre la cual esta Sala no se puede pronunciar, sino que lo que se hace es ordenar a las autoridades recurridas girar las instrucciones pertinentes para que dentro del plazo de quince días se determine y pague ese monto.\n\nPor tanto:\n\nSe declara CON lugar el recuso. Se ANULAN los acuerdos del Consejo Superior del Poder Judicial tomados en artículo L sesión nº052-2003 del 17 de julio del 2003 y el artículo LXXII sesión nº061-2003 del 19 de agosto del 2003, quedando vigente el acuerdo tomado en el artículo XXVI sesión nº029-2003 del 29 de abril del 2003 para que se entienda que se aplica a todos las personas nombradas (interinos o en propiedad) en los concursos que salieron con posterioridad al 29 de abril del 2003. Se ORDENA a ALFONSO CHAVES RAMIREZ, en su calidad de Presidente en ejercicio del Consejo Superior del Poder Judicial, o a quien en su lugar ocupe el cargo, girar instrucciones para que dentro del plazo de quince días a partir de la notificación de esta resolución se determine y pague lo correspondiente a viáticos a los recurrentes, bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese en forma personal a ALFONSO CHAVES RAMIREZ, en su calidad de Presidente en ejercicio del Consejo Superior del Poder Judicial, o a quien en su lugar ocupe el cargo.\n\nAna Virginia Calzada M.\n\nPresidenta\n\nAdrián Vargas B. Gilbert Armijo S.\n\nErnesto Jinesta L. José Luis Molina Q.\n\nTeresita Rodríguez A. Marta María Vinocour F.\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:42:10.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**SALA CONSTITUCIONAL**\n\n**Resolution No. 15753 - 2005**\n\n**Date of Resolution:** November 17, 2005 at 10:30 a.m.\n\n**Case File:** 04-013285-0007-CO\n\n**Drafted by:** Fernando Cruz Castro\n\n**Type of matter:** Amparo action\n\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** TOPICS FROM FORMER SYSTEM\n\n**Topic:** Award of costs, damages, and losses against the State\n\n**Topic:** Judicial Branch\n\n**Subtopics:**\n\nOn the payment of transportation service to Judicial Branch employees.\nAnnulment of agreements of the Superior Council of the Judicial Branch adopted in article L, session No. 052-2003 of July 17, 2003, and article LXXII, session No. 061-2003 of August 19, 2003.\n\nAs stated in the purpose of the action, what this Chamber will analyze is whether what was ordered by the Superior Council of the Judicial Branch in article XXVI of session No. 29-2003 of April 29, 2003, is being applied retroactively to the detriment of the appellants. In this regard, from the report rendered by the representatives of the respondent authorities—which is accepted as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and from the evidence provided for the resolution of this matter, one can conclude that there has indeed been a retroactive application of the cited agreement to the detriment of the appellants, because said agreement established that as of that date—April 29, 2003—\"for all those competitions that are held from now on,\" the transportation or taxi service between 10:00 p.m. and 5:00 a.m. the following day would not be paid with Judicial Branch funds (folio 020), and it was applied to the appellants despite the fact that the competition that led to their appointment was announced months before this agreement, namely, on November 27, 2002 (folio 130-131), meaning that the aforementioned agreement should not have applied to that competition. There is effectively evident confusion in the subsequent agreements adopted by the Council that interpreted the provision of not paying for transportation to apply \"to persons who have been appointed after\" April 29, 2003 (see the agreement adopted in article L of session No. 052-2003 of July 17, 2003, at folio 076) and that therefore, \"the only ones who will continue to receive travel allowances (viáticos) are the permanent employees who held that status prior to April 29, 2003\" (see the clarifying agreement in article LXXII adopted in session No. 061-2003 of August 19, 2003, at folio 058-064), when in reality, what should have been interpreted to maintain the original agreement adopted on April 29 is that the agreement applies to persons appointed (interim or permanent) in competitions announced after April 29, 2003. One must remember what this Chamber has established on previous occasions regarding the principle of non-retroactivity (irretroactividad), which translates into the certainty that a change in the legal system cannot have the consequence of ensuring that, if the factual presupposition had occurred prior to the legal reform, the (beneficial, it is understood) consequence that the interested party expected from the consolidated legal situation no longer arises. It has also been understood that no one has a \"right to the immutability of the legal system,\" that is, that the rules never change; for this reason, the constitutional precept does not consist of the idea that, once born into legal life, the rule that connects the fact with the effect cannot be modified or even eliminated by a later norm; what it means is that—as explained—if the conditioning assumption has occurred, a reform that changes or eliminates the rule cannot have the power to prevent the conditioned effect that was expected under the rule of the prior norm from arising. This is so because what is relevant is that the state of affairs enjoyed by the person was already defined in terms of its elements and its effects, even if these are still being produced or have not yet begun to be produced. Thus, what the person has a right to is the consequence, not the rule. Hence, as the Chamber has expressed on previous occasions, the repeal of norms or the change in normative criteria does not produce the effect of also repealing the rights developed in favor of citizens at the time those repealed norms were in force. It is the legal phenomenon that doctrine defines as the survival of the abolished right, because, for acts or contracts in force, the repealed law continues in force to grant protection to those acts and contracts against the new legal norms. But new legal situations must be governed by current and in-force law, as they are cases of innovation of rights. In other words, the abolished right continues to protect the acts and contracts and other rights acquired during the validity of the law, which finds its basis in the relationship of articles 34 and 129 of the Constitution.\n\nTherefore, all acts subsequent to this erroneous interpretation of the Judicial Council's agreement of April 29, 2003, caused a retroactive application of said agreement to the detriment of the appellants and, consequently, an additional violation of the right to equality, because an unjustified unequal treatment was being given between interim employees appointed before April 29, 2003, and permanent employees appointed after that same date (but whose appointment resulted from participation in competitions announced before that date), which caused a senseless situation where the former were paid the travel allowances (viáticos) and the latter were not, with the case arising that the same person had a better situation when appointed as an interim than as a permanent employee. This being the case, the appropriate course is to grant the action and annul the agreements of the Superior Council of the Judicial Branch adopted in article L, session No. 052-2003 of July 17, 2003, and article LXXII, session No. 061-2003 of August 19, 2003, with the agreement adopted in article XXVI, session No. 029-2003 of April 29, 2003 remaining in force, so that it is understood to apply to all persons appointed (interim or permanent) in competitions that were announced after April 29, 2003. Now then, the determination of what must be paid to the appellants, by virtue of what was resolved in this judgment, is a matter of legality on which this Chamber cannot rule; rather, what is done is to order the respondent authorities to issue the pertinent instructions so that within a period of fifteen days, that amount is determined and paid.\n\n... See more\n\n**Text of the resolution**\n\n*040132850007CO*\n\n**Case File:** 04-013285-0007-CO\n\n**Resolution:** 2005-15753\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at ten thirty in the morning on November seventeenth, two thousand five.-\n\nAmparo action filed by Nombre01, ID number CED01, Nombre02, identity card number CED02, AND Nombre03, ID number CED03, against the SUPERIOR COUNCIL OF THE JUDICIAL BRANCH, THE TREASURY DEPARTMENT OF THE COURTS OF JUSTICE OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSE, AND THE ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT SECTION OF THE PLANNING DEPARTMENT OF THE JUDICIAL BRANCH.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 11:10 a.m. on December 23, 2004, the appellants filed an amparo action against the SUPERIOR COUNCIL OF THE JUDICIAL BRANCH, THE TREASURY DEPARTMENT OF THE COURTS OF JUSTICE OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSE, AND THE ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT SECTION OF THE PLANNING DEPARTMENT OF THE JUDICIAL BRANCH, and state that: a) In December 2002, they registered to participate in a competition to permanently fill three vacant Judicial Assistant 2 positions in the Extraordinary Duty Prosecutor's Office (Fiscalía de Turno Extraordinario) of the Second Judicial Circuit of San José, a competition for which all three met the corresponding requirements; b) In January 2003, they were appointed on an interim basis to the mentioned vacant positions; employee Nombre02 was appointed to the shift working Monday to Wednesday and Saturdays and Sundays from 8:00 a.m. to 4:00 p.m., while employees Nombre01 and