{ "id": "nexus-sen-1-0007-709728", "citation": "Res. 07382-2017 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo por cierre de escuela provisional en La Flor del Roble", "title_en": "Amparo for closure of provisional school in La Flor del Roble", "summary_es": "El recurrente interpuso amparo a favor de sus hijos menores, estudiantes de la Escuela La Flor del Roble en Sabalito de Coto Brus, alegando violación del derecho a la educación por el cierre de la escuela provisional donde recibían clases. La escuela original fue clausurada por mal estado de infraestructura; posteriormente, el supervisor de centros educativos ordenó el cierre de la casa rentada que funcionaba como sede provisional, suspendiendo las lecciones del 18 al 24 de abril de 2017 sin coordinar alternativas viables con los padres. La Sala Constitucional constató que el Ministerio de Educación Pública incurrió en omisiones y negligencia en el mantenimiento del centro educativo y en la interrupción injustificada del proceso educativo, lo que vulneró los derechos a la educación, salud, vida y ambiente sano de los menores. No se probó participación del Ministerio de Seguridad Pública en el cierre. En consecuencia, se declaró parcialmente con lugar el amparo contra el MEP, ordenando garantizar la continuidad educativa en condiciones adecuadas, y se desestimó contra Seguridad Pública.", "summary_en": "The petitioner filed an amparo on behalf of his minor children, students of La Flor del Roble School in Sabalito de Coto Brus, alleging violation of the right to education due to the closure of the provisional school where they were attending classes. The original school was closed due to poor infrastructure; subsequently, the educational supervisor ordered the closure of the rented house serving as the provisional site, suspending classes from April 18 to 24, 2017, without coordinating viable alternatives with parents. The Constitutional Chamber found that the Ministry of Public Education (MEP) was negligent in maintaining the educational center and unjustifiably interrupted the educational process, violating the minors' rights to education, health, life, and a healthy environment. No participation of the Ministry of Public Security in the closure was proven. Consequently, the amparo was partially granted against the MEP, ordering it to guarantee educational continuity under adequate conditions, and dismissed against Public Security.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "19/05/2017", "year": "2017", "topic_ids": [ "art-50-constitution" ], "primary_topic_id": "art-50-constitution", "es_concept_hints": [ "amparo ambiental", "derecho a la educación", "artículo 50 constitucional", "ambiente sano y ecológicamente equilibrado", "continuidad del servicio público", "orden sanitaria", "omisión administrativa", "Sala Constitucional" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 21", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "amparo", "derecho a la educación", "derecho a la salud", "derecho al ambiente sano", "infraestructura educativa", "continuidad del servicio público", "menores de edad", "Sala Constitucional", "MEP", "omisión administrativa", "orden sanitaria", "condiciones inadecuadas", "artículo 50 constitucional", "recurso de amparo" ], "keywords_en": [ "amparo", "right to education", "right to health", "right to a healthy environment", "educational infrastructure", "continuity of public service", "minors", "Constitutional Chamber", "Ministry of Public Education", "administrative omission", "sanitary order", "inadequate conditions", "Article 50 Constitution", "amparo action" ], "excerpt_es": "Conclusión: De todo lo cual concluye esta Sala que ha habido una violación del derecho a la salud, al ambiente y a la educación. En primer lugar, sorprende que un centro educativo tenga que llegar a tales condiciones en que proceda una orden sanitaria en su contra, y el inmediato traslado de los estudiantes. Eso hace suponer que durante varios meses, los estudiantes estuvieron sometidos a condiciones inidóneas para su proceso educativo, en amenaza a su derecho a la salud, a la vida, al ambiente y a la educación. [...] Clausura que se ordenó sin preveer que la alternativa de enviar a los menores a otros centros fuera viable para los padres de familia, y sin tomar en consideración que el proceso educativo se vería interrumpido. [...] Dado que se comprueba que el Ministerio de Educación ha sido omiso y negligente en el mantenimiento del centro educativo La Flor, dado que se ha ordenado la clausura del centro educativo provisional, interrumpiendo el proceso educativo de los menores, se constata la violación al derecho a la salud, a la vida, al ambiente, y a la educación, de los menores amparados por parte del Ministerio de Educación Pública.", "excerpt_en": "Conclusion: From all of which this Chamber concludes that there has been a violation of the right to health, to the environment, and to education. Firstly, it is surprising that an educational center had to reach such conditions that a sanitary order was issued against it, and the immediate transfer of students. This suggests that for several months, the students were subjected to unsuitable conditions for their educational process, threatening their right to health, life, environment, and education. [...] The closure was ordered without foreseeing whether the alternative of sending the minors to other centers was viable for the parents, and without considering that the educational process would be interrupted. [...] Since it is proven that the Ministry of Education has been remiss and negligent in maintaining the La Flor educational center, and that the closure of the provisional center was ordered, interrupting the minors' educational process, the violation of the right to health, life, environment, and education of the protected minors by the Ministry of Public Education is confirmed.