{
  "id": "nexus-sen-1-0007-338517",
  "citation": "Res. 02973-2006 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo anula permisos de urbanización San Martín II por riesgo de contaminación de acuíferos",
  "title_en": "Amparo annuls San Martín II urbanization permits for aquifer contamination risk",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por vecinos contra el INVU, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Siquirres y otras entidades. El caso se originó porque el INVU otorgó el visado de planos urbanísticos para la Urbanización San Martín II sin considerar el acuerdo 2003-044 de la Junta Directiva del ICAA, que denegó la exoneración de construcción de la red de alcantarillado sanitario debido a que un sistema de tanques sépticos con drenaje de lixiviados representaba un alto riesgo de contaminación para los acuíferos de la zona. A pesar de la denegatoria, el Ministerio de Salud otorgó el visado sanitario basándose en un estudio hidrogeológico presentado por el desarrollador, y la Municipalidad concedió el permiso de construcción. La Sala constató múltiples irregularidades, incluyendo la falta de verificación de la aprobación del ICAA por parte del INVU y la tardía notificación del acuerdo a las autoridades municipales y al INVU. Aplicando el principio precautorio, la Sala anuló todos los permisos otorgados y ordenó medidas protectoras, así como la remisión de testimonios al Ministerio Público para investigar posibles responsabilidades penales.",
  "summary_en": "The Constitutional Court granted an amparo filed by neighbors against the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), the Ministry of Health, the Municipality of Siquirres, and other entities. The case arose because the INVU endorsed the urban development plans for the San Martín II project without considering the ICAA's Board of Directors agreement 2003-044, which denied the exemption from building a sanitary sewer network, since a septic tank system with leachate drainage posed a high risk of contaminating the local aquifer. Despite the denial, the Ministry of Health granted sanitary approval based on a hydrogeological study presented by the developer, and the Municipality issued the construction permit. The Court found multiple irregularities, including the INVU's failure to verify the ICAA's approval and the delayed notification of the agreement to municipal authorities and the INVU. Applying the precautionary principle, the Court annulled all permits, ordered protective measures, and referred the matter to the Public Ministry for criminal investigation.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "07/03/2006",
  "year": "2006",
  "topic_ids": [
    "water-law",
    "procedural-environmental"
  ],
  "primary_topic_id": "water-law",
  "es_concept_hints": [
    "aguas subterráneas",
    "mantos acuíferos",
    "principio precautorio",
    "lixiviados",
    "visado de planos urbanísticos",
    "ICAA",
    "INVU",
    "alcantarillado sanitario"
  ],
  "article_citations": [],
  "keywords_es": [
    "aguas subterráneas",
    "contaminación acuíferos",
    "tanques sépticos",
    "lixiviados",
    "alcantarillado sanitario",
    "principio precautorio",
    "visado de planos",
    "INVU",
    "ICAA",
    "Municipalidad de Siquirres",
    "urbanización San Martín",
    "derecho a un ambiente sano",
    "Sala Constitucional",
    "exoneración de alcantarillado"
  ],
  "keywords_en": [
    "groundwater",
    "aquifer contamination",
    "septic tanks",
    "leachate",
    "sanitary sewer system",
    "precautionary principle",
    "plan endorsement",
    "INVU",
    "ICAA",
    "Municipality of Siquirres",
    "San Martín development",
    "right to a healthy environment",
    "Constitutional Court",
    "sewer exoneration"
  ],
  "excerpt_es": "En conclusión.- En mérito de las anteriores consideraciones, y aplicando el principio precautorio ambiental, se impone declarar con lugar el recurso de amparo interpuesto con las consecuencias de ley, y a) ANULAR todos los permisos otorgados al desarrollador del Proyecto San Martín II particularmente el otorgado por el INVU el 28 de febrero del 2003, el otorgado por el Ministerio de Salud el 24 de febrero del 2003 y todos los otorgados por la Municipalidad de Siquirres; b) ORDENAR a todos los recurridos tomar las medidas necesarias para proteger el acuífero de la zona de las aguas negras producidas por las casas que ya están construidas en el proyecto urbanizador; c) ORDENAR a Construcciones Astorga s.a y Nombre10 s.a. la construcción del sistema de alcantarillado que recomendara el ICAA, o bien el traslado de las personas que habitan dichas casas y d) ORDENAR testimoniar piezas para que Ministerio Público investigue las actuaciones tanto de las autoridades y funcionarios públicos como la de los sujetos privados. \n\nSe declara CON LUGAR el recurso y en consecuencia se: a) ANULAN todos los permisos otorgados al desarrollador del Proyecto San Martín II particularmente el visado de planos urbanísticos dado por el INVU el 28 de febrero del 2003, el visado sanitario de planos por el Ministerio de Salud el 21 de febrero del 2003 y los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de Siquirres el 03 de marzo del 2003; b) ORDENA a todos los recurridos tomar las medidas necesarias y suficientes para proteger el acuífero de la zona de las aguas negras producidas por las casas que ya están construidas en el proyecto urbanizador; c) ORDENA a Construcciones Astorga s.a y Nombre10 s.a. la construcción del sistema de alcantarillado que recomendara el ICAA, ordenándose a Olman Chacón Garita en su calidad de Subgerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin limite de suma del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Arturo Castillo Valverde en su calidad de Alcalde Municipal a.i de la Municipalidad de Siquirres proceder a supervisar dicha construcción y prestar la colaboración que de acuerdo a sus competencias corresponda; y d) ORDENA testimoniar piezas para que Ministerio Público investigue las actuaciones tanto de las autoridades y funcionarios públicos como la de los sujetos privados.",
  "excerpt_en": "In conclusion.- By virtue of the foregoing considerations, and applying the environmental precautionary principle, it is necessary to declare the amparo action with merit, with the legal consequences, and a) ANNUL all permits granted to the developer of the San Martín II Project, particularly the urban development plan endorsement granted by INVU on February 28, 2003, the sanitary plan endorsement by the Ministry of Health on February 21, 2003, and all construction permits granted by the Municipality of Siquirres on March 3, 2003; b) ORDER all respondents to take the necessary and sufficient measures to protect the aquifer in the area from the black water produced by houses already built in the development project; c) ORDER Construcciones Astorga S.A. and Nombre10 S.A. to construct the sewer system recommended by the ICAA, ordering Olman Chacón Garita in his capacity as Sub-Manager with powers of General Attorney of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and Arturo Castillo Valverde in his capacity as Municipal Mayor of Siquirres to supervise this construction and provide the collaboration corresponding to their competences; and d) ORDER the certification of documents so that the Public Ministry investigates the actions of both public authorities and officials and private parties.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Court annulled all permits for San Martín II, ordered the protection of the aquifer, and referred the case to the Public Ministry for criminal investigation.",
    "summary_es": "La Sala anuló todos los permisos del Proyecto San Martín II, ordenó la protección del acuífero y remitió testimonios al Ministerio Público para investigar posibles responsabilidades penales."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "In environmental matters, all public officials and all persons have the obligation to ensure its protection, so that an official cannot simply limit themselves to declaring themselves incompetent.",
      "quote_es": "En materia ambiental todos los funcionarios públicos y todas las personas tienen la obligación de velar por su protección, de forma que un funcionario no se puede limitar simplemente a declararse incompetente."
    },
    {
      "context": "Considerando XV",
      "quote_en": "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.",
      "quote_es": "Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente."
    },
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "The precautionary principle obliges the Environmental Administration to carefully weigh whether human activity compromises the environment, and not to grant authorization if assessments show that the activity may produce harmful or irreparable consequences to the environment.",
      "quote_es": "El principio precautorio obliga a la Administración Ambiental a ponderar cuidadosamente si, la actividad del hombre compromete el medio, y a no conceder la autorización si las evaluaciones demuestran que la actividad puede producir consecuencias nocivas o irreparables al ambiente."
    }
  ],
  "cites": [
    {
      "id": "norm-27738",
      "citation": "Ley 7554",
      "title_en": "Organic Environmental Law",
      "title_es": "Ley Orgánica del Ambiente",
      "doc_type": "law",
      "date": "04/10/1995",
      "year": "1995"
    },
    {
      "id": "norm-39796",
      "citation": "Ley 7788",
      "title_en": "Biodiversity Law",
      "title_es": "Ley de Biodiversidad",
      "doc_type": "law",
      "date": "30/04/1998",
      "year": "1998"
    },
    {
      "id": "norm-41661",
      "citation": "Ley 7575",
      "title_en": "Forestry Law",
      "title_es": "Ley Forestal",
      "doc_type": "law",
      "date": "13/02/1996",
      "year": "1996"
    }
  ],
  "cited_by": [
    {
      "id": "nexus-sen-1-0007-239147",
      "citation": "Res. 06322-2003 Sala Constitucional",
      "title_en": "Unconstitutionality of Exempting Manual Sanitary Landfills from EIA",
      "title_es": "Inconstitucionalidad de exención de EIA para rellenos sanitarios manuales",
      "doc_type": "constitutional_decision",
      "date": "03/07/2003",
      "year": "2003"
    },
    {
      "id": "norm-27738",
      "citation": "Ley 7554",
      "title_en": "Organic Environmental Law",
      "title_es": "Ley Orgánica del Ambiente",
      "doc_type": "law",
      "date": "04/10/1995",
      "year": "1995"
    },
    {
      "id": "norm-39796",
      "citation": "Ley 7788",
      "title_en": "Biodiversity Law",
      "title_es": "Ley de Biodiversidad",
      "doc_type": "law",
      "date": "30/04/1998",
      "year": "1998"
    },
    {
      "id": "norm-41661",
      "citation": "Ley 7575",
      "title_en": "Forestry Law",
      "title_es": "Ley Forestal",
      "doc_type": "law",
      "date": "13/02/1996",
      "year": "1996"
    }
  ],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-338517",
  "tier": 2,
  "is_environmental": true,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [
    {
      "doc_id": "norm-27738",
      "norm_num": "7554",
      "norm_name": "Ley Orgánica del Ambiente",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "04/10/1995"
    },
    {
      "doc_id": "norm-39796",
      "norm_num": "7788",
      "norm_name": "Ley de Biodiversidad",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "30/04/1998"
    },
    {
      "doc_id": "norm-41661",
      "norm_num": "7575",
      "norm_name": "Ley Forestal",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "13/02/1996"
    }
  ],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "*040108200007CO*\n\n*040108200007CO*\n\nExp: 04-010820-0007-CO \n\nRes. Nº 2006-002973 \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y treinta y seis minutos del siete de marzo del dos mil seis.\n\nRecurso de amparo interpuesto por Nombre01, Nombre02., cédula CED01, Nombre03, cédula CED02, Nombre04, cédula CED03, ilegible, cédula CED04, Nombre05, cédula CED05, T. JIMENEZ J. ENRIQUE, cédula CED06, TORRES C. BLANCA, cédula CED07, Nombre06, cédula CED08, Nombre07, cédula CED09, Nombre08, cédula CED10 y Nombre09, cédula CED11, contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU).\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10 horas 37 minutos del 26 de octubre del 2004, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) y manifiestan que: a) Debe anularse el permiso otorgado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a la empresa Nombre10 S.A., para la construcción de la urbanización San Martín de Siquirres, pues ese permiso se otorgó, sin tomar en cuenta la resolución de la Junta Directiva de Acueductos y Alcantarillados; b) En el artículo 6, inciso c) del acuerdo 2003-044, consta que según estudios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la utilización de tanques sépticos en dicha urbanización, constituye un peligro inminente de contaminación de los acuíferos de la zona. Por ello, dicho instituto exigió que se construyera una red recolectora de aguas servidas y que estas fueran debidamente tratadas en el ámbito primario y secundario, a fin de acondicionarlas y que después puedan ser vertidas, sin\n\nriesgo de contaminación; c) A pesar de lo anterior, el INVU otorgó el permiso referido, permitiendo que se utilizara en la Urbanización San Martín, tanques sépticos y drenajes individuales, que es precisamente lo que la resolución de Acueductos y Alcantarillados prohibió. Ya se han construido diecisiete casas con tanque séptico en la urbanización mencionada. Solicitan que se declare con lugar el recurso, por violación a su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Posteriormente mediante escrito presentado el 27 de octubre del 2004 aportan prueba adicional (folio 034).\n\n2.- Mediante resolución de esta Sala de las 08 horas 37 minutos del 27 de octubre del 2004 se le dio curso al presente recurso y se ordenó al Presidente del INVU tomar de inmediato las medidas necesarias para evitar los problemas de contaminación ambiental denunciados por los recurrentes (folios 031-032).\n\n3.- Informa bajo juramento ANGELO ALTAMURA CARRIERO, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (folio 045), que: a) El 16 de enero del 2003 el ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) aprueba el proyecto de la Urbanización San Martín II, ubicado en el cantón de Siquirres, provincia de Limón, posteriormente el 19 de febrero del 2003 el INVU lo aprueba, el 24 de febrero es aprobado por el Ministerio de Salud y finalmente con posterioridad a esos tres permisos la Unidad de Visado y Catastro del INVU procede a emitir el visado de planos constructivos de la mencionada urbanización; b) En el momento en que se aprobó el proyecto, el ICAA no había enviado al INVU ninguna nota donde se le comunicara el Acuerdo de Junta Directiva sobre el trámite para la exoneración de alcantarillado sanitario; c) La competencia del INVU en materia de urbanizaciones se circunscribe a lo relativo a aspectos urbanísticos, considerando los usos de suelo, aplicación y conformidad de los proyectos con los planes reguladores o el Decreto 25902 sobre el Gran Área Metropolitana; d) Otro de los aspectos por los que vela el INVU es lo concerniente a la probación o visado de planos constructivos, no lo relativo al permiso de construcción que es competencia municipal; e) El INVU no es el único que participa en este proceso, también esta el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las Municipalidades, así como las diversas instituciones del Estado que ostentan materias específicas de su competencia, como el ICAA; f) Según su propia ley constitutiva el ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) es el encargado de determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados, las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación, de igual forma es de su resorte promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas; g) Así las cosas, el INVU no es la instancia encargada de supervisar, controlar u otorgar los permisos de construcción de los sistemas de acueductos y alcantarillados o de recolección de aguas pluviales o servidas, eso le compete al ICAA, quien otorga un permiso de construcción específico para la urbanización que se proyecta y es con base en dicho permiso que finalmente el INVU aprobará los planos constructivos de la obra; h) Además, conforme a la ley 8220 el INVU no puede cuestionar los permisos otorgados por otras instituciones en el ejercicio de sus competencias legales; i) AYA debe aprobar de previo los estudios de solución, y no es sino con base en estos que el INVU visa los planos constructivos (artículo VI.3.1 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones), igualmente el artículo VI.3.4 del mismo Reglamento establece los requisitos y normas relativos al sistema de tratamiento de aguas negras y otros, los fija el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Salud, órganos de ley competentes en la materia; i) La competencia de la Dirección de Urbanismo del INVU se limita a examinar y visar en forma ineludible, los planos correspondientes a proyectos de urbanización o de fraccionamiento para efectos de urbanización, previamente a su aprobación municipal (artículo 10, inciso 2 de la Ley de Planificación Urbana) y nunca ha sido competencia del INVU aprobar los planos o sistemas de alcantarillado o acueducto; j) Así las cosas, es claro que la competencia del INVU se limita a la aprobación de planos constructivos y verificar que estos cumplan con los requisitos que el citado reglamento indica y que fueran publicados en La Gaceta nº156 del 16 de agosto del 2002; k) Como se puede apreciar el INVU otorga el visado de planos constructivos verificando que se cumplan requisitos de infraestructura urbanística, siendo el ICAA el organismo encargado de establecer los requisitos específicos de su materia y otorgar las aprobaciones o vistos buenos que en su materia competen; l) En el caso específico de la Urbanización San Martín, cuando el INVU aprobó el proyecto no tenían conocimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICAA, así al INVU se presentaron los planos constructivos del proyecto con la aprobación previa del AYA en lo relativo a los servicios de alcantarillado. Solicita que se desestime el recurso planteado.\n\n4.- Mediante escrito presentado por los recurrentes, el cual corre al folio 084, solicitan dirigir también el amparo en contra de la Municipalidad de Siquirres por no haber anulado el permiso de urbanización y el visado de planos catastrados. Asimismo, mediante escrito que corre al folio 087 se denuncia que los planos catastrados fueron registrados en julio del 2000 antes del visado del INVU en el 2003.\n\n5.- Mediante resolución de las 10 horas 33 minutos del 26 de abril del 2005 la Sala amplía el curso del recurso para tener como autoridades recurridas al Gerente General del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), al gerente General del Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), al Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, al Ministro de Ambiente y Energía, al Departamento de Aguas y al Órgano Asesor de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, y al Ministro de Salud (folio 096). \n\n6.- Informan bajo juramento CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ ECHANDI en su condición de Ministro del Ambiente y Energía, y JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN en su condición de Jefe del Departamento de Aguas del MINAE y Coordinador del Órgano Asesor de Aguas (folio 097), que los hechos denunciados no son imputables al MINAE ni al Departamento de Aguas o al Órgano Asesor de Aguas, pues en sus despachos no se ha tenido conocimiento de ellos con anterioridad a la solicitud del presente informe y en el caso del Órgano Asesor de Aguas éste no recibe denuncias, pero que se ha programado la visita de un funcionario del Departamento de Aguas a la Zona del Caribe con el fin de realizar una evaluación e investigación sobre los hechos denunciados con el fin de hacer llegar un informe detallado a la Sala Constitucional que se complemente con el presente informe. En virtud de esto, solicitan que se declare sin lugar el recurso de amparo.\n\n7.- Informa bajo juramento FRANCISCO CUBILLO MARTÍNEZ, en su condición de Viceministro de Salud, actuando en este caso como Ministro de Salud a.i. (folio 107), que según información de la Directora del Área Rectora de Salud de Siquirres: a) No existe expediente en archivo en el Área Rectora de Siquirres ni se cuenta con la extensión ni trámite de planos para construcción de la Urbanización San Martín, solamente existe trámite de manera individual de planos unifamiliares; b) Al realizarse la inspección al lugar se evidencian 16 casas con tanques sépticos individuales, y según información recabada las actividades de construcción de la Urbanización se encuentran paralizadas, habiendo sido avalados los planos correspondientes el 21 de febrero del 2003; c) Los planos constructivos del proyecto de dicha urbanización se tramitaron bajo el número de código 10-01-05(03) y fueron visados sanitariamente el 21 de febrero del 2003; d) El proyecto es propiedad de la sociedad Proquisa San José s.a. y se compone de 238 lotes, proyecto que contó con el visto bueno de uso de suelo de la Dirección de Urbanismo, el cual fue autorizado el 4 de julio del 2002 mediante oficio PU-C-AT-865-2002; c) En lo referente al sistema de tratamiento de aguas residuales de tipo doméstico propuesto, dicha obra urbanística se tramitó y visó para el uso de tanques sépticos y drenajes, para ello los interesados aportaron estudio de precolación donde se concluye que las condiciones detectadas son favorables para el uso de esta clase de solución sanitaria, y anexaron un estudio hidrogeológico donde se concluye que la utilización de tanques sépticos y drenajes para el tratamiento de aguas residuales domésticas en el Proyecto Urbanización San Martin II es viable, ya que el riesgo de contaminar las aguas subterráneas es prácticamente nulo. Con base en estos hechos, solicita que se declare sin lugar el recurso interpuesto contra el Ministerio de Salud.\n\n8.- Informa bajo juramento OLMAN CHACÓN GARITA, en su condición de Subgerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (folio 143), que: a) El señor Jorge Víquez Mora, representante del Proyecto Urbanístico San Martín II, mediante carta de fecha 11 de junio de 2002, solicitó exoneración a su empresa de la construcción del sistema de alcantarillado en dicha urbanización; b) En el oficio OP-AS-02-174 del 07 de octubre del 2002, el Departamento de Aguas Subterráneas emitió el criterio técnico, estimando que se debe denegar la solicitud, dado que un sistema de tanques sépticos con drenaje de los lixiviados representa un alto riesgo a los acuíferos de la zona; c) La Comisión de Exoneraciones de Alcantarillado Sanitario analizó el expediente de exoneración del Proyecto Urbanístico San Martín III y acordaron mediante recomendación Nº2002-0002 de las 09 horas del 26 de noviembre del 2002 a la Gerencia General denegar la exoneración de las redes de alcantarillado sanitario por no cumplir los requisitos, recomendación que da también la Dirección Jurídica del AyA; d)Tal y como lo afirman los recurrentes, la Junta Directiva del AyA, mediante acuerdo 2003-044, resolvió denegar la solicitud de exoneración de la construcción de las redes de alcantarillado sanitario al Proyecto Urbanístico San Martín II, por no cumplir con los requisitos del Acuerdo de Junta Directiva AN-2002-114 ya que el sistema de tanques sépticos con drenaje de los lixiviados representa un alto riesgo de contaminación a los acuíferos de la zona, asimismo se le indicó al desarrollador del proyecto que implementara un sistema de alcantarillado sanitario que recolecte las aguas residuales domésticas y las transporte hacia un sistema con unidades de tratamiento primario y secundario con el propósito de acondicionar las mismas para ver vertidas con una calidad tan que se encuentren por debajo de los límites máximo permisibles establecidos; d) El acuerdo 2003-044 fue debidamente notificado al interesado en fecha 24 de febrero del 2003, para conocimiento de la Municipalidad de Siquirres el 18 de agosto del 2004, quien a su vez comunicó mediante oficio DE-139-04 de fecha 2 de setiembre del 2004, al Presidente Ejecutivo del INVU; e) El INVU procedió a otorgar el visado respectivo con fundamento en un oficio técnico que no es un Acuerdo de Junta Directiva, a pesar de que por acuerdo número AN-2002-114 del 25 de marzo del 2002 clarifica que únicamente por Acuerdo de Junta Directiva se dictaminará la procedencia o no de exoneraciones de redes de alcantarillado sanitario; f) Es la Municipalidad de Siquirres a quien le compete verificar que los lineamientos técnicos constructivos sean respetados conforme con la comunicación realizada mediante Acuerdo 2003-044 quien incurrió en negligencia, siendo esta Municipalidad la competente para mandar a anular todos los permisos otorgados y mandar a clausurar las obras de forma inmediata. f) A pesar de dicha resolución, el Desarrollador no acató los lineamientos indicados y el INVU y la Municipalidad respectiva no le otorgaron vinculancia al Acuerdo dictaminado por el AyA, permitiendo la utilización de tanque séptico y drenaje individual; g) En lo que respecta al AyA dentro de sus competencias no se otorgará permisos de interconexión ni recibo de obras hasta tanto el desarrollador cumpla con lo estipulado en la resolución 2003-044. Solicita que se libere de responsabilidad al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.\n\n9.- Informa bajo juramento SERGIO SALAS ARIAS, en su condición de Gerente General con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)(folio 159), que: a) En julio del 2002 SENARA recibió el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP) número 383-02 a nombre de Urbanización San Martín, faltando el plano catastrado; b) SENARA registró dicho trámite en la base de datos con el número 404-2002 y dio respuesta mediante el informe ASUB-573-02 del 31 de julio del 2002, recomendando realizar una evaluación del riesgo de contaminación de los acuíferos por medio de posibles efluentes generados por los tanques sépticos; c) SENARA no ha recibido ningún estudio para la evaluación del riesgo de contaminación, por lo que a la fecha no ha emitido ningún dictamen favorable que la acredite. Solicita que se declare sin lugar el recurso en cuanto a su representada.\n\n10.- Informa bajo juramento JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, en su condición de Jefe del Departamento de Aguas del MINAE y Coordinador del Órgano Asesor de Aguas (folio 170), que con el fin de complementar y cumplir con compromiso indicado en informe anterior y habiéndose practicado la inspección de campo el 06 de mayo del 2005 según el informe oficio IMN-DA-1102-2005: a) El Departamento de Aguas desconoce si este proyecto ha cumplido con la viabilidad ambiental siendo que tratándose de una urbanización, el desarrollador debió presentar ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) la valoración del impacto ambiental así como proveer de los mejores sistemas que aseguren un manejo adecuado de las aguas negras y residuales, que aseguren un manejo seguro de sus aguas; b) Al parecer el proyecto se encuentra paralizado o clausurado por la Municipalidad, y se desconoce si realmente los tanques sépticos están afectando los acuíferos y en vista de que no se ha construido el sistema de alcantarillado sanitario no se puede afirmar que hay afectación.\n\n11.- Informa bajo juramento ARTURO CASTILLO VALVERDE, en su condición de Alcalde Municipal a.i. de la Municipalidad de Siquirres (folio 174), que: a) A raíz de problemas y quejas, mediante oficio número DE-139-04, la Municipalidad de Siquirres suspendió temporalmente el otorgamiento de permisos de construcción referentes al Proyecto Urbanístico San Martín II, hasta tanto no se aclaren las quejas presentadas; b) El 2 de setiembre del 2004 el ICAA les notifica la resolución de rechazo de recurso de reconsideración contra el acuerdo que denegaba la exoneración de redes de alcantarillado; c) Sin embargo, actualmente existen 17 casas de habitación debidamente acabadas y ocupadas, siendo que en su momento se otorgaron las licencias de construcción por cuanto en apariencia por una irregularidad interna de otorgó por el AyA permiso del 16 de enero del 2003, según oficio PU-C-D-1231-2004 firmado por la Ing. Aura Yee Orozco, Subdirectora de Urbanismo, obviando el acuerdo de Junta Directiva; d) Con la resolución de suspensión de licencias de construcción, se adoptaron de antemano medidas de protección de los mantos acuíferos. Solicita se desestime el recurso planteado por cuanto han tomado las medidas correctivas necesarias.\n\n12.- Mediante resolución del Magistrado Instructor de las 11 horas 34 minutos del 01 de agosto del 2005 se amplía el curso para tener como recurridos a Nombre11 y a los representantes del Proyecto Urbanizador San Martín II. Solicitándosele a Nombre11 que indique si el proyecto cuenta con Viabilidad Ambiental y si el oficio SG-004-2003-Nombre11 corresponde a ello. Solicitándosele al representante de la Sociedad Nombre10 s.a. indique si ha cumplido con los requisitos de ley para la construcción del Proyecto Urbanizador San Martín II. Además como prueba para mejor resolver se solicita al Presidente Ejecutivo del INVU, al Alcalde de la Municipalidad de Siquirres y al representante del ICAA la remisión del oficio nºPU-C-D-1231-2004 del 16 de enero del 2003 donde supuestamente consta la aprobación del ICAA, además se le solicita explicación al ICAA de las razones por las cuales el acuerdo de la Junta Directiva número 2003-044 del 03 de febrero del 2003 fue notificado a la Municipalidad de Siquirres hasta el 18 de agosto del 2004 y al INVU hasta el 02 de setiembre del 2004 (folio 185).\n\n13.- Informa MIGUEL QUIROS LEON, en su calidad de Alcalde Municipal de Siquirres que mediante oficio del INVU nºPU-C-D-1231-2004 del 17 de setiembre del 2004 el INVU les comunica que el ICAA había otorgado el visto bueno a dicha urbanización (folio 192).\n\n14.- Informa OLMAN CHACON GARITA, en su calidad de Subgerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (folio 200) que: a) No entiende cómo el INVU le indica en su carta al Alcalde Municipal de Siquirres que el AyA había aprobado el Proyecto San Martín II con en el oficio del 16 de enero del 2003 (que consta al folio 16 del expediente) ya que de la lectura de ese oficio no se indica por ninguna parte que el AyA hubiera exonerado de la construcción de la red de alcantarillado sanitario al Proyecto San Martin II, ni tampoco que el Urbanizador podía construir tanques sépticos; b) El INVU y la Municipalidad de Siquirres estaban en la obligación de exigir al urbanizador el Acuerdo de Junta Directiva del AyA y no esperar a que recibieran notificación de ese acuerdo. \n\n15.- Aporta BERNARDO LOPEZ GONZALEZ, en su calidad de Presidente Ejecutivo del INVU copia del oficio del 17 de setiembre del 2004 (folio 217).\n\n16.- La Oficina del Magistrado Instructor realiza consulta sobre el domicilio legal de la empresa Proquifa s.a. a efectos de ser notificada de la ampliación del curso que consta al folio 185 (folios 221-222) y según consta el notificador se apersonó a dicha dirección donde se le indica que el lugar es un estudio fotográfico (folio 224).\n\n17.- Según constancia que corre al folio 225 no aparece que del 10 de agosto al 07 de diciembre del 2005 Nombre11 haya presentado escrito o documento alguno a fin de rendir el informe que se le solicitó.\n\n18.- Contestan JORGE VIQUEZ MORA, en su calidad de representante legal de Construcciones Astorga s.a. y ANA LUCIA ASTORGA CASTILLO, en su calidad de representante legal de Nombre10 s.a. que: a) Construcciones Astorga s.a. ejecutó la Urbanización San Martín II, siendo la propietaria de dicho proyecto Nombre10 s.a.; b) La idea fue llevar a la zona una solución al problema habitacional, desarrollando, pero no construyendo, el proyecto; c) Iniciaron todas las consultas y gestiones previas a la aprobación del proyecto, una de ellas se dirigió al ICAA tendiente a resolver la exoneración o no de la construcción eventual de una red de alcantarillado sanitario, solicitud entregada el 11 de junio del 2002; c) Inicialmente se les indicó la exigencia de un alcantarillado sanitario, luego el 09 de julio del 2002 solicitan una reconsideración, la cual fue aceptada, enviándose el asunto a la Junta Directiva; d) Luego de salir publicado el Reglamento de Organización y Servicio de la Ventanilla Única de la Dirección de Urbanismo el 27 de noviembre del 2002 conocen de una nota confeccionada por el departamento de Urbanizaciones del Instituto en el cual se indica que el proyecto estaba aprobado, presumiendo que el Instituto conoció todos los documentos y planos presentados; e) El 16 de diciembre del 2002 el INVU emitió la declaratoria de interés social del proyecto; f) El 06 de enero del 2003 Nombre11 otorga la resolución de Viabilidad Ambiental del proyecto, estudio que tuvo su fundamento en los planos donde se incluyó la alternativa del tanque séptico individual; g) En enero del 2003 se les indicó que el proyecto estaba aprobado por el Departamento de Urbanizaciones, asimismo mediante nota HU-ONM-2003-011 declara que existe disponibilidad de agua potable en la zona; h) El 24 de febrero del 2003 se les notifica de un acuerdo de Junta en el que se rechaza la solicitud de exoneración de la construcción de las redes de alcantarillado sanitario, cuando a esa fecha ya el proyecto había sido aprobado; i) El 03 de marzo del 2003 obtuvieron el permiso de construcción municipal, luego de presentar todos los requisitos necesarios, permiso que fue entregado sin ningún tipo de prevención o requerimiento; j) Por algunas razones, los vecinos fueron mal informados y cuando empezaron las fallas les decían que había riesgo de contaminación de mantos acuíferos, lo cual no es cierto, los responsables de las fallas constructivas trataron de endosar su irresponsabilidad al desarrollador del proyecto, lo cual les causó mucho perjuicio; k) Las fallas en las casas construidas se deben tanto a los planos constructivos de cada inmueble como a la mala construcción de los sistemas de aguas negras y no tiene relación con la construcción o no de un alcantarillado ni con daños ambientales. Consideran que su actuar no daño a persona alguna y por ende solicitan se les exima de cualquier responsabilidad en el asunto. \n\n19.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\nRedacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Objeto del recurso. Los recurrentes consideran que se ha violado su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que solicitan se anule el permiso otorgado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a la empresa Nombre10 S.A. para la construcción de la Urbanización San Martín de Siquirres de Limón, por cuanto: a) el INVU confirió dicho permiso sin tomar en cuenta la resolución de la Junta Directiva de Acueductos y Alcantarillados, en la que se establece que la utilización de tanques sépticos en dicha urbanización constituye un peligro inminente de contaminación de los acuíferos de la zona y b) La Municipalidad lo único que ha hecho es suspender temporalmente el otorgamiento de nuevos permisos de construcción, sin haber anulado el permiso de urbanización y el visado de planos, tal como corresponde. El Magistrado Instructor amplió el curso de este recurso para tener también como recurridos al Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía; así como a los representantes del Proyecto Urbanizador San Martín con el objeto de analizar la posible violación al derecho a gozar de un ambiente sano producto del otorgamiento de los permisos requeridos para la construcción de la Urbanización San Martín, a pesar de no cumplir con el visto bueno del ICAA, quien lo negó en virtud del posible riesgo de contaminación a los acuíferos de la zona. \n\nII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) Que el 11 de junio del 2002 el señor Jorge Víquez Mora, representante del Proyecto Urbanístico San Martín II, presenta al ICAA solicitud formal para exonerar la construcción de redes de alcantarillado sanitario para la construcción de un proyecto urbanístico en Siquirres de Limón (folio 004, informe al folio 143-144).\n\nb) Que el 4 de julio del 2002, mediante oficio PU-C-AT-865-2002 se da el Visto Bueno de Uso de Suelo de la Dirección de Urbanismo del INVU (informe al folio 108, folio 112).\n\nc) Que el 31 de julio del 2002 mediante el informe ASUB-573-02 el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) recomienda, respecto del Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP) a nombre de la Urbanización San Martín, realizar una evaluación del riesgo a la contaminación de los acuíferos por medio de posibles efluentes generados por los tanques sépticos. Estudio todavía no recibido por lo que NO EXISTE dictamen favorable que acredite que los acuíferos de la zona no van a verse afectados por la construcción de la urbanización (informe al folio 159).\n\nd) Que el 7 de octubre del 2002 mediante oficio OP-AS-02-174 el Departamento de Aguas Subterráneas del ICAA recomendó denegar la solicitud dado que un sistema de tanques sépticos con drenaje de los lixiviados representa un alto riesgo de contaminación a los acuíferos de la zona (informe al folio 145, folios 152-157).\n\nd) Que mediante recomendación nº2002-0002 de las 09 horas del 26 de noviembre del 2002 la Comisión de Exoneraciones de Alcantarillado Sanitario del ICAA recomendó a la Gerencia General denegar la exoneración de las redes de alcantarillado sanitario al proyecto urbanístico San martín por cuanto ello representa un alto riesgo de contaminación a los acuíferos de la zona (folio 08, informe al folio 145).\n\ne) Que la Dirección Jurídica del ICAA recomienda denegar la solicitud planteada por el solicitante, en virtud del estudio técnico rendido por el Departamento de Aguas Subterráneas (informe al folio 146).\n\nf) Que casi DIEZ MESES después de presentada la solicitud, el 3 de febrero del 2003 la Junta Directiva del ICAA toma el acuerdo 2003-044 DENEGANDO la solicitud de exoneración de construcción de redes de alcantarillado sanitario, notificado el 24 de febrero del 2003 al interesado y notificado MAS DE UN AÑO Y MEDIO DESPUES de tomado el 18 de agosto del 2004 a la Municipalidad de Siquirres y el 2 de setiembre del 2004 al INVU (informe al folio 147, folio 206-208).\n\nh) Que el 21 de febrero del 2003 mediante oficio PU-C-AT-865-2002 el Ministerio de Salud otorgó el visado sanitario a los planos, para lo cual el desarrollador aportó estudio de precolación y estudio hidrogeológico, concluyéndose en este último que “la utilización de tanques sépticos y drenajes para el tratamiento de aguas residuales domésticas en el Proyecto Urbanización San Martín II es viable, ya que el riego de contaminar las aguas subterráneas es prácticamente nulo” (informe al folio 108, folio 021, 112 y 137).\n\ni) Que el 28 de febrero del 2003 el Departamento de Urbanismo del INVU aprueba el proyecto, visando los planos urbanísticos del proyecto San Martín II (folio 013, 021 y 075) argumentando que el ICAA había aprobado la exoneración del alcantarillado el 16 de enero del 2003 (folio 019).\n\ni) Que el 03 de marzo del 2003 la Municipalidad de Siquirres otorga permiso de construcción de la Urbanización San Martín II (folio 021).\n\nj) Que MAS DE UN AÑO después de notificado, el 19 de agosto del 2004 los señores Jorge Víquez Mora y Ana Lucía Astorga Castillo, apoderados de las empresas denominadas Construcciones Astorga s.a. y Proquifa s.a., desarrolladora y propietaria del proyecto urbanístico San Martín II en Siquirres de Limón interponen recurso de reconsideración contra el acuerdo anterior 2003-044, el cual es rechazado por extemporáneo (folios 010-011).\n\nk) Que el 17 de setiembre del 2004 mediante oficio PU-C-D-1231-2004 la Subdirectora de Urbanismo del INVU, Aura Yee Orozco, comunica al Alcalde Municipal de la Municipalidad de Siquirres que el proyecto San Martín II es aprobado por el ICAA el 16 de enero del 2003, que el INVU lo aprueba el 19 de febrero del 2003, que el Ministerio de Salud lo aprueba el 24 de febrero del 2003 y que posteriormente se visó por la Unidad de Visado y Catastro del INVU (folio 14, 060 y 143). \n\nl) Que el 2 de setiembre del 2004 mediante oficio nºDE-139-04 el Alcalde de la Municipalidad de Siquirres informa al Presidente Ejecutivo del INVU de la suspensión indefinida de los permisos de construcción del Proyecto urbanístico San Martín II en virtud de memorando del ICAA que informa de la denegatoria de la solicitud de exoneración de construcción de redes de alcantarillado (folio 197).\n\nIII.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:\n\na) Que exista absoluta certeza científica y técnica sobre que la operación del Proyecto Urbanizador San Martin II en Siquirres de Limón con un sistema de tanques sépticos con drenaje de los lixiviados sin la construcción de la red de alcantarillado sanitario no contamine, degrade o afecte el manto acuífero de la zona.\n\nb) Que el ICAA haya aprobado el Proyecto Urbanizador San Martin II el 16 de enero del 2003 como aparece en el folio 213.\n\nc) Que el INVU aprobara el Proyecto Urbanizador San Martin II desde el 27 de noviembre del 2002 como dicen los representantes de las empresas Construcciones Astorga s.a. y Nombre10 s.a. en la contestación al folio 230.\n\nd) Que el Proyecto Urbanizador San Martin II contara con Viabilidad Ambiental el 06 de enero del 2003 como se dice en la contestación al folio 230 y que el SENARA y Nombre11 hubieran dado el seguimiento debido al Proyecto Urbanizador San Martin II en Siquirres de Limón en cuanto a la protección de los acuíferos de la zona.\n\ne) Que el INVU, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Siquirres procedieran a verificar, antes del otorgamiento de los visados y permisos respectivos, que el Proyecto Urbanizador San Martin II en Siquirres de Limón contara con la aprobación de exoneración de construcción de la red de alcantarillado sanitario del ICAA.\n\nf) Que los representantes de las empresas Construcciones Astorga s.a. y Nombre10. hayan acatado lo establecido la Junta Directiva del AyA mediante acuerdo 2003-044 donde se indicó al desarrollador del proyecto que implementara un sistema de alcantarillado sanitario que recolecte las aguas residuales domésticas y las transporte hacia un sistema con unidades de tratamiento primario y secundario con el propósito de acondicionar las mismas para ser vertidas con una calidad tal que se encuentren por debajo de los límites permisibles establecidos en el Reglamento de Reuso y Vertidos de las Aguas Residuales.\n\nIV.- Sobre el deber de protección estatal al ambiente.- El derecho a un ambiente sano y equilibrado, obliga al Estado a procurar una protección adecuada al ambiente; consecuentemente, a tomar las medidas necesarias para evitar que las alteraciones producidas por la actividad humana constituyan una lesión al ambiente. De esa forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, los principios rectores del Derecho al Ambiente exigen que se adopten las medidas de precaución que se estimen convenientes para que esa afectación no se produzca, e inclusive permiten posponer la actividad de que se trate, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y sociales nocivas, la coacción a posteriori resulta ineficaz, y no tendría más que trascendencia moral, pues difícilmente compensaría los daños ocasionados al ambiente. En este orden de ideas, el principio precautorio obliga a la Administración Ambiental a ponderar cuidadosamente si, la actividad del hombre compromete el medio, y a no conceder la autorización si las evaluaciones demuestran que la actividad puede producir consecuencias nocivas o irreparables al ambiente. Así pues, el Estado costarricense se encuentra obligado a velar y a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del medio ambiente. El Derecho a la Constitución exige utilizar todos los medios disponibles -sean estos jurídicos o fácticos- para preservar el ambiente. En materia ambiental todos los funcionarios públicos y todas las personas tienen la obligación de velar por su protección, de forma que un funcionario no se puede limitar simplemente a declararse incompetente. El artículo 50 constitucional obliga al Estado y a las demás instituciones públicas -incluyendo las Municipalidades- a intervenir activamente en protección del ambiente. La ley ordinaria es la encargada del desarrollo del canon constitucional y de propiciar en su contenido un desarrollo económico y social en compatibilidad total con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El país cuenta actualmente, con una abundante legislación de desarrollo entre las que podemos citar entre otras: Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de la Flora, Fauna y Vida Silvestre, Ley de Uso de Manejo y Conservación de Suelos, Ley de Biodiversidad, Ley de Aguas y Ley de Planificación Urbana. Estas normativas, y otros similares que pueden adicionarse, materializan la obligación estatal en la protección del ambiente como derecho fundamental.\n\nV.- Sobre la protección de los mantos acuíferos.- Esta Sala ya tuvo la oportunidad de analizar la protección constitucional de las aguas subterráneas y los mantos acuíferos. Al respecto dice la resolución número 04-001923 de las 14 hora 55 minutos del 25 de febrero del 2004: \n\n“V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas. El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua -nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. Las aguas subterráneas son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. En la región centroamericana la principal fuente de abastecimiento público son las aguas subterráneas, frente a las superficiales que están notablemente expuestas a su contaminación y degradación por las nocivas prácticas del uso de la tierra y la expansión urbana descontrolada. Para el caso particular de nuestro país se ha estimado que la recarga potencial anual de aguas subterráneas es de aproximadamente 47 000 millones de metros cúbicos por año, lo que significa un 20% de la precipitación, igualmente se ha calculado que de los 750 000 metros cúbicos de agua diarios para consumo humano que se utilizan, un 70% ( 500 000 metros cúbicos por día) provienen de captaciones de aguas subterráneas. El consumo y uso de las aguas subterráneas, respecto de las superficiales, presenta ventajas cualitativas y cuantitativas evidentes y claras como las siguientes: a) La inversión para la extracción y explotación de las aguas subterráneas potables se realiza en forma gradual dependiendo del aumento de la demanda del servicio y las áreas de captación pueden ser ubicadas cerca del lugar donde se produce la demanda, todo lo cual reduce los costos de conducción, tratamiento y almacenamiento; b) la calidad físico-química natural de las aguas subterráneas es más constante que las superficiales y es potable con poco o ningún tratamiento; c) al existir suelo o rocas por sobre las aguas subterráneas se encuentran más protegidas de la contaminación de origen natural o humano; d) las variaciones en cantidad y disponibilidad en épocas secas o de precipitación pluvial son mínimas comparadas con las de las aguas superficiales; e) constituyen una reserva estratégica para hacerle frente a estados de emergencia por calamidad pública, conmoción interna (v. gr. terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc.) o guerra.\n\nVI.- AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES. El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida -“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas -indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales -uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-. \n\nVII.- NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICOS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, MANTOS ACUÍFEROS Y AREAS DE RECARGA: BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. En nuestro sistema jurídico no existe un único cuerpo normativo sistemático y coherente que regule de forma global la protección, extracción, uso, gestión y administración eficiente de los recursos hídricos. Adicionalmente, la poca legislación existente se centra, preponderantemente, en las aguas superficiales obviando a las subterráneas. Como es propio y consustancial al Derecho Administrativo, se puede constatar en esta materia una dispersión normativa y un conjunto fragmentado, caótico y ambiguo de normas sectoriales que regulan aspectos puntuales quedando serias lagunas y antinomias, todo lo cual también dificulta, seriamente, la gestión ambiental por parte de los entes públicos encargados de la materia. Obviamente, la escasa regulación de las aguas subterráneas no constituye la excepción a la regla anteriormente señalada. En el Derecho de Aguas se han sostenido diversas tesis acerca de su naturaleza jurídica -cuya variación depende de la evolución histórica-. Así a las aguas subterráneas se les ha reputado como (a) bienes privados, por lo que son una res nullius apropiable por su alumbrador, esto es, por el propietario del terreno en el que surjan, siguiéndose la máxima del Derecho Romano según la cual la propiedad se extiende desde el cielo hasta el infierno. Las regulaciones decimonónicas sobre el recurso hídrico (v. gr. Ley de Aguas española de 1879 que inspiró a muchas legislaciones latinoamericanas, entre ellas, a nuestra Ley de Aguas de 1942) le darán a las aguas subterráneas un carácter de (b) bien mixto, por lo que serán privadas las que el dueño de un terreno particular haga alumbrar y públicas las que nacen en un terreno de dominio público o las primeras después de haberlas utilizado su propietario. Finalmente, a partir del siglo XX, muchas legislaciones van a calificar todas las aguas subterráneas como (c) bienes de dominio público, a partir de la indubitada unidad del ciclo hidrológico, con lo que pasan a conformar lo que se ha denominado el “dominio público hidráulico” como parte del dominio natural y no artificial; esta posición concibe el agua como un recurso unitario subordinado al interés general por lo que no se debe distinguir entre superficiales y subterráneas, puesto que, se encuentran íntimamente vinculadas para mantener su calidad y cantidad. De acuerdo con esta última tesis, las aguas subterráneas no son apropiables por ningún particular y su calificación como bienes de dominio público constituye título suficiente para someterlas a un régimen de intervención administrativa muy fuerte e intenso en aras de garantizar su integridad y calidad y de apartarlas de los modos de adquisición y disfrute propios del Derecho Privado. En nuestro ordenamiento jurídico, a partir de una serie de normas dispersas, se puede determinar la naturaleza jurídica de las aguas subterráneas, con evidentes variaciones, según el devenir histórico- legislativo. La Ley de Aguas No. 276 del 27 de agosto de 1942 y sus reformas, en su artículo 1°, incisos IV, VIII y IX califica, respectivamente, como aguas de dominio público “Las de los (...) manantiales (...)”, “Las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de propiedad nacional y, en general, todas las que nazcan en terrenos de dominio público” y “Las subterráneas cuyo alumbramiento no se haga por medio de pozos”, puesto que, el ordinal 4°, inciso III, de ese texto legal reputa de dominio privado -y, por ende, pertenecientes al dueño del predio- “Las aguas subterráneas que el propietario obtenga de su propio terreno por medio de pozos”, siendo que los sobrantes - de pozos concesionados para obtener agua con fines no domésticos y necesidades ordinarias- que salgan del terreno se convertirán en aguas de dominio público. Evidentemente, la Ley de Aguas de 1942 sigue una tesis mixta acerca de la naturaleza jurídica de las aguas subterráneas, puesto que, conjuga el carácter res nullius y, por consiguiente, apropiable de éstas si son alumbradas en terrenos privados con el demanial si surgen en un terreno cuyo titular es un ente público. Serán dos leyes posteriores, dictadas durante el curso del último cuarto del siglo pasado, las que reformaron o modificaron, tácitamente lo establecido en los artículos 1°, incisos IV, VIII y IX y 4°, inciso III, de la Ley de Aguas. En realidad, estos dos nuevos instrumentos normativos se inscriben en la corriente contemporánea de concebir las aguas subterráneas como bienes del dominio público en virtud de la unidad del ciclo hidrológico, por lo que son título habilitante suficiente para admitir un fuerte régimen de intervención administrativa para conservar la cantidad, calidad y asegurar una explotación racional y sostenida de los recursos hídricos. Así, el Código de Minería, Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982 y sus reformas, en su numeral 4° dispuso lo siguiente “(...) las fuentes y aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales, se reservan para el Estado y sólo podrán ser explotados por éste, por particulares de acuerdo con la ley, o mediante una concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa (...)”, de esta forma se produjo una publificación y nacionalización de todas las aguas subterráneas del país, incluso las que son alumbradas mediante un pozo ubicado en un predio particular para uso domésticos o necesidades ordinarias. Ulteriormente, la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 13 de octubre de 1995 y sus reformas, en el numeral 50 -cuyo epígrafe es “Dominio público del agua”- reforzó esa declaratoria de demanialidad y preceptúo que “El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social”, este instrumento legislativo supone una afectación expresa, de las aguas continentales (aguas superficiales y subterráneas -al no distinguirlas-) al demanio público del Estado y califica de interés social, con lo que se dejó expedito el camino para eventuales expropiaciones o limitaciones por razón de interés social (artículo 45 de la Constitución Política), su protección, preservación o conservación y uso sostenido o racional. \n\nVIII.- MANTOS ACUÍFEROS, AREAS DE RECARGA Y DESCARGA. El acuífero es un estrato o formación geológica (depósitos no consolidados de materiales sueltos tales como arenas, gravas, mezclas de ambos, rocas sedimentarias como la caliza, rocas volcánicas, etc.) que permite la circulación del agua por sus poros o grietas, por lo que el ser humano puede aprovecharla en cantidades económicamente apreciables para atender sus necesidades. En un sentido muy lato, los mantos acuíferos son las formaciones geológicas que contienen agua, la han contenido y por las cuales el agua fluye o circula. Dos de los parámetros hidrogeológicos para definir el funcionamiento de un manto acuífero -relación entre la recarga y la extracción del agua o descarga- son la porosidad o permeabilidad -conductividad hidráulica- y el coeficiente de almacenamiento. Existen una serie de formaciones geológicas que no deben confundirse con los mantos acuíferos, así los (a) acuícludos son formaciones geológicas que contienen agua en su interior pero que no la transmiten impidiendo su explotación; en lo atinente a las aguas subterráneas no renovables, fósiles, muertas, estancadas o no fluyentes contenidas en éstos no cabe la menor duda que también son de dominio público, dado que, los artículos 4° del Código de Minería y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente no distinguen entre aguas subterráneas y superficiales y, mucho menos, entre las subterráneas renovables y no renovables, por lo que no se les puede concebir como un res nullis susceptible de apropiación por el alumbrador particular. El (b) acuitardo, por su parte, comprende un conjunto de formaciones geológicas que contienen apreciables cantidades de agua pero las transmiten de forma muy lenta. Finalmente, el (c) acuifugo es aquella formación geológica que no contiene agua ni la puede transmitir. En lo relativo a la tipología de los acuíferos, la hidrogeología, los clasifica, según la presión hidrostática del agua encerrada en los mismos, de la forma siguiente: a) acuíferos libres, no confinados o freáticos en los que existe una superficie libre del agua encerrada en ellos en contacto directo con el aire, su tabla de agua se encuentra a presión atmosférica y no está limitado por una capa impermeable y b) acuíferos cautivos, confinados o a presión en los que el agua está sometida a una presión superior a la atmosférica. También existe la subcategoría de los acuíferos colgados que son aquellos libres con una distribución espacial limitada y existencia temporal. La recarga natural de los mantos acuíferos se produce por el volumen de agua que penetra en éstos durante un período de tiempo a causa de la infiltración de las precipitaciones pluviales o de un curso de agua (v. gr. los ríos influentes). Las áreas de recarga, por consiguiente, son todas las zonas de la superficie del suelo donde las precipitaciones pluviales se filtran en el suelo hasta alcanzar la zona saturada incorporándose al acuífero. La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 3°, inciso l), define las áreas de recarga acuífera como “Las superficies en las cuales ocurre la infiltración que alimenta los acuíferos y cauces de los ríos (...)”. La descarga natural es el volumen de agua que, durante un período de tiempo, sale naturalmente del acuífero a través de los manantiales superficiales, subfluviales o submarinos, por evapotranspiración o por percolación vertical hacía acuíferos inferiores. La descarga artificial se produce a través de la extracción del agua mediante pozos, zanjas, trincheras o túneles. Las áreas de descarga de las aguas subterráneas comprenden todos aquellos puntos en los que la tabla de agua o nivel freáctico intersecta la superficie del suelo -manantiales, nacientes, filtraciones- el curso de un río o los lechos marinos o lacustres. \n\nIX.- TIPOLOGIA DE LOS MANTOS ACUÍFEROS EN COSTA RICA. En nuestro país se reconocen dos tipos de familias de acuíferos: a) Volcánicos o fisurados, formados en rocas ígneas (volcánicas e intrusivas), representan los de mayores dimensiones y mejor calidad y b) Sedimentarios o granulares en formaciones superficiales. En cuanto al primer tipo debe indicarse que las rocas ígneas, naturalmente, no tienen permeabilidad, poseen una porosidad secundaria originada en la presencia de fracturas o fisuras originadas por enfriamiento o eventos tectónicos (áreas vinculadas a fallas geológicas) con lo que adquieren aptitud hidrogeológica. Este tipo de acuíferos surge en las zonas altas donde las precipitaciones son elevadas y particularmente existen rocas volcánicas, ejemplos conocidos y estudiados de éstos son los acuíferos del Valle Central (v. gr. Colima Superior e Inferior y Barva). Desde la perspectiva de la hidrogeología, nuestro país presenta condiciones ideales y excepcionales para la explotación racional y mesurada de las aguas subterráneas, puesto que la Cordillera Volcánica Central está constituida por suelos volcánicos con una elevada capacidad natural de infiltración, siempre y cuando no hayan sido compactados o erosionados por las actividades humanas, con lo que cumplen una función esencial al regular la escorrentía de las aguas superficiales y la recarga de los acuíferos. La alta permeabilidad de los mantos de lava fracturados y brechosos y las condiciones de alta precipitación pluvial favorecen la formación de acuíferos de alto potencial. Las tobas existentes, a su vez, se comportan como rocas de poca permeabilidad que permiten la constitución de acuitardos que son la base de los acuíferos y permiten la transferencia vertical de aguas entre éstos. La ubicación y geomorfología de la Cordillera Volcánica Central, con todos sus acuíferos, es una fuente de primer orden de agua para satisfacer las necesidades de, por lo menos, la mitad de la población del país, incluido la Gran Área Metropolitana y poblaciones circunvecinas. La utilización del agua subterránea en esta zona se efectúa mediante pozos o la captación de manantiales para usos domésticos, industriales, agropecuarios. En la Cordillera Volcánica Central, para el año 1996, el SENARA tenía registrados 3.460 pozos de uso variado y 353 manantiales para abastecimiento público empleados por el ICAA, las corporaciones municipales, las asociaciones administradoras de acueductos rurales y otros entes. También se han localizado este tipo de acuíferos en las formaciones de Liberia y Bagaces (Provincia de Guanacaste). Se encuentra plenamente establecido que este tipo de acuíferos, por sus características petrofísicas, son más vulnerables a la contaminación en sus áreas de recarga cuando no se encuentran en zonas protegidas o reservadas y expuestos a actividades antrópicas como la deforestación, urbanización descontrolada y actividades agropecuarias intensivas y extensivas que conllevan el uso de plaguicidas y agroquímicos, por lo que se encuentran expuestos a una peligrosa y lenta degradación en su calidad ambiental. Los acuíferos superficiales están conformados por capas de rocas no consolidadas de origen reciente y diverso, se trata de rellenos aluviales de algunos valles que pueden alcanzar espesores de unos pocos metros a cien metros, están separados de la superficie por una delgada y permeable capa de suelo por lo que son altamente vulnerables a la contaminación, sobre todo cuando se encuentran debajo de zonas de ocupación antrópica (desarrollo urbano, industrial o de cultivos agrícolas). Este tipo de acuíferos son explotados en la región del Pacífico Central, como, por ejemplo, el relleno aluvial del Valle del Río Barranca que contiene dos acuíferos costeros que son el de Barranca y El Roble. \n\nX.- CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. Está demostrado que los intentos para reparar el daño producido por contaminación a un acuífero para lograr, de nuevo, niveles de potabilidad del agua no han tenido éxito, las tecnologías para su limpieza han contribuido poco a reducir el daño y los métodos son económicamente muy elevados. A lo anterior debe agregarse la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación. La degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos. La contaminación de las aguas subterráneas puede ser directa o indirecta, lo es del primer tipo cuando se introducen directamente las sustancias contaminantes en el acuífero como el caso de los pozos negros o pozos de inyección, lo es del segundo tipo cuando con dilución se produce por contaminación de la recarga natural. Los agentes de contaminación pueden ser de muy diversa índole, esto es, minerales, orgánicos degradables (excretas y purinas), órganicos poco o no degradables (pesticidas, detergentes, hidrocarburos), biológicos (bacterias, virus, algas), radioactivos y gaseosos. La contaminación de los acuíferos depende de los condicionantes geológicos, hidráulicos y químicos de cada lugar o emplazamiento, por lo que está en función de factores locales razón por la cual se precisa del conocimiento de cada zona y del estudio de casos similares. Los orígenes de la contaminación de los acuíferos pueden ser de muy diversa índole, tales como los siguientes: a) contaminación por actividad doméstica, la cual es orgánica y biológica y nace de tanques sépticos, fugas del sistema de alcantarillado, vertido de aguas negras, a lo que se debe agregar el aumento de productos químicos de uso doméstico como los detergentes; b) contaminación por actividades agrícolas, tenemos aquí el uso de abonos artificiales a base de nitratos, fosfatos y potasa o naturales -a base de estiércol-, el riego con aguas residuales y de alta salinidad y el uso de pesticidas (insecticidas, herbicidas y plaguicidas); c) contaminación por la ganadería, esencialmente, es orgánica y biológica, similar a la doméstica pero más intensa cuando se trata de granjas intensivas; d) contaminación por aguas superficiales, cuando recargan y se encuentran, a su vez, contaminadas; e) contaminación por intrusión salina, se produce cuando las aguas marinas y saladas se introducen en las regiones costeras por la sobreexplotación, a través de pozos, de los acuíferos costeros; f) contaminación por actividades mineras - mineral -, se relaciona con evacuaciones de aguas de mina y lavaderos de mineral; g) contaminación por actividades industriales, este tipo es tan variado como el tipo de industria que la origina, siendo especialmente nocivas las provocadas por metales pesados provenientes de la industria metalúrgica, así como de las industrias químicas, petroquímicas de alimentos (sustancias orgánicas) y bebidas (detergentes); h) contaminación por actividades nucleares, aunque excepcional en nuestro medio, puede provenir de plantas de tratamiento de combustibles irradiados y de minerales radioactivos y de la actividad médica; i) contaminación a través de pozos mal construidos, los pozos pueden intercomunicar varios mantos acuíferos y cuando tienen entubamientos rotos o corroídos en niveles de aguas de mala calidad o que permiten la entrada de aguas superficiales pueden provocarla; j) contaminación a través del vertido de aguas residuales a través de pozos negros, tanques sépticos, fugas de la red de alcantarillado o vertido indiscriminado a las cuencas hidrográficas; k) contaminación por vertido de desechos sólidos, se produce cuando se construye un relleno sanitario en terrenos permeables o no impermeabilizados a través de los lixiviados; l) contaminación por pozos de inyección -forma de utilización del subsuelo como almacén de residuales- mal proyectados, construidos o utilizados.\n\nXI.- CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE CENTRAL DE COSTA RICA. La principal amenaza de contaminación de los mantos acuíferos en Costa Rica y, por consiguiente, de las aguas subterráneas lo constituyen dos factores: a) el crecimiento de la población y la expansión urbana descontrolada sobre las áreas de recarga, fenómenos que generan lixiviados de desechos sólidos y líquidos de origen doméstico e industrial, la incapacidad de infiltración de los suelos, la impermeabilización de las zonas de recarga y la sobreexplotación de los acuíferos; b) la utilización de agroquímicos en la agricultura intensiva del café, banano, algodón, plantas ornamentales y c) impermeabilización de las áreas de recarga por cambios en el uso del suelo, deforestación y ganadería extensiva. En el caso de los acuíferos que abastecen el Gran Área Metropolitana (Colima Superior e Inferior, La Libertad y Barva) se han observado evidencias de algún impacto de contaminación bactereológica, industrial e incremento de nitratos, por la expansión urbana y la agricultura intensiva en las áreas de recarga. En lo relativo a los nitratos, pese a la buena calidad físico-química y batereológica del agua, se ha detectado una tendencia al incremento de las concentraciones de nitrato, gradiente hidráulica abajo, lo que denota que el agua subterránea está siendo afectada, directa o indirectamente, por la descarga de tanques sépticos y el uso de fertilizantes nitrogenados utilizados en las hortalizas y cafetales. De la misma forma, se ha detectado una sobreexplotación de las aguas subterráneas por extracciones concentradas lo que ha causado un descenso en los niveles de agua y en el caudal de los manantiales y una eventual impermeabilización de las áreas de recarga al estar ubicados los acuíferos en las zonas de mayor crecimiento urbano con un acelerado desarrollo habitacional mediante urbanizaciones, cuyos efectos, según se estima, serían importantes si se impermeabiliza una zona mayor al 20% del área de recarga. \n\nXII.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes. Nuestro ordenamiento jurídico-administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece, lamentablemente, de una regulación precisa, clara y completa para la protección de los mantos acuíferos, zonas de recarga y áreas de captación de aguas subterráneas. En la legislación extranjera (v. gr. Ley de Aguas española 29/1985 del 2 de agosto) se prevén algunas potestades extraordinarias de intervención administrativa en la economía del agua que atañen directamente a la protección de los mantos acuíferos, en aras de lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos hídricos, esto es, para garantizar una disponibilidad de agua en cantidad suficiente y calidad requerida para atender la necesidades humanas y ecológicas presentes y futuras. Estas potestades administrativas extraordinarias, que deben ser admitidas en nuestro ordenamiento jurídico -pese a su falta de regulación- como implícitas en la competencia expresa y general de protección y conservación de las aguas subterráneas que tienen atribuidas el Estado y los entes descentralizados del sector hídrico, tienen sustento en la necesidad de lograr una utilización racional y equilibrada del agua. La escasez y degradación de las condiciones naturales del recurso hídrico imponen la posibilidad administrativa de adoptar tales medidas para evitar su agotamiento o deterioro irreversible y de superar, temporalmente, los efectos nocivos que pueda generar una crisis hídrica. Este tipo de medidas administrativas suponen diversas restricciones y controles drásticos sobre los múltiples usos o aprovechamientos de agua -en especial los generales o especiales de carácter privado- y sobre las actividades preexistentes que puedan afectar el recurso en cuanto se justifican en un interés público, por lo que no afectan el derecho de propiedad o la integridad del patrimonio. En esencia, tales medidas deben ser reputadas como limitaciones de interés social que no vacían de contenido el derecho de propiedad o amplían el dominio público sobre las aguas subterráneas sin previa indemnización sino que moldean su contenido esencial por lo que deben ser soportadas, al tratarse de un sacrificio o una carga general, por todos los usuarios, los que, en último término, son los beneficiarios de éstas, en tanto están orientadas a corregir una situación coyuntural de carestía o contaminación inminente que afecta la economía del recurso hídrico en una zona determinada. Tales medidas administrativas de intervención, virtualmente contenidas en los artículos 32 de la Ley de Aguas de 1942 y 10° del Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 del 29 de abril del 2002), pueden ser las siguientes:\n\na) Perímetros de protección de los mantos acuíferos: Una de los instrumentos más novedosos en la protección de los recursos hídricos es la definición de perímetros de protección para la conservación del recurso y de su entorno. Esta medida de intervención administrativa busca preservar la calidad y cantidad del agua contenida pero también de su continente, esto es, de la formación geológica denominada acuífero. Esa actividad consiste en proyectar y trazar sobre la superficie una demarcación bajo la que se asienta un acuífero o parte de éste, en la que se establece un régimen específico de utilización del dominio hidráulico -ordenación y restricción de las concesiones de agua preexistentes, impedimento de otorgar nuevas- y de control de las actividades e instalaciones que puedan afectarlo -a través de autorizaciones- (v. gr. minas, canteras; actividades urbanas que incluyan tanques sépticos, cementerios, rellenos sanitarios -almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos y líquidos-; actividades agrícolas y ganaderas con depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas; actividades industriales con almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos, etc.). Evidentemente, la definición de perímetros por las autoridades nacionales -MINAE e ICAA- debe ser respetada por los gobiernos locales (Municipalidades) y el INVU (dada su competencia residual en materia de planificación urbana en ausencia de planes reguladores locales) para compatibilizar, desarrollar y reflejar efectivamente los condicionamientos establecidos en la definición de los perímetros de protección en la normativa contenida en los respectivos Planes Reguladores sobre los usos de suelo o de ordenación del territorio (v. gr. reglamento de zonificación, de construcciones, etc.). Obviamente, a lo anterior debe añadirse la protección alrededor de las áreas de captación (pozos -PPP: perímetros de protección de los pozos-, manantiales, nacientes, etc.-), mediante la definición de una zona alrededor en la que se prohíban o limiten determinadas actividades humanas regulándose o controlándose el uso del suelo. La determinación del perímetro depende de la zona de captura o de carga del pozo (ZOC) y su extensión depende de las características y propiedades del área de captación y del terreno de recarga, puesto que, las normas no pueden ser iguales para el caso de terrenos permeables o fisurados que para los que tengan formaciones impermeables. La definición de perímetros debe conjugarse con la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas. Sendas medidas, perímetros de protección y la cartografía de vulnerabilidad son idóneas para poder reubicar a tiempo un determinado tipo de actividad, la fuente de abastecimiento o, en último término, introducir métodos e instrumentos técnicos para el tratamiento y disposición de los agentes contaminantes. Las medidas a tomar a partir de los perímetros y cartografía de vulnerabilidad varían según se trate de una (a) área sin ocupación territorial, siendo útil para definir las actividades que en el futuro puedan instalarse o no; (b) áreas ya ocupadas, en cuyo caso se efectúa un mapeo de la vulnerabilidad natural y de las áreas con mayor susceptibilidad a la contaminación, pudiéndose, ante la amenaza de un índice elevado de contaminación, reubicar las actividades, las fuentes de abastecimiento e introducir tecnología para el tratamiento y disposición de contaminantes; (c) áreas ya contaminadas, para lo cual se podrán buscar fuentes alternas, evitar la propagación de las plumas de contaminación y, de ser posible, por su elevado costo, tratar las aguas del acuífero después de su extracción; (d) áreas para nuevas captaciones, supuesto en el cual se debe inventariar las actividades potencialmente contaminantes y el área de impacto de cada una de éstas. \n\nb) Declaración de acuífero sobreexplotado: La sobreexplotación de un acuífero sobreviene cuando las extracciones o aprovechamientos son tan intensivos -descarga- y fuertes que superan los volúmenes de la recarga, con lo que las reservas de agua del acuífero se disminuyen progresivamente y se degradan. La sobreexplotación provoca nefastos efectos económicos y naturales; entre los primeros, los usuarios pueden experimentar el encarecimientos de los costos de extracción -más energía para hacer fluir las mismas cantidades de agua o gastos para reprofundizar un pozo para alcanzar el nivel de agua-, agotamiento de los pozos ubicados en la zonas periféricas del acuífero y en las de mayor concentración de perforaciones; entre los efectos de carácter natural, está la merma en los caudales de aguas en manantiales, ríos, arroyos, quebradas, lagunas, lagos y humedales con lo que se pone en peligro la existencia de éstos y la afectación de la capacidad de las formaciones geológicas - acuíferos - para almacenar agua al disminuir el espacio intersticial en las rocas por falta de la presión interior que aporta el agua, la subsidiencia del terreno por compactación, con alteración del acuífero, aparición de grietas y corrimiento de laderas. En la hipótesis de la sobreexplotación del acuífero, la autoridad administrativa competente puede declarar ese estado para revertir el estado de cosas a través de una ordenación, restricción y reparto de las extracciones o aprovechamientos preexistentes para lograr una explotación racional y la inmediata suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones pendientes a ese momento. Desde luego, que, también, se pueden implementar medidas de ahorro y buena utilización de los recursos como el tratamiento y depuración de las aguas residuales para ser reutilizadas en el riego de ciertos cultivos, sistemas de riego por goteo o nocturno para paliar los efectos de la evapotranspiración, la recarga artificial, etc.. \n\nc) Declaración de acuífero en proceso de intrusiones salinas: Se estima que un acuífero está en proceso de salinización cuando, como consecuencia directa de las extracciones, se registran aumentos generalizados y progresivos de concentración salina de las aguas captadas con lo que se corre el peligro de convertirse en inutilizables. La salinización supone una reducción del espesor de la capa de agua dulce bajo la que asciende el agua marina, de modo que el agua de los pozos deja de ser potable e, incluso, inservible para usos domésticos o de riego, siendo la recuperación de acuífero muy difícil o casi imposible. Este problema que se puede presentar en nuestro país, sobre todo, en los acuíferos costeros sobreexplotados -intrusión de origen marítimo- de forma gradual o generalizada, aunque no cabe descartar, en otros puntos, la intrusión de origen continental. La causa de la intrusión salina se encuentra en una explotación irracional o sobreexplotación, por lo que deben implementarse medidas similares a las dispuestas para cuando se produce ese problema tales como la ordenación, restricción y reparto de los aprovechamientos o usos preexistentes y suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones.\n\nd) Estados de necesidad y crisis hídrica: En circunstancias anómalas, excepcionales y coyunturales que provocan una calamidad pública o conmoción interna (v. gr. sequías extraordinarias, sobreexplotación grave de acuíferos o intrusión salina generalizada de éstos), el Estado -a través del Poder Ejecutivo- y, con fundamento en el principio de necesidad, puede adoptar las medidas necesarias e idóneas respecto a la utilización del dominio público hidráulico para superar ese estado de cosas o evitar que se agrave. Cuando cesa el estado de necesidad y se restablece la normalidad se pueden adoptar otro tipo de medidas como las anteriormente expuestas (perímetros de protección, declaración de acuíferos sobreexplotados o en proceso de salinización).\n\nXIII.- PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN COSTA RICA. El artículo 31 de la Ley de Aguas No. 246 del 27 de agosto de 1942, declara como “reserva de dominio a favor de la Nación” lo siguiente: “a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potables, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables (...)”. Esta declaratoria resulta de suma importancia, puesto que, a partir de la misma surge la obligación del Estado, a través de sus órganos competentes, de fijar y determinar las áreas de protección perimetral de los pozos o áreas de captación -de 200 metros- y, desde luego, de las áreas de recarga de los mantos acuíferos -zona en que “se produce la infiltración de aguas potables”- que cuenten o deban contar con una capa forestal para su protección que son tan sensibles para su conservación y protección. De la misma forma, a partir de tal afectación expresa, el Estado puede ejercer las acciones reivindicatorias y posesorias para garantizar la indemnidad de esas zonas y substraerlas de todo tipo de contaminación sometiéndolas a un fuerte régimen de control del uso del suelo, atribución que, muy probablemente, ha omitido ejercer de forma oportuna y exacta. El numeral 32 de la Ley de Aguas de 1942 establece que “Cuando en un área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación en las aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de Aguas Potables -actualmente ICAA- (...) dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación”, esta norma le impone un ineludible deber de colaboración y cooperación al Poder Ejecutivo con el ICAA para adoptar todos los actos y providencias administrativas oportunas y convenientes para conjurar el peligro de contaminación en un área mayor a los perímetros de protección de las áreas de recarga de los acuíferos y zonas de captación. El contenido de la norma es sumamente significativo y rico, puesto que, habilita al Estado para adoptar cualquier medida oportuna para evitar los daños y perjuicios irreversibles que podría provocar un estado de emergencia por crisis hídrica. Evidentemente se trata, también, de una competencia que no ha sido ejercida responsablemente o infrautilizada. La Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, en su artículo 2°, establece que “Son de dominio público todas aquellas tierras que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Salubridad Pública -órganos del Poder Ejecutivo que fueron sustituidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por virtud de su Ley de Creación No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas y, más concretamente, el artículo 2°, inciso h), que le encomendó hacer cumplir la Ley General de Agua Potable- consideren indispensables para construir o para situar cualquiera parte o partes de los sistemas de abastecimiento de aguas potables, así como para asegurar la protección sanitaria y física, y caudal necesarios de las mismas (...)”, evidentemente, esta norma tiene una enorme trascendencia, puesto que, se declara de dominio público las áreas de captación que pueden incluir los manantiales o nacientes -forma de descarga natural de las aguas subterráneas- y, lo que es más importante, le otorga la condición de bien demanial a todos aquellos terrenos necesarios para asegurar la protección sanitaria y física y su caudal, lo cual, necesariamente, incluye las áreas de recarga de los mantos acuíferos claramente delimitadas a través de la actividad perimetradora ya indicada, puesto que, la desprotección de estas zonas incide, necesariamente, en la calidad -por contaminación- y caudal -por impermeabilización o sobreexplotación- de las aguas para consumo y uso humanos que brotan de un manantial. La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 33, incisos a) y d), respectivamente, dispone que son áreas de protección las “ (...) que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal” y “Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el Reglamento de esta ley”, evidentemente estas normas le dan sustento a la actividad o intervención administrativa para definir los perímetros de protección de los acuíferos y zonas de captación. La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 13 de octubre de 1995, en su artículo 51, indica que para la conservación y uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios: “a) Proteger, conservar y en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico”, “b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico” y “c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas”. Se establece así la necesidad de proteger y conservar la integridad y unidad del ciclo hidrológico sin hacer distinciones, el cual comprende, especialmente, las aguas subterráneas. Finalmente, los artículos 5°, inciso e), párrafo in fine de la Ley de Creación del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) y 15 de la Ley de Creación del SENARA (No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas) coronan el marco normativo para la protección institucional de las aguas subterráneas al indicar, respectivamente, “Se declaran de utilidad pública y de interés social, y podrán ser expropiados, los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...)” “Decláranse de interés público las acciones que promueve el Estado, con el objeto de asegurar la protección y el uso racional de las aguas (...)”. En el ordenamiento jurídico-administrativo de las aguas nos encontraremos, también, con una serie de obligaciones y cargas impuestas a los particulares y sujetos de derecho público -entes y órganos públicos- para una adecuada protección del dominio público hidráulico subterráneo y superficial. Así la Ley de Aguas de 1942 y otros cuerpos legislativos, establecen una serie de prohibiciones y obligaciones para los propietarios y usuarios de los manantiales -que son un componente del área de descarga de un manto acuífero-, como las siguientes: a) los usuarios o concesionarios deben ajustarse a los reglamentos de policía y salubridad en cuanto a las aguas sobrantes que son devueltas a un manantial para evitar contaminaciones o fetidez -de no hacerlo pueden perder el aprovechamiento especial y sufrir pena de multa- (artículos 57 y 166, inciso III, ibidem), de modo concordante, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 del 21 de octubre de 1992, en su artículo 132, párrafo 1°, prohíbe “(...) arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no (...) lagos (...)” y le impone al que incumpla la norma una multa de 50.000 a 100.000 colones convertible en pena de presión de uno a dos años. b) Se prohíbe la construcción de estanques para criaderos de peces en los manantiales destinados al abastecimiento de poblaciones (artículo 63 ibidem). c) Los propietarios de terrenos en los que existan manantiales en cuyos contornos hayan sido destruidos los bosques que les brindaban abrigo están obligados a plantar árboles en las márgenes a una distancia no mayor de 5 metros (artículo 148 ibidem). d) Se prohíbe destruir, tanto en bosques nacionales como particulares, los árboles situados a menos de 60 metros de los manantiales que nacen en los cerros o a menos de 50 metros de los que surgen en terrenos planos (artículo 149 ibidem), la Ley Forestal, No. 7575 del 13 de febrero de 1996, dispone, en su artículo 34, de forma coincidente, que “Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección que bordean las nacientes permanentes y de recarga y los acuíferos de los manantiales”. e) Toda solicitud de aprovechamiento de aguas vivas, corrientes y manantiales deberá dirigirse al Ministerio de Ambiente y Energía con la presentación de una serie de requisitos (artículo 178 ibidem). En lo tocante a los entes y órganos públicos que tienen competencia y responsabilidades en materia de protección de las aguas subterráneas, se establecen una serie de obligaciones y prohibiciones tales como las siguientes: a) Se le prohíbe a las Municipalidades enajenar, hipotecar o comprometer de otra manera, arrendar, dar en esquilmo, prestar o explotar por su propia cuenta -sobre todo si supone deforestación- las tierras que posean o adquieran en las márgenes de los ríos, arroyos o manantiales o en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales o en que tenga sus orígenes (artículos 154 y 155 ibidem). b) Se obliga a las Municipalidades a reforestar tales terrenos (artículo 156 ibidem). c) Se obliga a toda Municipalidad, Junta de Educación, Junta de Protección Social y, en general, a todo “organismo de carácter público”, consultar para obtener el respectivo permiso al Ministerio de Agricultura para enajenar, hipotecar, dar en arriendo, esquilmo o explotar por su cuenta terrenos que posean o adquieran en los que existan aguas de dominio público utilizables (artículo 157 ibidem). La Ley General de Salud, No. 5395 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas, de su parte, contiene normas específicas para la protección y conservación efectiva de las aguas subterráneas, así el artículo 275 estipula que “Queda prohibido a toda persona natural o jurídica contaminar las aguas superficiales, subterráneas (...) directa o indirectamente, mediante drenajes o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza, que, alterando las características físicas, químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o de recreación.”, por su parte el numeral 276 establece que solo con permiso del Ministerio se podrán hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos o desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima, “(...) ciñéndose a las normas y condiciones de seguridad reglamentaria y a los procedimientos especiales que el Ministerio imponga en el caso particular para hacerlos inocuos”. Los artículos 285 y 291 de ese cuerpo normativo, respectivamente, obligan a toda persona a eliminar las excretas y aguas negras de forma adecuada y sanitariamente para evitar la “contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano” y prohíben la descarga de residuos industriales o de establecimientos de salud en el alcantarillado para “evitar la contaminación de las fuentes o cursos de agua”. Finalmente, el artículo 309 de esa ley establece que a los urbanizadores el Ministerio de Salud les aprobará el proyecto, entre otras cosas, si éste “(...) dispone de sistemas sanitarios adecuados (...) de disposición de excretas, aguas negras y aguas servidas”. \n\nXIV.- ENTES Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS RESPONSABLES DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y, EN ESPECIAL, DE LOS MANTOS ACUÍFEROS. DELIMITACION DE COMPETENCIAS. La gestión de los recursos hídricos subterráneos comprende diversos aspectos tales como la investigación de su potencial, identificación, categorización, planificación de sus usos, protección, aprovechamiento racional, prevención y sanción del daño ecológico o contaminación, control y seguimiento ambiental de su uso, etc.. Consecuentemente, lo idóneo es que existiera un ente administrativo regulador y rector en la materia, sin embargo, las competencias para el manejo integrado de los recursos hídricos subterráneos se encuentran dispersas y fragmentadas, por lo que, ocasionalmente, son exclusivas o excluyentes de un solo ente y, la mayoría de las veces, concurrentes, compartidas o paralelas lo cual requiere de un esfuerzo de coordinación administrativa particular para asegurar su utilización sostenible. En el conjunto heterogéneo y disperso de entes y órganos administrativos que conforman la administración pública costarricense se puede identificar un sector de éstos que tienen asignadas, por ley o reglamento, una serie de competencias irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles en materia de conservación y protección de aguas subterráneas que no pueden declinar y deben ejercer de forma efectiva en aras de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de todos los habitantes del país. En ese sector del aparato público o de organizaciones serviciales para la satisfacción de las necesidades de toda la colectividad, se puede identificar un grupo que pertenece a la administración central o ente público mayor -Estado- que son, preponderantemente algunos Ministerios u órganos de éstos- y otro conformado por entes descentralizados funcionalmente o por servicios -de carácter técnico- y territorialmente -Municipalidades-. \n\n1.- Administración Central.\n\na) Ministerio de Ambiente y Energía y sus órganos el Departamento de Aguas y el Órgano Asesor de Aguas.\n\nEl artículo 3°, inciso l), de la Ley Forestal, No 7575 del 13 de febrero de 1996, le impone al Ministerio de Ambiente y Energía la competencia indeclinable de delimitar las áreas de recarga acuífera -por propia iniciativa o de organizaciones interesadas, y previa consulta al ICAA, el SENARA o cualquier otra entidad técnicamente competente en materia de aguas.\n\nEl artículo 17, párrafo 1°, de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre faculta y habilita al Ministerio de Ambiente y Energía para “(...) coordinar acciones con los entes centralizados (sic.) o descentralizados que ejecuten programas agropecuarios de conservación de suelos, aguas y bosques, con el fin de lograr el aprovechamiento “sostenible” de la vida silvestre”.\n\nEste Ministerio cumple un rol de fundamental importancia en una de las vertientes de la administración de los recursos hídricos como lo es el control o fiscalización en el aprovechamiento y uso de las aguas subterráneas para asegurar su explotación racional. El Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 del 29 de abril de 2002), dispone en su ordinal 1° que “Toda empresa perforadora debe inscribirse (...) ante el Departamento de Aguas, con el fin de que se le extienda la licencia que le permita ejercer actividades de perforación y exploración de aguas subterráneas”. Estas funciones son compartidas con el SENARA y el ICAA, puesto que, el Departamento de Aguas del MINAE debe trasladarles el asunto para que, respectivamente, emitan criterio técnico, se asigne el número de pozo, se registre en el Registro Nacional de Pozos -SENARA- y se dictamine sobre el perjuicio o no a las fuentes de abastecimiento de agua destinadas al consumo humano -ICAA- (artículo 7°). Este reglamento establece que se denegará el permiso de perforación en las zonas que no permitan una explotación racional del recurso hídrico tales como las declaradas por el Estado u otra institución competente área de protección y reserva acuífera, las que sufran sobre-explotación, bajo condiciones de vulnerabilidad de la capacidad máxima de explotación del acuífero, las susceptibles de intrusión salina, contaminación y otras razones que a juicio del MINAE y SENARA afecten el acuífero e impidan su explotación y las de interferencia con otros pozos o nacientes de agua (artículo 10°). \n\nMención especial merece el Departamento de Aguas, adscrito al Instituto Metereológico Nacional -órgano del MINAE-, cuyas funciones de interés, entre otras, a tenor del artículo 3° del Decreto Ejecutivo No. 26635-MINAE del 18 de diciembre de 1997, son las siguientes:\n\n“ a) Definir las políticas nacionales en cuanto al recurso hídrico.\n\nb) Ejercer el dominio, vigilancia, control y administración de las aguas nacionales.\n\nc) Tramitar las solicitudes de concesión para el desarrollo de fuerzas hidráulicas para la generación de electricidad.\n\nd) Tramitar y autorizar los permisos para la perforación de pozos para la extracción de aguas. (...)\n\nJ) Inscribir las empresas perforadoras de pozos y las sociedades de usuarios, así como los movimientos que se realicen en sus estatutos y representantes (...)\n\nn) Aplicar las sanciones establecidas en la Ley de Aguas, previo cumplimiento del debido proceso (...)”\n\nEl Jefe de este Departamento, tiene, a su vez, importantes competencias en la materia (artículo 4°), tales como las siguientes: a) emitir informes de recomendación sobre concesiones, traspasos, aumentos de caudal, ampliación de uso o cualquier otro trámite referido al aprovechamiento del recurso hídrico; b) aprobar los permisos de perforación de pozos, etc.. En el ordinal 5° del referido decreto se crea el “Órgano Asesor de Aguas” integrado por representantes de diversos entes involucrados en el sector hídrico (ICAA, SENARA, ICE, Universidades Públicas, UNGL, etc.), entre cuyas funciones figuran las siguientes (artículo 7° ibidem): a) Asesorar y recomendar lineamientos de políticas en materia de recursos hídricos, considerando los planes de desarrollo nacional y sectorial, disponibilidad hídrica y la normativa legal existente); b) Revisar y pronunciarse sobre el Balance Hídrico propuesto por el Departamento de Aguas y su administración para cada región del país y c) Asesorar al Departamento de Aguas en la fijación de dotaciones por parte de éste, para el uso del agua según la actividad productiva y la región en que se desarrolle. \n\nb) Ministerio de Salud.\n\nLas competencias de este ministerio se encuentran circunscritas a hacer efectivas las prohibiciones establecidas en los ordinales 275, 276, 285 y 291 de la Ley General de Salud - contaminación directa e indirecta de las aguas superficiales y subterráneas y descarga de residuos industriales o de salud en el alcantarillado- y de sancionar su transgresión. Asimismo, le corresponde aprobar los proyectos urbanísticos cuando dispongan de sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas, aguas negras y servidas (artículo 309 ibidem). \n\nc) Ministerio de Agricultura y Ganadería.\n\nEl MAG tiene, realmente, una competencia secundaria o residual en la materia, puesto que, la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 del 30 de abril de 1998, en su artículo 21, le impone en materia de aguas el deber de coordinar con el SENARA y cualquier otra institución competente “(...) la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas hidrográficas (...).\n\n2.- Administración descentralizada.\n\na) ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)\n\nLa Ley Constitutiva del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) le atribuye, en lo que es de interés, las siguientes competencias (artículo 2°): a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (...) c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (...) d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al (...) control de la contaminación de los recursos de agua (...) siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones (...) f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades”. De su parte el artículo 5° de esa ley habilita al ICAA para “c) Adquirir en propiedad bienes muebles e inmuebles” y “e) Tramitar las expropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, siendo que este mismo inciso en su párrafo 2° declara de utilidad pública y de interés social, pudiendo ser expropiados, “(...) los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...). El numeral 21 de la ley de Creación le confiere al ICAA la potestad de aprobar o improbar todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, siendo la misma obligatoria, so pena de nulidad, en tratándose de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones. Finalmente, el artículo 22 de su ley de creación establece que “Es obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado sufragar los gastos que demanden la conservación, ampliación y seguridad de los bosques que sirvan para mantener las fuentes de aguas, en las propiedades de aquellas Municipalidades donde asuma los servicios de aguas y alcantarillado”. \n\nDe acuerdo con el artículo 2°, inciso h), de la Ley de Creación de este ente descentralizado (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) es parte de sus competencias la de hacer cumplir la Ley de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, siendo que el artículo 16 de este último cuerpo normativo prohíbe las instalaciones, edificaciones o labores comprendidas en las “zonas cercanas a fuentes de abastecimiento (...) que perjudique en forma alguna (...) las condiciones físicas, químicas o bactereológicas del agua; esta zonas serán fijadas por el Ministerio de Obras Públicas y Salubridad Pública” -órganos que, como ya se indicó fueron sustituidos, para todos los efectos legales, por el ICAA-. Consecuentemente, al ICAA, también, le compete definir las áreas de protección de fuentes de abastecimiento tales como los manantiales o nacientes que son una forma natural de descarga de las aguas subterráneas. El artículo 34, párrafo in fine, de la Ley Forestal le impone la realización de los alineamientos de las áreas de protección al INVU. Se trata, en realidad, de una competencia que no es exclusiva o excluyente del ICAA o del INVU, sino concurrente o compartida, por lo que los dos entes públicos tienen el deber de ejercerla. \n\nEl artículo 3° de la Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, le impone la obligación al ICAA de “(...) seleccionar y localizar las aguas destinadas al servicio de cañería (...), con lo cual es responsabilidad de este ente efectuar un inventario pormenorizado de las nacientes que puedan ser utilizadas para proveer de agua de consumo humano a las poblaciones, lo anterior, independientemente, de encontrarse el suministro y distribución en manos de un Municipio en un cantón determinado.\n\nb) SENARA (Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento).\n\nA pesar de tener aparentemente limitada su competencia a los distritos de riego, avenamiento y control de inundaciones -unidades físicas técnico-administrativas de carácter agropecuario para el logro de su desarrollo socioeconómico definidas por Decreto Ejecutivo a solicitud de este ente (artículos 17 y 18 de su Ley de Creación No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas)-, es lo cierto que su ley constitutiva le asigna importantes competencias en materia de aguas subterráneas, las cuales, evidentemente, tienen una vocación nacional y, por consiguiente, no se circunscriben a los meros distritos de riego. Lo anterior resulta corroborado por los antecedentes de este ente público, puesto que, la Ley No. 5438 del 17 de diciembre de 1973 -que ratificó y sustituyó el Decreto Ejecutivo No. 1878-P del 22 de julio de 1972-, actualmente derogada, creó el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENAS) con una vocación claramente nacional para la planificación, investigación y asesoría de todo lo relativo a la materia. Así, entre otros objetivos, el SENARA tiene el de procurar el aprovechamiento óptimo y justo de los recursos de (...) aguas -tanto superficiales como subterráneas- en las actividades agropecuarias (...) en los distritos de riego” (artículo 2°). Entre sus funciones figura la de “Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país tanto superficiales como subterráneos” y “Realizar, coordinar, promover y mantener actualizadas las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas (...)” (artículo 3°, incisos d y e). En el artículo 4°, se establece que le compete al SENARA promover y dirigir la coordinación y colaboración con otras instituciones y entidades competentes en materias tales como “Prevención, corrección y eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas en los distritos de riego”, “Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales, así como la evaluación de su uso potencial para efectos de aprovechamiento en los distritos de riego” y “Construcción y mantenimiento de las obras necesarias para la conservación y renovación de los manos acuíferos aprovechables para las actividades agropecuarias en los distritos de riego” (incisos c, ch y f). Dentro de las atribuciones de la Junta Directiva está la de expedir los acuerdos de solicitud de recuperación, expropiación o compra de las “(...) tierras en que asienten o subyazcan recursos hídricos (...)” (artículos 6° y 7°). \n\nc) INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).\n\nEl artículo 34, párrafo 2°, de la Ley Forestal dispone que los alineamientos de las áreas de protección contempladas en su artículo 33, entre las que figuran las que bordean las nacientes permanentes, las de recarga y los acuíferos de los manantiales, serán realizados por el INVU. Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo No. 25902-MIVAH-MP-MINAE del 12 de febrero de 1997, le impone a esa entidad la fiscalización del “Área de Control Urbanístico” que comprende algunos de los distritos de las Provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, siempre que el Gobierno Municipal no haya promulgado un Reglamento de Zonificación, siendo que en la “zona de especial protección” toda edificación se debe construir bajo estricto control debiéndose aprobar un Estudio de Impacto Ambiental por el MINAE y construir una planta de tratamiento para aguas residuales autorizada por el ICAA y el Ministerio de Salud para evitar “(...) la contaminación de los mantos acuíferos y de los cauces fluviales a que (sic.) desemboquen”. \n\nd) MUNICIPALIDADES.\n\nLas corporaciones municipales tienen un papel de primer orden en la protección y conservación de las aguas subterráneas a través de una serie de instrumentos indirectos. Así, la Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1968), hace más de 35 años, con fundamento en el ordinal 169 de la Constitución Política -en cuanto les compete “La administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón”- les impuso el deber de promulgar un plan regulador para planificar y controlar el desarrollo urbano y los reglamentos de desarrollo urbano conexos (artículos 15 y siguientes). Dentro de ese plan regulador y el reglamento de zonificación, las Municipalidades deben identificar, a efecto de regular, controlar y restringir las actividades humanas (industrial, urbanística, agropecuaria, etc.), las áreas o zonas reservadas por ubicarse en las mismas un manto acuífero o su área de recarga o descarga. Por aplicación de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política), a la vida y la salud humanas (artículo 21 ibidem) y en aras de un desarrollo sostenible los cantones que por sus características geomorfológicas cuenten en su circunscripción terrenos que alberguen mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga de éstos, manantiales y nacientes están especialmente llamados y obligados a regular y normar, responsable, eficiente y eficazmente, tales extremos, puesto que, en ocasiones las aguas subterráneas no solo proveen al consumo y uso de las poblaciones del cantón sino a diversos cantones lo que demuestra un claro interés supralocal o nacional. Los habitantes de esas localidades, de su parte, deben soportar la carga general o las limitaciones y restricciones en el uso y el aprovechamiento del suelo y de las aguas derivadas de la determinación y fijación de tales áreas protegidas, puesto que, es en beneficio de ellos, de los habitantes de los otros cantones que son abastecidos con las aguas que discurren por el manto acuífero y que afloran o descargan en otros cantones y, desde luego, de las futuras generaciones. \n\nXV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación. \n\nVI.- Sobre los alcances del análisis que realiza esta Sala.- Aunque el recurso de amparo no es la vía procesal idónea para examinar si un proyecto desarrollador de vivienda ha cumplido con todos los requisitos legales exigidos, ni para determinar cuáles requisitos dependen de otros, así como tampoco para resolver disputas de orden técnico-científico suscitadas con ocasión de la solicitud de exoneración de construcción de alcantarillado, lo que esta Sala sí está llamada a determinar es si los permisos otorgados por las autoridades recurridas, para la puesta en operación del Proyecto Urbanizador San Martín II en Siquirres de Limón, han puesto en riesgo los acuíferos de la zona y con ello si se ha producido un quebranto a los derechos a la vida, a la salud y un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Concretamente se analizará si en el ejercicio de sus competencias, los recurridos han actuado en respeto de estos derechos fundamentales, tanto las actuaciones de los desarrolladores del Proyecto como las autoridades públicas, a efectos de verificar si antes de otorgarse los permisos respectivos (visado del INVU a los planos urbanísticos, visado sanitario del Ministerio de Salud de los planos, permiso de construcción de la Municipalidad, viabilidad ambiental de Setena) se tomó en cuenta el acuerdo de la Junta Directiva del ICAA del 03 de febrero del 2003 donde se denegó la solicitud de exoneración de construcción de redes de alcantarillado sanitario del proyecto urbanizador en cuestión por el posible riesgo de contaminación a los acuíferos que esa exoneración implicaría. \n\nVII.- Sobre cómo las actuaciones de los recurridos quebrantan los derechos a la vida, a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.- Esta Sala observa en los informes rendidos una serie de contradicciones que han hecho complejo el análisis de este expediente. Básicamente todos los recurridos se excusan de sus actuaciones achacándole la responsabilidad a las demás instituciones. El INVU dice que otorgó el visado de planos el 28 de febrero del 2003 con fundamento en la aprobación que diera el ICAA el 16 de enero del 2003 (folio 211), pero dicha aprobación nunca fue aportada, todos hacen referencia a ella, incluso el Alcalde Municipal (informe al folio 175) pero ninguno aporta documento idóneo, lo único que se presenta es una hoja informática (folio 195) donde aparentemente se infiere una aprobación del Proyecto Urbanizador San Martín sin decirse qué es lo que se aprueba. Hoja que ni siquiera es mencionada en el informe rendido por el representante del ICAA, quien por su lado alega que la responsabilidad es del INVU por haber procedido “a otorgar el visado respectivo con fundamento en un oficio técnico que no es un Acuerdo de Junta Directiva” (informe al folio 147) y de la Municipalidad de Siquirres a quien “le compete verificar que los lineamientos técnicos constructivos sean respetados conforme con la comunicación realizada mediante acuerdo 2003-044” (informe al folio 147). Por su lado, el Ministerio de Salud dice que otorgó el visado de planos el 21 de febrero del 2003 con fundamento en un estudio hidrogeológico que presentó el desarrollador del proyecto donde se determinaba que el riesgo de contaminar aguas subterráneas era nulo (informe al folio 108) sin verificar lo que al respecto resolviera el ICAA o las demás instituciones competentes como el SENARA del MINAE. Lo mismo puede decirse de los representantes de las empresas desarrolladoras del proyecto, Construcciones Astorga s.a. y Nombre10 s.a., quienes son notificadas el 24 de febrero del 2003 de esa denegatoria del ICAA y aún así continúan con el proyecto, achacándole la responsabilidad a la empresa constructora del proyecto, alegando que las fallas en las casas construidas se deben a los planos constructivos de cada inmueble, así como a la mala construcción de los sistemas de aguas negras y dicen que ello no tiene relación alguna con la construcción o no de un alcantarillado, asimismo terminan diciendo que deben revisarse las actuaciones del ICAA por su tramitación interna, así como las de las personas físicas y jurídicas encargadas de la ejecución de las construcciones de las casas de los afectados. Volviendo a las actuaciones del ICAA, a pesar de que la Junta Directiva deniega el 03 de febrero del 2003 la solicitud de exoneración de construcción de redes de alcantarillado sanitario presentada por el desarrollador del proyecto desde junio del 2002 se informa de ello únicamente al Alcalde Municipal hasta el 18 de agosto del 2004, MAS DE UN AÑO DESPUES, sin notificar nada al INVU quien era el encargado de aprobar este proyecto urbanizador. Finalmente, en cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía, se comprueba que a pesar de que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) recomienda el 31 de julio del 2002 realizar una evaluación del riesgo de contaminación de los acuíferos, ni éstos ni la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) le dan seguimiento alguno al caso (según se presume por no haberse rendido informe) a pesar de tener dentro de sus funciones la prevención de todo tipo de contaminación de las aguas. Tales han sido las inconsistencias observadas que hacen presumir a esta Sala un caso que amerita la investigación del Ministerio Público, razón por la cual, además de acogerse el recurso, se ordena testimoniar piezas al Ministerio Público para que determine si estamos frente a responsabilidad penal de todos los involucrados. \n\nVIII.- En este asunto esta Sala denota una serie de irregularidades y contradicciones que finalmente ocasionan una vulneración a los derechos fundamentales de los amparados. Se logra comprobar que los recurrentes llevan razón y el INVU procedió a otorgar permisos y visado de planos el 28 de febrero del 2003 a pesar de la existencia del acuerdo del ICAA número 2003-044 del 03 de febrero del 2003 donde denegaba la solicitud de exoneración de la construcción de las redes de alcantarillado sanitario por cuanto un sistema de tanques sépticos con drenaje de los lixiviados representa un alto riesgo de contaminación a los acuíferos de la zona. De lo analizado por esta Sala la responsabilidad es compartida, recayendo ésta principalmente en el INVU que afirma y comunica la aprobación del proyecto por el ICAA el 16 de enero del 2003, siendo ello un hecho que pareciera falso, llevando además a error al Alcalde Municipal, quien además no verificó por sí mismo que ello fuera cierto y no solicitó al desarrollador del proyecto la presentación de documento idóneo que acreditara dicha aprobación del ICAA. Asimismo, la responsabilidad también recae sobre el ICAA que comunica de dicho acuerdo hasta más de UN AÑO Y MEDIO después al Alcalde y que omite comunicarlo al INVU. Finalmente, también resulta involucrado nuevamente el Alcalde Municipal por dar permisos sin verificar la Viabilidad Ambiental; y los representantes de las empresas desarrolladoras del proyecto, Construcciones Astorga s.a. y Nombre10 s.a., las cuales a pesar de tener conocimiento de que no contaban con el requisito del ICAA continuaron el proyecto.\n\nIX.- En conclusión.- En mérito de las anteriores consideraciones, y aplicando el principio precautorio ambiental, se impone declarar con lugar el recurso de amparo interpuesto con las consecuencias de ley, y a) ANULAR todos los permisos otorgados al desarrollador del Proyecto San Martín II particularmente el otorgado por el INVU el 28 de febrero del 2003, el otorgado por el Ministerio de Salud el 24 de febrero del 2003 y todos los otorgados por la Municipalidad de Siquirres; b) ORDENAR a todos los recurridos tomar las medidas necesarias para proteger el acuífero de la zona de las aguas negras producidas por las casas que ya están construidas en el proyecto urbanizador; c) ORDENAR a Construcciones Astorga s.a y Nombre10 s.a. la construcción del sistema de alcantarillado que recomendara el ICAA, o bien el traslado de las personas que habitan dichas casas y d) ORDENAR testimoniar piezas para que Ministerio Público investigue las actuaciones tanto de las autoridades y funcionarios públicos como la de los sujetos privados. \n\nPor tanto:\n\nSe declara CON LUGAR el recurso y en consecuencia se: a) ANULAN todos los permisos otorgados al desarrollador del Proyecto San Martín II particularmente el visado de planos urbanísticos dado por el INVU el 28 de febrero del 2003, el visado sanitario de planos por el Ministerio de Salud el 21 de febrero del 2003 y los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de Siquirres el 03 de marzo del 2003; b) ORDENA a todos los recurridos tomar las medidas necesarias y suficientes para proteger el acuífero de la zona de las aguas negras producidas por las casas que ya están construidas en el proyecto urbanizador; c) ORDENA a Construcciones Astorga s.a y Nombre10 s.a. la construcción del sistema de alcantarillado que recomendara el ICAA, ordenándose a Olman Chacón Garita en su calidad de Subgerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin limite de suma del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Arturo Castillo Valverde en su calidad de Alcalde Municipal a.i de la Municipalidad de Siquirres proceder a supervisar dicha construcción y prestar la colaboración que de acuerdo a sus competencias corresponda; y d) ORDENA testimoniar piezas para que Ministerio Público investigue las actuaciones tanto de las autoridades y funcionarios públicos como la de los sujetos privados. Se le advierte a los jerarcas de los órganos y entes condenados, o a quien ocupe su cargo, en su orden, Carlos Manuel Rodríguez Echandi en su calidad de Ministro del Ambiente y Energía, María del Rocío Saenz Madrigal en su calidad de Ministra de Salud, Angelo Altamira Carriero en su calidad de Presidente Ejecutivo del INVU, Olman Chacón Garita en su calidad de Subgerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin limite de suma del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Arturo Castillo Valverde en su calidad de Alcalde Municipal a.i de la Municipalidad de Siquirres, Jorge Víquez Mora representante legal de Construcciones Astorga s.a. y Ana Lucía Astorga Castillo representante legal de Nombre10 s.a. que de no acatar las órdenes impartidas en esta sentencia incurrirían en el delito de desobediencia el que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sanciona con prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien reciba una orden que deba cumplir o hacer cumplir dictada en un recurso de amparo y no la cumpla o haga cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la Municipalidad de Siquirres y a las empresas Construcciones Astorga s.a. y Nombre10 s.a. al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.-\n\nLuis Fernando Solano C. \n\nPresidente \n\nAdrián Vargas B. Ernesto Jinesta L. \n\nFernando Cruz C. Teresita Rodríguez A. \n\nJorge Araya G. Federico Sosto L.",