Nombre04 were appointed to the shift known as \"extraordinary duty\" with rotating schedules from 4:00 p.m. to 12:00 a.m. and from 12:00 a.m. to 8:00 a.m.; c) Subsequently, through session No. 29-2003 at 8:00 a.m. on April 29, 2003, article XXVI, the Superior Council of the Judicial Branch agreed: \"Notify the Personnel Department that in all those competitions that are held from now on to fill vacant positions, the offerors shall be informed that, by policy of this Council, the transportation or taxi service between 10:00 p.m. and 5:00 a.m. the following day will not be paid with Judicial Branch funds\"; d) One of the benefits recognized for employees who work the shift known as \"extraordinary duty\" consists of paying the cost of the taxi service from the workplace to the place of residence, based on article 17 of the Regulations on Travel and Transportation Expenses for Public Officials (Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para funcionarios públicos), for which reason, in session No. 40-03 of the Superior Council of the Judicial Branch on June 5, 2003, article XXXIX, it was agreed to authorize the payment of transportation to employees Nombre01 and Nombre04, as of April 29, 2003, an amount paid uninterruptedly from May to November 2003, still owing them the months of January to April 2003, despite countless efforts; e) In session No. 85-03 of the Superior Council on November 11, 2003, article VI, it agreed to approve their permanent appointments to the extraordinary duty shift with rotating schedules from 4:00 p.m. to 12:00 a.m. and from 12:00 a.m. to 8:00 a.m. Employees Nombre01 and Nombre04 uninterruptedly occupied a vacant Judicial Assistant 2 position during the \"extraordinary duty\" shift from January 1, 2003, until the moment they obtained permanent status, and employee Nombre02 was transferred to said shift once he acquired permanent status; f) Once the permanent appointments were made, what was agreed by the Council in session No. 29-2003 began to be applied, and the payment of travel allowances (viáticos) was suspended; g) On October 16, 2003, in session No. 78-03, article XXIX, the Superior Council definitively established which Judicial Branch employees would be recognized for the item corresponding to travel allowances (viáticos) and which would not, and they were excluded; h) With the previous decision, the Superior Council incurred a contradiction because it ordered a reduction of rights upon acquiring a permanent appointment, causing their remuneration to be better when they served on an interim basis, and at the same time, the Superior Council ordered that the payment of travel allowances (viáticos) be maintained for those employees of that Branch who work the extraordinary duty shift and who already held permanent status in said position before April 2003; i) The provision adopted by the Superior Council was taken after the publication of the competition to fill permanent positions, because had the competition been published after the agreement, they surely would not have participated in the competition, a situation that becomes even more detrimental for employee Nombre04, who, in order to participate in the competition, resigned from a permanent position acquired in the Expedited Processing Unit (Unidad de Trámite Rápido) of the Public Ministry; j) Recognizing the payment of travel allowances (viáticos) to some employees and at the same time denying it to others, when they work in the same office and perform the same functions, creates an unequal situation. The appellants request that the recognition of the payment of travel allowances (viáticos) be maintained in their favor, as well as its retroactive recognition from the moment of its interruption.\n\n2.- ALFONSO CHAVES RAMIREZ reports under oath, in his capacity as Acting President of the Supreme Court of Justice and the Superior Council of the Judicial Branch (folio 013), that: a) The Superior Council, in session No. 29-2003 of April 19, 2003, in article XXVI, agreed that in competitions held from now on to fill vacant positions, the transportation or taxi service between 10:00 p.m. and 5:00 a.m. the following day would not be paid with Judicial Branch funds (Annex 1); b) In session No. 40-2003 held on June 5, 2003, article XXXIX, the report rendered by the Planning Department was accepted, and the payment of transportation was authorized in the proposed manner, but with the following clarification: \"… with the understanding that those who hold an interim appointment, should they be permanently appointed, the payment will be suspended in accordance with what was resolved by this Council in the session of April 29 of this year, article XXVI, in which the policy was established of not paying new employees the transportation or taxi service with Judicial Branch funds between 10:00 p.m. and 5:00 a.m. the