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  "id": "nexus-sen-1-0007-501233",
  "citation": "Res. 00797-2011 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Órdenes sanitarias como acto inicial del procedimiento administrativo",
  "title_en": "Health orders as initial act of administrative procedure",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo presentado por el propietario de un taller artesanal contra el Ministerio de Salud, por considerar que no se le dio audiencia previa antes de dictar una orden sanitaria que suspendió sus operaciones. La Sala reitera que las órdenes sanitarias constituyen el acto inicial del procedimiento administrativo, no el acto final, por lo que el debido proceso se cumple a partir de su notificación, brindando al afectado la oportunidad de conocer los estudios técnicos, cuestionarlos, ofrecer pruebas e impugnar la orden. Además, en procedimientos administrativos la Administración actúa como juez y parte, garantizando la imparcialidad mediante la motivación expresa del acto. La Sala declara que no le compete revisar la adecuación técnica de la orden sanitaria, pues ello corresponde a la vía común.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismisses an amparo filed by the owner of an artisan workshop against the Ministry of Health, alleging failure to grant a prior hearing before issuing a health order that suspended operations. The Chamber reiterates that health orders constitute the initial act of the administrative procedure, not the final act; therefore, due process is satisfied upon notification, providing the affected party the opportunity to review the technical studies, challenge them, offer evidence, and appeal the order. Furthermore, in administrative proceedings the Administration acts as both judge and party, with impartiality guaranteed through express reasoning of the act. The Chamber rules that it is not competent to review the technical adequacy of the health order, as this falls within ordinary procedures.",
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  "date": "21/01/2011",
  "year": "2011",
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    "Ministerio de Salud",
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  "excerpt_es": "No obstante, las órdenes sanitarias que dicta el Ministerio de Salud en el ejercicio de sus competencias constituyen los actos iniciales de los procedimientos respectivos, por lo que las exigencias del debido proceso deben cumplirse a partir de su notificación, no antes.\n\nAdemás, en tratándose de procedimientos administrativos, la Administración es a la vez “juez y parte”, pues la finalidad del procedimiento es simplemente establecer los elementos de convicción suficientes para fundamentar un acto administrativo en el que se ejercita su potestad sancionadora. Por lo tanto, en estos supuestos es la motivación expresa del acto correspondiente la que garantiza la imparcialidad de la Administración.",
  "excerpt_en": "However, the health orders issued by the Ministry of Health in the exercise of its powers constitute the initial acts of the respective procedures, thus the requirements of due process must be fulfilled from the moment of notification, not before.\n\nFurthermore, in the context of administrative proceedings, the Administration is simultaneously 'judge and party,' as the purpose of the proceeding is simply to establish sufficient evidence to support an administrative act exercising its sanctioning authority. Therefore, in such cases, it is the express reasoning of the corresponding act that guarantees the impartiality of the Administration.",
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      "quote_es": "las órdenes sanitarias que dicta el Ministerio de Salud en el ejercicio de sus competencias constituyen los actos iniciales de los procedimientos respectivos, por lo que las exigencias del debido proceso deben cumplirse a partir de su notificación, no antes."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-501233",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 00797 - 2011\n\nFecha de la Resolución: 21 de Enero del 2011 a las 11:21\n\nExpediente: 11-000540-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n*110005400007CO*\n\nEXPEDIENTE N° 11-000540-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2011000797\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y veintiuno minutos del veintiuno de enero del dos mil once.