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  "id": "nexus-sen-1-0007-585587",
  "citation": "Res. 11562-2013 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Acceso a expediente administrativo de investigación preliminar de seguros",
  "title_en": "Access to administrative file of preliminary insurance investigation",
  "summary_es": "La recurrente presentó un recurso de amparo contra la Superintendencia de Seguros (SUGESE) alegando que se le negó el acceso al expediente administrativo correspondiente a una investigación preliminar derivada de su denuncia sobre pólizas de seguro de su difunto esposo. La Sala Constitucional determinó que no se demostró que la recurrente hubiera presentado una solicitud formal de acceso a dichos documentos, por lo que la supuesta violación al derecho de acceso a la información administrativa (artículo 30 constitucional) no fue acreditada. El recurso fue declarado sin lugar, aunque la Sala advirtió que la recurrente debe acreditar su legitimación para acceder a la información, dada la naturaleza confidencial de los datos involucrados, relacionados con el mercado de seguros, datos privados de consumidores y supervisados, y secreto bancario.",
  "summary_en": "The petitioner filed an amparo action against the Insurance Superintendency (SUGESE), claiming she was denied access to the administrative file of a preliminary investigation initiated after her complaint regarding insurance policies of her deceased husband. The Constitutional Chamber found no evidence that the petitioner had formally requested access to said documents; therefore, the alleged violation of her constitutional right to access administrative information (Article 30 of the Constitution) was not proven. The amparo was denied, though the Chamber noted that any future request for such information must be accompanied by proper proof of standing, given the confidential nature of the data involving the insurance market, private consumer and regulated entity data, and bank secrecy.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "30/08/2013",
  "year": "2013",
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    "artículo 30 constitucional",
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  "excerpt_es": "Lo que no se logró acreditar es que efectivamente la recurrente haya presentado ante la Superintendencia de Seguros una solicitud para acceder a los documentos recopilados que conforman el expediente administrativo de la investigación preliminar que se realizó en atención a la denuncia presentada el 08 de marzo del 2013. Es decir, la autoridad recurrida si le brindó respuesta a la única gestión que se logró comprobar en este amparo fue presentada por la amparada en fecha 08 de marzo del 2013. Por lo tanto ante la falta de prueba que permita acreditar la supuesta violación alegada se procede a declarar sin lugar el recurso.\n\nAhora bien, deberá la recurrente al momento de solicitar la información que requiere acreditar su legitimación, toda vez que la información al estar relacionada con el mercado de seguros implica acceso a información de datos privados y confidenciales tanto de los consumidores como de los supervisados.",
  "excerpt_en": "What was not proven is that the petitioner actually filed a request before the Insurance Superintendency to access the collected documents that make up the administrative file of the preliminary investigation carried out in response to the complaint filed on March 8, 2013. That is, the respondent authority did provide a response to the only action that could be verified in this amparo, which was filed by the petitioner on March 8, 2013. Therefore, given the lack of evidence to prove the alleged violation, the amparo is denied.\n\nHowever, when the petitioner requests the information she requires, she must prove her standing, since the information, being related to the insurance market, involves access to private and confidential data of both consumers and regulated entities.",
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    "summary_en": "The amparo is denied due to lack of evidence of a request for access to the file.",
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      "quote_es": "Lo que no se logró acreditar es que efectivamente  la recurrente  haya presentado  ante la Superintendencia de Seguros una solicitud para acceder a los documentos recopilados que conforman el expediente administrativo de la investigación preliminar..."
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      "quote_en": "...the information, being related to the insurance market, involves access to private and confidential data of both consumers and regulated entities.",
      "quote_es": "...la información al estar relacionada con el mercado de seguros implica acceso a información de datos privados  y confidenciales  tanto de los consumidores como de los supervisados."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 11562 - 2013\n\nFecha de la Resolución: 30 de Agosto del 2013 a las 10:05\n\nExpediente: 13-008843-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n#/\n\nExp: 13-008843-0007-CO\nRes. Nº 2013011562\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San\nJosé, a las diez horas cinco minutos del treinta de agosto de dos mil\ntrece.\n\nRecurso de amparo presentado por Liliana Salguero González contra la Superintendencia de Seguros (SUGESE).\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado  en la Secretaría de esta Sala la recurrente\npresenta  recurso  de  amparo  contra  la Superintendencia  de  Seguros\n(SUGESE). Manifiesta que: a) El 29 de octubre de 2012 el señor Fernando\nRottier   Hassinger,   quien   en   vida   fuese   su   cónyuge   falleció\ninesperadamente en un accidente de tránsito; b) A lo largo de su vida, su\nmarido había tomado varios seguros de distinta naturaleza como saldo al\ndeudor, riesgo de muerte, además de tener otros bienes a su nombre, por\nese motivo se le nombró como albacea en el sucesorio; c) En vista de una\nserie de inconvenientes con el banco CITI y las respectivas aseguradoras,\npresentó  la  denuncia correspondiente   ante  la Superintendencia   de\nSeguros, quien por medio de la resolución número SGS-DES-0-906-2013\nindicó que no existía remanente para entregar a la persona beneficiaria\nsubsidiaria, por lo que todo el actuar del banco denunciado estaba  en\norden; d) Ante ello, solicitó a la autoridad recurrida acceso al expediente\nadministrativo  correspondiente  para  conocer  toda  la  información\nrelacionada con la investigación realizada; e) No obstante lo anterior, le\ndenegaron el acceso al expediente bajo el argumento de la existencia del\n\n \n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nartículo 273 de la Ley General de la Administración Pública. Por las\nrazones expuestas,  estima lesionado  su derecho contemplado  en su\nartículo 30 constitucional.\n\n2.- Por resolución de las  catorce horas y cuarenta y uno minutos del ocho de agosto del dos mil trece se le dio curso al presente amparo y se le solicitó informe al Superintendente de\n\nSeguros (ver registro electrónico).\n\n3.