following day, as said schedule is inherent to the position they would fill\" (Annex 2); c) In session No. 52-2003 of July 17, 2003, article L, the previous agreement was clarified, and it was stated: \"… applies to both permanent and interim employees, regardless of the positions the latter occupy, and that this provision is in effect as of April 29 of this year; therefore, it is reiterated that persons who have been appointed after that date are not entitled to that right, besides the fact that the Personnel Department, in all the competitions it conducts, so informs the offerors…\" (Annex 3); d) By circular No. 59-2003 of July 23, 2003, the country's judicial employees and officials were notified of what was ordered by the Council in the cited session of April 29, and it was indicated that: \"… It is understood that this measure applies both to employees who hold their position permanently and to interim employees, regardless of the positions the latter occupy.\" (Annex 4); e) In session No. 52-2003 of July 17, 2003, article LXXII, the request of Mr. Nombre04 for the retroactive payment of the transportation benefit was denied (Annex 5), and the reconsideration filed was denied (Annex 7); f) The Superior Council, in session No. 61-2003 of August 19, 2003, article LXIII, in response to the petition of several judicial employees, by majority agreed: \"… to reiterate to the petitioners and the corresponding administrative bodies that this provision is in effect as of April 29 of this year and is applicable to all judicial employees who perform duty shifts and who, before the indicated April 29, had not acquired the right to that benefit in their permanent position; that is, the only employees who will continue to receive that consideration are those who, prior to April 29, were permanently appointed and had an acquired right; for those who were interim employees at that time, they will lose the right once they are permanently appointed, as it is deemed that the schedule is inherent to the position to which they are appointed. That is, employees permanently or interimly appointed after the cited April 29 cannot enjoy the referred benefit…\" (Annex 6); g) In session No. 78-2003 of October 16, 2003, article XXIX, through a report from the Organizational Development Section of the Planning Department, it was determined that appellants Nombre01 and Nombre04 were not entitled to the payment of transportation or taxi; h) The Superior Council, in session No. 20-2004 of March 18, 2004, article VI, denied the reconsideration filed by Mr. Nombre01, noting that the Council \"… was clear in that the payment for transportation service to employees with an interim appointment is suspended once they acquire permanent status, regardless of the position held…\" (Annex 9); i) It is important to clarify that this type of recognition is optional for the Administration, based on considering those special situations; its recognition does not imply a payment obligation per se for the Administration, and what the worker receives is not part of the salary, as it simply involves travel allowances (viáticos), so it is neither a matter of benefits, nor rights, nor remuneration or salary. It requests that the filed action be dismissed.\n\n3.- RANDALL QUIROS SOTO reports under oath, in his capacity as Interim Head of the Organizational Development Section of the Planning Department of the Judicial Branch (folio 89), that: a) The Superior Council of the Judicial Branch requested a report and analysis on the general study regarding the payment of travel allowances (viáticos) to judicial employees who work in offices that handle the work shift known as \"duty shift\" (de turno), and requested that the analysis be conducted considering three variables: place of residence at the time of appointment, duration of the appointment, and worker status (interim or permanent); b) This type of recognition is granted to judicial assistants who work in judicial offices that handle the work shift known as \"extraordinary duty\" (turno extraordinario), basically to judicial employees of the criminal court and the extraordinary duty prosecutor's office, and to those of the domestic violence court, all offices located in the Second Judicial Circuit of San José; it consists of paying the cost of the taxi service from the workplace to the place of residence when employees arrive at or leave work during nighttime hours when no other public transportation (bus) is available; c) This recognition made by the Judicial Branch is based on what is indicated in the Regulations on Travel and Transportation Expenses for Public Officials (Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos), specifically in article 17; d) The report that included appellants Nombre01 and Nombre04 was accepted and approved in session No. 40-03 of the Superior Council on June 5, 2003, with the understanding that, once permanently appointed, the payment to interim employees would be suspended; e) A supplementary report was considered in session No. 52-03 of July 17, 2003, whose article L specifies that the non-payment of transportation service applies to both permanent and interim employees, regardless of the positions the latter occupy, and that this provision is in effect as of April 29, 2003; therefore, it is reiterated that persons appointed after that date are not entitled to the right; f) Finally, in additional report 130-DO-03 of October 9, 2003, it is clarified which employees are not entitled to the payment of travel allowances (viáticos), including appellants Nombre01 and Nombre04, a report forwarded and considered by the Council in session No. 61-03 of August 19, whose article LXIII ordered that the only employees who will continue to receive that consideration are those who, prior to April 29, were permanently appointed and had an acquired right, for those who were interim employees will lose that right once permanently appointed. It requests that the filed action be dismissed.\n\n4.- ANA BEATRIZ MENDEZ ALVARADO reports under oath, in her capacity as Administrator of the Courts of Justice Building of the Second Judicial Circuit of San José (folio 108), that: a) By circular No. 59-2003, the Superior Council communicated what was agreed in session No. 29-03 of April 29, 2003, article XXVI, to the effect that as of that date, it would not pay the transportation or taxi service with Judicial Branch funds between 10:00 p.m. and 5:00 a.m. the following day, a measure that applied to both permanent and interim employees, regardless of the positions they occupied; b) In session No. 61-03 of the Superior Council on August 19, 2003, article LXIII, it was ordered: \"… to reiterate to the petitioners and the corresponding administrative bodies that this provision is in effect as of April 29 of this year and is applicable to all judicial employees who perform duty shifts and who, before the indicated April 29, had not acquired the right to that benefit in their permanent position … those who were interim employees at that time will lose the right once they are permanently appointed … that is, employees permanently or interimly appointed after the cited April 29 cannot enjoy the referred benefit…\"; c) The employment status of Messrs. Nombre01 and Nombre04 for the described period was interim; no item corresponding to travel allowances (viáticos) was disbursed to them for the months of January to April 2003—to the former, because the Superior Council, and for the latter, no expense settlement form was located. It requests that the filed action be dismissed.\n\n5.- By resolution issued at 4:06 p.m. on June 16, 2005, the following is requested as evidence for a better resolution: a) Indicate and provide evidence of the date on which the competition that motivated the appellants' appointment was announced; b) Explain in detail all the appointments of the appellants as of that appointment, the status in which they were appointed (interim or permanent), and the precise dates; c) Explain why they were initially appointed as interim employees if they had participated in a competition to fill vacant positions; d) Clarify why, if the agreement of April 29, 2003, speaks of \"in all those competitions that are held from now on,\" article L of session No. 052-2003 of July 17, 2003, later speaks of permanent appointments after that date, when it says \"persons who have been appointed after that date\" (folio 127).\n\n6.- MAINOR ANCHIA VARGAS reports on the requested evidence, in his capacity as Interim Head of the Organizational Development Section of the Planning Department of the Judicial Branch (folio 128), that the requested aspects fall outside his competencies and therefore he cannot provide the requested evidentiary elements. ANA BEATRIZ MENDEZ ALVARADO reports in the same vein, in her capacity as Administrator of the Courts of Justice Building of the Second Judicial Circuit of San José (folio 154).\n\n7.- ALFONSO CHAVES RAMIREZ, Acting President of the Supreme Court of Justice and the Superior Council of the Judicial Branch, reports on the requested evidence (folio 130) that: a) Competition No. 117-02 was announced on November 27, 2002 (Annex No. 1); b) He provides the information on all the appointments of the appellants, the status in which they were appointed, and the precise dates (Annex No. 2); c) It is normal to work on an interim basis even though one has participated in a competition; and d) The agreement adopted by the Superior Council in session No. 52-03 of July 17, 2003, section L, transcribes the agreement adopted in session No. 29-03 of April 29, 2003, article XXVI, which, in the relevant part, states \"persons who have been appointed after that date,\" referring to the agreement adopted in session No. 29-03, article XXVI, a provision that was made known to all the country's judicial employees and officials through circular No. 59-03 (Annex No. 3).