\n\n             Recurso de amparo interpuesto por JORGE ARTURO ZÚÑIGA VIALES, cédula de identidad 0601900283, contra el MINISTERIO DE SALUD,  LA MINISTRA DE SALUD, LOS FUNCIONARIOS PABLO ANDRÉS JIMÉNEZ ZUMBADO Y GRACE ARIAS MORERA, EN SU CONDICIÓN DE GESTORES AMBIENTALES DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE CORONADO Y EL DIRECTOR REGIONAL DE RECTORÍA DEL MINISTERIO DE SALUD, CENTRAL SUR. \n\nResultando:\n\n                  1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:20 horas del 18 de enero de 2011, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD,  LA MINISTRA DE SALUD, LOS FUNCIONARIOS PABLO ANDRÉS JIMÉNEZ ZUMBADO Y GRACE ARIAS MORERA, EN SU CONDICIÓN DE GESTORES AMBIENTALES DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE CORONADO Y EL DIRECTOR REGIONAL DE RECTORÍA DEL MINISTERIO DE SALUD, CENTRAL SUR,  y manifiesta lo siguiente: que pese a haber obtenido en su momento un permiso sanitario de funcionamiento para su taller artesanal, por oficios ARCSC-RSS-056-2010del 11 de mayo de 2008 y CS-ARS-C-RS-165-10 del 26 de agosto de 2010, los funcionarios Grace Arias Morera y Pablo Andrés Jiménez Zumbado, Bachilleres en Gestión Ambiental, indicaron, entre otras cosas, que la actividad realizada allí producía olores, chispas, humo y vapores -sin dar otro parámetro para evaluar la situación que sus apreciaciones subjetivas, es decir, sin que exista una valoración de un profesional en la materia-, que el recurrente había faltado a la verdad al presentar su declaración y que se violentaban varias disposiciones del Reglamento de Construcciones. Agrega que nunca se le dio audiencia sobre la investigación que supuestamente se realizó al respecto.  Por lo tanto, los hechos en que se basaron las resoluciones CS-ARS-C-RS-OS-DN-38-10-001-P-2010 del 6 de octubre de 2010, dictada por Pablo Andrés Jiménez Zumbado, DRRS-AJCS-AC-3123-2010 de las 09:10 horas del 10 de noviembre de 2010, dictada por el Director Regional de Rectoría de Salud, Guillermo Flores Galindo, y DM-PC-1973-2010 de las 12:30 horas del 2 de diciembre de 2010, en el que la Ministra de Salud resolvió un recurso de apelación planteado por la parte accionante, están viciados de nulidad, de modo que no se respetó el debido proceso.  Aduce que los bachilleres antes indicados fueron juez y parte en el procedimiento, ya que aportaron pruebas y dictaron resoluciones en él, con lo que fueron \"jueces\" en diversas instancias. Solicita el recurrente que  se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. \n\n            2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n            Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n      I.- En el presente caso, de la lectura de la resolución DM-PC-1973-2010 de las 12:30 horas del 2 de diciembre de 2010, se colige que el petente está inconforme porque por orden sanitaria CS-ARS-C-RS-OS-DN-38-10-001-P-2010 del 6 de octubre de 2010, se dispuso suspender de forma inmediata la operación de su taller de artesanía, pues estima que no se le dio audiencia previa.  No obstante, las órdenes sanitarias que dicta el Ministerio de Salud en el ejercicio de sus competencias constituyen los actos iniciales de los procedimientos respectivos, por lo que las exigencias del debido proceso deben cumplirse a partir de su notificación, no antes. Por ello, en sentencia N° 2000-00035 de las 16:12 horas del 4 de enero de 2000, la Sala declaró:\n\n“[…] dichas ordenes sanitarias no constituyen el acto final de un procedimiento administrativo en el que no se le ha dado participación alguna al afectado, sino que por el contrario, debe considerarse el acto inicial del procedimiento, el traslado que se hace al afectado de los requerimientos técnicos emitidos por las autoridades de salud, dándole la oportunidad para que conozca los estudios técnicos que respaldan la orden, los estudie, cuestione, ofrezca pruebas de descargo y haga propuestas alternativas para solucionar los problemas que las autoridades han detectado, pudiendo para tales efectos, impugnar la orden mediante los recursos de revocatoria y apelación.”