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  "id": "nexus-sen-1-0007-633642",
  "citation": "Res. 01586-2012 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Derecho a la salud y listas de espera en la CCSS",
  "title_en": "Right to Health and Waiting Lists at the CCSS",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por una paciente a quien en el Hospital Calderón Guardia se le prescribió una cirugía de columna vertebral el 24 de octubre de 2011. Al momento de interponer el recurso, un año después, la operación no se había realizado y la paciente ocupaba el puesto 17 en una lista de espera de casos urgentes. Las autoridades hospitalarias informaron que la demora se debía a problemas de infraestructura y recurso humano. La Sala estimó que tales justificaciones no eran de recibo, pues el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos y a la salud obligan a las administraciones a garantizar la prestación continua, eficaz y eficiente de los servicios asistenciales, sin que las limitaciones presupuestarias o de personal puedan afectar a los usuarios. Con un voto salvado, se declaró con lugar el recurso y se ordenó realizar la cirugía de manera inmediata, bajo responsabilidad del médico tratante, condenando a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de costas, daños y perjuicios.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by a patient who, on October 24, 2011, was prescribed spinal surgery at the Calderón Guardia Hospital. One year later, the surgery had not been performed, and the patient was 17th on an urgent waiting list. Hospital authorities attributed the delay to infrastructure and human resource problems. The Chamber held that such justifications were unacceptable, as the fundamental right to proper functioning of public services and to health require continuous, effective, and efficient delivery of healthcare services; budgetary or staffing limitations cannot burden users. With a dissenting vote, the amparo was granted, ordering immediate surgery under the treating physician’s responsibility and condemning the Costa Rican Social Security Fund (CCSS) to pay costs and damages.",
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  "excerpt_es": "En el sub lite ha transcurrido un año y una semana, sin que se hubiera verificado la operación prescrita. Así las cosas, esta Sala Constitucional debe intervenir con el propósito de restablecer a la amparada en el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Paulino Hernández Castañeda y a Luis Alonso Castro Rivera, en sus calidades respectivas de Director General y Jefe a.i. del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que lleven a cabo las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para que, DE MANERA INMEDIATA, se le practique a la amparada la cirugía que necesita, bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante.",
  "excerpt_en": "In the case at hand, one year and one week have passed without the prescribed surgery having been performed. Thus, this Constitutional Chamber must intervene in order to restore the petitioner to the full enjoyment and exercise of her fundamental rights.\n\nThe amparo is granted. Luis Paulino Hernández Castañeda and Luis Alonso Castro Rivera, in their respective capacities as General Director and Acting Head of the Orthopedics Service, both of the Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia Hospital, or whoever holds those positions, are ordered to take all actions within their competence so that, IMMEDIATELY, the petitioner undergoes the surgery she needs, under the strict responsibility and supervision of her treating physician.",
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    "summary_en": "The amparo is granted, ordering the authorities of the Calderón Guardia Hospital to immediately perform the prescribed spinal surgery under the responsibility of the treating physician.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el amparo y se ordena a las autoridades del Hospital Calderón Guardia realizar de inmediato la cirugía de columna prescrita a la paciente, bajo responsabilidad del médico tratante."
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      "quote_en": "Continuity means that the provision of services must not be interrupted... Any action –by act or omission– by officials or their lack of foresight in the rational organization of resources that tends to interrupt a public service is patently unlawful.",
      "quote_es": "La continuidad supone que la prestación de los servicios no se debe interrumpir... Cualquier actuación –por acción u omisión– de los funcionarios o imprevisión de éstos en la organización racional de los recursos que propenda a interrumpir un servicio público es abiertamente antijurídica."
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      "quote_en": "Our political constitution implicitly recognizes the fundamental right of citizens to the good and efficient functioning of public services, that is, that they be provided with high quality standards.",
      "quote_es": "Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad."
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      "context": "Considerando IV (Caso concreto)",
      "quote_en": "Budgetary vicissitudes, shortages of supplies, lack or breakdown of equipment, or problems related to human resources cannot affect the user of health services.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01586 - 2012\n\nFecha de la Resolución: 14 de Noviembre del 2012 a las 14:51\n\nExpediente: 12-014215-0007-CO\n\nRedactado por: No indica redactor\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*120142150007CO*\n\nExp: 12-014215-0007-CO\n\nRes. Nº 2012-15862\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y cincuenta y uno minutos del catorce de noviembre del dos mil doce.\n\nRecurso de amparo interpuesto por [NOMBRE01], portadora de la cédula de identidad No. [Valor 01], contra LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por medio del escrito presentado ante la Secretaría de la Sala Constitucional, el 31 de octubre de 2012, la recurrente presentó un recurso de amparo, y manifestó que, en marzo de 2011 al determinar una fisura en la pelvis, se hicieron radiografías de esa parte y de la columna vertebral, y se  determinó un gran problema a nivel lumbar y cervical. Indicó que se realizaron varias consultas en la Sección  de  Ortopedia  del  Hospital  Calderón  Guardia,  con  los  distintos profesionales encargados de operaciones de columna y se llegó a determinar que se debía  realizar  una  operación.  Señaló  que  luego  de  varias  citas  médicas,  el 24 de octubre de 2012 se anotó y recomendó la operación de columna. Señaló que desde esa fecha se han realizado varias visitas médicas a distintos doctores   del Servicio  de Ortopedia,  siendo infructuosas las consultas. Puntualizó  que  también  se  han  realizado  llamadas  telefónicas  a  los  encargados  de coordinar las intervenciones quirúrgicas, consiguiendo únicamente como respuesta \"está  en  lista  y  tiene  que  esperar  a  que  la  llamen\",  en  otras ocasiones   como respuesta a su llamada obtiene como respuesta \"no se están realizando operaciones por ahora\", y otras veces se recibe la respuesta \"la Caja no la va a operar, no la van a  llamar\".  Acotó  que  en  cita  de  veinticinco  de  octubre  pasado,  en  la  cita programada para la revisión de las prótesis de sus rodillas, el propio profesional le preguntó  \"¿cómo  van  los preparativos   de  la  operación  de columna?\"  y  para asombro  de  este  señor  le  indicó  que  no  se  ha  logrado  nada positivo  desde el veinticuatro de octubre del 2011, en que la Junta Médica recomendó la operación como única salida viable para devolverle la movilidad e independencia.\n\n2.- Por medio del auto de las 12:02 hrs. de 31 de octubre de 2012, se le dio curso al proceso de amparo, y se ordenó al Director Médico, al Jefe del Servicio de Ortopedia y al Jefe del Servicio de Cirugía General, todos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que rindieran informe.\n\n3.- Mediante el escrito presentado ante la Secretaría de la Sala Constitucional, a las 15:14 hrs. de 8 de noviembre de 2012, informaron bajo juramento Luis Paulino Hernández Castañeda y Luis Alonso Castro Rivera, en sus calidades respectivas de Director General y Jefe a.i. del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que “(…) la paciente se encuentra en lista de espera para una instrumentación, siendo la fecha de ingreso a dicha lista el 24 de octubre de 2011, ocupando actualmente el lugar 17 de urgentes (…)”.  \n\n4.- Por medio del escrito de fecha 9 de noviembre de 2012, el Secretario de la Sala Constitucional, hizo constar que no aparece que del 31 de octubre al 8 de noviembre de 2012, el Jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Calderón Guardia, hubiera presentado escrito o documento alguno, para rendir el informe que se le ordenó en el auto de las 12:02 hrs. de 31 de octubre de 2012.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n           Redacta el Magistrado Abdelnour Granados; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.-  OBJETO DEL RECURSO.  La recurrente alegó que, desde el 24 de octubre de 2011, en el Servicio de Ortopedia  se le prescribió la realización de una intervención quirúrgica en su columna vertebral. Reclamó que, para el 31 de octubre de 2012, fecha de interposición del recurso de amparo, no se había llevado a cabo la misma. Por lo descrito, estimó vulnerado su derecho a la salud, reconocido por el artículo 21 de la Constitución Política.\n\n          II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para resolver el presente asunto, se estiman demostrados los siguientes: 1) El 24 de octubre de 2011, en el Servicio de Ortopedia del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se le prescribió a la tutelada la realización de una intervención quirúrgica en su columna (hecho incontrovertido). 2) La tutelada fue incluida en una lista de espera de casos urgentes, ocupando el lugar número diecisiete (ver informe de las autoridades recurridas en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales).\n\nIII.- SOBRE EL FONDO. En el Voto No. 2003-11222 de las 17:48 hrs. de 30 de septiembre de 2003, este Tribunal Constitucional, estimó lo siguiente:\n\n“(…) III.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA, EFICIENCIA, SIMPLICIDAD Y CELERIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN ADMINISTRATIVAS. La Constitución Política, en su parte orgánica, recoge o enuncia algunos principios rectores de la función y organización administrativas, que como tales deben orientar, dirigir y condicionar a todas las administraciones públicas en su cotidiano quehacer.  Dentro de tales principios destacan la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículos –todos de la Constitución Política- 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el principio de “eficiencia de la administración”). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la normativa infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben orientar y nutrir toda organización y función administrativa. La eficacia como principio supone que la organización y función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 11, párrafo 2°, de la Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. La simplicidad demanda que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos alambicados que retarden la satisfacción de los intereses públicos empeñados. Por su parte, la celeridad obliga a las administraciones públicas cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este conjunto de principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular. \n\nIV.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Todos los servicios públicos prestados por las administraciones públicas –incluidos los asistenciales o sociales- están regidos por una serie de principios que deben ser observados y respetados, en todo momento y sin excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación. Tales principios constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su eficacia normativa directa e inmediata, toda vez que el bloque o parámetro de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política) al que deben ajustarse en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos,  por los principios generales del derecho administrativo (artículo 6° de la Ley General de la Administración Pública). No debe perderse de perspectiva que los Principios Generales del Derecho, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, con lo que pueden asumir un rango constitucional si el precepto respecto del cual cumplen tales funciones tiene también esa jerarquía. Como veremos en el considerando subsiguiente nuestro texto fundamental recoge como derecho fundamental de las personas el del buen funcionamiento de los servicios públicos, consecuentemente los principios que informan los servicios públicos en cuanto hacen efectivo tal derecho tienen un rango constitucional. El ordinal 4° de la Ley General de la Administración Pública dispone claramente que “La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios o beneficiarios”. La continuidad supone que la prestación de los servicios no se debe interrumpir, diversos mecanismos jurídicos del ordenamiento administrativo pretenden asegurar este principio, tales como la prohibición de la huelga y de paro en los servicios públicos esenciales, la teoría de la imprevisión para hacerle frente a los trastornos económicos que pueden suspender o paralizar los servicios públicos, el carácter inembargable de los bienes dominicales destinados a la prestación de un servicio público, etc.. Cualquier actuación –por acción u omisión- de los funcionarios o imprevisión de éstos en la organización racional de los recursos que propenda  a interrumpir un servicio público es abiertamente antijurídica. La regularidad implica que el servicio público debe prestarse o realizarse con sujeción a ciertas reglas, normas o condiciones preestablecidas. No debe confundirse la continuidad con la regularidad, el primer concepto supone que debe funcionar sin interrupciones y el segundo con apego a las normas que integran el ordenamiento jurídico. La adaptación a todo cambio en el régimen legal o a las necesidades impuestas por el contexto socioeconómico significa que los entes y órganos administrativos deben tener capacidad de previsión y, sobre todo, de programación o planificación para hacerle frente a las nuevas exigencias y retos impuestos, ya sea por el aumento en el volumen de la demanda del servicio público o bien por los cambios tecnológicos. Ningún ente, órgano o funcionario público pueden aducir razones de carencia presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de renovación tecnológica de éstos, exceso o saturación de la demanda en el servicio público para dejar de prestarlo de forma continua y regular. La igualdad o universalidad en el acceso demanda que todos los habitantes tienen derecho a exigir, recibir y usar el servicio público en igualdad de condiciones y de conformidad con las normas que los rigen, consecuentemente, todos los que se encuentran en una misma situación pueden exigir idénticas ventajas. Uno de los principios rectores del servicio público que no se encuentra enunciado en el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública lo constituye el de su obligatoriedad, puesto que, de nada serviría afirmar que deben ser continuos, regulares, uniformes y generales si el sujeto prestador no tiene la obligación de prestarlo. La administración pública prestadora del servicio público no puede escoger su clientela o usuarios, debe brindárselo a cualquiera que se lo requiera.\n\nV.- DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el  derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento  de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”. Esa garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales de carácter asistencial como los de la seguridad social  y, en especial, cuando tenemos pacientes que por la patología o síndrome clínico presentado requieren de una atención inmediata sin ningún tipo de dilación indebida para garantizarles sus derechos a la vida y a la salud.\n\nVI.- DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le  garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia (…)”.\n\nIV.- CASO CONCRETO. En este asunto está plena e idóneamente demostrado que, el 24 de octubre de 2012, en el Servicio de Ortopedia del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se le prescribió a la tutelada la realización de una cirugía en su columna vertebral. Según informó el Director General y el Jefe a.i. del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, la amparada fue incluida en una lista de espera de pacientes cuyos casos son urgentes, ocupando en la misma el lugar número 17. Según las autoridades recurridas, no se ha podido efectuar la intervención quirúrgica, esencialmente, por problemas de infraestructura y recurso humano. En criterio de este Tribunal, dicho alegato no es de recibo. Es importante señalar a las autoridades del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia que la línea jurisprudencial de este Tribunal es clara al establecer que las vicisitudes de índole presupuestaria, escasez de insumos, falta o avería de equipos, o bien problemas relacionados con el recurso humano, no pueden afectar al usuario de los servicios de salud. Atendiendo al principio del buen funcionamiento de los servicios públicos, pesa sobre las Administraciones Públicas el deber de previsión en aras de garantizar la continuidad, eficacia y eficiencia del servicio, obligación que se acentúa en el caso de los servicios públicos asistenciales. En el sub lite ha transcurrido un año y una semana, sin que se hubiera verificado la operación prescrita.  Así las cosas, esta Sala Constitucional debe intervenir con el propósito de reestablecer a la amparada en el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.\n\nV.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nVI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Me separo de la opinión mayoritaria de la Sala y declaro sin lugar el recurso, pues considero que la Caja Costarricense de Seguro Social no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la amparada, tal como lo hemos estimado en numerosos casos similares. En este asunto,  no existe un criterio médico que afirme que el caso de la amparada tiene prioridad por sobre el de los demás pacientes que conforman la lista de espera. De este modo, más que salvaguardar el derecho a la salud de la tutelada, la estimatoria del amparo produciría el riesgo de lesionar los derechos de otros pacientes, cuyas fechas de cita deban variarse para dar preferencia a [Nombre01].\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Paulino Hernández Castañeda y a Luis Alonso Castro Rivera, en sus calidades respectivas de Director General y Jefe a.i. del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que lleven a cabo las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para que, DE MANERA INMEDIATA, se le practique a la amparada la cirugía que necesita, bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante.  Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a Luis Paulino Hernández Castañeda y a Luis Alonso Castro Rivera, en sus calidades respectivas de Director General y Jefe a.i. del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos,  en forma personal.  El Magistrado Cruz Castro salva el voto y declara sin lugar el recurso.\n\n          \n\nFernando Cruz C.\n\nPresidente a.i\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLuis P. Mora M.                                                                                 Paul Rueda L.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRoxana Salazar C.                                                                Teresita Rodríguez A.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRosa M°.Abdelnour G.                                                               Enrique Ulate Ch.\n\n \n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 12-014215-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 15:18:52.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nSala Constitucional\n\nResolution No. 01586 - 2012\n\nResolution Date: 14 November 2012 at 14:51\n\nExpediente: 12-014215-0007-CO\n\nDrafted by: Drafter not indicated\n\nType of case: Recurso de amparo\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\n\nText of the resolution\n\n*120142150007CO*\n\nExp: 12-014215-0007-CO\n\nRes. No. 2012-15862\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours and fifty-one minutes on the fourteenth of November, two thousand twelve.\n\nRecurso de amparo filed by [NAME01], holder of identity card No. [Value 01], against LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Through the brief submitted to the Secretariat of the Sala Constitucional on 31 October 2012, the petitioner filed a recurso de amparo, and stated that, in March 2011 upon detecting a pelvic fissure, X-rays were taken of that part and of the spinal column, and a major problem was determined at the lumbar and cervical level. She indicated that several consultations were made in the Orthopedics Section of the Hospital Calderón Guardia, with the various professionals in charge of spinal surgeries, and it was determined that a surgery had to be performed. She noted that after several medical appointments, on 24 October 2012, the spinal surgery was noted and recommended. She noted that since that date, several medical visits have been made to different doctors of the Orthopedics Service, with the consultations being fruitless. She specified that telephone calls have also been made to those in charge of coordinating surgical interventions, receiving only the response \"you are on the list and you have to wait for them to call you,\" on other occasions in response to her call she gets the response \"surgeries are not being performed for now,\" and other times the response received is \"la Caja is not going to operate on you, they are not going to call you.\" She added that in the appointment of the twenty-fifth of October last, at the scheduled appointment for the review of her knee prostheses, the professional himself asked her \"how are the preparations for the spinal surgery going?\" and to the astonishment of this gentleman, she told him that nothing positive has been achieved since the twenty-fourth of October, 2011, when the Medical Board recommended the surgery as the only viable way out to restore her mobility and independence.\n\n2.- By means of the writ of 12:02 hrs. on 31 October 2012, the amparo proceeding was given course, and the Medical Director, the Head of the Orthopedics Service, and the Head of the General Surgery Service, all of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, were ordered to render a report.\n\n3.- Through the brief submitted to the Secretariat of the Sala Constitucional, at 15:14 hrs. on 8 November 2012, Luis Paulino Hernández Castañeda and Luis Alonso Castro Rivera, in their respective capacities as General Director and Acting Head of the Orthopedics Service, both of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, reported under oath that \"(…) the patient is on a waiting list for instrumentation, with the date of entry to said list being 24 October 2011, currently occupying position 17 of urgent cases (…)\".\n\n4.- Through the brief dated 9 November 2012, the Secretary of the Sala Constitucional recorded that it does not appear that from 31 October to 8 November 2012, the Head of the General Surgery Service of the Hospital Calderón Guardia had submitted any writing or document whatsoever, to render the report ordered in the writ of 12:02 hrs. on 31 October 2012.\n\n5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\n           Magistrate Abdelnour Granados writes; and,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- PURPOSE OF THE RECURSO. The petitioner alleged that, since 24 October 2011, the Orthopedics Service prescribed a surgical intervention on her spinal column. She complained that, as of 31 October 2012, the date of filing the recurso de amparo, it had not been carried out. Based on the foregoing, she deemed her right to health, recognized by Article 21 of the Political Constitution, violated.\n\n          II.- PROVED FACTS. Of relevance to resolve the present matter, the following are deemed proven: 1) On 24 October 2011, in the Orthopedics Service of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, the protected party was prescribed a surgical intervention on her spine (uncontroverted fact). 2) The protected party was included on a waiting list for urgent cases, occupying position number seventeen (see report of the respondent authorities in the Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales).\n\nIII.- ON THE MERITS. In Vote No. 2003-11222 of 17:48 hrs. on 30 September 2003, this Constitutional Court held the following:\n\n“(…) III.- CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF EFFICACY, EFFICIENCY, SIMPLICITY, AND CELERITY OF THE ADMINISTRATIVE ORGANIZATION AND FUNCTION. The Political Constitution, in its organic part, sets forth or enunciates some guiding principles of the administrative function and organization, which as such must orient, direct, and condition all public administrations in their daily work. Among such principles, efficacy, efficiency, simplicity, and celerity stand out (Articles –all of the Political Constitution- 140, subsection 8, in that it imposes on the Executive Branch the duty to “Monitor the good functioning of administrative services and offices,” Article 139, subsection 4, to the extent it incorporates the concept of “good operation of the Government,” and Article 191 by incorporating the principle of “efficiency of the administration”). These principles of constitutional order have been developed by infra-constitutional regulations; thus, the General Law of Public Administration codifies them in Articles 4°, 225, paragraph 1°, and 269, paragraph 1°, and commands that they must orient and nourish all administrative organization and function. Efficacy as a principle supposes that the administrative organization and function must be designed and conceived to guarantee the attainment of the objectives, ends, and goals proposed and assigned by the legal system itself, for which reason it must be linked to planning and to evaluation or accountability (Article 11, paragraph 2°, of the Political Constitution). Efficiency implies obtaining the best results with the greatest cost savings or the rational use of human, material, technological, and financial resources. Simplicity demands that administrative structures and their competencies be easy to comprehend and understand, without convoluted procedures that delay the satisfaction of the public interests at stake. For its part, celerity obligates public administrations to fulfill their objectives and ends of satisfying public interests, through the various mechanisms, in the most expeditious, rapid, and accurate manner possible to avoid undue delays. This set of principles imposes permanent demands, responsibilities, and duties on all public entities that they cannot decline transiently or singularly.\n\nIV.- GUIDING CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF PUBLIC SERVICES. All public services rendered by public administrations –including welfare or social services- are governed by a series of principles that must be observed and respected, at all times and without any exception, by the public officials in charge of their management and provision. Such principles constitute a legal obligation of an indeclinable nature imposed on any administrative entity or organ by their direct and immediate normative efficacy, since the block or parameter of legality (Article 11 of the Political Constitution) to which they must adjust their actions is composed, among other elements, by the general principles of administrative law (Article 6° of the General Law of Public Administration). One must not lose perspective that the General Principles of Law have the rank of the norm they interpret, integrate, or delimit, whereby they can assume a constitutional rank if the precept with respect to which they fulfill such functions also has that hierarchy. As we will see in the subsequent considerando, our fundamental text enshrines as a fundamental right of individuals the good functioning of public services; consequently, the principles that inform public services, insofar as they make such a right effective, have a constitutional rank. Ordinal 4° of the General Law of Public Administration clearly provides that “The activity of public entities shall be subject in its entirety to the fundamental principles of the public service, to ensure its continuity, its efficiency, its adaptation to any change in the legal regime or in the social need it satisfies, and equality in the treatment of recipients or beneficiaries.” Continuity means that the provision of services must not be interrupted; various legal mechanisms of the administrative system seek to ensure this principle, such as the prohibition of strikes and work stoppages in essential public services, the theory of unforeseen circumstances to face economic disorders that may suspend or paralyze public services, the unseizable nature of public domain assets intended for the provision of a public service, etc. Any action –by action or omission- by officials or their lack of foresight in the rational organization of resources that tends to interrupt a public service is openly unlawful. Regularity implies that the public service must be provided or carried out subject to certain pre-established rules, norms, or conditions. Continuity should not be confused with regularity; the first concept supposes it must function without interruptions, and the second, in compliance with the norms that make up the legal system. Adaptation to any change in the legal regime or to the needs imposed by the socio-economic context means that administrative entities and organs must have the capacity for foresight and, above all, for programming or planning to face the new demands and challenges imposed, whether by the increase in the volume of demand for the public service or by technological changes. No administrative entity, organ, or public official may adduce reasons of budgetary or financial shortage, absence of equipment, lack of technological renewal thereof, excess or saturation of demand in the public service to cease providing it continuously and regularly. Equality or universality in access demands that all inhabitants have the right to demand, receive, and use the public service under equal conditions and in accordance with the rules that govern them; consequently, all those in the same situation can demand identical advantages. One of the guiding principles of public service not enunciated in Article 4° of the General Law of Public Administration is that of its mandatory nature, since it would be of no use to affirm that they must be continuous, regular, uniform, and general if the providing entity does not have the obligation to provide it. The public administration providing the public service cannot choose its clientele or users; it must provide it to anyone who requires it.\n\nV.- FUNDAMENTAL RIGHT TO THE GOOD FUNCTIONING OF PUBLIC SERVICES. Our political constitution implicitly enshrines the fundamental right of the governed to the good and efficient functioning of public services, that is, that they be rendered with high quality standards, which has as a necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, speedily, efficaciously, and efficiently. This latter obligation derives from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as Article 140, subsection 8, which imposes on the Executive Branch the duty to “Monitor the good functioning of administrative services and offices,” Article 139, subsection 4), to the extent it incorporates the concept of “good operation of the Government,” and Article 191 to the extent it incorporates the principle of “efficiency of the administration.” This atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services of a welfare nature, such as those of social security, and especially when we have patients who, due to the pathology or clinical syndrome presented, require immediate attention without any undue delay in order to guarantee their rights to life and health.\n\nVI.- FUNDAMENTAL RIGHT TO HEALTH. The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, in that ordinal of the charter, the right to health finds its basis, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. The administrative entities, organs, and public officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence (…)”.\n\nIV.- SPECIFIC CASE. In this matter, it is fully and suitably demonstrated that, on 24 October 2012, in the Orthopedics Service of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, the protected party was prescribed a surgery on her spinal column. According to the report by the General Director and the Acting Head of the Orthopedics Service, both of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, the amparo protected party was included on a waiting list of patients whose cases are urgent, occupying position number 17 on the same. According to the respondent authorities, the surgical intervention has not been able to be performed, essentially due to infrastructure and human resource problems. In the opinion of this Court, such an allegation is not admissible. It is important to point out to the authorities of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia that the jurisprudential line of this Court is clear in establishing that vicissitudes of a budgetary nature, scarcity of supplies, lack or breakdown of equipment, or even problems related to human resources, cannot affect the user of health services. In accordance with the principle of the good functioning of public services, Public Administrations bear the duty of foresight in order to guarantee the continuity, efficacy, and efficiency of the service, an obligation that is accentuated in the case of welfare public services. In the case sub lite, a year and a week have elapsed without the prescribed operation having been verified. Thus, this Sala Constitucional must intervene with the purpose of restoring the amparo protected party to the full enjoyment and exercise of her fundamental rights.\n\nV.- COROLLARY. In view of the foregoing, it is appropriate to declare the recurso with merit, with the consequences specified in the operative part of this judgment.\n\nVI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CRUZ CASTRO. I separate myself from the majority opinion of the Sala and declare the recurso without merit, because I consider that the Caja Costarricense de Seguro Social has not violated any fundamental right of the amparo protected party, as we have held in numerous similar cases. In this matter, there is no medical opinion asserting that the case of the amparo protected party has priority over that of the other patients on the waiting list. Thus, rather than safeguarding the right to health of the protected party, granting the amparo would create the risk of harming the rights of other patients, whose appointment dates must be changed to give preference to [Name01].\n\nPOR TANTO:\n\nThe recurso is declared with merit. Luis Paulino Hernández Castañeda and Luis Alonso Castro Rivera, in their respective capacities as General Director and Acting Head of the Orthopedics Service, both of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to carry out the actions within the scope of their competence so that, IMMEDIATELY, the surgery the amparo protected party needs is performed, under the strict responsibility and supervision of her treating physician. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within a recurso de amparo, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Caja Costarricense de Seguro Social is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Notify Luis Paulino Hernández Castañeda and Luis Alonso Castro Rivera, in their respective capacities as General Director and Acting Head of the Orthopedics Service, both of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, or whoever occupies those positions in their stead, in person. Magistrate Cruz Castro dissents and declares the recurso without merit.\n\n          \n\nFernando Cruz C.\n\nActing President\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLuis P. Mora M. Paul Rueda L.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRoxana Salazar C. Teresita Rodríguez A.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRosa M°. Abdelnour G. Enrique Ulate Ch.\n\n \n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 12-014215-0007-CO\n\n \n\nTelephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 15:18:52.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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