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  "citation": "Res. 01895-2014 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Dilación municipal en resolver denuncia ambiental por torre de telecomunicaciones",
  "title_en": "Municipal delay in resolving environmental complaint about a telecommunications tower",
  "summary_es": "El recurrente presentó una denuncia ambiental ante la Municipalidad de Desamparados por la presunta construcción ilegal de una torre de telecomunicaciones. Más de tres meses después, la municipalidad no había emitido una resolución definitiva. La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo únicamente por violación al derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido (artículo 41 de la Constitución Política). La Sala aclaró que, aunque ordinariamente las controversias sobre plazos administrativos se remiten a la jurisdicción contencioso-administrativa, este caso constituye una excepción por tratarse de una denuncia ambiental no resuelta en un plazo razonable. Ordenó a la alcaldesa resolver la denuncia en un plazo de dos meses y notificar lo resuelto, con advertencia de consecuencias penales por incumplimiento. Cualquier disconformidad sobre la legalidad de la construcción debe ventilarse ante la propia municipalidad o la jurisdicción ordinaria.",
  "summary_en": "The petitioner filed an environmental complaint with the Municipality of Desamparados regarding the alleged illegal construction of a telecommunications tower. After more than three months, the municipality had not issued a final decision. The Constitutional Chamber granted the amparo solely for violation of the right to a prompt and complete administrative procedure (Article 41 of the Political Constitution). The Chamber clarified that, although disputes over administrative deadlines are ordinarily remitted to the contentious-administrative jurisdiction, this case is an exception because it involves an unresolved environmental complaint. It ordered the mayor to resolve the complaint within two months and to notify the decision, with warning of criminal consequences for non-compliance. Any disagreement about the legality of the construction must be raised before the municipality itself or the ordinary courts.",
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  "excerpt_es": "IV.- DERECHO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PRONTO Y CUMPLIDO... es un imperativo constitucional que los procedimientos administrativos sean, igualmente, prontos, oportunos y cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza jurídicas de los que son merecidos acreedores todos los administrados.\n\nVI.- CASO CONCRETO... lo cierto del caso es que más de tres meses después que se presentó [la denuncia], el ente local recurrido, no se ha pronunciado en definitiva sobre dicha denuncia (los autos). Bajo esta inteligencia, estima la Sala que se produjo el agravio reclamado.\n\nPOR TANTO: Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Maureen Fallas Fallas, en su condición de Alcaldesa Municipal de Desamparados... que, dentro del plazo de DOS MESES... se resuelva la denuncia planteada por el recurrente el 3 de octubre de 2013 y se le notifique lo resuelto.",
  "excerpt_en": "IV.- RIGHT TO A PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE PROCEDURE... it is a constitutional imperative that administrative procedures be equally prompt, timely and complete for the sake of transcendental constitutional values such as legal certainty and security to which all citizens are entitled.\n\nVI.- SPECIFIC CASE... the truth is that more than three months after the complaint was filed, the local entity has not issued a definitive ruling on said complaint (the record). Under this reasoning, the Chamber finds that the claimed grievance has occurred.\n\nTHEREFORE: The appeal is granted. Consequently, Maureen Fallas Fallas, in her capacity as Municipal Mayor of Desamparados... is ordered that, within a period of TWO MONTHS... the complaint filed by the petitioner on October 3, 2013, be resolved and the decision be notified.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01895 - 2014\n\nFecha de la Resolución: 14 de Febrero del 2014 a las 09:30\n\nExpediente: 14-000701-0007-CO\n\nRedactado por: No indica redactor\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\nExp: 14-000701-0007-CO\n\nRes. Nº 2014001895\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del catorce de febrero de dos mil catorce.\n\n          \n\nRecurso de amparo promovido por ÁLVARO SAGOT  RODRÍGUEZ, mayor, portador de la cédula de identidad No. 203650227,  contra  la MUNICIPALIDAD  DE DESAMPARADOS.\n\n Revisados los autos.- \n\n          Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- ACLARACIÓN. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción -respaldo por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues, se está ante la formulación de una denuncia –donde se reclama la instalación de una torre de telecomunicaciones que, eventualmente, puede afectar el ambiente-, la cual, a su vez, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente demandó la tutela de su derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues, en su criterio, el ente local recurrido ha incurrido en una dilación excesiva e injustificada en resolver la denuncia ambiental que planteó respecto de la construcción ilegal de una torre de telecomunicaciones en ese cantón.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 3 de octubre de 2013, el recurrente presentó una denuncia ambiental ante la Municipalidad de Desamparados, por la presunta construcción ilegal de una torre de telecomunicaciones en ese cantón (los autos). 2) Mediante traslado de correspondencia de la Dirección de Urbanismo de ese ente local, No. AM-DU-498-2013 de 4 de octubre de 2013, se remitió esa denuncia a la Unidad de Control Urbano, a efecto que se iniciara el procedimiento correspondiente (informe). 3) Mediante oficio de la Unidad de Control Urbano de la Municipalidad recurrida, No. DUUCU-642-13 de 10 de octubre de 2013, se le comunicó al recurrente que se verificaría si en la construcción de la torre de telecomunicaciones en cuestión, se satisfizo o no los requisitos legales (informe).\n\n  IV.- DERECHO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PRONTO Y CUMPLIDO. Las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades, competencias o atribuciones deben conocer y resolver en la sede administrativa o gubernativa previa, a través de un procedimiento, múltiples solicitudes de los administrados o usuarios de los servicios públicos a efecto de obtener un acto administrativo final, cuyo contenido psíquico puede ser volitivo, de juicio o de conocimiento. Ese acto administrativo conclusivo de un procedimiento administrativo puede otorgar o reconocer derechos subjetivos o intereses legítimos –situaciones jurídicas sustanciales- (actos favorables) o bien suprimirlos, denegarlos o imponer obligaciones (actos de gravamen o ablatorios). Es lógico y sensato que no puede haber una justicia administrativa inmediata, puesto que, la administración pública y sus órganos requieren de un plazo prudencial para tramitar de forma adecuada la respectiva petición y dictar la resolución administrativa más acertada y apegada a la verdad real de los hechos que constituyen el motivo del acto final. Lo anterior significa que entre el pedimento inicial formulado por el administrado y su resolución final debe mediar un tiempo fisiológicamente necesario (vacatio o distantia temporis), impuesto por la observancia de los derechos fundamentales de aquel (debido proceso, defensa, bilateralidad de la audiencia o contradictorio) y la mejor satisfacción  posible de los intereses públicos. No debe perderse de perspectiva que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de actos –del órgano administrativo director, decisor y del propio gestionante- concatenados y teleológicamente vinculados o unidos que precisan de tiempo para verificarse. Consecuentemente, la substanciación de las solicitudes formuladas por los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de los derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y  resolución de los asuntos que los administrados les han empeñado, puesto que, en tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas. El Derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito jurisdiccional, esto es, a los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa creada en el artículo 49 del mismo cuerpo normativo supremo, sino que se proyecta y expande con fuerza, también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, a los procedimientos administrativos. De modo y manera que es un imperativo constitucional que los procedimientos administrativos sean, igualmente, prontos, oportunos y cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza jurídicas de los que son merecidos acreedores todos los administrados. Precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se encuentran informados por una serie de principios de profunda raigambre constitucional, tales como los de prontitud y oportunidad (artículo 41 de la Constitución Política), más conocido como de celeridad o rapidez (artículos 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), eficacia y eficiencia (artículos 140, inciso 8, de la Constitución Política, 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), simplicidad y economía procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibidem). Estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso de un tiempo excesivo e irrazonable. El privilegio sustancial y posicional de las administraciones públicas, denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye una pesada carga para los administrados, no debe invertirse y ser aprovechado por éstas para causarle una lesión antijurídica al administrado con la prolongación innecesaria de los procedimientos administrativos.  \n\nV.- NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZOS RAZONABLES. En materia de procedimientos administrativos, es menester distinguir entre el de naturaleza constitutiva y el de impugnación. El primero tiene como principal propósito el dictado de un acto administrativo final que resuelva el pedimento formulado por el gestionante o parte interesada –en un sentido favorable o desfavorable-, y el segundo está diseñado para conocer de la impugnación presentada contra el acto final que fue dictado en el procedimiento constitutivo –fase recursiva-. El procedimiento constitutivo puede ser, a modo de ejemplo, los procedimientos ordinario y sumario normados en la Ley General de la Administración Pública o cualquier otro especial por razón de la materia regulado en una ley específica y que sea posible encuadrarlo dentro de las excepciones contenidas en el numeral 367, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración Pública y en los Decretos Ejecutivos números 8979-P  del 28 de agosto y 9469-P del 18 de diciembre, ambos de 1978. El procedimiento de impugnación comprende los recursos ordinarios (revocatoria, apelación y reposición) y los extraordinarios (revisión). Para sendos supuestos, y en lo que se refiere a los procedimientos administrativos comunes –ordinario, sumario y recursos-, la Ley General de la Administración Pública establece plazos dentro de los cuales la respectiva entidad pública debe resolver ya sea la petición o solicitud inicial o el recurso oportunamente interpuesto. En efecto, el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública establece que el procedimiento administrativo ordinario debe ser concluido, por acto final, dentro del plazo de dos meses posteriores a su iniciación; para la hipótesis del procedimiento sumario, el artículo 325 ibidem, dispone un plazo de un mes -a partir de su inicio- para su conclusión. En lo tocante a la fase recursiva o procedimiento de impugnación, el numeral 261, párrafo 2°, fija un plazo de un mes. Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, se produce un quebranto del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida establecido en el artículo 41 de la Constitución Política.\n\nVI.- CASO CONCRETO. Se encuentra plena e idóneamente acreditado que el 3 de octubre de 2013, el recurrente presentó una denuncia ante la Municipalidad de Desamparados, a efecto que se investigara la construcción ilegal de una torre de telecomunicaciones en ese cantón (los autos). Pese a lo alegado por la Alcaldesa Municipal recurrida, lo cierto del caso es que más de tres meses después que se presentó, el ente local recurrido, no se ha pronunciado en definitiva sobre dicha denuncia (los autos). Bajo esta inteligencia, estima la Sala que se produjo el agravio reclamado.  \n\nVII.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado únicamente por la violación al derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. Cualquier disconformidad del recurrente respecto a la construcción de este tipo de estructuras y al incumplimiento de requisitos de índole legal, debe plantearla ante la  propia municipalidad o ante la   jurisdicción ordinaria correspondiente.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Maureen Fallas Fallas, en su condición de Alcaldesa Municipal de Desamparados, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes necesarias y tomen las medidas pertinentes que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de la presente resolución, se resuelva la denuncia planteada por el recurrente el 3 de octubre de 2013 y se le notifique lo resuelto. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Desamparados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Maureen Fallas Fallas, en su condición de Alcaldesa Municipal de Desamparados, o a quien ocupe ese cargo, en forma personal.\n\n          \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 14:47:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Exp: 14-000701-0007-CO\n\nRes. No. 2014001895\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty on the fourteenth of February, two thousand fourteen.\n\nAmparo action brought by ÁLVARO SAGOT RODRÍGUEZ, an adult, holder of identity card No. 203650227, against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS.\n\nHaving reviewed the record.-\n\nMagistrate Salazar Murillo writes; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI.- CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter —regarding the alleged violation of the right to a prompt and expeditious procedure— it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —commenced ex officio or at the request of a party— or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exceptional scenario is raised —supported by the majority of this Constitutional Court— since it involves the filing of a complaint —claiming the installation of a telecommunications tower that could potentially affect the environment— which, in turn, has allegedly not been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner sought protection of his right to a prompt and expeditious administrative procedure and to a healthy and ecologically balanced environment, since, in his view, the respondent local authority has incurred in an excessive and unjustified delay in resolving the environmental complaint he filed regarding the illegal construction of a telecommunications tower in that canton.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Deemed of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly proven: 1) On October 3, 2013, the petitioner filed an environmental complaint before the Municipality of Desamparados, regarding the alleged illegal construction of a telecommunications tower in that canton (the record). 2) By correspondence transfer of the Urban Planning Directorate of that local authority, No. AM-DU-498-2013 of October 4, 2013, that complaint was referred to the Urban Control Unit, so that the corresponding procedure could be initiated (report). 3) By official letter of the Urban Control Unit of the respondent Municipality, No. DUUCU-642-13 of October 10, 2013, the petitioner was informed that it would be verified whether or not the construction of the telecommunications tower in question satisfied the legal requirements (report).\n\nIV.- RIGHT TO A PROMPT AND EXPEDITIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURE. Public administrations, in the exercise of their powers, competences, or attributions, must hear and resolve, at the prior administrative or governmental stage, through a procedure, multiple requests from the administered parties or users of public services in order to obtain a final administrative act, whose psychological content may be volitive, judgmental, or cognitive. That concluding administrative act of an administrative procedure may grant or recognize subjective rights or legitimate interests —substantive legal situations— (favorable acts) or else suppress them, deny them, or impose obligations (burdensome or ablative acts). It is logical and sensible that there cannot be immediate administrative justice, since the public administration and its bodies require a prudential period to adequately process the respective request and issue the most accurate administrative resolution, adhering to the real truth of the facts constituting the grounds for the final act. The foregoing means that between the initial petition made by the administered party and its final resolution, a physiologically necessary time (vacatio or distantia temporis) must elapse, imposed by the observance of that party's fundamental rights (due process of law, right of defense, bilateral hearing, or adversarial principle) and the best possible satisfaction of the public interests. It must not be overlooked that the administrative procedure is defined as a set of acts —by the directing administrative body, the decision-maker, and the petitioner themselves— concatenated and teleologically linked or united, which require time to be carried out. Consequently, the substantiation of the requests made by the administered parties requires a necessary time that guarantees respect for their fundamental rights, an adequate balancing of the factual and legal elements, the private interest, third-party interests, and the public interests involved. However, the foregoing does not legally legitimize public administrations to indefinitely prolong the hearing and resolution of the matters that the administered parties have entrusted to them, since, in such a case, the procedures are pathologically extended for causes exclusively attributable to them, and the administered parties have no duty or obligation to tolerate such undue delays and procrastination. The Right to prompt and expeditious justice under section 41 of the Political Constitution is not limited, in Administrative Law, to the jurisdictional sphere, i.e., to the processes heard by the Contentious-Administrative Jurisdiction created in article 49 of the same supreme normative body, but rather it is projected and expanded with force, also, to the administrative or governmental avenue prior to the judicial one, i.e., to administrative procedures. Thus, it is a constitutional imperative that administrative procedures are equally prompt, timely, and expeditious for the sake of transcendent constitutional values such as the legal security and certainty to which all administered parties are deservedly entitled. Precisely for this reason, administrative procedures are informed by a series of principles with profound constitutional roots, such as promptness and timeliness (article 41 of the Political Constitution), better known as celerity or speed (articles 225, paragraph 1, and 269, paragraph 1, of the General Law of Public Administration), effectiveness and efficiency (articles 140, subsection 8, of the Political Constitution, 4, 225, paragraph 1, and 269, paragraph 1, of the General Law of Public Administration), and procedural simplicity and economy (article 269, paragraph 1, ibidem). These guiding principles of administrative procedures impose on public entities the imperative obligation to substantiate them within a reasonable time and without undue delays, that is, without serious and unjustified tardiness, in order to avoid the frustration, potential extinction, or serious harm to the substantive legal situations invoked by the administered parties due to the passage of excessive and unreasonable time. The substantial and positional privilege of public administrations, called declaratory autotutela (autotutela declarativa) and which, in the end, constitutes a heavy burden for the administered parties, must not be inverted and used by them to cause unlawful injury to the administered party by unnecessarily prolonging administrative procedures.\n\nV.- NATURE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND REASONABLE TIME LIMITS. In matters of administrative procedures, it is necessary to distinguish between those of a constitutive nature and those of an appeal (impugnación) nature. The primary purpose of the former is the issuance of a final administrative act that resolves the petition made by the applicant or interested party —in a favorable or unfavorable sense—, and the latter is designed to hear the challenge filed against the final act that was issued in the constitutive procedure —recursive phase—. The constitutive procedure can be, for example, the ordinary and summary procedures regulated in the General Law of Public Administration or any other special procedure by reason of subject matter regulated in a specific law that can be classified within the exceptions contained in numeral 367, paragraph 2, of the General Law of Public Administration and in Executive Decrees numbers 8979-P of August 28 and 9469-P of December 18, both of 1978. The appeal procedure includes ordinary appeals (revocation, appeal, and reinstatement) and extraordinary appeals (review). For both cases, and with regard to common administrative procedures —ordinary, summary, and appeals—, the General Law of Public Administration establishes time limits within which the respective public entity must resolve either the initial petition or request, or the timely filed appeal. Indeed, article 261, paragraph 1, of the General Law of Public Administration establishes that the ordinary administrative procedure must be concluded, by final act, within a period of two months after its commencement; for the case of the summary procedure, article 325 ibidem provides a period of one month —from its commencement— for its conclusion. Regarding the recursive phase or appeal procedure, numeral 261, paragraph 2, sets a period of one month. When a public body or entity exceeds these time limits, a violation occurs of the right to prompt and expeditious administrative justice established in article 41 of the Political Constitution.\n\nVI.- SPECIFIC CASE. It is fully and adequately accredited that on October 3, 2013, the petitioner filed a complaint before the Municipality of Desamparados, to have the illegal construction of a telecommunications tower in that canton investigated (the record). Despite what was alleged by the respondent Municipal Mayor, the truth of the matter is that more than three months after it was filed, the respondent local authority has not definitively ruled on said complaint (the record). Under this understanding, the Chamber finds that the claimed grievance has occurred.\n\nVII.- COROLLARY. By virtue of the foregoing, it is necessary to declare with merit the action filed, solely for the violation of the fundamental right to a prompt and expeditious administrative procedure. Any disagreement by the petitioner regarding the construction of this type of structures and the non-compliance with legal requirements must be raised before the municipality itself or before the corresponding ordinary jurisdiction.\n\nTHEREFORE:\n\nThis action is declared with merit. Consequently, Maureen Fallas Fallas, in her capacity as Municipal Mayor of Desamparados, or whoever holds that office, is ordered to issue the necessary instructions and take the pertinent measures within the scope of their competences so that, within the period of TWO MONTHS, counted from the notification of this resolution, the complaint filed by the petitioner on October 3, 2013, is resolved, and the decision is notified to him. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Desamparados is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. This resolution shall be notified to Maureen Fallas Fallas, in her capacity as Municipal Mayor of Desamparados, or to whoever holds that office, personally.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 14:47:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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