\n\n            En este sentido, no le compete a esta Sala revisar si la orden sanitaria dictada en este caso fue elaborada conforme a una adecuada valoración técnica de la situación y se ajusta a la normativa legal vigente, pues se trata de una labor propia de la vía común —administrativa o jurisdiccional— y este Tribunal no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración.\n\n            II.- Además, en tratándose de procedimientos administrativos, la Administración es a la vez “juez y parte”, pues la finalidad del procedimiento es simplemente establecer los elementos de convicción suficientes para fundamentar un acto administrativo en el que se ejercita su potestad sancionadora. Por lo tanto, en estos supuestos es la motivación expresa del acto correspondiente la que garantiza la imparcialidad de la Administración; y de ahí que no sea ésta una mera formalidad, sino un requisito sustancial que permite que el administrado conozca las razones del proceder administrativo (véase la sentencia Nº 2006-003540 de las 18:11 horas del 14 de marzo de 2006). En todo caso, este Tribunal ha dicho reiteradamente que pronunciarse sobre presuntas parcialidades es una labor propia de la vía común, así que si el accionante de todas maneras estima  que los funcionarios Grace Arias Morera y Pablo Andrés Jiménez Zumbado no han sido objetivos en su labor, deberá plantear su inconformidad o reclamo ante el Ministerio de Salud o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.\n\n Por tanto:\n\n            Se rechaza de plano el recurso.\n\n \n\n  \n\n \n\n\n\n\nGilbert Armijo S.\n\n\n\n\nPresidente a.i.\n\n \n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\nErnesto Jinesta L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nFernando Cruz C.\n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Castillo V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRosa Esmeralda Blanco M.\n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\nAracelly Pacheco S.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n  \n\nEXPEDIENTE N° 11-000540-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 10:27:23.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "EXPEDIENTE N° 11-000540-0007-CO\n\nPROCEEDING: AMPARO ACTION\n\nRESOLUTION Nº 2011000797\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours and twenty-one minutes of the twenty-first of January of two thousand eleven.\n\nAmparo action filed by JORGE ARTURO ZÚÑIGA VIALES, identity card 0601900283, against the MINISTERIO DE SALUD, THE MINISTER OF HEALTH, THE OFFICIALS PABLO ANDRÉS JIMÉNEZ ZUMBADO AND GRACE ARIAS MORERA, IN THEIR CAPACITY AS ENVIRONMENTAL MANAGERS OF THE HEALTH DIRECTORATE AREA OF CORONADO AND THE REGIONAL DIRECTOR OF THE HEALTH DIRECTORATE OF THE MINISTERIO DE SALUD, CENTRAL SOUTH.\n\nResultando:\n\n1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 14:20 hours on January 18, 2011, the petitioner files an amparo action against the MINISTERIO DE SALUD, THE MINISTER OF HEALTH, THE OFFICIALS PABLO ANDRÉS JIMÉNEZ ZUMBADO AND GRACE ARIAS MORERA, IN THEIR CAPACITY AS ENVIRONMENTAL MANAGERS OF THE HEALTH DIRECTORATE AREA OF CORONADO AND THE REGIONAL DIRECTOR OF THE HEALTH DIRECTORATE OF THE MINISTERIO DE SALUD, CENTRAL SOUTH, and states the following: that despite having obtained at the time a sanitary operating permit for his artisanal workshop, through official letters ARCSC-RSS-056-2010 of May 11, 2008 and CS-ARS-C-RS-165-10 of August 26, 2010, the officials Grace Arias Morera and Pablo Andrés Jiménez Zumbado, Bachelors in Environmental Management, indicated, among other things, that the activity carried out there produced odors, sparks, smoke and vapors —without providing any other parameter to evaluate the situation than their subjective assessments, that is, without there being an evaluation from a professional in the field—, that the petitioner had been untruthful when submitting his declaration, and that several provisions of the Reglamento de Construcciones were violated. He adds that he was never granted a hearing regarding the investigation that was supposedly conducted on the matter. Therefore, the facts on which the resolutions CS-ARS-C-RS-OS-DN-38-10-001-P-2010 of October 6, 2010, issued by Pablo Andrés Jiménez Zumbado, DRRS-AJCS-AC-3123-2010 at 09:10 hours of November 10, 2010, issued by the Regional Director of the Health Directorate, Guillermo Flores Galindo, and DM-PC-1973-2010 at 12:30 hours of December 2, 2010, in which the Minister of Health resolved an appeal (recurso de apelación) filed by the plaintiff, were based are vitiated by nullity, such that due process was not respected. He argues that the aforementioned bachelors were judge and party in the proceeding, since they provided evidence and issued resolutions within it, thereby having been \"judges\" in various instances. The petitioner requests that the action be granted with the legal consequences.\n\n2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition submitted for its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient evidentiary elements to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a previous, equal or similar, rejected petition.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- In the present case, from the reading of resolution DM-PC-1973-2010 at 12:30 hours of December 2, 2010, it is inferred that the petitioner disagrees because, through health order (orden sanitaria) CS-ARS-C-RS-OS-DN-38-10-001-P-2010 of October 6, 2010, the immediate suspension of the operation of his handicraft workshop was ordered, as he believes that he was not given a prior hearing. However, the health orders (órdenes sanitarias) issued by the MINISTERIO DE SALUD in the exercise of its powers constitute the initial acts of the respective proceedings, so the requirements of due process must be fulfilled starting from their notification, not before. Therefore, in judgment N° 2000-00035 at 16:12 hours of January 4, 2000, the Chamber declared:\n\n\"[…] said health orders do not constitute the final act of an administrative proceeding in which the affected party has been given no participation, but rather, on the contrary, they must be considered the initial act of the proceeding, the notification given to the affected party of the technical requirements issued by the health authorities, giving them the opportunity to learn about the technical studies supporting the order, to study them, challenge them, offer exculpatory evidence and make alternative proposals to resolve the problems the authorities have detected, being able, for such purposes, to challenge the order through the remedies of revocation (revocatoria) and appeal (apelación).\"\n\nIn this regard, it is not for this Chamber to review whether the health order issued in this case was prepared in accordance with an adequate technical assessment of the situation and conforms to current legal regulations, as this is a task proper to the ordinary avenue —administrative or jurisdictional— and this Court is not a controller of the legality of the Administration's actions or resolutions.\n\nII.- Furthermore, in the case of administrative proceedings, the Administration is at once \"judge and party,\" since the purpose of the proceeding is simply to establish sufficient evidentiary elements to substantiate an administrative act in which its sanctioning power is exercised. Therefore, in these cases, it is the express reasoning (motivación) of the corresponding act that guarantees the impartiality of the Administration; and hence, this is not a mere formality, but a substantive requirement that allows the individual to know the reasons for the administrative action (see judgment Nº 2006-003540 at 18:11 hours of March 14, 2006). In any event, this Court has repeatedly stated that ruling on alleged partialities is a task proper to the ordinary avenue, so if the plaintiff nevertheless believes that officials Grace Arias Morera and Pablo Andrés Jiménez Zumbado have not been objective in their work, they must raise their disagreement or claim before the MINISTERIO DE SALUD or in the competent jurisdictional venue, forums in which they may, in a full manner, discuss the merits of the matter and assert their claims.\n\nPor tanto:\n\nThe action is rejected outright.\n\nGilbert Armijo S.\n\nActing President\n\nErnesto Jinesta L.\n\nFernando Cruz C.\n\nFernando Castillo V.\n\nRosa Esmeralda Blanco M.\n\nAracelly Pacheco S.\n\nJorge Araya G.\n\nEXPEDIENTE N° 11-000540-0007-CO\n\nTelephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional\n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 09-05-2026 10:27:23.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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