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  "id": "nexus-sen-1-0007-657743",
  "citation": "Res. 01353-2016 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Omisión administrativa frente a contaminación sónica y por gases de taller mecánico",
  "title_en": "Administrative omission regarding noise and gas pollution from mechanical workshop",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto a favor de un vecino de Pejibaye de Jiménez que denunció ante el Ministerio de Salud la contaminación sónica y por gases proveniente de un taller mecánico contiguo a su vivienda. El recurrente alegó que, pese a haber presentado la denuncia en setiembre de 2015, la administración no había actuado hasta enero de 2016, cuando se notificó la resolución de curso del amparo y se clausuró el taller por carecer de permiso sanitario. La Sala determina que, aunque la gestión ya fue atendida, la demora de cuatro meses vulneró el derecho a la justicia pronta y cumplida (artículo 41 constitucional). Asimismo, reafirma la competencia de la jurisdicción constitucional en asuntos ambientales cuando están en riesgo la salud y la calidad de vida, excepción a la regla de remisión a la vía contencioso-administrativa. Declara con lugar el recurso para efectos indemnizatorios, condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo filed on behalf of a resident of Pejibaye de Jiménez who reported noise and gas pollution from a mechanical workshop adjacent to his home to the Ministry of Health. The complainant alleged that despite filing the complaint in September 2015, the administration failed to act until January 2016, when the amparo was admitted and the workshop was closed for lacking a health permit. The Chamber finds that although the complaint was eventually addressed, the four-month delay violated the right to prompt and complete justice (Article 41 of the Constitution). It also reaffirms the constitutional court's jurisdiction in environmental matters when health and quality of life are at risk, as an exception to the general rule of deferring to the administrative court. The appeal is granted for compensation purposes, with the State ordered to pay costs, damages, and losses.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "29/01/2016",
  "year": "2016",
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    "procedural-environmental"
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    "contaminación sónica",
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    "artículo 50 constitucional",
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  "excerpt_es": "En el caso concreto, el recurrente acusa que la parte accionada no ha tramitado la gestión presentada por el tutelado en contra de un taller de la localidad de Pejibaye de Jiménez por daños a la salud y el ambiente. Al respecto, la Sala tuvo por acreditado que el tutelado presentó la gestión referida el 5 de setiembre de 2015. A pesar de ello, esa gestión no fue atendida por los recurridos sino hasta el 18 de enero de 2016, es decir, 4 meses después de su interposición –plazo que lesiona claramente el artículo 41 constitucional- y con ocasión de la notificación de la resolución que dio curso a este proceso, realizada el 15 de enero de 2016. Además, las autoridades pudieron verificar que el local denunciado funcionaba sin los permisos requeridos, por lo que la gestión del tutelado era procedente. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso, únicamente para efectos indemnizatorios, dado que la gestión ya fue atendida.",
  "excerpt_en": "In the present case, the appellant claims that the respondent has not processed the complaint filed by the protected party against a workshop in the town of Pejibaye de Jiménez for damages to health and the environment. In this regard, the Chamber has established as proven that the protected party filed the aforementioned complaint on September 5, 2015. Despite this, the complaint was not addressed by the respondents until January 18, 2016, that is, 4 months after its filing—a period that clearly violates Article 41 of the Constitution—and upon notification of the order admitting this process, carried out on January 15, 2016. Furthermore, the authorities were able to verify that the denounced premises operated without the required permits, so the protected party's complaint had merit. By virtue of the foregoing, the appeal is granted solely for compensation purposes, given that the complaint has already been addressed.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The appeal is granted solely for compensation purposes due to the 4-month delay in addressing the environmental complaint, ordering the State to pay costs, damages, and losses.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el recurso únicamente para efectos indemnizatorios, por la demora de 4 meses en atender la denuncia ambiental, condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "Article 50 of the Political Constitution establishes that all persons have the right to a healthy and ecologically balanced environment, as the protection of this right is one of the factors that guarantee the exercise of the right to health contained in Article 21 of the Constitution.",
      "quote_es": "El artículo 50, de la Constitución Política, establece que todas las personas tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues la protección a este derecho es una de los factores que garantizan el ejercicio del derecho a la salud contenido en el artículo 21 Constitucional."
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      "quote_es": "esa gestión no fue atendida por los recurridos sino hasta el 18 de enero de 2016, es decir, 4 meses después de su interposición –plazo que lesiona claramente el artículo 41 constitucional- y con ocasión de la notificación de la resolución que dio curso a este proceso."
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      "context": "Nota del Magistrado Jinesta Lobo",
      "quote_en": "in the case of complaints alleging noise pollution and emissions that also affect the occupants of several residential houses—as in the present case—this will not be done. This is because other rights of the neighbors of the pollution source are at stake, such as health and the right to enjoy a decent quality of life.",
      "quote_es": "tratándose de denuncias donde se alega contaminación sónica  y emisiones que afectan, a su vez, a los ocupantes de varias casas de habitación -como sucede en el caso concreto-, no lo hará así. Esto, por cuanto, se encuentran en juego otros derechos de los vecinos de la fuente contaminante, tales como la salud y a gozar de un nivel digno de calidad de vida."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-657743",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01353 - 2016\n\nFecha de la Resolución: 29 de Enero del 2016 a las 09:30\n\nExpediente: 16-000397-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*160003970007CO*\n\nExp: 16-000397-0007-CO\n\nRes. Nº 2016001353\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de enero de dos mil dieciseis .\n\n                 Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 16-000397-0007-CO, interpuesto por MARCO CAMBRONERO OVIEDO, cédula de identidad 0104070546, a favor de VÍCTOR MORA CORDERO, cédula de identidad 0320700548, contra el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Sala a las 13:39 horas del 11 de enero de 2016, el accionante interpone recurso de amparo. Señala que el tutelado presentó el 5 de setiembre de 2015 un escrito en la oficina de la autoridad recurrida del sector de Turrialba, solicitando la realización de una inspección a su casa de habitación. Alega que sufre diariamente la contaminación sónica y los gases que produce un taller mecánico que se encuentra al lado de su vivienda. Agrega que los gases son producidos al acelerar los automóviles en reparación y los ruidos son causados por los compensadores. Indica que los golpes de cortaduras de metales se dan desde la mañana y hasta la noche. Añade que las grasas, aceites y otros son lanzados a una quebrada que va a dar a un río de la zona, lo que daña el medio ambiente. Refiere que el permiso para el uso de suelo como taller fue denegado al dueño del predio mediante oficio DCCV-201-2015 de la Municipalidad de Jiménez. Acusa que el amparado no ha obtenido respuesta a su gestión. Considera que se lesionan los derechos fundamentales del tutelado.\n\n                 2.- Mediante resolución de las 14:39 horas del 12 de enero de 2016, se dio curso al proceso.\n\n                3.- Por escrito recibido en la Sala a las 16:24 horas del 19 de enero de 2016, informa bajo juramento Giselle Solano Fernández, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Turrialba, que el tutelado efectivamente interpuso denuncia en contra de un taller mecánico; se le asignó el consecutivo CE-ARST-AC-157-2015. Alega que la atención de la misma se programó y se realizó el 18 de enero de 2016. Afirma que se procedió a la clausura del establecimiento, al comprobar que no contaba con permiso sanitario de funcionamiento. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n                 4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n                 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\n                I.- De previo. Antes de entrar a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un la justicia pronta y cumplida- debe aclararse que, a partir de la sentencia Nº 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante hechos que involucran lesiones a la salud de las personas y al medio ambiente, cuya competencia recae en esta Sala. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\n                II.- Objeto del recurso. El accionante acusa que el tutelado presentó el 5 de setiembre de 2015 una gestión en contra de un taller vecino de su localidad por daños a la salud y el ambiente. Sin embargo, la autoridad recurrida no ha actuado.\n\n                III.- Hechos Probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na.  El 5 de setiembre de 2015, el amparado presentó una gestión en contra de un taller vecino de su localidad por daños a la salud y el ambiente. (Hecho incontrovertido).\n\nb. El 18 de enero de 2016, la autoridad recurrida clausuró el establecimiento denunciado por carecer de permiso sanitario de funcionamiento. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\n                IV.- Jurisprudencia constitucional. Por su relevancia para el caso bajo estudio, se transcribe la sentencia 2015-12518 de las 9:05 horas del 14 de agosto de 2015 en lo conducente:\n\n                “ III.- Sobre el Derecho a la Salud y a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. El artículo 50, de la Constitución Política, establece que todas las personas tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues la protección a este derecho es una de los factores que garantizan el ejercicio del derecho a la salud contenido en el artículo 21 Constitucional. Asimismo, en el artículo 89 de la Carta Magna, se encuentra contenido el deber del Estado de mantener y proteger las riquezas naturales. En ese mismo sentido, este Tribunal mediante sentencia número 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993, indicó lo siguiente:\n\n                “...La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cuál no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la \"lesión\", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cuál el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo...”.\n\n                Así las cosas, aunado al derecho a un ambiente sano y al deber de cada persona de hacer un uso racional de los recursos naturales, se encuentra el deber del Estado de velar por la protección y conservación de los mismos, así como la correlativa facultad de imponer las sanciones correspondientes por el incumplimiento de esos deberes. Es así como en el artículo 50 de la Carta Fundamental, que se establece lo siguiente:\n\n                “...Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.\n\n                El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.\n\n                De lo anteriormente citado, se desprende claramente, que el Estado, a través de los órganos designados al efecto, es el encargado garantizar a todas las personas, un ambiente sano y equilibrado, esto a través de los mecanismos que la ley pone a su disposición, con el fin de evitar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud pública. Aunado a ello, debe promover las medidas necesarias, para que cada persona, disfrute de su derecho a la salud, entendida éste, en todas sus vertientes, sea, física, mental o social. Por otra parte, la Ley General de Salud, faculta al Ministerio de Salud para adoptar las medidas y disposiciones generales o individuales, que aseguren la aplicación y cumplimiento de las normas de salud, así como la protección del medio ambiente. Asimismo, el cuerpo normativo citado, establece la posibilidad de que el Ministerio de Salud coordine con otras dependencias de salud, las medidas necesarias para proteger la salud pública y personal de los individuos. ”\n\n                V.- Sobre el fondo. En el caso concreto, el recurrente acusa que la parte accionada no ha tramitado la gestión presentada por el tutelado en contra de un taller de la localidad de Pejibaye de Jiménez por daños a la salud y el ambiente. Al respecto, la Sala tuvo por acreditado que el tutelado presentó la gestión referida el 5 de setiembre de 2015. A pesar de ello, esa gestión no fue atendida por los recurridos sino hasta el 18 de enero de 2016, es decir, 4 meses después de su interposición –plazo que lesiona claramente el artículo 41 constitucional- y con ocasión de la notificación de la resolución que dio curso a este proceso, realizada el 15 de enero de 2016. Además, las autoridades pudieron verificar que el local denunciado funcionaba sin los permisos requeridos, por lo que la gestión del tutelado era procedente. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso, únicamente para efectos indemnizatorios, dado que la gestión ya fue atendida.\n\n                VI.- NOTA DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO.  El suscrito Magistrado aclara que si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remite a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que tratándose de denuncias donde se alega contaminación sónica  y emisiones que afectan, a su vez, a los ocupantes de varias casas de habitación -como sucede en el caso concreto-, no lo hará así. Esto, por cuanto, se encuentran en juego otros derechos de los vecinos de la fuente contaminante, tales como la salud y a gozar de un nivel digno de calidad de vida.                       VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. He coincidido con la posición sustentada por el Magistrado Jinesta Lobo en esta materia, por lo que, en asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusan problemas de contaminación sónica y por gases provenientes del funcionamiento de un taller mecánico ubicado al lado de la vivienda del recurrente, lo que afecta a este y a los demás vecinos del lugar, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.\n\n                VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n                Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Jinesta Lobo pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.\n\n  \n\n \n\n\t\n\nErnesto Jinesta L.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Paulino Hernández G.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*3O540AHVB9W61*\n\n 3O540AHVB9W61\n\nEXPEDIENTE N° 16-000397-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 16:15:18.