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  "id": "nexus-sen-1-0007-634849",
  "citation": "Res. 01341-2015 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Deber de proveer cama y eliminar hacinamiento crítico en CAI La Reforma",
  "title_en": "Duty to provide a bed and eliminate critical overcrowding at CAI La Reforma",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un privado de libertad alojado en el Ámbito de Convivencia C del Centro de Atención Institucional La Reforma. El recurrente denuncia que debe dormir en el suelo, en condiciones higiénicas deplorables y en un contexto de hacinamiento crítico, ya que el módulo alberga cerca de 749 internos cuando su capacidad real es de 400. La Sala constata que el hacinamiento supera el límite del 120% de ocupación fijado por estándares internacionales y que la falta de cama lesiona directamente la dignidad humana. Si bien las autoridades han reducido la población y adquirido sanitarios para sustituir los baños tipo turco, el problema persiste. Se declara con lugar el recurso y se ordena proveer cama al actor en tres días y continuar con la eliminación del hacinamiento en los plazos ya fijados en sentencias previas (2014-11379). Se rechaza la reubicación por ser competencia administrativa, sin perjuicio de que el interno la gestione. El voto condena al Estado al pago de daños y perjuicios y advierte sobre responsabilidad penal por desobediencia.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo filed by an inmate held in Module C of the La Reforma Penitentiary. The petitioner claims he must sleep on the floor in deplorable hygienic conditions and under critical overcrowding, as the module houses about 749 inmates despite a capacity of 400. The Chamber finds that overcrowding exceeds the 120% limit set by international standards and that lacking a bed directly harms human dignity. Although authorities have reduced the population and acquired toilets to replace Turkish-style latrines, the problem endures. The amparo is granted: the authorities must provide the petitioner with a bed within three days and continue eliminating overcrowding within deadlines set by prior rulings (2014-11379). The request for transfer is denied as it falls within administrative discretion, without prejudice to the inmate’s right to seek it. The judgment condemns the State to damages and warns of criminal liability for non-compliance.",
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  "excerpt_es": "El hacinamiento crítico existente en el ámbito en que está ubicado el recurrente, y el hecho de que no cuente con cama, lesionan la dignidad del recurrente, por lo que el recurso debe ser declarado con lugar, para que se le provea de cama y se corrija el hacinamiento crítico dentro del mismo plazo de siete meses ordenado en la sentencia número 2014-011379 de las 10:05 del 11 de julio de 2014. Sin embargo, resulta improcedente la pretensión del actor, en el sentido de que se ordene su reubicación en otro centro penal, pues esta Sala ha reconocido que, como regla general, la ubicación específica de las personas privadas de libertad es un asunto que compete a las autoridades administrativas (Sistema Penitenciario), de manera que la Sala no puede asumir funciones propias de la administración accionada, menos aún determinar -sin mayores elementos de juicio- la mejor o más conveniente ubicación de estas personas.",
  "excerpt_en": "The critical overcrowding in the module where the petitioner is housed and the fact that he lacks a bed harm the petitioner's dignity. Consequently, the amparo must be granted so that he is provided with a bed and the critical overcrowding is corrected within the same seven-month deadline ordered in judgment number 2014-011379 of July 11, 2014, at 10:05 a.m. However, the claimant's request for transfer to another prison is improper, since this Chamber has recognized that, as a general rule, the specific placement of inmates is a matter for the administrative authorities (Penitentiary System), so the Chamber cannot assume the functions of the respondent administration, much less determine—without further elements of judgment—the best or most convenient placement of these persons.",
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    "summary_en": "Authorities must provide the inmate with a bed within three days and eliminate critical overcrowding in Module C of La Reforma Prison per prior judgment deadlines.",
    "summary_es": "Se ordena proveer cama al recurrente en tres días y eliminar el hacinamiento crítico en el Ámbito C del CAI La Reforma según plazos de sentencias previas."
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      "context": "Voto adicional del Magistrado Cruz Castro",
      "quote_en": "Deprivation of liberty under those conditions loses constitutional legitimacy… turning its execution into cruel and inhuman punishment.",
      "quote_es": "La privación de libertad en esas condiciones pierde legitimidad constitucional… convirtiendo su ejecución en una sanción cruel e inhumana."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-634849",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01341 - 2015\n\nFecha de la Resolución: 30 de Enero del 2015 a las 09:05\n\nExpediente: 15-000477-0007-CO\n\nRedactado por: Nancy Hernández López\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n*150004770007CO*\n\nExp: 15-000477-0007-CO\n\nRes. Nº 2015001341\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del treinta de enero de dos mil quince.\n\n          Recurso de amparo que se tramita en expediente número 15-000477-0007-CO, interpuesto por [NOMBRE001], mayor, de nacionalidad colombiana, privado de libertad en el Centro de Atención Institucional La Reforma, cédula de identidad [VALOR001]contra el DIRECTOR DE ADAPTACIÓN SOCIAL, DIRECTOR DEL ÁMBITO DE MEDIANA ABIERTA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LA REFORMA, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LA REFORMA, VICEMINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ.\n\n           Resultando:\n\n          1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 13 de enero del 2015 el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional La Reforma, específicamente en el Ámbito de Convivencia C, Mediana Abierta, al cual ingresó el 31 de diciembre de 2014. Manifiesta que a pesar de que las autoridades penitenciarias conocen los votos de la Sala Constitucional, en los cuales se ordenó corregir el problema de hacinamiento crítico, y no ingresar privados de libertad a dicho ámbito. Acusa que se encuentra en condiciones precarias, inhumanas e insalubres a  causa de la infraestructura de dicho lugar, específicamente en los baños, las cloacas, dormitorios y demás instalaciones, sumado a que existe contaminación, bacterias y plaga de moscas. Alega que está viviendo en lugares declarados inhabitables, donde no se le brindan las condiciones para vivir con dignidad. Manifiesta que debido al hacinamiento duerme en el suelo, cerca de las cloacas y en las condiciones antes mencionadas, lo que considera pone en riesgo su integridad física. Solicita se declare con lugar el recurso y se ordene su ubicación en un centro que reúna las condiciones mínimas para vivir dignamente en prisión, y sea acorde con su perfil jurídico como el CASI San Rafael o el CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría, ya que el ámbito de convivencia C se encuentra hacinado y su infraestructura está en ruinas.\n\n2.- Informa bajo juramento Rodolfo Ledezma Ramírez, en su condición de Director General del Centro de Atención Institucional La Reforma, y Gregorio Venegas Araya, en su condición de Director del Ámbito de Convivencia C, que el señor [NOMBRE001]ingresó al Ámbito de Convivencia C, del Centro de Atención Institucional La Reforma como producto de la aplicación de una medida cautelar tomada en su contra por la Dirección del Ámbito de Convivencia B. al identificársele como un líder negativo, como se describe con detalle en el informe policial ACB-1434-2014. En cuanto al tema del hacinamiento crítico del ámbito de Convivencia C, si bien es cierto la Sala Constitucional ordenó en la sentencia 11379-2014 adoptar las medidas necesarias dentro de un plazo de siete meses, a partir de la notificación de la sentencia, que se cumplen el 13 de febrero. Indica que el Consejo Técnico Interdisciplinario del ámbito de convivencia C, ha valorado en los últimos tres meses aproximadamente doscientas personas privadas de libertad, y continúa valorando cincuenta casos mensuales, con el objeto de recomendar aquellos que reúnen requisitos ante el Instituto Nacional de Criminología, para su desinstitucionalización, no obstante la gran mayoría no reúne dichos requisitos, debiendo permanecer en el nivel institucional; b) igualmente se han analizado casos para la reubicación de los privados de libertad tanto en otros ámbitos de convivencia del mismo centro penal, como en otros centros penales del país; c) Se han gestionado ante el Juzgado de Ejecución de ala Penal de Alajuela, incidentes de libertad condicional, como una opción más. Lo anterior ha permitido bajar de 804 privados de libertad que habitaban en el mes de agosto a 749 a la fecha del informe, considerándose que aún está elevado, por cuanto se debe recibir en ese ámbito los privados de libertad de  ámbitos  de menor contención (A y B) ya que no se cuenta con otra opción de espacio a lo interno del centro, porque también por orden de la Sala –Constitucional se clausuraron las instalaciones del Ámbito (Mediana Cerrada), por considerar que atentaban contra la vida de los privados de libertad y funcionarios. Indica que está en proyecto la construcción de cinco arcos modulares los cuales tendrán una capacidad para 500 privados de libertad, espacios que se espera sean destinados para albergar la población del ámbito de Convivencia C, de manera que se disminuirá el  nivel de hacinamiento crítico existente. En cuanto a los alegatos del recurrente, en cuanto al tema de la infraestructura, señala que ya en la sentencia dictada en el expediente 14-10260 se determinó que en cuanto a los alimentos, no existe contaminación, que existía una pared divisoria con los baños de dicho pabellón, y que se provocaban malos olores situación que la administración penitenciaria procuró contrarrestar proporcionando más implementos y suministros de aseo, de manera que se limpia con frecuencia el área. Asimismo, en la semana del 5 al 9 de enero de 2015 se suspendió la visita íntima con el propósito de efectuar reparaciones en los espacios destinados para tal fin, y que consistían en a) Reparar por completo el sistema eléctrico en general del área de visita íntima y servicios sanitarios, c) dotar de implementos para el buen funcionamiento de las duchas, d) realizar reparaciones para eliminar el agua estancada que se observa frente a las habitaciones de visita íntima del ámbito C. En relación a los servicios sanitarios tipo “turco” por servicios sanitarios comunes, se informa que ya se cuenta con los sanitarios y los materiales de construcción para la instalación de los mismos, y coordinarán con el Area de Seguridad del Centro y la Dirección del Ámbito las fechas más adecuadas para realizar ese trabajo, sin dejar de lado que en la actualidad los cuatro pabellones del Ámbito de Convivencia C cuentan con los tipos de baños, de manera que la población penal puede utilizar los baños comunes que están dentro de los dormitorios.   Indica que aunque a la fecha la cantidad de internos que habitan el pabellón C es mayor a su capacidad real, y este interno duerme en el suelo, cuenta con espuma y cobija y sumado a eso, siendo que se pueden generar malos olores, hay un privado de libertad que realiza el aseo con regularidad a lo interno del dormitorio (dos o tres veces al día) para lo cual cuenta con los insumos de aseo requeridos, lo que puede disminuir la posibilidad de plagas. Por último, en cuanto a la solicitud de traslado a otro Centro Penal, no consta solicitud del recurrente dirigida a la Dirección del Ámbito de Convivencia C, pese a lo cual se tomará nota, a efectos de revisar su caso y verificar si es posible ubicarlo en otro Centro Penitenciario. Solicitó se declare sin lugar el recurso,\n\n3.- Reynaldo Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social, rindió el informe de ley en similares términos que el Director del Centro de Atención Institucional La reforma y agregó que adicionalmente a los procesos de desinstitucionalización que se vienen posibilitando en el Centro de Atención Institucional la Reforma y la Administración Penitenciaria ha emprendido acciones constructivas encaminadas a enfrentar el problema de sobrepoblación penal. Entre los años 2014 y 2014 se dio la construcción de 7 módulos de mediante contención y obras complementarias en los centros penales de Puntarenas, Pérez Zeledón y La Reforma. Dicho proyecto amplió la capacidad del Sistema Penitenciario en nueve módulos con capacidad para 672 personas privadas de libertad. Además se construyeron locutorios para brindar atención técnica y dormitorios para atender la visita íntima. En la Reforma se construyeron 6 módulos de mediante contención con capacidad aproximada de 400 privados de libertad. Otro proyecto aprobado por la Junta Directiva del Patronato de Construcciones y que cuenta con financiamiento es la construcción de cuatro módulos en la Reforma, y uno en Pococí. Estos serán construidos mediante el sistema de arcos modulares y su consto será 2.221.931.250.00 Como parte de las obras complementarias se instalará malla perimetral e interna, aceras, áreas de visita íntima, puesto de ingreso, edificio administrativo, sistema electromecánico y telefónico, así como los respectivos fortines Esta obra  permitirá ampliar la capacidad del Sistema Penitenciario en 500 espacios carcelarios, 400 en La Reforma y 100 en Pococí. Ya se adjudicó la obra y está a la espera de la Viabilidad Ambiental de SETENA. Asimismo el CAI la Reforma está en proceso de Construcción del CAI adulto joven, que ampliará sus espacios con ámbitos de alojamiento de mediana y máxima seguridad, dormitorio para policía penitenciaria destacada en ese centro y estaciones de visita íntima. Estas acciones tienen como prioridad controlar y disminuir paulatinamente el problema de la sobrepoblación que afecta al sistema penitenciario. Las obras que ya han sido ejecutadas y las que serán construidas a mediano y largo plazo tienen incidencia en el fenómeno de la superpoblación. La Construcción del Proyecto de Unidades Productivas ya es una realidad, y vendrá a representar un importante aumento en la capacidad de instalación de los privados de libertad. La ejecución de estas obras permitirá contar con 2592 espacios nuevos para ubicar personas privadas de libertad, de estos se destinarán 432 a mujeres. Estas obras serán financiadas con parte del crédito aprobado por el BID y tendrán un costo aproximado de $74.339.234.  A pesar de la puesta en ejecución de estas obras y proyectos ha resultado insuficiente para controlar el aumento desmedido de la cantidad de personas privadas de libertad que ingresa diariamente al Sistema Penitenciario, remitidas principalmente por los despachos judiciales. Las políticas de reforzamiento del aparato represivo del Estado no han tomado en cuenta las repercusiones que tendrán de madera directa sobre el Sistema Penitenciario Costarricense.  Solicitó se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Carlos Alberto Rodríguez Pérez, rindió el informe de ley en similares términos que los recurridos y solicitó se declare sin lugar el recurso.\n\n5.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.\n\n          Redacta la Magistrada Hernández López; y,\n\nConsiderando:\n\n            I.- Objeto del recurso. El recurrente acusa que se encuentra recluido en el Ámbito de Convivencia C del Centro de Atención Institucional La Reforma, donde debe dormir en el suelo, y las condiciones higiénicas son deplorables; la infraestructura está en ruinas y existe hacinamiento, por lo que pide se declare con lugar el recurso y se ordene su traslado a otro centro de atención institucional.\n\n  II.- Hechos probados: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) [NOMBRE001]ingresó al Ámbito de Convivencia C, del Centro de Atención Institucional La Reforma el 31 de diciembre de 2014, donde duerme en el suelo con espuma (informe de los recurridos)  b) En la sentencia N.2014-11379 de las 10:05 horas del 11 de julio de 2014, la Sala Constitucional ordenó a los recurridos adoptar las medidas necesarias dentro de un plazo de siete meses, a partir de la notificación de la sentencia, que se cumplen el 13 de febrero para eliminar el hacinamiento crítico en el ámbito C del CAI La Reforma, y a a fecha se ha reducido de 804 a 749 privados de libertad la población de ese Ámbito, para lo cual el Consejo Técnico Interdisciplinario del ámbito de convivencia C ha valorado en los últimos tres meses aproximadamente doscientas personas privadas de libertad, y continúa valorando cincuenta casos mensuales, con el objeto de recomendar aquellos que reúnen requisitos ante el Instituto Nacional de Criminología, para su desinstitucionalización, no obstante la gran mayoría no reúne dichos requisitos, debiendo permanecer en el nivel institucional; b) han analizado casos para la reubicación de los privados de libertad tanto en otros ámbitos de convivencia del mismo centro penal, como en otros centros penales del país, lo que se dificulta por el cierre del Ámbito de Convivencia B; c) se han gestionado ante el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, incidentes de libertad condicional (informe rendido bajo fe de juramento por las autoridades recurridas); c) en el mediano plazo se contará con nuevos espacios carcelarios que ya cuentan con financiamiento y cuya obra está adjudicada (informe rendido bajo fe de juramento por las autoridades recurridas).\n\n III. Sobre el hacinamiento crítico en el Ámbito de Convivencia C del Centro de Atención Institucional la Reforma.  Esta Sala se pronunció  respecto al hacinamiento crítico que existe en el Ámbito de Convivencia C del CAI La Reforma en la sentencia número 2014-11379 de las 10:05 horas del 11 de julio de 2014, en los siguientes términos:\n\n“III.- Sobre el fondo. La posición de este Tribunal ha sido la de amparar  a los privados de libertad que se encuentran recluidos en condiciones de hacinamiento crítico, ya que esta situación no solo violenta su dignidad humana, sino que apareja también, en la mayoría de los casos, un quebranto a otros derechos fundamentales; en especial, el derecho a la salud y a la integridad física. En este sentido, para determinar si un centro penitenciario sufre un hacinamiento crítico, se ha recurrido a los parámetros fijados por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y a las recomendaciones del Comité Europeo para los Problemas Criminales, de las cuales se extrae que existe un hacinamiento crítico cuando hay densidad superior o igual a 120 detenidos por 100 lugares realmente disponibles. En el presente asunto, los recurrentes acusan que el área mediana abierta del Centro de Atención Institucional La Reforma, donde se encuentran recluidos, presenta problemas de hacinamiento grave. Lo anterior se constata a partir del informe dado por los propios recurridos, quienes afirman que en dicho lugar se ubican 800 privados de libertad, pese a que su capacidad máxima es de 400. Tomando en cuenta lo dicho líneas atrás, la Sala constata la alegada vulneración a los derechos de los tutelados, y los demás privados de libertad que se ubican en el ámbito de convivencia C del citado centro penal, pues éstos se encuentran recluidos en un sitio que sobrepasa en un 50% su capacidad proyectada, cifra que supera en mucho el máximo permitido por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y a las recomendaciones del Comité Europeo para los Problemas Criminales. En virtud de lo anterior, el recurso debe ser acogido con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva.\n\nEn esa oportunidad, se ordenó a las autoridades recurridas que dentro del plazo de siete meses,  adoptaran las medidas necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para eliminar el hacinamiento crítico que aqueja a los privados de libertad del ámbito C del Centro de Atención Institucional La Reforma, plazo que aún no ha vencido. Posteriormente, la sentencia Nº2014-18239 de las catorce horas treinta minutos del cinco de noviembre de dos mil catorce, también tuvo  por demostrada la situación de hacinamiento crítico en el Ámbito C del Centro de Atención Institucional la Reforma, por lo que se acogió el amparo para que se corrija el hacinamiento crítico dentro del mismo plazo de siete meses ordenado en la sentencia número 2014-011379 de las 10:05 del 11 de julio de 2014.\n\nIV.- En cuanto a las condiciones higiénicas de los servicios sanitarios en ese ámbito, la misma sentencia declaró que la falta de infraestructura en inodoros constituye una violación a la dignidad humana . Declaró  con lugar el recurso para que se corrija -en el ámbito de convivencia C del CAI La Reforma-, el problema de los baños tipo turco, dentro del mismo plazo ordenado en la sentencia número 2013-009373 de las 9:20 horas del 12 de julio de 2013.\n\nV.- Sobre el caso concreto. En el caso que nos ocupa, los recurridos informaron bajo fe de juramento que los servicios sanitarios y materiales de construcción para la instalación de los sanitarios ya fueron adquiridos, y que resta sólo coordinar con el Area de Seguridad del Ámbito C, el inicio de los trabajos, para  no afectar a la población penal. Asimismo, señalan que aún existe el problema de sobrepoblación carcelaria en ese Ámbito, pero se ha reducido el número de personas allí ubicado y están en ejecución nuevos proyectos destinados a enfrentar el fenómeno de sobrepoblación carcelaria. El hacinamiento crítico existente en el ámbito en que está ubicado el recurrente, y el hecho de que no cuente con cama, lesionan la dignidad del recurrente, por lo que el recurso debe ser declarado con lugar, para que se le provea de cama y se corrija el hacinamiento crítico dentro del mismo plazo de siete meses ordenado en la sentencia número 2014-011379 de las 10:05 del 11 de julio de 2014. Sin embargo, resulta improcedente la pretensión del actor, en el sentido de que se ordene su reubicación en otro centro penal, pues esta Sala ha reconocido que, como regla general, la ubicación específica de las personas privadas de libertad es un asunto que compete a las autoridades administrativas (Sistema Penitenciario), de manera que la Sala no puede asumir funciones propias de la administración accionada, menos aún determinar -sin mayores elementos de juicio- la mejor o más conveniente ubicación de estas personas. Sí lo hará, cuando la decisión de la autoridad penitenciaria sea infundada o arbitraria, o cuando  la ubicación del privado de libertad evidencie una desproporcionalidad que lesione derechos fundamentales, como en la sentencia N°2014-18239 de las 14:30 horas del 5 de noviembre de 2014, que determinó que la permanencia del privado de libertad en un sitio donde hay hacinamiento crítico lesionó su derecho a la salud, por encontrarse convaleciente de una intervención quirúrgica,  motivo por el cual se ordenó su traslado a un ambiente libre de hacinamiento. Sin embargo, en el presente caso no se dan esas circunstancias por lo que el recurrente deberá gestionar su traslado ante las autoridades penitenciarias.\n\n            VI.- Razones adicionales del  Magistrado Cruz Castro sobre el hacinamiento penitenciario.\n\nRespecto del hacinamiento penitenciario en el Ámbito de Convivencia C del CAI La Reforma, expreso razones adicionales, pues considero que el hacinamiento requiere medidas concretas y no esperar que se adopten medidas que lo que propician es que mientras se ejecutan, el hacinamiento provoca una grave violación a los derechos fundamentales de lo internos. El hacinamiento justifica la adopción de algunas decisiones que permitan asegurar el efectivo respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos que cumplen una pena privativa de la libertad. Se requiere  una política que defina el  ingreso y egreso de internos en el centro penitenciario, porque es evidente que el hacinamiento ha llegado a límites constitucionalmente inadmisibles.\n\nLímite al hacinamiento penitenciario.\n\nSobre la situación del sistema penitenciario y su deterioro, hay muchos precedentes de este tribunal que consignan la lesión de los derechos fundamentales que prohija la sociedad carcelaria (ver entre otros, votos 11762-06 y 1332-09 ); ese ámbito de responsabilidad estatal en el que ejercicio de la función represiva autoriza, en la práctica, la violación estructural de derechos fundamentales. Entre los precedentes de este tribunal, es oportuno citar el voto 2000-7484, que describe lo que se ha mencionado:\n\n“…..VII.-  En criterio de la Sala no ha sido necesario realizar una inspección judicial en el Centro de Atención Institucional de San José,  porque se ha contado con el informe brindado por el órgano jurisdiccional competente, cuyo contenido se desprende de las visitas carcelarias que realiza periódicamente.  Además, los recurridos no niegan los hechos ni demuestran su inexactitud en cuanto a las condiciones en que permanecen los privados de libertad del Centro de Atención Institucional de San José –al menos parte de ellos-, por lo que son aplicables al caso concreto los argumentos esgrimidos por la Sala en la sentencia de cita (1032-96), que se reiteran íntegramente, así como la estimatoria del recurso por violación a los derechos humanos de los privados de libertad que se encuentra en el Centro de Atención Institucional de San José.  La Sala es consciente de las implicaciones materiales que tendrá este fallo; no obstante, el punto es que –como se dijo en la sentencia de cita- si el Estado, cumpliendo con una función pública como lo es el velar por la seguridad ciudadana, aisla y priva de su libertad a personas que han infringido la ley, debe hacerlo dentro del marco del respeto a los derechos humanos, como se ha comprometido, tarea que en el caso de la custodia de las personas privadas de libertad corresponde al Poder Ejecutivo, siendo labor del Poder Judicial –y dentro de éste-  particularmente del Tribunal Constitucional, velar porque así se cumpla.  La situación en la especie es de reiterada vulneración a los derechos humanos de la población privada de libertad, que se constataron en el mismo Centro de Atención Institucional de San José en el año 1996, y a la fecha continúan, en clara desobediencia a lo ordenado por este Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia y precedentes son vinculantes erga omnes, por imperativo legal (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).  Es por ese motivo, y además porque la Ministra de Justicia ha informado bajo juramento que ya se están tomando cartas en el asunto, que en esta oportunidad se otorga a ese Ministerio un plazo de un año para que se ponga al Centro de Atención Institucional de San José en condiciones de respeto a las \"Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos\", adoptadas por La Organización de las Naciones Unidas, y a partir de la comunicación de este voto se le ordena no recibir más privados de libertad en el Centro de Atención Institucional de San José, disponiendo lo pertinente para la ubicación de los nuevos ingresos en otro centro penal; asimismo, debe la Administración Penitenciaria en el mismo plazo disminuir paulatinamente la población penal en el mismo hasta llegar a la capacidad real de ese centro carcelario, la cual, indica la señora Ministra de Justicia que es de cuatrocientos setenta (470) personas.  Aunque esa cantidad no coincide con la señalada por el Juez de Ejecución de la Pena en su informe, se inclina la Sala por aceptar la cifra determinada por la señora Ministra, quien por el cargo que ostenta es quien debe contar con datos exactos acerca de la capacidad real que tienen los centros penales.  Deberá el Juzgado de Ejecución de la Pena recurrido velar por el cumplimiento de lo ordenado por la Sala, de lo cual deberá rendir un informe al cumplirse el plazo otorgado…….”\n\n        El deterioro de las condiciones de vida de los internos, es un tema recurrente, que en este caso cobra relevancia porque en el Ámbito de Convivencia C del CAI La Reforma , existe una sobrepoblación penitenciaria que excede lo que es constitucionalmente admisible, situación que pervierte totalmente el sentido y la finalidad de la pena privativa de la libertad en un estado social y democrático de derecho, convirtiendo su ejecución en una sanción cruel e inhumana. La privación de libertad en esas condiciones pierde legitimidad constitucional, por este motivo estimo que en este caso se le debe conceder a la autoridad penitenciaria un plazo de sesenta días con el fin que formule un plan que permita reducir, a un veinte por ciento,  la sobrepoblación penitenciaria en esa sección, que es el límite máximo admitido por la  jurisprudencia de este tribunal. No deberá la autoridad recurrida ingresar más internos a la sección mencionada y de ser necesario,  deberá  establecer un plan que permita planificar el ingreso de los internos al centro penitenciario, conforme a una fecha predeterminada, según la gravedad y naturaleza de la condena penal impuesta, todo con el propósito de mantener la población penitenciaria dentro de márgenes aceptables constitucionalmente, según la doctrina definida en los precedentes de esta Sala. No es posible mantener una situación constitucionalmente inadmisible, dando plazos para que se solventen las deficiencias, y mientas tanto, la lesión a derechos fundamentales sigue inalterable para la población que se encuentra dentro de los centros carcelarios.\n\nLas dos medidas que se proponen pretenden alcanzar, a corto plazo, una solución efectiva al grave hacinamiento que enfrentan los centros penitenciarios del país y que convierte la privación de libertad en una actividad que conculca sistemáticamente derechos fundamentales, propiciando una ejecución penal que se convierte en una actividad que impone a los internos un tratamiento cruel e inhumano.\n\nPor tanto:\n\n           Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se ordena a Rodolfo Ledezma Ramírez, en su condición de Director General del Centro de Atención Institucional La Reforma, o a quien ocupe ese cargo, que proceda a girar las órdenes que estén dentro del ámbito de su competencia y adopte las medidas pertinentes para que, dentro del plazo de TRES DÍAS, se provea a [NOMBRE001]de una cama. Asimimso, que se elimine el hacinamiento crítico en el Ámbito de Convivencia C del CAI La Reforma, para lo que deberá estarse al plazo ordenado en la sentencia número 2014-011379 de las 10:05 horas del 11 de julio de 2014. Asimismo, en cuanto a los servicios sanitarios turcos que existen en ese Ámbito, deberá estarse al plazo ordenado en la sentencia  número 2013-009373 de las 9:20 horas del 12 de julio de 2013. Ello bajo apercibimiento  de que podría incurrir en el delito  tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se   liquidarán   en   ejecución   de   sentencia   de   lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese de forma PERSONAL a Rodolfo Ledezma Ramírez, en su condición de Director General del Centro de Atención Institucional La Reforma, o a quien ocupe ese cargo. Comuníquese. El Magistrado Cruz Castro da razones adicionales.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n \n\n\t\n\nErnesto Jinesta L.\n\nPresidente a.i\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\n\n\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAracelly Pacheco S.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*LYQLLD5Z4OC61*\n\n  LYQLLD5Z4OC61\n\nEXPEDIENTE N° 15-000477-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 15:20:16.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "*150004770007CO*\n\nExp: 15-000477-0007-CO\n\nRes. Nº 2015001341\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on the thirtieth of January, two thousand fifteen.\n\nRecurso de amparo processed in case file number 15-000477-0007-CO, filed by [NOMBRE001], of legal age, Colombian national, deprived of liberty in the La Reforma Institutional Care Center, identity card [VALOR001] against the DIRECTOR OF SOCIAL ADAPTATION, DIRECTOR OF THE SEMI-OPEN SETTING OF THE LA REFORMA INSTITUTIONAL CARE CENTER, GENERAL DIRECTOR OF THE LA REFORMA INSTITUTIONAL CARE CENTER, VICE MINISTER OF JUSTICE AND PEACE.\n\nWhereas:\n\n1.- By written brief received in the Secretariat of the Chamber on January 13, 2015, the petitioner files a recurso de amparo and states that he is deprived of liberty in the La Reforma Institutional Care Center, specifically in Living Unit C, Semi-Open, which he entered on December 31, 2014. He states that despite the prison authorities being aware of the rulings of the Constitutional Chamber, in which they were ordered to correct the problem of critical overcrowding (hacinamiento crítico), and not to admit persons deprived of liberty to said unit. He claims that he is in precarious, inhuman, and unsanitary conditions due to the infrastructure of said place, specifically in the bathrooms, the sewers, dormitories, and other facilities, in addition to the existence of contamination, bacteria, and a plague of flies. He alleges that he is living in places declared uninhabitable, where he is not provided with the conditions to live with dignity. He states that due to overcrowding he sleeps on the floor, near the sewers, and in the aforementioned conditions, which he considers puts his physical integrity at risk. He requests that the recurso be granted and that his placement be ordered in a center that meets the minimum conditions to live with dignity in prison, and that is consistent with his legal profile, such as CASI San Rafael or the CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría, since living unit C is overcrowded and its infrastructure is in ruins.\n\n2.- Rodolfo Ledezma Ramírez, in his capacity as General Director of the La Reforma Institutional Care Center, and Gregorio Venegas Araya, in his capacity as Director of Living Unit C, report under oath that Mr. [NOMBRE001] entered Living Unit C of the La Reforma Institutional Care Center as a result of the application of a precautionary measure taken against him by the Directorate of Living Unit B, having been identified as a negative leader, as described in detail in police report ACB-1434-2014. Regarding the issue of critical overcrowding (hacinamiento crítico) in Living Unit C, while it is true the Constitutional Chamber ordered in ruling 11379-2014 to adopt the necessary measures within a period of seven months, from the notification of the ruling, which expires on February 13. Indicates that the Interdisciplinary Technical Council of living unit C has assessed approximately two hundred persons deprived of liberty in the last three months, and continues to assess fifty cases monthly, with the purpose of recommending those who meet the requirements before the National Institute of Criminology for their deinstitutionalization, however the vast majority do not meet said requirements, having to remain at the institutional level; b) likewise, cases have been analyzed for the relocation of persons deprived of liberty both in other living units of the same prison center, and in other prison centers in the country; c) Conditional release (libertad condicional) hearings have been initiated before the Criminal Enforcement Court of Alajuela, as another option. The foregoing has allowed a reduction from 804 persons deprived of liberty who inhabited the unit in August to 749 at the date of the report, considering that it is still high, since persons deprived of liberty from lower-security living units (A and B) must be received in that unit, as there is no other space option within the center, because also by order of the Constitutional Chamber, the facilities of the Living Unit (Semi-Closed) were closed, considering that they endangered the lives of the persons deprived of liberty and officials. Indicates that the construction of five modular arches is under project, which will have a capacity for 500 persons deprived of liberty, spaces that are expected to be destined to house the population of Living Unit C, so that the existing level of critical overcrowding will be reduced. Regarding the petitioner's allegations, concerning the infrastructure issue, he points out that the ruling issued in case file 14-10260 already determined that regarding food, there is no contamination, that there was a dividing wall with the bathrooms of said pavilion, and that bad odors were caused, a situation that the prison administration sought to counteract by providing more cleaning implements and supplies, so that the area is cleaned frequently. Likewise, during the week of January 5 to 9, 2015, conjugal visits (visita íntima) were suspended for the purpose of carrying out repairs in the spaces designated for that purpose, which consisted of: a) Completely repairing the general electrical system in the conjugal visit area and sanitary services (servicios sanitarios), c) providing implements for the proper functioning of the showers, d) carrying out repairs to eliminate the stagnant water observed in front of the conjugal visit rooms of unit C. Regarding the substitution of squat toilets (servicios sanitarios tipo “turco”) with standard flush toilets (servicios sanitarios comunes), it is reported that the toilets and construction materials for their installation are already available, and they will coordinate with the Center's Security Area and the Unit's Directorate the most suitable dates to carry out this work, without neglecting that currently the four pavilions of Living Unit C have both types of bathrooms, so the prison population can use the common bathrooms that are inside the dormitories. Indicates that although at present the number of inmates inhabiting pavilion C is greater than its actual capacity, and this inmate sleeps on the floor, he has foam and a blanket and in addition, while bad odors may be generated, there is a person deprived of liberty who performs cleaning regularly inside the dormitory (two or three times a day) for which he has the required cleaning supplies, which may reduce the possibility of pests. Finally, regarding the request for transfer to another Prison Center, there is no record of a request from the petitioner addressed to the Directorate of Living Unit C, despite which note will be taken, in order to review his case and verify if it is possible to place him in another Penitentiary Center. Requested that the recurso be declared without merit.\n\n3.- Reynaldo Villalobos Zúñiga, General Director of Social Adaptation, rendered the legal report in similar terms to the Director of the La Reforma Institutional Care Center and added that in addition to the deinstitutionalization processes being made possible in the La Reforma Institutional Care Center, the Prison Administration has undertaken constructive actions aimed at addressing the problem of prison overpopulation. Between 2014 and 2014, the construction of 7 semi-security modules and complementary works took place in the prison centers of Puntarenas, Pérez Zeledón, and La Reforma. Said project expanded the capacity of the Penitentiary System by nine modules with capacity for 672 persons deprived of liberty. Additionally, visitation rooms (locutorios) were built to provide technical attention and dormitories for conjugal visits. In La Reforma, 6 semi-security modules were built with an approximate capacity of 400 persons deprived of liberty. Another project approved by the Board of Directors of the Construction Board and which has financing is the construction of four modules in La Reforma, and one in Pococí. These will be built using the modular arch system and their cost will be 2,221,931,250.00. As part of the complementary works, perimeter and internal mesh fencing, sidewalks, conjugal visit areas, entry post, administrative building, electromechanical and telephone system, as well as the respective guard posts (fortines) will be installed. This work will allow expanding the capacity of the Penitentiary System by 500 prison spaces, 400 in La Reforma and 100 in Pococí. The work has already been awarded and is awaiting the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) from SETENA. Likewise, the CAI La Reforma is in the process of Construction of the CAI young adult, which will expand its spaces with medium and maximum security housing units, a dormitory for prison police assigned to that center, and conjugal visit stations. These actions have as a priority to control and gradually reduce the problem of overpopulation affecting the penitentiary system. The works that have already been executed and those that will be built in the medium and long term have an impact on the phenomenon of overpopulation. The Construction of the Productive Units Project is already a reality, and will represent a significant increase in the installation capacity for persons deprived of liberty. The execution of these works will provide 2592 new spaces to place persons deprived of liberty, of which 432 will be allocated to women. These works will be financed with part of the loan approved by the BID and will have an approximate cost of $74,339,234. Despite the implementation of these works and projects, it has been insufficient to control the excessive increase in the number of persons deprived of liberty entering the Penitentiary System daily, primarily sent by the judicial offices. The reinforcement policies of the State's repressive apparatus have not taken into account the direct repercussions on the Costa Rican Penitentiary System. Requested that the recurso be declared without merit.\n\n4.- Carlos Alberto Rodríguez Pérez rendered the legal report in similar terms to the respondents and requested that the recurso be declared without merit.\n\n5.- The prescriptions of law have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Magistrate Hernández López; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Object of the recurso. The petitioner claims that he is confined in Living Unit C of the La Reforma Institutional Care Center, where he must sleep on the floor, and the hygienic conditions are deplorable; the infrastructure is in ruins and there is overcrowding, for which he requests that the recurso be granted and his transfer to another institutional care center be ordered.\n\nII.- Proven facts: Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated: a) [NOMBRE001] entered Living Unit C of the La Reforma Institutional Care Center on December 31, 2014, where he sleeps on the floor on foam (report of the respondents) b) In ruling N.2014-11379 of 10:05 hours on July 11, 2014, the Constitutional Chamber ordered the respondents to adopt the necessary measures within a period of seven months, from the notification of the ruling, which expires on February 13, to eliminate the critical overcrowding (hacinamiento crítico) in unit C of the CAI La Reforma, and to date, the population of that Unit has been reduced from 804 to 749 persons deprived of liberty, for which the Interdisciplinary Technical Council of living unit C has assessed approximately two hundred persons deprived of liberty in the last three months, and continues to assess fifty cases monthly, with the purpose of recommending those who meet the requirements before the National Institute of Criminology for their deinstitutionalization, however the vast majority do not meet said requirements, having to remain at the institutional level; b) they have analyzed cases for the relocation of persons deprived of liberty both in other living units of the same prison center, and in other prison centers in the country, which is made difficult by the closure of Living Unit B; c) Conditional release (libertad condicional) hearings have been initiated before the Criminal Enforcement Court of Alajuela (report rendered under oath by the respondent authorities); c) in the medium term, there will be new prison spaces that already have financing and whose work has been awarded (report rendered under oath by the respondent authorities).\n\nIII. Regarding critical overcrowding in Living Unit C of the La Reforma Institutional Care Center. This Chamber ruled regarding the critical overcrowding (hacinamiento crítico) that exists in Living Unit C of the CAI La Reforma in ruling number 2014-11379 of 10:05 hours on July 11, 2014, in the following terms:\n\n“III.- On the merits. The position of this Tribunal has been to grant amparo to persons deprived of liberty who are confined in conditions of critical overcrowding (hacinamiento crítico), since this situation not only violates their human dignity, but also entails, in most cases, a breach of other fundamental rights; especially the right to health and physical integrity. In this sense, to determine if a penitentiary center suffers critical overcrowding, the parameters established by the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the recommendations of the European Committee on Crime Problems have been used, from which it is extracted that critical overcrowding exists when there is a density greater than or equal to 120 detainees per 100 places actually available. In the present matter, the petitioners claim that the semi-open area of the La Reforma Institutional Care Center, where they are confined, presents serious overcrowding problems. The foregoing is confirmed by the report given by the respondents themselves, who state that 800 persons deprived of liberty are housed in said place, despite its maximum capacity being 400. Taking into account what was stated above, the Chamber verifies the alleged violation of the rights of the petitioners, and the other persons deprived of liberty housed in living unit C of the cited prison center, since they are confined in a site that exceeds its projected capacity by 50%, a figure that far exceeds the maximum allowed by the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the recommendations of the European Committee on Crime Problems. By virtue of the foregoing, the recurso must be granted with the consequences stated in the operative part.\n\nOn that occasion, the respondent authorities were ordered that, within a period of seven months, they adopt the necessary measures within the scope of their powers, to eliminate the critical overcrowding (hacinamiento crítico) affecting the persons deprived of liberty in unit C of the La Reforma Institutional Care Center, a period that has not yet expired. Subsequently, ruling Nº2014-18239 of fourteen hours and thirty minutes on November five, two thousand fourteen, also took as proven the situation of critical overcrowding in Unit C of the La Reforma Institutional Care Center, for which reason the amparo was granted so that the critical overcrowding is corrected within the same seven-month period ordered in ruling number 2014-011379 of 10:05 on July 11, 2014.\n\nIV.- Regarding the hygienic conditions of the sanitary services (servicios sanitarios) in that unit, the same ruling declared that the lack of infrastructure in toilets constitutes a violation of human dignity. It granted the recurso so that the problem of squat toilets (baños tipo turco) is corrected –in living unit C of the CAI La Reforma–, within the same period ordered in ruling number 2013-009373 of 9:20 hours on July 12, 2013.\n\nV.- On the specific case. In the case at hand, the respondents reported under oath that the sanitary services (servicios sanitarios) and construction materials for the installation of the toilets have already been acquired, and that only the coordination with the Security Area of Unit C for the start of the works remains, so as not to affect the prison population. Likewise, they point out that the prison overpopulation problem still exists in that Unit, but the number of people placed there has been reduced and new projects are underway aimed at addressing the phenomenon of prison overpopulation. The critical overcrowding (hacinamiento crítico) existing in the unit where the petitioner is located, and the fact that he does not have a bed, harm the dignity of the petitioner, for which reason the recurso must be granted, so that he is provided with a bed and the critical overcrowding is corrected within the same seven-month period ordered in ruling number 2014-011379 of 10:05 on July 11, 2014. However, the petitioner's claim, in the sense that his relocation to another prison center be ordered, is inappropriate, since this Chamber has recognized that, as a general rule, the specific placement of persons deprived of liberty is a matter that falls to the administrative authorities (Penitentiary System), so the Chamber cannot assume functions proper to the respondent administration, much less determine –without greater elements for judgment– the best or most convenient placement of these persons. It will do so, however, when the decision of the prison authority is unfounded or arbitrary, or when the placement of the person deprived of liberty demonstrates a disproportionality that harms fundamental rights, as in ruling N°2014-18239 of 14:30 hours on November 5, 2014, which determined that the permanence of the person deprived of liberty in a site where there is critical overcrowding harmed his right to health, as he was convalescing from a surgical intervention, for which reason his transfer to an environment free of overcrowding was ordered. However, in the present case, those circumstances are not present, so the petitioner must manage his transfer before the prison authorities.\n\nVI.- Additional reasons of Magistrate Cruz Castro regarding prison overcrowding.\n\nRegarding the prison overcrowding in Living Unit C of the CAI La Reforma, I express additional reasons, as I consider that overcrowding requires concrete measures and not waiting for measures to be adopted that, while they are being executed, cause overcrowding to provoke a serious violation of the fundamental rights of the inmates. Overcrowding justifies the adoption of some decisions that allow ensuring effective respect for the fundamental rights of citizens serving a custodial sentence. A policy is required that defines the entry and exit of inmates into the penitentiary center, because it is evident that overcrowding has reached constitutionally inadmissible limits.\n\nLimit to prison overcrowding.\n\nRegarding the situation of the penitentiary system and its deterioration, there are many precedents of this tribunal that record the violation of fundamental rights fostered by prison society (see among others, rulings 11762-06 and 1332-09); that sphere of state responsibility in which the exercise of the repressive function authorizes, in practice, the structural violation of fundamental rights. Among the precedents of this tribunal, it is opportune to cite ruling 2000-7484, which describes what has been mentioned:\n\n“…..VII.- In the Chamber’s opinion, it has not been necessary to carry out a judicial inspection in the San José Institutional Care Center, because the report provided by the competent jurisdictional body was available, the content of which derives from the prison visits it carries out periodically. Furthermore, the respondents do not deny the facts nor demonstrate their inaccuracy regarding the conditions in which the persons deprived of liberty in the San José Institutional Care Center –at least part of them– remain, so the arguments put forward by the Chamber in the cited ruling (1032-96) are applicable to the specific case, which are reiterated in their entirety, as well as the granting of the recurso for violation of the human rights of the persons deprived of liberty in the San José Institutional Care Center. The Chamber is aware of the material implications that this ruling will have; however, the point is that –as stated in the cited ruling– if the State, fulfilling a public function such as ensuring citizen security, isolates and deprives of liberty persons who have violated the law, it must do so within the framework of respect for human rights, as it has committed, a task that in the case of the custody of persons deprived of liberty corresponds to the Executive Branch, it being the task of the Judicial Branch –and within it– particularly of the Constitutional Tribunal, to ensure that this is fulfilled. The situation in the present case is one of repeated violation of the human rights of the population deprived of liberty, which were verified in the same San José Institutional Care Center in 1996, and continue to date, in clear disobedience to what was ordered by this Constitutional Tribunal, whose jurisprudence and precedents are binding erga omnes, by legal imperative (article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction). It is for this reason, and also because the Minister of Justice has reported under oath that measures are already being taken in the matter, that on this occasion a period of one year is granted to that Ministry to bring the San José Institutional Care Center into conditions of respect for the \"Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners\", adopted by the United Nations Organization, and from the communication of this ruling it is ordered not to receive more persons deprived of liberty in the San José Institutional Care Center, making the pertinent arrangements for the placement of new arrivals in another prison center; likewise, the Penitentiary Administration must, within the same period, gradually reduce the prison population therein until reaching the real capacity of that prison center, which, the Minister of Justice indicates, is four hundred and seventy (470) people. Although that number does not coincide with that indicated by the Enforcement Judge (Juez de Ejecución de la Pena) in his report, the Chamber leans towards accepting the figure determined by the Minister, who by the position she holds is the one who must have exact data about the real capacity of the prison centers. The respondent Criminal Enforcement Court must ensure compliance with what was ordered by the Chamber, regarding which it must render a report upon the expiration of the term granted…….”\n\nThe deterioration of the living conditions of inmates is a recurring theme, which in this case gains relevance because in Living Unit C of the CAI La Reforma, there is a prison overpopulation that exceeds what is constitutionally admissible, a situation that completely perverts the meaning and purpose of the custodial sentence in a social and democratic state of law, turning its execution into cruel and inhuman punishment. The deprivation of liberty in those conditions loses constitutional legitimacy. For this reason, I believe that in this case, the prison authority should be granted a period of sixty days to formulate a plan that allows reducing, to twenty percent, the prison overpopulation in that section, which is the maximum limit admitted by the jurisprudence of this tribunal. The respondent authority shall not admit more inmates to the mentioned section and, if necessary, shall establish a plan that allows planning the admission of inmates to the penitentiary center, according to a predetermined date, based on the seriousness and nature of the criminal sentence imposed, all with the purpose of maintaining the prison population within constitutionally acceptable margins, according to the doctrine defined in the precedents of this Chamber. It is not possible to maintain a constitutionally inadmissible situation, granting deadlines for the deficiencies to be resolved, and meanwhile, the violation of fundamental rights remains unaltered for the population inside the prisons.\n\nThe two proposed measures aim to achieve, in the short term, an effective solution to the serious overcrowding faced by the country's penitentiary centers and which turns the deprivation of liberty into an activity that systematically violates fundamental rights, fostering a criminal execution that becomes an activity imposing cruel and inhuman treatment on inmates.\n\nTherefore:\n\nThe recurso is granted. Consequently, Rodolfo Ledezma Ramírez, in his capacity as General Director of the La Reforma Institutional Care Center, or whoever holds that position, is ordered to issue the orders within the scope of his competence and adopt the pertinent measures so that, within a period of THREE DAYS, [NOMBRE001] is provided with a bed. Likewise, that the critical overcrowding (hacinamiento crítico) in Living Unit C of the CAI La Reforma be eliminated, for which purpose the term ordered in ruling number 2014-011379 of 10:05 hours on July 11, 2014, must be abided by. Furthermore, regarding the squat toilets (servicios sanitarios turcos) existing in that Unit, the term ordered in ruling number 2013-009373 of 9:20 hours on July 12, 2013, must be abided by. This under warning that they could incur the crime typified in article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, which provides that imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in a recurso de amparo, and does not fulfill it or does not have it fulfilled, provided the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the damages and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the recurso is declared without merit. Notify PERSONALLY Rodolfo Ledezma Ramírez, in his capacity as General Director of the La Reforma Institutional Care Center, or whoever holds that position. Communicate. Magistrate Cruz Castro gives additional reasons.-\n\nErnesto Jinesta L.\n\nActing President\n\nFernando Cruz C.\n\nFernando Castillo V.\n\nPaul Rueda L.\n\nNancy Hernández L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nAracelly Pacheco S.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verifier code --\n\n*LYQLLD5Z4OC61*\n\nLYQLLD5Z4OC61\n\nEXPEDIENTE N° 15-000477-0007-CO\n\nTelephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6.\n\nIs a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 15:20:16.\n\nSCIJ de Hacienda\n\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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