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The amparo is partially granted against the Ministry of Public Education, ordering it to guarantee educational continuity under adequate conditions; dismissed against the Ministry of Public Security.", "summary_es": "El amparo se declara parcialmente con lugar respecto al Ministerio de Educación Pública, ordenando garantizar la continuidad educativa en condiciones adecuadas; se desestima contra el Ministerio de Seguridad Pública." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The right to health recognized in Article 21 of the Constitution, Articles 1 and 11 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, Article 4 of the American Convention on Human Rights, and Article 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, is intimately linked to the right to a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution.", "quote_es": "El derecho a la salud reconocido en los artículos 21 de la Constitución Política, 1 y 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 constitucional." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life, along with health, food, work, housing, education, among others.", "quote_es": "La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The least the State can do is to ensure that in providing this public service it does not harm the principle of continuity, nor other fundamental rights, such as the right to health and a healthy environment, for both the students and the teaching and administrative staff of the educational institution.", "quote_es": "Lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione el principio de continuidad, ni otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa." }, { "context": "Por tanto", "quote_en": "The amparo is PARTIALLY GRANTED, solely with regard to the actions and omissions of the Ministry of Public Education. 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En consecuencia se ordena a SONIA MARTA MORA ESCALANTE, en su calidad de Ministra de Educación Pública, o quien en su lugar ocupe dicho cargo, proceder de inmediato a girar las instrucciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para proceder a garantizar que los menores que asisten a la Escuela La Flor continúen su proceso educativo, de forma continua e ininterrumpida, y bajo condiciones adecuadas, en respeto de su derecho a la salud, la vida y al ambiente." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-709728", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 07382 - 2017\n\nFecha de la Resolución: 19 de Mayo del 2017 a las 09:45\n\nExpediente: 17-005995-0007-CO\n\nRedactado por: No indica redactor\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: EDUCACIÓN\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nSE ORDENA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN GARANTIZAR QUE LOS MENORES QUE ASISTEN A LA ESCUELA LA FLOR CONTINÚEN SU PROCESO EDUCATIVO, BAJO CONDICIONES ADECUADAS, EN RESPETO DE SU DERECHO A LA SALUD, LA VIDA Y AL AMBIENTE.\n\nTexto de la resolución\n\n*170059950007CO*\n\nExp: 17-005995-0007-CO\n\nRes. Nº 2017007382\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete .\n\n \n\nRecurso de amparo interpuesto por JORGE RAMÍREZ QUESADA, cédula de identidad 0900830526, a favor de MADERLIN Y WAINER, AMBOS RAMÍREZ MENDOZA, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la secretaría de este Tribunal a las 21:40 hrs del 19 de abril de 2017, la recurrente indica que: Las personas menores de edad amparadas son estudiantes de la Escuela La Flor del Roble, en Sabalito de Coto Brus. Explica que esa institución fue clausurada, debido al mal estado de su infraestructura. Por esta razón, se habilitó una escuela provisional en la propiedad del señor Carlos Méndez, que fue acondicionada para impartir lecciones. No obstante, el 18 de abril anterior, oficiales del Ministerio de Seguridad Pública se presentaron al lugar y cerraron la escuela, motivo por el cual, los estudiantes no están recibiendo clases.  Considera que, previo a cualquier actuación, la Fuerza Pública debió coordinar con el Ministerio de Educación Pública la reubicación de los alumnos, lo cual no se hizo. Asimismo, no se puso en conocimiento al Patronato Nacional de la Infancia, por lo que, en su criterio, los derechos de los estudiantes, entre los cuales se encuentran algunos pertenecientes a grupos indígenas, se han visto violentados. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias que esto implique. \n\n2.- Mediante resolución de las 16:08 horas del 20 de abril del 2017 se le dio curso a este recurso. Resolución donde se ordenó como medida cautelar garantizar la continuidad del proceso educativo. Notificada a los recurridos en fecha 25 y 26 de abril del 2017.\n\n3.