{ "id": "nexus-sen-1-0007-708110", "citation": "Res. 06015-2017 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Recurso de amparo por acequia en propiedad privada y aguas pluviales rechazado por no demostrarse vulneración a derechos fundamentales", "title_en": "Amparo appeal regarding a ditch on private property and stormwater dismissed for failure to prove fundamental rights violation", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por Teresita Campos Bolaños contra las municipalidades de Heredia, San Rafael y Barva, y contra el CONAVI, por una acequia que atraviesa su propiedad en Heredia y que, según alega, pone en riesgo su vivienda debido al desfogue de aguas pluviales. La recurrente sostiene que las autoridades han sido omisas en solucionar el problema, lo que lesiona sus derechos a la propiedad y a un ambiente sano. Las municipalidades niegan competencia territorial y señalan que la propiedad se ubica en el cantón de Heredia, mientras que el CONAVI y la Municipalidad de Heredia argumentan que la obligación de mantenimiento del cauce natural recae en la dueña, conforme al artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos. La Sala determina que no se ha demostrado violación a derechos fundamentales, y que la controversia sobre responsabilidades y deberes de mantenimiento es un asunto de legalidad ordinaria que debe ventilarse en la vía administrativa o contencioso-administrativa, no en un proceso sumario como el amparo. Se declara sin lugar el recurso.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by Teresita Campos Bolaños against the municipalities of Heredia, San Rafael, and Barva, and against CONAVI, regarding a ditch that crosses her property in Heredia and allegedly endangers her home due to stormwater runoff. The petitioner claims that the authorities have failed to solve the problem, violating her property rights and right to a healthy environment. The municipalities deny territorial jurisdiction, noting the property is in the canton of Heredia, while CONAVI and the Municipality of Heredia argue that the obligation to maintain the natural watercourse falls on the owner, per Article 20 of the General Public Roads Law. The Chamber finds no demonstrated violation of fundamental rights, and determines that the dispute over responsibilities and maintenance duties is a matter of ordinary legality that should be addressed in administrative or contentious-administrative proceedings, not in a summary amparo process. The appeal is dismissed.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "28/04/2017", "year": "2017", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "acequia", "aguas pluviales", "inactividad administrativa", "artículo 20 Ley 5060", "cauce natural", "legalidad ordinaria" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 20", "law": "Ley 5060" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "Sala Constitucional", "acequia", "aguas pluviales", "propiedad privada", "derecho a la propiedad", "ambiente sano", "inactividad administrativa", "Ley General de Caminos Públicos", "CONAVI", "municipalidades" ], "keywords_en": [ "amparo appeal", "Constitutional Chamber", "ditch", "stormwater runoff", "private property", "property rights", "healthy environment", "administrative inaction", "General Public Roads Law", "CONAVI", "municipalities" ], "excerpt_es": "V.- ... Ante tal panorama, y dado que, de la prueba aportada al expediente no existe ningún reclamo por parte de la recurrente o algún vecino ante el CONAVI, en relación con el mantenimiento a las alcantarillas en la ruta nacional señalada y dado que la solución integral del problema planteado por la recurrente exige dilucidar previamente una serie de situaciones que afectan derechos y situaciones jurídicas de índole infraconstitucional, es que estima esta Sala que el recurso debe ser declarado sin lugar. (...) De manera que, determinar si las obras hechas por la Municipalidad de Heredia desde el año 2004 para dar una solución al problema no fueron realizadas en forma óptima, o bien determinar las acciones legales que proceden ante el conflicto existente sobre la naturaleza del terreno donde está la acequia y pasan las aguas, así como la determinación de la procedencia de la responsabilidad de tal o cual ente público, por haber permitido construcciones que agravan el problema del correr de las aguas o porque es en su jurisdicción que está ubicada la propiedad donde pasa la acequia, todos son extremos que no pueden ser dilucidados en un recurso de naturaleza sumaria como el amparo.", "excerpt_en": "V.- ... In view of this situation, and given that, from the evidence in the record, there is no complaint by the petitioner or any neighbor before CONAVI regarding the maintenance of the culverts on the mentioned national route, and that the comprehensive solution to the problem raised by the petitioner requires first clarifying a series of situations that affect rights and legal situations of an infra-constitutional nature, this Chamber considers that the appeal must be dismissed. (...) Thus, determining whether the works carried out by the Municipality of Heredia since 2004 to solve the problem were not optimally executed, or determining the appropriate legal actions given the existing conflict over the nature of the land where the ditch and water flow, as well as determining the attribution of liability to one public entity or another, for having allowed constructions that worsen the water flow problem or because the property where the ditch passes is within its jurisdiction, are all issues that cannot be resolved in a summary proceeding such as amparo.", "outcome": { "label_en": "Dismissed", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Constitutional Chamber dismissed the amparo appeal, finding no demonstrated violation of fundamental rights and that the dispute involves matters of ordinary legality.", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo por considerar que no se demostró vulneración a derechos fundamentales y que la discusión corresponde a asuntos de legalidad ordinaria." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "determining whether the works carried out by the Municipality of Heredia since 2004 to solve the problem were not optimally executed, or determining the appropriate legal actions regarding the existing conflict over the nature of the land where the ditch and water flow [...] are all issues that cannot be resolved in a summary proceeding such as amparo.", "quote_es": "determinar si las obras hechas por la Municipalidad de Heredia desde el año 2004 para dar una solución al problema no fueron realizadas en forma óptima, o bien determinar las acciones legales que proceden ante el conflicto existente sobre la naturaleza del terreno donde está la acequia y pasan las aguas [...] todos son extremos que no pueden ser dilucidados en un recurso de naturaleza sumaria como el amparo." }, { "context": "Artículo 20 Ley 5060 citado en considerandos", "quote_en": "All possessors of real estate, by any title, are obliged to receive and let flow through their lands the waters from the roads when so determined by the slope of the land, and when their properties are adjacent to road drains they must keep those drains clean, in perfect working condition and free of obstructions.", "quote_es": "Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino deberán mantener esos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-38653", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 5060 Art. 20" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-708110", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 06015 - 2017\n\nFecha de la Resolución: 28 de Abril del 2017 a las 09:45\n\nExpediente: 17-002322-0007-CO\n\nRedactado por: No indica redactor\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*170023220007CO*\n\nExp: 17-002322-0007-CO\n\nRes. Nº 2017006015\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de abril de dos mil diecisiete .\n\n                 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 17-00 -0007-CO, interpuesto por TERESITA CAMPOS BOLAÑOS, cédula de identidad 0400640935, contra las MUNICIPALIDADES DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, BARVA DE HEREDIA y HEREDIA ampliado por esta Sala contra el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 17de febrero de 2017,la recurrente interpone recurso de amparo contra las MUNICIPALIDADES DE HEREDIA, SAN RAFAEL Y BARVA,TODAS  DE HEREDIA y CONAVI y manifiesta que por su propiedad pasa una acequia, la cual, desde que compró el terreno, pidió a la Municipalidad de Heredia que la desviara. Indica que se comprometieron a hacerlo (sic), pero, solo le han hecho arreglos en 3 oportunidades y, luego, se vuelve a dañar. Manifiesta que, en la última carta que le enviaron, decía que según el MINAET, no son aguas públicas, sino, residuales y pluviales. Agrega que la Municipalidad de Barva alega no tener dinero y la de San Rafael, que no le corresponde arreglar el problema, a pesar de que muchas de las aguas que ahí desembocan, corresponden a obras autorizadas por estos dos entes. Narra que, de igual forma, la Municipalidad de Heredia manifestó que la obra no es de su competencia, no obstante tener el dinero y la maquinaria para hacer los trabajos, en coordinación con las otras dos municipalidades. Indica que en la Municipalidad de Barva le manifestaron que, por ser ruta nacional, podría pedir al CONAVI que bloquee el paso por debajo de la carretera. Alega que su casa está a punto de perder un  muro que la separa de la acequia, siendo un peligro para quienes habitan en el lugar, amén de que perdería su patrimonio, toda vez que, ha hecho algunas reparaciones para evitar que se lleve parte de la casa, pues, el cauce ocupa la mitad de su propiedad y, mientras tanto, las autoridades recurridas no hacen nada para solventar la situación.\n\n2.- La resolución de las15:55 horas del20 de febrero  de 2017,  que da curso a este amparo fue debidamente notificada a las autoridades recurridas el  21 de febrero de 2017.