{ "id": "nexus-sen-1-0007-666596", "citation": "Res. 00547-2015 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Inadmisibilidad de amparo contra sometimiento a arbitraje CIADI por proyecto Crucitas", "title_en": "Inadmissibility of amparo against submission to ICSID arbitration over Crucitas project", "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto por ciudadanos contra la decisión del Ministerio de Comercio Exterior de someterse a un arbitraje internacional ante el CIADI, iniciado por Infinito Gold tras la anulación judicial de la concesión minera Crucitas. Los recurrentes alegaban violación a la seguridad jurídica, igualdad, cosa juzgada y derecho a un ambiente sano, argumentando que el arbitraje reabriría un asunto ya resuelto por los tribunales costarricenses y burlaría la obligación de reparar el daño ambiental. La Sala considera que los alegatos son genéricos y no establecen un vínculo directo e inmediato con la infracción de derechos fundamentales, por lo que la protección por amparo resulta improcedente por artificial. Al ser inadmisible el recurso principal, también se rechaza la acción de inconstitucionalidad planteada conforme al artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues esta requiere que el amparo base sea admisible. En nota separada, el magistrado Cruz Castro reitera su posición minoritaria sobre la inconstitucionalidad del arbitraje obligatorio en tratados de libre comercio.", "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismisses an amparo filed by citizens against the Ministry of Foreign Trade's decision to participate in ICSID arbitration initiated by Infinito Gold after Costa Rican courts annulled the Crucitas mining concession. The plaintiffs alleged violations of legal certainty, equality, res judicata, and the right to a healthy environment, arguing that arbitration would reopen a judicially settled matter and circumvent the obligation to repair environmental damage. The Chamber holds that the claims are generic and fail to establish a direct and immediate link to any fundamental rights violation, rendering amparo relief artificial and inadmissible. Because the principal proceeding is inadmissible, the accompanying constitutional challenge under Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law is also rejected, as such actions require an admissible amparo as a basis. In a separate note, Magistrate Cruz Castro reiterates his minority view on the unconstitutionality of mandatory arbitration in free trade agreements.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "14/01/2015", "year": "2015", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "inadmisibilidad", "CIADI", "cosa juzgada material", "ambiente ecológicamente equilibrado", "acción de inconstitucionalidad", "principio de igualdad", "seguridad jurídica" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 48", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 9", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 75", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "amparo", "inadmisibilidad", "arbitraje internacional", "Crucitas", "cosa juzgada", "ambiente sano", "inconstitucionalidad" ], "keywords_en": [ "amparo", "inadmissibility", "international arbitration", "Crucitas", "res judicata", "healthy environment", "unconstitutionality" ], "excerpt_es": "En este caso, los recurrentes afirman que el Estado costarricense, por medio del Ministerio de Comercio Exterior, aceptó someterse a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas del Banco Mundial lo cual contraviene disposiciones constitucionales. 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Nº 2015-000547\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil quince.-\n\n          Recurso de amparo que se tramita en expediente número 14-018493-0007-CO, interpuesto por EDGARDO VINICIO ARAYA SIBAJA, cédula de identidad 0204830663, OTTO MENDEZ VARGAS, cédula de identidad 2311053, contra MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR.\n\nResultando:\n\n         1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:54 horas del 26 de noviembre de 2014, los recurrentes manifiestan que la empresa Industrias Infinito S.A. pretendió desarrollar un proyecto de minería metálica de oro a cielo abierto, denominado Proyecto Minero Crucitas. Tras la acción legal de diversas organizaciones ambientalistas contra la iniciativa, el Tribunal Contencioso Administrativo, por resolución número 4399-2010 de las 10:40 horas del 14 de diciembre de 2010, anuló la concesión de explotación y los permisos otorgados por el Estado a la trasnacional minera. Se anuló la viabilidad ambiental dictada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se condenó a la empresa a reparar los daños ambientales causados y se ordenó abrir una investigación penal contra los jerarcas que aprobaron el proyecto. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia avaló lo resuelto y el fallo adquirió autoridad y eficacia de cosa juzgada material. El 4 de marzo de 2014, la empresa canadiense Infinito Gold presentó una solicitud de arbitraje internacional contra la República de Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas del Banco Mundial (CIADI), radicado en Washington, Estados Unidos de América. Mediante la pretensión de arbitraje internacional, la empresa busca impugnar, indirectamente, la decisión judicial ya indicada, bajo el subterfugio que la Sala Primera expropió su inversión al cancelar su concesión minera y ordenarle pagar daños ambientales. El Estado costarricense, a través del Ministro de Comercio Exterior, indicó que participará activamente en el proceso arbitral. El 12 de agosto de 2014 Brigitte Stern aceptó ser árbitro por Costa Rica en el caso ante el CIADI, lo que equivale a la aceptación y sometimiento al proceso arbitral. El acto del Estado costarricense de aceptar su participación y sometimiento al proceso arbitral internacional permitirá que se reabra la discusión sobre asuntos judiciales fenecidos con autoridad y eficacia de cosa juzgada material y vuelve ilusoria la obligación de reparar el daño ambiental causado. En el proceso arbitral internacional, las organizaciones que presentaron la demanda contenciosa no tienen posibilidad real de participar en él. Considera que el acto de aceptación del arbitraje implica lesión del derecho a la seguridad jurídica, en lo términos del artículo 42 de la Constitución. Se viola también el principio de igualdad, ya que ninguna sociedad anónima nacional podría recurrir a este mecanismo. El Tratado Bilateral de Inversiones entre Costa Rica y Canadá hace recaer en el demandante la opción de elegir entre la jurisdicción costarricense y el arbitraje. Considera la disposición abiertamente contraria a la Carta Fundamental y dejan invocada su inconstitucionalidad para efectos del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Alegan que ninguna persona puede ser obligada ni a renunciar a someter una controversia de interés a un tribunal arbitral, ni compelida a recurrir a ese mecanismo, pues se trata de un derecho de libertad para elegir los distintos modos de solución de un diferendo patrimonial. Sería inconstitucional entender que el Estado, al suscribir el Tratado Bilateral de Inversiones con Canadá, consintió en someter este tipo de controversias a un panel arbitral de forma genérica, obligatoria, incondicional e irrevocable. Por otra parte, el mismo Tratado establece como condición, para la procedencia del arbitraje, que ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo sobre la medida que se alegue que contravenga el acuerdo, en respeto al principio de cosa juzgada. De este modo, que Costa Rica haya aceptado el arbitraje, viola el mencionado principio de cosa juzgada, el derecho a la seguridad jurídica, los derechos fundamentales de todos los costarricenses y se expone la soberanía nacional. Cualquier intento de evitar el cumplimiento de lo decido por las autoridades jurisdiccionales del país implica una infracción del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se desvirtúa la figura del arbitraje, pues su objeto no es burlar lo decidido por las autoridades judiciales. Solicitan declarar inconstitucional la actuación del Ministerio de Comercio Exterior, de aceptar someterse al arbitraje internacional, y ordenarle que proceda a retirar al Estado costarricense de ese proceso.\n\n         2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n         Redacta la Magistrada Hernández López; y,\n\nConsiderando:\n\n          I.-Con base en lo establecido por los artículos 48 de la Constitución Política; 1, 2 inciso a) y 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de amparo ha sido instituido, como proceso sumario, únicamente para brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas inminentes y directas a los derechos y libertades fundamentales; razón por la que, en general, su procedencia está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una violación - o amenaza de violación - a uno o más de los derechos contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos, que por su carácter apremiante no permita esperar a que surtan efecto los remedios jurisdiccionales ordinarios. \n\n         II.- En este caso, los recurrentes afirman que el Estado costarricense, por medio del Ministerio de Comercio Exterior, aceptó someterse a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas del Banco Mundial lo cual contraviene disposiciones constitucionales. Sin embargo, las aseveraciones de los actores son genéricas y no logran establecer un vínculo directo e inmediato con la infracción de ningún derecho fundamental. La relación con el derecho de las personas a someter sus asuntos a arbitraje, con el principio de cosa juzgada, y con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no se establece de una forma directa y clara, sino que parte de la suposición de unas determinadas consecuencias de la celebración del arbitraje y de posibles efectos sobre la generalidad de los habitantes del país. De esta forma, la protección por la vía del amparo resulta improcedente por artificial. No se alega la infracción concreta de los derechos protegidos por este medio. En consecuencia, el amparo resulta inadmisible.\n\n         III.- Adicionalmente, se efectúan alegatos de inconstitucionalidad, empero el análisis de su procedencia está indisolublemente vinculado a que este asunto, en su carácter de proceso principal, sea admisible, condición que, por las razones señaladas en el anterior considerando, no se cumplen aquí, de suerte que también ese aspecto planteado por los actores deba ser rechazado. En supuestos similares indicó la Sala:\n\n\"De otra parte y, con base en lo dicho, el recurso en estudio no sirve como medio razonable para amparar derecho fundamental alguno. De ahí que, no puede este Tribunal Constitucional dejar de advertir que, ni siquiera resulta factible proceder de conformidad con las prescripciones emanadas del ordinal 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que, para interponer una acción de inconstitucionalidad sobre la base de un recurso de amparo o de hábeas corpus, se impone la necesidad de la admisibilidad de éstos; con lo cual, en el evento que un proceso de ese tipo que resulte inadmisible - como acaece en este supuesto -, éste no sirve como medio razonable para sustentar una acción.  