  "body_en_text": "*040108200007CO*\n\n*040108200007CO*\n\nExp: 04-010820-0007-CO\n\nRes. No. 2006-002973\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours and thirty-six minutes on the seventh of March of two thousand six.\n\nAmparo action filed by Nombre01, Nombre02., ID CED01, Nombre03, ID CED02, Nombre04, ID CED03, illegible, ID CED04, Nombre05, ID CED05, T. JIMENEZ J. ENRIQUE, ID CED06, TORRES C. BLANCA, ID CED07, Nombre06, ID CED08, Nombre07, ID CED09, Nombre08, ID CED10 and Nombre09, ID CED11, against the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU).\n\nResultando:\n\n1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 10 hours 37 minutes on October 26, 2004, the petitioners file an amparo action against the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) and state that: a) The permit granted by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo to the company Nombre10 S.A., for the construction of the San Martín de Siquirres development (urbanización), must be annulled, since that permit was granted without taking into account the resolution of the Board of Directors of Acueductos y Alcantarillados; b) In Article 6, subsection c) of agreement 2003-044, it is stated that according to studies by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the use of septic tanks in said development constitutes an imminent danger of contamination of the aquifers in the zone. Therefore, said institute required that a sewage collection network be built and that this be properly treated at the primary and secondary level, in order to condition it so that it can later be discharged, without\n\nrisk of contamination; c) Despite the foregoing, the INVU granted the referenced permit, allowing septic tanks and individual drains to be used in the San Martín Development, which is precisely what the Acueductos y Alcantarillados resolution prohibited. Seventeen houses with septic tanks have already been built in the mentioned development. They request that the action be granted, for violation of their right to a healthy and ecologically balanced environment. Subsequently, by brief filed on October 27, 2004, they provide additional evidence (folio 034).\n\n2.- By resolution of this Chamber at 08 hours 37 minutes on October 27, 2004, this action was admitted and the President of the INVU was ordered to immediately take the necessary measures to avoid the environmental contamination problems denounced by the petitioners (folios 031-032).\n\n3.- ANGELO ALTAMURA CARRIERO, in his capacity as Executive President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, reports under oath (folio 045) that: a) On January 16, 2003, the ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) approves the San Martín II Development project, located in the canton of Siquirres, province of Limón; subsequently, on February 19, 2003, the INVU approves it; on February 24, it is approved by the Ministry of Health; and finally, after those three permits, the INVU's Visado (Approval) and Cadastre Unit proceeds to issue the approval (visado) of construction plans for the mentioned development; b) At the time the project was approved, the ICAA had not sent the INVU any note communicating the Board of Directors Agreement regarding the procedure for the sewage system exemption; c) The INVU's competence in matters of developments is limited to aspects related to urban planning, considering land uses (usos de suelo), application and conformity of the projects with the regulatory plans or Decree 25902 on the Great Metropolitan Area; d) Another aspect the INVU ensures is that concerning the approval or approval (visado) of construction plans, not that related to the construction permit, which is a municipal competence; e) The INVU is not the only entity participating in this process; the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Municipalities, as well as the various State institutions holding specific matters within their competence, such as the ICAA, also participate; f) According to its own organic law, the ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) is in charge of determining the priority, convenience, and viability of the different projects proposed to build, reform, expand, or modify aqueduct and sewage works, which cannot be executed without its approval; likewise, it is its responsibility to promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination; g) Thus, the INVU is not the entity responsible for supervising, controlling, or granting the construction permits for aqueduct and sewage systems or for rainwater or sewage collection; that corresponds to the ICAA, which grants a specific construction permit for the planned development, and it is based on said permit that the INVU will finally approve the construction plans for the work; h) Furthermore, according to Law 8220, the INVU cannot question permits granted by other institutions in the exercise of their legal competences; i) AYA must previously approve the solution studies, and it is only based on these that the INVU approves (visa) the construction plans (Article VI.3.1 of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones); equally, Article VI.3.4 of the same Regulation establishes that the requirements and norms related to the blackwater treatment system and others are set by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health, the legally competent bodies in the matter; i) The competence of the INVU's Urbanism Directorate is limited to examining and approving (visar), in an unavoidable manner, the plans corresponding to development projects or subdivision (fraccionamiento) projects for development purposes, prior to their municipal approval (Article 10, subsection 2 of the Urban Planning Law), and it has never been the INVU's competence to approve sewage or aqueduct plans or systems; j) Thus, it is clear that the INVU's competence is limited to the approval of construction plans and verifying that they comply with the requirements indicated by the cited regulation and that were published in La Gaceta No. 156 on August 16, 2002; k) As can be seen, the INVU grants approval (visado) of construction plans, verifying that urban infrastructure requirements are met, with the ICAA being the body responsible for establishing the specific requirements of its matter and granting the approvals or sign-offs that are within its competence; l) In the specific case of the San Martín Development, when the INVU approved the project, it had no knowledge of the ICAA Board of Directors agreement; thus, the project's construction plans were presented to the INVU with the prior approval of AYA regarding sewage services. It requests that the action filed be dismissed.\n\n4.- By brief filed by the petitioners, which appears on folio 084, they request to also direct the amparo action against the Municipality of Siquirres for not having annulled the development permit and the approval (visado) of cadastral plans. Likewise, by brief appearing on folio 087, they denounce that the cadastral plans were registered in July 2000, before the INVU's approval (visado) in 2003.\n\n5.- By resolution at 10 hours 33 minutes on April 26, 2005, the Chamber expands the proceeding to include as respondent authorities the General Manager of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), the General Manager of the Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), the Mayor of the Municipality of Siquirres, the Minister of Environment and Energy, the Department of Water and the Water Advisory Body of the Ministry of Environment and Energy, and the Minister of Health (folio 096).\n\n6.- CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ ECHANDI, in his capacity as Minister of Environment and Energy, and JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, in his capacity as Head of the MINAE Water Department and Coordinator of the Water Advisory Body, report under oath (folio 097) that the denounced events are not attributable to the MINAE nor to the Water Department or the Water Advisory Body, since their offices had no knowledge of them prior to the request for this report, and in the case of the Water Advisory Body, it does not receive complaints, but that a visit by an official from the Water Department to the Caribbean Zone has been scheduled in order to carry out an evaluation and investigation of the denounced events to provide a detailed report to the Constitutional Chamber to supplement this report. By virtue of this, they request that the amparo action be declared without merit.\n\n7.- FRANCISCO CUBILLO MARTÍNEZ, in his capacity as Vice Minister of Health, acting in this case as Acting Minister of Health, reports under oath (folio 107) that according to information from the Director of the Siquirres Health Governing Area: a) There is no file in archive in the Siquirres Governing Area, nor is there any record of the filing or processing of plans for the construction of the San Martín Development; there is only individual processing of single-family plans; b) During the on-site inspection, 16 houses with individual septic tanks were observed, and according to information gathered, the construction activities of the Development are paralyzed, with the corresponding plans having been endorsed on February 21, 2003; c) The construction plans for said development project were processed under code number 10-01-05(03) and were health-approved (visados sanitariamente) on February 21, 2003; d) The project is owned by the company Proquisa San José s.a. and consists of 238 lots, a project that had the land use (uso de suelo) approval from the Urbanism Directorate, which was authorized on July 4, 2002, by official letter PU-C-AT-865-2002; c) Regarding the proposed domestic wastewater treatment system, said urban development work was processed and approved (visó) for the use of septic tanks and drains; for this, the interested parties provided a percolation study concluding that the detected conditions are favorable for the use of this type of sanitary solution, and they attached a hydrogeological study concluding that the use of septic tanks and drains for the treatment of domestic wastewater in the San Martin II Development Project is feasible (viable), since the risk of contaminating groundwater is practically nil. Based on these facts, it requests that the action filed against the Ministry of Health be declared without merit.\n\n8.- OLMAN CHACÓN GARITA, in his capacity as Deputy Manager with powers of General Unlimited Attorney-in-Fact of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath (folio 143) that: a) Mr. Jorge Víquez Mora, representative of the San Martín II Urban Project, by letter dated June 11, 2002, requested an exemption for his company from the construction of the sewage system in said development; b) In official letter OP-AS-02-174 of October 7, 2002, the Groundwater Department issued the technical opinion, deeming that the request must be denied, given that a system of septic tanks with leachate drainage represents a high risk to the aquifers of the zone; c) The Sewage System Exemption Commission analyzed the exemption file for the San Martín III Urban Project and agreed, by recommendation No. 2002-0002 at 09 hours on November 26, 2002, to recommend to the General Management to deny the exemption from the sewage networks for not meeting the requirements, a recommendation also given by the AyA Legal Directorate; d) As stated by the petitioners, the AyA Board of Directors, by agreement 2003-044, resolved to deny the exemption request from the construction of sewage networks for the San Martín II Urban Project, for not complying with the requirements of Board of Directors Agreement AN-2002-114, since the system of septic tanks with leachate drainage represents a high risk of contamination to the aquifers of the zone; likewise, the project developer was instructed to implement a sewage system that collects domestic wastewater and transports it to a system with primary and secondary treatment units for the purpose of conditioning them to be discharged with a quality below the established maximum permissible limits; d) Agreement 2003-044 was duly notified to the interested party on February 24, 2003, to the knowledge of the Municipality of Siquirres on August 18, 2004, which in turn communicated it, by official letter DE-139-04 dated September 2, 2004, to the Executive President of the INVU; e) The INVU proceeded to grant the respective approval (visado) based on a technical official letter that is not a Board of Directors Agreement, despite the fact that agreement number AN-2002-114 of March 25, 2002, clarifies that only by Board of Directors Agreement will the appropriateness or not of exemptions from sewage networks be ruled upon; f) It is the Municipality of Siquirres whose competence it is to verify that the technical construction guidelines are respected in accordance with the communication made through Agreement 2003-044, which was negligent, with this Municipality being the competent one to order the annulment of all granted permits and order the immediate closure of the works. f) Despite said resolution, the Developer did not comply with the indicated guidelines, and the INVU and the respective Municipality did not grant binding force to the Agreement ruled by the AyA, allowing the use of septic tanks and individual drains; g) Regarding AyA, within its competencies, it will not grant interconnection permits or receipt of works until the developer complies with what is stipulated in resolution 2003-044. It requests that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados be released from responsibility.\n\n9.- SERGIO SALAS ARIAS, in his capacity as General Manager with powers of General Unlimited Attorney-in-Fact of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), reports under oath (folio 159) that: a) In July 2002, SENARA received the Preliminary Environmental Assessment Form (FEAP) number 383-02 in the name of Urbanización San Martín, with the cadastral map missing; b) SENARA registered said filing in the database under number 404-2002 and responded through report ASUB-573-02 of July 31, 2002, recommending an evaluation of the risk of aquifer contamination through possible effluents generated by the septic tanks; c) SENARA has not received any study for the evaluation of the contamination risk, and therefore, to date, has not issued any favorable opinion accrediting it. It requests that the action be declared without merit with respect to its represented entity.\n\n10.- JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, in his capacity as Head of the MINAE Water Department and Coordinator of the Water Advisory Body, reports under oath (folio 170) that in order to supplement and fulfill the commitment indicated in the previous report, and having carried out the field inspection on May 6, 2005, according to report official letter IMN-DA-1102-2005: a) The Water Department is unaware if this project has complied with environmental viability (viabilidad ambiental), given that being a development, the developer should have submitted the environmental impact assessment to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), as well as providing the best systems to ensure adequate management of blackwater and wastewater, ensuring safe management of its waters; b) It appears the project is paralyzed or closed by the Municipality, and it is unknown whether the septic tanks are actually affecting the aquifers, and in view of the fact that the sewage system has not been built, it cannot be stated that there is any impact.\n\n11.- ARTURO CASTILLO VALVERDE, in his capacity as Acting Municipal Mayor of the Municipality of Siquirres, reports under oath (folio 174) that: a) Following problems and complaints, by official letter number DE-139-04, the Municipality of Siquirres temporarily suspended the granting of construction permits related to the San Martín II Urban Project, until the filed complaints are clarified; b) On September 2, 2004, the ICAA notified them of the resolution rejecting the appeal for reconsideration against the agreement denying the sewage network exemption; c) However, there are currently 17 dwellings duly finished and occupied, given that at the time, construction licenses were granted because, apparently, due to an internal irregularity, a permit was granted by AyA on January 16, 2003, according to official letter PU-C-D-1231-2004 signed by Eng. Aura Yee Orozco, Deputy Director of Urbanism, bypassing the Board of Directors' agreement; d) With the resolution suspending construction licenses, aquifer protection measures were adopted in advance. It requests that the action filed be dismissed, as the necessary corrective measures have been taken.\n\n12.- By resolution of the Investigating Magistrate at 11 hours 34 minutes on August 1, 2005, the proceeding is expanded to include Nombre11 and the representatives of the San Martín II Developer Project as respondents. Nombre11 is asked to indicate whether the project has Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) and whether official letter SG-004-2003-Nombre11 corresponds to it. The representative of the Company Nombre10 s.a. is asked to indicate whether they have complied with the legal requirements for the construction of the San Martín II Developer Project. Also, as evidence for better resolution, the Executive President of the INVU, the Mayor of the Municipality of Siquirres, and the representative of the ICAA are asked to remit official letter No. PU-C-D-1231-2004 of January 16, 2003, where the ICAA’s approval supposedly appears; additionally, an explanation is requested from the ICAA regarding the reasons why Board of Directors Agreement number 2003-044 of February 3, 2003, was notified to the Municipality of Siquirres only until August 18, 2004, and to the INVU until September 2, 2004 (folio 185).\n\n13.- MIGUEL QUIROS LEON, in his capacity as Municipal Mayor of Siquirres, reports that by INVU official letter No. PU-C-D-1231-2004 of September 17, 2004, the INVU informed them that the ICAA had granted approval (visto bueno) to said development (folio 192).\n\n14.- OLMAN CHACON GARITA, in his capacity as Deputy Manager with powers of General Unlimited Attorney-in-Fact of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports (folio 200) that: a) He does not understand how the INVU indicated in its letter to the Municipal Mayor of Siquirres that AyA had approved the San Martín II Project with official letter of January 16, 2003 (which appears on folio 16 of the file), since a reading of that official letter does not indicate anywhere that AyA had exempted the San Martín II Project from the construction of the sewage network, nor that the Developer could build septic tanks; b) The INVU and the Municipality of Siquirres were obligated to demand from the developer the Board of Directors Agreement of AyA and not wait to receive notification of that agreement.\n\n15.- BERNARDO LOPEZ GONZALEZ, in his capacity as Executive President of the INVU, provides a copy of the official letter of September 17, 2004 (folio 217).\n\n16.- The Office of the Investigating Magistrate makes an inquiry regarding the legal domicile of the company Proquifa s.a. for the purposes of being notified of the expansion of the proceedings found on folio 185 (folios 221-222), and according to the record, the process server appeared at said address, where he is told that the place is a photographic studio (folio 224).\n\n17.- According to the record on folio 225, it does not appear that between August 10 and December 7, 2005, Nombre11 filed any brief or document to render the report requested.\n\n18.- JORGE VIQUEZ MORA, in his capacity as legal representative of Construcciones Astorga s.a., and ANA LUCIA ASTORGA CASTILLO, in her capacity as legal representative of Nombre10 s.a., respond that: a) Construcciones Astorga s.a. executed the San Martín II Development, with the owner of said project being Nombre10 s.a.; b) The idea was to bring a solution to the housing problem to the area, developing the project, but not constructing it; c) They began all consultations and procedures prior to the project's approval; one of them was directed to the ICAA aimed at resolving the exemption, or not, from the eventual construction of a sewage network, a request delivered on June 11, 2002; c) Initially, they were informed of the requirement for a sewage system; later, on July 9, 2002, they requested a reconsideration, which was accepted, sending the matter to the Board of Directors; d) After the Reglamento de Organización y Servicio de la Ventanilla Única of the Urbanism Directorate was published on November 27, 2002, they learned of a note prepared by the Institute's Developments Department in which it indicates that the project was approved, presuming that the Institute reviewed all the documents and plans submitted; e) On December 16, 2002, the INVU issued the declaration of social interest for the project; f) On January 6, 2003, Nombre11 granted the resolution of Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) for the project, a study that was based on the plans where the individual septic tank alternative was included; g) In January 2003, they were told that the project was approved by the Developments Department; likewise, by note HU-ONM-2003-011, it declares that there is availability of drinking water in the zone; h) On February 24, 2003, they are notified of a Board agreement rejecting the request for exemption from the construction of sewage system networks, by which date the project had already been approved; i) On March 3, 2003, they obtained the municipal construction permit, after submitting all the necessary requirements, a permit delivered without any type of warning or requirement; j) For some reasons, the neighbors were misinformed, and when the failures began, they were told there was a risk of aquifer contamination, which is not true; those responsible for the construction failures tried to shift their irresponsibility onto the project developer, which caused them much harm; k) The failures in the constructed houses are due both to the construction plans for each property and to the poor construction of the blackwater systems, and are not related to the construction or not of a sewage system or to environmental damages. They consider that their actions did not harm any person, and therefore, they request to be exempted from any responsibility in the matter.\n\n19.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nMagistrate Cruz Castro writes; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- Object of the action. The petitioners consider that their right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated, and therefore request that the permit granted by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo to the company Nombre10 S.A. for the construction of the San Martín de Siquirres Development in Limón be annulled, because: a) the INVU granted said permit without taking into account the resolution of the Board of Directors of Acueductos y Alcantarillados, which establishes that the use of septic tanks in said development constitutes an imminent danger of contamination of the aquifers in the area, and b) The Municipality has only temporarily suspended the granting of new construction permits, without having annulled the development permit and the approval (visado) of plans, as is appropriate. The Investigating Magistrate expanded the scope of this action to also include as respondents the Mayor of the Municipality of Siquirres, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy; as well as the representatives of the San Martín Developer Project, in order to analyze the possible violation of the right to enjoy a healthy environment resulting from the granting of the required permits for the construction of the San Martín Development, despite not complying with the approval (visto bueno) of the ICAA, which denied it by virtue of the possible risk of contamination to the aquifers in the area.\n\nII.- Proven facts. Important for the decision on this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been proven or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) That on June 11, 2002, Mr. Jorge Víquez Mora, representative of the San Martín II Urban Project, filed a formal request with the ICAA to exempt the construction of sewage system networks for the construction of a development project in Siquirres de Limón (folio 004, report on folio 143-144).\n\nb) That on July 4, 2002, through official letter PU-C-AT-865-2002, the Land Use (Visto Bueno de Uso de Suelo) Approval from the INVU Urbanism Directorate was granted (report on folio 108, folio 112).\n\nc) That on July 31, 2002, through report ASUB-573-02, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) recommended, regarding the Preliminary Environmental Assessment Form (FEAP) in the name of the San Martín Development, carrying out a risk assessment for aquifer contamination through possible effluents generated by the septic tanks. A study not yet received, so there is NO favorable opinion accrediting that the aquifers in the area will not be affected by the construction of the development (report on folio 159).\n\nd) That on October 7, 2002, through official letter OP-AS-02-174, the ICAA Groundwater Department recommended denying the request given that a septic tank system with leachate drainage represents a high risk of contamination to the aquifers in the area (report on folio 145, folios 152-157).\n\nd) That through recommendation No. 2002-0002 at 09 hours on November 26, 2002, the ICAA Sewage System Exemption Commission recommended to the General Management denying the exemption from sewage system networks for the San Martín urban project, as this represents a high risk of contamination to the aquifers in the area (folio 08, report on folio 145).\n\ne) That the ICAA Legal Directorate recommends denying the request filed by the applicant, by virtue of the technical study rendered by the Groundwater Department (report on folio 146).\n\nf) That almost TEN MONTHS after the request was filed, on February 3, 2003, the ICAA Board of Directors adopted agreement 2003-044 DENYING the exemption request for the construction of sewage system networks, notified on February 24, 2003, to the interested party, and notified MORE THAN A YEAR AND A HALF after it was adopted, on August 18, 2004, to the Municipality of Siquirres, and on September 2, 2004, to the INVU (report on folio 147, folio 206-208).\n\nh) That on February 21, 2003, through official letter PU-C-AT-865-2002, the Ministry of Health granted health approval (visado sanitario) to the plans, for which the developer provided a percolation study and a hydrogeological study, concluding in the latter that \"the use of septic tanks and drains for the treatment of domestic wastewater in the San Martín II Development Project is feasible (viable), since the risk of contaminating groundwater is practically nil\" (report on folio 108, folio 021, 112 and 137).\n\ni) That on February 28, 2003, the INVU Urbanism Department approves the project, approving (visando) the urban planning plans for the San Martín II project (folio 013, 021 and 075), arguing that the ICAA had approved the sewage system exemption on January 16, 2003 (folio 019).\n\ni) That on March 3, 2003, the Municipality of Siquirres grants a construction permit for the San Martín II Development (folio 021).\n\nj) That MORE THAN A YEAR after being notified, on August 19, 2004, Messrs. Jorge Víquez Mora and Ana Lucía Astorga Castillo, legal representatives of the companies called Construcciones Astorga s.a.\n\nand Proquifa s.a., developer and owner of the San Martín II housing project in Siquirres, Limón, file a motion for reconsideration of the previous agreement 2003-044, which is rejected as untimely (folios 010-011).\n\nk) That on 17 September 2004, through official letter PU-C-D-1231-2004, the Deputy Director of Urban Planning of INVU, Aura Yee Orozco, informs the Municipal Mayor of the Municipality of Siquirres that the San Martín II project was approved by the ICAA on 16 January 2003, that INVU approved it on 19 February 2003, that the Ministry of Health approved it on 24 February 2003, and that it was subsequently endorsed by the INVU's Endorsement and Cadastre Unit (folio 14, 060, and 143).\n\nl) That on 2 September 2004, through official letter no. DE-139-04, the Mayor of the Municipality of Siquirres informs the Executive President of INVU of the indefinite suspension of the construction permits for the San Martín II Housing Project by virtue of an ICAA memorandum reporting the denial of the request for exemption from constructing sewer networks (alcantarillado sanitario) (folio 197).\n\nIII.- Facts not proven. The following facts of relevance to this resolution are not deemed proven:\n\na) That there exists absolute scientific and technical certainty that the operation of the San Martín II Housing Project in Siquirres, Limón, with a septic tank system with leachate drainage without the construction of the public sewer network, does not contaminate, degrade, or affect the area's aquifer.\n\nb) That the ICAA approved the San Martín II Housing Project on 16 January 2003, as appears on folio 213.\n\nc) That INVU approved the San Martín II Housing Project as of 27 November 2002, as stated by the representatives of the companies Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a. in the response at folio 230.\n\nd) That the San Martín II Housing Project had environmental viability on 06 January 2003, as stated in the response at folio 230, and that SENARA and Nombre11 had provided proper follow-up to the San Martín II Housing Project in Siquirres, Limón, regarding the protection of the area's aquifers.\n\ne) That INVU, the Ministry of Health, and the Municipality of Siquirres proceeded to verify, before granting the respective endorsements and permits, that the San Martín II Housing Project in Siquirres, Limón, had the approval for the exemption from constructing the public sewer network from the ICAA.\n\nf) That the representatives of the companies Construcciones Astorga s.a. and Nombre10. complied with what was established by the Board of Directors of AyA through agreement 2003-044, where the project developer was instructed to implement a sewer system that collects domestic wastewater and transports it to a system with primary and secondary treatment units for the purpose of conditioning it to be discharged at a quality below the permissible limits established in the Reglamento de Reuso y Vertidos de las Aguas Residuales.\n\nIV.- On the State's duty to protect the environment.- The right to a healthy and balanced environment obligates the State to ensure adequate environmental protection; consequently, to take the necessary measures to prevent the alterations produced by human activity from constituting an injury to the environment. Thus, in the event of a risk of serious or irreversible damage—or doubt regarding it—the guiding principles of Environmental Law require that precautionary measures deemed appropriate be adopted so that such impact does not occur, and even permit postponing the activity in question, since if the harmful biological and social consequences have already occurred, a posteriori coercion is ineffective and would have no more than moral significance, as it would hardly compensate for the damage caused to the environment. In this line of thought, the precautionary principle obligates the Environmental Administration to carefully weigh whether human activity compromises the environment, and not to grant authorization if evaluations demonstrate that the activity could produce harmful or irreparable consequences to the environment. Thus, the Costa Rican State is obligated to watch over and adopt measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment. Constitutional Law requires using all available means—whether legal or factual—to preserve the environment. In environmental matters, all public officials and all persons have the obligation to ensure its protection, so that an official cannot simply limit themselves to declaring a lack of jurisdiction. Article 50 of the Constitution obligates the State and other public institutions—including the Municipalities—to actively intervene in environmental protection. Ordinary law is responsible for developing the constitutional canon and for fostering in its content economic and social development in total compatibility with a healthy and ecologically balanced environment. The country currently has abundant development legislation, among which we can cite: the Ley Orgánica del Ambiente, the Ley Forestal, the Ley de la Flora, Fauna y Vida Silvestre, the Ley de Uso de Manejo y Conservación de Suelos, the Ley de Biodiversidad, the Ley de Aguas, and the Ley de Planificación Urbana. These regulations, and other similar ones that may be added, materialize the state obligation in environmental protection as a fundamental right.\n\nV.- On the protection of aquifers.- This Chamber has already had the opportunity to analyze the constitutional protection of groundwater and aquifers. In this regard, resolution number 04-001923 of 14:55 on 25 February 2004 states:\n\n\"V.- GROUNDWATER. As opposed to so-called surface waters, which flow over the earth's crust and can be subject to common or special use, there are groundwaters. Groundwater is that found beneath the earth's surface occupying the empty spaces in the soil or rocks; its most important source is rainfall that infiltrates the soil. The soil, for its part, is composed of two levels, which are the following: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity, and b) another below it called the saturation zone, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. Waters included in the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, are called aquifers or groundwater bodies. The hydraulic gradient is the difference in altitude between two points on the same water table—phreatic level—in relation to their horizontal distance; the speed of movement of groundwater depends, in essence, on the hydraulic gradient. Groundwater is an essential part of the hydrological cycle; of the total water in the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of this, 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwater, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the main source of public supply is groundwater, as opposed to surface waters, which are notably exposed to contamination and degradation from harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. For the specific case of our country, it has been estimated that the potential annual groundwater recharge is approximately 47,000 million cubic meters per year, which means 20% of precipitation; it has also been calculated that of the 750,000 cubic meters of water per day used for human consumption, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from groundwater extraction. The consumption and use of groundwater, with respect to surface water, presents evident and clear qualitative and quantitative advantages such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable groundwater is carried out gradually depending on the increase in service demand, and the catchment areas can be located close to the place where the demand is generated, all of which reduces conduction, treatment, and storage costs; b) the natural physical-chemical quality of groundwater is more constant than surface waters and is potable with little or no treatment; c) because there is soil or rocks above the groundwater, it is more protected from contamination of natural or human origin; d) variations in quantity and availability in dry or rainy seasons are minimal compared to those of surface waters; e) they constitute a strategic reserve to face emergency situations due to public calamity, internal commotion (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.), or war.\n\nVI.- GROUNDWATER AND FUNDAMENTAL RIGHTS. The issue of groundwater is intimately linked to several fundamental rights contained in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in its article 50, states the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Likewise, access to potable water ensures the rights to life—\"without water, no life is possible,\" states the Carta del Agua approved by the Council of Europe in Strasbourg on 6 May 1968—, to people's health—indispensable for their food, drink, and hygiene—(article 21 of the Political Constitution), and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure each individual a dignified well-being and quality of life (article 33 of the Political Constitution and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development in large proportions. Consequently, the protection and exploitation of groundwater reservoirs is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the adequate development of any population. In 1995, it was estimated that 1 billion inhabitants lacked access to potable water, and it is calculated that by the year 2025, nearly 5.5 billion people will experience water scarcity, with 5 to 10 million people dying annually from the use of untreated water. In another line of thought, the duty has now been recognized to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited (sustainable development), so that the needs of the present must be met without compromising the ability of future generations to meet their own (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological point of view, is a precious good, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, means of transport, support for recreational activities, and a constituent element for the maintenance of natural ecosystems—use of water that is non-contaminating or compatible with the environment—.\n\nVII.- LEGAL NATURE AND REGIME OF GROUNDWATER, AQUIFERS, AND RECHARGE AREAS: PUBLIC DOMAIN GOODS. In our legal system, there is no single, systematic, and coherent regulatory body that comprehensively regulates the protection, extraction, use, management, and efficient administration of water resources. Additionally, the limited existing legislation focuses predominantly on surface waters, overlooking groundwaters. As is typical and consubstantial to Administrative Law, one can observe in this area a normative dispersion and a fragmented, chaotic, and ambiguous set of sectoral norms that regulate specific aspects, leaving serious gaps and antinomies, all of which also seriously hinders environmental management by the public entities in charge of the matter. Obviously, the scarce regulation of groundwater does not constitute an exception to the aforementioned rule. In Water Law, various theses have been held regarding its legal nature—the variation of which depends on historical evolution. Thus, groundwater has been reputed as (a) private goods, therefore being a res nullius appropriable by whoever uncovers it, that is, by the owner of the land where it emerges, following the maxim of Roman Law according to which property extends from heaven to hell. The nineteenth-century regulations on water resources (e.g., the Spanish Ley de Aguas of 1879, which inspired many Latin American legislations, including our Ley de Aguas of 1942) will give groundwater a character of (b) mixed good, so that those which a private land owner uncovers will be private, and public those that originate on public domain land or the former after the owner has used them. Finally, starting in the 20th century, many legislations will classify all groundwater as (c) public domain goods, based on the undeniable unity of the hydrological cycle, thus becoming part of what has been called the \"public hydraulic domain\" as part of the natural and not artificial domain; this position conceives water as a unitary resource subordinated to the general interest, so no distinction should be made between surface water and groundwater, since they are intimately linked to maintain their quality and quantity. According to this last thesis, groundwater is not appropriable by any private individual, and its classification as a public domain good constitutes sufficient grounds to subject it to a very strong and intense regime of administrative intervention in order to guarantee its integrity and quality and to remove it from the modes of acquisition and enjoyment typical of Private Law. In our legal system, based on a series of dispersed norms, the legal nature of groundwater can be determined, with evident variations, according to the legislative-historical evolution. The Ley de Aguas No. 276 of 27 August 1942 and its reforms, in its article 1, subsections IV, VIII, and IX, respectively classifies as public domain waters: \"Those of the (...) springs (...)\", \"Those of the springs that emerge on the beaches, maritime zones, channels, beds, or banks of national property and, in general, all those that originate on public domain lands,\" and \"The subterranean ones whose uncovering is not done by means of wells,\" since article 4, subsection III, of that legal text considers private domain—and, therefore, belonging to the landowner—\"The subterranean waters that the owner obtains from their own land by means of wells,\" with the surplus—from wells concessioned to obtain water for non-domestic purposes and ordinary needs—that exits the land becoming public domain waters. Evidently, the Ley de Aguas of 1942 follows a mixed thesis regarding the legal nature of groundwater, since it combines the res nullius and, consequently, appropriable character of these if they are uncovered on private lands with the public domain character if they emerge on land whose owner is a public entity. It would be two later laws, enacted during the course of the last quarter of the past century, that tacitly reformed or modified what was established in articles 1, subsections IV, VIII, and IX, and 4, subsection III, of the Ley de Aguas. In reality, these two new normative instruments fall within the contemporary current of conceiving groundwater as public domain goods by virtue of the unity of the hydrological cycle, therefore serving as sufficient enabling grounds to admit a strong regime of administrative intervention to conserve the quantity, quality, and ensure rational and sustained exploitation of water resources. Thus, the Código de Minería, Law No. 6797 of 4 October 1982 and its reforms, in its article 4, provided the following: \"(...) the mineral sources and waters, and the subterranean and surface waters, are reserved for the State and may only be exploited by it, by private individuals in accordance with the law, or by means of a special concession granted for a limited time and in accordance with the conditions and stipulations established by the Legislative Assembly (...),\" thus producing a publicization and nationalization of all groundwater in the country, even that which is uncovered by means of a well located on private property for domestic use or ordinary needs. Subsequently, the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 of 13 October 1995 and its reforms, in article 50—whose heading is \"Public domain of water\"—reinforced this declaration of public domain status and prescribed that \"Water is of public domain, its conservation and sustainable use are of social interest.\" This legislative instrument implies an express assignment of continental waters (surface and groundwater—by not distinguishing them—) to the public domain of the State and qualifies their protection, preservation, or conservation and sustained or rational use as of social interest, thus clearing the way for eventual expropriations or limitations for reasons of social interest (article 45 of the Political Constitution).\n\nVIII.- AQUIFERS, RECHARGE AND DISCHARGE AREAS. The aquifer is a stratum or geological formation (unconsolidated deposits of loose materials such as sands, gravels, mixtures of both, sedimentary rocks such as limestone, volcanic rocks, etc.) that allows the circulation of water through its pores or fissures, so that humans can harness it in economically appreciable quantities to meet their needs. In a very broad sense, aquifers are geological formations that contain water, have contained it, and through which water flows or circulates. Two of the hydrogeological parameters for defining the functioning of an aquifer—relationship between recharge and water extraction or discharge—are porosity or permeability—hydraulic conductivity—and the storage coefficient. There are a series of geological formations that should not be confused with aquifers, thus (a) aquicludes are geological formations that contain water inside but do not transmit it, preventing its exploitation; regarding the non-renewable, fossil, dead, stagnant, or non-flowing groundwater contained in them, there is no doubt that they are also of public domain, given that articles 4 of the Código de Minería and 50 of the Ley Orgánica del Ambiente do not distinguish between groundwater and surface water, and much less between renewable and non-renewable groundwater, so they cannot be conceived as res nullis susceptible to appropriation by the private discoverer. The (b) aquitard, for its part, comprises a set of geological formations that contain appreciable quantities of water but transmit it very slowly. Finally, the (c) aquifuge is that geological formation that neither contains water nor can transmit it. Regarding the typology of aquifers, hydrogeology classifies them, according to the hydrostatic pressure of the water enclosed within them, as follows: a) unconfined aquifers, or phreatic aquifers, in which there is a free surface of the water enclosed within them in direct contact with the air, their water table is at atmospheric pressure and is not limited by an impermeable layer, and b) confined aquifers, or artesian aquifers, in which the water is subjected to a pressure greater than atmospheric. There also exists the subcategory of perched aquifers, which are those unconfined ones with limited spatial distribution and temporary existence. The natural recharge of aquifers is produced by the volume of water that enters them during a period of time due to the infiltration of rainfall or a watercourse (e.g., influent rivers). Recharge areas, consequently, are all zones of the ground surface where rainfall filters into the soil until reaching the saturated zone, incorporating into the aquifer. The Ley Forestal No. 7575 of 13 February 1996, in its article 3, subsection l), defines aquifer recharge areas as \"The surfaces on which infiltration occurs that feeds the aquifers and river channels (...).\" Natural discharge is the volume of water that, during a period of time, naturally exits the aquifer through surface springs, subfluvial or submarine springs, by evapotranspiration, or by vertical percolation towards lower aquifers. Artificial discharge is produced through the extraction of water via wells, ditches, trenches, or tunnels. Groundwater discharge areas comprise all those points where the water table or phreatic level intersects the ground surface—springs, headwaters (nacientes), seepages—the course of a river, or marine or lake beds.\n\nIX.- TYPOLOGY OF AQUIFERS IN COSTA RICA. In our country, two types of aquifer families are recognized: a) Volcanic or fissured, formed in igneous rocks (volcanic and intrusive), representing those of greatest dimensions and best quality, and b) Sedimentary or granular in surface formations. Regarding the first type, it should be noted that igneous rocks naturally have no permeability; they possess secondary porosity caused by the presence of fractures or fissures originated by cooling or tectonic events (areas linked to geological faults), thereby acquiring hydrogeological aptitude. This type of aquifer arises in high areas where precipitation is high and volcanic rocks particularly exist; known and studied examples of these are the aquifers of the Central Valley (e.g., Colima Superior and Inferior, and Barva). From a hydrogeological perspective, our country presents ideal and exceptional conditions for the rational and measured exploitation of groundwater, since the Central Volcanic Mountain Range is constituted by volcanic soils with a high natural infiltration capacity, provided they have not been compacted or eroded by human activities, thus fulfilling an essential function in regulating surface water runoff and aquifer recharge. The high permeability of fractured and brecciated lava flows and the conditions of high rainfall favor the formation of high-potential aquifers. The existing tuffs, in turn, behave as rocks of low permeability that permit the constitution of aquitards, which are the base of the aquifers and allow the vertical transfer of water between them. The location and geomorphology of the Central Volcanic Mountain Range, with all its aquifers, is a first-order source of water to satisfy the needs of at least half of the country's population, including the Greater Metropolitan Area and surrounding populations. The use of groundwater in this zone is carried out through wells or the capture of springs for domestic, industrial, and agricultural uses. In the Central Volcanic Mountain Range, by 1996, SENARA had registered 3,460 wells of varied uses and 353 springs for public supply used by the ICAA, municipal corporations, rural aqueduct administration associations, and other entities. This type of aquifer has also been located in the formations of Liberia and Bagaces (Province of Guanacaste). It is fully established that this type of aquifer, due to its petrophysical characteristics, is more vulnerable to contamination in its recharge areas when these are not in protected or reserved zones and are exposed to anthropogenic activities such as deforestation, uncontrolled urbanization, and intensive and extensive agricultural activities involving the use of pesticides and agrochemicals, thus being exposed to a dangerous and slow degradation in their environmental quality. Surface aquifers are made up of layers of unconsolidated rocks of recent and diverse origin; they are alluvial fills of some valleys that can reach thicknesses from a few meters to one hundred meters, they are separated from the surface by a thin and permeable soil layer, making them highly vulnerable to contamination, especially when they are located beneath zones of anthropogenic occupation (urban, industrial, or agricultural crop development). This type of aquifer is exploited in the Central Pacific region, such as, for example, the alluvial fill of the Barranca River Valley, which contains two coastal aquifers, namely Barranca and El Roble.\n\nX.- CONTAMINATION OF GROUNDWATER. Unlike the contamination of surface waters, which is usually patent and visible, allowing environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, the contamination of groundwater, by its very nature, usually goes unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Aquifers, due to the slow circulation of water, the absorption capacity of the terrain, and other factors, can take a very long time to show contamination. Additionally, the large volume of contained water means that extensive contaminations take a prolonged period to manifest, or when dealing with localized contaminations, they are detected when they flow to some exploitation site. Certainly, this type of water has a resistance to contamination; however, when this occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and is sometimes irreversible due to the high cost of the means to achieve it. It has been demonstrated that attempts to repair the damage produced by contamination to an aquifer to achieve potable water levels again have not been successful; cleaning technologies have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very expensive. To the above must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources, in the latter case, duly trained to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact dimension of its contamination. The degradation and contamination of aquifers imposes upon the legislator and public administrations the urgent and pressing task of protecting them. Groundwater contamination can be direct or indirect; it is of the first type when contaminating substances are introduced directly into the aquifer, as in the case of cesspools or injection wells; it is of the second type when, through dilution, it is produced by contamination of the natural recharge. The contaminating agents can be of very diverse kinds, that is, mineral, biodegradable organic (excreta and purines), slightly or non-biodegradable organic (pesticides, detergents, hydrocarbons), biological (bacteria, viruses, algae), radioactive, and gaseous. Aquifer contamination depends on the geological, hydraulic, and chemical conditions of each place or site, so it is a function of local factors, which is why knowledge of each zone and the study of similar cases is required.