- Informa bajo juramento, WALTER MUÑOZ CARAVA, en su calidad de Director de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública, en resumen que: Según informe del arquitecto de ese departamento, se procedió a girar instrucciones al supervisor del circuito para solicitar transporte para los estudiantes a las escuelas más cercanas, ya que la casa de habitación en la que los ubicaron no cumplía, en ese momento, con todos los requerimientos necesarios para brindar el uso como centro educativo. Lo anterior en resguardo de la integridad física de los niños y el personal docente y administrativo. El 20 de abril del 2017 la coordinadora del área legal de la Dirección, atendió al supervisor del circuito y a la directora del centro educativo, donde se expuso la intención de la comunidad de trasladar el centro al salón comunal, pues la casa de habitación no era apta, y no estaban dispuestos los padres a trasladarlos a otros centros educativos. Por ello, se autorizó continuaran impartiendo lecciones en la casa de habitación, por un plazo de cinco meses, con la condición de trasladarlos al salón comunal en cuanto estén concluidas las obras. Además que se le indicaría al dueño de la casa de habitación realizar ajustes al sistema eléctrico. Solicita se declare sin lugar el recurso. \n\n4.- Informa bajo juramento, SONIA MARTA MORA ESCALANTE, en su calidad de Ministra de Educación Pública, en el mismo sentido que el  Director de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública. Solicita se declare sin lugar el recurso. \n\n5.- Se apersona, JOHANNA CAMBRONERO GUIDO, en su calidad de Directora La Flor del Roble, para manifestar que: Debido a que el edificio de la escuela La Flor cumplió su vida útil, se ubicó en primera instancia en la iglesia católica de la comunidad, para finalizar el curso lectivo 2016 (47 estudiantes y 7 niveles). Pero al ser el lugar muy pequeño, se conversó con el propietario de una casa de socalo de madera, la cual fue rentada, y a la que se le hicieron varias modificaciones. Actualmente se cuenta con un terreno donado por la asociación de desarrollo en asamblea extraordinaria del 17 de diciembre del 2016 y ratificada el 09 de abril del 2017, además de un salón comunal en proceso de construcción. Pese a lo anterior, el supervisor de centros educativos, mediante oficio n°SCEC-06-033-17 del 17 de abril del 2017 ordena el cierre del local casa. Por venir la orden de su jefe inmediato procede, el 18 de abril del 2017, a informar a los padres del cierre y que las clases se suspenden hasta nuevo aviso, e indicar la medida de enviar a los estudiantes a los centros educativos más cercanos, a lo cual los padres se opusieron. En visita del lunes 24 de abril del 2017 con el supervisor, indican verbalmente reanudar las clases, por un tiempo definido, hasta que se habilite el salón comunal de la comunidad, para la reubicación. Mientras proceden con la construcción del nuevo inmueble, y así se comprometen a realizar una visita al inmueble actual, terreno donado y al salón comunal en proceso. Así que está a la espera de la orden por escrito para reanudar las clases de manera inmediata el 25 de abril. Así que, en ningún momento ha sido su decisión cerrar el local donde se imparten clases.  \n\n6.- Informa bajo juramento, JOSÉ ANTONIO DIA FLORES, en su calidad de Jefe Delegación Cantonal de Coto Brus, en resumen que: existe la orden sanitaria 033-2017 contra el Centro Educativo Escuela La Flor del Roble. Fuerza Pública en ningún momento ha realizado el cierre de alguna escuela provisional. Se ha observado que los estudiantes asisten a lecciones con normalidad. No consta participación alguna en la clausura. Atendiendo al ordenamiento jurídico, la Fuerza Pública ha realizado labores de seguridad ciudadana, tanto en la escuela como en la propiedad, se evidencian patrullajes. El único incidente fue el 21 de abril donde desconocidos sustraen una pantalla plana y productos de canasta básica. Solicita se declare sin lugar el recurso. \n\n7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n                 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Objeto del recurso.- El recurrente, padre de los menores amparados, considera violados su derecho a la educación por cuanto, la escuela provisional habilitada por estar cerrada la Escuela La Flor del Roble, en Sabalito de Coto Brus (cerrada por el mal estado de infraestructura), también fue cerrada por el Ministerio de Seguridad Pública. Motivo por el cual los estudiantes no están recibiendo clases, cierre que se hizo sin coordinar con el Ministerio de Educación Pública ni el Patronato Nacional de la Infancia, pues hay estudiantes de grupos indígenas.\n\n          II.- Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na. Que debido a que el edificio de la escuela La Flor cumplió su vida útil, se ubicó en primera instancia en la iglesia católica de la comunidad, para finalizar el curso lectivo 2016, con 47 alumnos y 7 niveles (ver informe de Directora del centro).\n\nb.Pero al ser el lugar muy pequeña la iglesia, el Ministerio alquiló una casa de socalo de madera, a la que se le hicieron varias modificaciones (ver informe de Directora del centro).\n\nc. El supervisor de centros educativos, mediante oficio n°SCEC-06-033-17 del 17 de abril del 2017 ordena el cierre del local casa. El 18 de abril del 2017, la Directora informa a los padres del cierre y que las clases se suspenden hasta nuevo aviso, e indica la medida de enviar a los estudiantes a los centros educativos más cercanos, a lo cual los padres se opusieron (ver informe de Directora del centro).