{ "id": "nexus-sen-1-0007-598206", "citation": "Res. 00583-2014 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Derecho al agua potable y atraso en instalación de fuente pública", "title_en": "Right to potable water and delay in public source installation", "summary_es": "La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por la suspensión del servicio de agua potable y presuntas violaciones al debido proceso en un cobro administrativo. La recurrente alegó que la interrupción del servicio fue arbitraria y que no se instaló una fuente pública, además de cuestionar la transparencia del procedimiento de cobro. La Sala verificó que la suspensión inicial por mora en el pago de la última factura fue legítima, pero que la instalación de la fuente pública de agua se realizó con más de cuatro meses de retraso, lo que vulneró el derecho fundamental al agua potable derivado de los derechos a la vida, la salud y un ambiente sano. En cambio, se descartó la lesión al debido proceso porque la amparada fue notificada del desglose de la deuda y ejerció oportunamente sus recursos administrativos. La Sala declaró parcialmente con lugar el amparo, únicamente por la demora en la conexión de la fuente pública, y condenó al AYA al pago de costas, daños y perjuicios.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo action against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for suspension of potable water service and alleged due process violations in an administrative collection proceeding. The petitioner claimed arbitrary disconnection and failure to install a public water source, also challenging the transparency of the billing procedure. The Chamber found the initial suspension lawful due to non-payment of the most recent bill, but that the subsequent installation of a public water source was delayed over four months, violating the fundamental right to potable water derived from the rights to life, health and a healthy environment. By contrast, no due process violation occurred, as the petitioner was notified of the debt details and timely filed her administrative appeals. The amparo was partially granted only for the delay in connecting the public source, and the water utility was ordered to pay costs, damages and losses.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "17/01/2014", "year": "2014", "topic_ids": [ "water-law" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "amparo", "derecho al agua potable", "fuente pública", "suspensión del servicio", "mora", "Protocolo de San Salvador", "recurso de revocatoria", "cobro administrativo", "medidor", "conexión fraudulenta (tubo hechizo)" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 21", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 11.1", "law": "Protocolo de San Salvador" }, { "article": "", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "agua potable", "amparo", "servicio público", "fuente pública", "suspensión", "debido proceso", "cobro administrativo", "AyA", "mora", "conexión fraudulenta", "derechos fundamentales", "Protocolo de San Salvador", "recurso de revocatoria", "Sala Constitucional" ], "keywords_en": [ "potable water", "amparo", "public service", "public source", "disconnection", "due process", "administrative collection", "water utility", "non-payment", "fraudulent connection", "fundamental rights", "San Salvador Protocol", "appeal", "Constitutional Chamber" ], "excerpt_es": "De lo expuesto, la Sala descarta que la suspensión del servicio de agua potable fuera ilegítima. No obstante lo anterior, la Sala considera que la instalación de la fuente de agua pública se hizo de forma tardía. Nótese que la suspensión del servicio de agua potable se ejecutó el treinta y uno de julio del dos mil trece, y la conexión a la fuente de agua pública se realizó el once de diciembre del año en curso. De ahí que, transcurrieron más de cuatro meses, para la conexión de la fuente de agua pública a la amparada. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, por lesión al artículo 21 de la Constitución Política, únicamente por el atraso en la conexión de la fuente de agua pública a la amparada.", "excerpt_en": "From the foregoing, the Chamber dismisses that the disconnection of potable water service was illegitimate. However, the Chamber finds that the installation of the public water source was unduly delayed. Note that the suspension of potable water service occurred on July 31, 2013, and the connection to the public water source was made on December 11 of the same year. Hence, more than four months elapsed before the petitioner was connected to the public water source. Consequently, the proper course is to grant the amparo, based on a violation of Article 21 of the Political Constitution, solely for the delay in connecting the petitioner to a public water source.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The amparo is partially granted only for the delay in connecting the petitioner to a public water source.", "summary_es": "El amparo se declara parcialmente con lugar únicamente por el atraso en la conexión de la fuente de agua pública a la amparada." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food and adequate housing, among others.", "quote_es": "La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The Chamber finds that the installation of the public water source was unduly delayed... more than four months elapsed before connecting the petitioner to the public source.", "quote_es": "La Sala considera que la instalación de la fuente de agua pública se hizo de forma tardía... transcurrieron más de cuatro meses, para la conexión de la fuente de agua pública a la amparada." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "Disconnection only applies for failure to timely pay the most recent monthly amount; previous debts constitute separate obligations collectible through other means.", "quote_es": "La desconexión, únicamente procede por la falta de pago oportuno del último importe mensual, ya que los que se adeuden por los anteriores constituyen una obligación, que podrá cobrarse separadamente." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [ { "ref_id": "nexus-sen-1-0034-955384", "url": "", "kind": "related_voto", "label": "", "nexus_id": "sen-1-0034-955384" } ] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-598206", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [ "sen-1-0034-955384" ], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 00583 - 2014\n\nFecha de la Resolución: 17 de Enero del 2014 a las 09:05\n\nExpediente: 13-014254-0007-CO\n\nRedactado por: Nancy Hernández López\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\nSentencias Relacionadas\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\nExp: 13-014254-0007-CO\n\nRes. Nº 2014000583\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil catorce.\n\n          RECURSO DE AMPARO PRESENTADO POR YADIRA MORA RAMÍREZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0102410162, CONTRA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\n \n\nResultando:\n\n          1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el treinta de noviembre del dos mil trece, la accionante presenta recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Acusa lesión a los siguientes derechos fundamentales: 1) LESIÓN AL DERECHO A LA SALUD.  Alega suspensión arbitraria del servicio de agua potable. Tampoco se instaló la fuente de agua pública; 2) LESIÓN AL DEBIDO PROCESO.  Se instauró en su contra un procedimiento administrativo de cobro de facturas las cuales omiten detallar el consumo de agua y los recursos que puede plantear, situación que la coloca en estado de indefensión. \n\n          2.- Mediante escrito presentado el trece de diciembre del dos mil trece, Eduardo Ledezma Fernández, Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informa que la desconexión del servicio de agua, se da por la falta de pago del recibo que había vencido el veintidós de julio del dos mil trece, efectuándose la corta el treinta y uno de julio del dos mil trece. El veinte de julio del dos mil trece, el Departamento de Cobro Administrativo procedió a notificar a la señora Mora Ramírez, que su servicio presenta una deuda por un monto de 1.069.972.00 colones, monto que le fue desglosado mediante documento adjunto y que presenta deudas por servicios de agua desde el año dos mil nueve a la fecha.  Que en toda notificación de cobro se indican los recursos que el cliente cuenta si no está conforme  a lo notificado, siendo que, la accionante presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Departamento de Cobro Administrativo y Catastro, el veinte de noviembre del dos mil trece. Señala que el treinta y uno de julio del dos mil trece, se cortó el servicio por falta de pago y se retiró del campo el medidor. El veintisiete de noviembre del dos mil trece, con orden 22529228 de verificación de desconexión de servicio y como parte del seguimiento que se le da a los servicios cortados por morosidad,  se envió una cuadrilla a revisar el servicio y el capataz a cargo, reportó una conexión no autorizada por AYA (tubo hechizo) por medio del cuál se estaban abasteciendo, por lo que dicha conexión fue eliminada de inmediato, dejándose cortada desde atrás, por lo que se verifica que la amparada estaba conectada de forma fraudulenta. El once de diciembre del dos mil trece, se instaló en la propiedad de la recurrente una fuente de agua pública.\n\n3.- Mediante constancia elaborada el diecisiete de diciembre del dos mil trece, el Secretario de la Sala Constitucional establece que el encargado del Departamento de Facturación y la Jefa de Cobros Administrativos, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados incumplieron la prevención de las dieciséis horas veintitrés minutos del dos de diciembre del dos mil trece.\n\n4.- Mediante escrito presentado el seis de enero del dos mil trece, la accionante reitera los argumentos expuestos en el escrito de interposición del recurso. Manifiesta su disconformidad con el informe rendido por la autoridad recurrida.\n\n5.- Mediante escrito presentado el catorce de enero del dos mil trece, la accionante manifiesta que se encuentra disconforme porque la autoridad recurrida le rechazó el recurso de revocatoria planteado.\n\n6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n          Redacta la Magistrada Hernández López; y,\n\nConsiderando:\n\n   I.- Hechos probados: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na.     SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE: Que el Servicio NIS 3250621 localización 1-001-001-019-01000-00600-001 se factura para el AYA a nombre de Yadira Mora Ramírez. El treinta y uno de julio del dos mil trece, se cortó el servicio NIS 3250621, por falta de pago, se retiró del campo el medidor 72848, por la facturación que estaba pendiente desde el ocho de julio del dos mil trece, por la suma de cincuenta y tres mil quinientos treinta y nueve, la cuál vencía el veintidós de julio del dos mil trece. El veintisiete de noviembre del dos mil trece, con la orden 22529228 de verificación de desconexión de servicio y como parte del seguimiento que se le da a los servicios cortados por morosidad, se envió a revisar el servicio NIS 3250621, donde se constata una conexión no autorizada por AYA (tubo hechizo) por medio del cuál se abastecían de agua potable, por lo que se eliminó la conexión ilegítima de inmediato, además se notificó el fraude a la tutelada. El once de diciembre del dos mil trece, se instaló en la propiedad de la accionante la fuente de agua pública (ver documentación);\n\nb.     SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO: El quince de noviembre del dos mil trece, se notificó a la amparada que adeuda la suma de 1.069.972.00 colones, monto que le fue desglosado mediante documento adjunto y que detalla deudas por servicios de agua desde el año dos mil nueve, a la fecha. Se encuentra en cobro administrativo, expediente 300-2013, donde se otorga el plazo de tres días hábiles, a partir del recibido de la notificación – del cobro administrativo-  para presentar recurso de revocatoria o apelación. El veinte de noviembre del dos mil trece, la recurrente presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El diez de noviembre del dos mil trece, se notificó a la accionante que la Oficina de Cobro Administrativo se encuentra realizando el análisis técnico respectivo (ver documentación).\n\n       II.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE. Este Tribunal Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a la vida y a la salud son derechos fundamentales cuyo goce exige el acceso al agua potable. Para que el ser humano disfrute de salud requiere que se le garanticen un conjunto  de  condiciones  mínimas  necesarias  para  alcanzar  un  adecuado  y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental, así como, para impedir el surgimiento de disfunciones que alteren su pleno crecimiento y desarrollo. Una de esas condiciones  es precisamente  el suministro de agua apta para el consumo humano. Por lo que ésta Sala ha concluido que, como parte del Derecho de la Constitución, existe un derecho fundamental al suministro de agua potable. Así, en sentencia número 2003-04654 de las 15:44 hrs. de 27 de mayo de 2003, esta Sala resolvió:  “La  Sala  reconoce,  como  parte  del  Derecho  de  la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud,  la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna,  entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara  en  otros numerosos  del  Derecho  Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (\"Protocolo de San Salvador\" de 1988), el cual dispone que: Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.  Además, recientemente,  el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano  que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos”. Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede\nsostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier\nindividuo para que el Estado le suministre el servicio público de\nagua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino\nque, en la forma prevista el mismo Protocolo de San\nSalvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a\nadoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del\nmismo Protocolo: “Los Estados  Partes en el presente  Protocolo Adicional  a la Convención   Americana   sobre   Derechos   Humanos   se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno  como  mediante  la cooperación  entre  los  Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos  disponibles  y  tomando  en  cuenta  su  grado  de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo”.\n\n      III.- SOBRE LA SUSPENSION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.  Esta Sala también ha precisado en su jurisprudencia que, aún como servicio y derecho fundamental, el acceso al agua potable es oneroso, por lo que la morosidad  del usuario puede facultar al prestador del servicio a su suspensión. Ahora bien, ante la desconexión de un servicio básico de carácter esencial, como es el servicio de suministro de agua potable, esta Sala ha señalado\nque deben cumplirse una serie de requisitos y garantías mínimas. Se ha indicado, en primer lugar, que:  “La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican  la posibilidad de exigir del Estado  ciertas prestaciones, ámbito en el cual el Estado se ve obligado  a proporcionar algunos  servicios públicos, sobre todo los que resultan  esenciales  para  mantener  condiciones  sanitarias favorables a la preservación de la vida y de la salud  de las personas. Sin embargo, el servicio de público de agua potable no se presta en forma gratuita, de ahí que cuando -por falta de pago-  se  interrumpe  el  suministro  de  agua  potable  a consumidores domésticos se ha considerado necesario  que el usuario tenga una fuente de aprovisionamiento gratuita, que es la fuente pública, accesible, de manera que con una diligencia razonable  de  su  parte,  pueda aprovisionarse  para  sus actividades mínimas”.(sentencia No. 7178-97 de las 17:39 hrs. de 29 de octubre de 1997, el subrayado  no corresponde  al original) Mientras que, más recientemente, en sentencia No. 2011-006855 de las 11:21 hrs. de 27 de mayo de 2011, esta Sala reiteró: “ La línea jurisprudencia de esta Sala Constitucional es clara al establecer  que si bien el Instituto Costarricense  de Acueductos y Alcantarillados puede proceder a la desconexión del servicio de suministro de agua  potable por morosidad actual, lo cierto es que paralelamente debe garantizar a través de una fuente pública de fácil acceso, el suministro del recurso hídrico”. Esta Sala también ha indicado, de forma reiterada, que la suspensión, únicamente, procede por la falta de pago oportuno del último importe mensual, por cuanto los meses anteriores que se adeuden deberán ser cobrados, separadamente, por la vía correspondiente. Así, por ejemplo, en sentencia número 2003-06565 de las 15:29 hrs. de 8 de julio de 2003, se indicó: “Este Tribunal se ha referido a otra condición para que la\nsuspensión  del  servicio  de  agua  sea constitucionalmente\nlegítimo, indicando que no puede privarse al administrado de\néste si se ha cancelado el último recibo vencido, toda vez que\nno procede por esa vía exigir la obligación total o parcial del\nmonto adeudado:  “Ha indicado  la Sala en anteriores ocasiones que sólo se podrá ordenar la suspensión del servicio de agua potable -por demora en el pago, previa notificación y plazo de cancelación-en aquellos lugares donde exista servicio de fuente pública. La desconexión,  únicamente  procede  por  la  falta de  pago oportuno del último importe mensual,  ya que los que se adeuden por los anteriores constituyen una  obligación, que podrá cobrarse separadamente,  pero cuya falta de pago  no autoriza  la interrupción del servicio (en este sentido ver sentencias 929-92  de las quince horas cincuenta y cinco minutos del ocho de abril de mil novecientos noventa y dos; 6214-98 de las diez horas nueve minutos  del veintiocho de agosto  de  mil novecientos  noventa  y  ocho;  y, 5818-96  diecisiete horas cuarenta y ocho minutos del treinta de octubre de mil novecientos noventa  y seis)(sentencia  No. 9413-00  y reiterada en la No. 12814-01). “Los recurridos afirman que la suspensión del servicio de agua potable realizada el 11 de junio pasado, obedece a que desde el 7  de  mayo  había  vencido  la  facturación  del  servicio correspondiente al 18 de marzo al 21 de abril del 2003, y a la fecha de suspensión no había sido cancelada. Por su parte el recurrente demuestra que desde el 2 de junio, es decir antes de la  suspensión  había  cancelado  el último  mes  al  cobro, correspondiente al 21 de abril al 20 de mayo (folio 4 frente  y vuelto). La  Sala  aprecia  que,  de  conformidad  con  la Jurisprudencia citada, la suspensión del servicio no procedía, por lo que el recurso debe ser declarado  con lugar  por la infracción al derecho a la salud.”(ver en este mismo sentido, sentencias Nos. 2002-01126 de las 13:05 hrs. de 1º de febrero del 2002, 20060-04206 de las 18:38 hrs. de 28 de marzo del\n2006, 2007-001995 de las 19:28 horas del 13 de febrero del 2007 y 2008011665 de las 10:58 horas del 25 de julio del\n2008).\n\n     IV.- SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO  DE AGUA POTABLE. CASO CONCRETO. De conformidad  con la prueba aportada a los autos y del informe rendido bajo juramento la Sala tiene por acreditado que el Servicio NIS 3250621, fue suspendido por la  falta de pago (la facturación que estaba pendiente desde el ocho de julio del dos mil trece, por la suma de 53.539 colones que vencía el veintidós de julio del dos mil trece). Que el veintisiete de noviembre del dos mil trece, se revisó el servicio NIS 3250621, donde se constata una conexión ilegítima por medio del cuál se abastecían de agua potable, por lo que se eliminó la conexión de inmediato, además se notificó el fraude a la tutelada. De lo expuesto, la Sala descarta que la suspensión del servicio de agua potable fuera ilegítima. No obstante lo anterior, la Sala considera que la instalación de la fuente de agua pública se hizo de forma tardía. Nótese que la suspensión del servicio de agua potable se ejecutó el treinta y uno de julio del dos mil trece, y la conexión a la fuente de agua pública se realizó el once de diciembre del año en curso. De ahí que, transcurrieron más de cuatro meses, para la conexión de la fuente de agua pública a la amparada. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, por lesión al artículo 21 de la Constitución Política, únicamente por el atraso en la conexión de la fuente de agua pública a la amparada.\n\n          V.- SOBRE LA LESIÓN AL DEBIDO PROCESO: Acusa la accionante lesión al debido proceso en el procedimiento administrativo de cobro de facturas las cuales omiten detallar el consumo de agua y los recursos que puede plantear, situación que la coloca en estado de indefensión.  Al respecto, la Sala rechaza la lesión al debido proceso de la amparada. De la prueba que consta en autos, se tiene por acreditado que el quince de noviembre del dos mil trece, se notificó a la amparada que adeuda la suma de 1.069.972.00 colones, monto que le fue desglosado mediante documento adjunto y que detalla deudas por servicios de agua desde el año dos mil nueve, a la fecha; en ese documento se otorgó el plazo de tres días hábiles, a partir del recibido de la notificación – del cobro administrativo-  para presentar recurso de revocatoria o apelación, siendo que, el veinte de noviembre del dos mil trece, la recurrente presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio. De manera que contrario a lo que afirma la accionante éste Tribunal considera que la tutelada ha sido notificada de la deuda que mantiene con la Institución, se le indicó la posibilidad de plantear los recursos de revocatoria y apelación contra el cobro, situación que efectúo la amparada de forma oportuna. De ahí que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en este extremo.\n\nPor tanto:\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por el atraso en la conexión de la fuente de agua pública a la amparada. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En los demás extremos se declara sin lugar el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n          \n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 14:26:09.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Exp: 13-014254-0007-CO\n\nRes. No. 2014000583\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on the seventeenth of January of two thousand fourteen.\n\nAMPARO ACTION FILED BY YADIRA MORA RAMÍREZ, IDENTITY CARD 0102410162, AGAINST THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nWhereas:\n\n1.- By means of a written submission received at the Secretariat of the Chamber on the thirtieth of November of two thousand thirteen, the petitioner files an amparo action against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. She alleges injury to the following fundamental rights: 1) INJURY TO THE RIGHT TO HEALTH. She claims arbitrary suspension of the potable water service. The public water source was also not installed; 2) INJURY TO DUE PROCESS. An administrative collection procedure for invoices was initiated against her, which omit detailing the water consumption and the remedies she may file, a situation that places her in a state of defenselessness.\n\n2.- By means of a written submission presented on the thirteenth of December of two thousand thirteen, Eduardo Ledezma Fernández, Deputy General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports that the disconnection of the water service occurred due to the non-payment of the receipt that had expired on the twenty-second of July of two thousand thirteen, with the cut being carried out on the thirty-first of July of two thousand thirteen. On the twentieth of July of two thousand thirteen, the Administrative Collection Department proceeded to notify Mrs. Mora Ramírez that her service has a debt amounting to 1,069,972.00 colones, an amount that was itemized for her through an attached document and which includes debts for water services from the year two thousand nine to date. That every collection notice indicates the remedies available to the client if they do not agree with what was notified, and that the petitioner filed a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) with a subsidiary appeal (apelación en subsidio) before the Department of Administrative Collection and Cadastre on the twentieth of November of two thousand thirteen. He indicates that on the thirty-first of July of two thousand thirteen, the service was cut for non-payment and the meter was removed from the field. On the twenty-seventh of November of two thousand thirteen, with work order 22529228 for verification of service disconnection and as part of the follow-up given to services cut for delinquency, a crew was sent to check the service and the foreman in charge reported an unauthorized connection to AYA (makeshift pipe) through which they were being supplied, for which reason said connection was eliminated immediately, being cut from the back, thus verifying that the petitioner was connected fraudulently. On the eleventh of December of two thousand thirteen, a public water source was installed on the petitioner's property.\n\n3.- By means of a certification prepared on the seventeenth of December of two thousand thirteen, the Secretary of the Constitutional Chamber establishes that the head of the Billing Department and the Chief of Administrative Collections, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, failed to comply with the preventive measure issued at sixteen hours and twenty-three minutes on the second of December of two thousand thirteen.\n\n4.- By means of a written submission presented on the sixth of January of two thousand thirteen, the petitioner reiterates the arguments set forth in the filing of the action. She expresses her disagreement with the report rendered by the respondent authority.\n\n5.- By means of a written submission presented on the fourteenth of January of two thousand thirteen, the petitioner states that she disagrees because the respondent authority rejected the motion for reconsideration (recurso de revocatoria) she filed.\n\n6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Hernández López; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Proven facts: Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:\n\na. REGARDING THE POTABLE WATER SERVICE: That Service NIS 3250621, location 1-001-001-019-01000-00600-001, is billed by AYA in the name of Yadira Mora Ramírez. On the thirty-first of July of two thousand thirteen, service NIS 3250621 was cut for non-payment; meter 72848 was removed from the field due to the billing that had been pending since the eighth of July of two thousand thirteen, for the sum of fifty-three thousand five hundred thirty-nine, which was due on the twenty-second of July of two thousand thirteen. On the twenty-seventh of November of two thousand thirteen, with work order 22529228 for verification of service disconnection and as part of the follow-up given to services cut for delinquency, service NIS 3250621 was sent for review, where an unauthorized connection to AYA (makeshift pipe) was verified, through which they were supplying themselves with potable water, for which reason the illegitimate connection was eliminated immediately, and the fraud was also notified to the protected party. On the eleventh of December of two thousand thirteen, the public water source was installed on the petitioner's property (see documentation);\n\nb. REGARDING THE ADMINISTRATIVE COLLECTION PROCEDURE: On the fifteenth of November of two thousand thirteen, the protected party was notified that she owes the sum of 1,069,972.00 colones, an amount that was itemized for her through an attached document and which details debts for water services from the year two thousand nine to date. It is under administrative collection, file 300-2013, where a term of three business days is granted, starting from receipt of the notification – of the administrative collection – to file a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) or appeal (apelación). On the twentieth of November of two thousand thirteen, the petitioner presented a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) with a subsidiary appeal (apelación en subsidio). On the tenth of November of two thousand thirteen, the petitioner was notified that the Administrative Collection Office is conducting the respective technical analysis (see documentation).\n\nII.- REGARDING THE FUNDAMENTAL RIGHT TO POTABLE WATER. This Constitutional Court has recognized in its jurisprudence that the right to life and to health are fundamental rights whose enjoyment requires access to potable water. For human beings to enjoy health, they require a set of minimum conditions necessary to achieve an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance, as well as to prevent the emergence of dysfunctions that alter their full growth and development. One of these conditions is precisely the supply of water suitable for human consumption. Therefore, this Chamber has concluded that, as part of Constitutional Law, there is a fundamental right to the supply of potable water. Thus, in judgment number 2003-04654 at 15:44 hrs. on May 27, 2003, this Chamber resolved: \"The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); in addition, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American System of Human Rights, the country is particularly bound in this matter by the provisions of article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (\"Protocol of San Salvador\" of 1988), which provides that: Article 11. Right to a Healthy Environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. Furthermore, recently, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights reiterated that having water is a human right that, besides being essential for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights.\" From the foregoing normative framework derives a series of fundamental rights linked to the State's obligation to provide basic public services, which imply, on the one hand, that people cannot be illegitimately deprived of them, but that, as in the case of potable water, it cannot be sustained that any individual holds an enforceable right for the State to supply the public service of potable water, immediately and wherever they may be, but rather, in the manner provided by the Protocol of San Salvador itself, this class of rights obliges the States to adopt measures, in accordance with the provisions of the first article of the same Protocol: \"The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through cooperation among the States, especially economic and technical, to the maximum extent of their available resources and taking into account their degree of development, in order to achieve progressively, and in accordance with their domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol.\"\n\nIII.- REGARDING THE SUSPENSION OF THE POTABLE WATER SUPPLY SERVICE. This Chamber has also specified in its jurisprudence that, even as a service and fundamental right, access to potable water is onerous, so a user's delinquency may empower the service provider to suspend it. Now, regarding the disconnection of an essential basic service, such as the potable water supply service, this Chamber has indicated that a series of minimum requirements and guarantees must be met. It has been indicated, first, that: \"The jurisprudence of the Chamber, regarding the supply of potable water, has fundamentally been directed at protecting the right to life and health of natural persons. These rights imply the possibility of demanding certain benefits from the State, an area in which the State is obliged to provide some public services, especially those that are essential for maintaining sanitary conditions favorable to the preservation of the life and health of the people. However, the public potable water service is not provided free of charge, hence when – for lack of payment – the supply of potable water to domestic consumers is interrupted, it has been deemed necessary that the user have a free source of supply, which is the public source, accessible, so that with reasonable diligence on their part, they may supply themselves for their minimum activities.\" (judgment No. 7178-97 at 17:39 hrs. on October 29, 1997, the underlining does not correspond to the original). While, more recently, in judgment No. 2011-006855 at 11:21 hrs. on May 27, 2011, this Chamber reiterated: \"The jurisprudential line of this Constitutional Chamber is clear in establishing that although the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados may proceed to disconnect the potable water supply service for current delinquency, the truth is that it must simultaneously guarantee, through an easily accessible public source, the supply of water resources.\" This Chamber has also indicated, repeatedly, that the suspension is only appropriate for the failure to pay the last monthly amount on time, since the previous months owed must be collected, separately, through the corresponding channel. Thus, for example, in judgment number 2003-06565 at 15:29 hrs. on July 8, 2003, it was indicated: \"This Court has referred to another condition for the suspension of water service to be constitutionally legitimate, indicating that the administered individual cannot be deprived of it if the last due receipt has been paid, since it is not appropriate through that means to demand the total or partial obligation of the owed amount: 'The Chamber has indicated on previous occasions that the suspension of potable water service may only be ordered – for delay in payment, after prior notification and a payment deadline – in those places where a public source service exists. The disconnection is only appropriate for the failure to pay the last monthly amount on time, since those owed for previous months constitute an obligation, which may be collected separately, but the non-payment of which does not authorize the interruption of the service (in this regard, see judgments 929-92 at fifteen hours and fifty-five minutes on April eighth of nineteen ninety-two; 6214-98 at ten hours and nine minutes on August twenty-eighth of nineteen ninety-eight; and, 5818-96 at seventeen hours and forty-eight minutes on October thirtieth of nineteen ninety-six) (judgment No. 9413-00 and reiterated in No. 12814-01). 'The respondents affirm that the suspension of the potable water service carried out on June 11th last is because the billing for the service corresponding to March 18th to April 21st, 2003, had been due since May 7th, and had not been paid by the date of suspension. For his part, the petitioner demonstrates that since June 2nd, that is, before the suspension, he had paid the last month charged, corresponding to April 21st to May 20th (sheet 4 front and back). The Chamber observes that, in accordance with the cited Jurisprudence, the suspension of the service was not appropriate, and therefore the action must be granted due to the infringement of the right to health.\" (see in this same sense, judgments No. 2002-01126 at 13:05 hrs. on February 1st, 2002, 2006-004206 at 18:38 hrs. on March 28th, 2006, 2007-001995 at 19:28 hrs. on February 13th, 2007, and 2008-011665 at 10:58 hrs. on July 25th, 2008).\n\nIV.- REGARDING THE SUSPENSION OF POTABLE WATER SERVICE. SPECIFIC CASE. In accordance with the evidence provided in the case file and the report rendered under oath, the Chamber holds as accredited that Service NIS 3250621 was suspended for non-payment (the billing that had been pending since the eighth of July of two thousand thirteen, for the sum of 53,539 colones, which was due on the twenty-second of July of two thousand thirteen). That on the twenty-seventh of November of two thousand thirteen, service NIS 3250621 was reviewed, where an illegitimate connection was verified through which they were being supplied with potable water, for which reason the connection was eliminated immediately, and the fraud was also notified to the protected party. From the foregoing, the Chamber dismisses that the suspension of the potable water service was illegitimate. Notwithstanding the above, the Chamber considers that the installation of the public water source was done belatedly. Note that the suspension of the potable water service was executed on the thirty-first of July of two thousand thirteen, and the connection to the public water source was made on the eleventh of December of the current year. Hence, more than four months elapsed before the connection of the public water source for the protected party. Consequently, the appropriate course is to grant the action, for injury to article 21 of the Political Constitution, solely for the delay in connecting the public water source for the protected party.\n\nV.- REGARDING THE INJURY TO DUE PROCESS: The petitioner claims injury to due process in the administrative collection procedure for invoices which omit detailing the water consumption and the remedies she may file, a situation that places her in a state of defenselessness. In this regard, the Chamber dismisses the injury to the due process of the protected party. From the evidence in the case file, it is held as accredited that on the fifteenth of November of two thousand thirteen, the protected party was notified that she owes the sum of 1,069,972.00 colones, an amount that was itemized for her by means of an attached document and which details debts for water services from the year two thousand nine to date; in that document, a term of three business days was granted, starting from receipt of the notification – of the administrative collection – to file a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) or appeal (apelación), and that, on the twentieth of November of two thousand thirteen, the petitioner presented a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) with a subsidiary appeal (apelación en subsidio). Thus, contrary to what the petitioner affirms, this Court considers that the protected party has been notified of the debt she holds with the Institution, she was informed of the possibility of filing remedies for reconsideration (revocatoria) and appeal (apelación) against the collection, a situation which the protected party acted upon in a timely manner. Hence, the appropriate course is to dismiss the action on this point.\n\nTherefore:\n\nThe action is partially granted, solely for the delay in connecting the public water source for the protected party. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the enforcement of judgment proceedings of the administrative contentious jurisdiction. On the other points, the action is dismissed.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 14:26:09." }