En razón de lo señalado, el presente recurso es inadmisible y procede su rechazo de plano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como al efecto se declara.\" (sentencia #2014-18620 de las 9:05 horas del 12 de noviembre de 2014)\n\n\"En reiteradas ocasiones, esta Sala ha señalado que si bien, un recurso de amparo o de hábeas corpus puede servir como asunto base para plantear una acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo cierto es que para que esa acción prospere éstos deben ser a su vez admisibles. En ese sentido, para que la acción pueda considerarse un medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado, es necesario que se verifique la existencia de un asunto en el que estén de por medio los derechos fundamentales de las personas y en el cual las normas impugnadas tengan una incidencia directa para la resolución del caso. De esta forma, no puede pretenderse una declaratoria de inconstitucionalidad con base en un amparo que no supera el juicio de admisibilidad, pues ello implicaría admitir por ese medio, la existencia de una acción popular, tesis que resulta abiertamente improcedente (En este sentido, entre otras, sentencias números 18304-2006, 17121-2006, 13224-2005, 10050-2004 y 11925-2003).\" (sentencia #2014-15260 de las 15:30 horas del 17 de setiembre de 2014)\n\nPor tanto:\n\n         Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Cruz Castro pone nota.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErnesto Jinesta L.\n\nPresidente a.i.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n      Fernando Cruz C.\n\n \n\n\t\n\n \n\n                 \n\n \n\n                  Fernando Castillo V.\n\n\n\n\n \n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n                      \n\n                      Nancy Hernández L.\n\n\n\n\n \n\n \n\n\t\n\n \n\n                  \n\n \n\n\n\n\n          Luis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n                      Jorge Araya G.\n\n\n\n\n \n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\n \n\n \n\n\t\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nNota del Magistrado Cruz Castro en cuanto al arbitraje.\n\n \n\nRespecto del arbitraje internacional, pese a que en este asunto no se conoce  el fondo del asunto, es pertinente que indique lo que he consignado en notas y votos particulares sobre este tema en el sentido  que, primero, no se puede interpretar constitucionalmente que el otorgamiento de un consentimiento anticipado, incondicional e irrevocable con sólo la sola suscripción del Tratado y de previo al surgimiento de cualquier diferendo entre aquél y un inversionista de un Estado parte; segundo, siempre se tiene la posibilidad de agotar, previamente, los recursos administrativos; tercero, constituye la última etapa del proceso de resolución de controversias, pues antes de esa fase, existe un procedimiento previo de consultas y negociaciones, que puede incluir mecanismos de resolución de controversias como la conciliación y la mediación; y cuarto, se trata del sometimiento a arbitraje de reclamaciones donde se hayan violado obligaciones y no de reclamos que enerven el  ejercicio de potestades públicas, materia en la que por su contenido, resulta indisponible para el Estado costarricense. En el contexto de los tratados de libre comercio, los arbitrajes obligatorios respecto de las decisiones adoptadas por alguno de los poderes del Estado, resultan inconstitucionales, según lo señalé en el voto no.2007-009469, pero esta tesis ha sido minoritaria, puesto que la mayoría del Tribunal ha considerado que tal procedimiento privilegiado, no resulta inconstitucional.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Cruz C.\n\nMagistrado\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 16:30:32.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nResolution No. 00547 - 2015\n\nResolution Date: January 14, 2015 at 10:30\n\nCase File: 14-018493-0007-CO\n\nDrafted by: Nancy Hernández López\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nText of the resolution\n\nCase File: 14-018493-0007-CO\n\nRes. No. 2015-000547\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and thirty minutes on January fourteenth, two thousand fifteen.-\n\nAmparo appeal processed under case file number 14-018493-0007-CO, filed by EDGARDO VINICIO ARAYA SIBAJA, identity card 0204830663, OTTO MENDEZ VARGAS, identity card 2311053, against the MINISTRY OF FOREIGN TRADE.\n\nWhereas:\n\n1.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 15:54 hours on November 26, 2014, the appellants state that the company Industrias Infinito S.A. attempted to develop an open-pit metallic gold mining project, called the Crucitas Mining Project (Proyecto Minero Crucitas). Following the legal action of various environmental organizations against the initiative, the Administrative Appeals Tribunal, by resolution number 4399-2010 at 10:40 hours on December 14, 2010, annulled the mining concession and the permits granted by the State to the mining transnational. The environmental viability (viabilidad ambiental) issued by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) was annulled, the company was ordered to repair the environmental damages caused, and a criminal investigation was ordered against the high-ranking officials who approved the project. The First Chamber of the Supreme Court of Justice upheld the decision, and the judgment acquired the authority and effectiveness of material res judicata (cosa juzgada material). On March 4, 2014, the Canadian company Infinito Gold filed a request for international arbitration against the Republic of Costa Rica before the International Centre for Settlement of Disputes of the World Bank (ICSID), based in Washington, United States of America. Through the international arbitration claim, the company seeks to indirectly challenge the aforementioned judicial decision, under the subterfuge that the First Chamber expropriated its investment by canceling its mining concession and ordering it to pay environmental damages. The Costa Rican State, through the Minister of Foreign Trade, indicated that it will actively participate in the arbitration process. On August 12, 2014, Brigitte Stern accepted her appointment as arbitrator for Costa Rica in the case before ICSID, which equates to the acceptance of and submission to the arbitration process. The act of the Costa Rican State in accepting its participation and submission to the international arbitration process will allow the discussion to be reopened on judicial matters concluded with the authority and effectiveness of material res judicata (cosa juzgada material) and renders illusory the obligation to repair the environmental damage caused. In the international arbitration process, the organizations that filed the administrative lawsuit have no real possibility of participating in it. It considers that the act of accepting the arbitration implies an injury to the right to legal certainty (seguridad jurídica), in the terms of Article 42 of the Constitution. The principle of equality is also violated, since no domestic corporation could resort to this mechanism. The Bilateral Investment Treaty between Costa Rica and Canada places the burden on the claimant to choose between Costa Rican jurisdiction and arbitration. It considers the provision openly contrary to the Fundamental Charter and invokes its unconstitutionality for the purposes of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional). They allege that no person can be forced to renounce submitting a dispute of interest to an arbitration tribunal, nor compelled to resort to that mechanism, as it is a right of freedom to choose the various modes of resolving a patrimonial dispute. It would be unconstitutional to understand that the State, by signing the Bilateral Investment Treaty with Canada, consented to submit this type of disputes to an arbitration panel in a generic, mandatory, unconditional, and irrevocable manner. Furthermore, the same Treaty establishes as a condition for the suitability of arbitration, that no Costa Rican court has issued a ruling on the measure that is alleged to breach the agreement, in respect of the principle of res judicata (cosa juzgada). Thus, the fact that Costa Rica accepted the arbitration violates the aforementioned principle of res judicata (cosa juzgada), the right to legal certainty (seguridad jurídica), the fundamental rights of all Costa Ricans, and national sovereignty is exposed. Any attempt to avoid compliance with what was decided by the country's jurisdictional authorities implies an infringement of the right to a healthy and ecologically balanced environment. The figure of arbitration is distorted, as its purpose is not to circumvent what was decided by the judicial authorities. They request that the actions of the Ministry of Foreign Trade, in accepting submission to international arbitration, be declared unconstitutional, and that it be ordered to proceed to withdraw the Costa Rican State from that process.\n\n2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) empowers the Chamber to reject, outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any motion submitted to its cognizance that is manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it involves the simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar motion that was rejected.\n\nDrafted by Magistrate Hernández López; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Based on the provisions established by Articles 48 of the Political Constitution; 1, 2 subsection a) and 29 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the amparo appeal has been instituted, as a summary process, solely to provide timely protection against direct infringements or imminent threats to fundamental rights and freedoms; for which reason, in general, its suitability is conditioned not only on proving the existence of a violation - or threat of violation - of one or more of the rights contemplated in the Political Charter or in international human rights instruments signed by the country, but also that the alleged grievance involves a direct and gross threat or breach of those rights, which due to its urgent nature does not allow waiting for the ordinary jurisdictional remedies to take effect.\n\nII.- In this case, the appellants state that the Costa Rican State, through the Ministry of Foreign Trade, accepted submission to international arbitration before the International Centre for Settlement of Disputes of the World Bank, which contravenes constitutional provisions. However, the assertions of the plaintiffs are generic and fail to establish a direct and immediate link to the infringement of any fundamental right. The relationship with the right of persons to submit their matters to arbitration, with the principle of res judicata (cosa juzgada), and with the right to a healthy and ecologically balanced environment, is not established in a direct and clear manner, but rather arises from the assumption of certain consequences of holding the arbitration and of possible effects on the generality of the country's inhabitants. Thus, protection through the amparo channel is improper for being artificial. No concrete infringement of the rights protected by this remedy is alleged. Consequently, the amparo appeal is inadmissible.\n\nIII.- Additionally, allegations of unconstitutionality are made, but the analysis of their suitability is inextricably linked to whether this matter, in its character as the principal proceeding, is admissible, a condition that, for the reasons set forth in the preceding considering clause, is not met here, such that this aspect raised by the plaintiffs must also be rejected. In similar cases, the Chamber has stated:\n\n\"On the other hand, and based on the foregoing, the appeal under review does not serve as a reasonable means to protect any fundamental right. Hence, this Constitutional Court cannot fail to warn that it is not even feasible to proceed in accordance with the prescriptions emanating from the first paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), since, to file an unconstitutionality claim on the basis of an amparo or habeas corpus appeal, the admissibility of these is a necessary precondition; therefore, in the event that such a proceeding is inadmissible - as occurs in this case -, it does not serve as a reasonable means to sustain a claim. By reason of the aforementioned, the present appeal is inadmissible and its outright rejection is proper, in accordance with the provisions of Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), as is hereby declared.\" (Judgment #2014-18620 at 9:05 hours on November 12, 2014)\n\n\"On repeated occasions, this Chamber has noted that although an amparo or habeas corpus appeal can serve as the base matter to bring an unconstitutionality claim in accordance with the provisions of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the truth is that for that claim to succeed, these must in turn be admissible. In this sense, for the claim to be considered a reasonable means to protect the right deemed injured, it is necessary to verify the existence of a matter in which the fundamental rights of persons are at stake and in which the challenged norms have a direct impact on the resolution of the case. Thus, a declaration of unconstitutionality cannot be sought based on an amparo appeal that does not pass the admissibility test, as this would imply admitting, through that means, the existence of a popular action, a thesis that is openly improper (In this sense, among others, judgments 18304-2006, 17121-2006, 13224-2005, 10050-2004, and 11925-2003).\" (Judgment #2014-15260 at 15:30 hours on September 17, 2014)\n\nTherefore:\n\nThe appeal is rejected outright. Magistrate Cruz Castro sets a note.\n\nErnesto Jinesta L.\nActing Presiding Magistrate\n\nFernando Cruz C.\n\nFernando Castillo V.\n\nPaul Rueda L.\n\nNancy Hernández L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nNote by Magistrate Cruz Castro regarding the arbitration.\n\nRegarding international arbitration, despite the fact that in this matter the merits of the case are not known, it is pertinent that I state what I have set forth in notes and dissenting votes on this subject, to the effect that, first, it cannot be constitutionally interpreted that the granting of an anticipated, unconditional, and irrevocable consent occurs solely with the signing of the Treaty and prior to the arising of any dispute between it and an investor of a State party; second, there is always the possibility of exhausting, first, the administrative remedies; third, it constitutes the last stage of the dispute resolution process, since before that phase, there is a prior procedure of consultations and negotiations, which may include dispute resolution mechanisms such as conciliation and mediation; and fourth, it concerns submission to arbitration of claims where obligations have been violated and not claims that undermine the exercise of public powers, a matter in which, due to its content, it is non-disposable for the Costa Rican State. In the context of free trade agreements, mandatory arbitration concerning decisions adopted by any of the branches of State power are unconstitutional, as I indicated in vote no. 2007-009469, but this thesis has been a minority one, given that the majority of the Tribunal has considered that such a privileged procedure is not unconstitutional.\n\nFernando Cruz C.\nMagistrate\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 05-09-2026 16:30:32.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }