{ "id": "nexus-sen-1-0007-566003", "citation": "Res. 00584-2013 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Dilación en atender denuncia por desechos no constituye violación ambiental pero sí genera responsabilidad", "title_en": "Delay in addressing waste complaint may not violate environmental law but triggers liability", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un amparo por la demora de la Municipalidad de Moravia y el Área Rectora de Salud en atender una denuncia sobre presunto mal manejo de desechos sólidos en una propiedad vecina. La recurrente alegó afectación a su derecho a un ambiente sano y la salud. Las inspecciones posteriores a la interposición del recurso determinaron que no existía un problema sanitario ni de contaminación ambiental, pero evidenciaron que las autoridades tardaron más de un año en actuar. La Sala declara con lugar el recurso exclusivamente por la falta de diligencia, condenando a la Municipalidad y al Estado al pago de costas, daños y perjuicios. Se emite un voto salvado del Magistrado Jinesta Lobo, quien sostiene que el amparo debió rechazarse porque la controversia es de mera legalidad y corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews a constitutional complaint about the delay by the Municipality of Moravia and the local Health Office in handling a report of poor solid waste management on a neighboring property. The complainant alleged a violation of the right to a healthy environment and health. Inspections conducted after the complaint was filed found no sanitary or environmental problem, but revealed that the authorities waited over a year to act. The Chamber partially grants the complaint solely for the lack of diligence, awarding costs and damages against the Municipality and the State. Justice Jinesta dissents, arguing the case is a matter of ordinary legality, not constitutional review, and should have been dismissed outright.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "18/01/2013", "year": "2013", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "amparo ambiental", "daños y perjuicios", "desechos sólidos", "Área Rectora de Salud", "voto salvado", "jurisdicción contencioso-administrativa" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "No. 5395", "law": "Ley General de Salud" }, { "article": "No. 8839", "law": "Ley para la Gestión Integral de Residuos" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "denuncia", "desechos sólidos", "dilación", "daños y perjuicios", "derecho a un ambiente sano", "Sala Constitucional", "voto salvado" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "complaint", "solid waste", "delay", "damages", "right to a healthy environment", "Constitutional Chamber", "dissenting opinion" ], "excerpt_es": "III.- CASO CONCRETO: Está claramente acreditado que, 23 de noviembre del 2011 la recurrente presentó una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Moravia y ante la Municipalidad de Moravia en contra del señor [NOMBRE 02].por mal manejo de desechos sólidos. Si bien es cierto se logró constatar que las actividades que realiza el demandado no constituyen un problema sanitario ni de contaminación ambiental, lo cierto es que no es sino hasta la interposición del presente amparo que las autoridades recurridas se dieron a la tarea de atender la denuncia presentada por la amparada desde más de un año. Por lo tanto es claro que los recurridos han sido poco diligentes, ya que debieron haber actuado desde hace mucho tiempo. Se impone en consecuencia, estimar el recurso para efectos de los eventuales daños y perjuicios causados.", "excerpt_en": "III. SPECIFIC CASE: It is clearly established that on November 23, 2011, the complainant filed a report with the Moravia Health Office and the Municipality of Moravia against Mr. [NAME 02] for improper solid waste management. While it was verified that the activities carried out by the defendant do not constitute a sanitary or environmental pollution problem, the truth is that it was only when this amparo was filed that the respondent authorities undertook the task of addressing the complaint filed by the applicant more than a year earlier. Therefore, it is clear that the respondents have been lacking in diligence, since they should have acted a long time ago. 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Nº 2013000584\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del dieciocho de enero de dos mil trece.\n\nRecurso de amparo presentado  por [NOMBRE 01] contra [NOMBRE 02],  la Municipalidad de Moravia y el Área Rectora de Salud de Moravia.\n\n \n\nResultando\n\n1.