{ "id": "nexus-sen-1-0007-539655", "citation": "Res. 01323-2012 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo por contaminación de quebrada por autolavado en San Ramón", "title_en": "Amparo for stream pollution from car wash in San Ramón", "summary_es": "Vecinas de San Ramón interpusieron recurso de amparo contra la Municipalidad de San Ramón, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y el AyA, denunciando que un autolavado no contaba con tratamiento de aguas residuales, contaminaba una quebrada y hacía uso irracional del agua potable. La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso. Se desestimó respecto a la supuesta inacción de las autoridades, pues todas atendieron la denuncia, realizaron inspecciones y emitieron órdenes en un plazo razonable. También se desestimó en cuanto al uso irracional del agua, por ser un asunto de legalidad y responsabilidad individual. Sin embargo, se constató que el establecimiento sí violó el derecho al ambiente al verter aguas servidas a un canal sin tratamiento, lo que motivó órdenes sanitarias y correctivas municipales. Aunque la situación se solventó posteriormente, la violación existía al momento de presentar el recurso. La Sala condenó al propietario al pago de costas, daños y perjuicios, y ordenó a las autoridades mantener vigilancia para evitar nuevas contaminaciones. La Magistrada Calzada salvó el voto en cuanto a la cosa juzgada material.", "summary_en": "Residents of San Ramón filed an amparo against the Municipality, the Ministry of Environment, the Ministry of Health, and the Water Institute, alleging that a car wash lacked wastewater treatment, polluted a stream, and wasted potable water. The Constitutional Chamber partially granted the remedy. It dismissed the claim of administrative inaction, as all authorities responded to the complaint, conducted inspections, and issued orders within a reasonable time. It also dismissed the claim of water waste as a matter of legality and individual responsibility. However, the Chamber found that the car wash did violate the right to a healthy environment by discharging untreated wastewater into a canal, which led to sanitary and corrective orders. Although the situation was later remedied, the violation existed at the time of filing. The Chamber ordered the owner to pay costs, damages, and losses, and instructed the authorities to monitor the business to prevent future pollution. Judge Calzada appended a note on res judicata.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "03/02/2012", "year": "2012", "topic_ids": [ "art-50-constitution", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "art-50-constitution", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "aguas servidas", "orden sanitaria", "confinamiento sanitario", "contaminación de quebrada", "derecho a un ambiente sano", "artículo 50 constitucional", "principio de desarrollo sostenible" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "aguas residuales", "contaminación de quebrada", "derecho a ambiente sano", "orden sanitaria", "Municipalidad de San Ramón", "Ministerio de Salud", "Sala Constitucional" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "wastewater", "stream pollution", "right to healthy environment", "sanitary order", "Municipality of San Ramón", "Ministry of Health", "Constitutional Chamber" ], "excerpt_es": "Así que no se observa hasta aquí, que haya habido inercia o falta de respuesta de los recurridos en atender la denuncia, sino que esta es respondida dentro de un plazo razonable, más o menos dos meses después de planteada, y todos realizaron inspecciones en el sitio. Ahora bien, pese a lo anterior, sí se constata una violación al derecho al ambiente por parte de la empresa recurrida, porque en la inspección realizada en noviembre del 2011 por personeros municipales se determinó que las aguas servidas, producto de la actividad, son liberadas a un canal que discurre contiguo a las instalaciones« y luego de la inspección realizada por personeros del Ministerio de Salud también en noviembre del 2011 se emite una orden sanitaria ordenado al propietario del establecimiento presentar e implementar plan de manejo de desechos líquidos y la construcción de un sistema de tratamiento para el confinamiento sanitario de las aguas y residuos generados por esta actividad . Si bien es cierto se informa que el propietario del lugar fue pronto en acatar las órdenes, pues al 09 de diciembre del 2011 según la inspección de personeros municipales se comprobó que las obras de construcción de drenaje y canalización de las aguas servidas al tanque séptico se encontraban concluidas, y en inspección del 24 de enero del 2012 por parte de personeros del Ministerio de Salud se concluyó que la orden sanitaria para el confinamiento sanitario de las aguas residuales fue cumplida en todos sus extremos, al momento de presentarse el recurso, el 24 de noviembre del 2011, ya la violación al derecho al ambiente se había y seguía produciendo. Razón suficiente para que esta Sala acoja este recurso, al menos en cuanto a este alegato.", "excerpt_en": "Thus, it is not observed up to this point that there was inaction or lack of response from the respondents in addressing the complaint; rather, it was answered within a reasonable period, approximately two months after being filed, and all conducted on‑site inspections. However, despite the foregoing, a violation of the right to the environment by the respondent company is indeed found, because in the inspection conducted in November 2011 by municipal personnel it was determined that the wastewater produced by the activity was discharged into a canal running adjacent to the premises, and after the inspection by Ministry of Health personnel, also in November 2011, a sanitary order was issued requiring the owner to submit and implement a liquid waste management plan and to build a treatment system for the sanitary confinement of water and waste generated by that activity. Although it is reported that the owner promptly complied with the orders—since by December 9, 2011, municipal inspectors verified that the drainage and canalization works directing the wastewater to the septic tank were completed, and in the January 24, 2012 inspection by Health Ministry personnel it was concluded that the sanitary order for the confinement of the wastewater had been fully satisfied—at the time the recourse was filed, on November 24, 2011, the violation of the right to the environment had already been occurring and continued to occur. That is sufficient reason for this Chamber to grant this recourse, at least with respect to that claim.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "Amparo was partially granted: the owner of the car wash was ordered to pay costs, damages, and losses for violating the right to a healthy environment, and the respondent authorities were ordered to monitor the establishment's activities to prevent further pollution.", "summary_es": "Se declaró parcialmente con lugar el amparo: se condenó al propietario del autolavado al pago de costas, daños y perjuicios por violación al derecho al ambiente, y se ordenó a las autoridades recurridas vigilar las actividades del establecimiento para evitar nueva contaminación." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone on which the other fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Similarly, in that article of the political charter the right to health finds its basis, since life is inconceivable if minimum conditions for adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed.", "quote_es": "El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health.", "quote_es": "El artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "A violation of the right to the environment by the respondent company is indeed found, because in the inspection conducted in November 2011 by municipal personnel it was determined that the wastewater produced by the activity was discharged into a canal running adjacent to the premises.", "quote_es": "Sí se constata una violación al derecho al ambiente por parte de la empresa recurrida, porque en la inspección realizada en noviembre del 2011 por personeros municipales se determinó que las aguas servidas, producto de la actividad, son liberadas a un canal que discurre contiguo a las instalaciones." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-539655", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01323 - 2012\n\nFecha de la Resolución: 03 de Febrero del 2012 a las 09:30\n\nExpediente: 11-015174-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nExp: 11-015174-0007-CO\n\nRes. Nº 2012001323\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del tres de febrero de dos mil doce.\n\n          Recurso de amparo interpuesto por P.B.C. y otras, contra la Municipalidad de San Ramón, Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:35 horas del 24 de noviembre de 2011, las recurrentes interponen recurso de amparo contra la Municipalidad de San Ramón, Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y manifiestan que: a) El [...], ubicado sobre la radial de San Ramón, no posee planta de tratamiento para las aguas residuales, dándose así un manejo inadecuado de estas, además de un uso irracional del agua potable, dado el tratamiento inadecuado de las aguas residuales estas desembocan en una quebrada ubicada detrás de este negocio por otro lado, las aguas contaminadas  no tienen un tratamiento adecuado, afectando la vida de animales y produciendo malos olores; b) La Municipalidad de San Ramón contestó en oficio UGA- 124-102011 con fecha 11 de octubre de 2011 que requiere de más tiempo para gestionar con las demás dependencias del Estado una atención coordinada ante la denuncia planteada, fundamentándose en el art. 261 de la Ley General de la Administración Publica, que cuentan con 2 meses para dar respuesta y que el día 09 de  noviembre  de 2011, mediante oficio MSR-UGA la Municipalidad de San Ramón comunicó a los recurrentes que el […], si contaba con el certificado de uso del suelo y el visto bueno de ubicación emitido por el Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Ramón, además de contar con el Permiso de Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud; c) La Municipalidad de San Ramón comunica a los recurrentes que se da traslado del caso al Ministerio de Salud y en relación al uso irracional del agua, informa que dicho uso es responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; d) Mediante oficio OSR-1324 del día 31 de octubre de 2011 el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones llevó a cabo inspección en el sitio para determinar el manejo adecuado de aguas residuales y posible peligro a las vidas animales determinando que dicho sistema es el autorizado por el Ministerio de Salud de San Ramón; e) El día 03 de octubre de 2011, los recurrentes presentaron ante la oficina regional de el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y ante la oficina regional del Ministerio de salud denuncias por uso irracional y manejo inadecuado de aguas residuales y a la fecha no han obtenido respuesta alguna, de ninguna de las anteriores entidades. Consideran violentados sus derechos fundamentales. Solicitan que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Informa bajo juramento, VÍCTOR JULIO QUIRÓS CASCANTE en su calidad de Jefe de la Oficina de San Ramón del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en resumen que dicha oficina no emite criterios respecto al uso racional del agua, la contaminación de las aguas y su posible impacto sobre la vida animal, la necesidad de una planta de tratamiento para las aguas residuales, por tratarse de una actividad comercial habitual en la ciudad de San Ramón, ya que es competencia y manejo técnico de otras instancias tales como el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de San Ramón. Que no es cierto que no se le diera respuesta a la recurrente con respecto a la denuncia presentada, el día 29 de septiembre de 2011 se recibe la denuncia y se le da respuesta el día 31 de octubre de 2011, siendo que el día 24 de octubre de 2011 se realizó la inspección al lugar y a dicho momento no se observan descargas de agua al cauce de la quebrada y que en expediente custodiado por dicha entidad consta permiso Sanitario de Funcionamiento otorgado por la Oficina Regional de Ministerio de Salud. Que mediante oficio OSR-1324 del 31 de octubre de 2011, se les notifico a las recurrentes sobre los resultados de la inspección y se traslado copia al Ministerio de Salud, Municipalidad de San Ramón y Área Rectora de Salud. Solicita que se desestime el recurso planteado.\n\n3.- Informa bajo juramento ANA ISABEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en su calidad de Directora del Área Rectora  de Salud San Ramón de la Dirección Regional Rectoría de la Salud Central Occidente, señala que efectivamente en fecha 09 de noviembre noviembre de 2011, los recurrentes presentaron denuncia notándose que dichas pretensiones iban dirigidas a la Municipalidad de San Ramón y a Acueductos y Alcantarillados y que además ya había sido programado por el equipo de Regulación del área rectora de salud y que como resultado de esta programación, se realizó visita de evaluación el día 09 de noviembre de 2011, emitiéndose oficio RCO- ARSSR-R-1139-2011 en donde como resultado de la inspección se emite la orden sanitaria SR-243-2011, en la que se le ordena al señor […] propietario del establecimiento presentar e implementar plan de manejo de desechos líquidos y la construcción de un sistema de tratamiento para el confinamiento sanitario de las aguas y residuos generados por esta actividad, además se procedió a notificar a las recurrentes el día 02 de noviembre de 2011 sobre  las acciones realizadas en pro de la atención de la denuncia presentada, mediante oficio CO-DARS-1292-2011. Solicita que se desestime el recurso planteado.\n\n4.- Informa bajo juramento MARTIN MENDEZ FALLAS, en su calidad de Jefe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, cantonal de San Ramón, que efectivamente el negocio comercial en mención cuenta con el servicio de agua potable legalizado, según se desprende de la inspección realizada el día 29 de noviembre de 2011 y notificada a los recurrentes vía fax, menciona que no es competencia del  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el otorgamiento de permisos de funcionamiento, ni de uso de suelo ni de ningún otro de esta índole, ya que son competencias exclusivas de la Municipalidad de San Ramón, del Ministerio de Salud y otros, ya que al AyA le compete solamente la prestación del servicio de agua potable entre otros.  Además, no se afecta el consumo o abastecimiento de los vecinos del cantón pues cuentan con suficiente cantidad de agua para que los administrados desarrollen sus habilidades comerciales según sea el caso. Solicita que se desestime el recurso planteado.\n\n5.- Informan bajo juramento, MERCEDES MOYA ARAYA en su condición de  Alcaldesa Municipal y ALEXANDER RODRÍGUEZ CHÁVEZ en su condición de regidor propietario, ambos miembros de la Municipalidad de San Ramón, que el local comercial en mención cuenta con certificado de uso de suelo y visto bueno de ubicación, emitido por el Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Ramón, mediante resolución No. MSR-DCU-056-2011 permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud resolución RCO-ARSSR-0085-2011 y certificado de patente comercial C-508-06 de la Municipalidad de San Ramón, previo a la emisión de la resolución que otorga el certificado de uso de suelo y visto bueno de ubicación, el propietario del establecimiento comercial indicó que las aguas negras se dispondrían directamente a un tanque séptico y las aguas servidas se dispondrían mediante trampas de grasas y posteriormente van hacia el tanque  séptico, no mediante una planta de tratamiento. Posterior a la fecha de presentación de dicha denuncia personeros de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Ramón, realizaron inspección en donde se determino que el sistema para el manejo de las aguas servidas implementado en la actividad no concuerda con lo propuesto inicialmente en la solicitud de uso de suelo y visto bueno de ubicación, y que las aguas servidas, producto de la actividad son liberadas a un canal que discurre contiguo a las instalaciones, luego de pasar por al menos dos  pequeñas fosas, por lo que al determinar tal situación el Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Ramón por resolución de las 14: 02 horas del 30 de noviembre de 2011, previene y ordena al señor […] propietario del establecimiento, para que en un plazo de 3 días hábiles proceda a corregir las incongruencias referentes al manejo de aguas, resolución notificada el día 01 de diciembre de 2011 a las 11: 55 horas. Señala que al día de hoy no ha recibido respuesta alguna en relación al oficio MSR-UGA-138-112011 en donde se le solicita al Ministerio de Salud valorar el manejo de aguas residuales del local comercial. Indica que no es cierto que las aguas residuales vayan de manera directa a una quebrada, pues las aguas servidas son liberadas a un canal que discurre contiguo a las instalaciones, luego de pasar por al menos dos pequeñas fosas, el día de la inspección no se encontró evidencia de derrame de aceites hacia el canal. Menciona además que mediante oficio MSR-UGA-139-112011, se les contesto a las recurrentes los resultados de la inspección realizada. Solicitan se desestime el recurso planteado.\n\n6.- Mediante resolución del Magistrado Instructor  de las nueve horas y cincuenta y uno minutos del trece de enero del dos mil doce se resolvió: 1) En los términos de los artículos 43 párrafo 2o., 44 párrafo 1o., 45, 59 y 61 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, désele traslado a M.A.C.Q., cédula 1-961-296, teléfonos 8353-0571 y 2447-9210, en su calidad de Propietario del […] y […],cédula […], teléfono […], en su calidad de Propietario del Inmueble, sobre los hechos alegados por las recurrentes, en resumen: que el […] le está dando un manejo inadecuado a las aguas residuales, y un uso irracional\ndel agua potable, desembocando las aguas en una quebrada y produciendo malos olores. Asimismo, refiéranse los recurridos a las acciones tomadas para dar efectivo cumplimiento a la orden sanitaria SR-243-2011 del 29 de noviembre del 2011. 2) Solicitar como prueba para mejor resolver a: a) ANA ISABEL RODRIGUEZ SANCHEZ, en su calidad de Directora del Area Rectora de Salud de San Ramón, o a quien en su lugar ocupe este cargo, proceder a detallar todas las acciones tomadas para dar efectivo cumplimiento a la orden sanitaria SR-243-2011 del 29 de noviembre del 2011. b) MERCEDES MOYA ARAYA en su condición de Alcaldesa Municipal y ALEXANDER RODRÍGUEZ CHÁVEZ en su condición de regidor propietario, ambos miembros de la Municipalidad de San Ramón, o a quienes en su lugar ocupen estos cargos, proceder a detallar todas las acciones tomadas para dar efectivo cumplimiento a las prevenciones y órdenes dadas por ese mismo gobierno local mediante resolución de las 14: 02 horas del 30 de noviembre de 2011, al señor […] propietario del establecimiento, referentes al manejo de aguas. 3) Dado que conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la misma ley, se podrá dictar cualquier medida cautelar de conservación o seguridad que la prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, se ordena a […], en su calidad de Propietario del […] y […], en su calidad de Propietario del Inmueble, proceder a acatar de inmediato las órdenes sanitarias emitidas en relación con el funcionamiento del establecimiento […]. Asimismo, se ordena a todos los demás recurridos TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE FISCALIZAR  SI SE PRODUCEN O NO LOS PROBLEMAS CONTAMINACION QUE ACUSA LA PARTE RECURRENTE, hasta tanto esta Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa.\n\n7.- Contesta, JESUS RODRIGUEZ LEDEZMA, en su calidad de propietario del inmueble, en resumen que no conoce del manejo de aguas residuales que hace el señor M.A.C.Q., ni del aparente uso irracional del agua. Desconoce la orden sanitaria del 29 de noviembre  del 2011, así como  de su cumplimiento. No obstante,  recibió el día 19 de enero del 2012 una copia del informe rendido por señor C.Q. donde hace ver al Ministerio de Salud el cumplimiento de una serie de obligaciones en relación a la construcción de una caja de registro y un tanque séptico, del cual adjunta copia.\n\n8.- Contesta, M.A.C.Q., en su calidad de Propietario del […], en resumen que: a) Es propietario de un autolavado, que constituye su actividad comercial. Ha obtenido el permiso de funcionamiento y la patente municipal, los cuales le fueron otorgados; b) En virtud de una denuncia presentada, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Ramón le hicieron una serie de recomendaciones  para evitar cualquier daño ambiental. En cumplimiento de ello llevó a cabo las mejoras solicitadas. Para tal efecto remitió nota a la Dirección del Area Rectora de San Ramón, exponiéndole el cumplimiento en cuanto al manejo de aguas servidas, ajustándose a lo pedido, pero no ha obtenido respuesta. La Municipalidad hizo una inspección para verificar la existencia de las mejoras, y le dieron el visto bueno verbalmente. Solicita se desestime el recurso planteado.\n\n9.- Informa bajo juramento, MAIRYM CARVAJAL SALAS, en su calidad de Directora a.i del Area Rectora de Salud de San Ramón, en resumen que: a) En seguimiento a la orden sanitaria SR-243-2011 la autoridad de salud procede a realizar visita de inspección el día 24 de enero del 2012 al establecimiento denominado […]. Los hallazgos encontrados constan en el informe RCO-ARSSR-R-063-2012; b) La prueba realizada con fluoroceina dio negativa. No se observaron  fugas, filtraciones o estancamientos  en los alrededores  del inmueble. Se concluye que la orden sanitaria emitida para el confinamiento sanitario de las aguas residuales fue cumplida en todos sus extremos, por ello se recomienda el cierre del caso. Solicita se desestime el recurso planteado.\n\n10.- Informan bajo juramento, MERCEDES MOYA ARAYA, en su calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de San Ramón, y ALEXANDER RODRIGUEZ CHAVES, en su calidad de Presidente del Concejo Municipal, en resumen que: a) La Municipalidad le ha dado seguimiento al problema de contaminación denunciado por las recurrentes y ha tomado las medidas cautelares correctivas administrativas. Ha verificado el incumplimiento, en cuanto al plan presentado sobre el manejo de aguas, apercibe al propietario que cumpla con la propuesta; b) El 06 de diciembre del 2011 los funcionarios municipales realizan una inspección al sitio, constatan la construcción de un drenaje y obras de canalización de aguas hacia el tanque séptico existente. El 09 de diciembre nuevamente visitan el sitio, determinando que las obras de construcción de drenaje y canalización de las aguas servidas al tanque séptico se encuentran concluidas. El 18 de enero del 2012 se realiza otra inspección, constatando que no hay fugas de aguas o derrames hacia el canal y que en apariencia el sistema de tratamiento de aguas servidas funciona correctamente. Se continuará realizando inspecciones de campo rutinarias para verificar que se encuentre a derecho; c) En el caso en particular se ha seguido el debido proceso y las gestiones correspondientes; d) Las aguas servidas ya no son desfogadas al canal que discurre contiguo a las instalaciones, el sistema de tratamiento actual se dispone mediante trampas de grasas que posteriormente se dirigen a un tanque séptico y luego a un drenaje construido para tales efectos.\n\n11.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\nRedacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Objeto del recurso.- Las recurrentes, vecinas de San Ramón, consideran que la inercia de los recurridos en atender la denuncia que plantearon en contra del [...] por no poseer una planta de tratamiento para las aguas residuales (ocasionando que esta agua desemboquen en una quebrada y malos olores) y por hacer un uso irracional del agua potable, violenta su derecho a gozar de un ambiente sano.\n\nII.- Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)          Que el local comercial en cuestión cuenta con certificado de uso de suelo y visto bueno de ubicación, emitido por el Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Ramón. Asimismo, con permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud resolución RCO-ARSSR-0085-2011 y certificado de patente comercial C-508-06 de la Municipalidad de San Ramón (ver informe).\n\nActuaciones de la Municipalidad de San Ramón\n\nb)                  Que el 29 de setiembre del 2011 las recurrentes presentaron ante la Municipalidad de San Ramón una denuncia por el uso irracional y el uso inadecuado de aguas residuales del [...] (ver informe).\n\nc)                   Que el 11 de octubre del 2011 mediante oficioMSR-UGA-124-102011 la Municipalidad de San Ramón contesta la denuncia anterior indicando que requieren de más tiempo para resolverla (ver informe).\n\nd)                  Que el 09 de noviembre del 2011 mediante oficio MSR-UGA-139-112011 la Municipalidad de San Ramón le indica a las recurrentes que el […] sí cuenta con el certificado de uso de suelo, el visto bueno de ubicación y el permiso sanitario de funcionamiento. Asimismo que dan traslado del caso al Ministerio de Salud y que el uso del agua potable es responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ver informe).\n\ne)          Que personeros de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Ramón, realizaron inspección en donde se determinó que el sistema para el manejo de las aguas servidas implementado en la actividad  no concuerda con  lo propuesto inicialmente en la solicitud de uso de suelo y visto bueno de ubicación, y que las aguas servidas, producto de la actividad son liberadas a un canal que discurre contiguo a las instalaciones, luego de pasar por al menos dos pequeñas fosas, por lo que al determinar tal situación el Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Ramón por resolución de las 14: 02 horas del 30 de noviembre de 2011, previene y ordena al señor M.A.C.Q. propietario del establecimiento, para que en un plazo de 3 días hábiles proceda a corregir las incongruencias referentes al manejo de aguas, resolución notificada el día 01 de diciembre de 2011 a las 11: 55 horas. Que mediante oficio MSR-UGA-139-112011, contestaron a las recurrentes los resultados de la inspección realizada (ver informe).\n\nf)           Que el 06 de diciembre del 2011 los funcionarios  municipales realizan una inspección al sitio, constatan la construcción de un drenaje y obras de canalización de aguas hacia el tanque séptico existente. El 09 de diciembre nuevamente visitan el sitio, determinando que las obras de construcción de drenaje y canalización de las aguas servidas al tanque séptico se encuentran concluidas. El 18 de enero del 2012 se realiza otra inspección, constatando que no hay fugas de aguas o derrames hacia el canal y que en apariencia el sistema de tratamiento de aguas servidas funciona correctamente, llegando al convencimiento de que las aguas servidas ya no son desfogadas al canal que discurre contiguo a las instalaciones, el sistema de tratamiento actual se dispone mediante trampas de grasas que posteriormente  se dirigen a un tanque séptico y luego a un drenaje construido para tales efectos (ver informe).\n\nActuaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones\n\ng)                  Que el 28 de setiembre del 2011 las recurrentes presentaron denuncia por uso irracional y manejo inadecuado de aguas residuales ante el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (ver informe).\n\nh)                  Que el 31 de octubre  del 2011 mediante el oficio OSR-1324 el Ministerio anterior contesta indicando que el 24 de octubre se llevó a cabo inspección y que se determinó que el sistema utilizado para manejar las aguas de los vehículos es el autorizado por el Ministerio de Salud y que no se observó descarga de aguas servidas sin algún tratamiento y residuos de aceite a la quebrada (ver informe).\n\nActuaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados\n\n \n\ni)           Que el 03 de octubre del 2011 las recurrentes presentaron ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados denuncia por uso irracional y manejo inadecuado  de aguas residuales (ver prueba aportada por las recurrentes).\n\nj) Que personeros del ICAA realizan una inspección el 29 de noviembre del 2011 determinando que efectivamente el negocio comercial en mención cuenta con el servicio de agua potable legalizado, así que, vía fax informan de ello a las recurrentes, indicándoles además que no es competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el otorgamiento de permisos de funcionamiento, ni de uso de suelo ni de ningún otro\n\nde  esta  índole,  ya  que  son  competencias  exclusivas  de  la Municipalidad de San Ramón, del Ministerio de Salud y otros, ya que al AyA le compete solamente la prestación del servicio de agua potable entre otros (ver informe).\n\nActuaciones del Ministerio de Salud\n\nk)                  Que el 09 de noviembre del 2011 las recurrentes presentaron ante el Ministerio de Salud denuncia por uso irracional y manejo inadecuado de aguas residuales (ver informe).\n\nl)           Que el Ministerio de Salud realizó visita de evaluación el día 09 de noviembre de 2011, emitiéndose oficio RCO- ARSSR-R-1139-2011 en donde como resultado de la inspección se emite la orden sanitaria SR-243-2011 , notificada el 01 de diciembre del 2011 y con fecha de vencimiento el 12 de enero del 2012, en la que se le ordena al señor M.A.C.Q. propietario del establecimiento presentar e implementar plan de manejo de desechos líquidos y la construcción de un sistema de tratamiento para el confinamiento sanitario de las aguas y residuos generados por esta actividad. Se notifica a las recurrentes el día 02 de diciembre de 2011 sobre las acciones realizadas en pro de la atención de la denuncia presentada, mediante oficio CO-DARS-1292-2011 (ver informe).\n\nm)                  Que en seguimiento a la orden sanitaria SR-243-2011 la autoridad de salud procede a realizar visita de inspección el día 24 de enero del 2012 al establecimiento denominado […], determinándose que: la prueba realizada con fluoroceina dio negativa. No se observaron fugas, filtraciones o estancamientos en los alrededores del inmueble. Se concluye que la orden sanitaria emitida para el confinamiento sanitario de las aguas residuales fue cumplida en todos sus extremos, por ello se recomienda el cierre del caso (ver informe).\n\nIII.- SOBRE EL FONDO.- Del escrito de interposición y todo lo actuado dentro de este expediente, se desprende que el fondo del asunto se concentra en determinar si las actuaciones de los recurridos en atender la denuncia presentada desde finales de setiembre del 2011 por contaminación de la quebrada detrás del negocio […] por parte de dicho negocio, ha sido debidamente atendida, en atención al derecho fundamental al ambiente y al buen funcionamiento de los servicios públicos. Lo mismo que examinar si las actuaciones de dicha empresa, en tanto sujeto de derecho privado han sido respetuosos del derecho al ambiente. Antes de proceder al examen concreto de lo planteado, recuérdese lo que la jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha establecido en relación con los derechos fundamentales que siendo objeto de análisis en este recurso.\n\nIV.- EN GENERAL SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y A UN AMBIENTE SANO Y ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO.- Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa  Rica. En este sentido, en sentencia 2006-005928 de las 15 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió:\n\n³ («) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de calidad ambiental como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras principio de desarrollo sostenible.\n\nAsimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: \"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.\n\nToda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.\n\nEl Estado garantizará, defenderá y ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes\" Como derivación de lo anterior, esta Sala ha reconocido de forma reiterada que, como parte de las obligaciones primarias y fundamentales del Estado, está el deber de respetar, proteger y garantizar de forma diligente y oportuna- el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (ver, p. ej., sentencias 1992-1915 de las 14:12 horas del 22 de julio de 1992, 2004-10039 de las 14:39 horas del 13 de septiembre del 2004, 2006-17126 de las 15:05 horas del 28 de noviembre del 2006 y 2008-001003 de las 14:56 horas del 23 de enero del 2008).\n\nV.- SOBRE  EL CASO CONCRETO.- De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, la contestación de parte de la empresa recurrida, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se comprueba que en efecto las recurrentes interpusieron una denuncia por uso irracional del agua y uso inadecuado de aguas residuales ante la Municipalidad de San Ramón (el 29 de setiembre del 2011), el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (el 28 de setiembre del 2011), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (el 03 de octubre del 2011) y el Ministerio de Salud (el 09 de noviembre del 2011). Se comprueba que dicha denuncia fue respondida por cada uno de los recurridos, en las siguientes fechas: a) la Municipalidad de San Ramón el 11 de octubre del 2011 (solicitando más tiempo), el 09 de noviembre del 2011 (indicando que la empresa cuenta con todos los permisos) y el 01 de diciembre del 2011 (informando de los resultados de la inspección realizada y de la prevención hecha al propietario para corregir el manejo de aguas). b) El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones el 31 de octubre del 2011 indicando el resultado de la inspección realizada el 24 de octubre del 2011. c) El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el 29 de noviembre del 2011 informando el resultado de la inspección referido a que la empresa cuenta con el servicio de agua potable legalizado. d) El Ministerio de Salud el 02 de diciembre del 2011 enviando copia de la orden sanitaria que emitieron al propietario del establecimiento luego de la inspección realizada el 09 de noviembre del 2011. Así que no se observa hasta aquí, que haya habido inercia o falta de respuesta de los recurridos en atender la denuncia, sino que esta es respondida dentro de un plazo razonable, más o menos dos meses después de planteada, y todos realizaron inspecciones en el sitio. Ahora bien, pese a lo anterior, sí se constata una violación al derecho al ambiente por parte de la empresa recurrida, porque en la inspección realizada en noviembre del 2011 por personeros municipales se determinó que las aguas servidas, producto de la actividad, son liberadas a un canal que discurre contiguo a las instalaciones« y luego de la inspección realizada por personeros del Ministerio de Salud también en noviembre  del 2011 se emite una orden sanitaria ordenado al propietario del establecimiento presentar e implementar plan de manejo de desechos líquidos y la construcción de un sistema de tratamiento para el confinamiento sanitario de las aguas y residuos generados por esta actividad . Si bien es cierto se informa que el propietario del lugar fue pronto en acatar las órdenes, pues al 09 de diciembre del 2011 según la inspección de personeros municipales se comprobó que las obras de construcción de drenaje y canalización de las aguas servidas al tanque séptico se encontraban concluidas, y en inspección del 24 de enero del 2012 por parte de personeros del Ministerio de Salud se concluyó que la orden sanitaria para el confinamiento sanitario de las aguas residuales fue cumplida en todos sus extremos, al momento de presentarse el recurso, el 24 de noviembre del 2011, ya la violación al derecho al ambiente se había y seguía produciendo. Razón suficiente para que esta Sala acoja este recurso, al menos en cuanto a este alegato. Sobre las actuaciones  del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no se verifica ninguna violación grave de derechos fundamentales, aunque no deja de extrañar a esta Sala que el primero realizara una inspección el 24 de octubre del 2011 y no encontrara irregularidad en la descarga de aguas. Finalmente, en cuanto al alegato de uso irracional del agua potable, esta es una cuestión que no corresponde ventilarse en esta sede, pues no sólo por medio del recurso de amparo vía sumarísima- no es posible llegar a determinar si en efecto un sujeto está desperdiciando el agua potable, sino que, no existe ni puede existir- tutela constitucional bajo este alegato, el uso que cada quien le de al agua es, hasta el momento, una cuestión de responsabilidad individual y serán las instituciones encargadas de dotar el servicio quienes, en el ámbito de la legalidad, puedan iniciar campañas o algún otro tipo de acciones para promover el ahorro del agua.\n\nVI.- CONCLUSIÓN.- Se desestima el recurso en cuanto al alegato de que las instituciones recurridas han sido omisas en atender las denuncias presentadas por las recurrentes pues se comprueba que sí las han atendido (dando respuesta, realizando inspecciones, y emitiendo órdenes al propietario del establecimiento). También se desestima el recurso en cuanto al alegato de uso irracional del agua potable aspecto de legalidad que corresponde prevenir y atenderse por parte del prestador del servicio. Sin embargo, dado que se comprueba que, el establecimiento en cuestión sí incurrió en una violación al derecho al ambiente al liberar aguas servidas a un canal y no tener un sistema de tratamiento para el confinamiento sanitario de las aguas y residuos generados  por esta actividad, corresponde la estimatoria en cuanto a este alegato y únicamente en contra del propietario del establecimiento, pues las autoridades recurridas procedieron a tomar todas las acciones para atender la situación. Siendo que, como se informa que a la fecha la situación está solventada, esta estimatoria tiene como efecto la condenatoria en daños y perjuicios al propietario del establecimiento, y ordenarle a los recurridos su deber de seguir siendo vigilantes de las actividades desarrolladas por el establecimiento comercial en cuestión para que la situación presentada no se vuelva a repetir o para que, no se vuelvan a presentar violaciones al derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Magistrada Calzada pone nota según las siguientes consideraciones. Dejo expresa constancia que en este caso, aún y cuando el amparo es declarado sin lugar, por haberse entrado a dilucidar y resolver los aspectos alegados, los efectos de este pronunciamiento en ese sentido producen cosa juzgada material en el ámbito interno y es de carácter erga omnes salvo para la misma Sala, según lo establecen los artículos 7 y 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Como bien lo indicó el Tribunal Constitucional Chileno en la sentencia No. 740 del 2008, considerando 70: «tanto los órganos del Estado, como toda persona, institución o grupo se encuentran en el imperativo de acatar la decisión del Tribunal Constitucional, porque ha ejercido la tarea que el propio Constituyente le ha confiado de velar por la supremacía, sustantiva y formal, de la carta Fundamental. Bajo ese parámetro, como bien lo señala el artículo 7 citado, sólo la propia Sala podría variar su jurisprudencia, lo cual tiene pleno sentido con lo señalado por Nogueira en la doctrina, cuando indica que: Una rigidez absoluta de la jurisprudencia impediría al Tribunal Constitucional superar aquellas decisiones anteriores que se considerarán erróneas, situación que nunca puede excluirse. Ello significaría también admitir que una decisión equivocada del Tribunal Constitucional sustituiría de hecho una o más normas constitucionales; o también simplemente una decisión que se tomó en un contexto diferente. Sin embargo, dicha reversión sólo puede devenir del propio Tribunal Constitucional, no impuesto por ningún otro órgano y menos aún revisando hechos que han sido objeto de análisis y pronunciamiento por parte de la Sala, ya que así fue conferida dicha potestad por el mismo Constituyente en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política, lo cual reviste de seguridad jurídica y garantiza a toda persona que sólo sea juzgada por el Tribunal que señale la ley y por el Juez que lo representa, para impedir que el juzgamiento destinado a afectar sus derechos y bienes se realice arbitrariamente. Según la doctrina alemana moderna, la cosa juzgada es la declaración de certeza contenida en la sentencia, con el carácter de obligatoria e indiscutible, que impide una nueva sentencia diferente. Concepto que es complementado por la doctrina italiana al señalar que la cosa juzgada impide toda nueva decisión de fondo sobre el mismo litigio y no solamente una que sea diferente. La doctrina procesal contemporánea por su parte, refiere que la cosa juzgada sólo opera cuando la sentencia judicial decide la cuestión planteada en el proceso, es decir, sobre las pretensiones planteadas por las partes. Es una cualidad de la sentencia más que un efecto de ésta, materializado en el principio constitucional non bis in idem, que prohíbe el doble juzgamiento de la misma cuestión o mismos hechos. La propia Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone en el párrafo final del artículo 11, que no cabe recurso alguno contra las sentencias de la Sala, lo cual es consecuente con las potestades otorgadas a la Jurisdicción Constitucional por el propio Constituyente, como garantía de certeza y seguridad jurídica. En un Estado Social y Democrático Constitucional de Derecho, no solo se debe preservar el sistema constitucional, sino también garantizar la plena vigencia y respeto de los derechos fundamentales, otorgando la tutela efectiva a las personas que se ven perjudicadas frente a los actos o decisiones que los restrinjan o supriman, lo cual requiere de esta jurisdicción sin duda alguna, de una incuestionable validez constitucional. Sobre el particular en la sentencia No. 1249/01-R de 23 de noviembre ha enfatizado el Tribunal Constitucional Boliviano -cuyo control constitucional también es concentrado-: Que, así identificado el objeto del recurso conviene señalar que según la norma prevista por el art. 121-I de la Constitución Política del Estado \"contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno\"; en concordancia con la norma constitucional referida el art. 42 de la Ley N° 1836 dispone que \"Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno\". Las normas citadas precedentemente tienen su fundamento en el hecho de que Bolivia, como Estado Democrático de Derecho basado, entre otros, en los principios fundamentales de la soberanía popular, la separación de funciones, la independencia y coordinación de los poderes públicos y la supremacía constitucional, adopta un sistema constitucional en el que la labor del control concentrado de constitucionalidad está encomendada al Tribunal Constitucional, por lo que éste se convierte en el máximo Tribunal de justicia constitucional e intérprete de la Constitución, guardián de la supremacía e integridad de la Constitución; por lo que el Poder Constituyente, a través de la citada norma constitucional instituyó el principio de la cosa juzgada constitucional, que otorga a las sentencias del Tribunal constitucional un especialísimo nivel dentro del sistema jurídico«Que, de lo referido se concluye que el sistema procesal constitucional adoptado por la Constitución y la Ley Nº 1836 para el ejercicio del control de constitucionalidad, en resguardo del principio de la seguridad jurídica, instituye la cosa juzgada constitucional, lo que significa que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional tienen carácter definitivo, absoluto e incontrovertible, de manera tal que sobre el tema resuelto no puede volver a plantearse nuevo litigio a través de recurso alguno, ya que expresamente está excluida esa posibilidad por mandato del art. 121-I de la Constitución y el art. 42 de la Ley Nº 1836«´  Por otro lado, la fuerza vinculante de las sentencias de nuestro Tribunal no proviene únicamente de su parte dispositiva, sino de los fundamentos, análisis y valoración dada por la Sala cuando resuelve por el fondo un asunto, lo cual también vincula a la administración pública y a la jurisdicción judicial a lo resuelto por ésta en cada proceso. Diferente es el caso en el que la Sala declare sin lugar el recurso advirtiendo que no entra a conocer el asunto porque no es de su competencia y no emite pronunciamiento alguno en ese sentido, quedando en dicho supuesto abierta la posibilidad de discutir la cuestión planteada en otra vía, lo que no ocurre en el presente caso, en el cual sí se hace un análisis de fondo sobre lo expuesto; y respecto del cual este Tribunal no puede renunciar a conocer, toda vez que así lo impone la Constitución Política en los artículos 10 y 48, tratándose de un derecho constitucional expresamente establecido en el artículo 50 constitucional.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso. Se ordena a los recurridos, coordinar acciones a efectos de que, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, sean vigilantes de las actividades desarrolladas en el […] y verificar que no se vuelva a producir contaminación por mal manejo de aguas y residuos. Todo lo anterior, bajo la advertencia a todos los recurridos que, de no acatar las órdenes dichas incurrirán en el delito de desobediencia y que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a M.A.C.Q., cédula […], en su calidad de Propietario del […], al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía civil de ejecución de sentencia. Comuníquese a todas las partes.-\n\n \n\n \n\n \n\nAna Virginia Calzada M.\n\nPresidenta\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nGilbert Armijo S.                                                                             Fernando Cruz C.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.                                                                             Paul Rueda L.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRodolfo E. Piza R.                                                                             Jorge Araya G.\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 12:00:46.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Constitutional Chamber**\n\n**Resolution No. 01323 - 2012**\n\n**Date of Resolution:** February 3, 2012 at 09:30\n\n**Case File:** 11-015174-0007-CO\n\n**Drafted by:** Fernando Cruz Castro\n\n**Type of Matter:** Amparo Action\n\n**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n**Ruling with protected data, in accordance with current regulations**\n\n**Text of the resolution**\n\nExp: 11-015174-0007-CO\n\nRes. No. 2012001323\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours and thirty minutes on the third of February, two thousand twelve.\n\nAmparo action filed by P.B.C. and others, against the Municipality of San Ramón, the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, the Ministry of Health, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 12:35 hours on November 24, 2011, the petitioners file an amparo action against the Municipality of San Ramón, the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, the Ministry of Health, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and state that: a) The [...], located on the San Ramón radial road, does not have a treatment plant for wastewater (aguas residuales), resulting in inadequate management of the same, in addition to an irrational use of potable water; given the inadequate treatment of the wastewater, it flows into a stream located behind this business; on the other hand, the contaminated water does not have adequate treatment, affecting animal life and producing foul odors; b) The Municipality of San Ramón responded in official letter UGA-124-102011 dated October 11, 2011, that it requires more time to arrange a coordinated response with the other State agencies to the complaint filed, based on Article 261 of the General Public Administration Law, that it has 2 months to respond, and that on November 9, 2011, via official letter MSR-UGA, the Municipality of San Ramón informed the petitioners that [...] did have the land-use certificate (certificado de uso del suelo) and the location approval (visto bueno de ubicación) issued by the Department of Development and Urban Control of the Municipality of San Ramón, in addition to having the Operating Permit (Permiso de Funcionamiento) granted by the Ministry of Health; c) The Municipality of San Ramón informs the petitioners that the case is being referred to the Ministry of Health and, regarding the irrational use of water, it reports that such use is the responsibility of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; d) Via official letter OSR-1324 of October 31, 2011, the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications conducted an on-site inspection to determine the proper management of wastewater and possible danger to animal lives, determining that said system is the one authorized by the Ministry of Health of San Ramón; e) On October 3, 2011, the petitioners filed complaints with the regional office of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and with the regional office of the Ministry of Health for irrational use and inadequate management of wastewater, and to date they have not received any response whatsoever from any of the aforementioned entities. They consider their fundamental rights violated. They request that the action be granted.\n\n2.- VÍCTOR JULIO QUIRÓS CASCANTE, in his capacity as Head of the San Ramón Office of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, reports under oath, in summary, that said office does not issue criteria regarding the rational use of water, water contamination and its possible impact on animal life, or the need for a wastewater treatment plant, as it is a common commercial activity in the city of San Ramón, and is the competence and technical management of other bodies such as the Ministry of Health, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipality of San Ramón. That it is not true that no response was given to the petitioner regarding the complaint filed; the complaint was received on September 29, 2011, and a response was given on October 31, 2011, with an inspection of the site being conducted on October 24, 2011, at which time no water discharges into the stream bed were observed, and that in the case file held by said entity, there is a Sanitary Operating Permit granted by the Regional Office of the Ministry of Health. That via official letter OSR-1324 of October 31, 2011, the petitioners were notified of the inspection results, and a copy was forwarded to the Ministry of Health, the Municipality of San Ramón, and the Governing Health Area. Requests that the action filed be dismissed.\n\n3.- ANA ISABEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, in her capacity as Director of the San Ramón Governing Health Area of the Central West Health Governance Regional Directorate, reports under oath, noting that the petitioners indeed filed a complaint on November 9, 2011, noting that said claims were directed at the Municipality of San Ramón and the Institute of Aqueducts and Sewers, and that it had already been scheduled by the Regulation team of the governing health area, and that as a result of this scheduling, an evaluation visit was conducted on November 9, 2011, issuing official letter RCO-ARSSR-R-1139-2011, wherein as a result of the inspection, sanitary order (orden sanitaria) SR-243-2011 is issued, ordering Mr. [...], owner of the establishment, to present and implement a liquid waste management plan and the construction of a treatment system for the sanitary confinement (confinamiento sanitario) of water and waste generated by this activity; in addition, the petitioners were notified on November 2, 2011, of the actions taken in support of addressing the filed complaint, via official letter CO-DARS-1292-2011. Requests that the action filed be dismissed.\n\n4.- MARTIN MENDEZ FALLAS, in his capacity as Cantonal Head for San Ramón of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath that the commercial business in question indeed has legalized potable water service, as evidenced by the inspection conducted on November 29, 2011, and notified to the petitioners via fax; he mentions that it is not the competence of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to grant operating permits, land-use permits, or any other of this nature, as these are the exclusive competences of the Municipality of San Ramón, the Ministry of Health, and others, since AyA is only responsible for the provision of potable water service, among other things. Furthermore, the consumption or supply for the canton's residents is not affected because there is a sufficient amount of water for the administered parties to develop their commercial skills as the case may be. Requests that the action filed be dismissed.\n\n5.- MERCEDES MOYA ARAYA, in her condition as Municipal Mayor, and ALEXANDER RODRÍGUEZ CHÁVEZ, in his condition as proprietary councilor, both members of the Municipality of San Ramón, report under oath that the commercial premises in question has a land-use certificate and a location approval, issued by the Department of Development and Urban Control of the Municipality of San Ramón, via resolution No. MSR-DCU-056-2011, an operating permit from the Ministry of Health resolution RCO-ARSSR-0085-2011, and commercial license certificate C-508-06 from the Municipality of San Ramón; prior to the issuance of the resolution granting the land-use certificate and location approval, the owner of the commercial establishment indicated that black water (aguas negras) would be disposed directly into a septic tank, and gray water (aguas servidas) would be disposed via grease traps and subsequently go to the septic tank, not via a treatment plant. After the date this complaint was filed, personnel from the Environmental Management Unit of the Municipality of San Ramón conducted an inspection, where it was determined that the system for managing gray water implemented in the activity does not match what was initially proposed in the application for the land-use certificate and location approval, and that the gray water, a product of the activity, is released into a channel that runs adjacent to the facilities, after passing through at least two small pits; therefore, upon determining this situation, the Department of Development and Urban Control of the Municipality of San Ramón, by resolution at 14:02 hours on November 30, 2011, warns and orders Mr. [...], owner of the establishment, to proceed within a period of 3 business days to correct the inconsistencies regarding water management, a resolution notified on December 1, 2011, at 11:55 hours. Indicates that, as of today, no response has been received in relation to official letter MSR-UGA-138-112011, wherein the Ministry of Health is asked to assess the wastewater management of the commercial premises. States that it is not true that the wastewater goes directly into a stream, as the gray water is released into a channel that runs adjacent to the facilities after passing through at least two small pits; on the day of the inspection, no evidence of oil spills into the channel was found. Also mentions that via official letter MSR-UGA-139-112011, the petitioners were informed of the results of the inspection conducted. They request that the action filed be dismissed.\n\n6.- By resolution of the Instructing Judge at nine hours and fifty-one minutes on January 13, two thousand twelve, it was resolved: 1) Under the terms of articles 43, paragraph 2, 44, paragraph 1, 45, 59, and 61 of the Law of Constitutional Jurisdiction, transfer is given to M.A.C.Q., ID 1-961-296, telephones 8353-0571 and 2447-9210, in his capacity as Owner of the [...] and [...], ID [...], telephone [...], in his capacity as Owner of the Property, regarding the facts alleged by the petitioners, in summary: that the [...] is giving inadequate management to wastewater and an irrational use of potable water, with the waters flowing into a stream and producing foul odors. Likewise, the respondents must refer to the actions taken to effectively comply with sanitary order SR-243-2011 of November 29, 2011. 2) Request as evidence for better resolution from: a) ANA ISABEL RODRIGUEZ SANCHEZ, in her capacity as Director of the San Ramón Governing Health Area, or whoever in her place occupies this position, to proceed to detail all the actions taken to effectively comply with sanitary order SR-243-2011 of November 29, 2011. b) MERCEDES MOYA ARAYA in her condition as Municipal Mayor and ALEXANDER RODRÍGUEZ CHÁVEZ in his condition as proprietary councilor, both members of the Municipality of San Ramón, or whoever in their place occupies these positions, to proceed to detail all the actions taken to effectively comply with the warnings and orders given by that same local government via the resolution at 14:02 hours on November 30, 2011, to Mr. [...], owner of the establishment, regarding water management. 3) Given that, in accordance with the provisions of Article 41 of the same law, any conservation or security precautionary measure that prudence advises may be ordered to prevent material risks or to avoid other damages occurring as a consequence of the acts performed, [...] is ordered, in his capacity as Owner of the [...], and [...], in his capacity as Owner of the Property, to proceed to immediately abide by the sanitary orders issued regarding the operation of the [...] establishment. Likewise, all other respondents are ordered TO TAKE THE NECESSARY MEASURES TO VERIFY WHETHER OR NOT THE CONTAMINATION PROBLEMS ALLEGED BY THE PETITIONING PARTY OCCUR, until such time as this Chamber resolves the action by judgment, or orders otherwise.\n\n7.- JESUS RODRIGUEZ LEDEZMA, in his capacity as owner of the property, responds, in summary, that he is not aware of the wastewater management practices of Mr. M.A.C.Q., nor of the apparent irrational use of water. He is unaware of the sanitary order of November 29, 2011, as well as its compliance. However, on January 19, 2012, he received a copy of the report submitted by Mr. C.Q., where he shows the Ministry of Health the fulfillment of a series of obligations related to the construction of a manhole (caja de registro) and a septic tank, a copy of which is attached.\n\n8.- M.A.C.Q., in his capacity as Owner of the [...], responds, in summary that: a) He is the owner of a car wash, which constitutes his commercial activity. He has obtained the operating permit and the municipal license, which were granted to him; b) By virtue of a complaint filed, the Ministry of Health and the Municipality of San Ramón made a series of recommendations to him to avoid any environmental damage. In compliance with this, he carried out the requested improvements. To this effect, he sent a note to the Directorate of the San Ramón Governing Area, outlining his compliance in terms of gray water management, complying with what was requested, but has not received a response. The Municipality conducted an inspection to verify the existence of the improvements, and gave him verbal approval. Requests that the action filed be dismissed.\n\n9.- MAIRYM CARVAJAL SALAS, in her capacity as Interim Director of the San Ramón Governing Health Area, reports under oath, in summary that: a) In follow-up to sanitary order SR-243-2011, the health authority proceeded to conduct an inspection visit on January 24, 2012, to the establishment named [...]. The findings are recorded in report RCO-ARSSR-R-063-2012; b) The test performed with fluorescein was negative. No leaks, filtrations, or standing water were observed in the surroundings of the property. It is concluded that the sanitary order issued for the sanitary confinement of wastewater was fully complied with, and therefore, the closure of the case is recommended. Requests that the action filed be dismissed.\n\n10.- MERCEDES MOYA ARAYA, in her capacity as Mayor of the Municipality of San Ramón, and ALEXANDER RODRIGUEZ CHAVES, in his capacity as President of the Municipal Council, report under oath, in summary that: a) The Municipality has given follow-up to the contamination problem reported by the petitioners and has taken the corrective administrative precautionary measures. It has verified the non-compliance regarding the plan presented for water management and warns the owner to comply with the proposal; b) On December 6, 2011, municipal officials conducted an inspection of the site, certifying the construction of a drainage system and channeling works for water towards the existing septic tank. On December 9, they visited the site again, determining that the construction works for drainage and channeling of gray water to the septic tank are completed. On January 18, 2012, another inspection was conducted, certifying that there are no water leaks or spills towards the channel and that the gray water treatment system appears to function correctly. Routine field inspections will continue to be performed to verify that it is in compliance; c) In this particular case, due process and the corresponding procedures have been followed; d) The gray water is no longer discharged into the channel that runs adjacent to the facilities; the current treatment system is arranged via grease traps that subsequently go into a septic tank and then to a drainage system built for such purposes.\n\n11.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Cruz Castro; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- Object of the action.- The petitioners, residents of San Ramón, consider that the inertia of the respondents in addressing the complaint they filed against the [...] for not having a treatment plant for wastewater (causing this water to flow into a stream and producing foul odors) and for making irrational use of potable water, violates their right to enjoy a healthy environment.\n\nII.- Proven Facts.- Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as stipulated in the initial order:\n\na) That the commercial premises in question has a land-use certificate and location approval, issued by the Department of Development and Urban Control of the Municipality of San Ramón. Likewise, it has an operating permit from the Ministry of Health resolution RCO-ARSSR-0085-2011 and commercial license certificate C-508-06 from the Municipality of San Ramón (see report).\n\nActions of the Municipality of San Ramón\n\nb) That on September 29, 2011, the petitioners filed a complaint with the Municipality of San Ramón for the irrational use and the inadequate use of wastewater from the [...] (see report).\n\nc) That on October 11, 2011, via official letter MSR-UGA-124-102011, the Municipality of San Ramón responded to the aforementioned complaint, stating that they require more time to resolve it (see report).\n\nd) That on November 9, 2011, via official letter MSR-UGA-139-112011, the Municipality of San Ramón informed the petitioners that the [...] does have the land-use certificate, the location approval, and the sanitary operating permit. It also states that the case is being referred to the Ministry of Health and that the use of potable water is the responsibility of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (see report).\n\ne) That personnel from the Environmental Management Unit of the Municipality of San Ramón conducted an inspection, where it was determined that the system for managing gray water implemented in the activity does not match what was initially proposed in the application for the land-use certificate and location approval, and that the gray water, a product of the activity, is released into a channel that runs adjacent to the facilities, after passing through at least two small pits; therefore, upon determining this situation, the Department of Development and Urban Control of the Municipality of San Ramón, by resolution at 14:02 hours on November 30, 2011, warns and orders Mr. M.A.C.Q., owner of the establishment, to proceed within a period of 3 business days to correct the inconsistencies regarding water management, a resolution notified on December 1, 2011, at 11:55 hours. That via official letter MSR-UGA-139-112011, they informed the petitioners of the results of the inspection conducted (see report).\n\nf) That on December 6, 2011, municipal officials conducted an inspection of the site, certifying the construction of a drainage system and channeling works for water towards the existing septic tank. On December 9, they visited the site again, determining that the construction works for drainage and channeling of gray water to the septic tank are completed. On January 18, 2012, another inspection was conducted, certifying that there are no water leaks or spills towards the channel and that the gray water treatment system appears to function correctly, reaching the conviction that the gray water is no longer discharged into the channel that runs adjacent to the facilities; the current treatment system is arranged via grease traps that subsequently go into a septic tank and then to a drainage system built for such purposes (see report).\n\nActions of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications\n\ng) That on September 28, 2011, the petitioners filed a complaint for irrational use and inadequate management of wastewater with the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (see report).\n\nh) That on October 31, 2011, via official letter OSR-1324, the aforementioned Ministry responded, indicating that on October 24, an inspection was conducted and it was determined that the system used to manage water from the vehicles is the one authorized by the Ministry of Health and that no discharge of untreated gray water or oil residues into the stream was observed (see report).\n\nActions of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers\n\ni) That on October 3, 2011, the petitioners filed a complaint with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for irrational use and inadequate management of wastewater (see evidence provided by the petitioners).\n\nj) That ICAA personnel conducted an inspection on November 29, 2011, determining that the commercial business in question indeed has legalized potable water service, and they informed the petitioners of this by fax, also indicating that it is not the competence of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to grant operating permits, land-use permits, or any other of this nature, as these are the exclusive competences of the Municipality of San Ramón, the Ministry of Health, and others, since AyA is only responsible for the provision of potable water service, among other things (see report).\n\nActions of the Ministry of Health\n\nk) That on November 9, 2011, the petitioners filed a complaint with the Ministry of Health for irrational use and inadequate management of wastewater (see report).\n\nl) That the Ministry of Health conducted an evaluation visit on November 9, 2011, issuing official letter RCO-ARSSR-R-1139-2011, wherein as a result of the inspection, sanitary order SR-243-2011 is issued, notified on December 1, 2011, with an expiration date of January 12, 2012, ordering Mr. M.A.C.Q., owner of the establishment, to present and implement a liquid waste management plan and the construction of a treatment system for the sanitary confinement of water and waste generated by this activity. The petitioners were notified on December 2, 2011, of the actions taken in support of addressing the filed complaint, via official letter CO-DARS-1292-2011 (see report).\n\nm) That in follow-up to sanitary order SR-243-2011, the health authority proceeded to conduct an inspection visit on January 24, 2012, to the establishment named [...], determining that: the test performed with fluorescein was negative. No leaks, filtrations, or standing water were observed in the surroundings of the property. It is concluded that the sanitary order issued for the sanitary confinement of wastewater was fully complied with, and therefore, the closure of the case is recommended (see report).\n\nIII.- ON THE MERITS.- From the filing submission and all actions taken within this case file, it is clear that the merits of the matter focus on determining whether the actions of the respondents in addressing the complaint filed since late September 2011 regarding contamination of the stream behind the [...] business by said business have been duly addressed, in consideration of the fundamental right to the environment and the proper functioning of public services. The same applies to examining whether the actions of said company, as a subject of private law, have been respectful of the right to the environment. Before proceeding to the specific examination of what has been raised, recall what the jurisprudence of this Constitutional Chamber has established in relation to the fundamental rights that are the subject of analysis in this action.\n\nIV.- IN GENERAL ON THE RIGHT TO HEALTH AND TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT.- It must first be indicated that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution), as well as through applicable international regulations in Costa Rica. In this regard, in Judgment 2006-005928 at 15:00 hours on May 2, 2006, this Tribunal resolved:\n\n\" (...) The right to life recognized in section 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, in that section of the political charter, the right to health finds its foundation, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. This right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the above, this Tribunal has resorted to the use of the notion of environmental quality as a parameter, precisely, of people's quality of life, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited way, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations - the principle of sustainable development.\n\nLikewise, Article 50 of the Political Constitution derives the State's obligation to protect the environment. A provision that establishes to that effect: 'The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.\n\nEvery person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimized to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.\n\nThe State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.' As a derivation of the above, this Chamber has repeatedly recognized that, as part of the primary and fundamental obligations of the State, there is the duty to diligently and timely respect, protect, and guarantee the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment (see, e.g., Judgments 1992-1915 at 14:12 hours on July 22, 1992, 2004-10039 at 14:39 hours on September 13, 2004, 2006-17126 at 15:05 hours on November 28, 2006, and 2008-001003 at 14:56 hours on January 23, 2008).\"\n\nV.- ON THE SPECIFIC CASE.- From the reports submitted by the representatives of the respondent authorities - which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction -, the response from the respondent company, and the evidence provided for the resolution of this matter, it is verified that the petitioners indeed filed a complaint for irrational use of water and inadequate use of wastewater before the Municipality of San Ramón (on September 29, 2011), the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (on September 28, 2011), the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (on October 3, 2011), and the Ministry of Health (on November 9, 2011). It is verified that said complaint was answered by each of the respondents, on the following dates: a) the Municipality of San Ramón on October 11, 2011 (requesting more time), on November 9, 2011 (indicating that the company has all the permits), and on December 1, 2011 (reporting the results of the inspection conducted and the warning made to the owner to correct water management). b) The Ministry of Environment, Energy and Telecommunications on October 31, 2011, indicating the result of the inspection conducted on October 24, 2011. c) The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers on November 29, 2011, reporting the inspection result stating that the company has legalized potable water service. d) The Ministry of Health on December 2, 2011, sending a copy of the sanitary order they issued to the owner of the establishment after the inspection conducted on November 9, 2011. Thus, it is not observed up to this point that there has been inertia or a lack of response from the respondents in addressing the complaint; rather, it was answered within a reasonable period, approximately two months after it was filed, and all of them conducted on-site inspections.\n\nNow, despite the foregoing, a violation of the right to the environment by the respondent company is indeed verified, because in the inspection carried out in November 2011 by municipal officers it was determined that the wastewater (aguas servidas), a product of the activity, are released into a channel that runs adjacent to the facilities, and after the inspection carried out by officers of the Ministry of Health, also in November 2011, a sanitary order was issued ordering the owner of the establishment to present and implement a liquid waste management plan and the construction of a treatment system for the sanitary confinement of the water and waste generated by this activity. Although it is true that it is reported that the owner of the place was prompt in complying with the orders, since by December 9, 2011, according to the inspection by municipal officers, it was verified that the drainage and channeling construction works for the wastewater to the septic tank were completed, and in an inspection on January 24, 2012, by officers of the Ministry of Health it was concluded that the sanitary order for the sanitary confinement of the wastewater was complied with in all its aspects, at the time the appeal was filed, on November 24, 2011, the violation of the right to the environment had already occurred and was continuing to occur. Reason enough for this Chamber to grant this appeal, at least with regard to this claim. Regarding the actions of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), no serious violation of fundamental rights is verified, though this Chamber cannot help but be surprised that the former carried out an inspection on October 24, 2011, and did not find an irregularity in the water discharge. Finally, regarding the claim of irrational use of potable water, this is a matter that is not appropriate to be ventilated in this venue, since not only through the amparo appeal via the extremely summary procedure (vía sumarísima) is it possible to determine whether a subject is indeed wasting potable water, but there is no—nor can there be—constitutional protection under this claim; the use that each person makes of water is, for the moment, a matter of individual responsibility and it will be the institutions in charge of providing the service who, within the scope of legality, may initiate campaigns or some other type of action to promote water saving.\n\nVI.- CONCLUSION.- The appeal is dismissed regarding the claim that the respondent institutions have been remiss in addressing the complaints filed by the appellants, as it is proven that they have indeed addressed them (by providing responses, carrying out inspections, and issuing orders to the owner of the establishment). The appeal is also dismissed regarding the claim of irrational use of potable water, an aspect of legality that falls to the service provider to prevent and address. However, given that it is proven that the establishment in question did incur a violation of the right to the environment by releasing wastewater into a channel and lacking a treatment system for the sanitary confinement of the water and waste generated by this activity, it is appropriate to grant the appeal with regard to this claim and only against the owner of the establishment, since the respondent authorities proceeded to take all actions to address the situation. Since it is reported that the situation is currently resolved, this grant has the effect of an award for damages against the owner of the establishment, and ordering the respondents their duty to continue being vigilant of the activities carried out by the commercial establishment in question so that the situation presented does not recur or so that violations of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment do not occur again. Judge Calzada adds a note according to the following considerations. I leave express record that in this case, even though the amparo is declared without merit, because the alleged aspects were entered into, elucidated, and resolved, the effects of this pronouncement in that sense produce res judicata (cosa juzgada) material in the internal sphere and are of an erga omnes character, except for this same Chamber, as established by Articles 7 and 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional). As the Chilean Constitutional Court well indicated in judgment No. 740 of 2008, considerando 70: \"both State organs, and every person, institution, or group are imperatively required to abide by the decision of the Constitutional Court, because it has exercised the task that the Constituent Power itself entrusted to it of ensuring the supremacy, substantive and formal, of the Fundamental Charter. Under that parameter, as Article 7 cited well indicates, only the Chamber itself could vary its jurisprudence, which is fully consistent with what Nogueira states in the doctrine, when he indicates that: An absolute rigidity of jurisprudence would prevent the Constitutional Court from overcoming those earlier decisions that are considered erroneous, a situation that can never be excluded. That would also mean admitting that a mistaken decision of the Constitutional Court would de facto substitute one or more constitutional norms; or also simply a decision that was taken in a different context. However, said reversal can only come from the Constitutional Court itself, not imposed by any other organ and much less by reviewing facts that have been the object of analysis and pronouncement by the Chamber, since that power was conferred by the Constituent Power itself in Articles 10 and 48 of the Political Constitution, which provides legal certainty (seguridad jurídica) and guarantees every person that they will only be judged by the Court indicated by law and by the Judge who represents it, to prevent the judging intended to affect their rights and property from being carried out arbitrarily. According to modern German doctrine, res judicata is the declaration of certainty contained in the judgment, with the character of obligatory and indisputable, which prevents a new, different judgment. A concept that is complemented by Italian doctrine when indicating that res judicata prevents any new decision on the merits of the same dispute and not only a different one. Contemporary procedural doctrine, for its part, refers that res judicata only operates when the judicial decision resolves the question raised in the process, that is, on the claims raised by the parties. It is a quality of the judgment more than an effect of it, materialized in the constitutional principle non bis in idem, which prohibits double judging of the same question or the same facts. The Law of Constitutional Jurisdiction itself provides in the final paragraph of Article 11 that no appeal whatsoever is admissible against the judgments of the Chamber, which is consistent with the powers granted to the Constitutional Jurisdiction by the Constituent Power itself, as a guarantee of certainty and legal certainty. In a Social and Democratic Constitutional State of Law, not only must the constitutional system be preserved, but also the full validity and respect of fundamental rights must be guaranteed, providing effective protection to persons who are harmed by acts or decisions that restrict or suppress them, which no doubt requires from this jurisdiction an unquestionable constitutional validity. On this matter, in judgment No. 1249/01-R of November 23, the Bolivian Constitutional Court -whose constitutional control is also concentrated- emphasized: That, having thus identified the object of the appeal, it is appropriate to point out that according to the rule provided by Art. 121-I of the Political Constitution of the State \"against the judgments of the Constitutional Court no further appeal whatsoever is admissible\"; in accordance with the referred constitutional norm, Art. 42 of Law No. 1836 provides that \"The resolutions of the Constitutional Court admit no appeal whatsoever.\" The previously cited norms have their foundation in the fact that Bolivia, as a Democratic State of Law based, among others, on the fundamental principles of popular sovereignty, separation of functions, independence and coordination of public powers, and constitutional supremacy, adopts a constitutional system in which the task of concentrated constitutional control is entrusted to the Constitutional Court, whereby it becomes the highest court of constitutional justice and interpreter of the Constitution, guardian of the supremacy and integrity of the Constitution; therefore, the Constituent Power, through the cited constitutional norm, instituted the principle of constitutional res judicata, which grants the judgments of the Constitutional Court a very special level within the legal system. That, from the foregoing, it is concluded that the constitutional procedural system adopted by the Constitution and Law No. 1836 for the exercise of constitutional control, in safeguarding the principle of legal certainty, institutes constitutional res judicata, which means that the judgments issued by the Constitutional Court have a definitive, absolute, and incontrovertible character, such that a new dispute cannot be raised on the resolved matter through any appeal whatsoever, since that possibility is expressly excluded by mandate of Art. 121-I of the Constitution and Art. 42 of Law No. 1836. On the other hand, the binding force of our Court's judgments does not come solely from their operative part, but from the grounds, analysis, and assessment given by the Chamber when it resolves a matter on its merits, which also binds the public administration and the judicial jurisdiction to what is resolved by it in each process. The case is different when the Chamber declares the appeal without merit, warning that it does not enter to hear the matter because it is not within its competence and issues no pronouncement whatsoever in that sense, leaving in that scenario the possibility open to discuss the question raised through another avenue, which is not what occurs in the present case, in which a background analysis of what was presented is indeed conducted; and regarding which this Court cannot renounce hearing, as imposed by the Political Constitution in Articles 10 and 48, dealing with a constitutional right expressly established in Article 50 of the Constitution.\n\nPOR TANTO:\n\nThe appeal is declared PARTIALLY GRANTED. The respondents are ordered to coordinate actions so that, each within the scope of their powers, they are vigilant of the activities carried out at the […] and verify that pollution from poor water and waste management does not occur again. All of the foregoing, under the warning to all the respondents that failure to comply with said orders shall incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the crime is not more severely punished. M.A.C.Q., ID No. […], in his capacity as Owner of the […], is condemned to pay the costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the civil execution of judgment proceeding. Notify all parties.-\n\n \n\n \n\n \n\nAna Virginia Calzada M.\n\nPresident\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nGilbert Armijo S. Fernando Cruz C.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V. Paul Rueda L.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRodolfo E. Piza R. Jorge Araya G.\n\n \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 12:00:46.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }