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San José, a las nueve horas quince minutos del seis de marzo de dos\r\nmil dieciocho .\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n Recurso de amparo interpuesto por CARLOS LUIS MEDINA FERNÁNDEZ, cédula de identidad 0601420135 , contra la MUNICIPALIDAD DE NICOYA Y\r\nOTRA. \n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\nResultando:\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n 1.- Por\r\nescrito recibido a las 11:12 horas del 2 de marzo de 2018, el recurrente interpone\r\nrecurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE NICOYA Y OTRA, y manifiesta\r\nlo siguiente, en resumen: que a raíz de una denuncia planteada por unos vecinos\r\nde la ciudadela Calderón Fournier, sita en San Martín de Nicoya, tuvo\r\nconocimiento de que unas personas cuyos nombres no conoce, levantaron una\r\nconstrucción en la zona de protección del Río Grande. Añade que al sitio se\r\napersonó el Ingeniero Josué Ruíz Guerrero, Encargado de Construcciones del la\r\nCorporación Local accionada, en compañía de algunos inspectores, quienes, luego\r\nde entablar conversación con las personas que levantaban la vivienda, se\r\nretiraron para no regresar más. Preocupado por el daño ambiental que estaba\r\nocurriendo, el petente se dirigió a las Oficinas del Área de Conservación Tempisque\r\ndel Ministerio de Ambiente y Energía, en donde le indicaron que conocer del\r\ncaso era competencia municipal y que lo trasladarían al Despacho de la\r\nAlcaldesa para lo que correspondiera. De esta forma, en fecha 15 de febrero de\r\n2018, por oficio ACT-OR-DR-197-18, el asunto fue trasladado directamente a la\r\nseñora Adriana Rodríguez Cárdenas, aquí co-recurrida. Sin embargo, las obras\r\nhan continuado sin interrupción, al extremo de que incluso ha sido levantada\r\nuna tapia que impide la vista d desde la calle. Dado lo anterior, solicita que,\r\ncomo medida cautelar, se suspendan los trabajos y se instruya a la Fuerza\r\nPública para que decomise las herramientas y moto sierras que actualmente son\r\nutilizadas en la obra. Asimismo, pide que las obras sean demolidas y que se\r\ngarantice que no se levanten nuevas construcciones en el área de protección\r\ninvadida, además de denunciarse ante el Ministerio Público los delitos\r\nambientales cometidos y el nombre de los responsables. \n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n 2.- El\r\nartículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a\r\nrechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su\r\npresentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte\r\nser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de\r\njuicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o\r\nreproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. \n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n Redacta\r\nel Magistrado Castillo Víquez; y,\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\nConsiderando:\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n I.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES: SOBRE LOS RECURSOS DE\r\nAMPARO PRESENTADOS EN MATERIA AMBIENTAL. Esta Sala ha declarado, reiteradamente, que por la vía\r\ndel amparo no puede sustituirse directamente la voluntad administrativa y\r\nsuplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su\r\ncompetencia. Por este motivo, de previo a admitir un amparo en materia\r\nambiental, se requiere que la parte recurrente haya acudido ante las\r\nAutoridades competentes a plantear los reclamos y quejas que corresponda,\r\ny que la Administración no haya actuado con la debida diligencia para\r\nenfrentarlos, en el entendido de que lo anterior, no es lo mismo que exigir\r\nalgún tipo de agotamiento de la vía administrativa, sino la simple admisión de\r\nque este Tribunal no es una Administración activa alternativa. Tan así es, que\r\nla Sala se ha negado a conocer ciertos recursos de amparo interpuestos por\r\nproblemas ambientales, en los siguientes términos:\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n“[...] no debe perderse de vista que los promoventes no aportaron elemento\r\nprobatorio alguno que demostrara haber acudido previamente ante la citada Área\r\nde Salud. Es importante explicar a los recurrentes que esta Sala Constitucional\r\nno es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir\r\nante el Ministerio de Salud, a plantear los reclamos pertinentes”. (Sentencia N° 2012-18538 de las 09:05 horas del 21 de\r\ndiciembre de 2012). \n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n En\r\neste sentido, recuérdese que el proceso de amparo es de carácter eminentemente\r\nsumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible\r\ncon la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la\r\nnecesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los\r\nderechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco\r\nfáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen\r\nen realidad. De allí que esta vía no sea apta para hacer amplias\r\ninvestigaciones en materia ambiental, puesto que éstas harían necesario abrir\r\nel proceso a pruebas. \n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n II.-\r\nSOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESOLUCIÓN. El derecho de petición establecido en el artículo 27 Constitucional,\r\nentendido de forma genérica, hace referencia a la facultad que posee todo\r\nciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad\r\noficial, con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se\r\ncomplementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no\r\nsignifica que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses.\r\nEn otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se\r\npide —aún cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a\r\nla ley—, pues la libertad de petición se funda en otro principio; esto es, que\r\nla Administración no puede coartar el derecho de los gobernados para dirigirse\r\na los órganos públicos. De esta manera, la vía de petición permite plantear a\r\nla Administración lo que no se puede obtener por vía de recurso ante ella,\r\nsiempre y cuando a ésta no le esté vedado hacerlo por tratarse de materia\r\nreglada. Consecuentemente, el derecho tutelado en el numeral 27 citado\r\nestá conformado por una parte formal y otra sustancial: la primera se refiere\r\nal medio por el cual se solicita y a su vez se proporciona la información (ante\r\nuna petición por escrito, la Administración debe responder también por\r\nescrito); la segunda, a la concordancia entre lo que se pide y la respuesta que\r\nse brinda. Sobre este tema, ha dicho la Sala lo siguiente:\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n“En punto al derecho de petición y pronta resolución,\r\nasí como al de acceso a la justicia pronta y cumplida es copiosa la\r\njurisprudencia de esta Sala, de conformidad con la cual se ha determinado que\r\nel artículo 27 de la Constitución Política consagra el derecho de petición y\r\npronta resolución, el cual consiste en una facultad que tienen los\r\nadministrados para realizar peticiones ante las autoridades públicas. Se\r\nha indicado que la petición debe hacerse por escrito, y, por lo tanto, ante una\r\npetición formal corresponde una respuesta formal, de donde no es dable estimar\r\nque el silencio negativo sea respuesta; además, la misma debe ser en tiempo y\r\ndebe ser comunicada al peticionario, pues éste lo que requiere, y tiene derecho\r\na exigir, no es que se dé una respuesta sino que se le dé, a él, una respuesta. \r\nLa contestación que ofrezca el funcionario o entidad pública requerido de\r\ninformación, no puede limitarse a dar constancia de que se recibió la petición,\r\nsino que debe examinar el contenido de la solicitud y resolverla conforme a las\r\natribuciones jurídicas que le competen, lo que no implica que la respuesta deba\r\nser favorable a las pretensiones del administrado, sino que le debe responder\r\nlo antes posible”. (Sentencia N° 4229-98 de las 16:30 horas del 17 de junio\r\nde 1998).\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n III.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS\r\nPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. En este punto, empero, deben diferenciarse las peticiones\r\npuras y simples de información, los reclamos administrativos, las denuncias y\r\notras solicitudes. En el primer caso, normalmente la respuesta deberá darse\r\ndentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición, como lo\r\nordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás\r\nnormativa que regula la materia. Sin embargo, en el segundo caso, cuando se\r\ntrata de reclamos o recursos en que el particular pide la declaración o\r\nrestitución de un derecho subjetivo, como lo ha señalado esta Sala, no es el\r\nartículo 27 Constitucional el aplicable, sino el 41: “Ocurriendo a las\r\nleyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan\r\nrecibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia\r\npronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”;\r\ntesis que fue recogida en el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de\r\nPetición N° 9097, según el cual no son objeto del derecho de petición aquellas\r\nsolicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento\r\njurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos\r\ndistintos de los regulados en dicha ley. Esta distinción descansa en el hecho,\r\nbien conocido, de que los reclamos y recursos administrativos, a diferencia de\r\nlas peticiones puras, requieren un procedimiento para verificar los hechos que\r\nhan de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias\r\npertinentes (véase la sentencia N° 2002-03851 de las 14:56 horas del 30 de\r\nabril de 2002). Usualmente, el término para resolver está dado por el artículo\r\n261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, que establece\r\nque el procedimiento administrativo ordinario debe ser concluido, por acto\r\nfinal, dentro del plazo de dos meses posteriores a su iniciación (véase la\r\nsentencia número 759-93 de las 16:39 horas del 15 de febrero de 1993). En\r\nla hipótesis del procedimiento sumario, el artículo 325 de esa misma ley\r\ndispone un plazo de un mes —a partir de su inicio— para que la Administración\r\nconcluya la tramitación. Además, en lo tocante a la fase recursiva o\r\nprocedimiento de impugnación, el numeral 261, párrafo 2° del mismo cuerpo legal\r\nfija también el término de un mes para resolver. Lo anterior se afirma en el\r\nentendido de que, en virtud del principio del debido proceso que rige en la vía\r\nadministrativa, la autoridad recurrida está obligada no sólo a resolver dentro\r\ndel período conferido por la ley para tal efecto, sino también a notificar la\r\nresolución respectiva dentro de ese mismo lapso de tiempo. Por otra parte, en\r\nel tercer caso, cuando se trata de denuncias, no existe un plazo legalmente\r\nestablecido para resolver al efecto. En este sentido, independientemente de lo\r\ndispuesto en el mencionado ordinal 3 de la Ley de Regulación del Derecho de\r\nPetición N° 9097, lo cierto es que cuando conoce una denuncia, la\r\nAdministración necesita llevar a cabo un procedimiento para verificar los\r\nhechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas\r\nprobatorias pertinentes. Por este motivo, la Sala ha sostenido reiteradamente\r\nque el correspondiente quebrantamiento de los ordinales constitucionales se\r\nconstata al ponderar —de conformidad con la prueba que obra en autos— que la\r\nsubstanciación se produjo sin dilaciones indebidas (véase la sentencia Nº\r\n2002-09041 de las 15:02 horas del 17 de setiembre de 2002), sin perjuicio de aplicar\r\ncomo guía general el término previsto en el artículo 261 de la Ley General de\r\nla Administración Pública. Por último, en tratándose de solicitudes para\r\nobtener autorizaciones, permisos y licencias, los artículos 330 y 331 de la Ley\r\nGeneral de Administración Pública disponen que la Administración cuenta con el\r\nplazo de un mes, contado a partir del momento en que recibe la solicitud, para\r\nresolver lo que en derecho corresponda (véase las resoluciones N° 171-89 de las\r\n09:30 horas del 15 de diciembre de 1999, y N° 3072-93 de las 16:00 horas del 30\r\nde junio de 1993). Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos,\r\nen tesis de principio, se produce un quebranto del derecho a una justicia\r\nadministrativa pronta y cumplida establecido en el artículo 41 de la\r\nConstitución Política. No obstante, lo anterior en modo alguno implica una\r\nconstitucionalización de los plazos legales, pues lo que se tutela es el\r\nderecho que toda persona tiene a que su causa se resuelva dentro de un plazo razonable;\r\nplazo que ha de ser establecido en cada caso concreto, atendiendo a la\r\ncomplejidad del asunto, la conducta de los litigantes y de las autoridades, las\r\nconsecuencias para las partes de la demora, las pautas y márgenes ordinarios de\r\nlos tipos de proceso de que se trata y el estándar medio para la resolución de\r\nasuntos similares, por las autoridades de la misma materia (sentencia N°\r\n2001-09495 de las 14:52 horas del 25 de setiembre de 2001). Por lo tanto,\r\nun incumplimiento de los términos legales, puede, a veces, no entrañar una\r\nviolación de los artículos 27 y 41 de la Constitución. \n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n IV.- SOBRE LA ALEGADA FALTA DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES RECURRIDAS . En el presente caso, de las propias\r\nmanifestaciones del recurrente se colige que, aunque sí denunció la\r\nproblemática que aquí expone, también acepta que el caso le fue remitido a la\r\nAlcaldesa Municipal el 15 de febrero de 2018 por oficio ACT-OR-DR-197-18. En\r\nsemejantes condiciones, su amparo es prematuro, puesto que a la fecha de\r\ninterposición del recurso, todavía no habían transcurrido los dos meses de ley\r\ny, en consecuencia, no era posible considerar que la falta de acción de las\r\nAutoridades Municipales representara una violación de los derechos\r\nfundamentales de la parte tutelada. Dado lo anterior, deberá la parte\r\nrecurrente plantear sus inconformidades, reclamos y solicitudes de medidas\r\ncautelares ante la propia Municipalidad Local, sin perjuicio de interponer las\r\ndenuncias penales que estime procedentes por los presuntos daños ambientales\r\nque acusa, o de apersonarse nuevamente ante esta sede para reclamar cualquier\r\ndemora irrazonable que se produzca en el futuro. En consecuencia, el recurso es\r\nimprocedente y así se declara.\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel,\r\nasí como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de\r\ncarácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido\r\npor nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo\r\nmáximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta\r\nsentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea\r\nretirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre\r\nExpediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte\r\nPlena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado\r\nen el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el\r\nacuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°\r\n43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI .\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\nPor tanto: \n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n Se\r\nrechaza por el fondo el recurso.\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\r\n \r\n \n\r\n \r\n \n \n\r\n \r\n \r\n \n\n\r\n \nErnesto\r\n Jinesta L.\n\r\n \nPresidente\n\r\n \r\n \r\n \n \n\r\n \r\n \n\r\n \n\r\n \r\n \n\n\r\n \nFernando\r\n Cruz C.\n\r\n \r\n \r\n \n \n\r\n \r\n \r\n \n\n\r\n \nFernando\r\n Castillo V.\n\r\n \r\n \n\r\n \n\r\n \r\n \n\n\r\n \nPaul\r\n Rueda L.\n\r\n \r\n \r\n \n \n\r\n \r\n \r\n \n\n\r\n \nLuis\r\n Fdo. Salazar A.\n\r\n \r\n \n\r\n \n\r\n \r\n \n\n\r\n \nJose\r\n Paulino Hernández G.\n\r\n \r\n \r\n \n \n\r\n \r\n \r\n \n\n\r\n \nAnamari\r\n Garro V.\n\r\n \r\n \n\r\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\nDocumento Firmado\r\nDigitalmente\n\r\n\r\n\n-- Código verificador --\n\r\n\r\n\n*EF7CQ4N43YFS61*\n\r\n\r\n\n EF7CQ4N43YFS61\r\n\n\r\n\r\n\nEXPEDIENTE N° 18-003596-0007-CO \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\n\r\n\r\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax:\r\n2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica:\r\nwww.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle\r\nMorenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de\r\ndocumentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral,\r\nBarrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6",
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