\n\nThe origins of aquifer contamination can be of very diverse nature, such as the following: a) contamination from domestic activity, which is organic and biological and arises from septic tanks, leaks from the sewer system, discharge of black water, to which must be added the increase in chemical products for domestic use such as detergents; b) contamination from agricultural activities, here we have the use of artificial fertilizers based on nitrates, phosphates, and potash or natural ones -based on manure-, irrigation with wastewater and high-salinity water, and the use of pesticides (insecticides, herbicides, and plaguicides); c) contamination from livestock farming, essentially, is organic and biological, similar to domestic but more intense when it comes to intensive farms; d) contamination from surface waters, when they recharge and are, in turn, contaminated; e) contamination by saline intrusion, produced when marine and salt waters enter coastal regions due to overexploitation, through wells, of coastal aquifers; f) contamination from mining activities - mineral -, related to evacuations of mine water and mineral washing sites; g) contamination from industrial activities, this type is as varied as the type of industry that originates it, being especially harmful those caused by heavy metals from the metallurgical industry, as well as from the chemical, petrochemical, food (organic substances) and beverage (detergents) industries; h) contamination from nuclear activities, although exceptional in our environment, can come from irradiated fuel and radioactive mineral treatment plants and from medical activity; i) contamination through poorly constructed wells, wells can interconnect several aquifer layers and when they have broken or corroded casings at levels of poor-quality water or that allow the entry of surface waters they can cause it; j) contamination through the discharge of wastewater through cesspools, septic tanks, leaks from the sewer network, or indiscriminate dumping into hydrographic basins; k) contamination from solid waste dumping, produced when a sanitary landfill is built on permeable or non-waterproofed land through leachates; l) contamination from injection wells -a form of using the subsoil as a waste storage facility- poorly planned, constructed, or used.\n\nXI.- CONTAMINATION OF GROUNDWATER IN THE CENTRAL VALLEY OF COSTA RICA. The main threat of contamination of aquifer layers in Costa Rica and, consequently, of groundwater consists of two factors: a) population growth and uncontrolled urban expansion over recharge areas, phenomena that generate leachates from solid and liquid waste of domestic and industrial origin, the inability of soils to infiltrate, the waterproofing of recharge zones, and the overexploitation of aquifers; b) the use of agrochemicals in intensive agriculture of coffee, banana, cotton, ornamental plants and c) waterproofing of recharge areas due to changes in land use (cambio de uso del suelo), deforestation, and extensive livestock farming. In the case of the aquifers that supply the Greater Metropolitan Area (Upper and Lower Colima, La Libertad, and Barva) evidence has been observed of some impact from bacteriological, industrial contamination and an increase in nitrates, due to urban expansion and intensive agriculture in the recharge areas. Regarding nitrates, despite the good physical-chemical and bacteriological quality of the water, a tendency towards an increase in nitrate concentrations has been detected, downstream hydraulic gradient, which denotes that the groundwater is being affected, directly or indirectly, by the discharge from septic tanks and the use of nitrogenous fertilizers used in vegetable crops and coffee plantations. Likewise, an overexploitation of groundwater has been detected due to concentrated extractions which has caused a decrease in water levels and in the flow of springs (manantiales) and an eventual waterproofing of the recharge areas since the aquifers are located in the zones of greatest urban growth with accelerated housing development through subdivisions (urbanizaciones), whose effects, as estimated, would be significant if a zone greater than 20% of the recharge area is waterproofed.\n\nXII.- PROTECTION OF GROUNDWATER. Due to the characteristics of contamination of the aquifer layers intended for public supply and their difficult regeneration, measures to avoid contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in specific zones or by ordering safety measures on certain potentially contaminating activities. Our legal-administrative system (legislation, regulations, and decrees) unfortunately lacks precise, clear, and complete regulation for the protection of aquifer layers, recharge zones, and groundwater catchment areas. In foreign legislation (e.g., Spanish Water Law 29/1985 of August 2) some extraordinary powers of administrative intervention in the water economy are provided for that directly concern the protection of aquifer layers, in order to achieve sustainable use of water resources, that is, to guarantee water availability in sufficient quantity and required quality to meet present and future human and ecological needs. These extraordinary administrative powers, which must be admitted into our legal system -despite their lack of regulation- as implicit in the express and general competence for the protection and conservation of groundwater attributed to the State and the decentralized entities of the water sector, are based on the need to achieve rational and balanced use of water. The scarcity and degradation of the natural conditions of the water resource impose the administrative possibility of adopting such measures to avoid its exhaustion or irreversible deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that a water crisis may generate. This type of administrative measures involve various restrictions and drastic controls over multiple uses or exploitations of water -especially general or special private ones- and over pre-existing activities that may affect the resource, insofar as they are justified by a public interest, so they do not affect the right to property or the integrity of the patrimony. In essence, such measures must be regarded as limitations of social interest that do not empty the content of the right to property or expand the public domain over groundwater without prior compensation but rather shape its essential content, so they must be borne, being a sacrifice or a general burden, by all users, who, ultimately, are the beneficiaries of these, as they are aimed at correcting a conjunctural situation of scarcity or imminent contamination that affects the economy of the water resource in a specific zone. Such administrative measures of intervention, virtually contained in articles 32 of the Water Law of 1942 and 10° of the Regulation for Drilling and Exploitation of Groundwater (Decreto Ejecutivo No. 30387 of April 29, 2002), can be the following:\n\na) Protection perimeters for aquifer layers: One of the most novel instruments in the protection of water resources is the definition of protection perimeters for the conservation of the resource and its surroundings. This administrative intervention measure seeks to preserve the quality and quantity of the water contained but also of its container, that is, the geological formation called an aquifer. This activity consists of projecting and tracing on the surface a demarcation under which an aquifer or part of it sits, in which a specific regime for the use of the hydraulic domain is established -regulation and restriction of pre-existing water concessions, impediment to granting new ones- and for the control of activities and installations that may affect it -through authorizations- (e.g., mines, quarries; urban activities including septic tanks, cemeteries, sanitary landfills -storage, transport, and treatment of solid and liquid waste-; agricultural and livestock activities with deposit and distribution of fertilizers and plaguicides, irrigation with wastewater, and farms; industrial activities with storage, transport, and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.). Evidently, the definition of perimeters by the national authorities -MINAE and ICAA- must be respected by local governments (Municipalities) and INVU (given its residual competence in urban planning matters in the absence of local regulatory plans) to make compatible, develop, and effectively reflect the conditions established in the definition of the protection perimeters in the regulations contained in the respective Regulatory Plans concerning land uses or territorial planning (e.g., zoning regulations, construction regulations, etc.). Obviously, to the above must be added the protection around catchment areas (wells -PPP: well protection perimeters-, springs (manantiales), springs (nacientes), etc.-), through the definition of a surrounding zone where certain human activities are prohibited or limited, regulating or controlling land use. The determination of the perimeter depends on the zone of capture or load of the well (ZOC) and its extent depends on the characteristics and properties of the catchment area and the recharge terrain, since the rules cannot be the same for the case of permeable or fissured terrains as for those with impermeable formations. The definition of perimeters must be combined with the cartography of vulnerability or natural susceptibility of the supply aquifer layers to anthropogenic contamination loads, based on their hydrogeological and geochemical characteristics, in the face of anthropogenic contamination problems, which is achieved through mapping. Both measures, protection perimeters and vulnerability cartography, are suitable to be able to relocate a specific type of activity in time, the supply source, or, ultimately, introduce methods and technical instruments for the treatment and disposal of contaminating agents. The measures to be taken based on the perimeters and vulnerability cartography vary according to whether it is (a) an area without territorial occupation, being useful to define the activities that may or may not be installed in the future; (b) already occupied areas, in which case a mapping of natural vulnerability and of the areas with greater susceptibility to contamination is carried out, allowing, in the face of the threat of a high contamination index, the relocation of activities, supply sources, and introduction of technology for the treatment and disposal of contaminants; (c) already contaminated areas, for which alternative sources can be sought, the spread of contamination plumes avoided, and, if possible, given its high cost, the aquifer waters treated after extraction; (d) areas for new catchments, a scenario in which potentially contaminating activities and the impact area of each of these must be inventoried.\n\nb) Declaration of an overexploited aquifer: The overexploitation of an aquifer occurs when the extractions or exploitations are so intensive -discharge- and strong that they exceed the recharge volumes, whereby the water reserves of the aquifer progressively decrease and degrade. Overexploitation causes disastrous economic and natural effects; among the former, users may experience an increase in extraction costs -more energy to make the same amounts of water flow or expenses to re-deepen a well to reach the water level-, exhaustion of wells located in the peripheral zones of the aquifer and in those with the highest concentration of drillings; among the natural effects, there is the reduction in water flows in springs (manantiales), rivers, streams, creeks, lagoons, lakes, and wetlands, thereby endangering their existence, and the affectation of the capacity of geological formations -aquifers- to store water by reducing the interstitial space in the rocks due to lack of the internal pressure provided by the water, land subsidence by compaction, with alteration of the aquifer, appearance of cracks, and slope movement. In the hypothesis of overexploitation of the aquifer, the competent administrative authority can declare this state to reverse the state of affairs through regulation, restriction, and distribution of pre-existing extractions or exploitations to achieve rational exploitation and the immediate suspension of new applications or modification of concessions pending at that time. Of course, saving and good use measures for resources can also be implemented, such as the treatment and purification of wastewater to be reused in the irrigation of certain crops, drip or nighttime irrigation systems to mitigate the effects of evapotranspiration, artificial recharge, etc.\n\nc) Declaration of an aquifer in a process of saline intrusion: An aquifer is considered to be in a process of salinization when, as a direct consequence of extractions, generalized and progressive increases in the saline concentration of the captured waters are recorded, with the danger of becoming unusable. Salinization implies a reduction in the thickness of the freshwater layer under which marine water rises, so that the water from wells ceases to be potable and even becomes unusable for domestic or irrigation uses, with the recovery of the aquifer being very difficult or almost impossible. This problem that may arise in our country, above all, in overexploited coastal aquifers -intrusion of maritime origin- in a gradual or generalized manner, although intrusion of continental origin cannot be ruled out in other locations. The cause of saline intrusion lies in irrational exploitation or overexploitation, so measures similar to those provided for when that problem occurs must be implemented, such as the regulation, restriction, and distribution of pre-existing uses or exploitations and suspension of new applications or modification of concessions.\n\nd) States of necessity and water crisis: In anomalous, exceptional, and conjunctural circumstances that cause a public calamity or internal commotion (e.g., extraordinary droughts, serious overexploitation of aquifers, or generalized saline intrusion thereof), the State -through the Executive Branch- and, based on the principle of necessity, can adopt the necessary and suitable measures regarding the use of the public hydraulic domain to overcome that state of affairs or prevent it from worsening. When the state of necessity ceases and normality is restored, another type of measures can be adopted, such as those previously set out (protection perimeters, declaration of overexploited aquifers or in a process of salinization).\n\nXIII.- LEGAL PROTECTION OF GROUNDWATER IN COSTA RICA. Article 31 of the Water Law No. 246 of August 27, 1942, declares as \"reserve of domain in favor of the Nation\" the following: \"a) The lands surrounding the catchment sites or intakes supplying potable water, within a perimeter of no less than two hundred meters in radius; b) The forest zone that protects or must protect the set of terrains where the infiltration of potable waters occurs (...)\". This declaration is of utmost importance, since, from it, arises the obligation of the State, through its competent organs, to fix and determine the perimeter protection areas of wells or catchment areas -of 200 meters- and, of course, of the recharge areas of the aquifer layers -zone where \"the infiltration of potable waters occurs\"- that have or must have a forest layer for their protection, which are so sensitive for their conservation and protection. Likewise, from such express affectation, the State can exercise reivindicatory and possessory actions to guarantee the integrity of those zones and remove them from all types of contamination, subjecting them to a strict land use control regime, an attribution that, very probably, it has omitted to exercise in a timely and exact manner. Numeral 32 of the Water Law of 1942 establishes that \"When in an area larger than the one previously mentioned there is a danger of contamination in surface water or groundwater, the Executive Branch, through the Potable Water Section -currently ICAA- (...) shall order in said area the measures it deems appropriate to avoid the danger of contamination\", this norm imposes an unavoidable duty of collaboration and cooperation on the Executive Branch with ICAA to adopt all opportune and convenient administrative acts and measures to avert the danger of contamination in an area larger than the protection perimeters of the aquifer recharge areas and catchment zones. The content of the norm is extremely significant and rich, since it enables the State to adopt any opportune measure to avoid the irreversible damages and losses that a state of emergency due to a water crisis could cause. Evidently, it is also a competence that has not been responsibly exercised or has been underutilized. The General Potable Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, in its article 2°, establishes that \"All those lands that both the Ministry of Public Works and the Ministry of Public Health -organs of the Executive Branch that were replaced by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers by virtue of its Creating Law No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms, and, more specifically, article 2°, subsection h), which entrusted it with enforcing the General Potable Water Law- consider indispensable to build or locate any part or parts of the potable water supply systems, as well as to ensure the sanitary and physical protection, and necessary flow thereof (...), are of public domain\", evidently, this norm has enormous transcendence, since the catchment areas that may include springs (manantiales) or springs (nacientes) -a form of natural discharge of groundwater- are declared to be of public domain, and, what is more important, it grants the condition of public domain asset to all those lands necessary to ensure sanitary and physical protection and their flow, which, necessarily, includes the clearly delimited recharge areas of the aquifer layers through the perimeter activity already indicated, since the lack of protection of these zones necessarily affects the quality -by contamination- and flow -by waterproofing or overexploitation- of the waters for human consumption and use that spring from a spring (manantial). Forestry Law No. 7575 of February 13, 1996, in its article 33, subsections a) and d), respectively, provides that protection areas are those \"(...) bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally\" and \"The recharge areas and the aquifers of the springs (manantiales), whose limits shall be determined by the competent organs established in the Regulation of this law\", evidently, these norms support the administrative activity or intervention to define the protection perimeters of aquifers and catchment zones. The Organic Law of the Environment No. 7554 of October 13, 1995, in its article 51, indicates that for the conservation and sustainable use of water, the following criteria must be applied, among others: \"a) Protect, conserve, and where possible, recover aquatic ecosystems and the elements that intervene in the hydrological cycle\", \"b) Protect the ecosystems that allow regulating the hydrological regime\" and \"c) Maintain the balance of the water system, protecting each of the components of the hydrographic basins\". Thus, the need to protect and conserve the integrity and unity of the hydrological cycle without making distinctions is established, which especially includes groundwater. Finally, articles 5°, subsection e), final paragraph of the ICAA Creating Law (No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms) and 15 of the SENARA Creating Law (No. 6877 of July 18, 1983, and its reforms) crown the normative framework for the institutional protection of groundwater by indicating, respectively, \"The lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions that become necessary in the catchment (...), are declared of public utility and social interest, and may be expropriated\" \"The actions promoted by the State, with the object of ensuring the protection and rational use of waters (...), are declared of public interest\". In the legal-administrative system of waters, we will also find a series of obligations and charges imposed on individuals and public law subjects -public entities and organs- for the adequate protection of the underground and surface public hydraulic domain. Thus, the Water Law of 1942 and other legislative bodies establish a series of prohibitions and obligations for the owners and users of springs (manantiales) -which are a component of the discharge area of an aquifer layer-, such as the following: a) users or concessionaires must comply with police and health regulations regarding surplus waters that are returned to a spring (manantial) to avoid contamination or stench -failure to do so may result in losing the special exploitation and suffering a fine penalty- (articles 57 and 166, subsection III, ibidem), concordantly, the Wildlife Conservation Law No. 7317 of October 21, 1992, in its article 132, paragraph 1°, prohibits \"(...) dumping wastewater, black water, waste, or any contaminating substance into springs (manantiales), rivers, creeks, permanent or non-permanent streams (...) lakes (...)\" and imposes a fine of 50,000 to 100,000 colones convertible into a prison penalty of one to two years on those who breach the norm. b) The construction of ponds for fish farming is prohibited in the springs (manantiales) intended for the supply of populations (article 63 ibidem). c) The owners of lands where there are springs (manantiales) on whose contours the forests that provided them shelter have been destroyed are obliged to plant trees on the banks at a distance of no more than 5 meters (article 148 ibidem). d) It is forbidden to destroy, both in national and private forests, the trees located less than 60 meters from the springs (manantiales) that arise in the hills or less than 50 meters from those that emerge in flat terrains (article 149 ibidem), Forestry Law No. 7575 of February 13, 1996, provides, in its article 34, coincidentally, that \"The cutting or elimination of trees in the protection areas that border the permanent springs (nacientes) and recharge areas and the aquifers of the springs (manantiales) is prohibited.\" e) Any application for the exploitation of living, running waters and springs (manantiales) must be addressed to the Ministry of Environment and Energy with the presentation of a series of requirements (article 178 ibidem). Regarding the public entities and organs that have competence and responsibilities in the protection of groundwater, a series of obligations and prohibitions are established, such as the following: a) Municipalities are prohibited from alienating, mortgaging, or otherwise encumbering, leasing, exploiting for their own account -especially if it involves deforestation- the lands they own or acquire on the banks of rivers, streams, or springs (manantiales) or in basins or watersheds where springs (manantiales) spring up or where they have their origins (articles 154 and 155 ibidem). b) Municipalities are obliged to reforest such lands (article 156 ibidem). c) Every Municipality, Board of Education, Social Protection Board, and, in general, every \"public entity\", is obliged to consult to obtain the respective permission from the Ministry of Agriculture to alienate, mortgage, lease, exploit for by-products, or exploit for their own account lands they own or acquire on which there are usable public domain waters (article 157 ibidem). The General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its reforms, for its part, contains specific norms for the effective protection and conservation of groundwater, thus article 275 stipulates that \"It is prohibited for any natural or legal person to contaminate surface water, groundwater (...) directly or indirectly, through drainage or the discharge or storage, voluntary or negligent, of liquid, solid, or gaseous residues or wastes, radioactive or non-radioactive, black water, or substances of any nature, which, altering the physical, chemical, and biological characteristics of the water make it dangerous for the health of persons, terrestrial and aquatic fauna, or unusable for domestic, agricultural, industrial, or recreational uses.\", in its part, numeral 276 establishes that only with the permission of the Ministry may drainages be made or proceed to the discharge of solid or liquid residues or wastes or others that may contaminate surface water, groundwater, or maritime water, \"(...) adhering to the norms and conditions of regulatory safety and the special procedures that the Ministry imposes in the particular case to render them innocuous\". Articles 285 and 291 of that normative body, respectively, oblige every person to eliminate excreta and black water adequately and sanitarily to avoid \"contamination of the soil and natural water sources for human use and consumption\" and prohibit the discharge of industrial waste or from health establishments into the sewer system to \"avoid contamination of water sources or courses\". Finally, article 309 of that law establishes that the Ministry of Health will approve the project for developers, among other things, if it \"(...) has adequate sanitary systems (...) for the disposal of excreta, black water, and wastewater\".\n\nXIV.- ADMINISTRATIVE ENTITIES AND ORGANS RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF GROUNDWATER AND, ESPECIALLY, OF AQUIFER LAYERS. DELIMITATION OF COMPETENCES. The management of groundwater resources comprises various aspects such as the investigation of their potential, identification, categorization, planning of their uses, protection, rational exploitation, prevention and sanction of ecological damage or contamination, environmental control and monitoring of their use, etc. Consequently, it would be ideal if there were a single regulatory and governing administrative entity in the matter, however, the competences for the integrated management of groundwater resources are dispersed and fragmented, so that, occasionally, they are exclusive or excluding of a single entity and, most of the time, concurrent, shared, or parallel which requires a particular administrative coordination effort to ensure their sustainable use. In the heterogeneous and dispersed set of administrative entities and organs that make up the Costa Rican public administration, a sector of these can be identified that have assigned, by law or regulation, a series of inalienable, non-transferable, and imprescriptible competences in matters of conservation and protection of groundwater that they cannot decline and must effectively exercise for the sake of a right to a healthy and ecologically balanced environment for all the inhabitants of the country. In that sector of the public apparatus or service organizations for the satisfaction of the needs of the entire community, a group can be identified that belongs to the central administration or larger public entity -State- which are, preponderantly, some Ministries or organs thereof- and another made up of functionally decentralized entities or by services -of a technical nature- and territorially -Municipalities-.\n\n1.- Central Administration.\n\na) Ministry of Environment and Energy and its bodies the Department of Waters and the Advisory Body on Waters.\n\nArticle 3, subsection l), of the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, imposes on the Ministry of Environment and Energy the non-delegable competence to delimit aquifer recharge areas —on its own initiative or that of interested organizations, and after prior consultation with ICAA, SENARA, or any other technically competent entity in water matters.\n\nArticle 17, paragraph 1, of the Wildlife Conservation Law empowers and enables the Ministry of Environment and Energy to “(...) coordinate actions with centralized (sic.) or decentralized entities that execute agricultural programs for soil, water, and forest conservation, in order to achieve the “sustainable” use of wildlife”.\n\nThis Ministry plays a fundamentally important role in one of the aspects of water resource administration, namely the control or oversight of the exploitation and use of groundwater to ensure its rational extraction. The Regulation for the Drilling and Exploitation of Groundwater (Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas) (Decreto Ejecutivo No. 30387 of April 29, 2002), provides in its section 1 that “Every drilling company must register (...) before the Department of Waters, in order to obtain the license that permits it to carry out groundwater drilling and exploration activities”. These functions are shared with SENARA and ICAA, since the Department of Waters of MINAE must refer the matter to them so that, respectively, they issue a technical opinion, assign the well number, register it in the National Well Registry (Registro Nacional de Pozos) —SENARA— and issue a determination on whether there is harm or not to water supply sources destined for human consumption —ICAA— (article 7). This regulation establishes that the drilling permit shall be denied in zones that do not permit rational exploitation of the water resource, such as those declared by the State or other competent institution as a water protection and reserve area, those suffering over-exploitation, those under conditions of vulnerability to the maximum exploitation capacity of the aquifer, those susceptible to saline intrusion, contamination, and other reasons that in the judgment of MINAE and SENARA affect the aquifer and impede its exploitation, and those involving interference with other wells or springs (nacientes) (article 10).\n\nSpecial mention deserves the Department of Waters, assigned to the National Meteorological Institute —a body of MINAE—, whose functions of interest, among others, according to article 3 of Decreto Ejecutivo No. 26635-MINAE of December 18, 1997, are the following:\n\n“ a) Define national policies regarding the water resource.\n\nb) Exercise dominion, vigilance, control, and administration over national waters.\n\nc) Process applications for concessions for the development of hydraulic forces for electricity generation.\n\nd) Process and authorize permits for drilling wells for water extraction. (...)\n\nJ) Register well-drilling companies and user societies, as well as any changes made to their statutes and representatives (...)\n\nn) Apply the sanctions established in the Water Law, after due process has been completed (...)”\n\nThe Head of this Department, in turn, has important competences in the matter (article 4), such as the following: a) issue recommendation reports on concessions, transfers, flow increases, expansion of use, or any other procedure related to the exploitation of the water resource; b) approve well-drilling permits, etc. Section 5 of the referenced decree creates the “Advisory Body on Waters” (Órgano Asesor de Aguas) composed of representatives of various entities involved in the water sector (ICAA, SENARA, ICE, Public Universities, UNGL, etc.), whose functions include the following (article 7 ibidem): a) Advise and recommend policy guidelines on water resources, considering national and sectoral development plans, water availability, and existing legal regulations; b) Review and pronounce on the Water Balance proposed by the Department of Waters and its administration for each region of the country; and c) Advise the Department of Waters in its setting of allotments for water use according to the productive activity and the region where it is carried out.\n\nb) Ministry of Health.\n\nThe competences of this ministry are circumscribed to enforcing the prohibitions established in sections 275, 276, 285, and 291 of the General Health Law —direct and indirect contamination of surface and groundwater and discharge of industrial or health waste into the sewer system— and to sanctioning their transgression. Likewise, it is responsible for approving urban development projects when they have adequate sanitary systems for the disposal of excreta, blackwater, and greywater (article 309 ibidem).\n\nc) Ministry of Agriculture and Livestock.\n\nMAG really has a secondary or residual competence in the matter, since the Law on Soil Use, Management and Conservation No. 7779 of April 30, 1998, in its article 21, imposes on it the duty, in water matters, to coordinate with SENARA and any other competent institution “(...) the promotion of hydrological, hydrogeological, and agrological research in the country's hydrographic basins, as well as in the practices of improvement, conservation, and protection of soils in hydrographic basins (...)”.\n\n2.- Decentralized Administration.\n\na) ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)\n\nThe Constitutive Law of ICAA (No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms) attributes to it, as relevant, the following competences (article 2): a) Direct and oversee everything related to providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection and evacuation of blackwater and liquid industrial waste, and rainwater in urban areas (...) c) Promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination (...) d) Advise other State bodies and coordinate public and private activities in all matters relating to (...) the control of contamination of water resources (...) its consultation being mandatory in all cases, and compliance with its recommendations inexcusable (...) f) Exploit, utilize, govern, or monitor, as the case may be, all public domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of this law, exercising the rights the State has over them, in accordance with law number 276 of August 27, 1942, for which purpose the Institute shall be considered the surrogate body for the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities”. For its part, article 5 of that law enables ICAA to “c) Acquire movable and immovable property” and “e) Process the expropriations necessary for the fulfillment of its purposes, it being that this same subsection in its paragraph 2 declares of public utility and social interest, and capable of being expropriated, “(...) the lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions required for water catchment (...)”. Section 21 of the Creation Law confers upon ICAA the power to approve or reject any public or private project for the construction, expansion, or modification of greywater and rainwater disposal systems, such approval being mandatory, under penalty of nullity, when dealing with the construction of subdivisions (fraccionamientos), developments (urbanizaciones), or lotifications. Finally, article 22 of its creation law establishes that “It is the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to defray the expenses demanded by the conservation, expansion, and security of the forests that serve to maintain water sources, on the properties of those Municipalities where it assumes water and sewer services”.\n\nIn accordance with article 2, subsection h), of the Creation Law of this decentralized entity (No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms), part of its competences is to enforce the Drinking Water Law (Ley de Agua Potable), No. 1634 of September 18, 1953, it being that article 16 of this latter regulatory body prohibits installations, buildings, or works located in the “zones near supply sources (...) that harm in any way (...) the physical, chemical, or bacteriological conditions of the water; these zones shall be fixed by the Ministry of Public Works and Public Health” —bodies which, as already indicated, were substituted, for all legal effects, by ICAA—. Consequently, ICAA also has the competence to define the protection areas for supply sources such as springs or seeps (manantiales o nacientes) which are a natural form of groundwater discharge. Article 34, final paragraph, of the Forest Law imposes the carrying out of the delineations of the protection areas on INVU. This is, in reality, a competence that is not exclusive to or excluding of ICAA or INVU, but rather concurrent or shared, so both public entities have the duty to exercise it.\n\nArticle 3 of the General Drinking Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, imposes the obligation on ICAA to “(...) select and locate the waters destined for piped water service (...)”, whereby it is the responsibility of this entity to carry out a detailed inventory of the springs (nacientes) that can be used to provide water for human consumption to the populations, the foregoing regardless of whether the supply and distribution are in the hands of a Municipality in a specific canton.\n\nb) SENARA (Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento).\n\nDespite having its competence apparently limited to irrigation districts, drainage and flood control —technical-administrative physical units of an agricultural nature for the achievement of their socio-economic development defined by Decreto Ejecutivo at the request of this entity (articles 17 and 18 of its Creation Law No. 6877 of July 18, 1983, and its reforms)—, it is a fact that its constitutive law assigns it important competences in groundwater matters, which evidently have a national scope and, consequently, are not circumscribed to mere irrigation districts. The foregoing is corroborated by the background of this public entity, since Law No. 5438 of December 17, 1973 —which ratified and substituted Decreto Ejecutivo No. 1878-P of July 22, 1972—, currently repealed, created the National Groundwater Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, SENAS) with a clearly national scope for the planning, research, and advisory in everything related to the matter. Thus, among other objectives, SENARA has that of seeking the optimal and fair use of (...) water resources —both surface and underground— in agricultural activities (...) in irrigation districts” (article 2). Among its functions is that of “Investigate, protect, and promote the use of the country's water resources, both surface and underground” and “Carry out, coordinate, promote, and keep updated the hydrological, hydrogeological investigations (...)” (article 3, subsections d and e). In article 4, it is established that SENARA is responsible for promoting and directing coordination and collaboration with other institutions and competent entities in matters such as “Prevention, correction, and elimination of all types of water contamination in irrigation districts”, “Preparation and updating of an inventory of national waters, as well as the evaluation of their potential use for exploitation purposes in irrigation districts”, and “Construction and maintenance of the works necessary for the conservation and renewal of exploitable aquifers (manos acuíferos) for agricultural activities in irrigation districts” (subsections c, ch, and f). Among the powers of the Board of Directors is that of issuing the agreements for the request for recovery, expropriation, or purchase of “(...) lands on which water resources sit or underlie (...)” (articles 6 and 7).\n\nc) INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).\n\nArticle 34, paragraph 2, of the Forest Law provides that the delineations of the protection areas contemplated in its article 33, among which are those bordering permanent springs (nacientes), recharge areas, and aquifers of the seeps (manantiales), shall be carried out by INVU. Additionally, Decreto Ejecutivo No. 25902-MIVAH-MP-MINAE of February 12, 1997, imposes on that entity the oversight of the “Urban Control Area” (Área de Control Urbanístico) that comprises some of the districts of the Provinces of San José, Alajuela, Heredia, and Cartago, provided the Municipal Government has not enacted a Zoning Regulation, it being that in the “special protection zone” all construction must be built under strict control, requiring the approval of an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) by MINAE and the construction of a treatment plant for wastewater authorized by ICAA and the Ministry of Health to avoid “(...) the contamination of the aquifers (mantos acuíferos) and of the river channels into which they (sic.) flow”.\n\nd) MUNICIPALITIES.\n\nMunicipal corporations have a leading role in the protection and conservation of groundwater through a series of indirect instruments. Thus, the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1968), more than 35 years ago, based on section 169 of the Political Constitution —insofar as they are competent for “The administration of local interests and services in each Canton”— imposed on them the duty to enact a regulatory plan (plan regulador) to plan and control urban development and the related urban development regulations (articles 15 and following). Within that regulatory plan and the zoning regulation, the Municipalities must identify, for the purpose of regulating, controlling, and restricting human activities (industrial, urban development, agricultural, etc.), the areas or zones reserved because an aquifer (manto acuífero) or its recharge or discharge area is located there. By application of the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (article 50 of the Political Constitution), to human life and health (article 21 ibidem), and in the interest of sustainable development, the cantons that, due to their geomorphological characteristics, have lands within their jurisdiction that harbor aquifers, their recharge and discharge areas, seeps (manantiales), and springs (nacientes) are specially called upon and obliged to regulate and standardize such aspects responsibly, efficiently, and effectively, since at times groundwater not only provides for the consumption and use of the canton's populations but also for various cantons, which demonstrates a clear supra-local or national interest. The inhabitants of those localities, for their part, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and exploitation of the land and water derived from the determination and setting of such protected areas, since it is for the benefit of them, the inhabitants of the other cantons that are supplied with the waters that flow through the aquifer and that outcrop or discharge in other cantons, and, of course, for future generations.\n\nXV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or principle of prudent avoidance. This principle is embodied in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states “Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”. In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its article 11, incorporates the following principles as hermeneutic parameters: “1.- Preventive criterion: It is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures”. In Voto of this Chamber No. 1250-99 of 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Votos Nos. 9773-00 of 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 of 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 of 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Court held the following: “(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible affectation of the environment or people's health. In this way, if there is a risk of serious or irreversible damage —or a doubt regarding it—, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, given that if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damage caused to the environment”. Subsequently, in Voto No. 3480-03 of 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Court indicated that “Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of facts generating risk, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment”. In the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary or in dubio pro natura principle means that when there are no studies or reports carried out according to the unequivocal and exactly applicable rules of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request, suspend those in progress until the state of doubt is dispelled, and, in parallel, adopt all measures tending to its protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater requires protecting the resource before its contamination or degradation.\n\nVI.- On the scope of the analysis carried out by this Chamber.- Although the amparo appeal is not the ideal procedural route to examine whether a housing development project has complied with all the legal requirements demanded, nor to determine which requirements depend on others, nor to resolve technical-scientific disputes arising from the request for a sewer construction exemption, what this Chamber is called upon to determine is whether the permits granted by the respondent authorities for the start-up of the San Martín II Development Project (Proyecto Urbanizador San Martín II) in Siquirres de Limón have endangered the aquifers of the area and thereby whether a violation of the rights to life, health, and a healthy and ecologically balanced environment has occurred. Specifically, an analysis will be made of whether, in the exercise of their competences, the respondents have acted in respect of these fundamental rights, both the actions of the Project developers and the public authorities, in order to verify whether, before the respective permits were granted (visado of the INVU for the urban development plans, sanitary visado of the Ministry of Health for the plans, construction permit from the Municipality, environmental feasibility (viabilidad ambiental) from Setena), the agreement of the Board of Directors of ICAA of February 3, 2003, was taken into account, wherein the request for exemption from the construction of sanitary sewer networks for the development project in question was denied due to the possible risk of contamination to the aquifers that such exemption would entail.\n\nVII.- On how the actions of the respondents violate the rights to life, health, and a healthy and ecologically balanced environment.- This Chamber observes in the reports rendered a series of contradictions that have made the analysis of this file complex. Basically, all the respondents excuse their actions by blaming the responsibility on the other institutions. INVU states that it granted the plan visado on February 28, 2003, based on the approval given by ICAA on January 16, 2003 (folio 211), but said approval was never provided; everyone refers to it, including the Municipal Mayor (report on folio 175), but none provides a suitable document; the only thing presented is a computer sheet (folio 195) where an approval of the San Martín Development Project is apparently inferred without saying what is being approved. A sheet that is not even mentioned in the report rendered by the representative of ICAA, who for his part alleges that the responsibility lies with INVU for having proceeded “to grant the respective visado based on a technical memo that is not a Board of Directors Agreement” (report on folio 147) and with the Municipality of Siquirres for whom “it is its responsibility to verify that the technical construction guidelines are respected in accordance with the communication made via agreement 2003-044” (report on folio 147). For its part, the Ministry of Health states that it granted the plan visado on February 21, 2003, based on a hydrogeological study presented by the project developer determining that the risk of contaminating groundwater was null (report on folio 108) without verifying what ICAA or the other competent institutions, such as SENARA of MINAE, had resolved in that regard. The same can be said of the representatives of the companies developing the project, Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a., who were notified on February 24, 2003, of ICAA's denial and still continued with the project, blaming the responsibility on the company constructing the project, alleging that the faults in the built houses are due to the construction plans of each property, as well as to the poor construction of the blackwater systems, and they say that this has no relation whatsoever to the construction or not of a sewer system; they also end up saying that the actions of ICAA must be reviewed for their internal processing, as well as those of the natural and legal persons responsible for the execution of the constructions of the affected persons' houses. Returning to the actions of ICAA, despite the Board of Directors denying on February 3, 2003, the request for exemption from construction of sanitary sewer networks presented by the project developer since June 2002, this is only communicated to the Municipal Mayor until August 18, 2004, MORE THAN ONE YEAR LATER, without notifying INVU, which was the entity in charge of approving this development project. Finally, regarding the Ministry of Environment and Energy, it is verified that despite the fact that the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) recommended on July 31, 2002, to carry out a risk assessment for contamination of the aquifers, neither SENARA nor the Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) gave any follow-up to the case (as is presumed due to no report having been rendered) despite having within their functions the prevention of all types of water contamination. Such have been the inconsistencies observed that lead this Chamber to presume a case that merits investigation by the Public Ministry, reason for which, in addition to granting the appeal, it is ordered that copies of documents be sent to the Public Ministry so that it may determine if we are facing criminal liability on the part of all those involved.\n\nVIII.- In this matter, this Chamber notes a series of irregularities and contradictions that ultimately cause a violation of the fundamental rights of the protected parties. It is verified that the appellants are correct, and INVU proceeded to grant permits and the plan visado on February 28, 2003, despite the existence of the ICAA agreement number 2003-044 of February 3, 2003, wherein it denied the request for exemption from the construction of sanitary sewer networks, because a system of septic tanks with leachate drainage represents a high risk of contamination to the aquifers of the area. From what has been analyzed by this Chamber, the responsibility is shared, falling mainly on INVU, which affirms and communicates the approval of the project by ICAA on January 16, 2003, this being a fact that appears to be false, also misleading the Municipal Mayor, who additionally did not verify for himself that this was true and did not request the project developer to present a suitable document accrediting said approval by ICAA. Likewise, responsibility also falls on ICAA, which communicates said agreement more than A YEAR AND A HALF later to the Mayor and omits to communicate it to INVU. Finally, the Municipal Mayor is again involved for granting permits without verifying the Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental); and the representatives of the companies developing the project, Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a., who, despite having knowledge that they did not have the ICAA requirement, continued the project.\n\nIX.- In conclusion.- In view of the foregoing considerations, and applying the environmental precautionary principle, it is necessary to declare the amparo appeal filed with the legal consequences, and a) ANNUL all permits granted to the developer of the San Martín II Project, particularly the one granted by INVU on February 28, 2003, the one granted by the Ministry of Health on February 24, 2003, and all those granted by the Municipality of Siquirres; b) ORDER all respondents to take the necessary measures to protect the aquifer of the area from the blackwater produced by the houses already built in the development project; c) ORDER Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a. to construct the sewer system recommended by ICAA, or alternatively the relocation of the people who inhabit said houses; and d) ORDER that copies of documents be sent so that the Public Ministry investigates the actions of both the public authorities and officials and the private subjects.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is declared WITH MERIT and consequently: a) ALL permits granted to the developer of the San Martín II Project are ANNULLED, particularly the urban plan visado given by INVU on February 28, 2003, the sanitary plan visado by the Ministry of Health on February 21, 2003, and the construction permits granted by the Municipality of Siquirres on March 3, 2003; b) ORDER all respondents to take the necessary and sufficient measures to protect the aquifer of the area from the blackwater produced by the houses already built in the development project; c) ORDER Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a. to construct the sewer system recommended by ICAA, ordering Olman Chacón Garita in his capacity as Deputy Manager with powers of General Attorney-in-Fact without sum limit of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and Arturo Castillo Valverde in his capacity as Acting Municipal Mayor of the Municipality of Siquirres to proceed to supervise said construction and provide the collaboration that according to their competences corresponds; and d) ORDER that copies of documents be sent so that the Public Ministry investigates the actions of both the public authorities and officials and the private subjects. The heads of the condemned bodies and entities, or whoever occupies their position, are warned, in order: Carlos Manuel Rodríguez Echandi in his capacity as Minister of Environment and Energy, María del Rocío Saenz Madrigal in her capacity as Minister of Health, Angelo Altamira Carriero in his capacity as Executive President of INVU, Olman Chacón Garita in his capacity as Deputy Manager with powers of General Attorney-in-Fact without sum limit of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Arturo Castillo Valverde in his capacity as Acting Municipal Mayor of the Municipality of Siquirres, Jorge Víquez Mora legal representative of Construcciones Astorga s.a.\n\nand Ana Lucía Astorga Castillo, legal representative of Nombre10 s.a., that failure to comply with the orders issued in this judgment would constitute the crime of disobedience, which, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, is punishable by imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days for anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with or enforce it, provided the offense is not more severely penalized. The State, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Municipalidad de Siquirres, and the companies Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a. are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment of the contentious-administrative proceeding.-\n\nLuis Fernando Solano C.\n\nPresidente\n\nAdrián Vargas B. Ernesto Jinesta L.\n\nFernando Cruz C. Teresita Rodríguez A.\n\nJorge Araya G. Federico Sosto L.\n\nexecuted the San Martín II Urbanization, the owner of said project being Nombre10 s.a.; b) The idea was to bring a solution to the housing problem to the area, developing, but not building, the project; c) They began all consultations and procedures prior to the approval of the project, one of which was addressed to the ICAA aimed at resolving the exemption from, or not, the eventual construction of a sanitary sewer system, a request delivered on June 11, 2002; c) Initially they were told of the requirement for a sanitary sewer system, then on July 9, 2002, they requested a reconsideration, which was accepted, sending the matter to the Board of Directors; d) After the publication of the Regulation on Organization and Service of the Single Window of the Directorate of Urban Planning on November 27, 2002, they learned of a note prepared by the Institute’s Urbanizations department indicating that the project had been approved, presuming that the Institute had reviewed all submitted documents and plans; e) On December 16, 2002, the INVU issued the declaration of social interest for the project; f) On January 6, 2003, Nombre11 granted the resolution of Environmental Viability for the project, a study based on the plans that included the individual septic tank alternative; g) In January 2003, they were told that the project had been approved by the Urbanizations Department, and also through note HU-ONM-2003-011 it declares that potable water availability exists in the area; h) On February 24, 2003, they were notified of a Board agreement rejecting the request for exemption from constructing sanitary sewer networks, when by that date the project had already been approved; i) On March 3, 2003, they obtained the municipal construction permit, after submitting all the necessary requirements, a permit that was granted without any type of warning or requirement; j) For some reasons, the neighbors were misinformed and when the failures began they were told that there was a risk of aquifer contamination, which is not true; those responsible for the construction failures tried to shift their irresponsibility onto the project developer, which caused them a lot of damage; k) The failures in the built houses are due to both the construction plans for each property and the poor construction of the black water systems and have no relation to the construction or lack of a sewer system nor to environmental damage. They consider that their actions did not harm any person and therefore request to be exempted from any liability in the matter.\n\n19.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Object of the appeal. The appellants consider that their right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated, and therefore request that the permit granted by the National Institute of Housing and Urbanism to the company Nombre10 S.A. for the construction of the San Martín de Siquirres de Limón Urbanization be annulled, because: a) the INVU granted said permit without taking into account the resolution of the Board of Directors of the Institute of Aqueducts and Sewers, which establishes that the use of septic tanks in said urbanization constitutes an imminent danger of contamination of the area's aquifers, and b) The Municipality has only temporarily suspended the granting of new construction permits, without having annulled the urbanization permit and the plan approval, as is proper. The Investigating Magistrate expanded the scope of this appeal to also include as respondents the Mayor of the Municipality of Siquirres, the authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy; as well as the representatives of the San Martín Urbanization Project in order to analyze the possible violation of the right to enjoy a healthy environment resulting from the granting of the permits required for the construction of the San Martín Urbanization, despite not complying with the approval of the ICAA, which denied it due to the possible risk of contamination to the area's aquifers.\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) That on June 11, 2002, Mr. Jorge Víquez Mora, representative of the San Martín II Urban Project, submitted to the ICAA a formal request to exempt the construction of sanitary sewer networks for the construction of an urban project in Siquirres de Limón (folio 004, report at folio 143-144).\n\nb) That on July 4, 2002, through official note PU-C-AT-865-2002, the Land Use Approval from the INVU’s Directorate of Urban Planning was given (report at folio 108, folio 112).\n\nc) That on July 31, 2002, through report ASUB-573-02, the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA) recommended, regarding the Preliminary Environmental Assessment Form (FEAP) in the name of the San Martín Urbanization, carrying out a risk assessment for aquifer contamination by means of possible effluents generated by the septic tanks. A study not yet received, therefore NO favorable opinion exists to accredit that the area's aquifers will not be affected by the construction of the urbanization (report at folio 159).\n\nd) That on October 7, 2002, through official note OP-AS-02-174, the ICAA’s Department of Groundwater recommended denying the request given that a septic tank system with leachate drainage represents a high risk of contamination to the area's aquifers (report at folio 145, folios 152-157).\n\nd) That through recommendation nº2002-0002 at 09:00 hours on November 26, 2002, the ICAA’s Sanitary Sewer Exemption Commission recommended to the General Management that the exemption from sanitary sewer networks for the San Martín urban project be denied since this represents a high risk of contamination to the area's aquifers (folio 08, report at folio 145).\n\ne) That the ICAA’s Legal Directorate recommends denying the request made by the applicant, by virtue of the technical study rendered by the Department of Groundwater (report at folio 146).\n\nf) That almost TEN MONTHS after the request was submitted, on February 3, 2003, the ICAA’s Board of Directors adopted agreement 2003-044 DENYING the request for exemption from the construction of sanitary sewer networks, notified on February 24, 2003, to the interested party and notified MORE THAN A YEAR AND A HALF AFTER being adopted, on August 18, 2004, to the Municipality of Siquirres and on September 2, 2004, to the INVU (report at folio 147, folios 206-208).\n\nh) That on February 21, 2003, through official note PU-C-AT-865-2002, the Ministry of Health granted the sanitary approval for the plans, for which the developer provided a percolation study and a hydrogeological study, the latter concluding that “the use of septic tanks and drains for the treatment of domestic wastewater in the San Martín II Urbanization Project is viable, since the risk of contaminating the groundwater is practically nil” (report at folio 108, folio 021, 112, and 137).\n\ni) That on February 28, 2003, the INVU’s Urban Planning Department approved the project, approving the urban plans for the San Martín II project (folio 013, 021, and 075) arguing that the ICAA had approved the sewer exemption on January 16, 2003 (folio 019).\n\ni) That on March 3, 2003, the Municipality of Siquirres granted the construction permit for the San Martín II Urbanization (folio 021).\n\nj) That MORE THAN ONE YEAR after being notified, on August 19, 2004, Mr. Jorge Víquez Mora and Mrs. Ana Lucía Astorga Castillo, legal representatives of the companies named Construcciones Astorga s.a. and Proquifa s.a., developer and owner of the San Martín II urban project in Siquirres de Limón, filed an appeal for reconsideration against the previous agreement 2003-044, which is rejected as untimely (folios 010-011).\n\nk) That on September 17, 2004, through official note PU-C-D-1231-2004, the Deputy Director of Urban Planning of the INVU, Aura Yee Orozco, informed the Municipal Mayor of the Municipality of Siquirres that the San Martín II project was approved by the ICAA on January 16, 2003, that the INVU approved it on February 19, 2003, that the Ministry of Health approved it on February 24, 2003, and that subsequently it was approved by the INVU’s Approval and Cadastre Unit (folio 14, 060, and 143).\n\nl) That on September 2, 2004, through official note nºDE-139-04, the Mayor of the Municipality of Siquirres informed the Executive President of the INVU of the indefinite suspension of the construction permits for the San Martín II urban project by virtue of a memorandum from the ICAA reporting the denial of the request for exemption from the construction of sanitary sewer networks (folio 197).\n\nIII.- Unproven facts. The following facts of relevance for this resolution are not deemed demonstrated:\n\na) That absolute scientific and technical certainty exists that the operation of the San Martín II Urbanization Project in Siquirres de Limón with a septic tank system with leachate drainage, without the construction of a sanitary sewer network, does not contaminate, degrade, or affect the area's aquifer.\n\nb) That the ICAA approved the San Martín II Urbanization Project on January 16, 2003, as it appears on folio 213.\n\nc) That the INVU approved the San Martín II Urbanization Project as of November 27, 2002, as stated by the representatives of the companies Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a. in their reply at folio 230.\n\nd) That the San Martín II Urbanization Project had Environmental Viability on January 6, 2003, as stated in the reply at folio 230, and that SENARA and Nombre11 had provided proper follow-up to the San Martín II Urbanization Project in Siquirres de Limón regarding the protection of the area's aquifers.\n\ne) That the INVU, the Ministry of Health, and the Municipality of Siquirres proceeded to verify, prior to the granting of the respective approvals and permits, that the San Martín II Urbanization Project in Siquirres de Limón had the ICAA's approval for the exemption from the construction of the sanitary sewer network.\n\nf) That the representatives of the companies Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 complied with what was established by the Board of Directors of the AyA through agreement 2003-044, where the project developer was instructed to implement a sanitary sewer system that collects domestic wastewater and transports it to a system with primary and secondary treatment units for the purpose of conditioning said water to be discharged at a quality level below the permissible limits established in the Regulation on Reuse and Discharge of Wastewater.\n\nIV.- On the state’s duty to protect the environment.- The right to a healthy and balanced environment obligates the State to provide adequate protection to the environment; consequently, to take the necessary measures to prevent alterations produced by human activity from constituting harm to the environment. In this way, should there exist a risk of serious or irreversible harm—or doubt in that regard—the guiding principles of Environmental Law demand that the precautionary measures deemed appropriate be adopted so that this impact does not occur, and even permit postponing the activity in question, since once the harmful biological and social consequences have already occurred, a posteriori coercion is ineffective and would have no more than moral significance, as it would hardly compensate for the damages caused to the environment. In this vein, the precautionary principle obligates the Environmental Administration to carefully weigh whether human activity compromises the environment, and not to grant authorization if evaluations demonstrate that the activity may produce harmful or irreparable consequences to the environment. Thus, the Costa Rican State is obligated to watch over and adopt the measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment. The Right to the Constitution demands using all available means—be they legal or factual—to preserve the environment. In environmental matters, all public officials and all persons have the obligation to watch over its protection, meaning an official cannot simply limit themselves to declaring themselves incompetent. Constitutional article 50 obligates the State and other public institutions—including Municipalities—to actively intervene in protecting the environment. Ordinary law is responsible for developing the constitutional canon and for fostering within its content economic and social development in total compatibility with a healthy and ecologically balanced environment. The country currently has abundant development legislation, among which we can cite, among others: the Organic Environmental Law, the Forest Law (Ley Forestal), the Wildlife, Flora, and Fauna Law, the Law on Soil Use, Management, and Conservation, the Biodiversity Law, the Water Law, and the Urban Planning Law. These regulations, and other similar ones that may be added, materialize the state obligation to protect the environment as a fundamental right.\n\nV.- On the protection of aquifers.- This Chamber has already had the opportunity to analyze the constitutional protection of groundwater and aquifers. In this regard, resolution number 04-001923 of 14 hours, 55 minutes on February 25, 2004, states:\n\n“V.- GROUNDWATER. In contrast to so-called surface waters, which flow over the earth's crust and can be subject to common or special uses, groundwater is found. Groundwater is that water found beneath the land surface occupying empty spaces in the soil or rocks; its most important source is rainwater that infiltrates the soil. The soil, for its part, is composed of two levels, which are as follows: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity, and b) another below this, called the saturation zone, in which the empty spaces are full of water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The water included in the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, is called aquifers or groundwater. The hydraulic gradient is the altitude difference between two points on the same water table—phreatic level—in relation to their horizontal distance; the speed of groundwater movement depends, essentially, on the hydraulic gradient. Groundwater is an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water in the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of this, 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwater, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the main source of public supply is groundwater, as opposed to surface water, which is notably exposed to contamination and degradation due to harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. For the specific case of our country, it has been estimated that the potential annual groundwater recharge is approximately 47,000 million cubic meters per year, which means 20% of precipitation; it has also been calculated that of the 750,000 cubic meters of water daily used for human consumption, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from groundwater catchments. The consumption and use of groundwater, compared to surface water, presents clear and evident qualitative and quantitative advantages such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable groundwater is made gradually depending on the increase in service demand, and the catchment areas can be located near the place where demand arises, all of which reduces conduction, treatment, and storage costs; b) the natural physico-chemical quality of groundwater is more constant than surface water and is potable with little or no treatment; c) since soil or rocks exist above the groundwater, it is more protected from contamination of natural or human origin; d) variations in quantity and availability during dry or rainy seasons are minimal compared to surface water; e) it constitutes a strategic reserve to face states of emergency due to public calamity, internal unrest (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.), or war.\n\nVI.- GROUNDWATER AND FUNDAMENTAL RIGHTS. The issue of groundwater is intimately linked to several fundamental rights set forth in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in its article 50, enunciates the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Similarly, access to potable water ensures the rights to life—“without water, no life is possible,” affirms the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968—to people's health—indispensable for their food, drink, and hygiene—(article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure for each individual a dignified well-being and quality of life (article 33 of the Political Constitution and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development on a large scale. Consequently, the protection and exploitation of groundwater reservoirs is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the proper development of any people. In 1995, it was estimated that 1,000 million inhabitants lacked access to potable water, and it is calculated that by the year 2025, nearly 5.5 billion people will face water scarcity, with 5 to 10 million people dying annually from the use of untreated water. In another vein, the duty to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited has now been recognized (sustainable development), so that present needs must be satisfied without compromising the ability of future generations to meet their own (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological point of view, is a precious good, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and a constituent element for the maintenance of natural ecosystems—use of water that is non-contaminating or compatible with the environment—.\n\nVII.- NATURE AND LEGAL REGIME OF GROUNDWATER, AQUIFERS, AND RECHARGE AREAS: PUBLIC DOMAIN GOODS. In our legal system, there is no single, systematic, and coherent normative body that comprehensively regulates the protection, extraction, use, management, and efficient administration of water resources. Additionally, the limited existing legislation focuses predominantly on surface water, overlooking groundwater. As is typical and inherent to Administrative Law, one can note in this matter a normative dispersion and a fragmented, chaotic, and ambiguous set of sectoral norms that regulate specific aspects, leaving serious gaps and antinomies, all of which also seriously hinders environmental management by the public entities charged with the matter. Obviously, the scarce regulation of groundwater is no exception to the rule mentioned above. In Water Law, various theories have been upheld regarding its legal nature—the variation of which depends on historical evolution. Thus, groundwater has been deemed as (a) private goods, therefore it is a res nullius appropriable by its discoverer, that is, by the owner of the land where it arises, following the Roman Law maxim according to which property extends from the sky to hell. Nineteenth-century regulations on water resources (e.g., the Spanish Water Law of 1879, which inspired many Latin American legislations, including our Water Law of 1942) would give groundwater a character of (b) mixed good, so that water raised by the owner of private land shall be private, and water arising on public domain land shall be public, or the former after its owner has used it. Finally, beginning in the 20th century, many legislations will classify all groundwater as (c) public domain goods, based on the undeniable unity of the hydrological cycle, meaning they become part of what has been called the “public hydraulic domain” as part of the natural, not artificial, domain; this position conceives water as a unitary resource subordinated to the general interest, so no distinction should be made between surface and groundwater, since they are intimately linked to maintain its quality and quantity. According to this last theory, groundwater is not appropriable by any private party, and its classification as a public domain good constitutes sufficient title to subject it to a very strong and intense administrative intervention regime in order to guarantee its integrity and quality and to separate it from the modes of acquisition and enjoyment typical of Private Law. In our legal system, based on a series of dispersed norms, the legal nature of groundwater can be determined, with evident variations according to the historical-legislative evolution. The Water Law No. 276 of August 27, 1942, and its amendments, in its article 1, subsections IV, VIII, and IX, respectively classifies as public domain waters “Those of (...) springs (...)”, “Those of springs that flow on beaches, maritime zones, channels, basins, or banks of national property and, in general, all those that arise on public domain land,” and “Groundwater whose raising is not done by means of wells,” since section 4, subsection III, of this legal text deems as private domain—and, therefore, belonging to the owner of the property—“The groundwater that the owner obtains from their own land by means of wells,” with the surplus—from wells concessioned to obtain water for non-domestic purposes and ordinary needs—that leaves the land becoming public domain waters. Evidently, the Water Law of 1942 follows a mixed theory about the legal nature of groundwater, since it combines the character of res nullius and, consequently, appropriable nature if it is raised on private land, with the public domain character if it arises on land whose owner is a public entity. It would be two later laws, enacted during the course of the last quarter of the past century, that tacitly reformed or modified what was established in articles 1, subsections IV, VIII, and IX, and 4, subsection III, of the Water Law. In reality, these two new normative instruments fall within the contemporary current of conceiving groundwater as public domain goods by virtue of the unity of the hydrological cycle, and therefore are sufficient enabling title to admit a strong administrative intervention regime to conserve the quantity and quality and ensure rational and sustained exploitation of water resources. Thus, the Mining Code, Law No.\n\n6797 of October 4, 1982, and its amendments, in its subsection 4° provided the following: \"(...) springs and mineral waters and subterranean and surface waters are reserved to the State and may only be exploited by it, by private parties in accordance with the law, or through a special concession granted for a limited time and under the conditions and stipulations established by the Legislative Assembly (...)\", thus producing a publicization and nationalization of all subterranean waters of the country, including those that are brought to light through a well located on a private property for domestic uses or ordinary needs. Subsequently, the Organic Law of the Environment, No. 7554 of October 13, 1995, and its amendments, in subsection 50 –whose heading is \"Public Domain of Water\"– reinforced that declaration of being in the public domain and prescribed that \"Water is in the public domain, its conservation and sustainable use are of social interest.\" This legislative instrument constitutes an express allocation of continental waters (surface and subterranean waters –since it does not distinguish between them–) to the public domain of the State and qualifies them as being of social interest, thereby clearing the way for eventual expropriations or limitations on the grounds of social interest (Article 45 of the Political Constitution), their protection, preservation or conservation, and their sustained or rational use.\n\n**VIII.- AQUIFER BODIES (MANTOS ACUÍFEROS), RECHARGE AND DISCHARGE AREAS.** The aquifer (acuífero) is a stratum or geological formation (unconsolidated deposits of loose materials such as sands, gravels, mixtures of both, sedimentary rocks such as limestone, volcanic rocks, etc.) that permits the circulation of water through its pores or fissures, for which reason humans can exploit it in economically appreciable quantities to meet their needs. In a very broad sense, aquifer bodies (mantos acuíferos) are the geological formations that contain water, have contained it, and through which water flows or circulates. Two of the hydrogeological parameters for defining the functioning of an aquifer body –the relationship between recharge and water extraction or discharge– are porosity or permeability –hydraulic conductivity– and the storage coefficient. There are a series of geological formations that should not be confused with aquifer bodies; thus, (a) aquicludes (acuícludos) are geological formations that contain water within them but do not transmit it, preventing its exploitation; regarding the non-renewable, fossil, dead, stagnant, or non-flowing subterranean waters contained within them, there is no doubt that they are also in the public domain, given that Articles 4° of the Mining Code and 50 of the Organic Law of the Environment do not distinguish between subterranean and surface waters, much less between renewable and non-renewable subterranean waters, so they cannot be conceived as a res nullius susceptible to appropriation by the private party bringing them to light. The (b) aquitard (acuitardo), for its part, comprises a set of geological formations that contain appreciable quantities of water but transmit it very slowly. Finally, the (c) aquifuge (acuifugo) is that geological formation that contains no water and cannot transmit it. Regarding the typology of aquifers, hydrogeology classifies them, according to the hydrostatic pressure of the water contained within them, as follows: a) unconfined or phreatic aquifers (acuíferos libres, no confinados o freáticos), in which a free surface of the water enclosed within them exists in direct contact with the air, their water table is at atmospheric pressure, and they are not limited by an impermeable layer; and b) confined or pressure aquifers (acuíferos cautivos, confinados o a presión), in which the water is subjected to a pressure higher than atmospheric pressure. There also exists the subcategory of perched aquifers (acuíferos colgados), which are unconfined aquifers with a limited spatial distribution and temporary existence. The natural recharge of aquifer bodies is produced by the volume of water that penetrates them over a period of time due to the infiltration of pluvial precipitation or from a watercourse (e.g., gaining rivers). Recharge areas, consequently, are all zones on the soil surface where pluvial precipitation infiltrates the soil until reaching the saturated zone, thereby incorporating into the aquifer. Forest Law No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 3°, subsection l), defines aquifer recharge areas as \"The surfaces on which infiltration occurs that feeds aquifers and river channels (...).\" Natural discharge is the volume of water that, over a period of time, exits the aquifer naturally through surface, subfluvial, or submarine springs, by evapotranspiration, or by vertical percolation towards lower aquifers. Artificial discharge occurs through water extraction by means of wells, ditches, trenches, or tunnels. The discharge areas of subterranean waters comprise all those points at which the water table or phreatic level intersects the soil surface –seeps, springs (nacientes), filtrations– a river course, or marine or lake beds.\n\n**IX.- TYPOLOGY OF AQUIFER BODIES IN COSTA RICA.** In our country, two types of aquifer families are recognized: a) Volcanic or fissured aquifers, formed in igneous rocks (volcanic and intrusive), representing the largest dimensions and best quality; and b) Sedimentary or granular aquifers in surface formations. Regarding the first type, it should be noted that igneous rocks naturally lack permeability; they possess a secondary porosity caused by the presence of fractures or fissures originated by cooling or tectonic events (areas linked to geological faults), through which they acquire hydrogeological suitability. This type of aquifer emerges in high zones where precipitation is high and volcanic rocks particularly exist; known and studied examples of these are the aquifers of the Central Valley (e.g., Upper and Lower Colima and Barva). From the perspective of hydrogeology, our country presents ideal and exceptional conditions for the rational and measured exploitation of subterranean waters, since the Central Volcanic Mountain Range is constituted by volcanic soils with a high natural infiltration capacity, provided they have not been compacted or eroded by human activities, thereby fulfilling an essential function in regulating surface water runoff and aquifer recharge. The high permeability of fractured and brecciated lava mantles and the conditions of high pluvial precipitation favor the formation of high-potential aquifers. The existing tuffs, in turn, behave as rocks with low permeability that allow the constitution of aquitards that are the base of the aquifers and permit vertical water transfer between them. The location and geomorphology of the Central Volcanic Mountain Range, with all its aquifers, is a first-order water source to meet the needs of at least half of the country's population, including the Greater Metropolitan Area and surrounding populations. The use of subterranean water in this zone is effected through wells or the capture of springs for domestic, industrial, and agricultural-livestock uses. In the Central Volcanic Mountain Range, by the year 1996, SENARA had registered 3,460 wells of varied use and 353 springs for public supply used by the ICAA, municipal corporations, rural aqueduct administrative associations, and other entities. This type of aquifers has also been located in the Liberia and Bagaces formations (Province of Guanacaste). It is fully established that this type of aquifer, due to its petrophysical characteristics, is more vulnerable to contamination in its recharge areas when not located in protected or reserved zones and exposed to anthropic activities such as deforestation, uncontrolled urbanization, and intensive and extensive agricultural-livestock activities involving the use of pesticides and agrochemicals, for which reason they are exposed to a dangerous and slow degradation in their environmental quality. Surface aquifers are formed by layers of unconsolidated rocks of recent and diverse origin; these are alluvial fillings of some valleys that can reach thicknesses from a few meters to a hundred meters, separated from the surface by a thin and permeable layer of soil, for which reason they are highly vulnerable to contamination, especially when located beneath zones of anthropic occupation (urban, industrial development, or agricultural crops). This type of aquifer is exploited in the Central Pacific region, such as, for example, the alluvial filling of the Barranca River Valley, which contains two coastal aquifers: Barranca and El Roble.\n\n**X.- CONTAMINATION OF SUBTERRANEAN WATERS.** Unlike surface water contamination, which is usually obvious and visible, allowing for environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, contamination of subterranean waters, by its very nature, tends to go unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Aquifer bodies, due to the slow circulation of waters, the absorption capacity of the ground, and other factors, can take a very long time to show contamination. Additionally, the large volume of water contained means that extensive contaminations take a prolonged period to manifest or, in the case of localized contaminations, are detected when they flow to some exploitation site. Certainly, this type of water has a resistance to becoming contaminated; however, when this occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and is sometimes irreversible due to the high cost of the means to do so. It has been demonstrated that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer to once again achieve potability levels for the water have not been successful; cleaning technologies have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very high. To the above must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources, the latter being adequately trained to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact dimension of its contamination. The degradation and contamination of aquifer bodies imposes upon the legislator and public administrations the urgent and non-deferrable task of protecting them. The contamination of subterranean waters can be direct or indirect; it is the first type when contaminating substances are introduced directly into the aquifer, as in the case of cesspools or injection wells, and the second type when, with dilution, it is produced by contamination of the natural recharge. The contaminating agents can be of very diverse kinds, that is, mineral, degradable organic (excreta and manure), non-degradable or barely degradable organic (pesticides, detergents, hydrocarbons), biological (bacteria, viruses, algae), radioactive, and gaseous. The contamination of aquifers depends on the geological, hydraulic, and chemical conditions of each place or location, meaning it is a function of local factors, which is why knowledge of each zone and the study of similar cases is required. The origins of aquifer contamination can be of very diverse kinds, such as the following: a) contamination by domestic activity, which is organic and biological and arises from septic tanks, sewer system leaks, and the discharge of wastewater, to which must be added the increase in chemical products for domestic use such as detergents; b) contamination by agricultural activities, including the use of artificial fertilizers based on nitrates, phosphates, and potash or natural fertilizers –based on manure–, irrigation with residual and high-salinity waters, and the use of pesticides (insecticides, herbicides, and plaguicides); c) contamination by livestock farming, which is essentially organic and biological, similar to domestic contamination but more intense in the case of intensive farms; d) contamination by surface waters, when they recharge and are, in turn, contaminated; e) contamination by saline intrusion, produced when marine and saline waters are introduced into coastal regions due to the overexploitation, through wells, of coastal aquifers; f) contamination by mining activities – mineral –, related to the evacuation of mine waters and mineral washing sites; g) contamination by industrial activities, this type being as varied as the type of industry that originates it, with those caused by heavy metals from the metallurgical industry being especially harmful, as well as from the chemical, petrochemical, food (organic substances), and beverage (detergents) industries; h) contamination by nuclear activities, although exceptional in our environment, can come from irradiated fuel and radioactive mineral treatment plants and from medical activity; i) contamination through poorly constructed wells, wells can interconnect several aquifer bodies, and when they have broken or corroded casings at levels of poor-quality water or that allow the entry of surface waters, they can cause it; j) contamination through the discharge of residual waters via cesspools, septic tanks, leaks from the sewer network, or indiscriminate discharge into hydrographic basins; k) contamination by solid waste discharge, produced when a sanitary landfill is built on permeable or non-waterproofed terrains through leachates; l) contamination by injection wells –a form of using the subsoil as a waste storage site– that are poorly planned, built, or used.\n\n**XI.- CONTAMINATION OF SUBTERRANEAN WATERS IN THE CENTRAL VALLEY OF COSTA RICA.** The main threat of contamination to aquifer bodies in Costa Rica and, consequently, to subterranean waters, is constituted by three factors: a) population growth and uncontrolled urban expansion over recharge areas, phenomena that generate leachates from solid and liquid waste of domestic and industrial origin, the inability of soils to infiltrate, the waterproofing of recharge zones, and the overexploitation of aquifers; b) the use of agrochemicals in intensive agriculture of coffee, banana, cotton, and ornamental plants; and c) waterproofing of recharge areas due to changes in land use (cambio de uso del suelo), deforestation, and extensive livestock farming. In the case of the aquifers that supply the Greater Metropolitan Area (Upper and Lower Colima, La Libertad, and Barva), evidence has been observed of some impact from bacteriological and industrial contamination and an increase in nitrates due to urban expansion and intensive agriculture in the recharge areas. Regarding nitrates, despite the good physicochemical and bacteriological quality of the water, a trend has been detected toward an increase in nitrate concentrations, down the hydraulic gradient, indicating that the subterranean water is being affected, directly or indirectly, by the discharge from septic tanks and the use of nitrogenous fertilizers used in vegetable plots and coffee plantations. Likewise, overexploitation of subterranean waters due to concentrated extractions has been detected, causing a decline in water levels and in the flow of springs and an eventual waterproofing of the recharge areas, since the aquifers are located in the zones of greatest urban growth with accelerated housing development through subdivisions (urbanizaciones), the effects of which, it is estimated, would be significant if an area greater than 20% of the recharge area is waterproofed.\n\n**XII.- PROTECTION OF SUBTERRANEAN WATERS.** Due to the characteristics of the contamination of aquifer bodies intended for public supply and their difficult regeneration, measures to prevent contamination must be preventive and protective, by means of prohibiting certain human activities in specific zones or ordering safety measures regarding certain potentially contaminating activities. Our legal-administrative framework (legislation, regulations, and decrees) unfortunately lacks precise, clear, and complete regulation for the protection of aquifer bodies, recharge zones, and subterranean water catchment areas. In foreign legislation (e.g., Spanish Water Law 29/1985 of August 2), certain extraordinary powers of administrative intervention in the water economy are provided for that directly concern the protection of aquifer bodies, in order to achieve sustained use of water resources, that is, to guarantee the availability of water in sufficient quantity and required quality to meet present and future human and ecological needs. These extraordinary administrative powers, which must be admitted into our legal framework –despite their lack of regulation– as implicit in the express and general competence for the protection and conservation of subterranean waters attributed to the State and decentralized entities of the water sector, are based on the need to achieve rational and balanced water use. The scarcity and degradation of the natural conditions of the water resource impose the administrative possibility of adopting such measures to avoid its exhaustion or irreversible deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that a water crisis may generate. This type of administrative measures involve various restrictions and drastic controls over the multiple uses or exploitations of water –especially general or special private uses– and over pre-existing activities that may affect the resource, insofar as they are justified by a public interest, and therefore do not affect the right of property or the integrity of the estate. In essence, such measures must be considered limitations of social interest that do not empty the right of property of its content or expand the public domain over subterranean waters without prior indemnification but rather shape its essential content, and must therefore be borne, as a sacrifice or a general burden, by all users, who are, ultimately, the beneficiaries of these measures, as they are oriented towards correcting a conjunctural situation of scarcity or imminent contamination that affects the water resource economy in a specific zone. Such administrative intervention measures, virtually contained in Articles 32 of the Water Law of 1942 and 10° of the Regulation for the Drilling and Exploitation of Subterranean Waters (Decreto Ejecutivo No. 30387 of April 29, 2002), may be the following:\n\na) **Protection perimeters for aquifer bodies:** One of the most novel instruments in the protection of water resources is the definition of protection perimeters for the conservation of the resource and its environment. This administrative intervention measure seeks to preserve the quality and quantity of the water contained but also of its container, that is, the geological formation called an aquifer. This activity consists of projecting and tracing on the surface a demarcation under which an aquifer or part thereof lies, within which a specific regime is established for the use of the hydraulic domain –planning and restriction of pre-existing water concessions, prevention from granting new ones– and for the control of activities and installations that may affect it –through authorizations– (e.g., mines, quarries; urban activities including septic tanks, cemeteries, sanitary landfills –storage, transport, and treatment of solid and liquid waste–; agricultural and livestock activities involving the deposit and distribution of fertilizers and plaguicides, irrigation with residual waters, and farms; industrial activities involving the storage, transport, and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical, and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.). Evidently, the definition of perimeters by national authorities –MINAE and ICAA– must be respected by local governments (Municipalities) and the INVU (given its residual competence in matters of urban planning in the absence of local regulatory plans) to compatibilize, develop, and effectively reflect the conditions established in the definition of protection perimeters in the rules contained in the respective Regulatory Plans on land uses or territorial planning (e.g., zoning regulations, construction regulations, etc.). Obviously, to the above must be added protection around catchment areas (wells –PPP: well protection perimeters–, springs, nacientes, etc.), by means of defining a zone around them in which certain human activities are prohibited or limited, regulating or controlling land use. The determination of the perimeter depends on the zone of capture or wellhead protection area (ZOC), and its extent depends on the characteristics and properties of the catchment area and the recharge terrain, since the rules cannot be the same for permeable or fissured terrains as for those with impermeable formations. The definition of perimeters must be combined with mapping the vulnerability or natural susceptibility of supply aquifer bodies to anthropic contaminant loads, based on their hydrogeological and geochemical characteristics, when facing anthropogenic contamination problems, which is achieved through the creation of maps. Both measures, protection perimeters and vulnerability mapping, are suitable to be able to relocate in time a specific type of activity, the supply source, or, ultimately, introduce technical methods and instruments for the treatment and disposal of contaminating agents. The measures to be taken based on the perimeters and vulnerability mapping vary depending on whether it is (a) an area without territorial occupation, being useful for defining what activities may or may not be installed in the future; (b) areas already occupied, in which case a mapping of natural vulnerability and of the areas with greater susceptibility to contamination is carried out, and, in the face of the threat of a high contamination level, relocating activities, supply sources, and introducing technology for the treatment and disposal of contaminants becomes possible; (c) areas already contaminated, for which alternative sources can be sought, the propagation of contaminant plumes avoided, and, if possible due to its high cost, the aquifer waters treated after extraction; (d) areas for new catchments, a case in which potentially contaminating activities and the area of impact of each one must be inventoried.\n\nb) **Declaration of an overexploited aquifer:** The overexploitation of an aquifer occurs when extractions or exploitations are so intensive –discharge– and strong that they exceed recharge volumes, whereby the water reserves of the aquifer are progressively diminished and degraded. Overexploitation causes harmful economic and natural effects; among the former, users may experience increased extraction costs –more energy to make the same quantities of water flow or expenses to re-deepen a well to reach the water level–, the exhaustion of wells located in the peripheral zones of the aquifer and in those of greater perforation concentration; among the effects of a natural character is the reduction in water flows in springs, rivers, streams, brooks, lagoons, lakes, and wetlands, endangering their existence, and the affectation of the capacity of geological formations –aquifers– to store water by diminishing the interstitial space in rocks due to the lack of the internal pressure provided by the water, and land subsidence by compaction, with alteration of the aquifer, the appearance of fissures, and hillside sliding. In the hypothesis of aquifer overexploitation, the competent administrative authority can declare that state in order to reverse the state of affairs through planning, restriction, and distribution of the pre-existing extractions or exploitations to achieve rational exploitation, and the immediate suspension of new applications or concession modifications pending at that time. Of course, savings and good-use measures for resources can also be implemented, such as the treatment and purification of residual waters for reuse in the irrigation of certain crops, drip or nocturnal irrigation systems to mitigate the effects of evapotranspiration, artificial recharge, etc.\n\nc) **Declaration of an aquifer in the process of saline intrusion:** It is estimated that an aquifer is in the process of salinization when, as a direct consequence of extractions, generalized and progressive increases in the saline concentration of the captured waters are recorded, thus running the risk of becoming unusable. Salinization involves a reduction in the thickness of the freshwater layer beneath which marine water rises, so that well water ceases to be potable and is even useless for domestic or irrigation uses, and the recovery of the aquifer is very difficult or almost impossible. This problem, which can occur in our country, especially in overexploited coastal aquifers –intrusion of maritime origin– gradually or generalized, although intrusion of continental origin cannot be ruled out at other points. The cause of saline intrusion lies in irrational exploitation or overexploitation, so measures similar to those provided for when this problem occurs must be implemented, such as the planning, restriction, and distribution of pre-existing exploitations or uses and the suspension of new applications or concession modifications.\n\nd) **States of necessity and water crisis:** In anomalous, exceptional, and conjunctural circumstances that cause a public calamity or internal commotion (e.g., extraordinary droughts, serious overexploitation of aquifers or generalized saline intrusion thereof), the State –through the Executive Branch– and, based on the principle of necessity, may adopt the necessary and suitable measures regarding the utilization of the public hydraulic domain to overcome that state of affairs or prevent it from worsening. When the state of necessity ceases and normality is reestablished, other types of measures can be adopted, such as those previously set forth (protection perimeters, declaration of overexploited aquifers or those in the process of salinization).\n\n**XIII.- LEGAL PROTECTION OF SUBTERRANEAN WATERS IN COSTA RICA.** Article 31 of the Water Law No. 246 of August 27, 1942, declares as a \"reservation of domain in favor of the Nation\" the following: \"a) The lands that surround the catchment sites or potable water supply intakes, within a perimeter of no less than two hundred meters in radius; b) The forest zone that protects or must protect the set of terrains on which the infiltration of potable waters occurs (...).\" This declaration is of utmost importance, given that, from it, arises the obligation of the State, through its competent bodies, to fix and determine the perimeter protection areas of wells or catchment areas –of 200 meters– and, of course, of the recharge areas of aquifer bodies –areas where \"the infiltration of potable waters occurs\"– that have or should have a forest cover (cobertura boscosa) for their protection, which are so sensitive for their conservation and protection. Likewise, based on such express allocation, the State may exercise vindicatory and possessory actions to guarantee the indemnity of those zones and remove them from all types of contamination, subjecting them to a strict land-use control regime—an attribution that, most likely, it has omitted to exercise in a timely and exact manner.\n\nNumber 32 of the 1942 Water Law (Ley de Aguas) establishes that \"When in an area larger than the one previously indicated there exists a danger of contamination of surface water or groundwater, the Executive Branch, through the Potable Water Section—currently ICAA—(...) shall order in said area the measures it deems appropriate to avoid the danger of contamination\"; this norm imposes an unavoidable duty of collaboration and cooperation on the Executive Branch with the ICAA to adopt all appropriate and convenient administrative acts and measures to avert the danger of contamination in an area larger than the protection perimeters of aquifer recharge areas and catchment zones. The content of the norm is extremely significant and rich, since it empowers the State to adopt any appropriate measure to avoid the irreversible damages and losses that a state of emergency due to a water crisis could cause. Evidently, it is also a competence that has not been responsibly exercised or has been underutilized. The General Potable Water Law (Ley General de Agua Potable), No. 1634 of September 18, 1953, in its Article 2, establishes that \"All those lands that both the Ministry of Public Works and the Ministry of Public Health—organs of the Executive Branch that were substituted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados by virtue of its Creation Law No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments, and, more specifically, Article 2, subsection h), which entrusted it with enforcing the General Potable Water Law—consider essential to construct or to situate any part or parts of potable water supply systems, as well as to ensure the sanitary and physical protection, and necessary flow of the same (...) are public domain\"; evidently, this norm has enormous significance, since the catchment areas that may include springs or sources (nacientes)—a form of natural discharge of groundwater—are declared public domain, and, what is more important, it grants the condition of public domain property (bien demanial) to all those lands necessary to ensure sanitary and physical protection and their flow, which necessarily includes the recharge areas of the aquifers (mantos acuíferos) clearly delimited through the perimeter-setting activity already indicated, since the lack of protection of these zones necessarily affects the quality—due to contamination—and flow—due to sealing (impermeabilización) or overexploitation—of the water for human consumption and use that springs from a source. The Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 33, subsections a) and d), respectively, stipulates that protection areas are \" (...) those bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally\" and \"The recharge areas and aquifers of the springs, the limits of which shall be determined by the competent bodies established in the Regulation of this law\"; evidently, these norms provide support for the administrative activity or intervention to define the protection perimeters of aquifers and catchment zones. The Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 of October 13, 1995, in its Article 51, indicates that for the conservation and sustainable use of water, the following criteria must be applied, among others: \"a) Protect, conserve and, insofar as possible, recover aquatic ecosystems and the elements that intervene in the hydrological cycle,\" \"b) Protect the ecosystems that allow the regulation of the hydrological regime,\" and \"c) Maintain the balance of the water system, protecting each of the components of the hydrographic basins.\" The need to protect and conserve the integrity and unity of the hydrological cycle without distinctions is thus established, which especially includes groundwater. Finally, Articles 5, subsection e), final paragraph of the ICAA Creation Law (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments) and 15 of the SENARA Creation Law (No. 6877 of July 18, 1983, and its amendments) crown the regulatory framework for the institutional protection of groundwater by indicating, respectively, \"The lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions that become necessary in the catchment (...) are declared of public utility and social interest, and may be expropriated\" \"The actions promoted by the State, with the object of ensuring the protection and rational use of water (...), are declared of public interest.\" In the legal-administrative water framework, we will also find a series of obligations and burdens imposed on private individuals and public legal entities—public entities and bodies—for the adequate protection of the subterranean and surface public water domain. Thus, the 1942 Water Law and other legislative bodies establish a series of prohibitions and obligations for the owners and users of springs—which are a component of the discharge area of an aquifer—such as the following: a) users or concessionaires must comply with police and health regulations regarding surplus water that is returned to a spring to avoid contamination or stench—failure to do so may result in the loss of the special use right and a fine—(Articles 57 and 166, subsection III, ibid.), concordantly, the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) No. 7317 of October 21, 1992, in its Article 132, paragraph 1, prohibits \"(...) dumping wastewater, sewage, waste or any contaminating substance in springs, rivers, streams, permanent or non-permanent creeks (...) lakes (...)\" and imposes on anyone who violates the norm a fine of 50,000 to 100,000 colones convertible into a prison sentence of one to two years. b) The construction of ponds for fish farms in springs destined for the supply of populations is prohibited (Article 63 ibid.). c) The owners of lands on which springs exist where the forests that provided them shelter have been destroyed are obligated to plant trees on the banks at a distance of no more than 5 meters (Article 148 ibid.). d) It is prohibited to destroy, in both national and private forests, trees located less than 60 meters from springs that emerge in hills or less than 50 meters from those that emerge on flat lands (Article 149 ibid.); the Forestry Law, No. 7575 of February 13, 1996, stipulates, in its Article 34, coincidentally, that \"The cutting or elimination of trees in the protection areas bordering permanent springs and the recharge and aquifers of the springs is prohibited.\" e) Every application for the use of living waters, running waters, and springs must be directed to the Ministry of Environment and Energy with the presentation of a series of requirements (Article 178 ibid.). Regarding the public entities and bodies that have competence and responsibilities in matters of groundwater protection, a series of obligations and prohibitions are established, such as the following: a) Municipalities are prohibited from alienating, mortgaging, or otherwise encumbering, leasing, permitting gleaning (esquilmo), lending, or exploiting on their own account—especially if it involves deforestation—the lands they possess or acquire on the banks of rivers, streams, or springs, or in hydrographic basins or watersheds where springs emerge or have their origins (Articles 154 and 155 ibid.). b) Municipalities are obligated to reforest such lands (Article 156 ibid.). c) Every Municipality, Board of Education, Board of Social Protection, and, in general, every \"public body,\" is obligated to consult the Ministry of Agriculture to obtain the respective permit to alienate, mortgage, lease, permit gleaning, or exploit on their own account lands they possess or acquire on which usable public domain waters exist (Article 157 ibid.). The General Health Law (Ley General de Salud), No. 5395 of October 30, 1973, and its amendments, for its part, contains specific norms for the effective protection and conservation of groundwater; thus, Article 275 stipulates that \"It is prohibited for any natural or legal person to contaminate surface water, groundwater (...) directly or indirectly, through drainage or the discharge or storage, voluntary or negligent, of liquid, solid, or gaseous residues or wastes, radioactive or non-radioactive, sewage, or substances of any nature, which, by altering the physical, chemical, and biological characteristics of the water, make it dangerous for the health of persons, terrestrial and aquatic fauna, or unusable for domestic, agricultural, industrial, or recreational uses.\" For its part, Article 276 establishes that only with permission from the Ministry may drainage be carried out or the discharge of solid or liquid residues or wastes or others that may contaminate surface, subterranean, or maritime water be undertaken, \"(...) adhering to the regulatory safety norms and conditions and the special procedures that the Ministry imposes in the particular case to render them innocuous.\" Articles 285 and 291 of that normative body, respectively, obligate every person to eliminate excreta and sewage in an adequate and sanitary manner to avoid \"contamination of the soil and natural sources of water for human use and consumption\" and prohibit the discharge of industrial or health facility waste into the sewer system to \"avoid the contamination of water sources or courses.\" Finally, Article 309 of that law establishes that the Ministry of Health shall approve urbanizers' projects if, among other things, it \"(...) has adequate sanitary systems (...) for the disposal of excreta, sewage, and greywater.\"\n\n**XIV.- ADMINISTRATIVE ENTITIES AND BODIES RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF GROUNDWATER AND, ESPECIALLY, AQUIFERS. DELIMITATION OF COMPETENCES.** The management of groundwater resources comprises various aspects such as the investigation of their potential, identification, categorization, planning of their uses, protection, rational use, prevention and sanction of ecological damage or contamination, environmental control and monitoring of their use, etc. Consequently, the ideal would be for a single regulatory and governing administrative entity to exist in the matter; however, the competences for the integrated management of groundwater resources are dispersed and fragmented, so that, occasionally, they are exclusive or exclusionary to a single entity and, most of the time, concurrent, shared, or parallel, which requires a special administrative coordination effort to ensure their sustainable use. Within the heterogeneous and dispersed group of administrative entities and bodies that make up the Costa Rican public administration, a sector of these can be identified that has assigned, by law or regulation, a series of inalienable, non-transferable, and imprescriptible competences in matters of conservation and protection of groundwater that they cannot decline and must exercise effectively for the sake of the right to a healthy and ecologically balanced environment for all the inhabitants of the country. In that sector of the public apparatus or service organizations for the satisfaction of the needs of the entire community, a group can be identified that belongs to the central administration or major public entity—the State—which are, predominantly, some Ministries or organs thereof—and another made up of functionally decentralized entities—of a technical nature—and territorially—Municipalities.\n\n1.- Central Administration.\n\na) Ministry of Environment and Energy and its bodies the Department of Waters (Departamento de Aguas) and the Advisory Body on Waters (Órgano Asesor de Aguas).\nArticle 3, subsection l), of the Forestry Law, No. 7575 of February 13, 1996, imposes on the Ministry of Environment and Energy the non-declinable competence to delimit the aquifer recharge areas—on its own initiative or that of interested organizations, and after prior consultation with the ICAA, the SENARA, or any other technically competent entity in water matters.\n\nArticle 17, paragraph 1, of the Wildlife Conservation Law empowers and enables the Ministry of Environment and Energy to \"(...) coordinate actions with centralized (sic.) or decentralized entities that execute agricultural soil, water, and forest conservation programs, in order to achieve the 'sustainable' use of wildlife.\"\n\nThis Ministry plays a fundamentally important role in one of the aspects of water resource administration, which is the control or oversight of the use and utilization of groundwater to ensure its rational exploitation. The Regulation for the Drilling and Exploitation of Groundwater (Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas) (Executive Decree No. 30387 of April 29, 2002), stipulates in its Article 1 that \"Every drilling company must register (...) before the Department of Waters, in order to be issued the license that permits it to engage in groundwater drilling and exploration activities.\" These functions are shared with the SENARA and the ICAA, since the Department of Waters of MINAE must refer the matter to them so that, respectively, a technical opinion may be issued, the well number may be assigned, it may be registered in the National Well Registry (Registro Nacional de Pozos) —SENARA— and a determination may be made regarding any harm to sources of water supply destined for human consumption—ICAA—(Article 7). This regulation establishes that the drilling permit shall be denied in zones that do not permit rational exploitation of the water resource, such as those declared by the State or another competent institution as a protection and aquifer reserve area, those suffering overexploitation, under conditions of vulnerability to the maximum exploitation capacity of the aquifer, those susceptible to saline intrusion, contamination, and other reasons that, in the judgment of MINAE and SENARA, affect the aquifer and impede its exploitation, and those of interference with other wells or water springs (Article 10).\n\nSpecial mention deserves the Department of Waters, assigned to the National Meteorological Institute—a body of MINAE—whose functions of interest, among others, according to Article 3 of Executive Decree No. 26635-MINAE of December 18, 1997, are the following:\n\n\" a) Define national policies regarding the water resource.\nb) Exercise dominion, surveillance, control, and administration of the national waters.\nc) Process applications for concessions for the development of hydraulic forces for electricity generation.\nd) Process and authorize permits for the drilling of wells for water extraction. (...)\nJ) Register well-drilling companies and user associations, as well as any changes made to their statutes and representatives (...)\nn) Apply the sanctions established in the Water Law, after due process (...)\"\nThe Chief of this Department has, in turn, important competences in the matter (Article 4), such as the following: a) issue recommendation reports on concessions, transfers, flow increases, expansion of use, or any other procedure referring to the use of the water resource; b) approve well-drilling permits, etc. Article 5 of the referred decree creates the \"Advisory Body on Waters\" composed of representatives of various entities involved in the water sector (ICAA, SENARA, ICE, Public Universities, UNGL, etc.), whose functions include the following (Article 7 ibid.): a) Advise and recommend policy guidelines in matters of water resources, considering national and sectoral development plans, water availability, and existing legal regulations; b) Review and pronounce on the Water Balance proposed by the Department of Waters and its administration for each region of the country; and c) Advise the Department of Waters on the setting of water allowances by the latter, for water use according to the productive activity and the region in which it is developed.\n\nb) Ministry of Health.\nThe competences of this ministry are circumscribed to enforcing the prohibitions established in Articles 275, 276, 285, and 291 of the General Health Law—direct and indirect contamination of surface and groundwater and discharge of industrial or health facility waste into the sewer system—and sanctioning their transgression. Likewise, it is responsible for approving urban development projects when they have adequate sanitary systems for the disposal of excreta, sewage, and greywater (Article 309 ibid.).\n\nc) Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG).\nThe MAG has, in reality, a secondary or residual competence in the matter, since the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils (Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos) No. 7779 of April 30, 1998, in its Article 21, imposes on it in water matters the duty to coordinate with the SENARA and any other competent institution \"(...) the promotion of hydrological, hydrogeological, and agrological research in the country's hydrographic basins, as well as in practices of soil improvement, conservation, and protection in the hydrographic basins (...).\"\n\n2.- Decentralized Administration.\n\na) ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)\nThe Constitutive Law of the ICAA (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments) attributes to it, in what is of interest, the following competences (Article 2): a) Direct and supervise everything concerning providing the inhabitants of the Republic with a service of potable water, collection, and evacuation of sewage and liquid industrial waste and stormwater in urban areas (...) c) Promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination (...) d) Advise the other State bodies and coordinate public and private activities in all matters relating to the (...) control of contamination of water resources (...) its consultation being obligatory in all cases, and compliance with its recommendations inexcusable (...) f) Exploit, utilize, govern, or supervise, as the case may be, all public domain waters essential for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights that the State holds over them, in accordance with law number 276 of August 27, 1942, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities.\" For its part, Article 5 of that law empowers the ICAA to \"c) Acquire ownership of movable and immovable property\" and \"e) Process the expropriations necessary for the fulfillment of its purposes, with this same subsection, in its paragraph 2, declaring of public utility and social interest, and subject to expropriation, '(...) the lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions that become necessary in the catchment (...).' Article 21 of the Creation Law confers on the ICAA the power to approve or disapprove every project for the construction, expansion, or modification of public or private sewage and stormwater disposal systems, this approval being obligatory, under penalty of nullity, in the case of the construction of subdivisions (fraccionamientos), urbanizations, or lotificaciones. Finally, Article 22 of its creation law establishes that \"It is the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to defray the costs demanded by the conservation, expansion, and security of the forests that serve to maintain water sources, on the properties of those Municipalities where it assumes the water and sewer services.\"\n\nIn accordance with Article 2, subsection h), of the Creation Law of this decentralized entity (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments), part of its competences is to enforce the Potable Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, with Article 16 of this latter normative body prohibiting installations, buildings, or works comprised in the \"zones near supply sources (...) that in any way harm (...) the physical, chemical, or bacteriological conditions of the water; these zones shall be fixed by the Ministry of Public Works and Public Health\"—bodies that, as already indicated, were substituted, for all legal purposes, by the ICAA—. Consequently, the ICAA is also responsible for defining the protection areas for supply sources such as the springs or sources (manantiales or nacientes) that are a natural form of groundwater discharge. Article 34, final paragraph, of the Forestry Law imposes the carrying out of the alignments of the protection areas on the INVU. This is, in reality, a competence that is not exclusive or exclusionary to the ICAA or the INVU, but rather concurrent or shared, so both public entities have the duty to exercise it.\n\nArticle 3 of the General Potable Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, imposes the obligation on the ICAA to \"(...) select and locate the waters destined for the piping service (...),\" thus this entity is responsible for carrying out a detailed inventory of the springs that can be used to supply water for human consumption to populations, the foregoing regardless of whether the supply and distribution are in the hands of a Municipality in a specific canton.\n\nb) SENARA (National Service of Groundwater, Irrigation, and Drainage—Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento).\nDespite having its competence apparently limited to irrigation, drainage, and flood control districts—physical technical-administrative units of an agricultural nature for the achievement of their socioeconomic development defined by Executive Decree at the request of this entity (Articles 17 and 18 of its Creation Law No. 6877 of July 18, 1983, and its amendments)—, the fact is that its constitutive law assigns it important competences in groundwater matters, which evidently have a national vocation and, consequently, are not circumscribed to mere irrigation districts. The foregoing is corroborated by the background of this public entity, since Law No. 5438 of December 17, 1973—which ratified and substituted Executive Decree No. 1878-P of July 22, 1972—, currently repealed, created the National Groundwater Service with a clearly national vocation for the planning, investigation, and advisory services on everything related to the matter. Thus, among other objectives, the SENARA has that of ensuring the optimal and fair utilization of (...) water resources—both surface and groundwater—in agricultural activities (...) in the irrigation districts\" (Article 2). Among its functions is that of \"Investigating, protecting, and promoting the use of the country's water resources, both surface and subterranean\" and \"Carrying out, coordinating, promoting, and keeping updated hydrological, hydrogeological investigations (...)\" (Article 3, subsections d and e). In Article 4, it is established that the SENARA is responsible for promoting and directing coordination and collaboration with other competent institutions and entities in matters such as \"Prevention, correction, and elimination of all types of water contamination in the irrigation districts,\" \"Preparation and updating of an inventory of national waters, as well as the evaluation of their potential use for purposes of utilization in the irrigation districts,\" and \"Construction and maintenance of the works necessary for the conservation and renewal of aquifers usable for agricultural activities in the irrigation districts\" (subsections c, ch, and f). Among the powers of the Board of Directors is that of issuing the petition agreements for the recovery, expropriation, or purchase of the \"(...) lands on which water resources sit or underlie (...)\" (Articles 6 and 7).\n\nc) INVU (National Institute of Housing and Urbanism—Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).\nArticle 34, paragraph 2, of the Forestry Law stipulates that the alignments of the protection areas contemplated in its Article 33, including those bordering permanent springs (nacientes), and the recharge and aquifers of springs, shall be carried out by the INVU. Additionally, Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE of February 12, 1997, imposes on that entity the oversight of the \"Urban Control Area\" that comprises some of the districts of the Provinces of San José, Alajuela, Heredia, and Cartago, provided that the Municipal Government has not enacted a Zoning Regulation, with the stipulation that in the \"special protection zone\" all building construction must be carried out under strict control, requiring the approval of an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) by MINAE and the construction of a wastewater treatment plant authorized by the ICAA and the Ministry of Health to avoid \"(...) the contamination of the aquifers (mantos acuíferos) and the fluvial channels into which they (sic.) flow.\"\n\nd) MUNICIPALITIES.\nMunicipal corporations have a leading role in the protection and conservation of groundwater through a series of indirect instruments. Thus, the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) (No. 4240 of November 15, 1968), more than 35 years ago, based on Article 169 of the Political Constitution—regarding their competence over \"The administration of local interests and services in each Canton\"—imposed on them the duty to enact a regulatory plan to plan and control urban development and the related urban development regulations (Articles 15 and following). Within that regulatory plan and the zoning regulation, Municipalities must identify, for the purpose of regulating, controlling, and restricting human activities (industrial, urban development, agricultural, etc.), the areas or zones reserved because an aquifer or its recharge or discharge area is located there. By application of the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution), to human life and health (Article 21 ibid.), and for the sake of sustainable development, the cantons that, due to their geomorphological characteristics, have within their jurisdiction lands that harbor aquifers, their recharge and discharge areas, sources, and springs (manantiales y nacientes) are specially called upon and obligated to regulate and norm, responsibly, efficiently, and effectively, such matters, since sometimes the groundwater not only supplies the consumption and use of the canton's populations but also various cantons, which demonstrates a clear supra-local or national interest. The inhabitants of those localities, for their part, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and exploitation of the land and waters derived from the determination and fixing of such protected areas, since it is for the benefit of them, of the inhabitants of the other cantons that are supplied with the water that flows through the aquifer and that emerges or discharges in other cantons, and, of course, of future generations.\n\n**XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER.**\n\nOne of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or principle of prudent avoidance. This principle is enshrined in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states: \"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.\" In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its Article 11, establishes the following principles as hermeneutical parameters: \"1.- Preventive criterion: It is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures.\" In Vote No. 1250-99 of this Chamber at 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Votes No. 9773-00 at 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 at 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 at 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Court held the following: \"(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event of a risk of serious or irreversible damage—or doubt thereof—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question must be postponed. The foregoing is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment.\" Subsequently, in Vote No. 3480-03 at 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Court indicated that \"Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will indeed produce harmful effects on the environment.\" In the case of groundwater contained in aquifers (mantos acuíferos) and recharge and discharge areas, the precautionary principle or in dubio pro natura principle implies that when there are no studies or reports conducted according to the univocal and exactly applicable rules of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty about the harmlessness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory to each other, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification application, suspend those that are in progress until the state of doubt is cleared, and, in parallel, adopt all measures aimed at their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater involves protecting the resource before its contamination or degradation.\n\n**VI.- On the scope of the analysis carried out by this Chamber.-** Although the amparo appeal (recurso de amparo) is not the appropriate procedural avenue to examine whether a housing development project has met all required legal requirements, nor to determine which requirements depend on others, nor to resolve technical-scientific disputes arising from the request for exemption from sewer construction, what this Chamber is called upon to determine is whether the permits granted by the respondent authorities for the operation of the San Martín II Development Project (Proyecto Urbanizador San Martín II) in Siquirres de Limón have endangered the area's aquifers and thereby whether a violation of the rights to life, health, and a healthy and ecologically balanced environment has occurred. Specifically, it will be analyzed whether, in the exercise of their powers, the respondents have acted in respect of these fundamental rights, both the actions of the Project developers and the public authorities, in order to verify whether, before granting the respective permits (visado) (INVU approval of urban plans, Ministry of Health sanitary approval of plans, Municipal construction permit, environmental feasibility (viabilidad ambiental) from SETENA), the agreement of the ICAA Board of Directors of February 3, 2003, was taken into account, wherein the request for exemption from the construction of sanitary sewer networks for the development project in question was denied due to the possible risk of contamination to the aquifers that such exemption would entail.\n\n**VII.- On how the actions of the respondents violate the rights to life, health, and a healthy and ecologically balanced environment.-** This Chamber observes in the submitted reports a series of contradictions that have made the analysis of this file complex. Basically, all the respondents excuse their actions by blaming the other institutions. INVU says it granted the plan approval on February 28, 2003, based on the approval given by ICAA on January 16, 2003 (folio 211), but said approval was never provided; everyone refers to it, including the Municipal Mayor (Mayor) (report at folio 175), but none provides a suitable document; the only thing presented is a computer sheet (folio 195) where an approval of the San Martín Development Project is apparently inferred without stating what is being approved. A sheet that is not even mentioned in the report rendered by the representative of ICAA, who, for his part, claims that the responsibility lies with INVU for having proceeded *\"to grant the respective approval based on a technical memo that is not a Board of Directors Agreement\"* (report at folio 147) and with the Municipality of Siquirres which *\"is responsible for verifying that the technical construction guidelines are respected in accordance with the communication made through agreement 2003-044\"* (report at folio 147). For its part, the Ministry of Health says it granted the plan approval on February 21, 2003, based on a hydrogeological study presented by the project developer where it was determined that the risk of contaminating groundwater was zero (report at folio 108) without verifying what ICAA or other competent institutions like SENARA of MINAE resolved in that regard. The same can be said of the representatives of the project development companies, Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a., who were notified on February 24, 2003, of this denial by ICAA and still continued with the project, blaming the project construction company, alleging that the faults in the built houses are due to the construction plans of each property, as well as the poor construction of the black water systems, and they say that this has no relation whatsoever to whether or not a sewer system is built; they also end up saying that the actions of ICAA must be reviewed for their internal processing, as well as those of the natural and legal persons responsible for executing the construction of the affected houses. Returning to ICAA's actions, despite the fact that the Board of Directors denied, on February 3, 2003, the request for exemption from the construction of sanitary sewer networks submitted by the project developer since June 2002, this was only reported to the Municipal Mayor until August 18, 2004, MORE THAN ONE YEAR LATER, without notifying INVU, which was responsible for approving this development project. Finally, regarding the Ministry of Environment and Energy, it is verified that despite the fact that the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA) recommended, on July 31, 2002, carrying out a risk assessment of aquifer contamination, neither they nor the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) gave any follow-up to the case (as is presumed since no report was rendered) despite having among their functions the prevention of all types of water pollution. Such have been the observed inconsistencies that lead this Chamber to presume a case that warrants investigation by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), which is why, in addition to granting the appeal (recurso), it is ordered to certify copies (testimoniar piezas) to the Public Prosecutor's Office to determine whether we are facing criminal liability on the part of all those involved.\n\n**VIII.-** In this matter, this Chamber denotes a series of irregularities and contradictions that ultimately cause a violation of the fundamental rights of the petitioners (amparados). It is verified that the appellants (recurrentes) are correct, and INVU proceeded to grant permits and plan approval on February 28, 2003, despite the existence of ICAA agreement number 2003-044 of February 3, 2003, which denied the request for exemption from the construction of the sanitary sewer networks because a septic tank system with leachate drainage represents a high risk of contamination to the area's aquifers. From what has been analyzed by this Chamber, the responsibility is shared, falling mainly on INVU, which affirms and communicates the project's approval by ICAA on January 16, 2003, a fact that appears to be false, thereby also misleading the Municipal Mayor, who furthermore did not verify for himself that this was true and did not request the project developer to present a suitable document accrediting said approval from ICAA. Likewise, responsibility also falls on ICAA, which communicates said agreement until more than a YEAR AND A HALF later to the Mayor and omits communicating it to INVU. Finally, the Municipal Mayor is again involved for granting permits without verifying the Environmental Feasibility; and the representatives of the project development companies, Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a., who, despite being aware that they did not meet the ICAA requirement, continued with the project.\n\n**IX.- In conclusion.-** In view of the foregoing considerations, and applying the environmental precautionary principle, it is necessary to declare the amparo appeal (recurso de amparo) granted with the consequences of law, and **a)** ANNUL all permits granted to the developer of the San Martín II Project, particularly the one granted by INVU on February 28, 2003, the one granted by the Ministry of Health on February 24, 2003, and all those granted by the Municipality of Siquirres; **b)** ORDER all respondents to take the necessary measures to protect the area's aquifer from the black water produced by the houses already built in the development project; **c)** ORDER Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a. the construction of the sewer system recommended by ICAA, or the relocation of the people living in said houses; and **d)** ORDER the certification of copies (testimoniar piezas) for the Public Prosecutor's Office to investigate the actions of both the public authorities and officials and the private subjects.\n\n**Por tanto:**\n\nThe appeal is declared GRANTED and consequently: **a)** all permits granted to the developer of the San Martín II Project are ANNULLED, particularly the urban plan approval given by INVU on February 28, 2003, the sanitary plan approval by the Ministry of Health on February 21, 2003, and the construction permits granted by the Municipality of Siquirres on March 3, 2003; **b)** all respondents are ORDERED to take the necessary and sufficient measures to protect the area's aquifer from the black water produced by the houses already built in the development project; **c)** Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a. are ORDERED to build the sewer system recommended by ICAA, and Olman Chacón Garita, in his capacity as Deputy Manager with powers of General Attorney-in-Fact (Apoderado Generalísimo) without limit of amount of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), and Arturo Castillo Valverde, in his capacity as Acting Municipal Mayor of the Municipality of Siquirres, are ordered to proceed to supervise said construction and provide the collaboration corresponding to their powers; and **d)** certification of copies (testimoniar piezas) is ORDERED so that the Public Prosecutor's Office may investigate the actions of both the public authorities and officials and the private subjects. The heads of the convicted bodies and entities, or whoever holds their position, in their order, Carlos Manuel Rodríguez Echandi in his capacity as Minister of Environment and Energy, María del Rocío Saenz Madrigal in her capacity as Minister of Health, Angelo Altamira Carriero in his capacity as Executive President of INVU, Olman Chacón Garita in his capacity as Deputy Manager with powers of General Attorney-in-Fact without limit of amount of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Arturo Castillo Valverde in his capacity as Acting Municipal Mayor of the Municipality of Siquirres, Jorge Víquez Mora legal representative of Construcciones Astorga s.a., and Ana Lucía Astorga Castillo legal representative of Nombre10 s.a., are warned that failure to comply with the orders issued in this judgment would incur the crime of disobedience, which, in accordance with Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), punishes with imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal (recurso de amparo), and does not comply with or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State, the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Siquirres, and the companies Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a. are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in execution of judgment of the contentious-administrative proceeding.\n\nLuis Fernando Solano C.\n\nPresidente\n\nAdrián Vargas B. Ernesto Jinesta L.\n\nFernando Cruz C. Teresita Rodríguez A.\n\nJorge Araya G. Federico Sosto L.\n\nto the payment of damages and losses caused\",\n            \"The Municipality of Siquirres is ordered to pay costs, damages, and losses caused\"\n          ],\n          \"claseAsunto\": \"Amparo action\",\n          \"tipoTexto\": \"1\",\n          \"enteSistematizador\": \"SALA CONSTITUCIONAL\",\n          \"descriptores\": [\n            \"Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo\",\n            \"Construction permit\",\n            \"Right to a healthy and ecologically balanced environment\",\n            \"Order to pay costs\"\n          ],\n          \"rutaTesauro\": [\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Administrativo\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Administrativo||Administración pública\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Administrativo||Administración pública||Estructuración institucional\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Administrativo||Administración pública||Estructuración institucional||Administración descentralizada\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Administrativo||Administración pública||Estructuración institucional||Administración descentralizada||Institución autónoma\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Administrativo||Administración pública||Estructuración institucional||Administración descentralizada||Institución autónoma||Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Municipal\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Municipal||Licencia y autorización municipal\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Municipal||Licencia y autorización municipal||Permiso municipal\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Municipal||Licencia y autorización municipal||Permiso municipal||Permiso de construcción\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Constitucional\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Constitucional||Derechos Fundamentales\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Constitucional||Derechos Fundamentales||Derechos y garantías sociales\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Constitucional||Derechos Fundamentales||Derechos y garantías sociales||Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Procesal Civil\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Procesal Civil||Costas\",\n            \"TEMAS SALA CONSTITUCIONAL||TEMAS ANTERIORES||Derecho Procesal Civil||Costas||Condena en costas\"\n          ],\n          \"subNumeroDocumento\": \"1\",\n          \"contenidosInteresOrden\": \"3\",\n          \"ramaDerecho\": \"TEMAS ANTERIORES\",\n          \"despachoOrden\": \"8\",\n          \"despacho\": \"Sala Constitucional\",\n          \"normas\": [\n            {\n              \"norm_nom\": \"Ley de la Jurisdicción Constitucional\",\n              \"bdt\": \"1\",\n              \"art_subnum\": \"0\",\n              \"tipo_norma\": \"Ley\",\n              \"art_id\": \"171435\",\n              \"norm_anno\": \"1989\",\n              \"norm_num\": \"7135\",\n              \"norm_ver\": \"40631\",\n              \"norm_fecha\": \"11 Oct 1989\",\n              \"norm_id\": \"38533\",\n              \"art_num\": \"71\"\n            },\n            {\n              \"norm_nom\": \"Ley Orgánica del Ambiente\",\n              \"bdt\": \"1\",\n              \"art_subnum\": \"0\",\n              \"tipo_norma\": \"Ley\",\n              \"norm_obser\": \"Ver Ley\",\n              \"art_id\": \"132377\",\n              \"norm_anno\": \"1995\",\n              \"norm_num\": \"7554\",\n              \"norm_ver\": \"29343\",\n              \"norm_fecha\": \"04 Oct 1995\",\n              \"norm_id\": \"27738\",\n              \"art_num\": \"1\"\n            },\n            {\n              \"norm_nom\": \"Ley Forestal\",\n              \"bdt\": \"1\",\n              \"art_subnum\": \"0\",\n              \"tipo_norma\": \"Ley\",\n              \"norm_obser\": \"Ver ley!\",\n              \"art_id\": \"181923\",\n              \"norm_anno\": \"1996\",\n              \"norm_num\": \"7575\",\n              \"norm_ver\": \"43911\",\n              \"norm_fecha\": \"13 Feb 1996\",\n              \"norm_id\": \"41661\",\n              \"art_num\": \"1\"\n            },\n            {\n              \"norm_nom\": \"Ley de Biodiversidad\",\n              \"bdt\": \"1\",\n              \"art_subnum\": \"0\",\n              \"tipo_norma\": \"Ley\",\n              \"norm_obser\": \"VER LA LEY\",\n              \"art_id\": \"175159\",\n              \"norm_anno\": \"1998\",\n              \"norm_num\": \"7788\",\n              \"norm_ver\": \"41934\",\n              \"norm_fecha\": \"30 Abr 1998\",\n              \"norm_id\": \"39796\",\n              \"art_num\": \"1\"\n            }\n          ],\n          \"esResolucionEstructural\": \"0\",\n          \"esResolucionOral\": \"0\",\n          \"esResolucionRelevante\": \"0\",\n          \"fecha\": \"2006-03-07\",\n          \"tipoDocumento\": \"EXT\",\n          \"esCriterioUnificador\": \"0\",\n          \"tipoContenido\": \"Majority vote\",\n          \"sourceName\": \"Documentos\",\n          \"formatoDocumento\": \"ESCRITO\",\n          \"tipoResolucion\": \"De Fondo\",\n          \"tipoInformacion\": \"Resolución Judicial\",\n          \"normasNacionales\": [\n            \"norm_id::38533||norm_num::7135||norm_nom::Ley de la Jurisdicción Constitucional||art_id::171435||art_num::71||bdt::1||norm_fecha::11 Oct 1989||tipo_norma::Ley||norm_ver::40631||norm_detalle::||norm_obser::||art_subnum::0\",\n            \"norm_id::27738||norm_num::7554||norm_nom::Ley Orgánica del Ambiente||art_id::132377||art_num::1||bdt::1||norm_fecha::04 Oct 1995||tipo_norma::Ley||norm_ver::29343||norm_detalle::||norm_obser::Ver Ley||art_subnum::0\",\n            \"norm_id::41661||norm_num::7575||norm_nom::Ley Forestal||art_id::181923||art_num::1||bdt::1||norm_fecha::13 Feb 1996||tipo_norma::Ley||norm_ver::43911||norm_detalle::||norm_obser::Ver ley!||art_subnum::0\",\n            \"norm_id::39796||norm_num::7788||norm_nom::Ley de Biodiversidad||art_id::175159||art_num::1||bdt::1||norm_fecha::30 Abr 1998||tipo_norma::Ley||norm_ver::41934||norm_detalle::||norm_obser::VER LA LEY||art_subnum::0\"\n          ],\n          \"html\": \"<html xmlns:o=\\\"urn:schemas-microsoft-com:office:office\\\"\\r\\nxmlns:w=\\\"urn:schemas-microsoft-com:office:word\\\"\\r\\nxmlns:st1=\\\"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\\\"\\r\\nxmlns=\\\"http://www.w3.org/TR/REC-html40\\\">\\r\\n\\r\\n<head>\\r\\n<meta http-equiv=Content-Type content=\\\"text/html; charset=windows-1252\\\">\\r\\n<meta name=ProgId content=Word.Document>\\r\\n<meta name=Generator content=\\\"Microsoft Word 11\\\">\\r\\n<meta name=Originator content=\\\"Microsoft Word 11\\\">\\r\\n<link rel=File-List href=\\\"7FACE_archivos/filelist.xml\\\">\\r\\n<o:SmartTagType namespaceuri=\\\"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\\\"\\r\\n name=\\\"metricconverter\\\"/>\\r\\n<o:SmartTagType namespaceuri=\\\"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\\\"\\r\\n name=\\\"PersonName\\\"/>\\r\\n<!--[if gte mso 9]><xml>\\r\\n <o:DocumentProperties>\\r\\n  <o:Author>usuario1</o:Author>\\r\\n  <o:LastAuthor>usuario1</o:LastAuthor>\\r\\n  <o:Revision>3</o:Revision>\\r\\n  <o:TotalTime>45</o:TotalTime>\\r\\n  <o:Created>2007-05-17T14:19:00Z</o:Created>\\r\\n  <o:LastSaved>2007-05-17T15:12:00Z</o:LastSaved>\\r\\n  <o:Pages>1</o:Pages>\\r\\n  <o:Words>1252</o:Words>\\r\\n  <o:Characters>6891</o:Characters>\\r\\n  <o:Company>PODER JUDICIAL</o:Company>\\r\\n  <o:Lines>57</o:Lines>\\r\\n  <o:Paragraphs>16</o:Paragraphs>\\r\\n  <o:CharactersWithSpaces>8127</o:CharactersWithSpaces>\\r\\n  <o:Version>11.5606</o:Version>\\r\\n </o:DocumentProperties>\\r\\n</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>\\r\\n <w:WordDocument>\\r\\n  <w:Zoom>85</w:Zoom>\\r\\n  <w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>\\r\\n  <w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>\\r\\n  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>\\r\\n  <w:ValidateAgainstSchemas/>\\r\\n  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>\\r\\n  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>\\r\\n  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>\\r\\n  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>\\r\\n </w:WordDocument>\\r\\n</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>\\r\\n <w:LatentStyles DefLockedState=\\\"false\\\" LatentStyleCount=\\\"156\\\">\\r\\n </w:LatentStyles>\\r\\n</xml><![endif]--><!--[if !mso]><object\\r\\n classid=\\\"clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D\\\" id=ieooui></object>\\r\\n<style>\\r\\nst1\\\\:*{behavior:url(#ieooui) }\\r\\n</style>\\r\\n<![endif]-->\\r\\n<style>\\r\\n<!--\\r\\n /* Style Definitions */\\r\\n p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal\\r\\n\\t{mso-style-parent:\\\"\\\";\\r\\n\\tmargin:0cm;\\r\\n\\tmargin-bottom:.0001pt;\\r\\n\\tmso-pagination:widow-orphan;\\r\\n\\tfont-size:12.0pt;\\r\\n\\tfont-family:\\\"Times New Roman\\\";\\r\\n\\tmso-fareast-font-family:\\\"Times New Roman\\\";}\\r\\np\\r\\n\\t{mso-margin-top-alt:auto;\\r\\n\\tmargin-right:0cm;\\r\\n\\tmso-margin-bottom-alt:auto;\\r\\n\\tmargin-left:0cm;\\r\\n\\tmso-pagination:widow-orphan;\\r\\n\\tfont-size:12.0pt;\\r\\n\\tfont-family:\\\"Times New Roman\\\";\\r\\n\\tmso-fareast-font-family:\\\"Times New Roman\\\";}\\r\\nspan.SpellE\\r\\n\\t{mso-style-name:\\\"\\\";\\r\\n\\tmso-spl-e:yes;}\\r\\n@page Section1\\r\\n\\t{size:595.3pt 841.9pt;\\r\\n\\tmargin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;\\r\\n\\tmso-header-margin:35.4pt;\\r\\n\\tmso-footer-margin:35.4pt;\\r\\n\\tmso-paper-source:0;}\\r\\ndiv.Section1\\r\\n\\t{page:Section1;}\\r\\n-->\\r\\n</style>\\r\\n<!--[if gte mso 10]>\\r\\n<style>\\r\\n /* Style Definitions */\\r\\n table.MsoNormalTable\\r\\n\\t{mso-style-name:\\\"Tabla normal\\\";\\r\\n\\tmso-tstyle-rowband-size:0;\\r\\n\\tmso-tstyle-colband-size:0;\\r\\n\\tmso-style-noshow:yes;\\r\\n\\tmso-style-parent:\\\"\\\";\\r\\n\\tmso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;\\r\\n\\tmso-para-margin:0cm;\\r\\n\\tmso-para-margin-bottom:.0001pt;\\r\\n\\tmso-pagination:widow-orphan;\\r\\n\\tfont-size:10.0pt;\\r\\n\\tfont-family:\\\"Times New Roman\\\";\\r\\n\\tmso-ansi-language:#0400;\\r\\n\\tmso-fareast-language:#0400;\\r\\n\\tmso-bidi-language:#0400;}\\r\\n</style>\\r\\n<![endif]-->\\r\\n</head>\\r\\n\\r\\n<body lang=ES style='tab-interval:35.4pt'>\\r\\n\\r\\n<div class=Section1>\\r\\n\\r\\n<p><b>Sobre los alcances del análisis que realiza esta Sala.- </b>Aunque el\\r\\nrecurso de amparo no es la vía procesal idónea para examinar si un proyecto\\r\\ndesarrollador de vivienda ha cumplido con todos los requisitos legales\\r\\nexigidos, ni para determinar cuáles requisitos dependen de otros, así como\\r\\ntampoco para resolver disputas de orden técnico-científico suscitadas con\\r\\nocasión de la solicitud de exoneración de construcción de alcantarillado, lo\\r\\nque esta Sala sí está llamada a determinar es si los permisos otorgados por las\\r\\nautoridades recurridas, para la puesta en operación del Proyecto Urbanizador\\r\\nSan Martín <span class=SpellE>II</span> en <span class=SpellE>Siquirres</span>\\r\\nde Limón, han puesto en riesgo los acuíferos de la zona y con ello si se ha\\r\\nproducido un quebranto a los derechos a la vida, a la salud y un ambiente sano\\r\\ny ecológicamente equilibrado. Concretamente se analizará si en el ejercicio de\\r\\nsus competencias, los recurridos han actuado en respeto de estos derechos\\r\\nfundamentales, tanto las actuaciones de los desarrolladores del Proyecto como\\r\\nlas autoridades públicas, a efectos de verificar si antes de otorgarse los\\r\\npermisos respectivos (visado del <span class=SpellE>INVU</span> a los planos\\r\\nurbanísticos, visado sanitario del Ministerio de Salud de los planos, permiso\\r\\nde construcción de <st1:PersonName ProductID=\\\"la Municipalidad\\\" w:st=\\\"on\\\">la\\r\\n Municipalidad</st1:PersonName>, viabilidad ambiental de Setena) se tomó en\\r\\ncuenta el acuerdo de <st1:PersonName ProductID=\\\"la Junta Directiva\\\" w:st=\\\"on\\\">la\\r\\n Junta Directiva</st1:PersonName> del <span class=SpellE>ICAA</span> del 03 de\\r\\nfebrero del 2003 donde se denegó la solicitud de exoneración de construcción de\\r\\nredes de alcantarillado sanitario del proyecto urbanizador en cuestión por el\\r\\nposible riesgo de contaminación a los acuíferos que esa exoneración implicaría.\\r\\n<o:p></o:p></p>\\r\\n\\r\\n<p><b>Sobre cómo las actuaciones de los recurridos quebrantan los derechos a la\\r\\nvida, a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.- </b>Esta\\r\\nSala observa en los informes rendidos una serie de contradicciones que han hecho\\r\\ncomplejo el análisis de este expediente. Básicamente todos los recurridos se\\r\\nexcusan de sus actuaciones achacándole la responsabilidad a las demás\\r\\ninstituciones. El <span class=SpellE>INVU</span> dice que otorgó el visado de\\r\\nplanos el 28 de febrero del 2003 con fundamento en la aprobación que diera el <span\\r\\nclass=SpellE>ICAA</span> el 16 de enero del 2003 (folio 211), pero dicha\\r\\naprobación nunca fue aportada, todos hacen referencia a ella, incluso el\\r\\nAlcalde Municipal (informe al folio 175) pero ninguno aporta documento idóneo,\\r\\nlo único que se presenta es una hoja informática (folio 195) donde\\r\\naparentemente se infiere una aprobación del Proyecto Urbanizador San Martín sin\\r\\ndecirse qué es lo que se aprueba. Hoja que ni siquiera es mencionada en el\\r\\ninforme rendido por el representante del <span class=SpellE>ICAA</span>, quien\\r\\npor su lado alega que la responsabilidad es del <span class=SpellE>INVU</span>\\r\\npor haber procedido <i>“a otorgar el visado respectivo con fundamento en un\\r\\noficio técnico que no es un Acuerdo de Junta Directiva” </i>(informe al folio\\r\\n147) y de <st1:PersonName ProductID=\\\"la Municipalidad\\\" w:st=\\\"on\\\">la\\r\\n Municipalidad</st1:PersonName> de <span class=SpellE>Siquirres</span> a quien <i>“le\\r\\ncompete verificar que los lineamientos técnicos constructivos sean respetados\\r\\nconforme con la comunicación realizada mediante acuerdo 2003-<st1:metricconverter\\r\\nProductID=\\\"044”\\\" w:st=\\\"on\\\">044”</st1:metricconverter> </i>(informe al folio\\r\\n147). Por su lado, el Ministerio de Salud dice que otorgó el visado de planos\\r\\nel 21 de febrero del 2003 con fundamento en un estudio hidrogeológico que\\r\\npresentó el desarrollador del proyecto donde se determinaba que el riesgo de\\r\\ncontaminar aguas subterráneas era nulo (informe al folio 108) sin verificar lo\\r\\nque al respecto resolviera el <span class=SpellE>ICAA</span> o las demás instituciones\\r\\ncompetentes como el SENARA del <span class=SpellE>MINAE</span>. Lo mismo puede\\r\\ndecirse de los representantes de las empresas desarrolladoras del proyecto,\\r\\nConstrucciones Astorga s.a. y <span class=SpellE>Proquifa</span> San José s.a.,\\r\\nquienes son notificadas el 24 de febrero del 2003 de esa denegatoria del <span\\r\\nclass=SpellE>ICAA</span> y aún así continúan con el proyecto, achacándole la\\r\\nresponsabilidad a la empresa constructora del proyecto, alegando que las fallas\\r\\nen las casas construidas se deben a los planos constructivos de cada inmueble,\\r\\nasí como a la mala construcción de los sistemas de aguas negras y dicen que\\r\\nello no tiene relación alguna con la construcción o no de un alcantarillado,\\r\\nasimismo terminan diciendo que deben revisarse las actuaciones del <span\\r\\nclass=SpellE>ICAA</span> por su tramitación interna, así como las de las\\r\\npersonas físicas y jurídicas encargadas de la ejecución de las construcciones\\r\\nde las casas de los afectados. Volviendo a las actuaciones del <span\\r\\nclass=SpellE>ICAA</span>, a pesar de que <st1:PersonName\\r\\nProductID=\\\"la Junta Directiva\\\" w:st=\\\"on\\\">la Junta Directiva</st1:PersonName>\\r\\ndeniega el 03 de febrero del 2003 la solicitud de exoneración de construcción\\r\\nde redes de alcantarillado sanitario presentada por el desarrollador del\\r\\nproyecto desde junio del 2002 se informa de ello únicamente al Alcalde\\r\\nMunicipal hasta el 18 de agosto del 2004, MAS DE UN AÑO <span class=SpellE>DESPUES</span>,\\r\\nsin notificar nada al <span class=SpellE>INVU</span> quien era el encargado de\\r\\naprobar este proyecto urbanizador. Finalmente, en cuanto al Ministerio de\\r\\nAmbiente y Energía, se comprueba que a pesar de que el Servicio Nacional de\\r\\nAguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) recomienda el 31 de julio del\\r\\n2002 realizar una evaluación del riesgo de contaminación de los acuíferos, ni\\r\\néstos ni <st1:PersonName ProductID=\\\"la Secretaría Técnica\\\" w:st=\\\"on\\\">la\\r\\n Secretaría Técnica</st1:PersonName> Ambiental (SETENA) le dan seguimiento\\r\\nalguno al caso (según se presume por no haberse rendido informe) a pesar de\\r\\ntener dentro de sus funciones la prevención de todo tipo de contaminación de\\r\\nlas aguas. Tales han sido las inconsistencias observadas que hacen presumir a\\r\\nesta Sala un caso que amerita la investigación del Ministerio Público, razón\\r\\npor la cual, además de acogerse el recurso, se ordena testimoniar piezas al\\r\\nMinisterio Público para que determine si estamos frente a responsabilidad penal\\r\\nde todos los involucrados. <o:p></o:p></p>\\r\\n\\r\\n<p>En este asunto esta Sala denota una serie de irregularidades y\\r\\ncontradicciones que finalmente ocasionan una vulneración a los derechos\\r\\nfundamentales de los amparados. Se logra comprobar que los recurrentes llevan\\r\\nrazón y el <span class=SpellE>INVU</span> procedió a otorgar permisos y visado\\r\\nde planos el 28 de febrero del <st1:metricconverter ProductID=\\\"2003 a\\\" w:st=\\\"on\\\">2003\\r\\n a</st1:metricconverter> pesar de la existencia del acuerdo del <span\\r\\nclass=SpellE>ICAA</span> número 2003-044 del 03 de febrero del 2003 donde\\r\\ndenegaba la solicitud de exoneración de la construcción de las redes de\\r\\nalcantarillado sanitario por cuanto un sistema de tanques sépticos con drenaje\\r\\nde los lixiviados representa un alto riesgo de contaminación a los acuíferos de\\r\\nla zona. De lo analizado por esta Sala la responsabilidad es compartida,\\r\\nrecayendo ésta principalmente en el <span class=SpellE>INVU</span> que afirma y\\r\\ncomunica la aprobación del proyecto por el <span class=SpellE>ICAA</span> el 16\\r\\nde enero del 2003, siendo ello un hecho que pareciera falso, llevando además a\\r\\nerror al Alcalde Municipal, quien además no verificó por sí mismo que ello\\r\\nfuera cierto y no solicitó al desarrollador del proyecto la presentación de\\r\\ndocumento idóneo que acreditara dicha aprobación del <span class=SpellE>ICAA</span>.\\r\\nAsimismo, la responsabilidad también recae sobre el <span class=SpellE>ICAA</span>\\r\\nque comunica de dicho acuerdo hasta más de UN AÑO Y MEDIO después al Alcalde y\\r\\nque omite comunicarlo al <span class=SpellE>INVU</span>. Finalmente, también\\r\\nresulta involucrado nuevamente el Alcalde Municipal por dar permisos sin\\r\\nverificar <st1:PersonName ProductID=\\\"la Viabilidad Ambiental\\\" w:st=\\\"on\\\">la\\r\\n Viabilidad Ambiental</st1:PersonName>; y los representantes de las empresas\\r\\ndesarrolladoras del proyecto, Construcciones Astorga s.a. y <span class=SpellE>Proquifa</span>\\r\\nSan José s.a., las cuales a pesar de tener conocimiento de que no contaban con\\r\\nel requisito del <span class=SpellE>ICAA</span> continuaron el proyecto.<o:p></o:p></p>\\r\\n\\r\\n<p>En mérito de las anteriores consideraciones, y aplicando el principio\\r\\nprecautorio ambiental, se impone declarar con lugar el recurso de amparo\\r\\ninterpuesto con las consecuencias de ley, y <b>a) </b>ANULAR todos los permisos\\r\\notorgados al desarrollador del Proyecto San Martín <span class=SpellE>II</span>\\r\\nparticularmente el otorgado por el <span class=SpellE>INVU</span> el 28 de\\r\\nfebrero del 2003, el otorgado por el Ministerio de Salud el 24 de febrero del\\r\\n2003 y todos los otorgados por <st1:PersonName ProductID=\\\"la Municipalidad\\\"\\r\\nw:st=\\\"on\\\">la Municipalidad</st1:PersonName> de <span class=SpellE>Siquirres</span>;\\r\\n<b>b) </b>ORDENAR a todos los recurridos tomar las medidas necesarias para\\r\\nproteger el acuífero de la zona de las aguas negras producidas por las casas\\r\\nque ya están construidas en el proyecto urbanizador; <b>c) </b>ORDENAR a\\r\\nConstrucciones Astorga <span class=SpellE>s.a</span> y <span class=SpellE>Proquifa</span>\\r\\nSan José s.a. la construcción del sistema de alcantarillado que recomendara el <span\\r\\nclass=SpellE>ICAA</span>, o bien el traslado de las personas que habitan dichas\\r\\ncasas y <b>d) </b>ORDENAR<b> </b>testimoniar piezas para que Ministerio Público\\r\\ninvestigue las actuaciones tanto de las autoridades y funcionarios públicos\\r\\ncomo la de los sujetos privados. <o:p></o:p></p>\\r\\n\\r\\n<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>\\r\\n\\r\\n</div>\\r\\n\\r\\n</body>\\r\\n\\r\\n</html>\\r\\n\"\n        },\n        \"previousdocs\": [],\n        \"nextdocs\": []\n      }\n    ],\n    \"contenidosInteresOrden\": \"3\",\n    \"despacho\": \"Sala Constitucional\",\n    \"despachoOrden\": \"8\",\n    \"enteSistematizador\": \"SALA CONSTITUCIONAL\",\n    \"esCambioCriterio\": \"0\",\n    \"esCriterioUnificador\": \"0\",\n    \"esNotaSeparada\": \"0\",\n    \"esProtegida\": \"0\",\n    \"esResolucionClave\": \"0\",\n    \"esResolucionEstructural\": \"0\",\n    \"esResolucionOral\": \"0\",\n    \"esResolucionRelevante\": \"0\",\n    \"esVotoSalvado\": \"0\",\n    \"expediente\": \"040108200007CO\",\n    \"fecha\": \"2006-03-07\",\n    \"formatoDocumento\": \"ESCRITO\",\n    \"hora\": \"15:36\",\n    \"id\": \"sen-1-0007-338517\",\n    \"numeroDocumento\": \"02973\",\n    \"redactor\": \"Fernando Cruz Castro\",\n    \"sourceName\": \"Documentos\",\n    \"subNumeroDocumento\": \"1\",\n    \"tipoDocumento\": \"SNT\",\n    \"tipoInformacion\": \"Resolución Judicial\",\n    \"tipoResolucion\": \"De Fondo\",\n    \"tipoTexto\": \"1\",\n    \"previousdocs\": [],\n    \"nextdocs\": [],\n    \"html\": \"<html><head><meta http-equiv=\\\"Content-Type\\\" content=\\\"text/html; charset=utf-8\\\" /><meta http-equiv=\\\"Content-Style-Type\\\" content=\\\"text/css\\\" /><meta name=\\\"generator\\\" content=\\\"Aspose.Words for .NET 23.6.0\\\" /><title>*040108200007CO*</title></head><body style=\\\"font-family:'Times New Roman'; font-size:12pt\\\"><div><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:right\\\"><span>*040108200007CO*</span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\\\"><span style=\\\"font-weight:bold\\\">Exp: 04-010820-0007-CO </span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\\\"><span style=\\\"font-weight:bold\\\">Res. Nº 2006-002973 </span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\\\"><span style=\\\"font-weight:bold\\\">SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y treinta y seis minutos del siete de marzo del dos mil seis.</span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\\\"><span>Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, Nombre02., cédula CED01, Nombre03, cédula CED02, Nombre04, cédula CED03, ilegible, cédula CED04, Nombre05, cédula CED05, T. JIMENEZ J. ENRIQUE, cédula CED06, TORRES C. BLANCA, cédula CED07, Nombre06, cédula CED08, Nombre07, cédula CED09, Nombre08, cédula CED10 y Nombre09, cédula CED11, contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU).</span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center\\\"><span style=\\\"font-weight:bold\\\">Resultando:</span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\\\"><span style=\\\"font-weight:bold\\\">1.-</span><span> Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10 horas 37 minutos del 26 de octubre del 2004, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) y manifiestan que: </span><span style=\\\"font-weight:bold\\\">a) </span><span>Debe anularse el permiso otorgado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a la empresa Nombre10 S.A., para la construcción de la urbanización San Martín de Siquirres, pues ese permiso se otorgó, sin tomar en cuenta la resolución de la Junta Directiva de Acueductos y Alcantarillados; </span><span style=\\\"font-weight:bold\\\">b) </span><span>En el artículo 6, inciso c) del acuerdo 2003-044, consta que según estudios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la utilización de tanques sépticos en dicha urbanización, constituye un peligro inminente de contaminación de los acuíferos de la zona. Por ello, dicho instituto exigió que se construyera una red recolectora de aguas servidas y que estas fueran debidamente tratadas en el ámbito primario y secundario, a fin de acondicionarlas y que después puedan ser vertidas, sin</span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\\\"><span>riesgo de contaminación; </span><span style=\\\"font-weight:bold\\\">c)</span><span> A pesar de lo anterior, el INVU otorgó el permiso referido, permitiendo que se utilizara en la Urbanización San Martín, tanques sépticos y drenajes individuales, que es precisamente lo que la resolución de Acueductos y Alcantarillados prohibió. Ya se han construido diecisiete casas con tanque séptico en la urbanización mencionada. Solicitan que se declare con lugar el recurso, por violación a su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.</span></p></div></body></html>\"\n      }\n    ],\n    \"sourceName\": \"Documentos\"\n  },\n  \"took\": 209\n}\n\nSubsequently, through a brief filed on October 27, 2004, they provide additional evidence (folio 034).\n\n**2.-** Through a ruling of this Chamber at 08:37 on October 27, 2004, this appeal was given course and the President of INVU was ordered to immediately take the necessary measures to avoid the environmental contamination problems reported by the appellants (folios 031-032).\n\n**3.-** ANGELO ALTAMURA CARRIERO, in his capacity as Executive President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, reports under oath (folio 045), that: **a)** On January 16, 2003, the ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) approved the San Martín II urbanization (Urbanización) project, located in the canton of Siquirres, province of Limón; subsequently, on February 19, 2003, INVU approved it; on February 24, it was approved by the Ministry of Health; and finally, after those three permits, INVU's Visado y Catastro Unit proceeded to issue the approval (visado) of construction plans for the aforementioned urbanization; **b)** At the time the project was approved, the ICAA had not sent INVU any note communicating the Board of Directors' Agreement regarding the procedure for the sanitary sewer exemption; **c)** INVU's competence in matters of urbanizations (urbanizaciones) is limited to aspects related to urban planning, considering land uses, application, and conformity of projects with regulatory plans or Decree 25902 on the Gran Área Metropolitana; **d)** Another aspect that INVU oversees is that concerning the approval or approval (visado) of construction plans, not matters related to the construction permit, which is a municipal competence; **e)** INVU is not the only entity participating in this process; the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Municipalities, as well as the various State institutions that hold specific matters within their competence, such as the ICAA, are also involved; **f)** According to its own constitutive law, the ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) is responsible for determining the priority, advisability, and viability of the different projects proposed to build, reform, expand, or modify aqueduct and sewer works, which may not be executed without its approval; likewise, it is within its purview to promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water pollution; **g)** Thus, INVU is not the body responsible for supervising, controlling, or granting construction permits for aqueduct and sewer systems or for rainwater or wastewater collection; that competence belongs to the ICAA, which grants a specific construction permit for the projected urbanization, and it is based on said permit that INVU ultimately approves the construction plans for the work; **h)** Furthermore, pursuant to Law 8220, INVU cannot question permits granted by other institutions in the exercise of their legal competences; **i)** AYA must approve the solution studies beforehand, and it is only based on these that INVU stamps the construction plans (Article VI.3.1 of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones); likewise, Article VI.3.4 of the same Regulation establishes the requirements and standards relating to the black water treatment system and others; these are set by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health, the legally competent bodies in the matter; **i)** The competence of INVU's Urbanism Directorate is limited to examining and unavoidably stamping the plans corresponding to urbanization or subdivision (fraccionamiento) projects for urbanization purposes, prior to their municipal approval (Article 10, subsection 2 of the Ley de Planificación Urbana), and it has never been INVU's competence to approve sewer or aqueduct plans or systems; **j)** Thus, it is clear that INVU's competence is limited to the approval of construction plans and verifying that they comply with the requirements indicated by the aforementioned regulation and that were published in La Gaceta No. 156 of August 16, 2002; **k)** As can be seen, INVU grants the approval (visado) of construction plans by verifying that urban infrastructure requirements are met, with the ICAA being the body responsible for establishing the specific requirements of its field and granting the approvals or endorsements within its competence; **l)** In the specific case of the San Martín Urbanization, when INVU approved the project, it was unaware of the ICAA Board of Directors' agreement; thus, the project's construction plans were presented to INVU with the prior approval of AYA regarding the sewer services. It requests that the appeal filed be dismissed.\n\n**4.-** Through a brief filed by the appellants, which appears at folio 084, they request that the amparo also be directed against the Municipality of Siquirres for not having annulled the urbanization permit and the approval (visado) of cadastral plans. Likewise, through a brief appearing at folio 087, it is reported that the cadastral plans were registered in July 2000, before INVU's approval (visado) in 2003.\n\n**5.-** Through a ruling at 10:33 on April 26, 2005, the Chamber expands the course of the appeal to include as respondent authorities the General Manager of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), the General Manager of the Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), the Mayor of the Municipality of Siquirres, the Minister of Environment and Energy, the Department of Waters and the Advisory Body on Waters of the Ministry of Environment and Energy, and the Minister of Health (folio 096).\n\n**6.-** CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ ECHANDI, in his capacity as Minister of Environment and Energy, and JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, in his capacity as Head of the Department of Waters of MINAE and Coordinator of the Advisory Body on Waters, report under oath (folio 097) that the reported facts are not attributable to MINAE, the Department of Waters, or the Advisory Body on Waters, since these offices were not aware of them prior to the request for this report, and in the case of the Advisory Body on Waters, it does not receive complaints; however, a visit by an official from the Department of Waters to the Caribbean Zone has been scheduled to conduct an evaluation and investigation of the reported facts in order to provide a detailed report to the Constitutional Chamber that supplements this report. By virtue of this, they request that the amparo appeal be dismissed.\n\n**7.-** FRANCISCO CUBILLO MARTÍNEZ, in his capacity as Vice Minister of Health, acting in this case as acting Minister of Health, reports under oath (folio 107) that according to information from the Director of the Health Rector Area of Siquirres: **a)** There is no file in the archives of the Health Rector Area of Siquirres, nor is there any record of the submission or processing of plans for the construction of the San Martín Urbanization; only individual processing of single-family plans exists; **b)** Upon conducting an inspection of the site, 16 houses with individual septic tanks were evident, and according to information gathered, the construction activities of the Urbanization are paralyzed, with the corresponding plans having been endorsed on February 21, 2003; **c)** The construction plans for the urbanization project were processed under code number 10-01-05(03) and were given sanitary approval (visado) on February 21, 2003; **d)** The project is owned by the company Proquisa San José s.a. and consists of 238 lots, a project that received the land-use endorsement from the Urbanism Directorate, which was authorized on July 4, 2002, via official letter PU-C-AT-865-2002; **c)** Regarding the proposed domestic-type wastewater treatment system, this urban development work was processed and approved for the use of septic tanks and drainfields; for this, the interested parties provided a percolation study concluding that the detected conditions are favorable for the use of this type of sanitary solution, and they attached a hydrogeological study concluding that the use of septic tanks and drainfields for the treatment of domestic wastewater in the San Martin II Urbanization Project is viable, since the risk of contaminating the groundwater is practically nil. Based on these facts, he requests that the appeal filed against the Ministry of Health be dismissed.\n\n**8.-** OLMAN CHACÓN GARITA, in his capacity as Deputy Manager with powers of a General Attorney-in-Fact without sum limit of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath (folio 143) that: **a)** Mr. Jorge Víquez Mora, representative of the San Martín II Urban Development Project, by letter dated June 11, 2002, requested an exemption for his company from the construction of the sanitary sewer system in said urbanization; **b)** In official letter OP-AS-02-174 of October 7, 2002, the Department of Groundwater issued a technical criterion, deeming that the request should be denied, given that a septic tank system with leachate drainage represents a high risk to the aquifers of the area; **c)** The Sanitary Sewer Exemption Commission analyzed the exemption file for the San Martín III Urban Development Project and agreed, through Recommendation No. 2002-0002 at 09:00 on November 26, 2002, to recommend to the General Management to deny the exemption for the sanitary sewer networks for failing to meet the requirements, a recommendation also made by the Legal Directorate of AyA; **d)** As affirmed by the appellants, the Board of Directors of AyA, through Agreement 2003-044, resolved to deny the request for exemption from the construction of sanitary sewer networks for the San Martín II Urban Development Project, for failing to meet the requirements of Board of Directors' Agreement AN-2002-114, since the septic tank system with leachate drainage represents a high risk of contamination to the aquifers of the area; likewise, the project developer was instructed to implement a sanitary sewer system that collects domestic wastewater and transports it to a system with primary and secondary treatment units to condition the same so that they are discharged with a quality below the established maximum permissible limits; **d)** Agreement 2003-044 was duly notified to the interested party on February 24, 2003, and to the Municipality of Siquirres for its knowledge on August 18, 2004, which in turn communicated it via official letter DE-139-04 dated September 2, 2004, to the Executive President of INVU; **e)** INVU proceeded to grant the respective approval (visado) based on a technical official letter that is not a Board of Directors' Agreement, despite the fact that by Agreement number AN-2002-114 of March 25, 2002, it clarifies that the appropriateness or not of sanitary sewer network exemptions will only be determined by a Board of Directors' Agreement; **f)** It is the Municipality of Siquirres that is responsible for verifying that the technical construction guidelines are respected in accordance with the communication made through Agreement 2003-044, which was negligent, with this Municipality being competent to order the annulment of all granted permits and to order the immediate closure of the works. **f)** Despite said resolution, the Developer did not comply with the indicated guidelines, and INVU and the respective Municipality did not give binding effect to the Agreement determined by AyA, allowing the use of septic tanks and individual drainage; **g)** Regarding AyA, within its competences, no interconnection permits or acceptance of works will be granted until the developer complies with the stipulations of Resolution 2003-044. It requests that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados be released from liability.\n\n**9.-** SERGIO SALAS ARIAS, in his capacity as General Manager with powers of a General Attorney-in-Fact without sum limit of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), reports under oath (folio 159) that: **a)** In July 2002, SENARA received the Preliminary Environmental Assessment Form (Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar, FEAP) number 383-02 in the name of Urbanización San Martín, with the cadastral plan missing; **b)** SENARA recorded said procedure in the database with number 404-2002 and responded via report ASUB-573-02 of July 31, 2002, recommending an evaluation of the risk of contamination of the aquifers through possible effluents generated by the septic tanks; **c)** SENARA has not received any study for the evaluation of the risk of contamination, and therefore, to date, it has not issued any favorable opinion accrediting it. It requests that the appeal be dismissed with respect to its represented entity.\n\n**10.-** JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, in his capacity as Head of the Department of Waters of MINAE and Coordinator of the Advisory Body on Waters, reports under oath (folio 170) that in order to supplement and fulfill the commitment indicated in the previous report, and having conducted a field inspection on May 6, 2005, according to report official letter IMN-DA-1102-2005: **a)** The Department of Waters is unaware if this project has complied with the environmental feasibility (viabilidad ambiental), given that, being an urbanization, the developer should have submitted to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) as well as provide the best systems to ensure adequate management of black and residual waters, ensuring safe management of its waters; **b)** It appears that the project is paralyzed or closed down by the Municipality, and it is unknown whether the septic tanks are really affecting the aquifers, and in view of the fact that the sanitary sewer system has not been built, it cannot be affirmed that there is an impact.\n\n**11.-** ARTURO CASTILLO VALVERDE, in his capacity as acting Municipal Mayor of the Municipality of Siquirres, reports under oath (folio 174) that: **a)** As a result of problems and complaints, through official letter number DE-139-04, the Municipality of Siquirres temporarily suspended the granting of construction permits related to the San Martín II Urban Development Project, until the complaints filed are clarified; **b)** On September 2, 2004, the ICAA notified them of the resolution rejecting the appeal for reconsideration against the agreement that denied the exemption for sewer networks; **c)** However, there are currently 17 dwelling houses duly finished and occupied, given that at the time, the construction licenses were granted because, apparently due to an internal irregularity, AyA granted a permit on January 16, 2003, according to official letter PU-C-D-1231-2004 signed by Eng. Aura Yee Orozco, Deputy Director of Urbanism, omitting the Board of Directors' Agreement; **d)** With the resolution to suspend construction licenses, measures for the protection of the aquifers were adopted in advance. It requests that the appeal filed be dismissed since they have taken the necessary corrective measures.\n\n**12.-** Through a ruling of the Investigating Magistrate at 11:34 on August 1, 2005, the course is expanded to include as respondents Nombre11 and the representatives of the San Martín II Urban Development Project. Nombre11 is requested to indicate whether the project has Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) and if official letter SG-004-2003-Nombre11 corresponds to that. The representative of the company Nombre10 s.a. is requested to indicate whether it has complied with the legal requirements for the construction of the San Martín II Urban Development Project. Furthermore, as evidentiary measure to better resolve, the Executive President of INVU, the Mayor of the Municipality of Siquirres, and the representative of the ICAA are requested to forward official letter No. PU-C-D-1231-2004 of January 16, 2003, where the ICAA's approval supposedly appears; in addition, the ICAA is asked for an explanation of the reasons why Board of Directors' Agreement number 2003-044 of February 3, 2003, was notified to the Municipality of Siquirres only until August 18, 2004, and to INVU until September 2, 2004 (folio 185).\n\n**13.-** MIGUEL QUIROS LEON, in his capacity as Municipal Mayor of Siquirres, reports that through INVU official letter No. PU-C-D-1231-2004 of September 17, 2004, INVU informed them that the ICAA had granted its endorsement to said urbanization (folio 192).\n\n**14.-** OLMAN CHACON GARITA, in his capacity as Deputy Manager with powers of a General Attorney-in-Fact without sum limit of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports (folio 200) that: **a)** He does not understand how INVU indicates in its letter to the Municipal Mayor of Siquirres that AyA had approved the San Martín II Project with official letter of January 16, 2003 (which appears at folio 16 of the file), since from reading that official letter, it is nowhere indicated that AyA had exempted the San Martin II Project from the construction of the sanitary sewer network, nor that the Urbanizer could build septic tanks; **b)** INVU and the Municipality of Siquirres were obligated to require the Urbanizer to present AyA's Board of Directors' Agreement and not wait to receive notification of that agreement.\n\n**15.-** BERNARDO LOPEZ GONZALEZ, in his capacity as Executive President of INVU, provides a copy of official letter of September 17, 2004 (folio 217).\n\n**16.-** The Office of the Investigating Magistrate consults on the legal domicile of the company Proquifa s.a. for the purpose of notifying it of the expansion of the course that appears at folio 185 (folios 221-222), and according to the record, the notifier appeared at said address, where they were told that the place is a photography studio (folio 224).\n\n**17.-** According to the record appearing at folio 225, it does not appear that from August 10 to December 7, 2005, Nombre11 filed any brief or document to render the report requested of it.\n\n**18.-** JORGE VIQUEZ MORA, in his capacity as legal representative of Construcciones Astorga s.a., and ANA LUCIA ASTORGA CASTILLO, in her capacity as legal representative of Nombre10 s.a., answer that: **a)** Construcciones Astorga s.a. executed the San Martín II Urbanization, with the owner of said project being Nombre10 s.a.; **b)** The idea was to bring a solution to the housing problem to the area by developing, but not building, the project; **c)** They initiated all consultations and procedures prior to the project's approval; one of them was directed to the ICAA aiming to resolve the exemption or not from the eventual construction of a sanitary sewer network, a request delivered on June 11, 2002; **c)** Initially, they were told a sanitary sewer was required, then on July 9, 2002, they requested a reconsideration, which was accepted, with the matter being sent to the Board of Directors; **d)** After the Reglamento de Organización y Servicio de la Ventanilla Única de la Dirección de Urbanismo was published on November 27, 2002, they learned of a note prepared by the Institute's Department of Urbanizations indicating that the project was approved, presuming that the Institute reviewed all documents and plans presented; **e)** On December 16, 2002, INVU issued the declaration of social interest for the project; **f)** On January 6, 2003, Nombre11 granted the resolution of Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) for the project, a study that was based on the plans where the individual septic tank alternative was included; **g)** In January 2003, they were told that the project was approved by the Department of Urbanizations; likewise, through note HU-ONM-2003-011, it declares that there is availability of potable water in the area; **h)** On February 24, 2003, they were notified of a Board Agreement rejecting the request for exemption from the construction of sanitary sewer networks, when by that date the project had already been approved; **i)** On March 3, 2003, they obtained the municipal construction permit, after presenting all the necessary requirements, a permit that was granted without any type of warning or requirement; **j)** For some reasons, the neighbors were misinformed, and when the faults began, they were told there was a risk of contamination of aquifers, which is not true; those responsible for the construction defects tried to shift their irresponsibility onto the project developer, which caused them considerable harm; **k)** The faults in the built houses are due both to the construction plans of each property and to the poor construction of the black water systems, and they are unrelated to the construction or not of a sewer system or to environmental damage. They consider that their actions did not harm any person, and they therefore request to be exempted from any liability in the matter.\n\n**19.-** The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nRedacted by Magistrate **Cruz Castro**; and,\n\n**Considering:**\n\n**I.- Object of the appeal.** The appellants consider that their right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated, and therefore they request that the permit granted by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo to the company Nombre10 S.A. for the construction of the Urbanización San Martín in Siquirres de Limón be annulled, because: **a)** INVU granted said permit without considering the resolution of the Board of Directors of Acueductos y Alcantarillados, which establishes that the use of septic tanks in said urbanization constitutes an imminent danger of contamination of the aquifers in the area, and **b)** The Municipality has only temporarily suspended the granting of new construction permits, without having annulled the urbanization permit and the approval (visado) of plans, as appropriate. The Investigating Magistrate expanded the course of this appeal to also include as respondents the Mayor of the Municipality of Siquirres, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy; as well as the representatives of the San Martín Urban Development Project, in order to analyze the possible violation of the right to a healthy environment resulting from the granting of the permits required for the construction of the San Martín Urbanization, despite not having the endorsement of the ICAA, which denied it due to the possible risk of contamination to the aquifers of the zone.\n\n**II.- Proven facts.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) That on **June 11, 2002**, Mr. Jorge Víquez Mora, representative of the San Martín II Urban Development Project, submitted to the ICAA a formal request to exempt the construction of sanitary sewer networks for the construction of an urban development project in Siquirres de Limón (folio 004, report at folio 143-144).\n\nb) That on **July 4, 2002**, through official letter PU-C-AT-865-2002, the Land Use Endorsement (Visto Bueno de Uso de Suelo) from the Urbanism Directorate of INVU was granted (report at folio 108, folio 112).\n\nc) That on **July 31, 2002**, through report ASUB-573-02, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) recommended, regarding the Preliminary Environmental Assessment Form (Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar, FEAP) in the name of the Urbanización San Martín, to conduct a **risk evaluation** of the contamination of the aquifers through possible effluents generated by the septic tanks.\n\nStudy not yet received, therefore there IS NO favorable opinion accrediting that the aquifers of the area will not be affected by the construction of the development (report at folio 159).</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>d) That on <span style=\"text-decoration:underline\">October 7, 2002</span>, through official communication OP-AS-02-174, the ICAA's Department of Subterranean Waters recommended denying the request, given that a septic tank system with leachate drainage represents a high risk of contamination to the aquifers of the area (report at folio 145, folios 152-157).</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>d) That through recommendation nº2002-0002 at <span style=\"text-decoration:underline\">09:00 hours on November 26, 2002</span>, the ICAA's Sanitary Sewerage Exoneration Commission recommended to the General Management that the exoneration from sanitary sewerage networks be denied to the San Martín residential development project because this represents a high risk of contamination to the aquifers of the area (folio 08, report at folio 145).</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>e) That the ICAA's Legal Directorate recommends denying the request filed by the applicant, by virtue of the technical study rendered by the Department of Subterranean Waters (report at folio 146).</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>f) That almost TEN MONTHS after the request was filed, <span style=\"font-weight:bold\">on <span style=\"font-weight:bold; text-decoration:underline\">February 3, 2003</span>, the ICAA's Board of Directors adopts agreement 2003-044 DENYING the request for exoneration from the construction of sanitary sewerage networks</span>,<span style=\"font-weight:bold\"> </span></span>notified on February 24, 2003, to the interested party and notified MORE THAN A YEAR AND A HALF after being adopted, on August 18, 2004, to the Municipality of Siquirres and on September 2, 2004, to INVU<span style=\"font-weight:bold\"> </span>(report at folio 147, folio 206-208).</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span style=\"font-weight:bold\">h) </span><span>That on <span style=\"text-decoration:underline\">February 21, 2003</span>, through official communication PU-C-AT-865-2002, the <span style=\"font-weight:bold\">Ministry of Health</span> granted sanitary approval (visado sanitario) to the plans, for which the developer provided a percolation study and a hydrogeological study, the latter concluding that <span style=\"font-style:italic\">“the use of septic tanks and drainage for the treatment of domestic wastewater in the San Martín II Residential Development Project is viable, since the risk of contaminating the groundwater is practically nil” </span>(report at folio 108, folio 021, 112, and 137).</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>i) That on <span style=\"text-decoration:underline\">February 28, 2003</span>, the Department of Urbanism of <span style=\"font-weight:bold\">INVU</span> approves the project, endorsing the urban development plans (planos urbanísticos) of the San Martín II project (folio 013, 021, and 075), arguing that the ICAA had approved the sewerage exoneration on January 16, 2003 (folio 019).</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>i) That on <span style=\"text-decoration:underline\">March 3, 2003</span>, the <span style=\"font-weight:bold\">Municipality</span> of Siquirres grants a construction permit for the San Martín II Residential Development (folio 021).</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>j) That MORE THAN A YEAR after being notified, on <span style=\"text-decoration:underline\">August 19, 2004</span>, Messrs. Jorge Víquez Mora and Ana Lucía Astorga Castillo, legal representatives of the companies called Construcciones Astorga s.a. and Proquifa s.a., developer and owner of the San Martín II residential development project in Siquirres de Limón, filed a motion for reconsideration (recurso de reconsideración) against the previous agreement 2003-044, which is rejected as untimely (folios 010-011).</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>k) That on <span style=\"text-decoration:underline\">September 17, 2004</span>, through <span style=\"font-weight:bold\">official communication PU-C-D-1231-2004, the Deputy Director of Urbanism of INVU, </span>Aura Yee Orozco,<span style=\"font-weight:bold\"> </span>informs the Municipal Mayor of the Municipality of Siquirres that the San Martín II project is approved by the ICAA on January 16, 2003, that INVU approves it on <span style=\"text-decoration:underline\">February 19, 2003,</span> that the Ministry of Health approves it on <span style=\"text-decoration:underline\">February 24, 2003</span>, and that it was subsequently endorsed by the Endorsement and Cadastre Unit (Unidad de Visado y Catastro) of INVU (folio 14, 060, and 143). </span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>l) That on <span style=\"text-decoration:underline\">September 2, 2004</span>, through official communication nºDE-139-04, the Mayor of the Municipality of Siquirres informs the Executive President of INVU of the indefinite suspension of the construction permits for the San Martín II Residential Development project by virtue of a memorandum from the ICAA informing of the denial of the request for exoneration from the construction of sewerage networks (folio 197).</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span style=\"font-weight:bold\">III.- Facts not proven.</span><span> The following facts of relevance to this resolution are not deemed demonstrated:</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>a) That there is absolute scientific and technical certainty that the operation of the San Martín II Development Project in Siquirres de Limón with a septic tank system with leachate drainage, without the construction of the sanitary sewerage network, does not contaminate, degrade, or affect the aquifer (manto acuífero) of the area.</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>b) That the ICAA approved the San Martín II Development Project on January 16, 2003, as appears on folio 213.</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>c) That INVU approved the San Martín II Development Project as of November 27, 2002, as stated by the representatives of the companies Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a. in their response at folio 230.</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>d) That the San Martín II Development Project had Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) on January 6, 2003, as stated in the response at folio 230, and that SENARA and Nombre11 had provided due follow-up to the San Martín II Development Project in Siquirres de Limón regarding the protection of the area's aquifers.</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>e) That INVU, the Ministry of Health, and the Municipality of Siquirres proceeded to verify, before granting the respective endorsements and permits, that the San Martín II Development Project in Siquirres de Limón had the ICAA's approval for exoneration from the construction of the sanitary sewerage network.</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span>f) That the representatives of the companies Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 complied with what was established by the AyA Board of Directors through agreement 2003-044, where the project developer was instructed to implement a sanitary sewerage system to collect domestic wastewater and transport it to a system with primary and secondary treatment units for the purpose of conditioning it to be discharged at a quality that falls below the permissible limits established in the Reglamento de Reuso y Vertidos de las Aguas Residuales.</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span style=\"font-weight:bold\">IV.- On the State's duty to protect the environment.-</span><span> The right to a healthy and balanced environment obliges the State to ensure adequate environmental protection; consequently, to take the necessary measures to prevent alterations produced by human activity from constituting harm to the environment. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or doubt regarding such—the guiding principles of Environmental Law require that precautionary measures deemed appropriate be adopted so that such impact does not occur, and even allow for the postponement of the activity in question, since once the harmful biological and social consequences have already occurred, subsequent coercion proves ineffective and would have nothing more than moral significance, as it would hardly compensate for the damage caused to the environment. In this line of thought, the precautionary principle (principio precautorio) obliges the Environmental Administration to carefully weigh whether human activity compromises the environment and to not grant authorization if the evaluations demonstrate that the activity may produce harmful or irreparable consequences for the environment. Therefore, the Costa Rican State is obliged to ensure and adopt measures that guarantee the defense and effective preservation of the environment. Constitutional Law requires the use of all available means—whether legal or factual—to preserve the environment. In environmental matters, all public officials and all individuals have the obligation to ensure its protection, such that an official cannot simply limit themselves to declaring a lack of jurisdiction. Article 50 of the Constitution obliges the State and other public institutions—including Municipalities—to actively intervene in protecting the environment. Ordinary law is responsible for developing the constitutional precept and for fostering, within its content, economic and social development in full compatibility with a healthy and ecologically balanced environment. The country currently has abundant developmental legislation, among which we can cite, inter alia: Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de la Flora, Fauna y Vida Silvestre, Ley de Uso de Manejo y Conservación de Suelos, Ley de Biodiversidad, Ley de Aguas, and Ley de Planificación Urbana. These regulations, and similar others that may be added, materialize the State's obligation to protect the environment as a fundamental right.</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span style=\"font-weight:bold\">V.- On the protection of aquifers (mantos acuíferos).- </span><span>This Chamber has already had the opportunity to analyze the constitutional protection of groundwater and aquifers. In this regard, resolution number 04-001923, of 14 hours 55 minutes on February 25, 2004, states: </span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span style=\"font-weight:bold\">“V.- SUBTERRANEAN WATERS.</span><span> In contrast to so-called surface waters, which flow across the earth's crust and can be subject to common or special uses, there are subterranean waters. Subterranean waters are those found beneath the earth's surface, occupying the empty spaces in the soil or rocks; their most important source is rainwater infiltration into the soil. The soil, for its part, is composed of two levels, which are as follows: a) Upper level or zone of aeration, in which the empty spaces are occupied by air and the infiltrated water descending by gravity; and b) another level beneath this called the zone of saturation, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The waters contained within the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, are called aquifers or subterranean water bodies. The hydraulic gradient is the difference in altitude between two points on the same water table—phreatic level—in relation to their horizontal distance; the velocity of subterranean water movement depends, essentially, on the hydraulic gradient. Subterranean waters are an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water in the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of this 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to subterranean waters, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the main source of public supply is subterranean water, as opposed to surface water, which is notably exposed to contamination and degradation due to harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. In the particular case of our country, it has been estimated that the potential annual recharge (recarga) of subterranean water is approximately 47,000 million cubic meters per year, representing 20% of precipitation; likewise, it has been calculated that of the 750,000 cubic meters of water used daily for human consumption, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from subterranean water intakes. The consumption and use of subterranean water, compared to surface water, presents evident and clear qualitative and quantitative advantages, such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable subterranean water is made gradually, depending on the increase in demand for the service, and the catchment areas can be located near the place where the demand occurs, all of which reduces conduction, treatment, and storage costs; b) the natural physical-chemical quality of subterranean water is more constant than surface water and is potable with little or no treatment; c) since soil or rock exists above subterranean waters, they are more protected from contamination of natural or human origin; d) variations in quantity and availability during dry or rainy seasons are minimal compared to those of surface waters; e) they constitute a strategic reserve to face emergency situations due to public calamity, internal disturbance (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.), or war.</span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span style=\"font-weight:bold\">VI.- SUBTERRANEAN WATERS AND FUNDAMENTAL RIGHTS. </span><span>The subject of subterranean waters is intimately linked to several fundamental rights enshrined in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in its Article 50, enunciates the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Likewise, access to potable water ensures the rights to life—\"without water, life is not possible,\" affirms the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968—to people's health—indispensable for their food, drink, and hygiene—(Article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure each individual a dignified well-being and quality of life (Article 33 of the Political Constitution and Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development on a large scale. Consequently, the protection and exploitation of subterranean water reservoirs is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the proper development of any people. In 1995, it was estimated that 1 billion inhabitants lacked access to potable water, and it is calculated that by the year 2025, approximately 5.5 billion people will experience water scarcity, with between 5 and 10 million people dying annually due to the use of untreated water. Furthermore, the duty to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited has now been recognized (sustainable development), so that the needs of the present must be met without compromising the ability of future generations to meet their own needs (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological perspective, is a precious good, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and constitutive element for the maintenance of natural ecosystems—non-contaminating or environmentally compatible water use. </span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span style=\"font-weight:bold\">VII.- LEGAL NATURE AND REGIME OF SUBTERRANEAN WATERS, AQUIFERS, AND RECHARGE AREAS: PUBLIC DOMAIN ASSETS. </span><span>In our legal system, there is no single, systematic, and coherent regulatory body that comprehensively governs the protection, extraction, use, management, and efficient administration of water resources. Additionally, the scarce existing legislation focuses predominantly on surface waters, overlooking subterranean waters. As is characteristic and inherent to Administrative Law, a normative dispersion and a fragmented, chaotic, and ambiguous set of sectoral regulations governing specific aspects can be observed in this matter, leaving serious gaps and antinomies, all of which also seriously hinders environmental management by the public entities responsible for the matter. Obviously, the scarce regulation of subterranean waters is no exception to the aforementioned rule. In Water Law, various theses have been maintained regarding its legal nature—the variation of which depends on historical evolution. Thus, subterranean waters have been considered (a) private assets, such that they are a res nullius appropriable by the person who discovers them (alumbrador), that is, by the owner of the land where they arise, following the Roman Law maxim according to which property extends from the sky to the inferno. Nineteenth-century regulations on water resources (e.g., the Spanish Ley de Aguas of 1879, which inspired many Latin American legislations, including our Ley de Aguas of 1942) would give subterranean waters the character of (b) mixed assets, so that those discovered by the owner of a private piece of land will be private, and those arising on public domain land, or the former after their owner has used them, will be public. Finally, beginning in the 20th century, many legislations begin to classify all subterranean waters as (c) public domain assets, based on the undoubted unity of the hydrological cycle, thereby becoming part of what has been called the \"hydraulic public domain\" (dominio público hidráulico) as part of the natural and not artificial domain; this position conceives water as a unitary resource subordinated to the general interest, such that no distinction should be made between surface and subterranean waters, since they are intimately linked to maintain their quality and quantity. According to this last thesis, subterranean waters are not appropriable by any private individual, and their classification as public domain assets constitutes sufficient title to subject them to a very strong and intense administrative intervention regime to guarantee their integrity and quality and to separate them from the modes of acquisition and enjoyment typical of Private Law. In our legal system, based on a series of dispersed norms, the legal nature of subterranean waters can be determined, with evident variations according to the historical-legislative evolution. The Ley de Aguas No. 276 of August 27, 1942, and its reforms, in its Article 1, subsections IV, VIII, and IX, classifies, respectively, as public domain waters: \"Those from (...) springs (manantiales) (...)\", \"Those from springs that flow on beaches, maritime zones, channels, basins, or banks of national property and, in general, all those that arise on public domain lands,\" and \"Subterranean waters whose discovery (alumbramiento) is not made by means of wells,\" since Section 4, Subsection III, of that legal text deems private domain—and, therefore, belonging to the owner of the property—\"Subterranean waters that the owner obtains from his own land by means of wells,\" with the surplus—from wells concessioned to obtain water for non-domestic purposes and ordinary needs—that leaves the land becoming public domain waters. Evidently, the Ley de Aguas of 1942 follows a mixed thesis regarding the legal nature of subterranean waters, since it combines the res nullius and, consequently, appropriable character of these if discovered on private lands, with the public domain character if they arise on land owned by a public entity. It would be two subsequent laws, enacted during the last quarter of the past century, that tacitly reformed or modified what was established in Articles 1, subsections IV, VIII, and IX, and Article 4, Subsection III, of the Ley de Aguas. In reality, these two new regulatory instruments fall within the contemporary trend of conceiving subterranean waters as public domain assets by virtue of the unity of the hydrological cycle, and therefore serve as sufficient enabling title to admit a strong administrative intervention regime to conserve the quantity and quality and ensure the rational and sustained exploitation of water resources. Thus, the Código de Minería, Law No. 6797 of October 4, 1982, and its reforms, in its Section 4, provided the following: \"(...) mineral springs and waters, and subterranean and surface waters, are reserved for the State and may only be exploited by the State, by private parties in accordance with the law, or through a special concession granted for a limited time and subject to the conditions and stipulations established by the Legislative Assembly (...)\", thereby effecting a publicization and nationalization of all subterranean waters in the country, including those discovered by means of a well located on private property for domestic use or ordinary needs. Subsequently, the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 of October 13, 1995, and its reforms, in Section 50—whose heading is \"Public domain of water\"—reinforced this declaration of public domain status and stipulated that \"Water is of public domain; its conservation and sustainable use are of social interest.\" This legislative instrument entails an express designation of continental waters (surface and subterranean waters—by not distinguishing between them) to the public domain of the State and classifies their protection, preservation, or conservation and sustained or rational use as of social interest, thereby paving the way for eventual expropriations or limitations for reasons of social interest (Article 45 of the Political Constitution). </span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span style=\"font-weight:bold\">VIII.- AQUIFERS, RECHARGE AND DISCHARGE AREAS.</span><span> An aquifer (acuífero) is a stratum or geological formation (unconsolidated deposits of loose materials such as sands, gravels, mixtures of both, sedimentary rocks such as limestone, volcanic rocks, etc.) that allows the circulation of water through its pores or fissures, such that humans can utilize it in economically appreciable quantities to meet their needs. In a very broad sense, aquifers are geological formations that contain water, have contained it, and through which water flows or circulates. Two of the hydrogeological parameters for defining the functioning of an aquifer—relationship between recharge (recarga) and water extraction or discharge (descarga)—are porosity or permeability—hydraulic conductivity—and the storage coefficient. There are a series of geological formations that should not be confused with aquifers; thus, (a) aquicludes (acuícludos) are geological formations that contain water in their interior but do not transmit it, impeding its exploitation. Regarding the non-renewable, fossil, dead, stagnant, or non-flowing subterranean water contained in these, there is no doubt whatsoever that they are also of public domain, given that Articles 4 of the Código de Minería and 50 of the Ley Orgánica del Ambiente do not distinguish between subterranean and surface waters, much less between renewable and non-renewable subterranean waters, such that they cannot be conceived as a res nullis susceptible to appropriation by the private discoverer. (b) An aquitard (acuitardo), for its part, comprises a set of geological formations that contain appreciable quantities of water but transmit it very slowly. Finally, (c) an aquifuge (acuifugo) is that geological formation that neither contains water nor can transmit it. Regarding the typology of aquifers, hydrogeology classifies them, according to the hydrostatic pressure of the water enclosed within them, as follows: a) free, unconfined, or phreatic aquifers (acuíferos libres) in which there is a free surface of the water enclosed within them in direct contact with the air; their water table is at atmospheric pressure and is not bounded by an impermeable layer; and b) captive, confined, or pressure aquifers (acuíferos cautivos) in which the water is subjected to a pressure higher than atmospheric pressure. There is also the subcategory of perched aquifers (acuíferos colgados), which are free aquifers with limited spatial distribution and temporary existence. The natural recharge (recarga natural) of aquifers is produced by the volume of water that penetrates them over a period of time due to the infiltration of rainfall or a watercourse (e.g., influent rivers). Recharge areas (áreas de recarga), consequently, are all the zones of the land surface where rainfall infiltrates the soil until reaching the saturation zone, incorporating into the aquifer. The Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 3, subsection l), defines aquifer recharge areas as \"The surfaces on which infiltration occurs that feeds the aquifers and river channels (...).\" Natural discharge (descarga natural) is the volume of water that, over a period of time, naturally leaves the aquifer through surface, subfluvial, or submarine springs, by evapotranspiration, or by vertical percolation to lower aquifers. Artificial discharge (descarga artificial) is produced through the extraction of water by means of wells, trenches, ditches, or tunnels. Groundwater discharge areas (áreas de descarga) comprise all those points where the water table or phreatic level intersects the land surface—springs, sources (nacientes), seepage—the course of a river, or marine or lacustrine beds. </span></p><p style=\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\"><span style=\"font-weight:bold\">IX.- TYPOLOGY OF AQUIFERS IN COSTA RICA.</span><span> In our country, two types of aquifer families are recognized: a) Volcanic or fissured, formed in igneous rocks (volcanic and intrusive), representing the largest and best quality ones; and b) Sedimentary or granular, in surface formations. Regarding the first type, it should be noted that igneous rocks naturally have no permeability; they possess a secondary porosity originating from the presence of fractures or fissures caused by cooling or tectonic events (areas linked to geological faults), through which they acquire hydrogeological suitability. This type of aquifer arises in high-altitude areas where precipitation is high and volcanic rocks particularly exist; well-known and studied examples include the aquifers of the Central Valley (e.g., Upper and Lower Colima and Barva). From a hydrogeological perspective, our country presents ideal and exceptional conditions for the rational and measured exploitation of subterranean waters, since the Central Volcanic Cordillera is constituted of volcanic soils with a high natural infiltration capacity, provided they have not been compacted or eroded by human activities, whereby they fulfill an essential function in regulating surface water runoff and aquifer recharge (recarga). The high permeability of the fractured and brecciated lava layers and the high rainfall conditions favor the formation of high-potential aquifers. The existing tuffs, in turn, behave as rocks of low permeability that allow the constitution of aquitards, which form the base of the aquifers and permit the vertical transfer of water between them. </span></p>\n\nThe location and geomorphology of the Cordillera Volcánica Central, with all its aquifers, is a primary source of water to meet the needs of at least half of the country's population, including the Gran Área Metropolitana and neighboring populations. The use of groundwater in this area is carried out through wells or the capture of springs (manantiales) for domestic, industrial, and agricultural uses. In the Cordillera Volcánica Central, by 1996, SENARA had registered 3,460 wells for various uses and 353 springs for public supply used by the ICAA, municipal corporations, rural aqueduct management associations, and other entities. This type of aquifer has also been located in the Liberia and Bagaces formations (Provincia de Guanacaste). It is fully established that this type of aquifer, due to its petrophysical characteristics, is more vulnerable to contamination in its recharge areas when they are not in protected or reserved zones and are exposed to anthropic activities such as deforestation, uncontrolled urbanization, and intensive and extensive agricultural activities involving the use of pesticides and agrochemicals, thereby being exposed to a dangerous and slow degradation of their environmental quality. Surface aquifers are composed of layers of unconsolidated rocks of recent and diverse origin; they are alluvial fills of some valleys that can reach thicknesses from a few meters to one hundred meters, are separated from the surface by a thin and permeable soil layer, and are therefore highly vulnerable to contamination, especially when located beneath areas of anthropic occupation (urban, industrial development, or agricultural crops). This type of aquifer is exploited in the Central Pacific region, such as the alluvial fill of the Valle del Río Barranca, which contains two coastal aquifers: Barranca and El Roble.\n\n**X.- CONTAMINATION OF GROUNDWATER.** Unlike the contamination of surface water, which is usually obvious and visible, allowing for environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, the contamination of groundwater, by its very nature, often goes unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Due to the slow circulation of water, the absorption capacity of the terrain, and other factors, aquifers can take a long time to show contamination. Additionally, the large volume of water contained means that extensive contamination takes a prolonged period to manifest itself, or localized contamination is detected when it flows at some exploitation site. Certainly, this type of water has a resistance to contamination; however, when this occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and is sometimes irreversible due to the high cost of the means to do so. It has been demonstrated that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer to achieve potable water levels again have not been successful; cleaning technologies have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very expensive. To the above must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources—in this last case, duly trained to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact extent of its contamination. The degradation and contamination of aquifers impose on the legislator and public administrations the urgent and non-deferrable task of protecting them. Groundwater contamination can be direct or indirect; it is of the first type when contaminating substances are introduced directly into the aquifer, as in the case of cesspools (pozos negros) or injection wells (pozos de inyección); it is of the second type when dilution occurs through contamination of the natural recharge. Contaminating agents can be of very diverse kinds, that is, mineral, degradable organic (excreta and purines), slightly or non-degradable organic (pesticides, detergents, hydrocarbons), biological (bacteria, viruses, algae), radioactive, and gaseous. The contamination of aquifers depends on the geological, hydraulic, and chemical conditions of each place or site, so it is a function of local factors, which is why knowledge of each zone and the study of similar cases is required. The origins of aquifer contamination can be of very diverse kinds, such as the following: a) contamination from domestic activity, which is organic and biological and arises from septic tanks (tanques sépticos), leaks from the sewer system, discharge of blackwater, to which must be added the increase in chemical products for domestic use such as detergents; b) contamination from agricultural activities, here we have the use of artificial fertilizers based on nitrates, phosphates, and potash or natural fertilizers—based on manure—, irrigation with residual water and high salinity, and the use of pesticides (insecticides, herbicides, and pesticides); c) contamination from livestock farming, essentially organic and biological, similar to domestic contamination but more intense in the case of intensive farms; d) contamination from surface water, when it recharges and is, in turn, contaminated; e) contamination from saline intrusion, occurring when marine and saline waters are introduced in coastal regions due to overexploitation of coastal aquifers through wells; f) contamination from mining activities—mineral—, related to evacuations of mine water and mineral washing facilities; g) contamination from industrial activities, this type is as varied as the type of industry that causes it, being especially harmful those caused by heavy metals from the metallurgical industry, as well as from the chemical, petrochemical, food (organic substances), and beverage (detergents) industries; h) contamination from nuclear activities, although exceptional in our environment, can come from plants treating irradiated fuels and radioactive minerals, and from medical activity; i) contamination through poorly constructed wells, wells can interconnect several aquifers and, when they have broken or corroded casings at levels of poor-quality water or that allow the entry of surface water, can cause it; j) contamination through the discharge of wastewater via cesspools, septic tanks, leaks from the sewer network, or indiscriminate discharge into the hydrographic basins (cuencas hidrográficas); k) contamination from solid waste discharge, occurring when a sanitary landfill (relleno sanitario) is built on permeable or non-waterproofed land through leachates (lixiviados); l) contamination from poorly planned, constructed, or used injection wells—a form of utilizing the subsoil as a waste repository.\n\n**XI.- GROUNDWATER CONTAMINATION IN THE VALLE CENTRAL OF COSTA RICA.** The main threats of aquifer contamination in Costa Rica, and consequently of groundwater, are constituted by two factors: a) population growth and uncontrolled urban expansion over recharge areas, phenomena that generate leachates from solid and liquid waste of domestic and industrial origin, the inability of soils to infiltrate, the waterproofing (impermeabilización) of recharge zones, and the overexploitation of aquifers; b) the use of agrochemicals in intensive agriculture of coffee, bananas, cotton, ornamental plants; and c) waterproofing of recharge areas due to land-use changes (cambios en el uso del suelo), deforestation, and extensive livestock farming. In the case of the aquifers that supply the Gran Área Metropolitana (Colima Superior e Inferior, La Libertad, and Barva), evidence of some bacteriological and industrial contamination impact, and an increase in nitrates, has been observed due to urban expansion and intensive agriculture in the recharge areas. Regarding nitrates, despite the good physico-chemical and bacteriological quality of the water, a tendency towards an increase in nitrate concentrations has been detected, down the hydraulic gradient, indicating that the groundwater is being affected, directly or indirectly, by the discharge from septic tanks and the use of nitrogenous fertilizers used in vegetable crops and coffee plantations. Similarly, an overexploitation of groundwater due to concentrated extraction has been detected, which has caused a decline in water levels and in the flow of springs (manantiales), and an eventual waterproofing of the recharge areas, since the aquifers are located in the areas of greatest urban growth with accelerated housing development through subdivisions (urbanizaciones), the effects of which, it is estimated, would be significant if an area greater than 20% of the recharge area is waterproofed.\n\n**XII.- PROTECTION OF GROUNDWATER.** Given the characteristics of contamination in aquifers intended for public supply and their difficult regeneration, measures to prevent contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in specific zones or by ordering safety measures on certain potentially contaminating activities. Our legal-administrative framework (legislation, regulations, and decrees) unfortunately lacks precise, clear, and complete regulation for the protection of aquifers, recharge zones, and groundwater catchment areas. In foreign legislation (e.g., Spanish Water Law 29/1985 of August 2), some extraordinary powers of administrative intervention in the water economy are foreseen that directly concern the protection of aquifers, in pursuit of achieving sustained use of water resources, that is, to guarantee water availability in sufficient quantity and required quality to meet present and future human and ecological needs. These extraordinary administrative powers, which must be admitted in our legal system—despite their lack of regulation—as implicit in the express and general competence for the protection and conservation of groundwater attributed to the State and the decentralized entities of the water sector, are based on the need to achieve rational and balanced water use. The scarcity and degradation of the natural conditions of the water resource impose the administrative possibility of adopting such measures to avoid its depletion or irreversible deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that a water crisis (crisis hídrica) may generate. This type of administrative measures implies various restrictions and drastic controls on the multiple uses or exploitations of water—especially general or special private uses—and on pre-existing activities that may affect the resource, as they are justified by a public interest, and therefore do not affect the right to property or the integrity of the patrimony. In essence, such measures must be considered limitations of social interest that do not empty the content of the right to property or expand public domain over groundwater without prior compensation, but rather mold its essential content, and therefore must be borne, as a sacrifice or a general burden, by all users, who are, ultimately, the beneficiaries of these measures, as they are aimed at correcting a conjunctural situation of scarcity or imminent contamination that affects the economy of the water resource in a specific area. Such administrative intervention measures, virtually contained in articles 32 of the Ley de Aguas of 1942 and 10° of the Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 of April 29, 2002), may be the following:\n\na) **Protection perimeters for aquifers:** One of the most innovative instruments in the protection of water resources is the definition of protection perimeters (perímetros de protección) for the conservation of the resource and its surroundings. This administrative intervention measure seeks to preserve the quality and quantity of the contained water, but also of its container, that is, the geological formation called the aquifer. This activity consists of projecting and tracing on the surface a demarcation under which an aquifer or part of it lies, in which a specific regime for the use of the hydraulic domain is established—ordering and restriction of pre-existing water concessions, impediment to granting new ones—and for controlling activities and installations that may affect it—through authorizations— (e.g., mines, quarries; urban activities including septic tanks, cemeteries, sanitary landfills—storage, transport, and treatment of solid and liquid waste—; agricultural and livestock activities with the deposit and distribution of fertilizers and pesticides, irrigation with residual water, and farms; industrial activities with storage, transport, and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical, and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.). Evidently, the definition of perimeters by national authorities—MINAE and ICAA—must be respected by local governments (Municipalidades) and INVU (given its residual competence in urban planning matters in the absence of local regulatory plans) to compatibilize, develop, and effectively reflect the conditions established in the definition of protection perimeters in the regulations contained in the respective Regulatory Plans (Planes Reguladores) on land use or territorial planning (e.g., zoning regulations, construction regulations, etc.). Obviously, to the above must be added protection around catchment areas (wells—PPP: wellhead protection perimeters—, springs, springs (nacientes), etc.), through the definition of a surrounding zone in which certain human activities are prohibited or limited, regulating or controlling land use. The determination of the perimeter depends on the well's capture zone or capture zone (ZOC) and its extension depends on the characteristics and properties of the catchment area and the recharge terrain, since the rules cannot be the same for permeable or fractured terrains as for those with impermeable formations. The definition of perimeters must be combined with vulnerability or natural susceptibility mapping of supply aquifers to anthropic contamination loads, based on their hydrogeological and geochemical characteristics, in the face of anthropogenic contamination problems, which is achieved through mapmaking. Both measures, protection perimeters and vulnerability mapping, are suitable for being able to relocate in time a specific type of activity, the supply source, or, ultimately, introduce technical methods and instruments for the treatment and disposal of contaminating agents. The measures to be taken based on the perimeters and vulnerability mapping vary depending on whether it is (a) an area without territorial occupation, being useful for defining which activities may or may not be installed in the future; (b) areas already occupied, in which case a mapping of natural vulnerability and areas with greater susceptibility to contamination is carried out, being possible, in the face of the threat of a high contamination index, to relocate activities, supply sources, and introduce technology for the treatment and disposal of contaminants; (c) areas already contaminated, for which alternative sources can be sought, the spread of contamination plumes (plumas de contaminación) can be avoided, and, if possible, due to its high cost, the aquifer waters can be treated after extraction; (d) areas for new catchments, in which case the potentially contaminating activities and the impact area of each of these must be inventoried.\n\n**b) Declaration of an overexploited aquifer:** The overexploitation of an aquifer occurs when extraction or exploitation is so intensive—discharge—and strong that it exceeds the volumes of the recharge, causing the water reserves of the aquifer to progressively diminish and degrade. Overexploitation causes disastrous economic and natural effects; among the first, users may experience increased extraction costs—more energy to make the same amounts of water flow or expenses to re-deepen a well to reach the water level—, depletion of wells located in the peripheral areas of the aquifer and in the areas of greatest concentration of drillings; among the effects of a natural character are the reduction in water flows in springs (manantiales), rivers, streams, creeks, lagoons, lakes, and wetlands, endangering their existence, and the affectation of the capacity of geological formations—aquifers—to store water by decreasing the interstitial space in the rocks due to the lack of internal pressure provided by the water, land subsidence by compaction, with alteration of the aquifer, the appearance of cracks, and slope sliding. In the hypothesis of aquifer overexploitation, the competent administrative authority can declare this state to reverse the state of affairs through an ordering, restriction, and distribution of pre-existing extraction or exploitation to achieve rational exploitation and the immediate suspension of new requests or modifications of concessions pending at that time. Of course, saving and good-use measures for resources can also be implemented, such as the treatment and purification of residual water to be reused in the irrigation of certain crops, drip or night irrigation systems to mitigate the effects of evapotranspiration, artificial recharge, etc.\n\n**c) Declaration of an aquifer in a process of saltwater intrusion:** An aquifer is estimated to be in a process of salinization when, as a direct consequence of extraction, generalized and progressive increases in the saline concentration of the captured water are recorded, posing the danger of it becoming unusable. Salinization implies a reduction in the thickness of the freshwater layer under which marine water ascends, so that the water from wells ceases to be potable and even becomes useless for domestic or irrigation uses, with the recovery of the aquifer being very difficult or almost impossible. This problem, which could occur in our country, especially in overexploited coastal aquifers—intrusion of maritime origin—gradually or generally, although continental origin intrusion cannot be ruled out in other spots. The cause of saltwater intrusion lies in irrational exploitation or overexploitation, so measures similar to those provided for when that problem occurs must be implemented, such as the ordering, restriction, and distribution of pre-existing exploitation or uses and suspension of new requests or modifications of concessions.\n\n**d) States of necessity and water crisis:** In anomalous, exceptional, and conjunctural circumstances that cause a public calamity or internal commotion (e.g., extraordinary droughts, serious overexploitation of aquifers, or generalized saltwater intrusion thereof), the State—through the Poder Ejecutivo—and, based on the principle of necessity, can adopt the necessary and suitable measures regarding the utilization of the public hydraulic domain to overcome this state of affairs or prevent it from worsening. When the state of necessity ceases and normality is restored, other types of measures can be adopted, such as those previously set forth (protection perimeters, declaration of overexploited aquifers or aquifers in a salinization process).\n\n**XIII.- LEGAL PROTECTION OF GROUNDWATER IN COSTA RICA.** Article 31 of the Ley de Aguas No. 246 of August 27, 1942, declares as \"reserva de dominio a favor de la Nación\" the following: \"a) The lands that surround the catchment sites or potable water supply intakes, within a perimeter of no less than two hundred meters in radius; b) The forest zone that protects or must protect the set of lands where the infiltration of potable waters occurs (...)\". This declaration is of utmost importance, since from it arises the obligation of the State, through its competent bodies, to fix and determine the perimeter protection areas of the wells or catchment areas—of 200 meters—and, of course, of the recharge areas of the aquifers—the zone where \"the infiltration of potable waters occurs\"—that have or must have a forest layer for their protection, which are so sensitive for their conservation and protection. Likewise, based on such an express affectation, the State can exercise replevin and possessory actions to guarantee the indemnity of these zones and remove them from all types of contamination, subjecting them to a strong regime of land use control, an attribution that, very probably, it has omitted to exercise in a timely and exact manner. Numeral 32 of the Ley de Aguas of 1942 establishes that \"When in an area larger than the previously indicated there exists a danger of contamination in surface or groundwater, the Poder Ejecutivo, through the Sección de Aguas Potables—currently ICAA— (...) shall prescribe in said area the measures it deems opportune to avoid the danger of contamination\"; this norm imposes an unavoidable duty of collaboration and cooperation on the Poder Ejecutivo with the ICAA to adopt all opportune and convenient administrative acts and measures to avert the danger of contamination in an area larger than the protection perimeters of the aquifer recharge areas and catchment zones. The content of the norm is highly significant and rich, since it empowers the State to adopt any opportune measure to avoid the irreversible damages and losses that a state of emergency due to a water crisis (crisis hídrica) could cause. Evidently, this is also a competence that has not been exercised responsibly or has been underutilized. The Ley General de Agua Potable, No. 1634 of September 18, 1953, in its Article 2°, establishes that \"All those lands that both the Ministerio de Obras Públicas and the Ministerio de Salubridad Pública—organs of the Poder Ejecutivo that were substituted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados by virtue of its Ley de Creación No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms, and, more specifically, Article 2°, subsection h), which entrusted it with enforcing the Ley General de Agua Potable—consider indispensable to build or to situate any part or parts of the potable water supply systems, as well as to ensure the sanitary and physical protection, and necessary flow of the same (...)\", evidently, this norm has enormous transcendence, since the catchment areas that may include the springs or springs (nacientes)—a form of natural discharge of groundwater—are declared public domain, and, what is more important, it grants the condition of demanial property (bien demanial) to all those lands necessary to ensure sanitary and physical protection and their flow, which necessarily includes the recharge areas of the aquifers clearly delimited through the perimeter-setting activity already indicated, since the lack of protection of these zones necessarily impacts the quality—by contamination—and flow—by waterproofing or overexploitation—of the waters for human consumption and use that flow from a spring. The Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 33, subsections a) and d), respectively, provides that areas of protection are \" (...) those bordering permanent springs, defined within a radius of one hundred meters measured horizontally\" and \"The recharge areas and aquifers of the springs, whose limits shall be determined by the competent bodies established in the Regulation of this law\", evidently these norms give support to the administrative activity or intervention to define the protection perimeters of the aquifers and catchment zones. The Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of October 13, 1995, in its Article 51, indicates that for the conservation and sustainable use of water, the following criteria, among others, must be applied: \"a) Protect, conserve, and, to the extent possible, recover aquatic ecosystems and the elements that intervene in the hydrological cycle\", \"b) Protect the ecosystems that allow the regulation of the hydrological regime\", and \"c) Maintain the equilibrium of the water system, protecting each of the components of the hydrographic basins\". Thus, the need to protect and conserve the integrity and unity of the hydrological cycle is established without making distinctions, which especially includes groundwater. Finally, Articles 5°, subsection e), final paragraph of the Ley de Creación del ICAA (No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms) and 15 of the Ley de Creación del SENARA (No. 6877 of July 18, 1983, and its reforms) crown the regulatory framework for the institutional protection of groundwater by stating, respectively, \"The lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions made necessary in the catchment, are declared of public utility and social interest, and may be expropriated (...)\" \"The actions promoted by the State are declared of public interest, with the object of ensuring the protection and rational use of waters (...)\". In the legal-administrative water framework, we will also find a series of obligations and burdens imposed on private parties and public law subjects—public entities and bodies—for an adequate protection of the underground and surface public hydraulic domain. Thus, the Ley de Aguas of 1942 and other legislative bodies establish a series of prohibitions and obligations for the owners and users of springs—which are a component of an aquifer's discharge area—, such as the following: a) users or concessionaires must conform to police and health regulations regarding surplus waters that are returned to a spring to avoid contamination or stench—failure to do so may result in the loss of the special exploitation and a fine—(Articles 57 and 166, subsection III, ibidem), in a concordant manner, the Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 of October 21, 1992, in its Article 132, paragraph 1°, prohibits \"(...) throwing wastewater, blackwater, waste, or any contaminating substance into springs, rivers, creeks, permanent or non-permanent streams (...) lakes (...)\" and imposes a fine of 50,000 to 100,000 colones, convertible into a prison sentence of one to two years, on those who fail to comply with the norm. b) The construction of ponds for fish farms in springs intended for the supply of populations is prohibited (Article 63 ibidem). c) Owners of lands where there are springs on whose contours the forests that provided them shelter have been destroyed are obliged to plant trees on the banks at a distance of no more than 5 meters (Article 148 ibidem). d) Destroying, both in national and private forests, the trees located less than 60 meters from springs that originate in the hills or less than 50 meters from those that emerge on flat terrain is prohibited (Article 149 ibidem); the Ley Forestal, No. 7575 of February 13, 1996, provides, in its Article 34, in a coincident manner, that \"The cutting or elimination of trees in the protection areas bordering permanent springs and recharge areas and the aquifers of the springs is prohibited\". e) Every request for the exploitation of live water, currents, and springs must be addressed to the Ministerio de Ambiente y Energía with the presentation of a series of requirements (Article 178 ibidem).\n\nRegarding the public entities and bodies that have competence and responsibilities in matters of protection of underground waters, a series of obligations and prohibitions are established such as the following: a) Municipalities are prohibited from alienating, mortgaging or otherwise encumbering, leasing, giving in usufruct (esquilmo), lending or exploiting on their own account —especially if it involves deforestation— the lands they own or acquire on the banks of rivers, streams or springs (manantiales) or in hydrographic basins or watersheds where springs (manantiales) emerge or where they have their origins (articles 154 and 155 ibidem). b) Municipalities are obliged to reforest such lands (article 156 ibidem). c) Every Municipality, Board of Education, Board of Social Protection and, in general, every “public body”, is obliged to consult the Ministry of Agriculture to obtain the respective permit to alienate, mortgage, lease, grant in usufruct (esquilmo) or exploit on their own account lands they own or acquire in which there exist usable public-domain waters (article 157 ibidem). The General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973 and its amendments, for its part, contains specific norms for the effective protection and conservation of underground waters; thus article 275 stipulates that “Any natural or legal person is prohibited from contaminating surface, underground (...) waters directly or indirectly, through drainage or the voluntary or negligent discharge or storage of liquid, solid or gaseous waste or residues, radioactive or non-radioactive, black water or substances of any nature, which, altering the physical, chemical and biological characteristics of the water, make it dangerous to the health of people, terrestrial and aquatic fauna or unusable for domestic, agricultural, industrial or recreational uses.”; for its part, numeral 276 establishes that only with a permit from the Ministry may drainage be carried out or the discharge of solid or liquid waste or residues or others that could contaminate surface, underground, or maritime water be proceeded with, “(...) conforming to the regulatory safety norms and conditions and the special procedures that the Ministry imposes in the particular case to render them innocuous”. Articles 285 and 291 of that regulatory body, respectively, oblige every person to eliminate excreta and black water in an adequate and sanitary manner to avoid “contamination of the soil and of natural water sources for human use and consumption” and prohibit the discharge of industrial waste or waste from health establishments into the sewer system to “avoid contamination of water sources or courses”. Finally, article 309 of that law establishes that the Ministry of Health will approve the project for developers, among other things, if it “(...) has adequate sanitary systems (...) for the disposal of excreta, black water and grey water (aguas servidas)”.\n\n**XIV.- ADMINISTRATIVE ENTITIES AND BODIES RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF UNDERGROUND WATERS AND, IN PARTICULAR, OF AQUIFERS (MANTOS ACUÍFEROS). DELIMITATION OF COMPETENCES.** The management of underground water resources comprises various aspects such as the investigation of their potential, identification, categorization, planning of their uses, protection, rational exploitation, prevention and sanction of ecological damage or contamination, control and environmental monitoring of their use, etc. Consequently, the ideal would be for a single regulatory and governing administrative entity to exist in the matter; however, the competences for the integrated management of underground water resources are dispersed and fragmented, so that, occasionally, they are exclusive or excluding of a single entity and, most of the time, concurrent, shared or parallel, which requires a particular administrative coordination effort to ensure their sustainable utilization. In the heterogeneous and dispersed set of administrative entities and bodies that make up the Costa Rican public administration, a sector thereof can be identified that have assigned, by law or regulation, a series of inalienable, non-transferable and imprescriptible competences in the matter of conservation and protection of underground waters that they cannot decline and must exercise effectively for the sake of a right to a healthy and ecologically balanced environment for all the inhabitants of the country. In that sector of the public apparatus or of service organizations for the satisfaction of the needs of the entire community, a group can be identified that belongs to the central administration or larger public entity —State— which are, predominantly, some Ministries or bodies thereof— and another comprised of functionally decentralized entities or by services —of a technical nature— and territorially —Municipalities—.\n\n1.- Central Administration.\n\na) Ministry of Environment and Energy and its bodies the Department of Water and the Water Advisory Body.\n\nArticle 3, subsection l), of the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, imposes on the Ministry of Environment and Energy the unavoidable competence to delimit aquifer recharge (recarga acuífera) areas —on its own initiative or that of interested organizations, and after prior consultation with ICAA, SENARA or any other technically competent entity in water matters.\n\nArticle 17, paragraph 1, of the Wildlife Conservation Law empowers and enables the Ministry of Environment and Energy to “(...) coordinate actions with centralized (sic.) or decentralized entities that execute agricultural and forestry soil, water and forest conservation programs, in order to achieve the “sustainable” use of wildlife”.\n\nThis Ministry plays a fundamentally important role in one of the aspects of water resource administration, which is the control or oversight of the exploitation and use of underground waters to ensure their rational exploitation. The Regulation for Drilling and Exploitation of Underground Waters (Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas) (Executive Decree No. 30387 of April 29, 2002), provides in its article 1 that “Every drilling company must register (...) with the Department of Water, so that the license allowing it to exercise underground water drilling and exploration activities may be issued.” These functions are shared with SENARA and ICAA, since the Department of Water of MINAE must refer the matter to them so that, respectively, they issue a technical opinion, assign the well number, register it in the National Well Registry —SENARA— and rule on whether or not there is harm to the water supply sources destined for human consumption —ICAA— (article 7). This regulation establishes that a drilling permit will be denied in zones that do not permit rational exploitation of the water resource, such as those declared by the State or another competent institution as an area of protection and water reserve, those suffering from overexploitation, under conditions of vulnerability of the maximum exploitation capacity of the aquifer (acuífero), those susceptible to saline intrusion, contamination and other reasons that in the judgment of MINAE and SENARA affect the aquifer (acuífero) and impede its exploitation, and those involving interference with other wells or springs (nacientes) of water (article 10).\n\nSpecial mention deserves the Department of Water, assigned to the National Meteorological Institute —a body of MINAE—, whose functions of interest, among others, according to article 3 of Executive Decree No. 26635-MINAE of December 18, 1997, are the following:\n\n“ a) Define national policies regarding the water resource.\n\nb) Exercise dominion, surveillance, control and administration of national waters.\n\nc) Process applications for concession for the development of hydraulic forces for electricity generation.\n\nd) Process and authorize permits for the drilling of wells for water extraction. (...)\n\nJ) Register well drilling companies and user associations, as well as the changes made to their bylaws and representatives (...)\n\nn) Apply the sanctions established in the Water Law (Ley de Aguas), after due process is observed (...)”\n\nThe Chief of this Department has, in turn, important competences in the matter (article 4), such as the following: a) issue recommendation reports on concessions, transfers, increases in flow rate, expansion of use or any other procedure related to the exploitation of the water resource; b) approve well drilling permits, etc. In article 5 of the aforementioned decree, the “Water Advisory Body” is created, comprised of representatives of various entities involved in the water sector (ICAA, SENARA, ICE, Public Universities, UNGL, etc.), among whose functions are the following (article 7 ibidem): a) Advise and recommend policy guidelines on water resources, considering national and sectoral development plans, water availability and existing legal regulations); b) Review and pronounce on the Water Balance proposed by the Department of Water and its administration for each region of the country and c) Advise the Department of Water in the setting, by the latter, of allocations for water use according to the productive activity and the region in which it is developed.\n\nb) Ministry of Health.\n\nThe competences of this ministry are circumscribed to enforcing the prohibitions established in articles 275, 276, 285 and 291 of the General Health Law — direct and indirect contamination of surface and underground waters and discharge of industrial or health waste into the sewer system— and sanctioning their transgression. Likewise, it is responsible for approving urban development projects when they have adequate sanitary systems for the disposal of excreta, black water and grey water (article 309 ibidem).\n\nc) Ministry of Agriculture and Livestock.\n\nThe MAG has, in reality, a secondary or residual competence in the matter, since the Law on the Use, Management and Conservation of Soils No. 7779 of April 30, 1998, in its article 21, imposes on it the duty in water matters to coordinate with SENARA and any other competent institution “(...) the promotion of hydrological, hydrogeological and agrological research in the hydrographic basins of the country, as well as in the practices of improvement, conservation and protection of soils in the hydrographic basins (...).”\n\n2.- Decentralized administration.\n\na) ICAA (Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers)\n\nThe Constitutive Law of ICAA (No. 2726 of April 14, 1961 and its amendments) attributes to it, in what is of interest, the following competences (article 2): a) Direct and supervise everything concerning providing the inhabitants of the republic with a service of drinking water, collection and evacuation of black water and liquid industrial waste and rainwater in urban areas (...) c) Promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination (...) d) Advise other State bodies and coordinate public and private activities in all matters relating to the (...) control of the contamination of water resources (...) its consultation being, in any case, mandatory, and compliance with its recommendations inexcusable (...) f) Exploit, utilize, govern or supervise, as the case may be, all public-domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights that the State has over them, in accordance with law number 276 of August 27, 1942, for which purpose the Institute will be considered the substituting body of the powers attributed in that law to the State, ministries and municipalities”. For its part, article 5 of that law enables ICAA to “c) Acquire movable and immovable property” and “e) Process the expropriations necessary for the fulfillment of its purposes, given that this same subsection in its paragraph 2 declares of public utility and social interest, and subject to expropriation, “(...) the lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions that become necessary for capture (...).” Article 21 of the Creation Law confers on ICAA the power to approve or reject any project for the construction, expansion or modification of grey water (aguas servidas) and rainwater disposal systems, public or private, the same being mandatory, under penalty of nullity, in the case of the construction of subdivisions (fraccionamientos), urbanizations or lot developments. Finally, article 22 of its creation law establishes that “It is the obligation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to defray the expenses demanded by the conservation, expansion and security of the forests that serve to maintain water sources, on the properties of those Municipalities where it assumes the water and sewer services”.\n\nIn accordance with article 2, subsection h), of the Creation Law of this decentralized entity (No. 2726 of April 14, 1961 and its amendments), part of its competences is to enforce the Drinking Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, given that article 16 of this latter regulatory body prohibits installations, constructions or works located in “zones close to supply sources (...) that in any way harm (...) the physical, chemical or bacteriological conditions of the water; these zones shall be established by the Ministry of Public Works and Public Health” —bodies that, as already indicated, were substituted, for all legal effects, by ICAA—. Consequently, ICAA is also responsible for defining the protection areas for supply sources such as springs (manantiales) or emerging springs (nacientes), which are a natural form of underground water discharge. Article 34, final paragraph, of the Forest Law (Ley Forestal) assigns the completion of the alignments of protection areas to INVU. This is, in reality, a competence that is not exclusive or excluding of ICAA or INVU, but rather concurrent or shared, so both public entities have the duty to exercise it.\n\nArticle 3 of the General Law of Drinking Water, No. 1634 of September 18, 1953, imposes the obligation on ICAA to “(...) select and locate the waters destined for piped service (...), whereby it is the responsibility of this entity to carry out a detailed inventory of the springs (nacientes) that can be used to provide water for human consumption to the populations, the foregoing, regardless of whether the supply and distribution is in the hands of a Municipality in a particular canton.\n\nb) SENARA (National System of Underground Waters, Irrigation and Drainage).\n\nDespite having its competence apparently limited to irrigation, drainage and flood control districts —physical technical-administrative units of an agricultural and livestock nature for the achievement of their socioeconomic development defined by Executive Decree at the request of this entity (articles 17 and 18 of its Creation Law No. 6877 of July 18, 1983 and its amendments)—, the truth is that its constitutive law assigns it important competences in the matter of underground waters, which evidently have a national vocation and, consequently, are not circumscribed to mere irrigation districts. The foregoing is corroborated by the antecedents of this public entity, since Law No. 5438 of December 17, 1973 —which ratified and substituted Executive Decree No. 1878-P of July 22, 1972—, currently repealed, created the National Service of Underground Waters (SENAS) with a clearly national vocation for the planning, investigation and advisory on everything related to the matter. Thus, among other objectives, SENARA has that of seeking the optimum and fair use of (...) water resources —both surface and underground— in agricultural and livestock activities (...) in the irrigation districts” (article 2). Among its functions is that of “Investigating, protecting and promoting the use of the country's water resources, both surface and underground” and “Carrying out, coordinating, promoting and keeping updated hydrological, hydrogeological investigations (...)” (article 3, subsections d and e). In article 4, it is established that SENARA is responsible for promoting and directing coordination and collaboration with other institutions and entities competent in matters such as “Prevention, correction and elimination of all types of water contamination in the irrigation districts”, “Elaboration and updating of an inventory of national waters, as well as the evaluation of their potential use for exploitation purposes in the irrigation districts” and “Construction and maintenance of the works necessary for the conservation and renewal of the aquifers (mantos acuíferos) exploitable for agricultural and livestock activities in the irrigation districts” (subsections c, ch and f). Among the attributions of the Board of Directors is that of issuing agreements for the request of recovery, expropriation or purchase of “(...) lands on which water resources sit or underlie (...)” (articles 6 and 7).\n\nc) INVU (National Institute of Housing and Urbanism).\n\nArticle 34, paragraph 2, of the Forest Law (Ley Forestal) provides that the alignments of the protection areas contemplated in its article 33, including those bordering permanent springs (nacientes), recharge (recarga) areas and the aquifers (acuíferos) of the springs (manantiales), shall be carried out by INVU. Additionally, Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE of February 12, 1997, imposes on that entity the oversight of the “Urban Control Area” that includes some of the districts of the Provinces of San José, Alajuela, Heredia and Cartago, provided that the Municipal Government has not enacted a Zoning Regulation, given that in the “special protection zone” all construction must be built under strict control, requiring the approval of an Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) by MINAE and the construction of a wastewater treatment plant authorized by ICAA and the Ministry of Health to avoid “(...) the contamination of the aquifers (mantos acuíferos) and the river channels into which they (sic.) flow”.\n\nd) MUNICIPALITIES.\n\nMunicipal corporations have a leading role in the protection and conservation of underground waters through a series of indirect instruments. Thus, the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1968), more than 35 years ago, based on article 169 of the Political Constitution —insofar as they are responsible for “The administration of local interests and services in each Canton”— imposed on them the duty to enact a regulatory plan to plan and control urban development and the related urban development regulations (article 15 et seq.). Within that regulatory plan and the zoning regulation, Municipalities must identify, in order to regulate, control and restrict human activities (industrial, urban development, agricultural and livestock, etc.), the areas or zones reserved because an aquifer (manto acuífero) or its recharge (recarga) or discharge area is located therein. By application of the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (article 50 of the Political Constitution), to life and human health (article 21 ibidem) and for the sake of sustainable development, the cantons that, due to their geomorphological characteristics, have lands within their circumscription that harbor aquifers (mantos acuíferos), their recharge (recarga) and discharge areas, springs (manantiales) and emerging springs (nacientes) are especially called upon and obliged to regulate and norm, responsibly, efficiently and effectively, such extremes, since, on occasion, underground waters not only supply the consumption and use of the populations of the canton but also of various cantons, which demonstrates a clear supra-local or national interest. The inhabitants of those localities, for their part, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and exploitation of the land and waters derived from the determination and establishment of such protected areas, since it is for the benefit of them, of the inhabitants of the other cantons that are supplied with the waters that flow through the aquifer (manto acuífero) and that surface or discharge in other cantons and, of course, of future generations.\n\n**XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF UNDERGROUND WATERS.** One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or principle of prudent avoidance. This principle is enshrined in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states “Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”. In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its article 11, enshrines as hermeneutic parameters the following principles: “1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: Where there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures”. In Ruling (Voto) of this Chamber No. 1250-99 of 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Rulings (Votos) Nos. 9773-00 of 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 of 4:32 p.m. on February 27, 2001 and 6322-03 of 2:14 p.m. on July 3, 2003) this Court considered the following: “(...) Prevention aims to anticipate negative effects, and ensure the protection, conservation and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible affectation of the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage —or a doubt regarding it—, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damages caused to the environment”. Subsequently, in Ruling (Voto) No. 3480-03 of 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Tribunal indicated that “Well understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of facts generating risk, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment”. In the case of underground waters contained in aquifers (mantos acuíferos) and recharge (carga) and discharge areas, the precautionary principle or in dubio pro natura, assumes that when no studies or reports exist, carried out according to the unequivocal and exactly applicable rules of science and technique, that allow reaching a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and bodies of the central and decentralized administration must abstain from authorizing, approving or permitting any new or modification application, suspend those that are in progress until the doubtful state is resolved and, in parallel, adopt all measures tending to their protection and preservation with the object of guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of underground waters involves protecting the resource before its contamination or degradation.\n\n**VI.- On the scope of the analysis carried out by this Chamber.-** Although the amparo remedy is not the ideal procedural route to examine whether a housing development project has complied with all the legal requirements demanded, nor to determine which requirements depend on others, nor to resolve technical-scientific disputes arising on the occasion of the request for exemption from sewer construction, what this Chamber is indeed called upon to determine is whether the permits granted by the respondent authorities, for the commissioning of the San Martín II Housing Development Project in Siquirres de Limón, have put the aquifers (acuíferos) of the zone at risk and thereby whether a violation of the rights to life, health and a healthy and ecologically balanced environment has occurred. Specifically, it will be analyzed whether, in the exercise of their competences, the respondents have acted in respect for these fundamental rights, both the actions of the Project developers and the public authorities, in order to verify whether, before the respective permits were granted (approval (visado) by INVU of the urban development plans, sanitary approval (visado sanitario) by the Ministry of Health of the plans, construction permit from the Municipality, environmental viability from SETENA), the agreement of the Board of Directors of ICAA of February 3, 2003, was taken into account, where the request for exemption from the construction of sanitary sewer networks for the housing development project in question was denied due to the possible risk of contamination to the aquifers (acuíferos) that such exemption would entail.\n\n**VII.- On how the actions of the respondents violate the rights to life, health and a healthy and ecologically balanced environment.-** This Chamber observes in the reports rendered a series of contradictions that have complicated the analysis of this file. Basically all the respondents excuse their actions by shifting the responsibility to the other institutions. INVU says it granted the plan approval (visado) on February 28, 2003, based on the approval given by ICAA on January 16, 2003 (folio 211), but said approval was never provided; all refer to it, including the Municipal Mayor (report at folio 175), but none provides a suitable document; the only thing presented is a computer sheet (folio 195) where an approval of the San Martín Housing Development Project is apparently inferred without stating what is being approved.\n\nsheet not even mentioned in the report rendered by the representative of the ICAA, who for his part alleges that the responsibility lies with the INVU for having proceeded </span><span style=\\\"font-style:italic\\\">“to grant the respective approval based on a technical memorandum that is not a Board of Directors Agreement” </span><span>(report at folio 147) and with the Municipality of Siquirres, which is </span><span style=\\\"font-style:italic\\\">“responsible for verifying that the technical construction guidelines are respected in accordance with the communication made via Agreement 2003-044” </span><span>(report at folio 147). For its part, the Ministry of Health states that it granted the plan approval on February 21, 2003, based on a hydrogeological study presented by the project developer, which determined that the risk of contaminating groundwater was null (report at folio 108), without verifying what the ICAA or other competent institutions, such as the SENARA of the MINAE, had resolved on the matter. The same can be said of the representatives of the project development companies, Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a., who were notified on February 24, 2003, of that denial by the ICAA and nonetheless continued with the project, placing the responsibility on the project’s construction company, alleging that the defects in the constructed houses are due to the construction plans of each property, as well as to the poor construction of the blackwater (aguas negras) systems, and stating that this has no relationship whatsoever with the construction or non-construction of a sewer system; they likewise conclude by stating that the actions of the ICAA regarding its internal processing, as well as those of the natural and legal persons responsible for the execution of the construction of the affected parties' houses, must be reviewed. Returning to the actions of the ICAA, despite the fact that the Board of Directors denied, on February 3, 2003, the request for an exemption from the construction of sanitary sewer networks (redes de alcantarillado sanitario) presented by the project developer since June 2002, this information was only communicated to the Municipal Mayor until August 18, 2004, MORE THAN ONE YEAR LATER, without notifying the INVU, which was the entity responsible for approving this subdivision project. Finally, regarding the Ministry of Environment and Energy, it is confirmed that even though the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA) recommended on July 31, 2002, to carry out a risk assessment for aquifer contamination, neither they nor the Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental, SETENA) gave any follow-up to the case (presumably, as no report was rendered), despite having among their functions the prevention of all types of water contamination. Such have been the observed inconsistencies that lead this Chamber to presume a case that merits an investigation by the Public Prosecutor's Office, which is why, in addition to granting the appeal, it is ordered that certified copies of the case records be sent to the Public Prosecutor's Office so that it may determine whether we are facing criminal liability for all those involved. </span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\\\"><span style=\\\"font-weight:bold\\\">VIII.- </span><span>In this matter, this Chamber notes a series of irregularities and contradictions that ultimately caused a violation of the fundamental rights of the petitioners. It is confirmed that the appellants are correct, and the INVU proceeded to grant permits and plan approval on February 28, 2003, despite the existence of ICAA Agreement number 2003-044 of February 3, 2003, which denied the request for an exemption from the construction of sanitary sewer networks because a septic tank system with leachate drainage represents a high risk of contamination to the aquifers of the zone. From what has been analyzed by this Chamber, the responsibility is shared, resting primarily with the INVU, which affirmed and communicated the project’s approval by the ICAA on January 16, 2003, this being an event that appears to be false, and furthermore leading the Municipal Mayor into error, who also did not verify for himself that this was true and did not require the project developer to present the proper document accrediting such approval by the ICAA. Likewise, responsibility also rests with the ICAA, which communicated said agreement to the Mayor more than A YEAR AND A HALF LATER and omitted communicating it to the INVU. Finally, the Municipal Mayor is again involved for granting permits without verifying the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental); as are the representatives of the project development companies, Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a., which, despite being aware that they did not have the ICAA requirement, continued the project.</span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\\\"><span style=\\\"font-weight:bold\\\">IX.- In conclusion.- </span><span>Pursuant to the foregoing considerations, and applying the precautionary environmental principle, it is necessary to grant the amparo appeal filed, with the consequences provided by law, and </span><span style=\\\"font-weight:bold\\\">a) </span><span>ANNUL all permits granted to the developer of the San Martín II Project, particularly the one granted by the INVU on February 28, 2003, the one granted by the Ministry of Health on February 24, 2003, and all those granted by the Municipality of Siquirres; </span><span style=\\\"font-weight:bold\\\">b) </span><span>ORDER all respondents to take the necessary measures to protect the aquifer of the zone from the blackwater produced by the houses that are already built in the subdivision project; </span><span style=\\\"font-weight:bold\\\">c) </span><span>ORDER Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a. to build the sewer system recommended by the ICAA, or to relocate the people who inhabit said houses; and </span><span style=\\\"font-weight:bold\\\">d) </span><span>ORDER that certified copies of the case records be sent so that the Public Prosecutor's Office may investigate the actions of both the public authorities and officials and the private subjects. </span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center\\\"><span style=\\\"font-weight:bold\\\">Therefore:</span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\\\"><span>The appeal is GRANTED, and consequently it is: </span><span style=\\\"font-weight:bold\\\">a) </span><span>ANNULING all permits granted to the developer of the San Martín II Project, particularly the approval of urban plans (visado de planos urbanísticos) given by the INVU on February 28, 2003, the sanitary approval of plans (visado sanitario de planos) by the Ministry of Health on February 21, 2003, and the construction permits granted by the Municipality of Siquirres on March 3, 2003; </span><span style=\\\"font-weight:bold\\\">b) </span><span>ORDERING all respondents to take the necessary and sufficient measures to protect the aquifer of the zone from the blackwater produced by the houses that are already built in the subdivision project; </span><span style=\\\"font-weight:bold\\\">c) </span><span>ORDERING Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a. to build the sewer system recommended by the ICAA, and ordering Olman Chacón Garita, in his capacity as Deputy Manager with powers as General Power of Attorney without limit of amount of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), and Arturo Castillo Valverde, in his capacity as Acting Municipal Mayor (Alcalde Municipal a.i.) of the Municipality of Siquirres, to proceed to supervise said construction and provide the collaboration that corresponds according to their competencies; and </span><span style=\\\"font-weight:bold\\\">d) </span><span>ORDERING that certified copies of the case records be sent so that the Public Prosecutor's Office may investigate the actions of both the public authorities and officials and the private subjects. The heads of the condemned bodies and entities, or whoever holds their position, namely, in order, Carlos Manuel Rodríguez Echandi in his capacity as Minister of Environment and Energy, María del Rocío Saenz Madrigal in her capacity as Minister of Health, Angelo Altamira Carriero in his capacity as Executive President of the INVU, Olman Chacón Garita in his capacity as Deputy Manager with powers as General Power of Attorney without limit of amount of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Arturo Castillo Valverde in his capacity as Acting Municipal Mayor of the Municipality of Siquirres, Jorge Víquez Mora, legal representative of Construcciones Astorga s.a., and Ana Lucía Astorga Castillo, legal representative of Nombre10 s.a., are warned that should they fail to comply with the orders issued in this judgment, they would incur the crime of disobedience, which, in accordance with Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, is punishable by imprisonment from three months to two years or a fine of twenty to sixty days for anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State, the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Siquirres, and the companies Construcciones Astorga s.a. and Nombre10 s.a. are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative proceeding.-</span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center\\\"><span>Luis Fernando Solano C. </span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center\\\"><span>President </span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\\\"><span>Adrián Vargas B. Ernesto Jinesta L. </span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\\\"><span>Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A. </span></p><p style=\\\"margin-top:12pt; margin-bottom:12pt\\\"><span>Jorge Araya G. Federico Sosto L. </span></p></div></body></html>\""
}