-  Informa  bajo  juramento  Tomás  Soley  Pérez  en  su  calidad  de\nSuperintendente General de Seguros y Apoderado Generalísimo Sin\nLímite  de  Suma  del  Banco  Central  de  Costa  Rica (ver  registro\n\nelectrónico) que: a) La recurrente presentó una denuncia el 08 de marzo\ndel 2013  ante la Superintendencia;  b) Su representada  emitió el oficio\nSGS-DES-0-906-2013 en el que debidamente justificado con argumentos\nde hecho y de derecho, según consta en el informe del Área de Disciplina\ndel Mercado de la División de Asesoría Jurídica que se adjuntó con dicho\noficio, tomando en cuenta su condición de beneficiaria subsidiaria de las\npólizas en las que su presunto difunto esposo fuera asegurado, se le dio\nrespuesta indicada; c) Su representada siempre actúa respetuosa de lo\nque establece la Ley General de la Administración Pública, por lo que en\ncaso de haber recibido la supuesta petición sobre la que se sustenta este\nrecurso, con fundamento  en las razones  de hecho y de derecho que a\ncontinuación se expondrán, la misma se hubiera atendido cumpliendo con\nlo establecido en el artículo 274 e la citada ley; d) La información de la que\nactualmente dispone su representada en relación con los seguros en los\nque figuraba en vida como asegurado  el señor Rottier Hassinger,  es\nprivada y confidencial,  por lo que no cualquier persona puede tener\n\n \n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nacceso a la misma, a menos de que lo acredite ese derecho por algún\nmedio que resulte fidedigno;  e) La información de la que dispone  la\nSuperintendencia en relación con los seguros mencionados y su proceso\nde liquidación, se obtuvo de parte de las aseguradoras denunciadas, como\nparte de la investigación preliminar que se desarrolló en procura de\natender su denuncia y determinar la existencia ±al menos de forma\n\nindiciaria- elementos de hecho que justificaran la eventual apertura de un\nprocedimiento administrativo sancionatorio en contra de esas asegurados;\n\nf) En estricto derecho no existió durante la tramitación de la investigación\npreliminar, un expediente administrativo  formal que suministrarle  a la\nrecurrente ±en caso de que lo hubiera solicitado cumpliendo  con los\nrequisitos de ley ±sino tan solo una serie de documentos con información\nconfidencial (entre  los  que  incluye  información  crediticia  del  difunto,\ninclusive   cubierta   por   el   secreto   bancario,   liquidaciones   de\nindemnizaciones realizadas  a favor del banco acreedor,  en su calidad\nbeneficiario principal de las pólizas entre otros datos) a las que por las\nrazones dichas, no se le hubiera podido brindar acceso, sin que antes se\nobtuviera total certeza de su legitimación para obtener dicha información;\n\ng) No resulta para nada errónea la mención que hace la recurrente, de\nque lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley General de la Administración\nPública  N°62287 (LGAP)  eventualmente  hubiera  podido  servir  para\n\njustificar una negativa de acceso a todos los documentos de los que la\nSuperintendencia dispone en relación a los seguros de su difunto esposo,\nesto  por  cuando  la  señora  Salguero  González  como  consta  en  el\nexpediente administrativo  que se conformó a efectos  de cumplir  con lo\nprevenido por la Sala, nunca acreditó ante esta Superintendencia  su\n\n \n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\ncondición de albacea  del sucesorio  de quien fuera su esposo,  tan solo\nacreditó el hecho de ser beneficiaria subsidiaria de las pólizas en las que\nfiguraba como asegurado su esposo (el beneficiario principal es el banco\nacreedor), condición esta última que por sí sola, no le faculta acceder la\ninformación  confidencial  que  las  aseguradoras,  producto  de  los\nrequerimientos de información que se les hiciera, pusieron a disposición\nde la Superintendencia; h) Con fundamento en lo anterior, se obtiene el\nconvencimiento que por disposición de ley, la Superintendencia General\nde Seguros debe tener sumo cuidado a la hora de entregar información a\npresuntos interesados,  pues queda claro que la entrega de datos de\ncarácter confidencial o privado de los consumidores y de los supervisados\nque se haga a terceras personas, debe estar precedida de una serie de\nactos que permitan obtener certeza sobre la legitimidad de quien la solicita\npara recibirla, asimismo  se debe constatar que dicha información, de\nconformidad con lo establecido en el artículo 273 de la LGAP, no confiera\na la persona que la recibe ³un privilegio indebido o una oportunidad para\ndañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte  o a terceros,\ndentro o fuera del expediente´;i) Tomando en cuenta que nunca existió\nuna solicitud  de acceso  a la información de los seguros  de su difunto\nesposo por parte de la recurrente, que permitiera acreditar su legitimación\npara  accesarla  y a  la  vez analizar si los datos requeridos  pudieren\nbrindarle  un  privilegio  indebido  o  una  oportunidad  para  dañar  a  la\nAdministración o a terceros, dentro o fuera del trámite administrativo, esta\nSuperintendencia concluye que todas las actuaciones relacionadas  al\ntrámite promovido  por la recurrente  se ajustan a derecho  y de ninguna\nforma han violentado ninguna disposición de naturaleza constitucional; j)\n\n \n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nLa información   que contiene  la Superintendencia  en relación con los\nseguros en los que figura como beneficiaria subsidiaria  la recurrente,\ncontiene datos confidenciales del señor Rottier Haasinger (asegurado) de\nlas aseguradoras responsables  y de CITI TARJETAS DE COSTA RICA\n\nS.A. (beneficiario principal del seguro de saldo deudor), en ese entendido,\nel eventual rechazo a brindar estar información a alguien que no ha\nacreditado su legitimación a todas luces no constituye una violación del\nartículo 30 de la Constitución Política. Solicita que se declare sin lugar el\nrecurso.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\nRedacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados  los siguientes hechos,  sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)  Que mediante oficio SGS-DES-0-0906-2013  de fecha 24 de\n\nmayo  del   2013  Tomás  Soley  Pérez  en  su  calidad  de\n\nSuperintendente   General   de   Seguros   y   Apoderado\nGeneralísimo Sin Límite de Suma del Banco Central de Costa\nRica le brindo respuesta  a la denuncia presentada  por la\nrecurrente el 08 de marzo del 2013 e indicó: ³Que en razón de\nque CITI TARJETAS  DE COSTA  RICA S.A. en su calidad de\ntomador, presentó el reclamo de las indemnizaciones de las pólizas\nde saldo deudor (del que era beneficiario principal) en forma\n\noportuna, y las aseguradoras  ASSA Y MAPFRE cancelaron los\n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nmontos  determinados  como  sumas  aseguradas  en  las  distintas\npólizas, sin que existieran un remanente que entregarle a su persona\ncomo beneficiaria subsidiaria; no se evidencia ninguna violación por\n\nparte de los entes Supervisados a la garantía de recibir una respuesta\noportuna en los términos del artículo 4 transcito supra, en especial si\nse toma en cuenta que todas sus gestiones fueron presentadas ante la\n\nentidad crediticia y no a las aseguradoras como lo requiere la Ley\nReguladora  del  Mercado  de  Seguros  N°8653´.  Lo  anterior  se\nentiende  en  el  tanto  los  seguros  contratados corresponde  a la\n\nmodalidad de saldo deudor siendo el beneficiario en este caso CITI\nen su calidad de acreedor  y tomador  del seguro. No obstante  lo\nanterior, en caso de que exista disconformidad con las razones de\n\nfondo argumentadas por CITI, ASSA o MAPFRE, la indemnización\nrelativa al presente caso, o bien considere que sus derechos están\nsiendo  vulnerados  por  las  actuaciones  de  dichos  entes,  el\n\nordenamiento jurídico le faculta a acudir a la vía judicial, instancia\n     competente para realizar valoraciones en cuanto a la procedencia o\n     no de extremos como los señalados´(ver registro electrónico).\n b) Que  la  información  de  la  que  actualmente  dispone  la\n     Superintendencia General de Seguros  en relación con los\n     seguros en los que figuraba en vida como asegurado el señor\n     Rottier  Hassinger,  es  privada  y confidencial (ver  registro\n\nelectrónico).\n\nc) Que la información    que contiene la Superintendencia  en\n     relación con los seguros en los que figura como beneficiaria\n     subsidiaria la recurrente,  contiene datos confidenciales  del\n\n \n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. 