\n\n8.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Vinocour Fornieri; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- Purpose of the action.- The appellants, Judicial Branch officials, consider their right to equality and the principle of non-retroactivity (irretroactividad) violated, because when the Superior Council of the Judicial Branch ordered in session No. 29-2003 of April 29, 2003, that as of that date, in all competitions held from now on to fill vacant positions, the transportation or taxi service between 10:00 p.m. and 5:00 a.m. the following day would not be paid with Judicial Branch funds, once they were permanently appointed, the payment of their travel allowances (viáticos) was suspended, causing their remuneration to be better when they served on an interim basis, causing officials from the same office with the same functions to be in an unequal situation with some receiving travel allowances (viáticos) and others not, and causing that 2003 provision to be applied retroactively to the competition announced in 2002.\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\na) That on November 27, 2002, three permanent Judicial Assistant 2 positions in the Extraordinary Duty Prosecutor's Office (Fiscalía de Turno Extraordinario) of the Second Judicial Circuit of San José were announced for competition, Competition No. 117-02 (report at folio 130-131).\n\nb) That after having participated in the previous competition, the appellants were appointed on an interim basis to the aforementioned vacant positions (undisputed fact).\n\nc) That at 8:00 a.m. on April 29, 2003, the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 29-2003, in its article XXVI, ordered: \"Notify the Personnel Department that in all those competitions that are held from now on to fill vacant positions, the offerors shall be informed that, by policy of this Council, the transportation or taxi service between 10:00 p.m. and 5:00 a.m. the following day will not be paid with Judicial Branch funds\" (folio 020).\n\nd) That on June 5, 2003, the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 40-03, in its article XXXIX, agreed to authorize the payment of transportation to employees Nombre01 and Nombre04, but it was clarified that once permanent employees were appointed, the payment to interim employees would be suspended: \"… authorize the payment of transportation in the proposed manner to the employees included in said study, with the understanding that those who hold an interim appointment, should they be permanently appointed, the payment will be suspended in accordance with what was resolved by this Council in the session of April 29 of this year…\" (folio 022-026).\n\ne) That on July 17, 2003, the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 052-2003, in its article L, agreed that the agreement applies to both permanent and interim employees: \"… clarify to that Office that the agreement adopted in the session held on April 29, 2003, article XXVI, to the effect that the transportation or taxi service between 10:00 p.m. and 5:00 a.m. the following day will not be paid with Judicial Branch funds, applies to both permanent and interim employees, regardless of the positions the latter occupy, and that this provision is in effect as of April 29 of this year; therefore, it is reiterated that persons who have been appointed after that date are not entitled to that right, besides the fact that the Personnel Department, in all the competitions it conducts, so informs the offerors.\" (folios 028-045) and in its article LXXII, it agreed to deny the petition of appellant Nombre04: \"Deny the petition of Mr. Nombre04, given that the agreement of this Council that approved the payment of transportation in the manner proposed by the Planning Department to the employees included in the cited study coincided (a difference of one day) with the date of the resignation submitted by the interested party from the referred position, which would have justified, in his particular case, the intended recognition.\" (folios 049-056). Subsequently, the reconsideration filed by the same appellant Nombre04 was denied (folio 076).\n\nf) That on July 23, 2003, Circular No. 59-2003 was issued, informing of what was agreed in session No. 29-03 of April 29, 2003, and stating that \"It is understood that this measure applies both to employees who hold their position permanently and to interim employees, regardless of the positions the latter occupy.\" (folio 047).\n\ng) That on August 19, 2003, the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 61-2003, in its article LXXII, clarifies that the only ones who will continue to receive travel allowances (viáticos) are the permanent employees who held that status prior to August 29, 2003: \"… to reiterate to the petitioners and the corresponding administrative bodies that this provision is in effect as of April 29 of this year and is applicable to all judicial employees who perform duty shifts and who, before the indicated April 29, had not acquired the right to that benefit in their permanent position; that is, the only employees who will continue to receive that consideration are those who, prior to April 29, were permanently appointed and had an acquired right; for those who were interim employees at that time, they will lose the right once they are permanently appointed, as it is deemed that the schedule is inherent to the position to which they are appointed.\"\n\nIn other words, employees appointed with permanent status or on an interim basis after the aforementioned April 29th cannot enjoy the referenced benefit…” (folios 058-064).\n\nh) That on October 16, 2003, the Consejo Superior del Poder Judicial, in session nº78-03, in its article XXIX, definitively established which Judicial Branch employees would be recognized the travel allowance (viáticos) item and which would not, leaving the appellants Nombre01 and Nombre04 excluded (report at folio 017).\n\ni) That on November 11, 2003, the Consejo Superior del Poder Judicial, in session nº85-03, article VI, agreed to approve their permanent appointments; employees Nombre01 and Nombre04 continuously occupied a vacant judicial assistant 2 position during the “extraordinary shift (turno extraordinario)” working day from January 1, 2003, until the moment they obtained permanent status, and employee Nombre02 was transferred to said position once he acquired permanent status (filing brief folio 03, uncontested fact).\n\nj) That on March 18, 2004, the Consejo Superior del Poder Judicial, in session nº20-04, in its article VI, agreed to deny the motion for reconsideration (recurso de reconsideración) filed by appellant Nombre01 “because this Council, in the session of June 5, 2003, article XXXIX, was clear that the payment for transportation service to employees with interim appointments is suspended once they acquire permanent status regardless of the position, in accordance with the directive adopted in the session of April 29 of that year, article XXVI…” (folio 088).\n\nIII.- On the merits.- As stated in the object of the appeal, what this Chamber will analyze is whether what was ordered by the Consejo Superior del Poder Judicial in article XXVI of session nº029-2003 of April 29, 2003, is being applied retroactively to the detriment of the appellants. In this regard, from the report rendered by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law that governs this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of this matter, it can be concluded that there has indeed been a retroactive application of the cited agreement to the detriment of the appellants because said agreement established that as of that date—April 29, 2003— \"for all those competitions (concursos) that are held henceforth\" the transportation or taxi service would not be paid with Judicial Branch funds from 10:00 p.m. to 5:00 a.m. the following day (folio 020), and it was applied to the appellants despite the fact that the competition that led to their appointment was issued months before this agreement, namely, on November 27, 2002 (folio 130-131), so the mentioned agreement should not have applied to that competition. Indeed, a confusion is noted in the subsequent agreements made by the Council that interpret that the provision of not paying transportation applies “to persons who have been appointed after” April 29, 2003 (see the agreement made in article L of session nº052-2003 of July 17, 2003, at folio 076) and that therefore the “only ones who will continue to receive travel allowances are the permanent employees who were so prior to April 29, 2003” (see the clarifying agreement in article LXXII made in session nº061-2003 of August 19, 2003, at folio 058-064), when in reality what should have been interpreted to maintain the original agreement made on April 29 is that the agreement applies to persons appointed (interim or permanent) in competitions issued after April 29, 2003. One must recall what this Chamber has established on previous occasions regarding the principle of non-retroactivity (principio de irretroactividad), which translates into the certainty that a change in the legal system cannot have the consequence of ensuring that, if the factual prerequisite had occurred prior to the legal reform, the (beneficial, it is understood) consequence that the interested party expected from the consolidated legal situation no longer arises. It has also been understood that no one has a \"right to the immutability of the legal system,\" that is, that the rules never change; therefore, the constitutional precept does not consist of the rule that connects the fact with the effect, once born into legal life, being unable to be modified or even suppressed by a later norm. What it means is that—as explained—if the conditioning assumption has occurred, a reform that changes or eliminates the rule cannot have the virtue of preventing the conditioned effect that was expected under the reign of the prior norm from arising. This is so because what is relevant is that the state of affairs enjoyed by the person was already defined regarding its elements and its effects, even if these are still being produced or have not even begun to be produced. In this way, what the person has a right to is the consequence, not the rule. Thus, as the Chamber has expressed on previous occasions, the repeal (derogación) of norms or the change of normative criteria does not produce the effect of also repealing the rights developed in favor of citizens at the time those repealed norms were in force. This is the legal phenomenon that doctrine defines as the survival of the abolished right, because, for acts or contracts in force, the repealed law remains in force to grant protection to those acts and contracts against the new legal norms. However, new legal situations must be governed by current and effective law as they are cases of innovation of rights. In other terms, the abolished right continues to protect the acts, contracts, and other acquired rights during the law's validity, which finds its foundation in the relationship of articles 34 and 129 of the Constitution.\n\nIV.- Therefore, all acts subsequent to this erroneous interpretation of the agreement of the Consejo del Poder Judicial of April 29, 2003, caused a retroactive application of said agreement to the detriment of the appellants and consequently an additional violation of the right to equality (derecho de igualdad) because unequal and unjustified treatment was being given between interim employees appointed before April 29, 2003, and permanent employees appointed after that same date (but whose appointment was due to participation in competitions issued before that date), which caused a nonsensical situation where the former were paid travel allowances and the latter were not, resulting in a case where the same person was in a better situation appointed as an interim employee than as a permanent one. This being the case, the appropriate action is to declare the appeal with merit and annul the agreements of the Consejo Superior del Poder Judicial made in article L session nº052-2003 of July 17, 2003, and article LXXII session nº061-2003 of August 19, 2003, leaving in force the agreement made in article XXVI session nº029-2003 of April 29, 2003, so that it is understood that it applies to all persons appointed (interim or permanent) in competitions that were issued after April 29, 2003. Now, the determination of what must be paid to the appellants, by virtue of what was resolved in this judgment, is a question of legality upon which this Chamber cannot rule; rather, what is done is to order the respondent authorities to issue the pertinent instructions so that, within a period of fifteen days, that amount is determined and paid.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is declared WITH merit. The agreements of the Consejo Superior del Poder Judicial made in article L session nº052-2003 of July 17, 2003, and article LXXII session nº061-2003 of August 19, 2003, are ANNULLED, leaving in force the agreement made in article XXVI session nº029-2003 of April 29, 2003, so that it is understood that it applies to all persons appointed (interim or permanent) in competitions that were issued after April 29, 2003. ALFONSO CHAVES RAMIREZ, in his capacity as Acting President of the Consejo Superior del Poder Judicial, or whoever holds the position in his stead, is ORDERED to issue instructions so that, within a period of fifteen days from the notification of this resolution, the corresponding travel allowances are determined and paid to the appellants, under warning that he could incur the crime typified in article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, which provides for imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, for anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative court. Notify in person ALFONSO CHAVES RAMIREZ, in his capacity as Acting President of the Consejo Superior del Poder Judicial, or whoever holds the position in his stead.\n\nAna Virginia Calzada M.\n\nPresidenta\n\nAdrián Vargas B. Gilbert Armijo S.\n\nErnesto Jinesta L. José Luis Molina Q.\n\nTeresita Rodríguez A. Marta María Vinocour F.\n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 06:42:10.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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