- Por escrito presentado  en la Secretaria  de esta Sala la recurrente presenta recurso de amparo contra [NOMBRE 02] , la Municipalidad  de  Moravia  y  el  Área  Rectora  de  Salud  de  Moravia. Manifiesta que:\n\na) Vive al lado de la propiedad del señor [NOMBRE 02]  [...];   b) Ese señor tiene en su propiedad  un botadero  de basura, sin contar con los respectivos permisos municipales; c) Detrás de su vivienda, tienen su domicilio dos de sus tíos que son personas adultas mayores, donde también habitan menores de edad, quienes se han visto afectados debido a que el zacate de la propiedad del señor [NOMBRE 02]. crece a grandes alturas y les tapa las ventanas de su hogar, lo que facilita la entrada de insectos;  d) El recurrido se aprovecha de que la propiedad de sus tíos no tiene tapia y les tira escombros, lo que conlleva a la formación de criaderos  de ratas, zorros, serpientes, mosquitos,  que perjudica  su salud y la de sus familiares; e) El 23 de noviembre de 2011 denunció la problemática expuesta  ante el Área Rectora  de Salud de Moravia y la Municipalidad de Moravia; sin embargo,  a la fecha  de interposición del presente recurso,  dichas autoridades  no habían atendido  la denuncia. Estima lesionado  su  derecho  a  un  ambiente  sano  y ecológicamente equilibrado y, por ende, su derecho a la salud.\n\n2.-  Por resolución de las quince horas y veinte minutos del seis de diciembre del dos  mil doce  se le dio curso  al presente amparo  y se le brindó audiencia a [NOMBRE 02]  y se le solicitó informe al Alcalde Municipal y al Director del Área Rectora de Salud, ambos de Moravia (ver registro electrónico).\n\n3.- Informa bajo juramento Ivannia Blanco Duran en calidad de Alcadesa a.i. de la Municipalidad de Moravia (ver registro electrónico) que: a) El 14 de diciembre del 2012 funcionarios municipales realizaron una inspección in situ y señalaron que ³(«) no se encontró zacate de altura importante, si bien es cierto en la inspección se encontró material de relleno y algunos residuos no orgánicos, dicho montículos de material no se observan  a menos de 4 metros de la casa de la denunciante « Se emitió una boleta de notificación para solicitar el permiso Nª1101 en que se indicó a [NOMBRE 02]. que no deberá realizar trabajos de movimientos de tierra sin los permisos respectivos («)Lo anterior significa, que no es cierto lo dicho por el recurrente,  en cuanto que la propiedad del señor [NOMBRE 02]. existía  un botadero  de  basura,  porque  si bien se encontraron algunos desechos no orgánicos y tierra, no fue en tal magnitud y además esos materiales al menos a cuatro metros de la propiedad de los padres del recurrente(«)´;b) El 14 de diciembre del 2012 se procedió a notificar al  señor  [NOMBRE 02].  Vega  de  su  obligación  de  tramitar  permiso  de movimiento de tierra y limpieza  de los desechos  que se ubican en su propiedad, eso de conformidad con el artículo 75 del Código Municipal y el numeral 74  de  la  Ley  de Construcciones;   c)  Con  ocasión  de  la interposición del presente recurso de amparo se giraron instrucciones a varios ingenieros de la Municipalidad, al Contralor Ambiental y al Jefe de Inspección, para que cada uno dentro  del ámbito de sus competencias mantengan especial  fiscalización. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Informa bajo juramento Jimmy Araya Calvo en su calidad de Director del Área Rectora de Salud de Moravia (ver registro electrónico) que: a) El 23 de noviembre  del 2011  se recibió una denuncia  de la señora L.V.H. en contra del señor [NOMBRE 02]. por mal manejo de desechos solidos;  b) Se programó valoración para el 15 de febrero del 2012  pero no fue posible  realizarla por atención a otras denuncias; c) Se reprogramó la cita para el 15 de mayo del 2012 pero esta vez no se localizó a nadie en el lugar; d) El 12 de diciembre del 2012 ±día en que se les notificó la resolución de curso del presente amparo-  se apersonaron al lugar pero no pudieron ingresar porque no se les permitió;\n\ne) Finalmente el 14 de diciembre del 2012 se realizó la visita in situ y se observó un terreno de aproximadamente 7000 metros cuadrados  con algunos montículos de tierra y escombros, ubicados aproximadamente a diez metros de la colindancia izquierda de la propiedad y en la colindancia derecho se constata que no existen escombros o basuras en esa zona; f) El inmueble cuenta con trabajos de estabilización del suelo mediante la instalación de llantas a manera de muro de contención con la finalidad de evitar deslizamientos  de tierra hacia la propiedad ubicada a su costado izquierdo  ya  que  existe  una  diferencia  de  nivel  de  terreno  de aproximadamente un metro; g) Los hechos alegados por el recurrente no constituyen un problema  sanitario, los montículos de tierra y escombro observados en el sitio se ubican lejos de la colindancia, no existen malos olores en el lugar, no estancamiento de aguas,  ni filtraciones de aguas pluviales o servida hacia su propiedad. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\nRedacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\n \n\nConsiderando\n\nI.- OBJETO  DEL RECURSO:  La recurrente alega que presentó una denuncia desde  el 23 de noviembre  de 2011  ante el Área Rectora  de Salud de Moravia y la Municipalidad de Moravia,   sin embargo, a la fecha de interposición del presente recurso, dichas autoridades no han atendido la  denuncia.  Estima  lesionado  su  derecho  a  un  ambiente  sano  y ecológicamente equilibrado y, por ende, su derecho a la salud.\n\nII.- HECHOS PROBADOS: De importancia  para la resolución de este asunto se estiman como probados los siguientes hechos:\n\na) Que en fecha 23 de noviembre del 2011 la recurrente presentó una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Moravia y ante la Municipalidad de Moravia en contra del señor [NOMBRE 02]. por  mal  manejo  de  desechos  sólidos (ver  registro electrónico).\n\nb)  Que en fecha 14 de diciembre  del 2012 funcionarios municipales realizaron  una  inspección  in  situ  y  señalaron  que ³(«)  no  se encontró  zacate de  altura  importante,  si  bien  es  cierto  en  la inspección se encontró material de relleno  y algunos residuos  no orgánicos, dicho montículos de material no se observan a menos de 4 metros de la casa de la denunciante « Se emitió una boleta de notificación para solicitar el permiso  Nª1101 en que se indicó a [NOMBRE 02]. que  no  deberá  realizar  trabajos  de movimientos de tierra sin los permisos respectivos («)´(ver registro electrónico).\n\nc) Que en fecha 14 de diciembre del 2012 la Municipalidad de Moravia procedió a notificar al señor [NOMBRE 02]. de su obligación de tramitar permiso de movimiento de tierra y limpieza de los desechos que se ubican en su propiedad de conformidad con el artículo 75 del Código Municipal y el numeral 74 de la Ley de Construcciones (ver registro electrónico).\n\nd) Que con ocasión de la interposición del presente recurso de amparo el  Alcalde  Municipal  de  Moravia  giró  instrucciones  a  varios ingenieros de la Municipalidad, al Contralor Ambiental y al Jefe de Inspección,  para  que  cada  uno  dentro  del  ámbito  de  sus competencias mantengan especial  fiscalización en el inmueble del señor [NOMBRE 02].(ver registro electrónico).\n\ne) Que  el  Área  Rectora  de  Salud  de  Moravia  intentó  realizar  la inspección en el inmueble del señor [NOMBRE 02].en fechas 15 de febrero del 2012, 15 de mayo del 2012 y 12 de diciembre del 2012 (ver registro electrónico).\n\nf)   Que en fecha 14 de diciembre del 2012 el Área Rectora de Salud realizó la visita in situ  y   se   observó   un   terreno de aproximadamente 7000 metros  cuadrados  con  algunos  montículos  de  tierra  y escombros,  ubicados  aproximadamente  a  diez  metros  de  la colindancia izquierda de la propiedad y en la colindancia derecho se constató que no existían escombros  o basuras  en esa zona (ver registro electrónico).\n\ng) Que el inmueble  cuenta con trabajos de estabilización del suelo mediante la instalación de llantas a manera de muro de contención con la finalidad de evitar deslizamientos de tierra hacia la propiedad ubicada a su costado izquierdo ya que existe una diferencia de nivel de terreno de aproximadamente un metro (ver registro electrónico).\n\nIII.- CASO CONCRETO: Está claramente acreditado que, 23 de noviembre del 2011 la recurrente presentó una   denuncia ante el Área Rectora de Salud de Moravia y ante la Municipalidad de Moravia en contra del señor [NOMBRE 02].por mal manejo de desechos sólidos. Si bien es cierto se logró constatar que las actividades que realiza el demandado no constituyen un problema sanitario ni de contaminación ambiental, lo cierto es que no es sino hasta la interposición del presente amparo  que las autoridades  recurridas  se  dieron  a  la  tarea  de  atender  la  denuncia presentada por la amparada desde más de un año. Por lo tanto es claro que  los recurridos  han  sido  poco diligentes,  ya  que  debieron  haber actuado desde hace mucho tiempo. Se impone en consecuencia, estimar el recurso para efectos de los eventuales daños y perjuicios causados.\n\nIV.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO: DERECHO A UN AMBIENTE  SANO  Y  ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO  Y  SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL  A TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50 de la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el párrafo 2° como  un derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene ³ Toda persona de gozar ³a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando  un  denso,  amplio  y  prolijo  marco  normativo  infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente  sano y ecológicamente equilibrado,  habida cuenta que el Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado  costarricense  a  establecer  un  vasto  y  extenso  entramado normativo  infra  constitucional  que  se  traduce  en  diversas  leyes, reglamentos y decretos ejecutivos,  los que se encargan  de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un  ambiente  sano  y ecológicamente equilibrado.  Adicionalmente,  ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa  extensa  y  compleja  para  actuar  los  imperativos  y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro  de este bloque  o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente  No. 7554  de 4 de octubre  de 1995,  la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento  del ambiente  en asentamientos  humanos (Capítulo  V),  el ordenamiento  territorial  y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos  X  y  XIV),  la  contaminación (artículo  XV),  la  organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa  y preservación del derecho  a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Capítulo XXI). También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero  de 1996 y sus reformas,  la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664  de 8 de abril de 1997,  la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24  de  junio  de 2010.  De  otra  parte,  incluso  antes  de  reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa  de ciertos aspectos  del medio ambiente,  tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 5395  de 30 de octubre  de 1973  y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa  del medio ambiente.  En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas  las aristas de los procedimientos  de Evaluación del Impacto ambiental  de actividades, obras  y proyectos,  según categorías predefinidas, para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental,  su control  y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento  y un régimen sancionador.  También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento  de procedimiento   del  Tribunal  Ambiental  Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos. NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL  DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE   LEGALIDAD  EN  MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO  A  UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE  EQUILIBRADO.  El  denso  marco  normativo  o ordenamiento jurídico infra constitucional  que desarrolla  y fortalece  el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,  concepto  que comprende  a  la  acción  de inconstitucionalidad  y la  consulta  de constitucionalidad ±legislativas  y judiciales-,  la  delimitación  entre el control de constitucionalidad  y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo, cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria  es inconstitucional  por quebrantar  el  artículo 50,  sea  el  derecho  a  un  ambiente  sano  y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en éste. El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que  son  las siguientes:  a) El carácter transversal del derecho  a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos  del ordenamiento  jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier  agravio puede parecer  que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción ordinaria. Empero,  pueden establecerse algunos criterios, con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,  que permiten delimitar  el proceso  de amparo  de  otros  procesos  jurisdiccionales  ordinarios.  Así,  cuando respecto de una actividad,  obra o proyecto  haya intervenido  un poder público ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo mismo sucede cuando  un poder  público ha omitido cumplir  con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario.  Bajo esta inteligencia,  este Tribunal Constitucional  debe  conocer  y resolver  un  asunto  en  el proceso  de amparo,  únicamente,  cuando  ningún  poder  público  haya  intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un ambiente  sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente,  debe tratarse  de  una  violación  de  ese  derecho  evidente  y  manifiesta  o fácilmente constatable ±sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento  jurídico  infra constitucional,  el  tema tampoco  debe  ser conocido por la jurisdicción constitucional,  por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial  la contencioso-administrativa,  tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos. Desde  el momento  en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales  y reglamentarias, sustanciando  un procedimiento ±serie  concatenada  de  actuaciones  administrativas-  y dictando actos administrativos,  el asunto estará fuera de la órbita del control  de  constitucionalidad,  lo  mismo  si  incumple  u  omite  sus obligaciones  legales  y  reglamentarias.  El  recurso  de  amparo  es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando  es  menester  revisar  diversas  actuaciones  administrativas ±procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos  o  jurídicos  vertidos  a  la  luz  del ordenamiento  jurídico  infra constitucional  o  para  evacuar  nuevos elementos  de  convicción  para contrastar los que obran en un expediente administrativo  que ha sido tramitado durante lapsos prolongados  y reposadamente.  El proceso  de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (³ordinariarlo´), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las  partes  interesadas,  rendido  informes,  emitiendo  resoluciones administrativas, permisos, licencias  o cualquier  otro acto administrativo formal  o,  en  general,  sustanciando  uno  o  varios procedimientos administrativos, el proceso  de amparo  no es la vía para fiscalizar  tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo.  La intervención administrativa que se logre verificar  o comprobar,  es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad  o en el más denso de la legalidad.\n\nTampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos  en sede administrativa (régimen sancionador,  quejas, el Tribunal Ambiental Administrativo)  y, en último término, una jurisdicción contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad  de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal. COROLARIO. Por lo expuesto, estimo que el presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine  litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, estimo que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarme en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde   a   la   jurisdicción   ordinaria,  en  particular, a la contencioso-administrativa,  determinar  si  las actuaciones  y  conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente,  al ordenamiento  jurídico infra constitucional  de protección, garantía y preservación del derecho  a un ambiente  sano y ecológicamente equilibrado.\n\n \n\nPor tanto\n\nSe declara con lugar el recurso. Se condena a la Municipalidad de Moravia y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Jinesta Lobo salva el voto y declara sin lugar el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 13:19:17.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Exp: 12-016465-0007-CO\n\nRes. No. 2013000584\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours five minutes on the eighteenth of January, two thousand thirteen.\n\nAmparo remedy filed by [NAME 01] against [NAME 02], the Municipality of Moravia and the Rector Health Area of Moravia.\n\n \n\nResultando\n\n1.- By written brief filed with the Secretariat of this Chamber, the petitioner files an amparo remedy against [NAME 02], the Municipality of Moravia and the Rector Health Area of Moravia. She states that:\n\na) She lives next to the property of Mr. [NAME 02] [...]; b) That gentleman has an open dump (botadero de basura) on his property, without having the respective municipal permits; c) Behind her dwelling, two of her uncles, who are older adults, have their domicile, where minors also reside, who have been affected because the pasture (zacate) on the property of Mr. [NAME 02] grows to great heights and covers the windows of their home, which facilitates the entry of insects; d) The respondent takes advantage of the fact that her uncles' property has no wall (tapia) and throws rubble (escombros) at them, which leads to the formation of breeding grounds for rats, foxes, snakes, mosquitoes, which harms her health and that of her family; e) On November 23, 2011, she reported the exposed problem to the Rector Health Area of Moravia and the Municipality of Moravia; however, as of the date of filing this remedy, those authorities had not addressed the complaint. She considers her right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore her right to health, to be harmed.\n\n2.- By resolution at fifteen hours and twenty minutes on December sixth, two thousand twelve, this amparo was given course and a hearing was granted to [NAME 02], and a report was requested from the Municipal Mayor and the Director of the Rector Health Area, both of Moravia (see electronic record).\n\n3.- Ivannia Blanco Duran, in her capacity as Acting Mayor a.i. of the Municipality of Moravia, reports under oath (see electronic record) that: a) On December 14, 2012, municipal officials conducted an in situ inspection and indicated that \"(') no pasture of significant height was found, although it is true that fill material and some non-organic waste were found during the inspection, said mounds of material are not observed less than 4 meters from the complainant's house. \" A notification form was issued to request permit No. 1101 indicating to [NAME 02] that he must not carry out earthworks (movimientos de tierra) without the respective permits (') The foregoing means that what was stated by the petitioner, regarding the existence of an open dump on the property of Mr. [NAME 02], is not true, because although some non-organic waste and soil were found, it was not of such magnitude and, furthermore, those materials are at least four meters from the property of the petitioner's parents (')\"; b) On December 14, 2012, Mr. [NAME 02] Vega was notified of his obligation to process a permit for earth movement (movimiento de tierra) and cleaning of the waste located on his property, in accordance with Article 75 of the Municipal Code and numeral 74 of the Construction Law (Ley de Construcciones); c) On the occasion of the filing of this amparo remedy, instructions were given to various engineers of the Municipality, to the Environmental Controller and to the Chief of Inspection, so that each, within the scope of their competencies, maintain special oversight. She requests that the remedy be declared without merit.\n\n4.- Jimmy Araya Calvo, in his capacity as Director of the Rector Health Area of Moravia, reports under oath (see electronic record) that: a) On November 23, 2011, a complaint was received from Ms. L.V.H. against Mr. [NAME 02] for poor management of solid waste; b) An assessment was scheduled for February 15, 2012, but it was not possible to carry it out due to attention to other complaints; c) The appointment was rescheduled for May 15, 2012, but this time no one was located at the site; d) On December 12, 2012 – the day they were notified of the resolution giving course to this amparo – they appeared at the site but could not enter because they were not allowed to;\n\ne) Finally, on December 14, 2012, the in situ visit was conducted and a site of approximately 7,000 square meters was observed with some mounds of soil and rubble (escombros), located approximately ten meters from the left boundary (colindancia) of the property, and on the right boundary it was verified that there are no rubble or garbage in that area; f) The property has soil stabilization works through the installation of tires as a retaining wall (muro de contención) in order to prevent landslides towards the property located on its left side since there is a difference in ground level of approximately one meter; g) The facts alleged by the petitioner do not constitute a sanitary problem; the mounds of soil and rubble observed at the site are located far from the boundary, there are no bad odors at the site, no water stagnation, nor runoff of rainwater or wastewater towards her property. He requests that the remedy be declared without merit.\n\n5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\n \n\nConsiderando\n\nI.- OBJECT OF THE REMEDY: The petitioner alleges that she filed a complaint on November 23, 2011, before the Rector Health Area of Moravia and the Municipality of Moravia; however, as of the date of filing this remedy, those authorities have not addressed the complaint. She considers her right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore her right to health, to be harmed.\n\nII.- PROVEN FACTS: The following facts are considered proven for the resolution of this matter:\n\na) That on November 23, 2011, the petitioner filed a complaint before the Rector Health Area of Moravia and before the Municipality of Moravia against Mr. [NAME 02] for poor management of solid waste (see electronic record).\n\nb) That on December 14, 2012, municipal officials conducted an in situ inspection and indicated that \"(') no pasture of significant height was found, although it is true that fill material and some non-organic waste were found during the inspection, said mounds of material are not observed less than 4 meters from the complainant's house. \" A notification form was issued to request permit No. 1101 indicating to [NAME 02] that he must not carry out earthworks without the respective permits (')\" (see electronic record).\n\nc) That on December 14, 2012, the Municipality of Moravia proceeded to notify Mr. [NAME 02] of his obligation to process a permit for earth movement and cleaning of the waste located on his property, in accordance with Article 75 of the Municipal Code and numeral 74 of the Construction Law (see electronic record).\n\nd) That on the occasion of the filing of this amparo remedy, the Municipal Mayor of Moravia gave instructions to various engineers of the Municipality, to the Environmental Controller and to the Chief of Inspection, so that each, within the scope of their competencies, maintain special oversight of the property of Mr. [NAME 02] (see electronic record).\n\ne) That the Rector Health Area of Moravia attempted to carry out the inspection of the property of Mr. [NAME 02] on February 15, 2012, May 15, 2012, and December 12, 2012 (see electronic record).\n\nf) That on December 14, 2012, the Rector Health Area conducted the in situ visit and observed a site of approximately 7,000 square meters with some mounds of soil and rubble, located approximately ten meters from the left boundary of the property, and on the right boundary it was verified that there were no rubble or garbage in that area (see electronic record).\n\ng) That the property has soil stabilization works through the installation of tires as a retaining wall in order to prevent landslides towards the property located on its left side since there is a difference in ground level of approximately one meter (see electronic record).\n\nIII.- SPECIFIC CASE: It is clearly accredited that, on November 23, 2011, the petitioner filed a complaint before the Rector Health Area of Moravia and before the Municipality of Moravia against Mr. [NAME 02] for poor management of solid waste. Although it is true that it was possible to verify that the activities carried out by the defendant do not constitute a sanitary problem nor one of environmental contamination, the truth is that it was not until the filing of this amparo that the respondent authorities undertook the task of addressing the complaint presented by the petitioner over a year ago. Therefore, it is clear that the respondents have been lacking in diligence, since they should have acted long ago. Consequently, it is necessary to grant the remedy for the purposes of any eventual damages and losses caused.\n\nIV.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE JINESTA LOBO: RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS INFRACONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST NORMATIVE FRAMEWORK. Article 50 of the 1949 Constitution, in the year 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce in the 2nd paragraph, as an express and clearly defined fundamental right, that which \"Every person has to enjoy \"a healthy and ecologically balanced environment.\" This fundamental right, prior to the constitutional reform of 1994, was extensively developed by progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on existing norms in International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Constitution. After the partial reform of numeral 50 of the Constitution in 1994, a dense, broad, and detailed infraconstitutional normative framework has been developing for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that the State shall guarantee, defend, and preserve that right; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive infraconstitutional normative framework that translates into various laws, regulations, and executive decrees, which deal with substantive and formal issues for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, this sub-constitutional legal system has established an extensive and complex administrative organization to act upon the constitutional imperatives and obligations contained in the 3rd paragraph of Article 50 of the Constitution. Within this block or parameter of legality, created to develop Article 50 of the Constitution, the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 of October 4, 1995, stands out, which, among other aspects, develops and regulates priority topics such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (Chapter IV), the protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), territorial planning and environmental protection (Chapter VI), protected wilderness areas (Chapter VII), marine, coastal, and wetland resources (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forest and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Article XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Environmental Administrative Tribunal for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI). Also prominent, in this dense and vast legislative framework, are the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 5, 1996, and its reforms, the Plant Protection Law, No. 7664 of April 8, 1997, the Law on the Concession and Operation of Tourist Marinas, No. 7744 of December 19, 1997, the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998, and, more recently, the Law for the Comprehensive Waste Management, No. 8839 of June 24, 2010. Furthermore, even before the partial reform of Article 50 of the Constitution, there were already sectoral laws for the protection and defense of certain aspects of the environment, such as the Water Law, No. 276 of August 27, 1942, and its reforms, the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its reforms, the Animal Health Law, No. 6243 of May 2, 1978, the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 21, 1992, and its reforms, the Hydrocarbons Law, No. 7399 of May 3, 1994, and the Law on the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994. The normative framework, at the infralegal level, is even more nourished with various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, by way of example, Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, stands out, meticulously regulating all aspects of the Environmental Impact Assessment procedures for activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or harm to the environment, its review and environmental feasibility, its subsequent control and monitoring, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, performance and operation guarantees, and a sanctioning regime. Also notable is Executive Decree No. 34136 of June 20, 2007, which is the Regulation of Procedure of the Environmental Administrative Tribunal, responsible for hearing and resolving complaints regarding threats of infraction or effective violation of environmental and natural resource protection legislation, and for establishing indemnities for damages or harm to them. NEED TO DELINEATE CONSTITUTIONALITY AND LEGALITY CONTROL IN MATTERS OF PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The dense normative framework or infraconstitutional legal system that develops and strengthens the right to a healthy and ecologically balanced environment contemplated in Article 50 of the Constitution, and which seeks its guarantee, protection, and preservation, obliges this Constitutional Court to have to delineate, in this matter, the orbit of constitutionality control from the sphere of legality control. In the case of mechanisms or issues of constitutionality, as Title IV of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) is called, a concept that includes the action of unconstitutionality and the consultation of constitutionality – legislative and judicial – the delimitation between constitutionality and legality control is clear and unequivocal, since, without any doubt, it is the competence of this Constitutional Court to hear and resolve such matters exclusively and excludently (Articles 10 of the Constitution, 1, 2, subsection b), 73 to 108 of the Law of Constitutional Jurisdiction), thus, for example, when it is alleged that a legal or regulatory norm is unconstitutional because it infringes Article 50, that is, the right to a healthy and ecologically balanced environment, the underlying values and principles therein. The real problem in the delimitation of both spheres of control arises regarding the amparo remedy or process, for several evident reasons which are the following: a) The cross-cutting nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment that penetrates all layers or strata of the legal system; b) the open texture of constitutional norms, whereby any grievance may appear to have a constitutional nature, and c) the tendency to use the amparo process as a substitute avenue for the ordinary jurisdiction. However, some criteria can be established, based on Article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that allow delimiting the amparo process from other ordinary jurisdictional processes. Thus, when regarding an activity, work, or project, a public power – an administrative entity or body – has intervened by conducting studies, evaluations, reports, or assessments of any nature, by application of the dense and vast infraconstitutional legal system, it is clear that the issue must be brought before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. The same occurs when a public power has omitted to comply with the obligations imposed upon it, in matters of environmental and natural resource protection, by the infraconstitutional legal system, whether of a legal or regulatory nature. Under this understanding, this Constitutional Court must hear and resolve a matter in the amparo process only when no public power has intervened exercising its oversight or authorization competencies and a conduct, potentially or actually, harmful to the right to a healthy and ecologically balanced environment is being developed; additionally, it must involve a violation of that right that is evident and manifest or easily verifiable – without major production or evacuation of evidence – and, furthermore, it must be of great relevance or transcendence and be serious. If a public power has breached the obligations and duties developed by the infraconstitutional legal system, the issue should also not be heard by the constitutional jurisdiction, since, in addition to the complaint mechanisms provided for at the administrative level, the ordinary jurisdiction, especially the administrative-contentious one, has sufficient competence to oversee the material or formal omissions of public entities. From the moment a public power has intervened exercising its legal and regulatory competencies, substantiating a proceeding – a concatenated series of administrative actions – and issuing administrative acts, the matter will be outside the orbit of constitutionality control, the same if it breaches or omits its legal and regulatory obligations. The amparo remedy is, essentially, a summary process governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and rapid. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions – proceedings and formal acts that translate and materialize in an administrative file – the matter ceases to be subject matter for amparo, insofar as one must resort to a plenary cognition process, that is, a process of full knowledge that can only be substantiated before the ordinary jurisdiction. The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria rendered in light of the infraconstitutional legal system or to evacuate new elements of conviction to contrast those contained in an administrative file that has been processed over prolonged and deliberate periods. The amparo process, ultimately, cannot be converted into an ordinary process of plenary cognition (\"ordinariarlo\"), since it is denaturalized and perverted in its ends and purposes; hence, when a public power has intervened by conducting studies, endorsing or approving expert reports presented by interested parties, rendering reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act or, in general, substantiating one or several administrative proceedings, the amparo process is not the avenue to oversee such actions but rather the administrative-contentious process. The administrative intervention that can be verified or confirmed is decisive in considering that the matter is located at the plane or level, in itself abstract and open, of constitutionality or at the denser one of legality.\n\nNor should this Constitutional Court address and resolve the breach of obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, since, for that purpose, powerful and efficient instruments exist at the administrative level (sanctioning regime, complaints, the Environmental Administrative Tribunal) and, ultimately, an administrative-contentious jurisdiction whose function is to control the legality of the administrative function (Article 49 of the Constitution), which includes legal or regulatory, material or formal omissions, an ordinary jurisdiction that now, with the new adjective legislation, is more flexible, expeditious, swift, plenary, and universal. COROLLARY. For the foregoing reasons, I consider that this amparo remedy should have been rejected outright ad limine litis because it involves a question pertaining to legality control; however, it not having been so, I consider it must be declared without merit, without pronouncing on the merits of the matter, since it is the responsibility of the ordinary jurisdiction, in particular, the administrative-contentious one, to determine whether the administrative actions and conducts deployed (active or omissive) in the sub-lite conform substantively or not to the infraconstitutional legal system for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\n \n\nPor tanto\n\nThe remedy is granted. The Municipality of Moravia and the State are ordered to pay costs, damages, and losses, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment of the administrative-contentious court. Magistrate Jinesta Lobo dissents and declares the remedy without merit." }