\n\n3-. Informa bajo juramento Claudio Manuel Segura Sánchez, en su calidad  de Alcalde de la Municipalidad de Barva de Heredia que según lo confirman informes de los departamentos de Ingeniería, Obras Civiles y de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Junta Vial Cantonal, la propiedad de la recurrente no se encuentra en territorio competencia de esa municipalidad. La propia recurrente Campos reconoce que no tiene propiedades en ese cantón. La propiedad supuestamente afectada se encuentra en el cantón de Heredia, Mercedes Norte sobre la margen de la ruta nacional 126 que por ley, su administración le corresponde al CONAVI, por tanto cualquier reclamo sobre su estado, su mantenimiento, el estado de la superficie de rodaje, los puentes y desfogues pluviales debe dirigirse al CONAVI y a la Municipalidad de Heredia, que es donde se encuentra la vivienda de la recurrente, municipio que debe actuar bajo el deber de coordinación con el CONAVI. La Municipalidad de Barva, como municipalidad sin competencia territorial no puede disponer de sus fondos ni facultades para actuar en propiedad privada. Por tanto, los defectos que presente la ruta nacional y sus desfogues pluviales, son responsabilidad del CONAVI y en este caso de la Municipalidad de Heredia. Rechaza la aseveración de la recurrente al decir que ha realizado gestiones ante esta Municipalidad.  La recurrente, conforme lo indican los informes aportados como prueba, no ha presentado queja alguna, ni en la Alcaldía Municipal, ni en el Departamento de Ingeniería, ni ante la Junta Vial Cantonal, ni en el Concejo Municipal de Barva se han presentado gestiones formales sobre los asuntos aquí reclamados. Insiste que en esa Municipalidad no han tenido noticia formal de sus quejas, ni queja  directa de la recurrente. En la Municipalidad de Barva no existe ningún expediente abierto por denuncias de la recurrente sobre las supuestas inundaciones. Reitera que desde que la recurrente adquirió su propiedad la zanja o desfogue pluvial ya existía, por lo que ella debió estar enterada de su obligación de aceptar la existencia de la misma. Dicho desfogue como ella misma declara, encausa aguas provenientes de la calle pública desde tiempos inmemoriales. Añade que la denuncia que dio origen al presente recurso encuentra su origen en hechos que datan desde el año 2003. El problema básico que se detectó durante todo el proceso es de aguas pluviales provenientes de la calle pública.  La Municipalidad de Heredia fue, como corresponde territorialmente, la que atendió la denuncia e hizo lo necesario para solventar el problema, conflicto que por competencia territorial le correspondía al estar la vivienda de la recurrente ubicada en su territorio.  Dice que si bien es cierto en la propiedad de la denunciante transcurre un paso de aguas, se trata de cauces naturales que existen desde fechas lejanas, incluso desde antes de que se construyeran las viviendas, hace unos 50 años e incluso la propietaria ha manifestado que el cauce existe desde que compró la propiedad, por lo que se está en presencia de la constitución de servidumbre de aguas de hecho, que la propietaria debe respetar y tolerar. Dicho cauce de agua por ser natural y existir desde hace varias décadas, debe respetarse inclusive debería tener un área de protección sobre la cual no deberían de edificarse construcciones. En cuanto a las pruebas aportadas por la tutelada, ninguna demuestra los supuestos daños aludidos. No se aporta pruebas que corroboren la versión de daños a casa, mejoras realizadas, ni niveles de agua, solamente informes que datan desde hace muchos años y carecen de actualidad. La Municipalidad de Barva al carecer de autoridad sobre el territorio en que se edificó la vivienda no puede realizar ni presentar ningún tipo de informe. La recurrente no aporta ninguna prueba de que haya acudido a la Municipalidad de Barva a presentar alguna queja o a notificar alguna situación. Sobre la presentación del expediente administrativo, esa Municipalidad se encuentra imposibilitada de presentarlo ya que el mismo no existe, esto porque como ya indicó la recurrente no ha realizado ninguna gestión en ese municipio.Tomando en consideración lo manifestado sobre las obligaciones de los administrados propietarios de terrenos aledaños a caminos públicos dice que corresponde a la Municipalidad de Heredia, como ente con competencia territorial, vigilar que sus contribuyentes cumplan con sus obligaciones, en este caso las obligaciones que tiene la recurrente respecto a las aguas que diluyen de la ruta 126. Pide se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Informa bajo juramento Verny Valerio Hernández, en su condición  de Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia que, según el escrito de presentación del recurso, la recurrente es vecina del Cantón Central Heredia. No obstante no indica mayor dirección o localización a fin de determinar donde vive con exactitud. El número de cédula que indica la recurrente en el recurso pertenece a otra persona (adjunta informe del TSE). Por otra parte se realizó un estudio en el Tribunal Supremo de Elecciones del nombre de la recurrente y aparecen tres personas con el mismo nombre pero ninguna coincide con el número de cédula indicado. Según el estudio anterior, con el nombre de la recurrente solo hay una persona que es vecina del cantón de Barva y registra propiedades en el Heredia en el Distrito Mercedes, por lo que rechaza que la Municipalidad de San Rafael de Heredia deba responder por acciones u omisiones de otros cantones. La poca claridad en cuanto a la ubicación del inmueble impide conocer a cual informe de acequias se refiere la recurrente. En ese orden de ideas tampoco se puede ejercer acciones dentro de sus competencias a fin de resolver el problema de la recurrente, ya que no se tiene certeza del lugar donde está, a fin de conocer cuál es el problema y encontrar posibles soluciones u acciones.En todo caso, del libelo de presentación se deduce que no es vecina de ese Cantón y que aparentemente se encuentra en una ruta nacional administrada por CONAVI. Lo cierto es que los propietarios de terrenos donde transiten escorrentías de quebradas y acequias -según la Ley de Caminos- están en la obligación de soportar estas aguas. De ahí que se rechace el argumento que las aguas que por ahí pasan son de San Rafael y que por ende le corresponde a esa Municipalidad resolver el asunto. Concluye que las municipalidades no pueden avocarse la competencia del Estado en materia de  mantenimiento  y conservación de la Red Vial Nacional por lo que no pueden realizar reparaciones en la Red Vial Nacional no autorizadas por el Estado. Si la recurrente se encuentra en una ruta nacional corresponde al CONAVI las posibles soluciones independientemente a cual Municipalidad pertenezca la recurrente. Por otra parte, si la Municipalidad de Heredia ya ha ejecutado acciones correctivas, todo indica que la atención primaria del asunto la está realizando esa entidad por lo que deja ver que esa autoridad asumió el problema reconociendo su jurisdicción en el asunto. Pide se declare sin lugar el recurso.\n\n5. Informa bajo juramento Carlos Solís Murillo en su  condición de Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, que la propiedad de la recurrente se ubica sobre la Ruta Nacional No.126. de la Provincia de Heredia. De conformidad con la inspección realizada en la zona, en la propiedad de la recurrente pasa una acequia. Se desconoce de las solicitudes que ha hecho la recurrente a los diferentes gobiernos locales ni la respuesta que los mismos dieran a esas supuestas solicitudes. Se desconoce también sobre lo que supuestamente indicó el MINAET. Es importante hacer notar que la recurrente reconoce que desde que compró la propiedad la acequia pasa por ese lugar. Todas las acciones referidas en el segundo hecho, son propias de la supuesta interacción de la señora Campos Bolaños y las municipalidades de Barva y San Rafael. No existe en los registros de ese Consejo, solicitud de la señora Campos Bolaños en ese sentido, de todos modos,  de conformidad con la prueba ofrecida tanto por la Municipalidad o por la recurrente, no se puede determinar que exista un estudio técnico que respalde tal afirmación, por lo que se rechaza. Siendo que lo indicado por la recurrente obedece a la interacción entre ésta y la Municipalidad de Heredia, se rechaza por escapar de las competencias de este Consejo. No obstante, de la documentación aportada por la Municipalidad de Heredia se logra determinar que en efecto, dicho gobierno local ha realizado múltiples gestiones con el propósito de resolver la problemática vecinal. Incluso compró la propiedad con Folio Real N° 114163-000, misma que se ubica cerca de la propiedad de la recurrente. Este Consejo no está en la capacidad de determinar el estado de la casa de habitación de  la recurrente sobre todo tratándose la misma de una edificación privada, por lo que se rechaza el dicho de la señora Campos Bolaños. Se desconoce sobre las supuestas reparaciones que realizara por su cuenta para evitar que la problemática descrita dañe su casa. Destaca que la recurrente claramente delimita su gestión contra dichas autoridades siendo que la participación de ese Consejo en el presente proceso, en apariencia obedece únicamente al supuesto dicho de una de las municipalidades a las que acudió la recurrente, siendo necesario aclarar que el hecho que la propiedad de la recurrente colinde con una ruta nacional no convierte automáticamente a ese Concejo en responsable de todas las problemáticas sociales, ambientales, de salud o seguridad que aquejen a la señora Campos Bolaños, y es una obligación de la recurrente el recibir y dejar discurrir dentro de su propiedad las aguas de los caminos en razón del desnivel del terreno, así como mantener los desagües limpios y en perfecto estado de servicio, libres de obstáculos, por lo que categóricamente se reitera que la supuesta \"solución\", ofrecida por la Municipalidad de Barva, en cuanto a que este Consejo bloquee el paso por debajo de la carretera no es de recibo. El presente informe responde a la solicitud de la Sala con el propósito de atender la denuncia por la supuesta inactividad de un grupo de municipalidades de Heredia en relación con una aparente problemática en el manejo de las aguas pluviales por parte de dichos entes municipales , desconociendo con certeza este Consejo a qué gobierno local, corresponde la atención de la problemática de la señora Campos Bolaños. Sobre el particular y pese a que la problemática expuesta tanto por la recurrente como por parte de los entes municipales, es ajena a las competencias de este Consejo, de conformidad con lo solicitado por la Sala, se procedió a realizar una visita técnica al sitio obteniendo la información que se detalla a continuación. La propiedad de la recurrente queda al frente de la Ruta Nacional No.126 y colinda con una salida de agua pluvial (tubería de 80 cm de diámetro) la cual colecta aguas pluviales de una ruta cantonal y aguas de la ruta nacional. Se observa como la propiedad de la señora Campos se encuentra colindante con el cuerpo de agua existente. Del mismo modo se logra apreciar algunos trabajos realizados por la municipalidad dentro de la propiedad privada, con cierto grado de deterioro. Tal es el caso de los gaviones que a la fecha están deformados perdiendo su función de contención. A pesar de los trabajos realizados por la municipalidad, existe aún una problemática en materia de canalización de aguas provenientes de rutas cantonales, las cuales llegan dentro de la propiedad privada en mención y sobre la ruta nacional aumentando la cantidad de agua que cae sobre la alcantarilla de 80 cm que recolecta la acequia. Se aclara que cualquier trabajo que se deba realizar en la propiedad de la recurrente, la que es evidentemente propiedad privada, está fuera de las competencias del CONAVI. Gran parte del agua pluvial que desemboca en dicha tubería proviene de la ruta cantonal que interseca con la ruta nacional n°126. En el momento de realizar la inspección, los vecinos manifestaron que la ruta cantonal presenta desbordamientos constantes. La propiedad de la recurrente justamente se encuentra en la salida de la ruta cantonal como así también se ilustra de la documentación presentada por la Municipalidad de Heredia. Es importante destacar que el Administrador Vial de la zona, al realizar la inspección conversó con el señor Alonso Arce, propietario colindante con el cuerpo de agua del lado norte, el cual indicó que su propiedad también se ha visto dañada por las aguas. Bajo estas consideraciones, se razona que la responsabilidad del CONAVI corresponde exclusivamente a las necesidades de la Ruta Nacional, siendo responsabilidad de los dueños de propiedades privadas el velar por el mantenimiento de los sistemas de canalización de aguas en sus propiedades, como lo es en este caso, la existencia de una acequia provocada en razón de la inclinación del terreno. Dice que  en el escrito de respuesta de la Municipalidad de Heredia, esta reconoce la existencia de una Depresión Natural, como así titula la figura que adjunta a su informe. Tal como se indica en el artículo 20 de la Ley N°5060, Ley General de Caminos Públicos, el propietario del inmueble tiene la obligación de recibir y discurrir dentro de los predios las aguas de los caminos cuando así lo determinen las condiciones de los terrenos\". Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predio, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos..\". Añade que la responsabilidad de velar porque los propietarios efectúen los trabajos y los sistemas de canalización dentro de las propiedades privadas es de competencia exclusiva de los municipios, siendo que la Ley N°5060 \"Ley General de Caminos\" estipula en el ante la omisión en la ejecución de estas obras de mantenimiento por parte de los propietarios, se encuentra dentro de las competencias municipales el ejecutar el trabajo y cobrar el mismo más el cincuenta por ciento (50%) de recargo. Que la Ley General de Caminos Públicos establece muy claramente los deberes de los administrados 'poseedores de bienes raíces\". En efecto, se dispone en los artículos 20 y 21 \"Artículo 20.- Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino deberán mantener esos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos. El Ministerio o las Municipalidades mandaran a ejecutar el trabajo y cobrarán el trabajo más el cincuenta por ciento (50%) de recargo, si esta obligación no se cumpliere. El Ministerio de Obras públicas y Transportes y las Municipalidades deberán coordinar con el Ministerio de Agricultura las medidas de protección de los caminos en los proyectos de nuevos trazados o en los trabajos de conservación de los existentes, en las regiones donde los mismos puedan provocar o intensificar la erosión o desviar el desagüe natural de los campos. Se trata de ejemplos típicos de ejercicio de la Potestad de Policía Administrativa que se justifican precisamente por la naturaleza de las situaciones que se plantean como de atención inmediata Agrega que en la Ley General de Caminos Públicos el cumplimiento de los deberes de los administrados no se encuentra sujeto a intimaciones previas. Los deberes de los administrados 'poseedores de bienes raíces, por cualquier titulo\" son de cumplimiento inmediato y permanente, con independencia de la labor de inspección y vigilancia que haga la Administración. Pide se declare sin lugar el recurso.\n\n6.- Informa bajo juramento José Manuel Ulate Avendaño, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad del Cantón Central de Heredia que según indica la Directora de Inversión Pública de esa Municipalidad el inmueble de la tutelada corresponde a la finca folio real número 4-46885-000, de la que adjunta plano catastrado. Señala que    tal propiedad cuenta con una anotación que corresponde a la existencia de una acequia que da paso de aguas residuales y pluviales, que se genera por la escorrentía de aguas que provienen de los cantones de Barva y San Rafael y que además incide en la problemática la ruta nacional 126. Indica que la ruta nacional 126 que colinda con la propiedad de la tutelada está en un sector donde se acumula la escorrentía que transita por esa ruta, que no posee adecuados mecanismos de canalización del agua que capta y que estarían afectando la propiedad de la señora Campos. Agrega que la escorrentía superficial generada en los Cantones de Barva y de San Rafael son canalizados por topografía a la depresión natural. La escorrentía que se genera en el Cantón de Heredia es nula o mínima, con relación a la propiedad de la recurrente pues el mayor caudal proviene de cantones vecinos y del agua que trae por el sector de la ruta nacional 126. En el año 2004 la Municipalidad de Heredia inició gestiones para expropiar un terreno cerca del inmueble de la tutelada, que adquirió en el 2007,  lo que ayudó a solucionar el problema que enfrentaban los vecinos ubicados al final de la acequia que pasa por la propiedad de la tutelada, pues antes se inundaban las viviendas que se ubicaban en ese sector, producto de la alta escorrentía superficial que pasa por la ruta nacional 126, sector que al parecer no tenía un adecuado sistema de alcantarillado pluvial sobre la ruta nacional, haciendo que las aguas cayeran sobre los puntos más bajo en el que estaban los vecinos de barrio Deyma. Muestra fotografías en las que describe falta de cordón y caño y tragantes obstruidos sobre la ruta nacional 126 que colinda con la propiedad de la tutelada. Otras fotografías  de las que dice las parillas no absorben la totalidad de la escorrentía pluvial y no cuentan con los elementos necesarios para una correcta conducción de las aguas pluviales que escurren sobre esa área hacia el alcantarillado pluvial. Señala que la problemática de la ruta nacional 126 repercute en la propiedad de la tutelada, que colinda con la ruta nacional, que divide los tres cantones. Hace énfasis en que la problemática no se genera por las aguas que vierte el cantón de Heredia, sino que las aguas con mayor caudal que puedan estar afectando a la amparada corresponde a los cantones de San Rafael y Barva. Agrega que el cauce de agua no sería de dominio público y así lo advierte el MINAET en el oficio número INM-DA-4030-2008, situación que impide al municipio invertir fondos públicos en dicha área privada. El municipio intervino el sector a partir del final de la acequia que, nace en el cantón de San Rafael captando aguas de esa comunidad y de Barva, que desfogan en la zona donde se localiza la propiedad de la señora Campos Bolaños. Con la adquisición del terreno que realizó la Municipalidad se efectuaron una serie de mejoras en el sistema de alcantarillado pluvial, se colocó tubería de mayor capacidad, así como cajas de registro pluvial y muros para efectos de encauzar las aguas pluviales que provienen de la acequia, esto con el fin de encauzar las aguas hacia el sistema pluvial existente en la Urbanización Villa María (hacia el oeste del área pública expropiada). Manifiesta que los trabajos que realizó el Municipio en la zona finalizaron en el año 2007. Por oficio LFML-063-2007, se informó a esa Alcaldía que las obras realizadas fueron exitosas ya que no se volvieron a presentar inundaciones en ese sector, situación que al día de hoy se mantiene, en el sentido de que no se han reportado denuncias por inundaciones en ese sector, según lo expone la Directora de Inversión Pública en el informe que adjunta. Reitera  que la Municipalidad de Heredia realizó las obras requeridas para resolver el problema de agua que se presentaba a  los vecinos afectados por inundaciones. Ahora, el canal que atraviesa la propiedad de la recurrente no es de dominio público y la Municipalidad está impedida de intervenir fondos públicos en ese sector. Las aguas que desembocan en el inicio de la acequia (propiedad de la recurrente) provienen de la escorrentía que se genera sobre la Ruta Nacional 126 y las que se generan en los cantones de Barva y San Rafael. Aclara que no existe aporte de escorrentía pluvial del cantón de Heredia. Aporta fotografías (5 y 6) de las que indica es evidente  la carencia de infraestructura pluvial, solamente están un canal natural, paralelo a la propiedad de la señora Campos, que es por donde escurren las aguas de la escorrentía pluvial y son encauzadas hacia la acequia contiguo al costado norte de su propiedad. Comenta que por disposición de la Ley General de Caminos Públicos N 5060, la red vial nacional es administrada por dicha entidad estatal y sería la llamada igualmente a canalizar adecuadamente las aguas que están transcurriendo por esa zona. Pide se declare sin lugar el recurso.\n\n7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n                 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Cuestión Preliminar. En cuanto a la advertencia que hace a esta Sala el Alcalde de la Municipalidad de Barva en su informe, al afirmar que no coincide el nombre de la recurrente Teresita Campos Bolaños con el número de cédula que se indica, conviene señalar que en el informe de la Municipalidad de Heredia este señala que la recurrente es vecina del lugar y se refiere al plano catastrado de su propiedad, el que aporta. Así las cosas, lo argumentado por la autoridad de Barva recurrida no es un obstáculo insuperable para este tribunal, toda vez que el Alcalde de Heredia, donde está la propiedad a que se refiere la tutelada, la reconoce y acredita lo contrario pues identifica a la tutelada como propietaria del inmueble que habita. Consecuente con lo anterior procede analizar el fondo del asunto, lo que en efecto se hace.\n\nII- Objeto del recurso           La recurrente demanda la tutela de su derecho de propiedad, pues, según sostiene,  las consecuencias que genera el desfogue de las aguas pluviales por una acequia que atraviesa su propiedad persiste y ponen en riesgo su propiedad, ante la inercia de las distintas autoridades recurridas.  No reclama la  omisión de respuesta por parte de las instituciones públicas, sino  que no han resuelto el problema ambiental y de salud acusado, lo que considera lesiona su derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.-\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na.      La propiedad de la recurrente queda al frente de la Ruta Nacional No.126 y colinda con una salida de agua pluvial (tubería de 80 cm de diámetro) la cual colecta aguas pluviales de una ruta cantonal y aguas de la ruta nacional.Se observa como la propiedad de la señora Campos se encuentra colindante con el cuerpo de agua existente (informe de autoridad recurrida).\n\nb.     La Municipalidad de Heredia ha realizado algunos trabajos dentro de la propiedad privada.Tal es el caso de la instalación de  gaviones que a la fecha están deformados perdiendo su función de contención(informe de autoridad recurrida).\n\nc.     En la propiedad que describe la tutelada, persiste un problema de  canalización de aguas provenientes de rutas cantonales, las cuales llegan a la propiedad privada en mención y discurren sobre la ruta nacional aumentando la cantidad de agua que cae sobre la alcantarilla de 80 cm que recolecta la acequia(informe de autoridad recurrida).\n\nd.     A nombre de la tutelada no se ha planteado queja alguna, ni ante la Alcaldía Municipal, ni ante el Departamento de Ingeniería, ni ante la Junta Vial Cantonal, ni ante el Concejo Municipal todos de la Municipalidad de Barva (informe de autoridad recurrida).\n\nIV.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:\n\na.  Que la recurrente haya planteado alguna gestión ante el CONAVI para que bloquee el paso del agua por debajo de la carretera sobre la ruta nacional N 126 o cualquier gestión en sentido similar.\n\nb. Que la tutelada  haya presentado alguna queja ante las Municipalidades de Heredia, San Rafael y  Barva de Heredia sobre los asuntos aquí reclamados.\n\nV.- De las actuaciones de las Municipalidades recurridas. En este asunto tres son las municipalidades de la Provincia de Heredia que reclama la tutelada nada han hecho para dar solución a una propiedad que, desde que la adquirió, presenta el problema de una acequia que la atraviesa y el desfogue de agua que dice se genera pone en peligro su propiedad, sin que a la fecha ninguna haya adoptado las medidas correctivas que corresponden. En sus respectivos informes, las autoridades cantonales coinciden en que la propiedad está ubicada en el Cantón de Heredia, que es la que en algún momento tomó algunas medidas para dar una solución al problema que aqueja a la recurrente y a sus vecinos. No obstante, el Alcalde de la Municipalidad de Alajuela en su informe afirma a esta Sala que la propiedad donde se encuentra la acequia es privada lo que hace que no tenga competencia para corregir el defecto, si lo hubiere y de toda suerte, de existir un problema y deber de dar una solución, el asunto debe ser asumido por las Municipalidades de donde viene el agua que provoca las escorrentías (de Barva y de San Rafael de Heredia),así como por el CONAVI,debido al desfogue de las aguas sobre una ruta nacional. En sentido similar las Municipalidades de San Rafael y Barva, ambas de la Provincia de Heredia niegan que puedan hacer nada para solventar el problema que aqueja a la vecina del Cantón de Heredia,pues además de que no existe y no ha existido en sus archivos ninguna queja que esté pendiente de resolución a nombre de la tutelada, es  la Municipalidad de Heredia la que debe dar una solución al problema pues la propiedad se encuentra en esa jurisdicción. Además, señala el Alcalde de la Municipalidad de Barva que es el CONAVI el responsable de dar una solución que atienda la queja de la recurrente por cuanto la propiedad queda al frente de la Ruta Nacional No.126 y es ahí donde terminan las aguas. En el informe del Director de COSEVI, así como del Alcalde de la Municipalidad de Heredia advierten que  es obligación de los dueños de las propiedades privadas llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y conservación de la quebrada porque es un  cauce natural, lo que, además, está preceptuado en el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos. Siendo que, en consecuencia, corresponde a la gestionante construir las obras necesarias para que las aguas discurran con fluidez y lleguen sin problema alguno a la cuneta que se encuentra en la ruta nacional, cuneta cuyo mantenimiento es competencia de CONAVI.Ante tal panorama, y dado que, de la prueba aportada al expediente no existe ningún reclamo por parte de la recurrente o algún vecino ante el CONAVI,en relación con el mantenimiento a las alcantarillas en la ruta nacional señalada y dado que  la solución integral del problema planteado por la recurrente exige dilucidar previamente una serie de situaciones que afectan derechos y situaciones jurídicas de índole infraconstitucional, es que estima esta Sala que el recurso debe ser declarado sin lugar.  En efecto, del estudio del expediente se extrae que la Municipalidad de Heredia en el pasado sí ha llevado a cabo obras para mitigar el problema de desbordamiento de aguas pluviales que caen en la propiedad de la tutelada, donde ocurren los desbordamientos. Por otra parte, el Alcalde de Heredia indicó en su informe que no hay prueba de la que se desprenda que se ha puesto en  riesgo la integridad física de las personas o la propiedad que describe la tutelada. Aspecto con el que coincide y reafirma el Alcalde de Barva de Heredia,según el cual no existe prueba de la que se pueda extraer el peligro o los daños que describe la tutelada. El Alcalde de Heredia y el Director del CONAVI añaden además, que la naturaleza de la propiedad donde se genera el problema por el exceso de agua, es privada, existía tiempo antes de haberse construido y la recurrente tiene y ha tenido pleno conocimiento de ello.  De  manera que, determinar si las obras hechas por la Municipalidad de Heredia desde el año 2004 para dar una solución al problema no fueron realizadas en forma óptima, o bien determinar las acciones legales que proceden ante el conflicto existente sobre la naturaleza del terreno donde está la acequia y pasan las aguas,así como la determinación de la procedencia de la responsabilidad de tal o cual ente público, por haber permitido construcciones que agravan el problema del correr de las aguas o porque es en su jurisdicción que está ubicada la propiedad donde pasa la acequia, todos son extremos que no pueden ser dilucidados en un recurso de naturaleza sumaria como el amparo. En consecuencia, deberá acudir la recurrente ante las autoridades recurridas a plantear su disconformidad, o en su caso, a la vía jurisdiccional ordinaria.\n\nVI.- De la actuación del CONAVI . En cuanto al Consejo Nacional de Vialidad, al que las Municipalidades de Barva de Heredia y de Heredia endilgan responsabilidad por los problemas descritos de el agua que desfogan de la propiedad de la tutelada a la ruta nacional, su Director señala que no existe denuncia o queja alguna acerca de los problemas que se plantean en este recurso,  por lo que su representada no tiene conocimiento de esos hechos. Rechaza de toda suerte, que sea su competencia dar una solución al eventual problema, pues el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos dispone la obligatoriedad de recibir y discurrir dentro de los predios las aguas de los caminos cuando así lo determinen las condiciones de los terrenos, siendo esta la condición existente en el punto de interés, que es un cauce natural, así como brindarles a dichos sistemas de canalización el debido mantenimiento de desfogue. Dicha norma dispone además  que la responsabilidad de velar porque los propietarios efectúen los trabajos a los sistemas de canalización dentro de las propiedades privadas es de competencia exclusiva de los municipios, y la misma norma  estipula que ante la omisión en la ejecución de estas obras de mantenimiento por parte de los propietarios, se encuentra dentro de las competencias municipales el ejecutar el trabajo y cobrar el mismo más el cincuenta por ciento (50%) de recargo. Así las cosas, en el mismo sentido indicado en el Considerando anterior, al no tenerse claro y no desprenderse la naturaleza del cauce donde se genera el problema de las aguas, lo planteado excede la naturaleza sumaria de este recurso que debe ser desestimado también con respecto al Consejo Nacional de Vialidad. \n\nVII CONCLUSIÓN. De los diferentes informes dados a esta Sala en este asunto, el Alcalde de la Municipalidad de Heredia y el Director del CONAVI coinciden  que es obligación de los dueños de las propiedades llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y conservación de la quebrada que atraviesa la propiedad de la tutelada porque es un cauce natural, lo que, además, está preceptuado en el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos. Además existe duda en cuanto a una eventual responsabilidad de la Administración en el origen de los hechos denunciados, determinación que  iría en contra del carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar con carácter declarativo si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso. Bajo esa tesitura, no corresponde a este Tribunal Constitucional dilucidar el punto, a saber: la solución de los inconvenientes ocasionados con el discurrir normal de las aguas pluviales que fluyen por la propiedad de la amparada y sus vecinos, extremo que debe ser resuelto, sea, en la vía administrativa o bien, en la sede jurisdiccional contencioso – administrativa, por tratarse de un tema de legalidad ordinaria. Asimismo, niegan las autoridades recurridas en sus respectivos informes, los riesgos a la propiedad y salud de las personas que describe la recurrente en el escrito de interposición. De lo dicho, por considerarse que con los hechos denunciados no se ha demostrado ninguna vulneración a normas o derechos fundamentales en perjuicio de la recurrente, lo procedente es desestimar el amparo, como en efecto se ordena.\n\n          VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO . El suscrito Magistrado aclara que en aquellos asuntos relacionados con la reparación o construcción de diversas obras de infraestructura, salva el voto al estimar que la inactividad administrativa constituye una discusión propia de ser planteada ante la jurisdicción ordinaria. Lo anterior, excepto que exista de por medio la infracción a otros derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la propiedad privada y la vivienda o bien, la tutela a grupos en desventaja. En el sub lite, al estar de por medio la protección de la vivienda de la recurrente, se estima procedente conocer el fondo del amparo. Desde esa perspectiva, es una excepción a la regla en esta materia.\n\n                IX. NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. He coincidido con la posición sustentada por el Magistrado Jinesta Lobo en esta materia, por lo que considero, en tesis de principio, que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que se acusan problemas de inundaciones por aguas pluviales, producto de unos trabajos realizados por la municipalidad recurrida para entubar esas aguas, lo que afecta la vivienda de la recurrente y su familia, así como las de otros vecinos del lugar, con peligro y daños para sus bienes.\n\n                 X.-X.-NOTA SEPARADA  DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ . He venido salvado el voto en aquellos casos que se trate de corregir por medio del recurso de amparo la simple  inactividad de la administración, en obras de infraestructura tales como aceras, puentes, lastreado de calles, alcantarillas, alcantarillado pluvial entre otras, con el argumento de que pueden ser discutidos en la vía de legalidad ordinaria, considerando que la Sala no es, ni  debe constituirse, en una instancia única u omnipresente que demerite las otras vías de tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador al efecto. He aclarado sin embargo que sí estimo como tutelables en esta vía casos de inactividad de la administración en los temas señalados  si con ella se produce afectación directa al ejercicio de derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal. Tal es el caso de este recurso en donde se tiene por demostrada la falta de ejecución de las obras e infraestructura que se encuentran pendientes por parte de la administración recurrida para darle un adecuado manejo a las aguas pluviales que discurren por terrenos privados y se afirma la existencia de una afectación grave e intensa al disfrute de su derecho fundamental a propiedad privada y la amenaza eventual a su integridad personal. Por ello he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas según se indica en el escrito de interposición.\n\n                XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n         Se declara SIN LUGAR el recurso.  Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado ponen nota. La Magistrada Hernández López pone nota.\n\n \n\n \n\n\t\n\nErnesto Jinesta L.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Paulino Hernández G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nYerma Campos C.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*SYJ47847FJK47S61*\n\n SYJ47847FJK47S61\n\nEXPEDIENTE N° 17-002322-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:42:04.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "*170023220007CO*\n\nCase File: 17-002322-0007-CO\n\nRes. No. 2017006015\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine forty-five in the morning on the twenty-eighth of April two thousand seventeen.\n\nAn amparo appeal processed in case file number 17-00-0007-CO, filed by TERESITA CAMPOS BOLAÑOS, identity card number 0400640935, against the MUNICIPALITIES OF SAN RAFAEL DE HEREDIA, BARVA DE HEREDIA, and HEREDIA, expanded by this Chamber against the CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).\n\nWhereas:\n\n1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber on February 17, 2017, the appellant files an amparo appeal against the MUNICIPALITIES OF HEREDIA, SAN RAFAEL, and BARVA, ALL OF HEREDIA, and CONAVI, and states that an irrigation ditch (acequia) passes through her property, which, since she bought the land, she requested the Municipality of Heredia to divert. She indicates that they committed to doing so (sic), but they have only made repairs on 3 occasions and, subsequently, it becomes damaged again. She states that in the last letter they sent her, it said that according to MINAET, they are not public waters, but rather residual and rainwater. She adds that the Municipality of Barva claims to have no money and that of San Rafael claims it is not its responsibility to fix the problem, despite the fact that many of the waters discharged there correspond to works authorized by these two entities. She recounts that, similarly, the Municipality of Heredia stated that the work is not within its competence, despite having the money and machinery to perform the work, in coordination with the other two municipalities. She indicates that at the Municipality of Barva, they told her that, since it is a national route, she could ask CONAVI to block the passage under the road. She alleges that her house is about to lose a wall that separates it from the irrigation ditch (acequia), posing a danger to those who live on the site, besides the fact that she would lose her property, given that she has made some repairs to prevent part of the house from being washed away, since the watercourse occupies half of her property and, meanwhile, the respondent authorities do nothing to resolve the situation.\n\n2.- The resolution of 3:55 p.m. on February 20, 2017, which admits this amparo appeal, was duly notified to the respondent authorities on February 21, 2017.\n\n3.- Claudio Manuel Segura Sánchez, in his capacity as Mayor of the Municipality of Barva de Heredia, reports under oath that, as confirmed by reports from the Engineering and Civil Works departments and the Technical Road Management Unit of the Cantonal Road Board, the appellant's property is not located in territory under the jurisdiction of that municipality. The appellant Campos herself acknowledges that she does not have properties in that canton. The allegedly affected property is located in the canton of Heredia, Mercedes Norte, on the edge of national route 126, which, by law, is managed by CONAVI; therefore, any claim regarding its condition, its maintenance, the state of the road surface, bridges, and stormwater outlets must be directed to CONAVI and the Municipality of Heredia, where the appellant's home is located, a municipality that must act under the duty of coordination with CONAVI. The Municipality of Barva, as a municipality lacking territorial competence, cannot dispose of its funds or powers to act on private property. Therefore, any defects in the national route and its stormwater outlets are the responsibility of CONAVI and, in this case, of the Municipality of Heredia. It rejects the appellant's assertion that she has made arrangements before this Municipality. The appellant, as indicated by the reports submitted as evidence, has not filed any complaint; neither at the Municipal Mayor's Office, nor at the Engineering Department, nor before the Cantonal Road Board, nor before the Municipal Council of Barva have formal procedures been filed regarding the matters claimed here. He insists that this Municipality has had no formal notice of her complaints, nor any direct complaint from the appellant. There is no open file in the Municipality of Barva for complaints by the appellant about the alleged floods. He reiterates that ever since the appellant acquired her property, the ditch or stormwater outlet already existed, so she must have been aware of her obligation to accept its existence. Said outlet, as she herself declares, channels waters from the public street since time immemorial. He adds that the complaint that gave rise to this appeal finds its origin in events dating back to 2003. The basic problem detected throughout the process is one of rainwater from the public street. The Municipality of Heredia was, as territorially corresponds, the one that addressed the complaint and did what was necessary to solve the problem, a conflict that territorially corresponded to it since the appellant's home is located in its territory. He says that while it is true that a water passage runs through the complainant's property, these are natural watercourses that have existed since distant times, even from before the houses were built, some 50 years ago, and the owner has even stated that the watercourse has existed since she bought the property, meaning we are in the presence of the constitution of a de facto water easement (servidumbre de aguas), which the owner must respect and tolerate. Said watercourse, being natural and having existed for several decades, must be respected, and it should even have a protection area on which no constructions should be built. Regarding the evidence provided by the petitioner, none demonstrates the alleged damages alluded to. No evidence is provided to corroborate the version of damage to the house, improvements made, or water levels, only reports that date back many years and lack current relevance. The Municipality of Barva, lacking authority over the territory where the house was built, cannot carry out or submit any type of report. The appellant provides no evidence that she has gone to the Municipality of Barva to file a complaint or notify a situation. Regarding the presentation of the administrative file, this Municipality is unable to present it since it does not exist, because, as already indicated, the appellant has not made any formal procedure with that municipality. Considering what was stated regarding the obligations of the administered property owners adjacent to public roads, he says that it corresponds to the Municipality of Heredia, as the entity with territorial competence, to ensure its taxpayers comply with their obligations, in this case, the obligations the appellant has regarding the waters that run off from route 126. He requests that the appeal be dismissed.\n\n4.- Verny Valerio Hernández, in his capacity as Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, reports under oath that, according to the appeal filing document, the appellant is a resident of the Central Canton of Heredia. However, she does not indicate a more specific address or location to determine exactly where she lives. The identity card number the appellant indicates in the appeal belongs to another person (attaches a TSE report). Furthermore, a study was conducted in the Supreme Electoral Tribunal regarding the appellant's name, and three people with the same name appeared, but none match the indicated identity card number. According to the previous study, with the appellant's name, there is only one person who is a resident of the canton of Barva and registers properties in Heredia in the Mercedes District, therefore, he rejects that the Municipality of San Rafael de Heredia must answer for actions or omissions of other cantons. The lack of clarity regarding the location of the property prevents knowing which report on irrigation ditches (acequias) the appellant refers to. In that vein, actions within its competencies cannot be exercised to resolve the appellant's problem either, since there is no certainty about where the place is, in order to know what the problem is and find possible solutions or actions. In any case, from the filing document, it is deduced that she is not a resident of that Canton and that she is apparently located on a national route administered by CONAVI. The truth is that the owners of lands where runoff from streams and irrigation ditches (acequias) pass through—according to the Ley de Caminos—are obligated to bear these waters. Hence, the argument is rejected that the waters passing through there belong to San Rafael and that therefore it corresponds to that Municipality to resolve the matter. He concludes that the municipalities cannot assume the State's competence in matters of maintenance and conservation of the National Road Network, meaning they cannot carry out repairs on the National Road Network that are not authorized by the State. If the appellant is located on a national route, the possible solutions correspond to CONAVI, regardless of which Municipality the appellant belongs to. On the other hand, if the Municipality of Heredia has already executed corrective actions, everything indicates that the primary attention to the matter is being carried out by that entity, which shows that this authority assumed the problem, recognizing its jurisdiction in the matter. He requests that the appeal be dismissed.\n\n5. Carlos Solís Murillo, in his capacity as Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, reports under oath that the appellant's property is located on National Route No. 126 in the Province of Heredia. In accordance with the inspection carried out in the area, an irrigation ditch (acequia) passes through the appellant's property. He is unaware of the requests the appellant has made to the different local governments and the response those governments gave to those supposed requests. He is also unaware of what MINAET supposedly indicated. It is important to note that the appellant acknowledges that since she bought the property, the irrigation ditch (acequia) passes through that place. All the actions referred to in the second fact pertain to the supposed interaction between Mrs. Campos Bolaños and the municipalities of Barva and San Rafael. There is no record in the files of this Council of a request from Mrs. Campos Bolaños in that sense. In any case, pursuant to the evidence offered by either the Municipality or the appellant, it cannot be determined that a technical study exists to support such an assertion, so it is rejected. Since what was indicated by the appellant stems from the interaction between her and the Municipality of Heredia, it is rejected as falling outside the competencies of this Council. However, from the documentation provided by the Municipality of Heredia, it can be determined that indeed, said local government has made multiple arrangements with the purpose of resolving the neighborhood problem. It even bought the property with Folio Real No. 114163-000, which is located near the appellant's property. This Council is not in a position to determine the condition of the appellant's dwelling house, especially as it is a private building, so Mrs. Campos Bolaños's statement is rejected. He is unaware of the supposed repairs she carried out on her own to prevent the described problem from damaging her house. He highlights that the appellant clearly delimits her action against said authorities; the participation of this Council in the present process seemingly obeys only the supposed statement of one of the municipalities to which the appellant went, it being necessary to clarify that the fact that the appellant's property borders a national route does not automatically make this Council responsible for all the social, environmental, health, or safety problems afflicting Mrs. Campos Bolaños, and it is an obligation of the appellant to receive and allow the waters from the roads to flow within her property due to the slope of the land, as well as to keep the drains clean and in perfect service condition, free of obstacles. Therefore, it is categorically reiterated that the supposed \"solution\" offered by the Municipality of Barva, regarding this Council blocking the passage under the road, is not acceptable. This report responds to the Chamber's request, with the purpose of addressing the complaint for the alleged inactivity of a group of Heredia municipalities in relation to an apparent problem in the management of rainwater by said municipal entities, this Council not knowing with certainty which local government is responsible for attending to Mrs. Campos Bolaños's problem. On this point, and despite the fact that the problem set forth by both the appellant and the municipal entities is outside the competencies of this Council, in accordance with what was requested by the Chamber, a technical visit to the site was carried out, obtaining the information detailed below. The appellant's property is located in front of National Route No. 126 and borders a rainwater outlet (an 80 cm diameter pipe) which collects rainwater from a cantonal route and waters from the national route. It is observed how Mrs. Campos's property is adjacent to the existing body of water. Similarly, some works carried out by the municipality within the private property can be observed, showing a certain degree of deterioration. Such is the case of the gabions that are currently deformed, losing their containment function. Despite the works carried out by the municipality, there is still a problem regarding the channeling of waters from cantonal routes, which reach the mentioned private property and onto the national route, increasing the amount of water that falls onto the 80 cm culvert that collects the irrigation ditch (acequia). It is clarified that any work that must be performed on the appellant's property, which is evidently private property, is outside CONAVI's competencies. A large part of the rainwater that flows into said pipe comes from the cantonal route that intersects with national route no. 126. At the time of the inspection, the neighbors stated that the cantonal route presents constant overflows. The appellant's property is located precisely at the outlet of the cantonal route, as is also illustrated by the documentation presented by the Municipality of Heredia. It is important to highlight that the Road Administrator for the zone, while conducting the inspection, spoke with Mr. Alonso Arce, an owner whose property borders the body of water on the north side, who indicated that his property has also been damaged by the waters. Under these considerations, it is reasoned that CONAVI's responsibility corresponds exclusively to the needs of the National Route; the responsibility of private property owners is to ensure the maintenance of the water channeling systems on their properties, as is the case here, the existence of an irrigation ditch (acequia) caused by the slope of the land. He says that in the response document from the Municipality of Heredia, it acknowledges the existence of a Natural Depression, as it entitles the figure attached to its report. As indicated in Article 20 of Law No. 5060, Ley General de Caminos Públicos, the property owner has the obligation to receive and allow the waters from the roads to flow within the premises when the land conditions so determine. \"All possessors of real estate, by any title, are obligated to receive and allow the waters from the roads to flow within their premises when the slope of the land so determines, and when their lands are immediately adjacent to the drains of a road, they must keep these drains clean, in perfect service condition, and free of obstacles.\" He adds that the responsibility for ensuring that owners carry out the works and channeling systems within private properties is the exclusive competence of the municipalities. Law No. 5060 \"Ley General de Caminos\" stipulates that in the event of omission in the execution of these maintenance works by the owners, it is within the municipal competencies to execute the work and charge for it plus a fifty percent (50%) surcharge. That the Ley General de Caminos Públicos very clearly establishes the duties of the administered 'possessors of real estate'. Indeed, Articles 20 and 21 provide: \"Article 20.- All possessors of real estate, by any title, are obligated to receive and allow the waters from the roads to flow within their premises when the slope of the land so determines, and when their lands are immediately adjacent to the drains of a road, they must keep these drains clean, in perfect service condition, and free of obstacles. The Ministry or the Municipalities shall order the work to be executed and shall charge for the work plus a fifty percent (50%) surcharge if this obligation is not fulfilled. The Ministry of Public Works and Transport and the Municipalities must coordinate with the Ministry of Agriculture the measures for protecting roads in new alignment projects or in the conservation works of existing ones, in regions where they may cause or intensify erosion or divert the natural drainage of the fields. These are typical examples of the exercise of Administrative Police Power, which are justified precisely by the nature of the situations that arise as requiring immediate attention.\" He adds that in the Ley General de Caminos Públicos, the fulfillment of the administered individuals' duties is not subject to prior notifications. The duties of the administered individuals 'possessors of real estate, by any title' are of immediate and permanent fulfillment, independent of the inspection and surveillance work carried out by the Administration. He requests that the appeal be dismissed.