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Grande  \nNormal  \nPequeña  \nSala Constitucional  \n\nResolución Nº 01353 - 2016  \n\nFecha de la Resolución: 29 de Enero del 2016 a las 09:30  \n\nExpediente: 16-000397-0007-CO  \n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas  \n\nClase de asunto: Recurso de amparo  \n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL  \n\nTexto de la resolución  \n\n*160003970007CO*  \n\nExp: 16-000397-0007-CO  \n\nRes. Nº 2016001353  \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on the twenty-ninth of January, two thousand sixteen.\n\nRecurso de amparo processed under expediente number 16-000397-0007-CO, filed by MARCO CAMBRONERO OVIEDO, identity card 0104070546, on behalf of VÍCTOR MORA CORDERO, identity card 0320700548, against the MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.\n\nResultando:\n\n1.- By written submission received in the Sala at 13:39 hours on January 11, 2016, the petitioner files a recurso de amparo. He indicates that the protected party submitted, on September 5, 2015, a written request at the office of the respondent authority in the Turrialba sector, requesting an inspection of his dwelling. He alleges that he suffers daily from noise pollution (contaminación sónica) and the gases produced by a mechanical workshop (taller mecánico) located next to his home. He adds that the gases are produced when the automobiles under repair are accelerated and the noises are caused by the compensators. He indicates that the blows from metal cutting occur from morning until night. He adds that greases, oils, and other substances are discharged into a ravine (quebrada) that flows into a river in the area, which damages the environment. He refers that the land-use (uso de suelo) permit for a workshop was denied to the property owner by means of official letter DCCV-201-2015 from the Municipalidad de Jiménez. He claims that the protected party has not received a response to his petition. He considers that the protected party's fundamental rights are being violated.\n\n2.- By means of a resolution at 14:39 hours on January 12, 2016, the proceeding was granted leave to proceed.\n\n3.- By written submission received in the Sala at 16:24 hours on January 19, 2016, Giselle Solano Fernández, in her capacity as Director of the Área Rectora de Salud de Turrialba, reports under oath that the protected party did indeed file a complaint (denuncia) against a mechanical workshop; it was assigned the consecutive number CE-ARST-AC-157-2015. She alleges that its handling was scheduled and carried out on January 18, 2016. She affirms that the establishment was closed (clausura) upon verification that it lacked a sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento). She requests that the recurso be dismissed.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Rueda Leal; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- Preliminarily. Before entering into an analysis of the merits of the matter—regarding the alleged violation of the right to prompt and complete justice—it must be clarified that, as of decision No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is debated whether the public administration has complied or not with the timeframes established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in the sub lite case, an exception is raised, as the facts involve harm to people's health and to the environment, jurisdiction over which rests with this Sala. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- Object of the recurso. The petitioner claims that the protected party submitted a petition on September 5, 2015, against a neighboring workshop in his locality for damages to health and the environment. However, the respondent authority has not acted.\n\nIII.- Proven Facts.- As important for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so credited or because the respondent has omitted to refer to them, according to what was ordered in the initial order:\n\na. On September 5, 2015, the protected party submitted a petition against a neighboring workshop in his locality for damages to health and the environment. (Uncontroverted fact).\n\nb. On January 18, 2016, the respondent authority closed the denounced establishment for lacking a sanitary operating permit. (See rendered report and provided evidence).\n\nIV.- Constitutional jurisprudence. Due to its relevance to the case under study, the relevant portions of decision 2015-12518 of 9:05 hours on August 14, 2015, are transcribed:\n\n\"III.- On the Right to Health and to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. Article 50 of the Constitución Política establishes that all persons have the right to a healthy and ecologically balanced environment, since the protection of this right is one of the factors that guarantee the exercise of the right to health contained in Article 21 of the Constitution. Likewise, Article 89 of the Carta Magna contains the State's duty to maintain and protect natural riches. In that same sense, this Tribunal, by means of decision number 3705-93 of 15:00 hours on July 30, 1993, indicated the following:\n\n'...Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is no more than the translation into this area of the principle of \\\"injury\\\", already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself...'\n\nThus, in addition to the right to a healthy environment and the duty of each person to make rational use of natural resources, there is the State's duty to ensure the protection and conservation of the same, as well as the correlative power to impose the corresponding sanctions for the breach of those duties. It is thus that Article 50 of the Carta Fundamental establishes the following:\n\n'...Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report (denunciar) acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.\n\nThe State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.'\n\nFrom the foregoing, it is clearly apparent that the State, through the bodies designated for that purpose, is responsible for guaranteeing all persons a healthy and balanced environment, through the mechanisms that the law places at its disposal, in order to avoid irreversible damage to the environment and public health. In addition, it must promote the necessary measures so that each person enjoys their right to health, understood in all its aspects, be it physical, mental, or social. Moreover, the Ley General de Salud empowers the Ministerio de Salud to adopt the measures and general or individual provisions that ensure the application and compliance with health standards, as well as the protection of the environment. Likewise, the cited normative body establishes the possibility for the Ministerio de Salud to coordinate with other health agencies the necessary measures to protect the public and personal health of individuals.\"\n\nV.- On the merits. In the specific case, the petitioner claims that the respondent party has not processed the petition submitted by the protected party against a workshop in the locality of Pejibaye de Jiménez for damages to health and the environment. In this regard, the Sala held it as accredited that the protected party submitted the referenced petition on September 5, 2015. Despite this, that petition was not addressed by the respondents until January 18, 2016, that is, 4 months after its filing—a period that clearly violates Article 41 of the Constitution—and upon the occasion of the notification of the resolution granting leave to proceed in this process, carried out on January 15, 2016. Furthermore, the authorities were able to verify that the denounced premises were operating without the required permits, thus the protected party's petition was procedurally appropriate. By virtue of the foregoing, the recurso is granted, solely for compensatory purposes, given that the petition has already been addressed.\n\nVI.- NOTE BY MAGISTRATE JINESTA LOBO. The undersigned Magistrate clarifies that while environmental matters, when there is administrative intervention of any kind, are referred by him to the contentious-administrative jurisdiction, the truth is that in the case of complaints where noise pollution and emissions are alleged that, in turn, affect the occupants of several dwelling houses - as occurs in the specific case -, he will not do so. This is because other rights of the neighbors of the polluting source are at stake, such as health and the right to enjoy a decent quality of life. VI.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. I have concurred with the position held by Magistrate Jinesta Lobo in this matter, therefore, in environmental matters, it is also the criterion of the undersigned, that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter into the knowledge of the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Constitución Política), as occurs in this case, in which problems of noise pollution and gases originating from the operation of a mechanical workshop located next to the petitioner's dwelling are claimed, which affects him and the other neighbors of the place, with violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent quality of life.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if any document has been provided on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this decision. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe recurso is granted. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Jinesta Lobo sets forth a note. Magistrate Salazar Alvarado sets forth a note.\n\nErnesto Jinesta L.\n\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nFernando Castillo V.\n\nPaul Rueda L.\n\nNancy Hernández L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJose Paulino Hernández G.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*3O540AHVB9W61*\n\n3O540AHVB9W61\n\nEXPEDIENTE N° 16-000397-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 16:15:18.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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