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En  el marco del Estado Social y\nDemocrático de Derecho, todos  y cada uno de los entes y\nórganos públicos que conforman la administración respectiva,\ndeben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos\nde la transparencia y la publicidad que deben ser la regla de\ntoda la actuación o función administrativa. Las organizaciones\ncolectivas  del  Derecho  Público ±entes  públicos-  están\n\nllamadas a ser verdaderas casas  de cristal en cuyo interior\npuedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, todos  los\nadministrados. Las administraciones  públicas deben crear y\npropiciar canales permanentes y fluidos de comunicación o de\nintercambio  de  información  con  los  administrados  y  los\nmedios de comunicación colectiva en aras de incentivar una\nmayor participación directa y activa en la gestión pública y de\nactuar los principios de evaluación de resultados y rendición\nde  cuentas  actualmente  incorporados  a  nuestro  texto\nconstitucional (artículo 11 de la Constitución Política). Bajo\n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nesta inteligencia, el secreto o la reserva administrativa son una\nexcepción que se justifica, únicamente, bajo circunstancias\ncalificadas cuando por su medio se tutelan valores y bienes\nconstitucionalmente relevantes. Existen diversos mecanismos\npara alcanzar mayores niveles de transparencia administrativa\nen  un  ordenamiento  jurídico  determinado,  tales  como  la\nmotivación de los actos administrativos, las formas de su\ncomunicación ±publicación  y  notificación-,  el  trámite  de\ninformación pública para la elaboración de los reglamentos y\nlos planes reguladores,  la participación en el procedimiento\n\nadministrativo,    los     procedimientos   de   contratación\n\nadministrativa, etc., sin embargo, una de las herramientas más preciosas para el logro de ese objetivo lo constituye el derecho de acceso a la información administrativa.\n\nII.- EL DERECHO  DE ACCESO  A LA INFORMACIÓN\n\nADMINISTRATIVA.  El  ordinal   30  de  la  Constitución\n\nPolítica  garantiza  el  libre  acceso  a  los       ³departamentos\n\nadministrativos con propósitos de información sobre asuntos\nde interés público´, derecho fundamental que en la doctrina se\nha denominado derecho de acceso a los archivos y registros\nadministrativos, sin embargo, la denominación más acertada\nes la de derecho de acceso a la información administrativa,\npuesto que, el acceso a los soportes materiales o virtuales de\nlas administraciones públicas es el instrumento o mecanismo\npara  alcanzar  el  fin  propuesto  que  consiste  en  que  los\nadministrados se impongan de la información que detentan\naquéllas. Es menester indicar que no siempre la información\nadministrativa de interés público que busca un administrado se\nencuentra en un expediente, archivo o registro administrativo.\nEl derecho de acceso a la información administrativa es un\nmecanismo de control en manos de los administrados, puesto\nque, le permite a éstos, ejercer un control óptimo de la\nlegalidad y de la oportunidad,  conveniencia o mérito y, en\ngeneral, de la eficacia y eficiencia de la función administrativa\ndesplegada   por   los   diversos   entes   públicos.   Las\nadministraciones públicas eficientes y eficaces son aquellas\nque se someten al control y escrutinio público, pero no puede\nexistir un control ciudadano sin una adecuada información. De\neste modo, se puede establecer un encadenamiento lógico\n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nentre acceso a la información administrativa, conocimiento y\nmanejo de ésta, control ciudadano efectivo u oportuno y\nadministraciones públicas eficientes. El derecho de acceso a la\ninformación administrativa tiene un profundo asidero en una\nserie de principios y valores inherentes al Estado  Social y\nDemocrático de Derecho, los cuales, al propio tiempo, actúa.\nAsí, la participación ciudadana efectiva y directa en la gestión\ny manejo de los asuntos públicos resulta inconcebible si no se\ncuenta con un bagaje importante de información acerca de las\ncompetencias y servicios administrativos, de la misma forma,\nel principio democrático se ve fortalecido cuando las diversas\nfuerzas y grupos sociales, económicos y políticos participan\nactiva e informadamente  en la formación y ejecución de la\nvoluntad  pública. Finalmente, el derecho de acceso a la\ninformación administrativa es una herramienta indispensable,\ncomo otras tantas, para la vigencia plena de los principios de\ntransparencia y publicidad  administrativas. El contenido  del\nderecho  de  acceso  a  la  información  administrativa  es\nverdaderamente amplio y se compone de un haz de facultades\nen  cabeza  de  la  persona  que  lo  ejerce  tales  como  las\nsiguientes:  a)  acceso  a  los  departamentos,  dependencias,\noficinas  y  edificios  públicos;  b)  acceso  a  los  archivos,\nregistros, expedientes y documentos físicos o automatizados\n±bases de datos ficheros-; c) facultad del administrado de\nconocer los datos personales o nominativos almacenados que\nle afecten de alguna forma, d) facultad del administrado de\nrectificar o eliminar esos datos si son erróneos, incorrectos o\nfalsos; e) derecho de conocer el contenido de los documentos\ny expedientes físicos o virtuales y f) derecho de obtener, a su\ncosto, certificaciones o copias de los mismos.\n\nIII.- TIPOLOGIA  DEL DERECHO DE ACCESO A LA\nINFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.  Se puede distinguir\ncon  claridad  meridiana  entre  el  derecho  de  acceso a la\ninformación administrativa (a) ad extra ±fuera- y (b) ad intra\n±dentro- de un procedimiento  administrativo. El primero se\notorga  a  cualquier  persona o administrado interesado en\nacceder  una  información  administrativa  determinada ±uti\n\nuniversi- y el segundo, únicamente, a las partes interesadas en\nun procedimiento  administrativo concreto  y específico ±uti\n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nsinguli-. Este derecho se encuentra normado en la Ley General\nde la Administración Pública en su Capítulo Sexto intitulado\n³Del acceso al expediente y sus piezas´, Título Tercero del\nLibro Segundo en los artículos 272 a 274. El numeral 30 de la\nConstitución Política, evidentemente, se refiere al derecho de\nacceso ad extra, puesto que, es absolutamente independiente\nde la existencia de un procedimiento administrativo. Este\nderecho no ha sido desarrollado  legislativamente de forma\nsistemática y coherente, lo cual constituye una seria y grave\nlaguna de nuestro ordenamiento jurídico que se ha prolongado\nen el tiempo por más de cincuenta años desde la vigencia del\ntexto constitucional.  La regulación de este derecho  ha sido\nfragmentada y sectorial, así, a título de ejemplo, la Ley del\nSistema Nacional de Archivos No. 7202 del 24 de octubre de\n1990,  lo  norma  respecto  de  los  documentos  con  valor\ncientífico y cultural de los entes y órganos públicos ±sujetos\npasivos- que conforman el Sistema Nacional de Archivos\n(Poderes  Legislativo,  Judicial,  Ejecutivo  y  demás  entes\npúblicos con personalidad jurídica, así como los depositados\nen  los  archivos  privados  y  particulares  sometidos  a  las\nprevisiones de ese cuerpo legal).\n\nIV.- SUJETOS ACTIVO  Y PASIVO  DEL DERECHO  DE\nACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.  El\nsujeto activo del derecho consagrado en el artículo 30 de la\nCarta Magna lo es toda persona o todo administrado, por lo\nque el propósito del constituyente  fue reducir a su mínima\nexpresión el secreto administrativo y ampliar la transparencia\ny  publicidad  administrativas.  Independientemente  de  lo\nanterior, el texto constitucional prevé, también, un acceso\ninstitucional  privilegiado  a  la  información  administrativa\ncomo,  por  ejemplo,  del  que  gozan  las  comisiones  de\ninvestigación de la Asamblea Legislativa (artículo 121, inciso\n23, de la Constitución Política) para el ejercicio de su control\npolítico.  Debe  advertirse  que  el  acceso  institucional\n\nprivilegiado      es      regulado      por      el      ordenamiento\n\ninfraconstitucional  para  otras  hipótesis  tales  como  la\nContraloría General de la República (artículos 13 de la Ley\nOrgánica No. 7428 del 26 de agosto de 1994; 20, párrafo 2º,\nde la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPúblicos, No. 6872 del 17 de junio de 1983 y sus reformas), la\nDefensoría de los Habitantes (artículo 12, párrafo 2º, de la Ley\nNo. 7319 del 17 de noviembre de 1992 y sus reformas), las\ncomisiones para Promover  la Competencia  y Nacional del\nConsumidor (artículo 64 de la Ley No. 7274 del 20 de\n\ndiciembre de 1994), la administración tributaria (artículos 105,\n106,  y 107  del  Código  de  Normas  y  Procedimientos\nTributarios), etc.. En lo tocante a los sujetos pasivos del\nderecho  de acceso a la información administrativa, debe\ntomarse en consideración que el numeral 30 de la Constitución\nPolítica  garantiza  el  libre  acceso  a  los ³departamentos\n\nadministrativos´, con lo que serán sujetos pasivos todos los\nentes públicos y sus órganos, tanto de la Administración\nCentral ±Estado  o  ente  público  mayor-  como  de  la\nAdministración Descentralizada institucional o por servicios\n±la  mayoría  de  las  instituciones  autónomas-,  territorial\n±municipalidades-  y  corporativa ±colegios  profesionales,\n\ncorporaciones  productivas  o  industriales  como  la  Liga\nAgroindustrial de la Caña de Azúcar, el Instituto del Café, la\nJunta del Tabaco, la Corporación Arrocera, las Corporaciones\nGanadera y Hortícola Nacional, etc.-. El derecho  de acceso\ndebe hacerse extensivo, pasivamente, a las empresas públicas\nque asuman formas de organización colectivas del derecho\nprivado a través de las cuales alguna administración pública\nejerce una actividad empresarial, industrial o comercial e\ninterviene  en  la  economía  y el  mercado,  tales  como  la\nRefinadora  Costarricense  de  Petróleo  Sociedad  Anónima\n(RECOPE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad\nAnónima (CNFL),  Radiográfica  de  Costa  Rica  Sociedad\nAnónima (RACSA),  Correos  de  Costa  Rica  Sociedad\nAnónima,  la  Empresa  de  Servicios  Públicos  de  Heredia\nSociedad Anónima (EPSH), etc., sobre todo, cuando poseen\ninformación  de  interés  público. Por  último, las personas\nprivadas que ejercen de forma permanente o transitoria una\npotestad o competencia pública en virtud de habilitación legal\no   contractual (munera   pubblica),   tales   como   los\n\nconcesionarios de servicios u obras públicas, los gestores\ninteresados,  los  notarios,  contadores  públicos,  ingenieros,\narquitectos, topógrafos,   etc.   pueden,   eventualmente,\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nconvertirse  en sujetos pasivos cuando manejan o poseen información ±documentos- de un claro interés público.\n\nV.-  OBJETO  DEL  DERECHO  DE  ACCESO  A  LA INFORMACIÓN     ADMINISTRATIVA.     El texto\n\nconstitucional en su numeral 30 se refiere al libre acceso a los\n³departamentos  administrativos´,   siendo  que  el  acceso\nirrestricto a las instalaciones físicas de las dependencias  u\noficinas administrativas sería inútil e insuficiente para lograr\nel fin de tener administrados informados y conocedores de la\ngestión administrativa. Consecuentemente, una hermenéutica\nfinalista  o  axiológica  de  la  norma  constitucional,  debe\nconducir a concluir que los administrados o las personas\npueden  acceder  cualquier  información  en  poder  de  los\nrespectivos entes y órganos públicos, independientemente, de\nsu soporte, sea documental ±expedientes, registros, archivos,\nficheros-,  electrónico  o  informático ±bases  de  datos,\n\nexpedientes electrónicos, ficheros automatizados, disquetes, discos compactos-, audiovisual, magnetofónico, etc..\n\nVI.-  LÍMITES  INTRÍNSECOS  Y  EXTRÍNSECOS  DEL\nDERECHO   DE   ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN\nADMINISTRATIVA. En lo relativo a los límites intrínsecos\nal contenido esencial del derecho de acceso a la información\nadministrativa, tenemos, los siguientes: 1) El fin del derecho\nes la ³información sobre asuntos de interés público´, de modo\nque cuando  la información administrativa que se busca  no\nversa sobre  un extremo de tal naturaleza el derecho  se ve\nenervado y no se puede acceder. 2) El segundo  límite está\n\nconstituido por lo establecido en el párrafo 2º del ordinal 30\nconstitucional al estipularse ³Quedan a salvo los secretos de\n\nEstado´. El secreto de Estado como un límite al derecho de\nacceso a la información administrativa es reserva de ley\n(artículo 19,  párrafo 1º,  de  la  Ley  General  de  la\n\nAdministración Pública), empero, han transcurrido más de\ncincuenta años desde la vigencia de la Constitución y todavía\npersiste la omisión legislativa en el dictado  de una ley de\nsecretos  de  estado  y  materias  clasificadas.  Esta  laguna\nlegislativa, obviamente,   ha   provocado   una   grave\nincertidumbre y ha propiciado la costumbre contra legem del\n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPoder Ejecutivo de calificar, por vía de decreto ejecutivo, de\nforma puntual y coyuntural, algunas materias como reservadas\no clasificadas por constituir, a su entender, secreto de Estado.\nTocante el ámbito, extensión y alcances del secreto de Estado,\nla doctrina es pacífica en aceptar que comprende aspecto tales\ncomo la seguridad nacional (interna o externa), la defensa\nnacional  frente  a  las  agresiones  que  atenten  contra  la\nsoberanía  e  independencia  del  Estado  y  las  relaciones\nexteriores concertadas entre éste y el resto de los sujetos del\nDerecho Internacional Público (vid. artículo 284 del Código\nPenal, al tipificar el delito de ³revelación de secretos ´). No\nresulta ocioso distinguir entre el secreto por razones objetivas\ny materiales (ratione materia), referido a los tres aspectos\nanteriormente  indicados (seguridad,  defensa  nacionales  y\n\nrelaciones exteriores) y el secreto impuesto a los funcionarios\no servidores públicos (ratione personae) quienes por motivo\ndel  ejercicio  de  sus  funciones  conocen  cierto  tipo  de\ninformación, respecto de la cual deben guardar un deber de\nsigilo y reserva (vid. artículo 337 del Código Penal al tipificar\ny sancionar el delito de ³divulgación de secretos). El secreto\nde Estado se encuentra regulado en el bloque de legalidad de\nforma desarticulada, dispersa e imprecisa (v. gr. Ley General\nde Policía No. 7410 del 26 de mayo de 1994, al calificar de\nconfidenciales y, eventualmente, declarables secreto de Estado\npor el Presidente de la República los informes y documentos\nde la Dirección de Seguridad del Estado ±artículo 16-; la Ley\nGeneral de Aviación Civil respecto de algunos acuerdos del\nConsejo Técnico de Aviación Civil ±artículo 303-, etc.). El\nsecreto de Estado en cuanto constituye una excepción a los\nprincipios o valores constitucionales de la transparencia y la\npublicidad de los poderes  públicos y su gestión debe ser\ninterpretado  y  aplicado,  en  todo  momento,  de  forma\nrestrictiva. En lo concerniente a las limitaciones o límites\nextrínsecos  del  derecho  de  acceso  a  la  información\nadministrativa tenemos los siguientes: 1) El artículo 28 de la\nConstitución Política establece como límite extrínseco del\ncualquier derecho la moral y el orden público. 2) El artículo\n24 de la Constitución Política le garantiza a todas las personas\nuna esfera de intimidad intangible para el resto de los sujetos\nde derecho, de tal forma que aquellos datos íntimos, sensibles\n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\no nominativos que un ente u órgano público ha recolectado,\nprocesado y almacenado, por constar en sus archivos, registros\ny  expedientes  físicos  o  automatizados,  no  pueden  ser\naccedidos  por  ninguna  persona  por  suponer  ello  una\nintromisión   o   injerencia   externa   e   inconstitucional.\nObviamente, lo anterior resulta de mayor aplicación cuando el\npropio  administrado  ha  puesto  en  conocimiento  de  una\nadministración  pública  información  confidencial,  por  ser\nrequerida,  con  el  propósito  de  obtener  un  resultado\ndeterminado o beneficio. En realidad esta limitación está\níntimamente ligada al primer límite intrínseco indicado, puesto\nque, muy, probablemente,  en tal supuesto la información\npretendida no recae sobre asuntos de interés público sino\nprivado. Íntimamente ligados a esta limitación se encuentran\nel secreto bancario, entendido como el deber impuesto a toda\nentidad  de  intermediación  financiera  de  no  revelar  la\ninformación  y  los  datos  que  posea  de  sus  clientes  por\ncualquier operación bancaria o contrato  bancario que haya\ncelebrado con éstos, sobre todo, en tratándose de las cuentas\ncorrientes, ya que, el numeral 615 del Código de Comercio lo\nconsagra  expresamente  para  esa  hipótesis,  y  el  secreto\nindustrial, comercial o económico de las empresas acerca de\ndeterminadas ideas, productos o procedimientos industriales y\nde sus estados  financieros, crediticios y tributarios. Habrá\nsituaciones en que la información de un particular que posea\nun ente u órgano público puede tener, sobre todo articulada\ncon la de otros particulares, una clara dimensión y vocación\npública,  circunstancias  que  deben  ser  progresiva  y\ncasuísticamente identificadas por este Tribunal Constitucional.\n\n3)  La  averiguación  de  los  delitos,  cuando  se  trata  de\ninvestigaciones criminales efectuadas  por cuerpos  policiales\nadministrativos o judiciales, con el propósito de garantizar el\nacierto y éxito de la investigación y, ante todo, para respetar la\npresunción de inocencia, el honor y la intimidad de las\npersonas involucradas.´(v. en el mismo sentido la sentencia\n#2003-11186 de las 17:12 horas del 30 de septiembre de\n2003).\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nIII.-  SOBRE  EL  CASO CONCRETO:   La  recurrente  alega  que  la\nSuperintendencia de Seguros  se niega a entregarle  copia completa del\nexpediente de las pólizas de quien en vida fuese su cónyuge bajo el\nargumento de la existencia  del artículo 273 de la Ley General de la\nAdministración Pública, situación que vulnera su derecho contemplado en\nsu  artículo 30  constitucional.  Luego  del  estudio  de  los  elementos\nprobatorios aportados  a este recurso  de amparo,  y las manifestaciones\nrendidas bajo juramento  por el Superintendente General  de Seguros  y\nApoderado Generalísimo Sin Límite de Suma del Banco Central de Costa\nRica, estima esta Sala que se debe declarar sin lugar el recurso, como se\nexplicara de seguido. Efectivamente tiene por demostrado esta Sala que la\nrecurrente presentó en fecha 08 de marzo del 2013 una denuncia contra\nlas aseguradoras  ASSA Compañía de Seguros  S.A. y contra MAFRE\nSeguros de Costa Rica   relacionada con unas pólizas de quien en vida\nfuera su esposo. Adicionalmente se logró demostrar que mediante oficio\nSGS-DES-0-0906-2013  de  fecha 24  de  mayo  del  2013  la  autoridad\n\nrecurrida le brindo respuesta de una solicitud relacionada con la denuncia\ncitada ±solicitud presentada el 08 de marzo del 2013-. Lo que no se logró\nacreditar es que efectivamente  la recurrente  haya presentado  ante la\nSuperintendencia de Seguros una solicitud para acceder a los documentos\nrecopilados que conforman el expediente administrativo de la investigación\npreliminar que se realizó en atención a la denuncia presentada el 08 de\nmarzo del 2013. Es decir, la autoridad recurrida si le brindó respuesta a la\núnica gestión que se logró comprobar en este amparo fue presentada por\nla amparada en fecha 08 de marzo del 2013. Por lo tanto ante la falta de\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n\n\n\n \n\n \n\nprueba que permita acreditar la supuesta violación alegada se procede a declarar sin lugar el recurso.\n\nIV.-  Ahora  bien,  deberá  la  recurrente  al  momento  de  solicitar  la información  que  requiere  acreditar  su  legitimación,  toda  vez  que  la información  al  estar  relacionada  con  el  mercado  de  seguros  implica acceso a información de datos privados  y confidenciales  tanto de los consumidores como de los supervisados.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nGilbert Armijo S.\n\nPresidente a.i\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErnesto Jinesta L.                                                                            Fernando Cruz C.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.                                                                            Paul Rueda L.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAracelly Pacheco S.                                                                  Jose Paulino Hernández G.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n'\"4%9027&!\n\nGBTEYPRWFA861\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\n                Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 18-02-2026 19:25:06.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San\nJosé, at ten hours five minutes on the thirtieth of August of two thousand\nthirteen.\n\nAmparo action filed by Liliana Salguero González against the Superintendency of Insurance (SUGESE).\n\nWhereas:\n\n1.- By means of a written submission filed with the Secretariat of this Chamber, the petitioner filed an amparo action against the Superintendency of Insurance (SUGESE). She states that: a) On October 29, 2012, Mr. Fernando Rottier Hassinger, who in life was her spouse, died unexpectedly in a traffic accident; b) Throughout his life, her husband had taken out several insurance policies of different types, such as outstanding balance, death risk, in addition to having other assets in his name, for which reason she was appointed executor (albacea) in the probate proceeding; c) In view of a series of difficulties with the CITI bank and the respective insurance companies, she filed the corresponding complaint with the Superintendency of Insurance, which, through resolution number SGS-DES-0-906-2013, indicated that there was no surplus to deliver to the subsidiary beneficiary, so all the actions of the reported bank were in order; d) In light of this, she requested from the respondent authority access to the corresponding administrative file (expediente administrativo) to learn all the information related to the investigation carried out; e) Notwithstanding the foregoing, she was denied access to the file on the grounds of the existence of\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\narticle 273 of the General Law of Public Administration. For the reasons stated, she considers her right enshrined in article 30 of the Constitution to have been violated.\n\n2.- By resolution at fourteen hours forty-one minutes on August eighth of two thousand thirteen, this amparo was granted leave to proceed and a report was requested from the Superintendent of\n\nInsurance (see electronic record).\n\n3.- Tomás Soley Pérez reports under oath, in his capacity as General Superintendent of Insurance and Unlimited General Agent (Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma) of the Central Bank of Costa Rica (see electronic record), that: a) The petitioner filed a complaint on March 8, 2013, before the Superintendency; b) His represented entity issued official communication SGS-DES-0-906-2013, in which, duly justified with arguments of fact and law, as stated in the report of the Market Discipline Area of the Legal Advisory Division attached to said communication, taking into account her condition as subsidiary beneficiary of the policies in which her alleged late husband was insured, the indicated response was given to her; c) His represented entity always acts in compliance with the provisions of the General Law of Public Administration, so had it received the alleged request on which this action is based, based on the reasons of fact and law that will be set forth below, it would have been handled in compliance with the provisions of article 274 of the cited law; d) The information currently held by his represented entity in relation to the insurance policies in which Mr. Rottier Hassinger was listed as insured during his lifetime is private and confidential, so not just any person may have\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\naccess to it, unless that right is proven by some reliable means; e) The information held by the Superintendency regarding the aforementioned insurance policies and their settlement process was obtained from the reported insurance companies, as part of the preliminary investigation conducted in an effort to address her complaint and determine the existence —at least indicatively— of factual elements that would justify the eventual opening of an administrative sanctioning procedure against those insured entities;\n\nf) In strict legal terms, during the processing of the preliminary investigation, there was no formal administrative file to provide to the petitioner —in case she had requested it in compliance with legal requirements— but only a series of documents with confidential information (including credit information of the deceased, even covered by banking secrecy, settlements of indemnity payments made in favor of the creditor bank in its capacity as primary beneficiary of the policies, among other data) to which, for the reasons stated, access could not have been granted without previously obtaining full certainty of her standing to obtain such information;\n\ng) The mention made by the petitioner that the provisions of article 273 of the General Law of Public Administration No. 62287 (LGAP) could have potentially served to\n\njustify a denial of access to all the documents that the Superintendency holds in relation to her late husband's insurance policies is not at all erroneous, given that Mrs. Salguero González, as recorded in the administrative file created for the purpose of complying with the Chamber's order, never established before this Superintendency her\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\ncondition as executor (albacea) of the probate proceeding of her late husband, she only certified the fact of being the subsidiary beneficiary of the policies in which her husband was listed as insured (the primary beneficiary is the creditor bank), and this latter condition alone does not empower her to access the confidential information that the insurance companies, as a result of the information requests made of them, made available to the Superintendency; h) Based on the foregoing, the conviction is reached that by legal provision, the General Superintendency of Insurance must exercise extreme care when delivering information to alleged interested parties, as it is clear that the delivery of data of a confidential or private nature concerning consumers and supervised entities to third parties must be preceded by a series of actions that allow certainty to be obtained regarding the legitimacy of the requesting party to receive it, and it must also be verified that said information, in accordance with the provisions of article 273 of the LGAP, does not confer upon the person receiving it \"an undue privilege or an opportunity to illegitimately harm the Administration, the counterparty, or third parties, within or outside the file\"; i) Taking into account that there never was a request for access to the information on her late husband's insurance policies by the petitioner, which would have allowed her standing to access it to be established and, at the same time, an analysis of whether the requested data could provide her with an undue privilege or an opportunity to harm the Administration or third parties, within or outside the administrative proceeding, this Superintendency concludes that all actions related to the proceeding initiated by the petitioner are lawful and in no way have violated any provision of a constitutional nature; j)\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nThe information held by the Superintendency in relation to the insurance policies in which the petitioner appears as subsidiary beneficiary contains confidential data of Mr. Rottier Haasinger (insured), of the responsible insurance companies, and of CITI TARJETAS DE COSTA RICA\n\nS.A. (primary beneficiary of the outstanding balance insurance), in that sense, the eventual refusal to provide this information to someone who has not proven their standing clearly does not constitute a violation of article 30 of the Political Constitution. It requests that the action be denied.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PROVEN FACTS: For the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus established or because the respondent omitted to refer to them as set forth in the initial order:\n\na) That through official communication SGS-DES-0-0906-2013 dated May\n24, 2013, Tomás Soley Pérez, in his capacity as General\nSuperintendent of Insurance and Unlimited General Agent\nof the Central Bank of Costa Rica, responded to the complaint filed by the\npetitioner on March 8, 2013, and indicated: \"That since\nCITI TARJETAS DE COSTA RICA S.A., in its capacity as\npolicyholder, filed the claim for indemnity payments from the outstanding balance\npolicies (of which it was the primary beneficiary) in a timely\nmanner, and the insurance companies ASSA and MAPFRE paid the\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\namounts determined as sums insured under the different\npolicies, without there being a surplus to deliver to you\nas the subsidiary beneficiary; no violation is evidenced on the\npart of the supervised entities of the guarantee of receiving a timely\nresponse under the terms of article 4 transcribed above, in particular if\nit is taken into account that all your actions were filed before the\ncredit institution and not before the insurance companies as required by the\nInsurance Market Regulatory Law No. 8653'. The foregoing is\nunderstood insofar as the contracted insurance policies correspond to the\noutstanding balance modality, the beneficiary in this case being CITI\nin its capacity as creditor and policyholder of the insurance. Notwithstanding\nthe foregoing, should there be disagreement with the substantive reasons\nargued by CITI, ASSA or MAPFRE, the indemnity payment\nrelated to the present case, or should you consider that your rights are being\nviolated by the actions of said entities, the\nlegal system empowers you to resort to the judicial avenue, the instance\ncompetent to make assessments regarding the appropriateness or\nnot of matters like those pointed out\" (see electronic record).\nb) That the information currently held by the\nGeneral Superintendency of Insurance in relation to the insurance\npolicies in which Mr. Rottier Hassinger was listed as insured\nduring his lifetime is private and confidential (see electronic record).\n\nc) That the information held by the Superintendency in\nrelation to the insurance policies in which the petitioner appears as\nsubsidiary beneficiary contains confidential data of\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nMr. Rottier Haasinger (insured), of the responsible insurance companies,\nand of CITI TARJETAS DE COSTA RICA S.A.\n(primary beneficiary of the outstanding balance insurance) (see electronic record).\n\nII.- UNPROVEN FACTS: The following facts are not deemed proven:\nSOLE: That the petitioner filed a request with the\nSuperintendency of Insurance to access the collected documents that make up the\nadministrative file of the preliminary investigation conducted in response\nto the complaint filed on March 8, 2013.\n\nIII.- ON THE RIGHT TO ACCESS ADMINISTRATIVE INFORMATION:\nIn judgment number 2003-002120 of thirteen hours thirty minutes on March fourteenth of two thousand three, this Chamber laid down the following guidelines regarding this constitutional guarantee:\n\n\"\n\nI.- ADMINISTRATIVE TRANSPARENCY AND PUBLICITY.\nIn the framework of the Social and Democratic\nRule of Law, all public entities\nand bodies that make up the respective administration\nmust be subject to the implicit constitutional principles\nof transparency and publicity, which must be the rule\nfor all administrative action or function. Collective\norganizations under Public Law —public entities— are\ncalled to be true glass houses within which\nall citizens can scrutinize and oversee, in broad daylight.\nPublic administrations must create and\nfoster permanent and fluid channels of communication or\nexchange of information with citizens and\nthe collective media in order to encourage\ngreater direct and active participation in public management and to\nenforce the principles of accountability and performance evaluation currently\nincorporated into our\nconstitutional text (article 11 of the Political Constitution). Under\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nthis understanding, administrative secrecy or reserve is an\nexception that is only justified under qualified\ncircumstances when constitutionally relevant values and\nassets are protected through it. There are various mechanisms\nto achieve greater levels of administrative transparency\nin a given legal system, such as the\nstatement of reasons for administrative acts, the methods of\ntheir communication —publication and notification—, the public\ninformation process for drafting regulations\nand regulatory plans, participation in the\nadministrative procedure, the\nadministrative contracting procedures, etc. However, one of the most\nvaluable tools for achieving this goal is the right of access to administrative information.\n\nII.- THE RIGHT OF ACCESS TO\nADMINISTRATIVE INFORMATION. Article\n30 of the Political Constitution guarantees\nfree access to \"administrative\ndepartments for purposes of information on matters\nof public interest\", a fundamental right that in doctrine has\nbeen called the right of access to administrative archives and records;\nhowever, the most accurate denomination\nis the right of access to administrative information,\nsince access to the material or virtual media of\npublic administrations is the instrument or mechanism\nfor achieving the intended goal, which is that\ncitizens obtain the information held by those administrations.\nIt is necessary to indicate that the administrative information of public interest sought by a citizen is not always\nfound in an administrative file, archive, or record.\nThe right of access to administrative information is a\ncontrol mechanism in the hands of citizens, since\nit allows them to exercise optimal control\nof legality and of opportunity, convenience, or merit, and, in\ngeneral, of the effectiveness and efficiency of the administrative function\ncarried out by various public entities.\nEfficient and effective public administrations are those\nthat submit to public control and scrutiny, but\ncitizen control cannot exist without adequate information. In\nthis way, a logical chain can be established\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nbetween access to administrative information, knowledge\nand handling of it, effective or timely citizen control, and\nefficient public administrations. The right of access to\nadministrative information is deeply rooted\nin a series of principles and values inherent to the Social\nand Democratic Rule of Law, which it simultaneously serves.\nThus, effective and direct citizen participation in the\nmanagement and handling of public affairs is inconceivable if one does not\nhave a significant body of information about\nadministrative powers and services. Likewise,\nthe democratic principle is strengthened when the various\nsocial, economic, and political forces and groups participate\nactively and informedly in the formation and execution\nof public will. Finally, the right of access to\nadministrative information is an indispensable tool,\nlike so many others, for the full validity of the principles of\nadministrative transparency and publicity. The content\nof the right of access to administrative information is\ntruly broad and is composed of a bundle of powers\nvested in the person exercising it, such as the\nfollowing: a) access to departments, dependencies,\noffices, and public buildings; b) access to archives,\nrecords, files, and physical or automated documents\n—databases, files—; c) the power of the citizen\nto know the stored personal or nominative data\nthat affect them in some way; d) the power of the citizen\nto rectify or eliminate such data if they are erroneous, incorrect, or\nfalse; e) the right to know the content of documents\nand physical or virtual files; and f) the right to obtain, at\ntheir own cost, certifications or copies thereof.\n\nIII.- TYPOLOGY OF THE RIGHT OF ACCESS TO\nADMINISTRATIVE INFORMATION. A crystal-clear\ndistinction can be made between the right of access to\nadministrative information (a) ad extra —outside— and (b) ad intra\n—inside— an administrative procedure. The former is granted\nto any person or citizen interested in\naccessing specific administrative information —uti\nuniversi— and the latter, only, to interested parties in\na concrete and specific administrative procedure —uti\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nsinguli—. This right is regulated in the General Law\nof Public Administration in its Chapter Six, titled\n\"On Access to the File and Its Component Parts\", Title Three\nof Book Two, in articles 272 to 274. Article 30 of the\nPolitical Constitution evidently refers to the right of\naccess ad extra, since it is absolutely independent\nof the existence of an administrative procedure. This\nright has not been developed legislatively in a systematic\nand coherent manner, which constitutes a serious and grave\ngap in our legal system that has persisted\nfor over fifty years since the Constitution came into force.\nThe regulation of this right has been\nfragmented and sectorial; thus, for example, the National\nArchives System Law No. 7202 of October 24,\n1990, regulates it regarding documents with\nscientific and cultural value held by public entities and bodies —passive\nsubjects— that make up the National Archives System\n(Legislative, Judicial, Executive Powers, and other\npublic entities with legal personality, as well as those deposited\nin private archives and private ones subject to the\nprovisions of that body of law).\n\nIV.- ACTIVE AND PASSIVE SUBJECTS OF THE RIGHT\nOF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION. The\nactive subject of the right enshrined in Article 30 of the\nConstitution is every person or citizen, so\nthe framers' purpose was to reduce\nadministrative secrecy to its minimum expression and expand\nadministrative transparency and publicity. Irrespective\nof the foregoing, the constitutional text also provides for\nprivileged institutional access to administrative\ninformation, such as that enjoyed by the\ninvestigative committees of the Legislative Assembly (Article 121, subsection\n23, of the Political Constitution) for the exercise of their political\noversight. It should be noted\nthat privileged institutional access\nis regulated by\ninfra-constitutional law for other\nscenarios, such as the\nComptroller General of the Republic (articles 13 of the\nOrganic Law No. 7428 of August 26, 1994; 20, paragraph 2,\nof the Law on Illicit Enrichment of Public Servants,\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nNo. 6872 of June 17, 1983, and its amendments), the\nOmbudsman's Office (Article 12, paragraph 2, of Law\nNo. 7319 of November 17, 1992, and its amendments), the\nCommission to Promote Competition and the National\nConsumer Commission (Article 64 of Law No. 7274 of\nDecember 20, 1994), the tax administration (articles 105,\n106, and 107 of the Code of Tax Norms and Procedures), etc.\nRegarding the passive subjects of the\nright of access to administrative information, it must be\ntaken into account that Article 30 of the Political\nConstitution guarantees free access to \"administrative\ndepartments\", meaning that all public entities\nand their bodies are passive subjects, both from the Central\nAdministration —State or higher public entity— and from\nthe Decentralized Administration, whether institutional or by services\n—the majority of autonomous institutions—, territorial\n—municipalities—, and corporate —professional associations,\nproductive or industrial corporations such as the Liga\nAgroindustrial de la Caña de Azúcar, the Instituto del Café,\nthe Junta del Tabaco, the Corporación Arrocera, the Corporaciones\nGanadera and Hortícola Nacional, etc.—. The right of access\nmust be extended, passively, to public enterprises\nthat assume forms of collective organization under private law\nthrough which a public administration\ncarries out a business, industrial, or commercial activity and\nintervenes in the economy and the market, such as the\nRefinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima\n(RECOPE), the Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad\nAnónima (CNFL), Radiográfica de Costa Rica Sociedad\nAnónima (RACSA), Correos de Costa Rica Sociedad\nAnónima, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia\nSociedad Anónima (EPSH), etc., especially when they possess\ninformation of public interest. Finally, private\npersons who permanently or temporarily exercise a\npublic power or competence by virtue of legal\nor contractual authorization (munera pubblica), such as\nconcessionaires of public services or works, interested\nmanagers, notaries, public accountants, engineers,\narchitects, surveyors, etc., may eventually\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nbecome passive subjects when they handle or possess information —documents— of clear public interest.\n\nV.- OBJECT OF THE RIGHT OF ACCESS TO\nADMINISTRATIVE INFORMATION. The constitutional\ntext in Article 30 refers to free access to\n\"administrative departments\", but unrestricted\naccess to the physical facilities of administrative dependencies\nor offices would be useless and insufficient to achieve\nthe goal of having informed citizens knowledgeable about\nadministrative management. Consequently, a teleological\nor axiological hermeneutics of the constitutional norm must\nlead to the conclusion that citizens or persons\nmay access any information held by the\nrespective public entities and bodies, regardless of\nits medium, whether documentary —files, records, archives,\ndatabases—, electronic or computer-based —databases,\nelectronic files, automated records, diskettes, compact discs—, audiovisual, magnetic, etc.\n\nVI.- INTRINSIC AND EXTRINSIC LIMITS OF THE\nRIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE\nINFORMATION. Regarding the intrinsic limits\nto the essential content of the right of access to administrative\ninformation, we have the following: 1) The purpose of the right\nis \"information on matters of public interest\", so\nthat when the administrative information sought does\nnot pertain to such a subject matter, the right is\nrendered void and cannot be accessed. 2) The second limit is\nconstituted by the provisions of paragraph 2 of Article\n30 of the Constitution, which stipulates: \"State secrets are\nexcepted\". State secrecy as a limit to the right of\naccess to administrative information is a matter of statutory\nreserve (Article 19, paragraph 1, of the General Law of\nPublic Administration); however, more than\nfifty years have passed since the Constitution came into force, and\nthe legislative omission in issuing a law on state\nsecrets and classified matters persists. This legislative\ngap has obviously caused serious\nuncertainty and has fostered the contra legem custom of\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nthe Executive Branch classifying, by executive decree (decreto ejecutivo),\non a specific and circumstantial basis, certain matters as reserved\nor classified because they constitute, in its view, a State secret.\nRegarding the scope, extent, and reach of State secrecy,\ndoctrine is unanimous in accepting that it includes aspects such\nas national security (internal or external), national\ndefense against aggressions that threaten the\nsovereignty and independence of the State, and foreign\nrelations conducted between the State and the rest of the subjects of\nPublic International Law (see Article 284 of the Penal\nCode, which defines the crime of \"revelation of secrets\").\n\nIt is not idle to distinguish between secrecy for objective and material reasons (ratione materia), referring to the three previously indicated aspects (national security, defense, and foreign relations) and secrecy imposed on public officials or servants (ratione personae) who, by reason of the exercise of their functions, become aware of a certain type of information, regarding which they must maintain a duty of confidentiality and reserve (see Article 337 of the Penal Code when it defines and sanctions the crime of \"disclosure of secrets\"). State secrecy is regulated in the body of laws in a disjointed, dispersed, and imprecise manner (e.g., the General Police Law No. 7410 of May 26, 1994, by classifying as confidential and, potentially, declarable as State secret by the President of the Republic the reports and documents of the Dirección de Seguridad del Estado —Article 16—; the General Civil Aviation Law regarding certain agreements of the Consejo Técnico de Aviación Civil —Article 303—, etc.). State secrecy, insofar as it constitutes an exception to the constitutional principles or values of transparency and publicity of public powers and their management, must be interpreted and applied, at all times, restrictively. Regarding the extrinsic limitations or limits of the right of access to administrative information, we have the following: 1) Article 28 of the Political Constitution establishes morality and public order as an extrinsic limit of any right. 2) Article 24 of the Political Constitution guarantees to all persons a sphere of intangible privacy from the rest of the legal subjects, such that intimate, sensitive, or personal data that a public entity or body has collected, processed, and stored, by being recorded in its physical or automated files, registries, and records, cannot be accessed by any person because that would imply an unconstitutional external intrusion or interference.\n\nObviously, the foregoing is more applicable when the administered party has placed confidential information, required for the purpose of obtaining a specific result or benefit, in the knowledge of a public administration. In reality, this limitation is intimately linked to the first indicated intrinsic limit, since, very probably, in such a case the information sought does not pertain to matters of public but rather private interest. Intimately linked to this limitation are bank secrecy, understood as the duty imposed on any financial intermediation entity not to reveal the information and data it possesses about its clients from any banking operation or contract entered into with them, especially regarding current accounts, since Article 615 of the Commercial Code expressly establishes it for that scenario, and the industrial, commercial, or economic secrecy of companies regarding certain ideas, products, or industrial procedures and their financial, credit, and tax statements. There will be situations in which the information of a private individual held by a public entity or body may have, especially when articulated with that of other individuals, a clear public dimension and purpose, circumstances that must be progressively and casuistically identified by this Constitutional Court.\n\n3) The investigation of crimes, when dealing with criminal investigations carried out by administrative or judicial police bodies, for the purpose of guaranteeing the effectiveness and success of the investigation and, above all, to respect the presumption of innocence, the honor, and the privacy of the persons involved. (See in the same sense, judgment #2003-11186 of 17:12 hours on September 30, 2003).\n\nIII.- REGARDING THE SPECIFIC CASE: The petitioner alleges that the Superintendencia de Seguros refuses to provide her with a complete copy of the file for the policies of her late spouse, under the argument of the existence of Article 273 of the General Law of Public Administration, a situation that violates her right enshrined in Article 30 of the Constitution. After studying the evidentiary elements provided to this amparo action, and the statements rendered under oath by the Superintendente General de Seguros and the Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma of Banco Central de Costa Rica, this Chamber considers that the action must be declared without merit, as will be explained below. Indeed, this Chamber has it as proven that the petitioner filed a complaint on March 8, 2013, against the insurers ASSA Compañía de Seguros S.A. and MAPFRE Seguros de Costa Rica, related to certain policies of her late husband. Additionally, it was proven that through official communication SGS-DES-0-0906-2013, dated May 24, 2013, the respondent authority provided a response to a request related to the cited complaint (request filed on March 8, 2013). What was not accredited is that the petitioner effectively filed a request before the Superintendencia de Seguros to access the collected documents that make up the administrative file of the preliminary investigation conducted in response to the complaint filed on March 8, 2013. That is, the respondent authority did provide a response to the only proceeding that was proven in this amparo action to have been presented by the protected party on March 8, 2013. Therefore, in light of the lack of evidence to accredit the alleged violation claimed, this action is declared without merit.\n\nIV.- However, at the time of requesting the information she requires, the petitioner must accredit her standing, since the information, being related to the insurance market, implies access to private and confidential data of both consumers and supervised entities.\n\nTherefore:\n\nThis amparo action is declared without merit.\n\nGilbert Armijo S.\nPresidente a.i\n\nErnesto Jinesta L.\nFernando Cruz C.\n\nFernando Castillo V.\nPaul Rueda L.\n\nAracelly Pacheco S.\nJose Paulino Hernández G.\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n'\"4%9027&!\nGBTEYPRWFA861\n\nEXPEDIENTE N° 13-008843-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.\nEdificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 18-02-2026 19:25:06."
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