\n\n6.- José Manuel Ulate Avendaño, in his capacity as Mayor of the Municipality of the Central Canton of Heredia, reports under oath that, according to the Director of Public Investment of that Municipality, the petitioner's property corresponds to the farm with folio real number 4-46885-000, whose cadastral map is attached. He points out that said property has an annotation corresponding to the existence of an irrigation ditch (acequia) that allows the passage of residual and rainwater, generated by the runoff of waters coming from the cantons of Barva and San Rafael, and that, furthermore, national route 126 affects the problem. He indicates that national route 126, which borders the petitioner's property, is in a sector where the runoff traveling over that route accumulates, that it lacks adequate mechanisms for channeling the water it captures, and that these would be affecting Mrs. Campos's property. He adds that the surface runoff generated in the Cantons of Barva and San Rafael is channeled by topography to the natural depression. The runoff generated in the Canton of Heredia is null or minimal in relation to the appellant's property, as the greatest flow comes from neighboring cantons and from the water brought through the national route 126 sector. In 2004, the Municipality of Heredia began procedures to expropriate land near the petitioner's property, which it acquired in 2007, which helped solve the problem faced by the neighbors located at the end of the irrigation ditch (acequia) that passes through the petitioner's property, since previously the homes located in that sector were flooded, a result of the high surface runoff passing through national route 126, a sector that apparently lacked an adequate storm sewer system on the national route, causing the waters to fall onto the lowest points where the residents of the Deyma neighborhood were located. It shows photographs describing a lack of curb and gutter and obstructed drains on national route 126 bordering the petitioner's property. Other photographs which, it says, show the grates do not absorb all the rainwater runoff and do not have the necessary elements for proper conduction of the rainwater flowing over that area towards the storm sewer. He points out that the problem on national route 126 impacts the petitioner's property, which borders the national route, which divides the three cantons. He emphasizes that the problem is not generated by the waters discharged by the canton of Heredia, but rather that the waters with the greatest flow that may be affecting the petitioner correspond to the cantons of San Rafael and Barva. He adds that the watercourse is not public domain, as warned by MINAET in official letter number INM-DA-4030-2008, a situation that prevents the municipality from investing public funds in said private area. The municipality intervened in the sector starting from the end of the irrigation ditch (acequia) that originates in the canton of San Rafael, capturing waters from that community and from Barva, which discharge into the area where Mrs. Campos Bolaños's property is located. With the acquisition of the land carried out by the Municipality, a series of improvements were made to the storm sewer system; higher capacity piping was installed, as well as stormwater manholes and walls for the purpose of channeling the rainwater coming from the irrigation ditch (acequia), this in order to channel the waters towards the existing stormwater system in the Villa María Urbanization (west of the expropriated public area). He states that the works carried out by the Municipality in the area ended in 2007. By official letter LFML-063-2007, this Mayor's Office was informed that the works carried out were successful, as no more floods occurred in that sector, a situation that persists to this day, in the sense that no complaints have been reported for floods in that sector, as stated by the Director of Public Investment in the attached report. He reiterates that the Municipality of Heredia carried out the works required to resolve the water problem faced by the neighbors affected by floods. Now, the canal that crosses the appellant's property is not public domain, and the Municipality is prevented from investing public funds in that sector. The waters that flow into the beginning of the irrigation ditch (acequia) (the appellant's property) come from the runoff generated on National Route 126 and those generated in the cantons of Barva and San Rafael. He clarifies that there is no rainwater runoff contribution from the canton of Heredia. He provides photographs (5 and 6) of which he indicates it is evident there is a lack of stormwater infrastructure; there is only a natural canal, parallel to Mrs. Campos's property, through which the rainwater runoff flows and is channeled towards the irrigation ditch (acequia) adjacent to the north side of her property. He comments that by provision of the Ley General de Caminos Públicos No. 5060, the national road network is administered by said state entity, and it would consequently be the one called to properly channel the waters that are flowing through that area. He requests that the appeal be dismissed.\n\n7.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Preliminary Issue. Regarding the warning made to this Chamber by the Mayor of the Municipality of Barva in his report, when affirming that the appellant Teresita Campos Bolaños's name does not match the identity card number indicated, it is pertinent to point out that in the report from the Municipality of Heredia, it states that the appellant is a resident of the place and refers to the cadastral map of her property, which it provides. This being the case, the argument made by the respondent authority from Barva is not an insurmountable obstacle for this court, given that the Mayor of Heredia, where the property referred to by the petitioner is located, recognizes her and proves the opposite, since he identifies the petitioner as the owner of the property she inhabits. Consistent with the above, it is appropriate to analyze the merits of the matter, which is done hereby.\n\nII- Object of the appeal. The appellant demands the protection of her property right, since, she argues, the consequences generated by the discharge of rainwater through an irrigation ditch (acequia) that crosses her property persist and put her property at risk, given the inaction of the various respondent authorities. She does not claim an omission to respond by public institutions, but rather that they have not resolved the alleged environmental and health problem, which she considers violates her fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment.-\n\nIII.- Proven facts. The following facts are considered duly proven to be of importance for the decision in this matter, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them according to what was stipulated in the initial writ:\n\na. The appellant's property is located in front of National Route No. 126 and borders a rainwater outlet (an 80 cm diameter pipe), which collects rainwater from a cantonal route and waters from the national route. It is observed how Mrs. Campos's property is adjacent to the existing body of water (report of the respondent authority).\n\nb. The Municipality of Heredia has carried out some works within the private property. Such is the case of the installation of gabions that are currently deformed, losing their containment function (report of the respondent authority).\n\nc. On the property described by the petitioner, a problem persists with the channeling of waters from cantonal routes, which reach the mentioned private property and flow over the national route, increasing the amount of water that falls onto the 80 cm culvert that collects the irrigation ditch (acequia) (report of the respondent authority).\n\nd. No complaint has been formally lodged in the petitioner's name, neither before the Municipal Mayor's Office, nor before the Engineering Department, nor before the Cantonal Road Board, nor before the Municipal Council, all of the Municipality of Barva (report of the respondent authority).\n\nIV.- Unproven facts. The following facts of relevance to this resolution are not considered proven:\n\na. That the appellant has made any formal procedure before CONAVI to block the passage of water under the road on national route No. 126, or any procedure in a similar vein.\n\nb. That the petitioner has filed any complaint before the Municipalities of Heredia, San Rafael, and Barva de Heredia regarding the matters claimed here.\n\nV.- Regarding the actions of the respondent Municipalities. In this matter, three are the municipalities of the Province of Heredia that the petitioner claims have done nothing to provide a solution for a property that, since she acquired it, has had the problem of an irrigation ditch (acequia) that crosses it, and the water outlet that she says is generated endangers her property, without any of them having adopted the appropriate corrective measures to date. In their respective reports, the cantonal authorities agree that the property is located in the Canton of Heredia, which is the one that at some point took some measures to provide a solution to the problem afflicting the appellant and her neighbors. However, the Mayor of the Municipality of Alajuela, in his report, states to this Chamber that the property where the irrigation ditch (acequia) is located is private, which means he lacks the competence to correct the defect, if there is one, and in any case, if a problem exists and there is a duty to provide a solution, the matter must be taken up by the Municipalities from where the water causing the runoff comes (from Barva and from San Rafael de Heredia), as well as by CONAVI, due to the discharge of waters onto a national route. In a similar vein, the Municipalities of San Rafael and Barva, both of the Province of Heredia, deny that they can do anything to solve the problem afflicting the resident of the Canton of Heredia, because besides the fact that there is not, and has never been, any complaint in their files pending resolution in the petitioner's name, it is the Municipality of Heredia that must provide a solution to the problem, since the property is located in that jurisdiction. Furthermore, the Mayor of the Municipality of Barva points out that CONAVI is responsible for providing a solution that addresses the appellant's complaint, because the property is located in front of National Route No. 126, and that is where the waters end up. In the report from COSEVI's Director, as well as from the Mayor of the Municipality of Heredia, they warn that it is the obligation of the owners of private properties to carry out the maintenance and conservation work of the stream because it is a natural watercourse, which is, moreover, stipulated in Article 20 of the Ley General de Caminos Públicos.\n\nTherefore, it consequently falls to the petitioner to construct the necessary works so that the waters flow freely and reach without any problem the roadside ditch (cuneta) located on the national route, a ditch whose maintenance is the responsibility of CONAVI.\n\nGiven this situation, and since, from the evidence provided to the case file, there is no claim whatsoever by the appellant or any neighbor before CONAVI regarding the maintenance of the culverts (alcantarillas) on the indicated national route, and since the comprehensive solution to the problem raised by the appellant requires first elucidating a series of situations that affect rights and legal situations of an infra-constitutional nature, this Chamber considers that the appeal must be dismissed. Indeed, from the study of the case file, it is evident that the Municipality of Heredia has in the past carried out works to mitigate the problem of overflow of rainwater (aguas pluviales) falling on the protected party's property, where the overflows occur. On the other hand, the Mayor of Heredia indicated in his report that there is no evidence from which it can be inferred that the physical integrity of the persons or the property described by the protected party has been put at risk. An aspect with which the Mayor of Barva de Heredia agrees and reaffirms, according to whom there is no evidence from which the danger or damages described by the protected party can be derived. The Mayor of Heredia and the Director of CONAVI further add that the nature of the property where the problem of excess water originates is private, existed long before it was built upon, and the appellant is and has been fully aware of this. Thus, determining whether the works carried out by the Municipality of Heredia since 2004 to provide a solution to the problem were not performed optimally, or determining the legal actions that are appropriate given the existing conflict over the nature of the land where the irrigation ditch (acequia) is located and the waters flow, as well as determining the appropriateness of the liability of one public entity or another for having allowed constructions that aggravate the problem of the water flow or because the property where the irrigation ditch (acequia) runs is within its jurisdiction, are all points that cannot be elucidated in a proceeding of a summary nature like the amparo. Consequently, the appellant must appear before the respondent authorities to raise her disagreement, or, if applicable, resort to the ordinary jurisdictional route.\n\nVI.- On the conduct of CONAVI. Regarding the Consejo Nacional de Vialidad, which the Municipalities of Barva de Heredia and Heredia attribute responsibility to for the described problems of the water that drains from the protected party's property onto the national route, its Director states that there is no complaint or grievance whatsoever about the problems raised in this appeal, and therefore his represented entity has no knowledge of these facts. He rejects entirely that it is within its competence to provide a solution to the potential problem, since Article 20 of the Ley General de Caminos Públicos establishes the obligation to receive and drain the waters from the roads within the properties when so determined by the terrain conditions, this being the existing condition at the point of interest, which is a natural watercourse (cauce natural), as well as to provide said drainage systems with the proper maintenance for runoff. Said regulation also provides that the responsibility for ensuring that property owners carry out the work on the drainage systems within private properties falls exclusively within the competence of the municipalities, and the same regulation stipulates that in the event of omission in the execution of these maintenance works by the property owners, it is within the municipal powers to carry out the work and charge for it plus a surcharge of fifty percent (50%). Thus, in the same sense indicated in the preceding Considering, since the nature of the watercourse (cauce) where the water problem originates is not clear and cannot be determined, the matter raised exceeds the summary nature of this appeal, which must also be dismissed with respect to the Consejo Nacional de Vialidad.\n\nVII. CONCLUSION. From the various reports given to this Chamber in this matter, the Mayor of the Municipality of Heredia and the Director of CONAVI agree that it is the obligation of the property owners to carry out the maintenance and conservation work on the stream (quebrada) that crosses the protected party's property because it is a natural watercourse (cauce natural), which, furthermore, is mandated in Article 20 of the Ley General de Caminos Públicos. In addition, there is doubt regarding any potential liability of the Administration in the origin of the denounced events, a determination that would go against the eminently summary nature of the amparo process, the processing of which does not lend itself well to the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or to the need to first examine, with a declaratory nature, whether or not infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual array of the amparo appeal or the statutory report, as the case may be, actually exist. Under this approach, it is not for this Constitutional Court to elucidate the point, namely: the solution to the inconveniences caused by the normal flow of rainwater (aguas pluviales) that flow through the property of the petitioner and her neighbors, a point that must be resolved, either through administrative channels or in the contentious-administrative jurisdictional venue, as it is a matter of ordinary legality. Likewise, the respondent authorities deny, in their respective reports, the risks to property and the health of persons described by the appellant in the filing brief. For the foregoing reasons, considering that the denounced events have not demonstrated any violation of fundamental norms or rights to the detriment of the appellant, it is appropriate to dismiss the amparo, as is hereby ordered.\n\nVIII.- NOTE BY MAGISTRATE JINESTA LOBO. The undersigned Magistrate clarifies that in those matters related to the repair or construction of various infrastructure works, he dissents, considering that administrative inactivity constitutes a discussion appropriately raised before the ordinary jurisdiction. The foregoing, except when there is an infringement of other fundamental rights such as life, physical integrity, private property, and housing, or the protection of disadvantaged groups. In the case at hand (sub lite), since the protection of the appellant's housing is at stake, it is considered appropriate to hear the merits of the amparo. From this perspective, it is an exception to the rule in this matter.\n\nIX. NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. I have concurred with the position held by Magistrate Jinesta Lobo in this matter, and therefore I consider, as a matter of principle, that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which belongs to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, more broadly, their disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omitted administrative conduct, or groups considered vulnerable are affected, I do address the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position in this area, as is the case here, where flooding problems caused by rainwater (aguas pluviales) are alleged, resulting from works carried out by the respondent municipality to pipe those waters, which affects the housing of the appellant and her family, as well as those of other neighbors in the area, with danger and damage to their property.\n\nX.- SEPARATE NOTE BY MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ. I have been dissenting in those cases that involve correcting, through the amparo appeal, the mere inactivity of the administration in infrastructure works such as sidewalks, bridges, road ballasting, culverts (alcantarillas), storm drainage systems (alcantarillado pluvial), among others, on the grounds that they can be argued in the ordinary legality venue, considering that this Chamber is not, nor should it become, a single or omnipresent instance that undermines the other means of judicial protection created for this purpose by the constitution-maker and the legislator. I have clarified, however, that I do consider cases of administrative inactivity in the aforementioned matters to be protectable through this avenue if it produces a direct impact on the exercise of fundamental rights regulated in the Constitution or international human rights treaties, provided they are susceptible to being heard in a very summary process of a special nature and urgency such as the amparo as a procedural institution. Such is the case of this appeal where the failure to execute the works and infrastructure pending by the respondent administration to properly manage the rainwater (aguas pluviales) flowing through private lands has been demonstrated, and the existence of a serious and intense impact on the enjoyment of her fundamental right to private property and the eventual threat to her personal integrity is affirmed. For this reason, I have considered it necessary for the Chamber to exercise its competence, to verify or rule out whether the omissions indicated infringe upon the fundamental rights of the protected persons as stated in the filing brief.\n\nXI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR). Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado set forth a note. Magistrate Hernández López sets forth a note.\n\n \n\n \n\n\t\n\nErnesto Jinesta L.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t \n\n\t\n\nJose Paulino Hernández G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t \n\n\t\n\nYerma Campos C.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*SYJ47847FJK47S61*\n\n SYJ47847FJK47S61\n\nEXPEDIENTE N° 17-002322-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:42:04.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }