{ "id": "nexus-sen-1-0007-536131", "citation": "Res. 01062-2012 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Fumado en centros penitenciarios y derecho a la salud de los no fumadores", "title_en": "Smoking in prisons and non-smokers' right to health", "summary_es": "Este recurso de amparo fue interpuesto a favor de un recluso que alegaba deterioro de su salud respiratoria por exposición al humo de tabaco de otros privados de libertad en el Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez. El recurrente sostenía que la falta de un salón diferenciado para no fumadores lesionaba sus derechos fundamentales. La Sala Constitucional, siguiendo su propio precedente, determinó que el artículo 3 de la Ley 7501 (Regulación del Fumado) excluye expresamente a los reclusos del sistema penitenciario nacional de las prohibiciones generales sobre consumo de tabaco, por lo que la conducta de los fumadores no resultaba ilegal. Además, se constató que el amparado no había solicitado atención médica e incluso se negó a recibirla cuando le fue ofrecida, lo que impidió acreditar la lesión alegada. No obstante, la Sala recordó a las autoridades penitenciarias su deber de velar por la salud de los internos y, en caso de necesidad médica comprobada, valorar la reubicación del afectado para proteger su integridad física. El recurso se declaró sin lugar.", "summary_en": "This amparo action was brought on behalf of an inmate who claimed respiratory health deterioration due to exposure to secondhand smoke from other prisoners at the Gerardo Rodríguez Institutional Attention Center. The petitioner argued that the lack of a separate non-smoking area violated his fundamental rights. Following its own precedent, the Constitutional Chamber held that Article 3 of Law 7501 (Smoking Regulation) expressly excludes inmates of the national penitentiary system from general smoking bans, so the smokers' conduct was not unlawful. Additionally, it was shown that the petitioner had not requested medical care and even refused it when offered, preventing proof of the alleged harm. Nevertheless, the Chamber reminded prison authorities of their duty to safeguard inmates' health and to consider relocating an affected inmate if medically necessary to protect his physical integrity. The appeal was dismissed.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "27/01/2012", "year": "2012", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "fumado", "amparo", "derecho a la salud", "Ley 7501 Regulación del Fumado", "sistema penitenciario", "autonomía individual", "reclusos" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 3", "law": "Ley 7501" } ], "keywords_es": [ "fumado en prisiones", "amparo fumadores pasivos", "derecho a la salud reclusos", "Ley 7501", "Sala Constitucional fumado", "exposición al humo de tabaco", "centros penitenciarios" ], "keywords_en": [ "smoking in prisons", "passive smoking amparo", "inmates' right to health", "Law 7501", "Constitutional Chamber smoking", "tobacco smoke exposure", "penitentiary centers" ], "excerpt_es": "Mediante la Ley número 7501 de 5 de mayo de 1995 el Estado busca velar por la salud individual y colectiva de los costarricenses, respetando siempre los derechos individuales y sociales reconocidos en la Constitución Política y las leyes (artículo 1). En el artículo segundo de la Ley se concretiza esta protección a través del establecimiento de prohibiciones de fumar en ciertos lugares, excluyendo el artículo 3 de tal limitación a los reclusos del sistema Penitenciario Nacional. En este sentido, toda intento de regulación en ese último caso mediante normas de rango infralegal estaría viciado de ilegalidad por contradicción al artículo 3, sin olvidar que, como ya lo declaró esta Sala, el fumado es finalmente una actividad lícita y con base en la regla del principio de autonomía individual derivado del artículo 28 de la Constitución, solamente puede restringirse por la vía legal (sentencia número 04804-99 13:45 horas del 18 de junio de 1999).", "excerpt_en": "Through Law No. 7501 of May 5, 1995, the State seeks to ensure the individual and collective health of Costa Ricans, always respecting the individual and social rights recognized in the Political Constitution and the laws (Article 1). Article 2 of the Law materializes this protection by establishing smoking bans in certain places, while Article 3 excludes inmates of the National Penitentiary System from such limitation. In this regard, any attempt at regulation in the latter case through infralegal norms would be vitiated by illegality due to contradiction with Article 3, without forgetting that, as this Chamber has already declared, smoking is ultimately a lawful activity and, based on the rule of the principle of individual autonomy derived from Article 28 of the Constitution, it can only be restricted through legal means (ruling No. 04804-99, 1:45 p.m. of June 18, 1999).", "outcome": { "label_en": "Dismissed", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Constitutional Chamber dismissed the amparo after confirming that Law 7501 permits smoking in penitentiary centers and that the petitioner failed to prove health harm or request medical care.", "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó el amparo al constatar que la Ley 7501 permite el fumado en centros penitenciarios y que el amparado no acreditó la lesión a su salud ni solicitó atención médica." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III (cita del precedente 2006-7146)", "quote_en": "the authorities of the penitentiary center issued the administrative acts here challenged by virtue of the principle of legality, which means that the acts and behaviors of the Administration must be regulated by written norm, implying of course submission to the Constitution, to the law, and in general to all norms of the juridical system.", "quote_es": "las autoridades del centro penitenciarios ha dictado los actos administrativos aquí cuestionados en virtud del principio de legalidad, que significa que los actos y comportamientos de la Administración deben de estar regulados por norma escrita, lo que implica desde luego, el sometimiento a la Constitución a la ley, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico." }, { "context": "Considerando III (cita del precedente 2006-7146)", "quote_en": "if any inmate suffers from a duly certified illness by the Forensic Physician that is affected by cigarette smoke, or does not wish to remain in an area where tobacco smoke affects him, he must request from the respective authority a change of location so that his ailment does not worsen, which must be provided by the detention center authorities", "quote_es": "si algún privado de libertad padece de alguna enfermedad debidamente comprobada por el Médico Forense en se vea afectado por el humo del cigarrillo, o no desea permanecer en un área donde lo afecte el humo del tabaco, debe de solicitar ante la autoridad respectiva un cambio de ubicación con el fin de que no se agrave su padecimiento, misma que debe ser proporcionada por las autoridades del centro de reclusión" }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "if the petitioner requires medical attention for problems derived from the smoking of other inmates, it must be provided, and if necessary for health reasons, his relocation to another site where his physical integrity is not at risk must even be evaluated.", "quote_es": "si el amparado requiere de atención médica por problemas derivados del fumado de los otros privados de libertad, ésta deberá serle otorgada, y en caso de ser necesario por motivos de salud, deberá incluso valorarse su reubicación en otro sitio en el que no se ponga en riesgo su integridad física." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-536131", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01062 - 2012\n\nFecha de la Resolución: 27 de Enero del 2012 a las 09:05\n\nExpediente: 12-000145-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nExp: 12-000145-0007-CO\nRes. Nº 2012001062\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil doce.\n              Recurso   de   amparo   que   se   tramita   en   expediente   número\n12-000145-0007-CO,  interpuesto  por  C.C.M., , a favor de O.C.M.,  , contra  EL  CENTRO  DE  ATENCIÓN  INSTITUCIONAL  GERARDO RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.-\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:33 del 6 de enero\nde 2012, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Centro de Atención\nInstitucional Gerardo  Rodríguez Echeverría y manifiesta que el amparado figura\ncomo imputado en la causa penal que se tramita en el expediente número\n10-XXXXXXXX-PE. Indica que el 21 de  diciembre  de 2011,   el Juzgado Penal de\nHeredia dictó   en   su contra como  medida cautelar, dos   meses    de   prisión\npreventiva, por lo que se encuentra recluido en la sección de  indiciados  del  Centro\nde   Atención   Institucional recurrido.   Menciona   que   la   mayoría   de personas\nrecluidas  en  dicho centro    son fumadores adictos  activos,    por  lo  que  la mayor\nparte del día pasan fumando   en todas   las   áreas,   ya  que   no   hay   un   salón\ndiferenciado  donde  puedan  estar  las personas no fumadoras. Señala que por  lo\nanterior,  el  amparado C.M. ha presentado   en   las  dos   semanas que\nlleva  detenido,   un   deterioro   en   su   salud, principalmente     en   su sistema\nrespiratorio  ya que   está expuesto constantemente   al humo. Además, indica   que\npadece de   tos repetitiva,    irritación de   la nariz y ojos, fiebre,   así como   dolor,\nirritación  e  inflamación de  la garganta, que  le impiden  en ocasiones  que  pueda\nhablar. Considera lesionados los derechos del amparado, por lo que pide se acoja el\nrecurso, con las consecuencias del caso.\n\n2.- Informa bajo juramento J.J.Q.Z., en su calidad de Director del Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez, que el tutelado está detenido en el ámbito de indiciados desde el 22 de diciembre de 2011, a la orden del Juzgado Penal de Heredia. Señala que el amparado no ha presentado solicitud alguna para que se le valore o brinde tratamiento al supuesto deterioro de salud de que sufre. Afirma que a raíz de la interposición del presente asunto, se llamó al tutelado, pero éste se negó a recibir atención médica, por lo que resulta imposible brindar un criterio médico sobre su situación. Alega que la Ley número 7501 Regulación del Fumado, excluye de la prohibición a los reclusos del Sistema Penitenciario Nacional. Estima que los hechos alegados en el presente asunto, son consecuencia de la convivencia  entre los privados  de libertad. Por lo anterior, solicita que se desestime el recurso planteado.\n\n3.-Informa bajo juramento E.P.H., en su calidad de Director General de Adaptación Social, que se adhiere en todos sus extremos al informe rendido por el Director del CAI Gerardo Rodríguez.\n\n4.-  En los procedimientos  seguidos se ha observado  las prescripciones legales.\n\nRedacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n                                         Considerando:\n\nI.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) El tutelado se encuentra detenido en la sección de indiciados del CAI Gerardo Rodríguez, a la orden  del Juzgado  Penal de Heredia. (Informes de los recurridos).\n\nb) El amparado  no ha solicitado atención médica en la Clínica del CAI Gerardo Rodríguez. El 12 de enero de 2012, se le informó que podía asistir a recibir atención en el Área Médica, sin embargo manifestó que no deseaba hacerlo, pues se sentía bien de salud. (Informes y prueba de los recurridos).\n\nII.- Hechos no probados. Ninguno de relevancia para la resolución de este asunto.\n\nIII.- Sobre el fondo. En el presente asunto, el recurrente acusa que la salud del amparado se ha visto deteriorada por el fumado de los otros privados de libertad del CAI Gerardo Rodríguez. Ahora bien, al conocer un asunto similar al presente, esta Sala señaló en su sentencia número 2006-7146 de las 8:30 del 8 de junio de 2005, en lo que interesa lo siguiente:\n\nVI.- En cuanto  a la restricción del fumado  en los centros penitenciarios.\nAlega el amparado que las autoridades del centro penitenciario autorizan el uso y\nconsumo del tabaco, lo que es perjudicial para su salud. Mediante la Ley número\n7501 de 5 de mayo de 1995  el Estado busca  velar por la salud individual  y\ncolectiva de los costarricenses, respetando siempre  los derechos individuales y\nsociales reconocidos en la Constitución Política y las leyes (artículo 1). En el\nartículo  segundo  de  la  Ley  se  concretiza  esta  protección  a  través  del\nestablecimiento de prohibiciones  de fumar en ciertos lugares, excluyendo  el\nartículo 3 de tal limitación a los reclusos del sistema Penitenciario Nacional. En\neste sentido, toda intento de regulación en ese último caso mediante normas de\nrango infralegal estaría viciado de ilegalidad por contradicción al artículo 3, sin\nolvidar que, como ya lo declaró esta Sala, el fumado es finalmente una actividad\nlícita y con base en la regla del principio de autonomía individual derivado del\nartículo 28 de la Constitución, solamente  puede restringirse  por la vía legal\n(sentencia  número 04804-99 13:45  horas  del 18  de  junio  de 1999).  En\n\nconsecuencia, las autoridades  del centro penitenciarios  ha dictado los actos\nadministrativos aquí cuestionados  en virtud del principio de legalidad,  que\nsignifica que los actos y comportamientos de la Administración deben de estar regulados por norma escrita, lo que implica desde luego, el sometimiento a la\nConstitución a la ley, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico.\n\nNo obstante, se le recuerda a las autoridades del centro penitenciario que la salud\nes un derecho fundamental del ser humando en la medida en que la vida depende,\nen gran parte, de su respeto y por ello las autoridades tienen la obligación con las\npersonas privadas de libertad de velar por ello. Es claro que el recurrente como\nser humano tiene derecho a la protección a su salud y por ende a la vida. Existen\ndatos científicos sobre los riesgos para  la salud  en la población no fumadora vinculados a la contaminación ambiental por humo del cigarrillo de tabaco. Por\nello parece adecuado arbitrar medidas que preserven el derecho a la protección\nde la salud de estas personas y que puedan desarrollar su actividad cotidiana sin\nriesgos no deseados en un ambiente sano. Las autoridades estatales deben de tener\npresente que en caso de conflicto prevalecerá siempre el derecho a la salud de los\nno fumadores sobre el derecho de los fumadores a consumir tabaco; sin embargo,\nen el presente caso nos encontramos ante la población de un centro penal, por lo\nque las autoridades penitenciarias deberán de realizar las gestiones y estudios\nnecesarios para la adopción de las medidas protectoras, especialmente  las\nrelativas al consumo del tabaco en espacio cerrados y valorar donde es el menor\nimpacto del humo del cigarrillo e iniciar los estudios correspondientes para que\ndentro un plazo razonable se construyan lugares destinados a los no fumadores\nsegún los diferentes niveles de contención, con lo cual no se está limitando los\nderechos de los privados de libertad que son fumadores sino que se promueva y\nproteja la salud mediante  la creación de espacios  sin humo  y de esta forma\nproteger la calidad del aire respirable libre de contaminantes del humo del tabaco\ndentro de los centros penitenciarios.\n\nEn consecuencia,  si algún privado  de libertad padece  de alguna enfermedad debidamente comprobada por el Médico Forense en se vea afectado por el humo del cigarrillo, o no desea permanecer en un área donde lo afecte el humo del tabaco, debe de solicitar ante la autoridad respectiva un cambio de ubicación con el fin de que no se agrave su padecimiento, misma que debe ser proporcionada por las autoridades  del centro de reclusión de donde  se encuentre  y brindarle las condiciones necesarias y adecuadas para proteger su salud.\n\nIV.-Partiendo de lo dicho en el precedente de cita, y luego de analizar los\nelementos aportados a los autos, esta Sala no puede constatar violación alguna a los\nderechos del tutelado, pues tal y como se indicó en el considerando anterior, el\nartículo 3 de la Ley 7501 Regulación del Fumado, excluye a los privados de libertad\ndel Sistema Penitenciario Nacional de las prohibiciones establecidas  por dicha\nnormativa, de ahí que no resulte contrario a derecho que algunos reclusos del CAI\nGerardo Rodríguez fumen en dicho sitio. Por otra parte, debe indicarse que del\ninforme dado bajo juramento por los recurridos, así como de la prueba aportada por\néstos, se denota que el amparado en ningún momento ha hecho referencia a los\nproblemas de salud a los que se hace alusión en el libelo de interposición, ya que\nincluso se negó a recibir la atención médica que le fuera ofrecida, de ahí que no\nlogre constatarse lesión alguna al artículo 21 de la Carta Fundamental.\n\nV.-Sin demérito de lo externado en el considerando anterior, debe recordarse\na las autoridades accionadas, que si el amparado requiere de atención médica por\nproblemas derivados del fumado de los otros privados de libertad, ésta deberá serle\notorgada, y en caso de ser necesario por motivos de salud, deberá incluso valorarse\nsu reubicación en otro sitio en el que no se ponga en riesgo su integridad física.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. Tomen nota los recurridos de lo dicho en el considerando V de esta sentencia.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nGilbert Armijo S.\nPresidente a.i.\n\n \n\n \n\nFernando Cruz C.                                                                         Fernando Castillo V.\n\n \n\nPaul Rueda L.                                                                             Rodolfo E. Piza R.\n\n \n\nRicardo Guerrero P.                                                                            Jorge Araya G.\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 11:55:46.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "File: 12-000145-0007-CO\nRes. No. 2012001062\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on the twenty-seventh of January, two thousand twelve.\n\nThis amparo action, processed under case file number\n12-000145-0007-CO, filed by C.C.M., on behalf of O.C.M., against the GERARDO RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA INSTITUTIONAL CARE CENTER.-\n\nWhereas:\n\n1.- Through a written submission received at the Secretariat of the Chamber at 2:33 p.m. on January 6,\n2012, the petitioner files an amparo action against the Gerardo Rodríguez Echeverría Institutional Care Center and states that the protected party\nappears as a defendant in the criminal case processed under case file number\n10-XXXXXXXX-PE. He indicates that on December 21, 2011, the Criminal Court of\nHeredia imposed two months of pretrial detention as a precautionary measure against him, which is why he is confined in the indictees' section of the\nappealed Institutional Care Center. He mentions that the majority of people\nconfined in said center are active addicted smokers, and therefore they spend most of the day smoking in all areas, since there is no separate room where non-smokers can be. He points out that because of the foregoing, the protected party C.M. has experienced, in the two weeks he has been detained, a deterioration in his health, mainly in his respiratory system, as he is constantly exposed to smoke. Furthermore, he indicates that he suffers from repetitive cough, nose and eye irritation, fever, as well as pain, irritation, and inflammation of the throat, which at times prevent him from speaking. He considers the protected party's rights to be harmed, and therefore requests that the action be granted, with the corresponding consequences.\n\n2.- J.J.Q.Z., in his capacity as Director of the Gerardo Rodríguez Institutional Care Center, reports under oath that the person under guardianship has been detained in the indictee area since December 22, 2011, under the order of the Criminal Court of Heredia. He notes that the protected party has not submitted any request to be assessed or to receive treatment for the alleged health deterioration he suffers from. He affirms that as a result of the filing of this matter, the person under guardianship was summoned, but he refused to receive medical attention, making it impossible to provide a medical opinion on his situation. He claims that Law No. 7501, Smoking Regulation, excludes inmates of the National Penitentiary System from the prohibition. He considers that the facts alleged in this matter are a consequence of the coexistence among persons deprived of liberty. Based on the foregoing, he requests that the filed action be dismissed.\n\n3.- E.P.H., in his capacity as Director General of Social Adaptation, reports under oath that he fully adheres to the report rendered by the Director of CAI Gerardo Rodríguez.\n\n4.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n Considering:\n\nI.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided for in the initial order:\n\na) The person under guardianship is detained in the indictees' section of CAI Gerardo Rodríguez, under the order of the Criminal Court of Heredia. (Reports of the respondents).\n\nb) The protected party has not requested medical attention at the Clinic of CAI Gerardo Rodríguez. On January 12, 2012, he was informed that he could attend to receive attention in the Medical Area; however, he stated that he did not wish to do so, as he felt healthy. (Reports and evidence of the respondents).\n\nII.- Unproven facts. None of relevance for the resolution of this matter.\n\nIII.- On the merits. In the present matter, the petitioner claims that the protected party's health has deteriorated due to the smoking of the other persons deprived of liberty at CAI Gerardo Rodríguez. Now, when hearing a matter similar to the present one, this Chamber stated in its judgment number 2006-7146 of 8:30 a.m. on June 8, 2005, in what is relevant, the following:\n\nVI.- Regarding the restriction of smoking in penitentiary centers.\nThe protected party claims that the penitentiary center authorities authorize the use and consumption of tobacco, which is harmful to his health. Through Law No.\n7501 of May 5, 1995, the State seeks to ensure the individual and collective health of Costa Ricans, always respecting the individual and social rights recognized in the Political Constitution and the laws (article 1). In the second article of the Law, this protection is concretized through the establishment of prohibitions on smoking in certain places, with article 3 excluding such a limitation for inmates of the National Penitentiary System. In this sense, any attempt at regulation in that latter case through norms of infra-legal rank would be tainted with illegality due to contradiction with article 3, without forgetting that, as this Chamber has already declared, smoking is ultimately a lawful activity and, based on the rule of the principle of individual autonomy derived from Article 28 of the Constitution, it can only be restricted through legal channels (judgment number 04804-99, 1:45 p.m. on June 18, 1999). Consequently, the authorities of the penitentiary centers have issued the administrative acts questioned herein by virtue of the principle of legality, which means that the acts and behaviors of the Administration must be regulated by written norm, which implies, of course, submission to the Constitution, to the law, and in general to all the norms of the legal system.\n\nHowever, the authorities of the penitentiary center are reminded that health\nis a fundamental right of the human being, to the extent that life depends,\nto a large extent, on its respect, and therefore the authorities have the obligation, with respect to persons deprived of liberty, to ensure it. It is clear that the petitioner, as a human being, has the right to the protection of his health and therefore to life. Scientific data exist on the risks to health in the non-smoking population linked to environmental contamination by tobacco cigarette smoke. Therefore, it seems appropriate to arbitrate measures that preserve the right to health protection for these persons and so that they can carry out their daily activities without unwanted risks in a healthy environment. The state authorities must keep in mind that in case of conflict, the right to health of non-smokers will always prevail over the right of smokers to consume tobacco; however, in the present case we are dealing with the population of a penal center, so the penitentiary authorities must carry out the necessary efforts and studies for the adoption of protective measures, especially those relating to tobacco consumption in enclosed spaces, and assess where the impact of cigarette smoke is the least, and initiate the corresponding studies so that within a reasonable period, places intended for non-smokers are built according to the different containment levels, by which the rights of persons deprived of liberty who are smokers are not being limited, but rather health is promoted and protected through the creation of smoke-free spaces, and in this way, the quality of breathable air free of tobacco smoke contaminants within the penitentiary centers is protected.\n\nConsequently, if any person deprived of liberty suffers from a disease duly verified by the Forensic Physician that is affected by cigarette smoke, or does not wish to remain in an area where tobacco smoke affects him, he must request before the respective authority a change of location so that his ailment is not aggravated, which must be provided by the authorities of the confinement center where he is located, and they must provide him with the necessary and appropriate conditions to protect his health.\n\nIV.- Based on the cited precedent, and after analyzing the elements submitted to the case file, this Chamber cannot verify any violation of the rights of the person under guardianship, since, as stated in the preceding considering, Article 3 of Law 7501, Smoking Regulation, excludes persons deprived of liberty within the National Penitentiary System from the prohibitions established by said regulation; hence, it is not contrary to law that some inmates of CAI Gerardo Rodríguez smoke at said site. On the other hand, it must be stated that from the report given under oath by the respondents, as well as from the evidence provided by them, it is evident that the protected party has at no time made reference to the health problems alluded to in the filing writ, since he even refused to receive the medical attention that was offered to him; hence, no injury to Article 21 of the Fundamental Charter can be verified.\n\nV.- Without detracting from what was stated in the preceding considering, the respondent authorities must be reminded that if the protected party requires medical attention due to problems derived from the smoking of the other persons deprived of liberty, such attention must be provided to him, and should it be necessary for health reasons, his relocation to another site where his physical integrity is not put at risk must even be assessed.\n\nTherefore:\n\nThe action is declared without merit. Let the respondents take note of what is stated in considering V of this judgment.\n\nGilbert Armijo S.\nActing Presiding Judge\n\nFernando Cruz C. Fernando Castillo V.\n\nPaul Rueda L. Rodolfo E. Piza R.\n\nRicardo Guerrero P. Jorge Araya G.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 11:55:46.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }