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  "id": "nexus-sen-1-0007-621265",
  "citation": "Res. 01885-2014 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Dilación indebida en resolver denuncia ambiental sobre torre de telefonía celular",
  "title_en": "Undue delay in resolving environmental complaint regarding a cell phone tower",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano que denunció ante la Municipalidad de Alajuela la instalación de una torre de telecomunicaciones sin los permisos correspondientes, incluyendo los de SETENA. La denuncia se presentó el 18 de octubre de 2013 y al interponerse el amparo el 20 de enero de 2014, no se había resuelto. La municipalidad solo había comunicado que la torre no contaba con permiso de construcción y que se había remitido el caso al departamento competente. La Sala considera que esta comunicación no constituye una resolución definitiva de la denuncia y que el plazo de más de tres meses transcurridos sin respuesta vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. Sin embargo, aclara que cualquier disconformidad con los requisitos legales de la construcción debe ser planteada ante la propia municipalidad o la jurisdicción ordinaria. Se declara con lugar el amparo, ordenando a las autoridades municipales resolver la denuncia en un plazo de dos meses y notificar lo resuelto, con condena en costas.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by a citizen who reported to the Municipality of Alajuela the installation of a telecommunications tower without the required permits, including those from SETENA. The complaint was filed on October 18, 2013, and when the amparo was filed on January 20, 2014, it had not been resolved. The municipality had only communicated that the tower lacked a construction permit and that the case had been referred to the competent department. The Chamber finds that this communication does not constitute a definitive resolution of the complaint and that the delay of over three months without a response violates the fundamental right to a prompt and diligent administrative procedure. However, it clarifies that any disagreement regarding the legal requirements for the construction must be raised before the municipality itself or the ordinary jurisdiction. The amparo is granted, ordering municipal authorities to resolve the complaint within two months and notify the decision, with costs awarded.",
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  "date": "14/02/2014",
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    "SETENA"
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  "excerpt_es": "IV.- Luego de analizadas las pruebas aportadas a los autos, así como los informes rendidos bajo juramento por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela, este Tribunal Constitucional estima que lleva razón el recurrente en su alegato, ello debido a que se tiene por demostrado que, a pesar de que la denuncia en cuestión fue formulada desde el 18 de octubre de 2013, para la fecha en que se interpone este recurso -el 20 de enero recién pasado- y, luego de transcurrido un plazo excesivo de más de tres meses, no ha sido resuelta, sin que conste en autos justificación alguna. Nótese que lo único que ha efectuado la Municipalidad de Alajuela, y justo con ocasión de este amparo,  es notificarle al recurrente un oficio a través del cual se le indicó que, la torre de telecomunicaciones denunciada no cuenta con permiso de construcción y que tal situación ya se había comunicado al departamento competente para su debida diligencia. Sin embargo, en criterio de esta Sala, dicha actuación no resuelve, definitivamente, la denuncia formulada por el accionante, sino que solamente le comunica el inicio de los procedimientos pertinentes para ajustar a derecho la situación. Así las cosas, esta jurisdicción constitucional estima que, en la especie, se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido.",
  "excerpt_en": "IV.- After analyzing the evidence submitted to the record, as well as the reports rendered under oath by the authorities of the Municipality of Alajuela, this Constitutional Court finds that the petitioner's claim is valid, since it has been demonstrated that, although the complaint in question was filed on October 18, 2013, by the date this appeal was filed—January 20 just passed—and after an excessive period of more than three months had elapsed, it had not been resolved, without any justification appearing in the record. Note that the only action taken by the Municipality of Alajuela, and precisely on the occasion of this amparo, was to notify the petitioner of a communication indicating that the telecommunications tower in question did not have a construction permit and that this situation had already been communicated to the competent department for due diligence. However, in this Chamber's view, this action does not definitively resolve the complaint filed by the petitioner, but merely informs him of the initiation of the pertinent procedures to bring the situation into compliance with the law. Thus, this constitutional jurisdiction finds that, in this case, there has been an undue delay or unjustified postponement that violates the fundamental right to a prompt and diligent administrative procedure.",
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    "summary_es": "La Sala declara con lugar el amparo por dilación indebida en la resolución de una denuncia ambiental y ordena a la Municipalidad de Alajuela resolverla en dos meses."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01885 - 2014\n\nFecha de la Resolución: 14 de Febrero del 2014 a las 09:30\n\nExpediente: 14-000689-0007-CO\n\nRedactado por: Nancy Hernández López\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\nExp: 14-000689-0007-CO\n\nRes. Nº 2014001885\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del catorce de febrero de dos mil catorce.\n\n          \n\nRecurso de amparo interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 2-365-227, vecino de Palmares de Alajuela; contra el Alcalde Municipal y el Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuela.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas diez  minutos del 20 de enero anterior, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Alcalde Municipal y el Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuela y manifiesta que desde el 18 de  octubre  del 2013, presentó una denuncia ambiental ante la Municipalidad de Alajuela,  contra  una  torre  de  telefonía  celular   ubicada  en  la provincia Alajuela, cantón de Alajuela, distrito Carrizal, bajo el plano catastrado número A-690235-2011. Alega que a la fecha  de  interposición  de  este  recurso,  dicha  gestión  no  ha  sido  atendida. Por estimar vulnerados sus derechos, pide que se declare con lugar el recurso con sus consecuencias.\n\n2.- Informan bajo juramento William Quirós Selva en su calidad de Presidente del Concejo Municipal y Roberto Hernán Thompson Chacón en su condición de Alcalde Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuela, en documentos presentados en la Secretaría de la Sala el 30 de enero pasado, que en relación con la denuncia planteada por el recurrente, mediante oficio MA-A-299-2014 suscrito por esa corporación municipal, se dio respuesta al recurrente en el fax 2453-1415, señalado para tales efectos, sobre los trámites del 18 de octubre del 2013, relativos a torres de telefonía celular instaladas en el cantón de Alajuela. Indican que en esa respuesta se le informa que una vez verificado el reporte rendido por el Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura contenido en el oficio MA-PPCI-075-2014 respecto de la ubicación de cada una de esas torres, se constató que no tienen permiso, tramitado o aprobado, de construcción para este tipo de estructuras, por lo que el Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura ya había procedido a informar sobre dicha situación al Proceso de Control Fiscal y Urbano para las notificaciones respectivas, a las cuales se les dará el seguimiento al proceso en curso.  \n\n3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n          Redacta la Magistrada Hernández López; y,\n\nConsiderando:\n\n  I.- Objeto del recurso. Alega el recurrente que desde el 18 de  octubre  del 2013, presentó una denuncia ambiental ante la Municipalidad de Alajuela,  en relación con  una  torre  de  telefonía  celular, y a pesar del tiempo transcurrido,  la  gestión  no  ha  sido  atendida, por lo que estima lesionados sus derechos y pide que se declare con lugar el recurso.\n\nII.-  Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que el 18 de octubre del 2013, el recurrente presentó en la Municipalidad de Alajuela  una denuncia a través de la cual alegó la construcción de una torre de telecomunicaciones sin contar con los permisos de SETENA (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente electrónico);  b) que mediante oficio MA-A-299-2014 del 30 de enero del 2014, el Alcalde Municipal de Alajuela, atendió la denuncia presentada por el recurrente el 18 de octubre anterior, indicándole que se constató que las torres de telefonía celular a las que se refería, no tienen permiso -tramitado o aprobado- de construcción, indicándole que se procedió a informar sobre dicha situación  para las notificaciones respectivas, procediendo ahora dar seguimiento al caso (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente electrónico); c) que el oficio No. MA-A-299-2014 le fue notificado al recurrente el 30 de enero de los corrientes en el fax 2453-1415 señalado para tales efectos (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente electrónico).\n\nIII.- De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8 horas 55 minutos de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción -respaldo por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues, se está ante la formulación de una denuncia –donde se reclama la instalación de una torre de telecomunicaciones que, eventualmente, puede afectar el ambiente-, la cual, a su vez, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nIV.- Luego de analizadas las pruebas aportadas a los autos, así como los informes rendidos bajo juramento por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela, este Tribunal Constitucional estima que lleva razón el recurrente en su alegato, ello debido a que se tiene por demostrado que, a pesar de que la denuncia en cuestión fue formulada desde el 18 de octubre de 2013, para la fecha en que se interpone este recurso -el 20 de enero recién pasado- y, luego de transcurrido un plazo excesivo de más de tres meses, no ha sido resuelta, sin que conste en autos justificación alguna. Nótese que lo único que ha efectuado la Municipalidad de Alajuela, y justo con ocasión de este amparo,  es notificarle al recurrente un oficio a través del cual se le indicó que, la torre de telecomunicaciones denunciada no cuenta con permiso de construcción y que tal situación ya se había comunicado al departamento competente para su debida diligencia. Sin embargo, en criterio de esta Sala, dicha actuación no resuelve, definitivamente, la denuncia formulada por el accionante, sino que solamente le comunica el inicio de los procedimientos pertinentes para ajustar a derecho la situación. Así las cosas, esta jurisdicción constitucional estima que, en la especie, se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido.  En consecuencia, cualquier disconformidad del recurrente respecto a la construcción de este tipo de estructuras y sobre el incumplimiento de requisitos de índole legal, debe plantearla ante la  propia municipalidad o ante la   jurisdicción ordinaria correspondiente.-\n\n \n\nPor tanto:\n\n          \n\n \n\n Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su condición de Alcalde y a William Quirós Selva, en su calidad de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que giren las órdenes necesarias y tomen las medidas pertinentes que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de la presente resolución, se resuelva la denuncia planteada por el recurrente el 18 de octubre de 2013 en relación con la torre de telefonía celular ubicada en el plano catastrado número A-690235-2011 en Carrizal de Alajuela y se le notifique lo resuelto. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su condición de Alcalde y a William Quirós Selva, en su calidad  de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes en su lugar ocuparen esos cargos, en forma personal.-\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 14:46:16.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 01885 - 2014\n\nDate of Resolution: February 14, 2014, at 09:30\n\nCase File: 14-000689-0007-CO\n\nDrafted by: Nancy Hernández López\n\nType of Matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\nExp: 14-000689-0007-CO\n\nRes. No. 2014001885\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the fourteenth of February of two thousand fourteen.\n\nAmparo appeal filed by Álvaro Sagot Rodríguez, of legal age, attorney, holder of identity card 2-365-227, resident of Palmares de Alajuela; against the Municipal Mayor and the President of the Municipal Council, both of the Municipality of Alajuela.\n\nWhereas:\n\n1.- By document received at the Secretariat of the Chamber at eleven hours ten minutes on January 20th of last year, the appellant files an amparo appeal against the Municipal Mayor and the President of the Municipal Council, both of the Municipality of Alajuela, and states that since October 18, 2013, he filed an environmental complaint before the Municipality of Alajuela against a cellular telephone tower located in the province of Alajuela, canton of Alajuela, Carrizal district, under cadastral map number A-690235-2011. He alleges that as of the date of filing of this appeal, said petition has not been addressed. Deeming his rights violated, he requests that the appeal be granted with its consequences.\n\n2.- William Quirós Selva, in his capacity as President of the Municipal Council, and Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as Municipal Mayor, both of the Municipality of Alajuela, report under oath, in documents filed at the Secretariat of the Chamber on January 30th of last year, that in relation to the complaint filed by the appellant, by means of official letter MA-A-299-2014 issued by that municipal corporation, a response was given to the appellant at fax 2453-1415, indicated for such purposes, regarding the procedures of October 18, 2013, relating to cellular telephone towers installed in the canton of Alajuela. They indicate that in that response he was informed that once the report issued by the Infrastructure Planning and Construction Process contained in official letter MA-PPCI-075-2014 was verified regarding the location of each of those towers, it was confirmed that they do not have a construction permit—processed or approved—for this type of structure, and that the Infrastructure Planning and Construction Process had already proceeded to inform the Fiscal and Urban Control Process of said situation for the respective notifications, to which follow-up will be given on the ongoing process.\n\n3.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Judge Hernández López; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Purpose of the appeal. The appellant alleges that since October 18, 2013, he filed an environmental complaint before the Municipality of Alajuela regarding a cellular telephone tower, and despite the time elapsed, the petition has not been addressed, for which he considers his rights harmed and requests that the appeal be granted.\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven: a) that on October 18, 2013, the appellant filed a complaint with the Municipality of Alajuela through which he alleged the construction of a telecommunications tower without having the permits from SETENA (see report rendered under oath and evidence provided in the electronic case file); b) that by means of official letter MA-A-299-2014 of January 30, 2014, the Municipal Mayor of Alajuela addressed the complaint filed by the appellant on October 18th of last year, indicating that it was confirmed that the cellular telephone towers to which he referred do not have a construction permit—processed or approved—, indicating that the situation was reported for the respective notifications, now proceeding to follow up on the case (see report rendered under oath and evidence provided in the electronic case file); c) that official letter No. MA-A-299-2014 was notified to the appellant on January 30th of the current year at fax 2453-1415 indicated for such purposes (see report rendered under oath and evidence provided in the electronic case file).\n\nIII.- Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, starting from judgment No. 2008-02545 of 8 hours 55 minutes of February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the case at hand, an exception is raised—supported by the majority of this Constitutional Court—since we are before the filing of a complaint—where the installation of a telecommunications tower is claimed which, eventually, may affect the environment—which, in turn, allegedly, has not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nIV.- After analyzing the evidence provided in the case file, as well as the reports rendered under oath by the authorities of the Municipality of Alajuela, this Constitutional Court considers that the appellant is correct in his claim, given that it has been proven that, despite the complaint in question having been filed since October 18, 2013, as of the date this appeal was filed—January 20th of last year—and, after an excessive period of more than three months had elapsed, it had not been resolved, with no justification appearing in the case file. It should be noted that the only thing the Municipality of Alajuela has done, and precisely on the occasion of this amparo, is to notify the appellant of an official letter through which he was informed that the reported telecommunications tower does not have a construction permit and that this situation had already been communicated to the competent department for its due diligence. However, in the opinion of this Chamber, said action does not definitively resolve the complaint filed by the claimant, but merely informs him of the initiation of the pertinent procedures to bring the situation into compliance with the law. Thus, this constitutional jurisdiction considers that, in this case, an undue delay or unjustified postponement has occurred that violates the fundamental right to a prompt and fulfilled administrative procedure. Consequently, any disagreement of the appellant regarding the construction of this type of structure and the non-compliance with legal requirements must be raised before the municipality itself or before the corresponding ordinary jurisdiction.-\n\nTherefore:\n\nThe appeal is granted. Consequently, Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as Mayor, and William Quirós Selva, in his capacity as President of the Council, both of the Municipality of Alajuela, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to issue the necessary orders and take the pertinent measures that are within the scope of their powers so that, within a period of two months, counted from the notification of this resolution, the complaint filed by the appellant on October 18, 2013, in relation to the cellular telephone tower located on cadastral map number A-690235-2011 in Carrizal de Alajuela, is resolved and the resolution is notified to him. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely penalized. The Municipality of Alajuela is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the sentence in the contentious-administrative jurisdiction. Notify this resolution to Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as Mayor, and to William Quirós Selva, in his capacity as President of the Council, both of the Municipality of Alajuela, or to whoever occupies those positions in their stead, in person.-\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 14:46:16.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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