\n\nd.En visita del lunes 24 de abril del 2017 con el supervisor, indica verbalmente reanudar las clases, por un tiempo definido de cinco meses, hasta que se habilite el salón comunal de la comunidad, para la reubicación. Mientras proceden con la construcción del nuevo inmueble, y así se comprometen a realizar una visita al inmueble actual, terreno donado y al salón comunal en proceso. Las lecciones se reanudaron el 25 de abril del 2017 (ver informe de Directora del centro).\n\ne. Actualmente para la escuela se cuenta con un terreno donado por la asociación de desarrollo en asamblea extraordinaria del 17 de diciembre del 2016 y ratificada el 09 de abril del 2017, además de un salón comunal en proceso de construcción (ver informe de Directora del centro).\n\n      III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:\n\na.   Que el Ministerio de Seguridad Pública hubiera participado en el cierre de la casa donde se impartían provisionalmente lecciones de la escuela La Flor.\n\n            IV.- Sobre el derecho a la salud, el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el derecho a la continuidad del servicio público de educación, en los Centros de Educación.- El derecho a la salud reconocido en los artículos 21 de la Constitución Política, 1 y 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 constitucional. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan. Se reconoce especialmente este derecho cuando está asociado a otros derechos fundamentales, como lo sería el derecho a la educación. Este último se configura como un derecho fundamental, el cual se traduce en el servicio público que brinda el Estado en los distintos centros educativos del país. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione el principio de continuidad, ni otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa.\n\n                 V.- Sobre el caso concreto.- De los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, esta Sala comprueba que, la escuela La Flor se ubicó en primera instancia en la iglesia católica de la comunidad para finalizar el curso lectivo 2016, y ante problemas de infraestructura. Pero tal iglesia, al ser un lugar muy pequeño para albergar 47 estudiantes en 7 niveles, se trasladó a una casa de socalo de madera, la cual fue rentada, y a la que se le hicieron varias modificaciones. Luego, el supervisor de centros educativos, mediante oficio n°SCEC-06-033-17 del 17 de abril del 2017 ordena el cierre del local casa, pues no la considera apta. El 18 de abril del 2017, la Directora informa a los padres del cierre y que las clases se suspenden hasta nuevo aviso, e indica la medida de enviar a los estudiantes a los centros educativos más cercanos, a lo cual los padres se opusieron. Así que, se mantuvo dicho cierre hasta el 25 abril, aproximadamente UNA SEMANA después, en que, el supervisor indica reanudar las clases, por un tiempo definido de cinco meses, hasta que se habilite el salón comunal de la comunidad, para la reubicación. De todo lo cual concluye esta Sala que ha habido una violación del derecho a la salud, al ambiente y a la educación. En primer lugar, sorprende que un centro educativo tenga que llegar a tales condiciones en que proceda una orden sanitaria en su contra, y el inmediato traslado de los estudiantes. Eso hace suponer que durante varios meses, los estudiantes estuvieron sometidos a condiciones inidóneas para su proceso educativo, en amenaza a su derecho a la salud, a la vida, al ambiente y a la educación. En segundo lugar, se comprueba que los menores han estado siendo objeto de traslados continuos, pues del centro educativo pasaron a la iglesia, y de esta, a una casa rentada. Provocando inestabilidad en su proceso educativo. En tercer lugar,  ciertamente el lugar provisional que operaba como centro educativo (casa rentada), permaneció cerrado, aproximadamente del 18 de abril al 24 de abril del 2017, interrumpiendo el proceso educativo de los estudiantes. No se comprueba participación alguna del Ministerio de Seguridad Pública en cuanto a este aspecto, sino que de los hechos probados se tiene que la clausura obedeció a la orden del supervisor. Clausura que se ordenó sin preveer que la alternativa de enviar a los menores a otros centros fuera viable para los padres de familia, y sin tomar en consideración que el proceso educativo se vería interrumpido. Ciertamente las acciones de los recurridos deben tomar en cuenta la seguridad e integridad de los menores, pero como medidas preventivas y no dejar que la situación llegue a un punto tal de gravedad, que estos se queden sin centro educativo al cual asistir. En conclusión, dado que se comprueba que el Ministerio de Educación ha sido omiso y negligente en el mantenimiento del centro educativo La Flor, dado que se ha ordenado la clausura del centro educativo provisional, interrumpiendo el proceso educativo de los menores, se constata la violación al derecho a la salud, a la vida, al ambiente, y a la educación, de los menores amparados, por parte del Ministerio de Educación Pública, procediendo la estimatoria de este recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta resolución. En cuanto al Ministerio de Seguridad, se desestima el recurso, porque no se prueba que haya participado en la clausura.\n\nVI.-  NOTA DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO. El suscrito Magistrado aclara que si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remite a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que tratándose de denuncias donde se alega contaminación y condiciones sanitarias deplorables que afectan a los estudiantes de una escuela, no lo hará así. Esto, por cuanto, se encuentran en juego otros derechos de los amparados, tales como la salud y a gozar de un nivel digno de calidad de vida. \n\nVII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. He coincidido con la posición sustentada por el Magistrado Jinesta Lobo en esta materia, por lo que, en asuntos ambientales, es también criterio del suscrito que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa contaminación y pésimas condiciones sanitarias que afectan a los estudiantes de un centro, con violación de su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nVIII.- NOTA SEPARADA  DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ. He venido salvado el voto en aquellos casos que se trate de corregir por medio del recurso de amparo la simple  inactividad de la administración, en obras de infraestructura tales como aceras, puentes, lastreado de calles, alcantarillas entre otras, con el argumento de que pueden ser discutidos en la vía de legalidad ordinaria, considerando que la Sala no es, ni  debe constituirse, en una instancia única u omnipresente que demerite las otras vías de tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador al efecto. He aclarado sin embargo que sí estimo como tutelables en esta vía casos de inactividad de la administración en los temas señalados  si con ella se produce afectación directa al ejercicio de derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal.  Tal es el caso de este recurso en donde el reclamo gira alrededor de deficiencias que inciden de manera directa en el derecho a la educación de personas menores de edad, y por ello he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas,  vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas según se indica en el escrito de interposición. \n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso, únicamente en cuanto a las acciones y omisiones del Ministerio de Educación Pública. En consecuencia se ordena a SONIA MARTA MORA ESCALANTE, en su calidad de Ministra de Educación Pública, o quien en su lugar ocupe dicho cargo, proceder de inmediato a girar las instrucciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para proceder a garantizar que los menores que asisten a la Escuela La Flor continúen su proceso educativo, de forma continua e ininterrumpida, y bajo condiciones adecuadas, en respeto de su derecho a la salud, la vida y al ambiente.  Lo anterior, bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se desestima el recurso en cuanto al Ministerio de Seguridad Pública. Notifíquese de forma personal a SONIA MARTA MORA ESCALANTE, en su calidad de Ministra de Educación Pública, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo. El Magistrado Jinesta Lobo pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Hernández López pone nota.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nErnesto Jinesta L.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Paulino Hernández G.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*IT98JPLNYYO61*\n\n IT98JPLNYYO61\n\nEXPEDIENTE N° 17-005995-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 04:44:04.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nSala Constitucional\n\nResolution No. 07382 - 2017\n\nResolution Date: May 19, 2017 at 09:45\n\nExpediente: 17-005995-0007-CO\n\nDrafted by: Does not indicate drafter\n\nType of Matter: Recurso de amparo\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nContent of Interest:\n\nContent Type: Voto de mayoría\n\nBranch of Law: 4. MATTERS OF GUARANTEE\n\nTopic: EDUCATION\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\nTHE MINISTRY OF EDUCATION IS ORDERED TO GUARANTEE THAT THE MINORS ATTENDING THE LA FLOR SCHOOL CONTINUE THEIR EDUCATIONAL PROCESS, UNDER ADEQUATE CONDITIONS, IN RESPECT OF THEIR RIGHT TO HEALTH, LIFE, AND THE ENVIRONMENT.\n\nText of the resolution\n\n*170059950007CO*\n\nExp: 17-005995-0007-CO\n\nRes. No. 2017007382\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours forty-five minutes on the nineteenth of May of two thousand seventeen .\n\nRecurso de amparo filed by JORGE RAMÍREZ QUESADA, identity card 0900830526, on behalf of MADERLIN AND WAINER, BOTH RAMÍREZ MENDOZA, against the MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA AND THE MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.\n\nResultando:\n\n1.- By written submission received at the secretariat of this Tribunal at 21:40 hrs on April 19, 2017, the petitioner states that: The protected minors are students of the La Flor del Roble School, in Sabalito de Coto Brus. She explains that this institution was closed due to the poor condition of its infrastructure. For this reason, a provisional school was set up on the property of Mr. Carlos Méndez, which was adapted to give lessons. However, on the previous April 18, officers of the Ministerio de Seguridad Pública appeared at the place and closed the school, which is why the students are not receiving classes. She considers that, prior to any action, the Fuerza Pública should have coordinated the relocation of the students with the Ministerio de Educación Pública, which was not done. Likewise, the Patronato Nacional de la Infancia was not informed, and therefore, in her opinion, the rights of the students, some of whom belong to indigenous groups, have been violated. She requests that the recurso be declared with merit, with the consequences this implies. \n\n2.- By means of a resolution at 16:08 hours on April 20, 2017, this recurso was processed. A resolution which ordered, as a precautionary measure, to guarantee the continuity of the educational process. Notified to the respondents on April 25 and 26, 2017.\n\n3.- WALTER MUÑOZ CARAVA, in his capacity as Director of Infrastructure and Educational Equipment of the Ministerio de Educación Pública, reports under oath, in summary that: According to a report from the architect of that department, instructions were issued to the circuit supervisor to request transportation for the students to the nearest schools, since the residence in which they were located did not, at that time, meet all the necessary requirements to provide use as an educational center. The foregoing in protection of the physical integrity of the children and the teaching and administrative staff. On April 20, 2017, the coordinator of the legal area of the Directorate attended to the circuit supervisor and the director of the educational center, where the community's intention to move the center to the community hall was presented, as the residence was not suitable, and the parents were not willing to transfer them to other educational centers. Therefore, it was authorized to continue teaching lessons in the residence, for a period of five months, on the condition of moving them to the community hall as soon as the works are completed. In addition, the owner of the residence would be instructed to make adjustments to the electrical system. He requests that the recurso be declared without merit. \n\n4.- SONIA MARTA MORA ESCALANTE, in her capacity as Minister of Public Education, reports under oath, in the same sense as the Director of Infrastructure and Educational Equipment of the Ministerio de Educación Pública. She requests that the recurso be declared without merit. \n\n5.- JOHANNA CAMBRONERO GUIDO, in her capacity as Director of La Flor del Roble, appears to state that: Because the building of the La Flor school fulfilled its useful life, it was located in the first instance in the community's Catholic church, to finish the 2016 school year (47 students and 7 levels). But as the place was very small, the owner of a wooden foundation house was contacted, which was rented, and to which several modifications were made. Currently, there is a piece of land donated by the development association in an extraordinary assembly on December 17, 2016, and ratified on April 9, 2017, in addition to a community hall in the process of construction. Despite the above, the supervisor of educational centers, by means of official letter No. SCEC-06-033-17 of April 17, 2017, orders the closure of the house premises. As the order came from her immediate superior, on April 18, 2017, she proceeds to inform the parents of the closure and that classes are suspended until further notice, and to indicate the measure of sending the students to the nearest educational centers, to which the parents objected. During the visit on Monday, April 24, 2017, with the supervisor, they verbally indicate to resume classes, for a defined time, until the community's community hall is enabled for relocation. While they proceed with the construction of the new property, and thus they commit to making a visit to the current property, donated land, and the community hall in process. So she is awaiting the written order to resume classes immediately on April 25. Thus, it has in no way been her decision to close the premises where classes are taught. \n\n6.- JOSÉ ANTONIO DIA FLORES, in his capacity as Chief of the Cantonal Delegation of Coto Brus, reports under oath, in summary that: there is sanitary order 033-2017 against the Educational Center Escuela La Flor del Roble. The Fuerza Pública has at no time carried out the closure of any provisional school. It has been observed that the students attend lessons normally. There is no record of any participation in the closure. In compliance with the legal system, the Fuerza Pública has carried out citizen security tasks, both at the school and on the property; patrols are evident. The only incident was on April 21, where unknown individuals stole a flat screen TV and basic food basket products. He requests that the recurso be declared without merit. \n\n7.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\n Drawn up by Judge Cruz Castro; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- Purpose of the recurso.- The petitioner, father of the protected minors, considers their right to education violated in that the provisional school enabled because the Escuela La Flor del Roble, in Sabalito de Coto Brus, was closed (due to the poor state of infrastructure), was also closed by the Ministerio de Seguridad Pública. This is why the students are not receiving classes, a closure that was done without coordinating with the Ministerio de Educación Pública or the Patronato Nacional de la Infancia, since there are students from indigenous groups.\n\n II.- Proven facts.- Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited in this way or because the respondent has omitted to refer to them according to what was provided in the initial order:\n\na. That because the building of the La Flor school fulfilled its useful life, it was located in the first instance in the community's Catholic church, to finish the 2016 school year, with 47 students and 7 levels (see the report from the Center's Director).\n\nb. But because the church was a very small place, the Ministry rented a wooden foundation house, to which several modifications were made (see the report from the Center's Director).\n\nc. The supervisor of educational centers, by means of official letter No. SCEC-06-033-17 of April 17, 2017, orders the closure of the house premises. On April 18, 2017, the Director informs the parents of the closure and that classes are suspended until further notice, and indicates the measure of sending the students to the nearest educational centers, to which the parents objected (see the report from the Center's Director).\n\nd. During the visit on Monday, April 24, 2017, with the supervisor, he verbally indicated to resume classes, for a defined time of five months, until the community's community hall is enabled for relocation. While they proceed with the construction of the new property, and thus they commit to making a visit to the current property, donated land, and the community hall in process. Lessons resumed on April 25, 2017 (see the report from the Center's Director).\n\ne. Currently, the school has a piece of land donated by the development association in an extraordinary assembly on December 17, 2016, and ratified on April 9, 2017, in addition to a community hall in the process of construction (see the report from the Center's Director).\n\n III.- Unproven facts. The following facts of relevance to this resolution are not deemed proven:\n\na. That the Ministerio de Seguridad Pública participated in the closure of the house where lessons for the La Flor school were being provisionally taught.\n\n IV.- On the right to health, the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, and the right to continuity of the public education service in Education Centers.- The right to health recognized in Articles 21 of the Constitución Política, 1 and 11 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, 4 of the American Convention on Human Rights, and 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, is intimately linked to the right to live in a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution. Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life; just like health, food, work, housing, education, among others. Consequently, the State has the obligation to ensure adequate protection for the environment, for which it must take the necessary measures so that the environment is free from contamination, and that the alterations produced by both man and nature, in the near or distant surroundings, do not constitute an injury to the environment or to the health of the people who inhabit it. This right is especially recognized when it is associated with other fundamental rights, such as the right to education. The latter is configured as a fundamental right, which translates into the public service that the State provides in the different educational centers of the country. Therefore, the least the State can do is that, when providing this public service, it does not injure the principle of continuity, nor other fundamental rights, such as the right to health and to a healthy environment, of both the students and the teaching and administrative staff of the educational institution.\n\n V.- On the specific case.- From the reports provided by the representatives of the respondent authority—which are taken as given under oath with the consequences, even criminal, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of this matter, this Chamber verifies that the La Flor school was located in the first instance in the community's Catholic church to finish the 2016 school year, due to infrastructure problems. But this church, being a very small place to house 47 students in 7 levels, was moved to a wooden foundation house, which was rented, and to which several modifications were made. Later, the supervisor of educational centers, by means of official letter No. SCEC-06-033-17 of April 17, 2017, orders the closure of the house premises, as he does not consider it suitable. On April 18, 2017, the Director informs the parents of the closure and that classes are suspended until further notice, and indicates the measure of sending the students to the nearest educational centers, to which the parents objected. Thus, this closure was maintained until April 25, approximately ONE WEEK later, when the supervisor indicated to resume classes, for a defined time of five months, until the community's community hall is enabled for relocation. From all this, this Chamber concludes that there has been a violation of the right to health, to the environment, and to education. In the first place, it is surprising that an educational center has to reach such conditions that a sanitary order is issued against it, and the immediate transfer of the students. This suggests that for several months, the students were subjected to unsuitable conditions for their educational process, threatening their right to health, to life, to the environment, and to education. Secondly, it is proven that the minors have been subject to continuous transfers, as they went from the educational center to the church, and from there, to a rented house. This causes instability in their educational process. Thirdly, the provisional place that operated as an educational center (rented house) certainly remained closed, approximately from April 18 to April 24, 2017, interrupting the students' educational process. No participation by the Ministerio de Seguridad Pública is proven regarding this aspect, but from the proven facts, it is shown that the closure was due to the supervisor's order. A closure that was ordered without foreseeing that the alternative of sending the minors to other centers was viable for the parents, and without taking into consideration that the educational process would be interrupted. Certainly, the actions of the respondents must take into account the safety and integrity of the minors, but as preventive measures and not to let the situation reach such a point of gravity that they are left without an educational center to attend. In conclusion, given that it is proven that the Ministry of Education has been remiss and negligent in the maintenance of the La Flor educational center, given that the closure of the provisional educational center was ordered, interrupting the minors' educational process, the violation of the right to health, to life, to the environment, and to education of the protected minors by the Ministerio de Educación Pública is verified, the granting of this recurso proceeding, with the consequences indicated in the operative part of this resolution. Regarding the Ministry of Security, the recurso is dismissed because it is not proven that it participated in the closure.\n\nVI.- NOTE BY JUDGE JINESTA LOBO. The undersigned Judge clarifies that although environmental matters, when there is administrative intervention of any kind, are referred to the contentious-administrative jurisdiction, the truth is that, in the case of complaints alleging contamination and deplorable sanitary conditions that affect the students of a school, he will not do so. This is because other rights of the protected parties are at stake, such as health and the enjoyment of a decent level of quality of life. \n\nVII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. I have concurred with the position held by Judge Jinesta Lobo on this matter; therefore, in environmental matters, it is also the undersigned's criterion that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the people affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Constitución Política), as is the case here, where contamination and terrible sanitary conditions that affect the students of a center are alleged, violating their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment.\n\nVIII.- SEPARATE NOTE BY JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ. I have consistently saved my vote in those cases that seek to correct, through the recurso de amparo, the simple inactivity of the administration in infrastructure works such as sidewalks, bridges, road ballasting, sewers, among others, with the argument that they can be discussed in the ordinary legality route, considering that the Chamber is not, nor should it become, a single or omnipresent instance that demeans the other judicial protection channels created by the constituent and the legislator for that purpose. I have clarified, however, that I do consider cases of administrative inactivity on the indicated issues to be protectable through this route if it produces a direct impact on the exercise of fundamental rights regulated in the Constitución Política or in international human rights treaties, provided that they are capable of being heard in a very summary process of special nature and urgency, as is the amparo as a procedural institute. Such is the case with this recurso where the claim revolves around deficiencies that directly affect the right to education of minors, and for this reason, I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the protected persons as indicated in the filing document. \n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this sentence. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe recurso is declared PARTIALLY WITH MERIT, only with respect to the actions and omissions of the Ministerio de Educación Pública. Consequently, SONIA MARTA MORA ESCALANTE, in her capacity as Minister of Public Education, or whoever occupies said position in her place, is ordered to immediately proceed to issue the instructions that are within the scope of her competencies to proceed to guarantee that the minors attending the La Flor School continue their educational process, in a continuous and uninterrupted manner, and under adequate conditions, in respect of their right to health, life, and the environment. The foregoing, under warning that she could incur the crime typified in Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, which provides that imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in a recurso de amparo, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the crime is not more severely penalized. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the sentence from the contentious-administrative jurisdiction. The recurso is dismissed with respect to the Ministerio de Seguridad Pública. Notify personally SONIA MARTA MORA ESCALANTE, in her capacity as Minister of Public Education, or whoever occupies said position in her place. Judge Jinesta Lobo adds a note. Judge Salazar Alvarado adds a note. Judge Hernández López adds a note.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nErnesto Jinesta L.\n\nPresident\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Paulino Hernández G.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n*IT98JPLNYYO61*\n\n IT98JPLNYYO61\n\nEXPEDIENTE N° 17-005995-0007-CO\n\n \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of documents: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6\n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIs a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 04:44:04.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }