{ "id": "nexus-sen-1-0007-852916", "citation": "Res. 14519-2017 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Cuestionamiento constitucional a la tradición de La Lagarteada por muerte de cocodrilo", "title_en": "Constitutional challenge to La Lagarteada tradition after crocodile death", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo contra el MINAE por autorizar la actividad 'La Lagarteada' en Ortega de Santa Cruz, Guanacaste, el 14 de abril de 2017, donde se capturó un cocodrilo (Crocodylus acutus) que murió durante el evento. La mayoría de la Sala declaró sin lugar el recurso, considerando que la actividad se realizó bajo supervisión oficial, con base en criterios técnicos, y que la muerte fue accidental. Remitió el caso a la vía ordinaria, argumentando que la Ley de Bienestar Animal reformada provee los mecanismos legales para sancionar y proteger a los animales. Sin embargo, tres magistrados salvaron el voto, declarando con lugar el recurso. Consideraron que la actividad constituye caza de una especie en peligro de extinción, prohibida por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, y que las costumbres no justifican el maltrato animal. El voto salvado enfatiza el derecho al ambiente como derecho humano y la necesidad de proteger la fauna amenazada, declarando inconstitucional la actividad.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo appeal against MINAE for authorizing the 'La Lagarteada' activity in Ortega de Santa Cruz, Guanacaste, on April 14, 2017, where a crocodile (Crocodylus acutus) was captured and later died. The majority denied the appeal, finding the activity was officially supervised, technically justified, and the death accidental. It referred the case to ordinary courts, citing the reformed Animal Welfare Law. Three judges dissented, granting the appeal. They held the activity constitutes hunting an endangered species, prohibited by the Wildlife Conservation Law, and that tradition does not excuse animal cruelty. The dissent underscored the right to a healthy environment as a human right and the duty to protect endangered fauna, declaring the activity unconstitutional.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "08/09/2017", "year": "2017", "topic_ids": [ "wildlife-law-7317", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "wildlife-law-7317", "es_concept_hints": [ "derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado", "artículo 50 Constitución Política", "amparo ambiental", "legitimación difusa", "especie en peligro de extinción", "voto salvado", "Ley de Conservación de la Vida Silvestre", "principio precautorio" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 2, 28, 25", "law": "Ley de Conservación de la Vida Silvestre 7317" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Arts. 4, 9, 23", "law": "Ley de Bienestar Animal 7451" } ], "keywords_es": [ "Lagarteada", "Crocodylus acutus", "especie en peligro de extinción", "caza", "vida silvestre", "SINAC", "voto salvado", "amparo ambiental", "derecho al ambiente", "bienestar animal", "costumbre", "Constitución Política", "Ley de Conservación de la Vida Silvestre" ], "keywords_en": [ "Lagarteada", "Crocodylus acutus", "endangered species", "hunting", "wildlife", "SINAC", "dissenting vote", "environmental amparo", "right to environment", "animal welfare", "custom", "Political Constitution", "Wildlife Conservation Law" ], "excerpt_es": "Ahora bien, el ordinal 29 del Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre para Pesca y Refugios Nacionales de Vida Silvestre vigente al momento de los hechos establecía:\n“Artículo 29.-Para los efectos del artículo 25 de la LCVS se declaran especies de fauna en peligro de extinción las incluidas en los siguientes taxones, Así como todas aquellas otras que puedan declararse como tales: (…) REPTILES (…) Crocodylus acutus (…)”\nEs decir, el cocodrilo objeto de La Lagarteada se encontraba entre las especies en peligro de extinción, cuya caza –según la definición de este término prevista normativamente- estaba vedada.\n\nEn definitiva, una costumbre riñe con la Constitución Política si contempla el maltrato del animal como un elemento inherente sin justificación alguna, en los términos que este Tribunal señaló en la sentencia N° 2012-4620 de las 15:00 horas del 10 de abril de 2012.", "excerpt_en": "Now, article 29 of the Regulation to the Wildlife Conservation Law for Fisheries and National Wildlife Refuges in force at the time of the events established:\n\"Article 29.- For the purposes of article 25 of the LCVS, the following taxa are declared endangered species of fauna, as well as any others that may be declared as such: (…) REPTILES (…) Crocodylus acutus (…)\"\nThat is, the crocodile subject of La Lagarteada was among the endangered species, whose hunting –according to the definition of this term provided by law– was prohibited.\n\nUltimately, a custom is contrary to the Political Constitution if it involves animal abuse as an inherent element without any justification, in the terms that this Court indicated in ruling No. 2012-4620 of 15:00 hours on April 10, 2012.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The amparo appeal is denied. Three judges dissent and would grant the appeal and declare the activity unconstitutional.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de amparo. Tres magistrados salvan el voto y declaran con lugar el recurso e inconstitucional la actividad." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "The activity in question... was carried out in an organized, coordinated and supervised manner by the authorities... in order to avoid irreversible damage to the natural ecosystem.", "quote_es": "La actividad en cuestión... se llevó a cabo de manera organizada, coordinada y supervisada por las autoridades... con el fin de evitar que se produzcan daños irreversibles al ecosistema natural." }, { "context": "Voto Salvado, apartado A", "quote_en": "The right to a healthy environment has a broad content equivalent to the aspiration of improving the human living environment... it is a transversal right, that is, it runs throughout the legal system.", "quote_es": "El derecho al ambiente sano tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano... se trata de un derecho transversal, es decir, que se desplaza a todo lo largo del ordenamiento jurídico." }, { "context": "Voto Salvado, apartado B", "quote_en": "Ultimately, a custom is contrary to the Political Constitution if it involves animal abuse as an inherent element without any justification.", "quote_es": "En definitiva, una costumbre riñe con la Constitución Política si contempla el maltrato del animal como un elemento inherente sin justificación alguna." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-12648", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley de Conservación de la Vida Silvestre 7317 Arts. 2, 28, 25" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-852916", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 14519 - 2017\n\nFecha de la Resolución: 08 de Setiembre del 2017 a las 12:16\n\nExpediente: 17-007413-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nFAUNA.\n\nAMBIENTE. SE CUESTIONA TRADICIÓN DE “LA LAGARTEADA”.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLBH06/21\n\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nDAÑO AMBIENTAL.\n\nAMBIENTE. SE CUESTIONA TRADICIÓN DE “LA LAGARTEADA”.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLBH06/21\n\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n \n\n*170074130007CO*\n\nExp: 17-007413-0007-CO\n\nRes. Nº 2017014519\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y dieciséis minutos de ocho de setiembre de dos mil diecisiete.\n\n          Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 17-007413-0007-CO, interpuesto por CAROLINA OCAMPO PIZARRO, cédula de identidad 0114600137, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.\n\nResultando:\n\n   1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:43 horas de 15 de mayo de 2015, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía –MINAE-. Manifiesta que el 14 de abril de este año se realizó la actividad de caza llamada “La Lagarteada”, en Ortega de Santa Cruz, Guanacaste. Comenta que \"La Lagarteada” consiste en sacar a un cocodrilo (crocodylus acutus) de su hábitat, atarlo y trasladarlo a la pileta del pueblo, donde es exhibido y al día siguiente, es devuelto a su hábitat. En esa oportunidad, un cocodrilo fue capturado y luego murió asfixiado, según la hipótesis y observaciones realizadas en el lugar por personeros del Ministerio de Ambiente y Energía. Dice que esa actividad es cruel, pero a pesar de ello, contaba con los permisos del Ministerio accionado para realizarse. Recalca que, según el Decreto 32633-MINAE de 2005, el cocodrilo es una especie en peligro de extinción, por lo que no debe ser perturbado en su hábitat. Señala que, a pesar que esa actividad, presuntamente, cuenta con una larga tradición, no puede ser un obstáculo para que las autoridades administrativas competentes, si lo consideran pertinente, intervengan en el asunto con el fin de evitar que una especie en peligro de extinción se vea afectada. Considera que la citada acción cultural, se hace en condiciones perjudiciales para el animal y su medio ambiente, tal y como lo reconoció esta Sala en la Sentencia N° 2008-05844 de las 14:41 horas del 15 de abril de 2008. Solicita que se declare con lugar el presente recurso de amparo y, en consecuencia, se prohíba y no se vuelvan a dar permisos para la realización de la actividad denominada “La Lagarteada” en cualquier parte del país.\n\n2.- Por resolución de las 10:59 horas de 29 de mayo de 2017, se le dio curso a este recurso de amparo y se le solicitó informe al Ministro de Ambiente y Energía, para que se refiriera a los hechos alegados por la recurrente.\n\n3.- Informa, bajo juramento, Edgar E. Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía –MINAE- que, según informe rendido por el Sistema de Áreas de Conservación –SINAC-, emitido por medio de oficio SINAC-AJ-361-2017 de 26 de mayo de 2017, el Área de Conservación Tempisque indicó en oficio ACT-OR-DR-0683-17 de 26 de mayo de 2017, que la lagarteada fue autorizada mediante resolución administrativa ACT-OR-DR-038-2017 de 31 de marzo de 2017, ante la solicitud que presentó la Asociación de Desarrollo de Ortega el 30 de marzo de 2017. Señala que, en el informe en cita, se menciona que la actividad en discusión, en los últimos años, se ha autorizado siguiendo los lineamientos técnicos emitidos por la Comisión de Vida Silvestre del ACTO-SINAC, oficio ACT-OR-FV-112 de 27 de enero de 2010. Estas disposiciones constan en la resolución administrativa que avaló la actividad para el año 2017, las cuales tuvieron el carácter de obligatoriedad durante su desarrollo. Así, el Administrador del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipanci, sector Bolsón, por oficio ACT-RNVS-Bo-22 de 15 de abril de 2017, informó:\n\n“La actividad inició oficialmente a las 9:00 a.m. en el Salón Comunal de la ADI-Ortega con una charla del Administrador del refugio sobre las acciones a considerar para mantener la integridad de las personas, del cocodrilo y del hábitat circundante, así como la recolección de los residuos sólidos.\n\nA las 10:00 a.m. se trasladan los lagarteros autorizados, funcionaros del SINAC y los visitantes al sitio donde se realizara la captura del animal, en un sector del rio El Charco. De las 10:30 se inicia el proceso de captura bajo la “técnica del arreo” y culmina a las 3:00 p.m. con la captura del cocodrilo, el traslado del mismo y a las 3:30 p.m. se coloca en la pileta del Salón Comunal.\n\nA las 2:30 p.m. los funcionarios del SINAC realizaron la inspección ocular del cocodrilo y no encontraron anormalidades aparentes y la pileta tenía un nivel de 0.60 m que es normal para estas condiciones.\n\nA las 6:00 a.m. del 15 de abril, vecinos de la comunidad llaman al SINAC y reportan que el animal presumiblemente se encuentra muerto. Se hace la inspección de rigor y efectivamente se encuentra el cocodrilo con desechos de comida en la boca de muy mal olor, sin respiración y sin vida.\n\nA las 7:30 a.m. se traslada el cocodrilo a un sitio fuera del pueblo para evitar la aglomeración de personas. A las 9:00 a.m. el Administrador del refugio se comunica con la Ing. Norma Rodríguez Garro, Gerente de ASP del ACT y a la vez con el Dr. Carlos Mario Orrego, Coordinador Nacional de Vida Silvestre del SINAC para seguir los procedimientos correspondientes para este caso.\n\n RECOPILACIÓNDE INFORMACIÓN IN SITU\n\nInspección ocular: Se observó la totalidad del cuerpo del animal y no se encontraron evidencias de heridas ocasionadas en el proceso de manipulación y otra causa. Se observaron restos de materia en descomposición en la boca. El animal permanece con el hocico amarrado lo que probablemente incidió que no pudiera expulsar los restos de comida que tenía en la boca.\n\nMediciones: cabeza 0.85 cm; de hocico a cloaca 1.97 m, de cabeza a cola 3.74 m; diámetro en el centro del animal 1.12 m.\n\n \n\nNecropsia: No fue posible realizarla porque la posible hora de muerte superaba las 5-6 horas y por lo tanto, bajo estas condiciones, la utilidad de la misma es muy limitada para explicar científicamente la muere de este cocodrilo.\n\nDISPOSICIÓN FINAL DEL COCODRILO\n\nA las 11:0 a.m. del día de hoy, se giraron instrucciones a los miembros de la Asociación de Desarrollo de Ortega que procedieran a enterrar al animal a un profundidad de 1.5 m el cual se realizó bajo supervisión de funcionarios del refugio.\n\nHIPÓTESIS DE LA CAUSA DE MUERTE DEL COCODRILO BASADAS EN LA OBSERVACIÓN IN SITU\n\nConsiderando los residuos de comida que presentaba el cocodrilo en la boca, se deduce que el animal horas antes de su captura se había alimentado. La tensión generada tras el proceso de captura produjo la indigestión severa provocando la expulsión de los residuos de comida (vómito). El animal se encontraba en el hocico amarrado lo que impidió la expulsión al exterior de los residuos de comida provocando a la vez una asfixia por bronco aspiración y consecuentemente su muerte.”\n\n \n\nAgrega el recurrido que, en el informe en mención, se indica que la vida silvestre es un tema prioritario en Costa Rica. De tal forma, para el SINAC-MINAE se mantiene el compromiso de acciones de conservación dentro y fuera del hábitat de estas especies. Así, toda autorización o permiso de parte de la institución se ha basado en el criterio técnico-científico y en la normativa vigente, relacionada con los principios bioéticos y calidad de vida. El SINAC—MINAE  ha buscado acompañar las actividades asociadas con el uso, aprovechamiento y conservación de la vida silvestre que las comunidades, tradicionalmente, han realizado, buscando un manejo adecuado y el bienestar de las especies. Alega que lo ocurrido en Ortega, es un hecho lamentable, por lo que se está realizando un análisis de la situación, así como la conveniencia de nuevas autorizaciones para esta actividad, considerando lo establecido en el marco legal y lo dictado por la Sala Constitucional en el voto 2009-002242 de 13 de febrero de 2009. Indica que respecto de la Lagarteada, el SINAC ha recibido diversas manifestaciones de la sociedad, pronunciándose en contra de la actividad:\n\n“Acuerdo IV-9 tomado en la sesión N° 52 del 25 de abril de 2017, por el Concejo Municipal de Tibás.\nAcuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, en la sesión ordinaria N° 24-2017 del 25 de abril de 2017.\nAcuerdo N°432-2017, emitido por el Concejo Municipal de Mora.\nAcuerdo N° ACM-51-03-2017, emitido por el Concejo Municipal de Mora.\nOficio LFR-FFA-091-2017, emitido por la Sra. Diputada Ligia Elena Fallas Rodríguez.”\n\n No obstante, también se tiene la manifestación de miembros de la comunidad de Ortega de Santa Cruz, quienes indican que la actividad genera fondos que son invertidos en obras comunales. Señala que se está a la espera del informe final de la comisión nombrada por la Dirección ACT mediante oficio ACT-OR-DR-496-17 de 17 de abril de 2017,  conformada para evaluar lo acontecido durante el evento de la Lagarteada. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\nRedacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\nConsiderando:\n\n   I.- OBJETO DEL RECURSO.- La recurrente asegura que existe responsabilidad, por parte de la autoridad recurrida, en la muerte del cocodrilo en la actividad denominada “La Lagarteada”, ocurrida el 15 de abril de 2017, en Ortega de Santa Cruz, Guanacaste.\n\nII.- HECHOS PROBADOS.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\nEntre los días 14 y 15 de abril de 2017, se desarrolló la actividad llamada “ La Lagarteada”, en Ortega de Santa Cruz Guanacaste, con autorización del SINAC otorgada mediante resolución administrativa N° ACT-OR-DR-038-2017 de 31 de marzo de 2017 (ver informe rendido, bajo juramento, por parte del recurrido).\nLa actividad inició a las 9:00 horas de 14 de abril de 2017, con una charla del Administrado del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipanci, sector Bolsón, sobre las acciones a ejecutar para mantener la integridad de las personas, del cocodrilo y el hábitat del lugar (ver informe rendido, bajo juramento, por parte de la autoridad recurrida).\nA las 10:00 horas de 14 de abril de 2017 , los lagarteros autorizados por el SINAC, en compañía de un funcionario de la institución, se trasladaron al sector de río El Charco, donde se inició con la actividad de captura del cocodrilo a las 10:30 horas del mismo día, bajo la “técnica del arreo”, la cual terminó a las 15:00 horas. Posteriormente, a las 15:30 horas , fue trasladado y colocado en la pileta del Salón Comunal de Ortega de Santa Cruz de Guanacaste (ver informe rendido, bajo juramento, por parte de la autoridad recurrida).\n A las 14:30 horas de 14 de abril de 2017, funcionarios del SINAC realizaron una inspección ocular del cocodrilo y no encontraron anomalías. Asimismo, verificaron que el nivel de agua de la pileta estaba en 0.60 metros, medida normal para las condiciones del animal (ver informe rendido, bajo juramento, por el recurrido).\nEl 15 de abril de 2017, ante un reporte de los vecinos de la comunidad , hecho a las 6:00 horas, por la posible muerte del cocodrilo, funcionarios del SINAC realizaron una inspección, encontrando al animal con residuos de comida en la boca y sin vida (ver informe rendido, bajo juramento, por el recurrido).\nLa causa de la muerte del animal se debió a un accidente, pues horas antes de su captura se había alimentado (ver informe rendido, bajo juramento, por el recurrido).\n\n      III.- HECHO NO PROBADO. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:\n\n      ÚNICO. Que el cocodrilo presentara señales de agresión y evidencias de heridas ocasionadas en el proceso de manipulación (los autos).\n\nIV.- SOBRE LA FUNCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN –SINAC-. Antes de entrar a conocer el fondo del presente recurso de amparo, corresponde señalar algunos puntos concretos sobre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación –SINAC-. Este, es un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Ambiente y Energía, cuenta con personería jurídica instrumental, patrimonio autónomo y con competencias claramente definidas en el artículo 22, de la Ley de Biodiversidad N° 7788, en la cual, además, encuentra su fundación. Sus competencias corresponden a materia forestal, vida silvestre, áreas silvestres protegidas y cuencas hidrográficas. Por su parte, los artículos 23 y 28, del mismo cuerpo normativo, disponen que el Sistema estará constituido por unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación bajo la supervisión general del Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio nacional, según se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o de áreas privadas de explotación económica. Cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del sector público.\n\nV .- Sobre el fondo. En relación con el caso que nos ocupa, resulta pertinente tener presente , que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) es un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Ambiente y Energía con personería jurídica instrumental, patrimonio autónomo y con competencias claramente definidas en el artículo 22 , de la Ley de Biodiversidad N° 7788, sean materia forestal, vida silvestre, áreas silvestres protegidas y cuencas hidrográficas. Fue creado mediante la Ley de Biodiversidad N° 7788, en su artículo 22, como parte de la organización administrativa del SINAC los artículos 23 y 28 , del cuerpo normativo , disponen que el Sistema estará constituido por unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación bajo la supervisión general del Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio nacional, según se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o de áreas privadas de explotación económica. Cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del sector público. Ahora bien, en sub lite, se tiene por acreditado que la actividad denominada “La La garteada” realizada el 14 de abril de 2017, fue autorizada mediante resolución administrativa ACT-OR-DR-038-2017, del 31 de marzo de 2017, emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Esta autorización se emitió ante la solicitud presentada por la Asociación de Desarrollo de Ortega el 30 de marzo de 2017. Asimismo, se indica , bajo juramento , que toda autorización o permiso de parte de la institución se da basado en el criterio técnico - científico y en la normativa vigente, relacionada con los principios bioéticos de bienestar y calidad de vida. Las regulaciones técnicas bajo las cuales se han otorgado las actividades de “ La Lagarteada” de los últimos años se han autorizado, siguiendo los lineamientos técnicos emitidos por la Comisión de Vida Silvestre del ACT-SINAC, mediante oficio ACT-OR-FV-112, del 27 de enero de 2010, que se emitieron en atención a lo dispuesto por esta Sala en la sentencia N° 2009-002242 de las doce horas y doce minutos del trece de febrero del 2009. Adicionalmente, bajo juramento , se afirma que estas regulaciones se indican como obligatorias en la resolución administrativa ACT-OR-DR-038-2017, del 31 de marzo del 2017, por lo que fueron de carácter obligatorio durante la actividad en cuestión. De este modo, la Sala observa que la actividad en cuestión, realizada el catorce de abril pasado, se llevó a cabo de manera organizada, coordinada y supervisada por las autoridades antes mencionadas, con el fin de evitar que se produzcan daños irreversibles al ecosistema natural, y a su vez, realizando un esfuerzo para no restarle importancia al bagaje cultural que aportan las tradiciones de los diversos pueblos del país. De igual manera, el permiso otorgado a la actividad, está basado en un criterio técnico-científico y en la normativa vigente, relacionada con los principios bioéticos de bienestar y calidad de vida. Ahora bien, este Tribunal no desconoce que durante la actividad denominada “La La garteada” un cocodrilo murió; sin embargo, bajo juramento , se indica que se trató de un hecho accidental, no premeditado, y actualmente se está realizando un análisis de la situación, a la espera del informe final de la comisión nombrada por la Dirección del ACT mediante oficio ACT-OR-DR-496-17 del 17 de abril de 2017, conformada para evaluar lo acontecido durante el evento de \"La Lagarteada \" , y determinar, desde el punto de vista técnico, si corresponde emitir más permisos para actividades similares. De manera que se está realizando un análisis de la situación, así como la conveniencia de nuevas autorizaciones para esta actividad, considerando lo establecido en el marco legal, así como lo señalado por la Sala Constitucional mediante el V oto N° 2009-002242 , del 13 de febrero de 2009, en lo que interesa:\n\n \n\n“(…) según informó el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones recurrido, ese Despacho Ministerial está girando las directrices pertinentes, al Director Superior del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a fin de regular técnica y legalmente la actividad de la lagarteada, para evitar que se ocasionen daños ambientales negativos significativos, de difícil e imposible reparación.  En este sentido, es importante indicar que dicha regulación debe ser emitida de manera oportuna y con base en los resultados obtenidos este año, antes de que se lleve a cabo la próxima lagarteada, para evitar que se produzcan daños irreversibles en un ecosistema natural, por cuanto como lo estableció Ronald Vargas Brenes en el  oficio SINAC-DG-1763 del 23 de octubre del 2007: “(…)Se debe considerar el impacto no sólo de la población sino de su hábitat en general ya que se destruyen sus cuevas donde ellos se refugian, también sobre el posible efecto que podría estar ocasionando la manipulación no científica de un individuo de esta talla en esta población. Además se debe tomar en cuenta el impacto no sólo en la población de cocodrilos sino en las otras poblaciones de especies silvestres que se podrían ver afectadas con dicha actividad (…)”.\n\n Finalmente, la autoridad recurrida indica que se está a la espera del informe final de la comisión nombrada por la Dirección del ACT mediante oficio ACT-OR-DR-496-17 del 17 de abril de 2017, conformada para evaluar lo acontecido durante el evento de  “L a L agarteada”.\n\nV I .- Adicionalmente, la Ley de Bienestar de los Animales (Ley N ° 7451 de 16 de noviembre de 1994 y sus reformas) dispone, en su artículo 4, que los animales silvestres deberán gozar, en su medio, de una vida libre y tener la posibilidad de reproducirse. Establece, además, que la privación de su libertad, con fines educativos, experimentales o comerciales, deberá producirles el mínimo daño posible y estar acorde con la legislación vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Dicho cuerpo normativo prevé, en su numeral 9, que los animales utilizados en deportes o espectáculos públicos no deberán someterse, a la disciplina respectiva, bajo el efecto de ninguna droga o medicamento perjudicial para su salud e integridad. Tampoco deberán ser forzados más allá de su capacidad ni deberán utilizarse objetos que puedan dañar su integridad física. Asimismo, el ordinal 23 , estipula que, por medio de sus dependencias técnicas competentes, la Administración Pública determinará si no se le brindan a un animal las condiciones básicas establecidas en esta Ley y, además, deberá oír a las organizaciones protectoras de animales, cuando formulen denuncias. Debe agregarse que, recientemente, se aprobó una reforma a la citada Ley N ° 7451, mediante la Ley N ° 9458 de 11 de junio de 2017, a fin de establecer una serie de sanciones de orden administrativo y el correspondiente procedimiento sancionatorio por infracción a dicha normativa. De lo que se deriva , que existe un marco legal para el resguardo de los animales, así como los mecanismos jurídicos adecuados para hacer efectiva tal protección, por ende, el caso en examen debe ser analizado y resuelto en las vías ordinarias, a la luz del citado marco normativo. En virtud de las razones expuestas, el amparo resulta improcedente, como en efecto se declara.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, e stos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI .\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Cruz Castro, Rueda leal y Pacheco Salazar salvan el voto y declaran con lugar el recurso e inconstitucional la actividad denominada \"La Lagarteada\".\n\n \n\nErnesto Jinesta L.\n\nPresidente\n\n \n\n \n\nFernando Cruz C.                                                         Paul Rueda L.\n\n \n\n \n\n \n\nNancy Hernández L.                                            Luis Fdo. Salazar A.\n\n \n\n \n\n \n\nJosé Paulino Hernández G.                                  Aracelly Pacheco S.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVoto salvado de los Magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Pacheco Salazar, con redacción del segundo. Con el respeto acostumbrado, discrepamos del criterio de mayoría y procedemos a declarar con lugar el recurso, con base en los siguientes argumentos.\n\nDe previo, es necesario aclarar que el tema de La Lagarteada fue analizado en tres expedientes judiciales (17-007413-0007-CO, 17-006014-0007-CO y 17-005741-0007-CO), los que comparten los mismos hechos y razonamientos jurídicos.\n\nAhora bien, visto que la mayoría de esta Sala remitió el caso a la vía de legalidad, es necesario explicitar la trascendencia actual del derecho al ambiente y las implicaciones que ello conlleva para el acceso a la justicia y la labor de la Sala Constitucional.\n\nA) Sobre el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como derecho humano tutelable en sede constitucional. La preocupante decisión de la mayoría de este Tribunal, de remitir a la vía de la legalidad este asunto y restar mérito al hecho de que se haya dado muerte a un animal en peligro de extinción, obligan a los suscritos a realizar algunas precisiones sobre el derecho al ambiente como derecho humano que es competencia de esta Sala.\n\n1.- Sobre la evolución internacional del derecho ambiental. Si bien el desarrollo del derecho ambiental es relativamente reciente en comparación con otras ramas del derecho, sus primeros pasos datan de hace más de un siglo. El hecho de que el derecho ambiental experimentara un auge desde finales del siglo XX  hasta la fecha, se debe a que no fue sino hasta ese momento que se hicieron palpables los efectos del ser humano en el ambiente y, correlativamente, la incidencia del ambiente en el desarrollo pleno de la persona. Antes de esto, no existía la conciencia, la urgencia o la necesidad de preocuparse por los temas ambientales. Muestra de ello es que uno de los primeros instrumentos en materia ambiental, como es la Convención para la preservación de animales salvajes, pájaros y peces en África (Convención de Londres de 1900), fue firmado por las potencias europeas de entonces, pero nunca entró en vigencia por la falta de ratificación por parte de dichos Estados. Esta situación contrasta enormemente con la actual, como se evidencia con la firma del Acuerdo de París por parte de 193 Estados y su entrada en vigor el mismo año de su firma, en 2016, aunque EE. UU. anunciara su retiro luego (según el acuerdo, la fecha efectiva más temprana de retiro para ese país es noviembre de 2020, poco antes del final del primer mandato del presidente Trump).\n\nEn los años anteriores a 1972, el avance del derecho ambiental no fue notable y se centró en temas concretos, como la contaminación marina por petróleo y los efectos de la energía nuclear, temas conocidos por la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por Petróleo en los Mares (1954) y el Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares en la atmósfera, en el espacio exterior y bajo el agua (1963). Cabe resaltar la existencia de excepciones, como la Convención Africana sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (1968), la cual representa una innovación importante en materia ambiental, toda vez que se acepta que la utilización de los recursos naturales debe estar dirigida a satisfacer las necesidades humanas en concordancia con la capacidad del ambiente. Lo anterior evidencia que ya para ese momento se había superado la concepción del ambiente como recurso inagotable. Otro instrumento destacable del periodo anterior a 1972 es la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convenio Ramsar de 1971), pues pone en relieve el carácter internacional del tema ambiental, al establecer la necesidad de que los Estados coordinen medidas conjuntas debido al carácter transfronterizo de algunos humedales. Además, propugna el uso racional (wise use) de los humedales.\n\nEl año 1972 representa un punto coyuntural en materia ambiental, ya que fue en ese año cuando la comunidad internacional tomó el primer paso hacia la tutela del ambiente a gran escala, al tener lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Conferencia de Estocolmo de 1972). En esta Conferencia participaron 113 Estados, representantes de la ONU y agencias internacionales especializadas (OIT, UNESCO, OMS, etc.), así como representantes de numerosas organizaciones no gubernamentales. (Véase la información de la página de Internet del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente http://staging.unep.org/Documents.Multilingual/default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1519&l=en, consultada el 24 de enero de 2018).\n\nLa Conferencia de Estocolmo culminó con la adopción de la Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Humano con 26 principios básicos relativos a la protección del ambiente, así como el Plan de Acción con la estructuración de metas globales.\n\nEl principio primero de ese documento manifiesta lo siguiente: “El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse.”.\n\nLa Conferencia de Estocolmo de 1972 desencadenó una serie cambios fundamentales en materia ambiental. Por ejemplo, como consecuencia de la Conferencia nació el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente cuya labor es promover el uso racional y desarrollo sostenible del ambiente. También surgieron diversos instrumentos internacionales como el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias (Londres, 1976), la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (Paris, 1972), además de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora de 1973 (CITES). Las dos décadas siguientes a la Conferencia verían la proliferación de acuerdos internacionales en materia ambiental, con más de 1100 acuerdos dedicados al tema o con provisiones relacionadas con él. (Véase Brown Weiss, E., “The Evolution of International Environmental Law”, Japanese Yearbook of International Law, Vol. 54 (2011), pp. 1-27, consultado en http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1669 el 24 de enero de 2018).\n\nLos años posteriores a la Conferencia se caracterizaron por la ampliación del enfoque; así, los acuerdos internacionales pasaron de tratar temas concretos (verbigracia, contaminación por petróleo o nuclear) a abarcar el tema de una manera comprehensiva. Ya no solo se habla de contaminación transfronteriza, sino también de cambio climático y de la tutela del ecosistema como un todo. Muestra de ello fue la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. Claro está, esta evolución del derecho ambiental no impidió que se desarrollaran ampliamente temas concretos (como, por ejemplo, la contaminación atmosférica o la protección de la capa de ozono) mediante instrumentos específicos (siguiendo con el ejemplo, el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985 y el Protocolo de Montreal de 1987). Asimismo, hay avance en cuanto al derecho del mar y la protección del ambiente durante conflictos armados, temas conocidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles de 1976.\n\nEn el ámbito regional, este periodo dio paso al Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (aprobado por Costa Rica mediante la Ley N° 7226 del 2 de abril de 1991) cuyo propósito era constituir “…un régimen regional de cooperación para la utilización óptima y racional de los recursos naturales del área, el control de la contaminación, y el restablecimiento del equilibrio ecológico, para garantizar una mejor calidad de vida a la población del istmo centroamericano.” (Artículo 1).\n\nAdemás, se suscribió el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales de 1988, conocido como Protocolo de San Salvador. La relevancia de este Protocolo radica en el hecho de que adiciona el derecho a un ambiente sano en su artículo 11:\n\n“Artículo 11\n\nDerecho a un Medio Ambiente Sano\n\n1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.\n\n2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.”\n\nUn segundo hito mundial en materia ambiental se dio 20 años después de la Conferencia de Estocolmo, cuando se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de Río). Se trató de una nueva reunión de índole global, pero con una mayor participación que su predecesora. Se contó con representantes de 172 gobiernos y unos 2.400 delegados de organizaciones no gubernamentales. Además, la Cumbre recibió gran cobertura mediática, con la presencia de casi 10.000 periodistas. (Véase la información provista por las Naciones Unidas en la página http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html, consultada el 25 de enero de 2018) \n\nLa Cumbre no solo fue exitosa por la amplia participación gubernamental y civil, sino también por los instrumentos internacionales aprobados en ella, principalmente la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Declaración de Principios relativos a los Bosques y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.\n\nPara los efectos de este considerando, conviene citar los principios primero y décimo de la Declaración de Rio:\n\n“PRINCIPIO 1\n\nLos seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.\n\nPRINCIPIO 10\n\nEl mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”\n\nPor su parte, el Programa 21 contiene un capítulo dedicado a la información para la adopción de decisiones, cuya introducción reza:\n\n“40.1. En el desarrollo sostenible, cada persona es a la vez usuario y portador de información, considerada en un sentido amplio, que incluye datos, información y el conjunto adecuado de experiencias y conocimientos. La necesidad de información se plantea en todos los niveles, desde el de dirección superior, en los planos nacional e internacional, al comunitario y el individual. Hay dos esferas de programas que deben aplicarse a fin de velar por que las decisiones se basen cada vez más en información fidedigna, a saber:\n\na) Reducción de las diferencias en materia de datos;\n\nb) Mejoramiento del acceso a la información.”\n\nLa Cumbre de Río también dio pie a conferencias de seguimiento en años posteriores, donde resaltan la Cumbre Río+5 de 1997 y la Cumbre Río+20 de 2012.\n\nLuego de la Cumbre de Río vino un auge de instrumentos y conferencias internacionales relacionados con materia ambiental. Por mencionar tan solo algunos de relevancia: la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación de 1994, el Protocolo de Kioto de 1997 (sobre cambio climático), la Declaración del Milenio de 2000 (aprobada por la Asamblea General de la ONU, proclama el respeto a la naturaleza y el desarrollo sostenible), la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, la Cumbre del Clima en Paris (COP21).\n\nParalelamente, la región centroamericana también emitió una variedad de acuerdos relativos al ambiente, entre ellos se destaca: el Convenio Regional sobre el Cambio Climático de 1993 y la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible de 1994.\n\nSi bien la Declaración de Río incluye entre sus principios el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia, este tema fue desarrollado con mayor amplitud en el Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente de 1998 (Convenio de Aarhus).\n\nPara finalizar, el hito mundial más reciente en materia ambiental es el Acuerdo de París. Según se adelantó, este firmado por 193 Estados, constituyendo prácticamente un acuerdo universal, y entró en vigencia en 2016, aunque EE. UU. anunciara su retiro luego (según el acuerdo, la fecha efectiva más temprana de retiro para ese país es noviembre de 2020, poco antes del final del primer mandato del presidente Trump).\n\n2.- Sobre la evolución nacional del derecho ambiental. La evolución histórica de la tutela del ambiente en Costa Rica se puede dividir en dos grandes periodos: uno antes y otro después del reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en la Constitución Política, mediante la reforma de 1994. De manera similar al desarrollo internacional, que inició con normas dirigidas de manera específica a temas concretos, la tutela del ambiente se efectuó antes de 1994 a través de la aplicación de normas aisladas para cuestiones específicas. Entre esta normativa se cuenta la Ley de Aguas de 1942, la Ley de Construcciones de 1949, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley de Conservación de Fauna Silvestre de 1961 la Ley Forestal de 1969, la Ley General de Salud de 1973, la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre de 1977, la Ley del Servicio de Parques Nacionales de 1977, el Código de Minería de 1982 y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre de 1992.\n\nEl periodo anterior a la reforma constitucional de 1994 también vio el nacimiento de esta Sala, instancia que no ha permanecido ajena a la materia. En sentencias como la N° 2233-93 del 28 de mayo de 1993, este Tribunal recurrió a otras normas constitucionales, como las que prevén el derecho a la vida (artículo 21), la explotación racional de la tierra (numeral 69), además de la protección de la belleza natural y del patrimonio histórico (ordinal 89), para iniciar la construcción de una línea jurisprudencial de tutela al ambiente. La sentencia mencionada dejó fuera de cualquier duda que el derecho al ambiente es uno fundamental:\n\n“I.     El presente amparo pretende la tutela del bien jurídico recurso forestal, lo que en último término significa la protección y preservación de la integridad del medio ambiente natural, que existe en el sitio donde se ha trazado el camino que es causa del problema. Ante la interrogante de si es ese bien jurídico, en todo su dimensión, sifnificación y relación, un valor constitucional o derecho fundamental, la respuesta es indudablememente, positiva. Mucho se habla hoy en día de la necesidad vital para el hombre -como género- y de la obligación consecuente, de esa protección y preservación, y esto constituye una actitud de carácter mundial, de la cual nuestro país no está exente, lo que se demuestra por el interés evicente de Costa Rica de participar en los foros internacionales donde se discute el tema ecológico. Pero tal conducta de nuestro pueblo no sólo se manifeista de ea manera, porque intermanente, lo que es primordial, también hemos actuado promnulgando leyes cuyo fin tiende a esa protección. Así por ejemplo, y para lo que aquí interesa, la Ley Forestal vigente, # 7174 de 28 de junio de 1990, dispone en su artículo 1:\n\nLa presente ley establece como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, la conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables\".\n\nPor su parte, en concordancia con el principio o parámetro de la regularidad jurídica, tal normativa y la actitud dicha, tienen fundamento en nuestra Constritución Política, que en lo relacionado con este tema prevé:\n\n(…)\n\nPero eso no es todo, porque también en la norma 69, de la Carta Política habla de la \"explotación racional de la tierra\", lo que constituye un principio fundamental. En consecuencia, son cánones del orden constitucional, aquella protección y preservación, así como la explotación racional de los recursos que se han indicado.”\n\nPosteriormente, la sentencia N° 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993 expuso en forma amplia el cambio en la conciencia global con respecto a la protección del ambiente y su vínculo intrínseco con el ser humano. Asimismo, desarrolló el tema de la amplísima legitimación en el proceso de amparo en asuntos ambientales:\n\n“…V.- La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva.  Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala:\n\n\"La vida humana es inviolable.\"\n\nEs de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana.\n\nAsimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y conservación.  Aspecto este último que está protegido en el artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice:\n\n\"Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.\"\n\nProteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco.\n\nVI.- LEGITIMACION: Tratándose de la protección jurídica del ambiente, la legitimación de los particulares para actuar judicialmente y lograr la aplicación de las normas que tienen esa finalidad o bien, solicitar la tutela jurisdiccional para amparar sus derechos violados, es de gran importancia.  Pero debe analizarse desde varios puntos de vista, es decir, en relación con la naturaleza del proceso, las pretensiones y las partes intervinientes y, también tomando en cuenta que el quebranto de las normas ambientales puede provocarlo con su actuación u omisión tanto un sujeto de derecho privado como de derecho público.  Este último, simplemente omitiendo ejercer el control debido sobre la actuación de los sujetos privados, cuando infringen las normas ambientales, ignorando su competencia funcional, que le exige ejercer ese control; o bien, infringiendo directamente con su actuación disposiciones jurídicas destinadas a proteger y conservar el ambiente.  Esta Sala en Sentencia Número 2233-93 al señalar que la preservación y protección del ambiente es un derecho fundamental, da cabida a la legitimación para acudir a la vía de amparo.  En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas por del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran.  Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, conviertíendose en un verdadero \"derecho reaccional\", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para \"reaccionar\" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos.  Es por ello que la vulneración de ese derecho fundamental, constituye una ilegalidad constitucional, es decir, una causal específica de amparo contra los actos concretos o normas autoaplicativas o, en su caso, en la acción de inconstitucionalidad contra todas las normas o contra los actos no suceptibles de amparo, e incluso, contra las omisiones, categoría ésta que en el caso del derecho al ambiente se vuelve especialmente importante, porque al tratarse de conservar el medio que la naturaleza nos ha dado, la violación más frecuente se produce por la inercia de las autoridades públicas en realizar los actos necesarios para protegerlos.  La Jurisdicción Constitucional, como medio jurídicamente idóneo y necesario para garantizar la supremacía del derecho de la Constitución es, además de supremo, de orden público esencial, y ello implica, en general, que una legitimación mucho más flexible y menos formalista, es necesaria para asociar a los ciudadanos al interés del propio Estado de Derecho de fiscalizar y, en su caso, reestablecer su propia juridicidad.  Ese concepto de \"intereses difusos\" tiene por objeto desarrollar una forma de legitimación, que en los últimos tiempos ha constituido uno de los principios tradicionales de la legitimación y que se ha venido abriendo paso, especialmente en el ámbito del derecho administrativo, como último ensanchamiento, novedoso pero necesario, para que esa fiscalización sea cada vez más efectiva y eficaz.  Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra Ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad en su conjunto.  Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas.  Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter.  Y precisamente ello es lo que sucede en el presente caso, en el cual el recurrente, evidentemente, tiene un interés individual en el tanto está siendo afectado por la contaminación de que es objeto su comunidad, pero también existe un interés colectivo, ya que la lesión también se produce a la colectividad como un todo.  De manera que, entratándose (sic) del Derecho al Ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a ese derecho fundamental la sufre tanto la comunidad como el individuo en particular.\n\n Al lado del conjunto de principios que la Constitución dedica a las relaciones económicas, debe situarse una serie de disposiciones de no menos trascendencia encaminadas a asegurar una protección básica a la vida humana considerada como valor en sí, al margen que se haga de los recursos humanos en atención a fines politícos o económicos.  Se da así entrada a una nueva dimensión de las garantías constitucionales, cuyo núcleo esencial se halla en la protección de la libertad personal y de los demás derechos fundamentales vinculados de diversas maneras a esa libertad y que se manifiesta, ante todo, en un conjunto de reglas generales tendientes a crear una situación ambiental que facilite, lo más posible, el ejercicio de las libertades y el goce de los derechos fundamentales. Por todo lo expuesto, tratándose de la Jurisdicción Constitucional, la Sala estima que no sólo la legitimación en sí, sino también las condiciones necesarias para ésta en el proceso -ya sea como actor o como demadado- o, en su caso, para gozar o sufrir  las consecuencias de la sentencia -como vencedor o vencido-, son y deben ser no sólo lo más amplias que sea posible y prudente reconocer, sino también que en esa amplitud la capacidad misma para ser parte y aún para gestionar judicialmente, como condiciones previas a esa legitimación, debe ser tal que incluso, como en este caso, un menor de edad, estudiante de primaria pueda gozar de ella, pero también cualquier otra persona con sólo que tenga la de poder articular con claridad su pretensión y su interés. (…)”\n\nOtro voto digno de mención es el N° 6240-93 de las 14:00 horas del 26 de noviembre de 1993, toda vez que resaltó la relación existente entre el derecho al ambiente y otros derechos fundamentales, subrayando que este constituye un prerrequisito para el disfrute pleno de tales derechos, como la vida: “(…) podemos afirmar que del derecho a la vida y de la obligación estatal de \"proteger las bellezas naturales\" contenidos en los artículos 21 y 89 de la Constitución, surgen otros derechos de obligada protección e igual rango como son los de la salud y a un ambiente sano, en ausencia de los cuales o no sería posible el ejercicio de los primeros, o su disfrute se vería severamente limitado (…)”.\n\nLa jurisprudencia de esta Sala y la amplia normativa ambiental internacional abrió paso a que se reformara el artículo 50 constitucional mediante la Ley 7412 del 3 de junio de 1994. Dicha reforma significó que se agregara la parte subrayada de la siguiente transcripción:\n\n“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.\n\nToda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.\n\nEl Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.\n\nLa ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”. (El subrayado es agregado).\n\nEsta reforma constitucional constituye un punto crucial en el derecho ambiental costarricense. Aún más, ella supone no solo el reconocimiento –expreso- por parte de la norma de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico interno de un derecho fundamental, sino que enuncia los parámetros de dicho reconocimiento, según se analizará posteriormente.\n\nLuego de la reforma de 1994 es posible notar un mayor desarrollo y sistematicidad de la normativa ambiental. Ejemplo de eso es la emisión de la Ley Orgánica del Ambiente de 1995 y la Ley de Biodiversidad de 1998. Se hace hincapié en los principios expuestos por el numeral 2 de la Ley Orgánica del Ambiente:\n\n“Artículo 2.- Principios Los principios que inspiran esta ley son los siguientes:\n\na) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social.\n\nb) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución Política.\n\nc) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.\n\nd) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes.\n\ne) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras.\n\n(…)”\n\nLa lectura de esta norma deja entrever la universalidad del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Esta universalidad se manifiesta en una faceta pasiva, la cual garantiza que todas las personas puedan disfrutar del patrimonio ambiental, y en una activa, la cual impone tanto al Estado como a los habitantes del país el deber de conservar el ambiente y velar por su sostenibilidad. Nótese que el legislador detalló la amplia extensión que conlleva el daño ambiental, describiendo la afectación que incide en el área social, económica, cultural y ética.\n\nEsta ley también repara en la participación ciudadana en materia ambiental:\n\n“Artículo 6.- Participación de los habitantes. El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente.”\n\nVéase que la norma otorga legitimación a los habitantes para participar en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger el ambiente. En este sentido, recuérdese que el ambiente es reconocido como un interés difuso y, como tal, cualquier persona es titular del derecho a hacerlo valer.\n\nLa constitucionalización expresa de la materia ambiental se observa también en la reforma al artículo 46 de la Carta Magna, mediante la ley N° 7607 de 1996. Dicha modificación llevó a agregar el último párrafo de la norma:\n\n“ARTÍCULO 46.- (…)\n\nLos consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.” (El subrayado es agregado).\n\nOtras leyes que fueron aprobadas con posterioridad a la reforma constitucional son la Ley Forestal de 1996, la Ley de Protección Fitosanitaria de 1997 y la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos de 1998.\n\nNaturalmente, la Sala Constitucional no permaneció inmutable ante el cambio normativo, sino que recibió la modificación del artículo 50 en su jurisprudencia. Un ejemplo ilustrativo de esta recepción se encuentra en la sentencia N° 2002-5472 de las 15:11 horas del 4 de junio de 2002:\n\n“III.- Sobre el derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 50 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho a un ambiente sano tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de tal manera que desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro de todos los ámbitos en los que se desarrolle la persona, sea el familiar, el laboral o el del medio en el cual habita.  De ahí que se afirme que se trata de un derecho transversal, es decir, que se desplaza a todo lo largo del ordenamiento jurídico, modelando y reinterpretando sus institutos.  El ambiente es definido por la Real Academia Española de la Lengua como el “conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos”, lo que recalca aún más el carácter general del derecho. En cambio el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado es un concepto más restringido referido a una parte importante de ese entorno en el que se desarrolla el ser humano, al equilibrio que debe existir entre el avance de la sociedad y la conservación de los recursos naturales. Ambos derechos se encuentran reconocidos expresamente en el artículo 50 de la Constitución Política, que perfila el Estado Social de Derecho. La ubicación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de las regulaciones constitucionales del Estado Social de Derecho es el punto a partir del cual debe éste ser analizado.  El Estado Social de Derecho produce el fenómeno de incorporación al texto fundamental de una serie de objetivos políticos de gran relevancia social y de la introducción de un importante número de derechos sociales que aseguran el bien común y la satisfacción de las necesidades elementales de las personas.  En esta perspectiva, la Constitución Política enfatiza que la protección de los recursos naturales es un medio adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los poderes públicos sobre los factores que pueden alterar el equilibrio de los recursos naturales y, más ampliamente, obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano (…)”\n\nSe debe acotar que el desarrollo del ordinal 50 constitucional por parte de la Sala ha cambiado con el tiempo, como parte de la interpretación evolutiva que realiza este Tribunal, a la luz de los cambios socioeconómicos,  normativos, éticos, etc. que experimenta la realidad jurídica. Esta evolución se hizo patente en la sentencia N° 2013-10540 de las 15:50 horas del 7 de agosto de 2013, cuando la Sala dio el paso del principio de desarrollo sostenible al principio de desarrollo sostenible democrático:\n\n“…se observa que organismos internacionales, universidades e investigadores privados concuerdan con que el arte de pesca por arrastre constituye una técnica no selectiva que ocasiona grave daño al ecosistema marino, la sostenibilidad de los recursos marinos y, con ello, a la seguridad alimentaria y economía de subsistencia de los habitantes de las costas que pescan artesanalmente. Con respecto a esto último, resulta de utilidad extender el concepto de \"desarrollo sostenible\", que tiene asidero en el artículo 50 constitucional, al de “desarrollo sostenible democrático”.\n\nEn efecto, hasta ahora, al tratar temas ecológicos, usualmente se hace énfasis en la escasez de los recursos naturales, la necesidad de reducir el consumo de los recursos no renovables, el aumento la producción de los renovables, y el manejo de los desechos contaminantes producidos por la sociedad. De ahí que el término que se mantuvo en boga durante las últimas décadas fue el de desarrollo sostenible, que se centra en el manejo de las variables anteriormente citadas y otras más, a fin de propiciar un desarrollo que no riña con el ambiente. El concepto hasta entonces elaborado abarcaba un componente ambiental -la protección del ambiente-, uno económico -el desarrollo económico basado en la explotación sustentable del ambiente-, y uno social –se consideraba que el desarrollo económico y la conservación del ambiente conllevaban automáticamente el bienestar social. Sin embargo, el énfasis del concepto “desarrollo sostenible” se centraba en los primeros dos elementos, el económico y el ambiental. El tercero, como se dijo, era una consecuencia casi natural de los dos anteriores. En años más recientes, la evolución del término de desarrollo sostenible ha llevado a poner nuevamente énfasis en el elemento social que se encuentra en él y que, en el fondo, viene a servir de contrapeso al elemento económico predominante hasta hoy. No se pretende afirmar que el elemento social sea un avance novedoso del término desarrollo sostenible. Por el contrario, se puede apreciar que ese ha sido un factor que constantemente ha estado presente en la discusión, pero que ha sido relegado en la práctica a un segundo plano ante la preponderancia de los otros elementos citados. Así, por ejemplo, el informe rendido en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo ante las Naciones Unidas señaló que el desarrollo sostenible implica satisfacer las necesidades básicas de todas las personas y proveer a todos de la oportunidad de aspirar a una mejor vida, pues un mundo en el que la pobreza sea endémica será siempre propenso a catástrofes ecológicas y de otro tipo. La satisfacción de las necesidades básicas -nos dice el informe- significa no solo una nueva era de crecimiento económico, sino también asegurarles a las personas en pobreza que van a obtener una parte justa de los recursos requeridos para mantener el crecimiento.\n\nEl elemento social del desarrollo sostenible se verifica también en el componente de justicia social propio del Estado de Derecho y que ha sido recogido por nuestra Constitución Política. En efecto, el artículo 50 constitucional establece que: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” En un mismo artículo, el legislador constitucional ha incluido los tres elementos del desarrollo sostenible: la estimulación de la producción (elemento económico), el ambiente ecológicamente equilibrado (elemento ecológico) y, además, el reparto más adecuado de la riqueza y el ambiente sano (elemento social). La lectura del artículo también debe hacerse en conjunto con el artículo 74 de la Constitución, que explícitamente establece el deber de procurar una política permanente de solidaridad nacional con asidero en el principio cristiano de justicia social. (…)” (Sentencia N° 2013-10540 de las 15:50 horas del 7 de agosto de 2013).\n\nEn su historia, este Tribunal no solo ha reconocido el derecho al ambiente como uno del más alto rango, sino que también ha velado por que sea protegido en la jurisdicción constitucional. Incluso, el derecho al ambiente tiene un carácter particular en la sede constitucional, lo que se demuestra en la amplia legitimación activa que este provee, al permitir que cualquier persona interponga tanto un recurso de amparo como una acción de inconstitucionalidad con base en los intereses difusos que se derivan del ambiente y el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad. Además, la Sala ha residenciado en su jurisdicción los reclamos relacionados con la mora administrativa en materia ambiental. De esta manera, los asuntos de materia ambiental se encuentran entre las pocas excepciones en mora administrativa, que la Sala no remite a la jurisdicción contencioso administrativa sino que ella misma conoce.\n\n3.- Sobre el estado actual: el derecho al ambiente como un derecho humano y la necesidad de potenciarlo. El estado actual del derecho ambiental fue puesto en la palestra mundial a través del Acuerdo de París de 2016. Según se manifestó en párrafos anteriores, dicha convención marcó el inicio de una etapa más en derecho ambiental, no solo por la amplitud del consenso –de índole prácticamente universal- sino por revelar sin ambages la urgencia y trascendencia del tema ambiental. En lo que interesa, su preámbulo indica:\n\n“La Conferencia de las Partes,\n\n(…)\n\nConsciente de que el cambio climático representa una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas y el planeta y, por lo tanto, exige la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, con miras a acelerar la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero,\n\nReconociendo que se requerirán fuertes reducciones de las emisiones mundiales para alcanzar el objetivo último de la Convención, y poniendo de relieve la necesidad de hacer frente al cambio climático con urgencia,\n\nReconociendo también que el cambio climático es un problema común de la humanidad, por lo que las Partes, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, deberían respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones con respecto a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional,\n\n(…)\n\nConviniendo en mantener y promover la cooperación regional e internacional con el fin de movilizar una acción más vigorosa y ambiciosa para hacer frente al clima, por todas las Partes y por los interesados que no son Partes, incluidos la sociedad civil, el sector privado, las instituciones financieras, las ciudades y otras autoridades subnacionales, las comunidades locales y los pueblos indígenas, (…)”\n\nAlgunos puntos de este Acuerdo deben ser destacados. El primero es la identificación de la cuestión ambiental –en concreto, el cambio climático- como un tema urgente y universal. Es urgente, porque no permite dilación en la toma de acciones, y universal, porque afecta a todo ser humano independientemente de su país de origen, condición socioeconómica o vinculación con la materia ambiental.\n\nEl acuerdo también se caracteriza por ser un instrumento vinculante. A diferencia de muchos convenios ambientales, los cuales se catalogan como soft law por no ser obligatorios, el Acuerdo de París impone a los Estados un deber de cumplir las metas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero que sean propuestas. En ese tanto, es vinculante y exigible al Estado parte.\n\nFinalmente, el Acuerdo evidencia la necesidad de que todos los sectores, gubernamentales o no, participen en la solución del cambio climático. Esto impone al Estado y a sus instituciones, incluyendo al Poder Judicial y a la Sala como parte de él, el deber de actuar, dentro del marco de la legalidad, con especial consideración en materia ambiental.\n\nRecuérdese que este Tribunal interpreta la Constitución Política haciendo uso de diferentes métodos, entre ellos, la interpretación evolutiva y finalista. El análisis elaborado en las páginas precedentes es una descripción de la manera en que se ha desarrollado el tema ambiental tanto a nivel internacional como nacional. Esta descripción se incluye entre los insumos que la Sala debería tomar en cuenta en su interpretación histórico-evolutiva, atendiendo a la realidad social actual.\n\nLos firmantes recordamos que un derecho humano se caracteriza por estar reconocido a la persona por su sola condición de humano, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (véase la Declaración Universal de Derechos Humano). Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes; aún más, están relacionados entre sí, de manera que el ejercicio de uno posibilita, amplifica y refuerza el ejercicio del otro (véase por ejemplo lo señalado en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993).\n\nA partir de esto, establecemos que el derecho al ambiente cumple estas características y, en ese tanto, es un derecho humano por sí mismo. Esta conclusión se ha venido formando de modo paulatino en la jurisprudencia constitucional, que hace más de 15 años reconoció la interdependencia del derecho al ambiente con otros derechos fundamentales. Se reitera la sentencia N° 2002-5472 de las 15:11 horas del 4 de junio de 2002:\n\n“El derecho a un ambiente sano tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de tal manera que desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro de todos los ámbitos en los que se desarrolle la persona, sea el familiar, el laboral o el del medio en el cual habita.  De ahí que se afirme que se trata de un derecho transversal, es decir, que se desplaza a todo lo largo del ordenamiento jurídico, modelando y reinterpretando sus institutos.”\n\nEnfatizamos que el goce de derechos básicos, como la vida y la salud, está condicionado por la existencia de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Acuerdo de París dejó fuera de duda que el ambiente es un requisito universal para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, y que el abuso, la contaminación, la falta de planificación ecológica, etc. amenazan gravemente la viabilidad de la especie humana en nuestro planeta.\n\nLa interdependencia de los derechos humanos hace que el derecho al ambiente sea la base o la precondición de los otros derechos, pero, a su vez, implica que aquellos otros derechos posibilitan y potencian el ejercicio del primero. Un derecho que no pueda ser exigido ni hacerse valer, no pasará de ser letra muerta en el entramado jurídico.\n\nEn cuanto a esos derechos que potencian el derecho al ambiente sano, conviene retomar la Declaración de Río, cuyo principio 10 señala:\n\n“PRINCIPIO 10\n\nEl mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”\n\nEste principio de la Declaración reconoce al menos tres derechos que garantizan el derecho al ambiente: el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Posteriormente, la Declaración de Malmö, adoptada con ocasión del primer Foro Ambiental Mundial a nivel Ministerial, establecido de conformidad con la resolución 53/242 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 28 de julio de 1999, incluyó también el tema del acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental:\n\n“(…) 15. La sociedad civil ha encontrado nuevas formas efectivas de expresión de los sentimientos y preocupaciones populares. Contribuye activamente a promover propósitos y valores ambientales compartidos. La sociedad civil lleva a cabo una importante función para señalar las nuevas cuestiones ambientales a la atención de los encargados de la adopción de políticas, sensibilizar al público, promover ideas y enfoques innovadores, así como la transparencia y la práctica de actividades no corrompidas en la adopción de decisiones ambientales.\n\n16. Debe reforzarse a todos los niveles la función de la sociedad civil mediante la libertad de acceso a la información ambiental, la amplia participación en la adopción de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en relación con las cuestiones ambientales. Los gobiernos deben crear condiciones que faciliten la capacidad de todas las partes de la sociedad para tener una voz y desempeñar una función activa en la creación de un futuro sostenible. (…)”\n\nA su vez, la Declaración de Río y la Declaración de Malmö sirvieron de base para que el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente aprobara las Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de 2010 (Directrices de Bali), donde destaca:\n\n“(…)\n\nDirectriz 1\n\nToda persona física o jurídica debería tener un acceso asequible, efectivo y oportuno a la información ambiental que poseen las autoridades públicas cuando así lo solicite (con sujeción a la directriz 3) sin tener que demostrar ningún interés jurídico ni de otro tipo.\n\n(…)\n\nDirectriz 8\n\nLos Estados deberían garantizar que existen oportunidades para una participación efectiva del público desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones relacionadas con el medio ambiente. Para ello, se debería informar a los miembros del público interesado las oportunidades que tienen de participar en una etapa inicial del proceso de adopción de decisiones.\n\n(…)\n\nDirectriz 16\n\nLos Estados deberían garantizar que los miembros del público interesado pueden acceder a un órgano judicial u otro órgano independiente e imparcial para recusar la legalidad, en cuanto al fondo y en cuanto al procedimiento, de cualquier decisión, o cualquier acción u omisión relacionada con la participación del público en el proceso de adopción de decisiones sobre asuntos ambientales.\n\nDirectriz 17\n\nLos Estados deberían garantizar que los miembros del público interesado pueden acceder a un órgano judicial u otro órgano independiente e imparcial o a procedimientos administrativos para recusar toda decisión, acción u omisión de una autoridad pública o entidad privada que afecte el medio ambiente o supuestamente contravenga, en cuanto a su fondo o su procedimiento, normas jurídicas ambientales del Estado relacionadas con el medio ambiente.\n\nDirectriz 18\n\nLos Estados deberían dar una interpretación amplia del derecho a iniciar una demanda en relación con asuntos ambientales con miras a lograr un acceso efectivo a la justicia.\n\n(…)\n\nDirectriz 20\n\nLos Estados deberían garantizar que la presentación de recursos en relación con el medio ambiente por parte de los miembros del público interesado no será prohibitiva y debería considerar la posibilidad de establecer mecanismos adecuados de asistencia para eliminar o reducir los obstáculos financieros y de otro tipo al acceso a la justicia.\n\nDirectriz 21\n\nLos Estados deberían proporcionar un marco para reparaciones adecuadas y efectivas, en forma rápida, en los casos relacionados con el medio ambiente, tales como el desagravio provisional y definitivo del mandato judicial. Los Estados también deberían considerar la posibilidad de aplicar medidas de reparación como la compensación y la restitución y otras medidas adecuadas.” (El subrayado es agregado).\n\nAdemás, en el ámbito europeo se aprobó la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Convenio de Aarhus de 1998), que es una muestra más de la interdependencia y funcionalidad del derecho al ambiente con respecto al acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia. A continuación se transcriben algunos extractos de dicha Convención, relacionados con el tema en cuestión:\n\n“(…) Reconociendo también que toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente que le permita garantizar su salud y su bienestar, y el deber, tanto individualmente como en asociación con otros, de proteger y mejorar el medio ambiente en interés de las generaciones presentes y futuras,\n\nConsiderando que para poder estar en condiciones de hacer valer este derecho y cumplir con ese deber, los ciudadanos deben tener acceso a la información, estar facultados para participar en la toma de decisiones y tener acceso a la justicia en asuntos ambientales, y reconociendo a este respecto que los ciudadanos pueden necesitar asistencia para ejercer sus derechos,\n\nReconociendo que, en la esfera del medio ambiente, un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a sensibilizar al público respecto de los problemas ambientales, le dan la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudan a las autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta,\n\n(…)\n\nArtículo 1\n\nObjetivo\n\nA fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.”\n\nEn el ámbito interamericano, diversos instrumentos posibilitan igualmente el desarrollo de derechos ligados a la materia ambiental. La Declaración de Santa Cruz de la Sierra de 1996 estableció los postulados esenciales del desarrollo sostenible, incluyendo el flujo de información y la participación pública. También sobresale la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en 2001, que señala:\n\n“Artículo 6\n\nLa participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.\n\n(…)\n\nArtículo 15\n\nEl ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.” (El subrayado es agregado).\n\nAsimismo, la Organización de Estados Americanos formuló la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible de 2001, la cual enuncia varios principios en esta materia, entre ellos:\n\n“5) Acceso. La participación de la sociedad civil en decisiones sobre desarrollo es fundamental para lograr soluciones duraderas. Para participar en forma efectiva, los ciudadanos deberían tener acceso oportuno en los diversos niveles de gobierno, a la información, al proceso político y al sistema judicial.\n\n6) Transparencia. Alianzas productivas entre la sociedad civil y el gobierno requieren que ambos sean confiables y transparentes. La transparencia de todas las partes involucradas en un proceso de toma de decisiones facilita una participación más significativa al asegurar que las motivaciones y objetivos sean explícitos y que toda la información necesaria sea confiable y disponible oportunamente.\n\n7) Respeto por los aportes del público. La participación ciudadana solo será efectiva y eficiente si existe la seguridad que, en el proceso de toma de decisiones, las contribuciones derivadas de la implementación de diversos mecanismos para la participación son evaluadas, analizadas y consideradas adecuada y oportunamente. (…)” (El subrayado es agregado).  \n\nProbablemente la mayor garantía para el derecho al ambiente lo constituye el acceso a la justicia, toda vez que salvaguarda tanto el derecho al ambiente en sí como los derechos correlacionados (acceso a la información y participación ciudadana). En este sentido, recuérdese que el artículo 50 constitucional impone al Estado el deber de garantizar, defender y preservar el derecho al ambiente sano. Este postulado debe procurarse a nivel legislativo, administrativo y judicial, visto que la división de poderes impone al último el deber de controlar la actividad de los dos primeros respecto del marco constitucional.\n\nAhora bien, se desprende de las Directrices de Bali –transcritas supra- que el acceso a la justicia debe cumplir una serie de requisitos para ser efectivo. Dicho recurso judicial debe permitir el conocimiento de cualquier decisión, acción u omisión de una autoridad pública o entidad privada que afecte el ambiente. Además, la legitimación de las partes debe ser amplia y cualquier obstáculo financiero u de otro tipo debe ser reducido o eliminado. Un requisito más es que el acceso a la justicia sea expedito y permita el dictado de medidas provisionales para evitar daños irreparables al ambiente.\n\nEstimamos que el recurso de amparo es un remedio judicial que cumple todos los requisitos enunciados: puede ser dirigido contra cualquier acto u omisión de instancias públicas o privadas, es gratuito, permite la emisión de medidas cautelares, es expedito y reconoce la legitimación por interés difuso en materia ambiental. También reconocemos los límites del proceso de amparo, el cual se caracteriza por su sumariedad y la sencillez de las gestiones y actos judiciales, incluyendo los medios probatorios. Por ello y en atención a la potestad de esta Sala de definir su propia competencia (artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), los suscritos determinamos que el recurso de amparo es un mecanismo idóneo y efectivo para hacer valer el derecho al ambiente y aquellos necesarios para mantener su vigencia, en casos como el sub lite.\n\nB) Sobre el caso concreto. Hay dos temas que deben ser tratados en el sub examine.\n\nEl primero de ellos se refiere en específico a actividad denominada La Lagarteada. Tal como expresamos al inicio de este voto, la Sala tuvo a la vista y decidió sobre los tres expedientes judiciales relacionados con La Lagarteada, con base en los mismos hechos y argumentos jurídicos. Se hace hincapié en este elemento, toda vez que fue un hecho incontrovertido por las partes en el expediente N° 17-007413-0007-CO, que el cocodrilo objeto de La Lagarteada pertenece a la especie “crocodylus acutus”, tal como expresó la parte recurrente en su líbelo de interposición y no fue discutido por los accionados.\n\nAhora, la Sala interpretó en la sentencia que la actividad “…se llevó a cabo de manera organizada, coordinada y supervisada por las autoridades antes mencionadas, con el fin de evitar que se produzcan daños irreversibles al ecosistema natural…” y que “…el permiso otorgado a la actividad, está basado en un criterio técnico-científico y en la normativa vigente, relacionada con los principios bioéticos de bienestar y calidad de vida…”. La muerte del cocodrilo durante la actividad fue sencillamente “un hecho accidental” para la mayoría de esta Sala.\n\nEs necesario contrastar tal criterio con la normativa vigente al momento de los hechos. El artículo 2 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre establece:\n\n“Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entiende por:\n\n(…)\n\nCaza: acción, con cualquier fin, de herir, apresar, capturar o matar animales silvestres. (…)” (El subrayado es agregado)\n\nEs decir, la acción de capturar un cocodrilo constituye una actividad de caza, a la luz de dicha normativa.\n\n \n\nAl regular el ejercicio de la caza, la citada ley determina los tipos existentes de ella:\n\n“Artículo 28.- Con el objetivo de regular el ejercicio de la caza, esta se clasifica en:\n\na) Cacería de control: se permitirá cuando por alguna razón las poblaciones silvestres sobrepasen los límites poblacionales en perjuicio de su propia especie, otras especies silvestres o la estabilidad misma del ecosistema que las soporta. Se incluirán en esta categoría de cacería, aquellas especies nativas o exóticas que estén causando daños en ecosistemas artificiales y naturales y que se hayan declarado como especie invasora o designada como dañina de acuerdo con el artículo 22 de esta ley.\n\nEsta categoría de cacería se aplica basándose en los resultados de estudios técnico-científicos de acuerdo con los parámetros establecidos en esta ley para determinar las especies, las áreas afectadas y las cuotas de extracción o control.\n\nb) Cacería de subsistencia: se permitirá cuando las presas sean para consumo personal o familiar y no como objeto de comercio, según las normas que dicte el reglamento de esta ley. Se excluye de esta cacería la vida silvestre con poblaciones reducidas, amenazadas o en peligro de extinción. La caza de subsistencia no será permitida en áreas silvestres protegidas.” (El subrayado es agregado).\n\nTras la lectura de este numeral, deviene claro que ninguno de los dos supuestos contemplados autoriza la caza de vida silvestre en peligro de extinción.\n\nAhora bien, el ordinal 29 del Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre para Pesca y Refugios Nacionales de Vida Silvestre vigente al momento de los hechos establecía:\n\n“Artículo 29.-Para los efectos del artículo 25 de la LCVS se declaran especies de fauna en peligro de extinción las incluidas en los siguientes taxones, Así como todas aquellas otras que puedan declararse como tales: (…)\n\nREPTILES (…)\n\nCrocodylus acutus (…)”\n\nEs decir, el cocodrilo objeto de La Lagarteada se encontraba entre las especies en peligro de extinción, cuya caza –según la definición de este término prevista normativamente- estaba vedada.\n\nEsta clasificación no es exclusiva de dicho reglamento. Nótese que el Crocodylus acutus está incluido en el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que significa que es una especie en peligro de extinción en los términos de dicho tratado (artículo II, inciso 1).\n\nEn abono a lo expuesto, no consta en autos que alguno de los participantes en La Lagarteada tuviera una licencia de caza o que la técnica del “arreo”, utilizada para cazar al cocodrilo, se encontrara contemplada en la ley y el reglamento vigentes, según requieren los artículos 31 y 35 de la referida ley.\n\nAsí las cosas, la citada actividad no solo carece de sustento normativo sino que abiertamente riñe con la protección al ambiente que se deriva de la Constitución, de manera que las autoridades recurridas no debieron permitir su realización.\n\nDebemos mencionar asimismo que la preservación de costumbres comunitarias es un fin legítimo y tutelado por el ordenamiento jurídico (por ejemplo, el artículo 25 inciso e) de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre). Sin embargo, no se trata de la protección de cualquier costumbre, sino de aquellas que no atenten contra la moral y el orden público, es decir, las llamadas “buenas costumbres”. En definitiva, una costumbre riñe con la Constitución Política si contempla el maltrato del animal como un elemento inherente sin justificación alguna, en los términos que este Tribunal señaló en la sentencia N° 2012-4620 de las 15:00 horas del 10 de abril de 2012:\n\n“(…) Primeramente, el artículo 28 de la Constitución Política, que reafirma el derecho genérico a la libertad, a su vez se erige como límite de la misma, en la medida que toda acción que dañe la moral y el orden público, esto es contrario a la dignidad, constituye motivo válido para fijar limitaciones a ese bien constitucional. En este contexto, precisamente, el maltrato a los animales constituye un acto contrario a la dignidad toda vez que el ejercicio de esta última comporta un deber moral de actuación tanto con respecto a los demás seres humanos como en relación con el entorno natural que lo rodea. De ahí que se coliga con facilidad que el maltrato a los animales vulnera la moral, las buenas costumbres y el orden público, por lo que su prohibición y prevención deviene un asunto de relevancia constitucional.\n\n          Acorde con este mandato constitucional, el numeral 385 inciso 2) del Código Penal sanciona a quien maltratare animales, los molestare o causare su muerte sin necesidad, o los sometiere a trabajos manifiestamente excesivos. La razón de ser de esa disposición y su ubicación en el apartado relativo a las contravenciones contra las buenas costumbres (Libro III Título II del Código Penal) no es otra que resguardar una racionalidad ética, un parámetro de la conducta humana dentro de la vida en sociedad, porque el maltrato a los animales implica, en realidad, una lesión a la propia dignidad, bien jurídico tutelado, en la medida que constituye un modelo de violencia e insensibilidad ajeno a un sano convivir entre seres humanos y a una relación armoniosa con el entorno natural que nos rodea.\n\n          (…).\n\nAhora bien, como se indicó, la protección a la salud animal se define en última instancia en función del mismo hombre. Por consiguiente, es válido limitar la extensión de espectro de protección a los animales en consideración a otros bienes jurídicamente relevantes para el ser humano. En particular, el sacrificio de animales destinados al consumo y aprovechamiento humanos es un evidente límite al deber de protección animal, toda vez que los productos derivados de los animales constituyen elementos esenciales de la dieta y vestimenta humanas. Igualmente, se debe hacer mención a la investigación y experimentación médica con animales, por cuanto ello constituye un elemento fundamental para el desarrollo de medicamentos y tratamientos en beneficio de la salud humana. Del mismo modo, las tradiciones del pueblo costarricense, cuya protección se infiere del artículo 89 de la Constitución Política, son objeto de tutela por tratarse de valores propios del acervo cultural de la nación.\n\n(…)\n\n          VI.- Sobre el caso concreto. En primer término, las recurrentes alegan que la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima pretende realizar una corrida de toros al estilo de Pamplona, lo cual constituye un acto de maltrato hacia esos animales. Al respecto, la Sala tiene por acreditado que mediante trámite número 1109, recibido en la Municipalidad de Belén el 13 de marzo de 2012, la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima solicitó los respectivos permisos para un evento denominado “Pamplona y Más”. por celebrarse en el Complejo Pedregal del 13 al 22 de abril de 2012. Ese mismo día, el organizador del evento “Pamplona y Más” aportó ante el Área Rectora de Salud de Belén, cierta documentación requerida para obtener los respectivos permisos. De la lectura de los autos, ese Tribunal Constitucional observa que el evento en cuestión incluye las siguientes actividades: presentación de caballistas, cuadraciclos, motocicletas, bandas musicales, juego de pólvora, competencias de mulas y corridas de toros, entre otras. En cuanto a la corrida de toros al estilo Pamplona, la actividad consiste en lo siguiente: durante el recorrido de 750 metros de distancia, a lo largo de 5 carriles de 10 metros de ancho, se desarrollará una carrera conjunta de animales y corredores, donde no se permitirá una participación superior a 400 personas por evento; en cuanto a la salida de los animales, primero saldrán 3 toros, 2 minutos después saldrán 2 más, y 2 minutos después se soltarán los restantes 3 toros, para un total de 8 animales por corrida, que al llegar al final del recorrido entrarán a un corral. Por consiguiente, esta Sala concluye que en el evento “Pamplona y Más” los toros no serán sacrificados luego de la corrida, tal y como sucede en España, sino que al finalizar aquella, los animales más bien van a ser llevados a un corral a fin de organizar su traslado posterior a la ganadería correspondiente. Sin embargo, este Tribunal también advierte que en el sub examine, el Servicio Nacional de Salud Animal no está avalando la realización del evento “Pamplona y Más” toda vez que, como informa bajo juramento esa dependencia, los organizadores no pudieron garantizar el bienestar de los animales durante el evento. En efecto, el SENASA expone una serie de riesgos para la salud e integridad de los animales que se utilizarían para el evento “Pamplona y Más” que, según su criterio técnico especializado, hacen que no deba ser avalada dicha actividad: primero, explican que no es recomendable para la salud de los toros que las carreras se hagan sobre adoquines, pues lo ideal es que sea sobre tierra o arena; segundo, afirman que el organizador no pudo responder cómo van a tirar los toros en estampida, no pudo decir cuál va a ser el estímulo para que los toros salgan corriendo, esto podría ser con chuzos eléctricos, pegándoles, con bombetas, entre otros, todos los cuales constituyen métodos no autorizados ya que estresan a los animales; tercero, el organizador tampoco pudo responder qué haría en caso de tener un animal caído; cuarto, tampoco pudo contestar qué haría si los animales se metieran entre la estructura de tubos, pudiendo lesionarse o lesionar a una persona; quinto, sostiene que la comunicación entre los pasillos se hará en ángulo recto. Todos esos riesgos hicieron llegar a la conclusión al SENASA que el evento “Pamplona y Más” no asegura adecuadamente el bienestar de los animales. Con base en este criterio técnico, la Sala tiene por acreditado que existe una amenaza demostrada a la salud y bienestar de los toros por utilizar en la actividad de marras, lo que a su vez vulnera los derechos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la dignidad. Como se indicó supra, la inclusión de los animales dentro del concepto de ambiente se hace con base en el papel que estos juegan en el desarrollo de la vida humana, que los hace merecedores de protección y un trato digno. En particular, la fauna domesticada se debe proteger del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima, porque ello refleja una racionalidad ética determinada, corresponde a una concienciación de la especie humana respecto del modo justo y digno con el que debe interactuar con la naturaleza. Por lo demás, la crueldad con los animales resulta contraria a las buenas costumbres, de manera que su proscripción constituye un límite constitucional y razonable al derecho a la recreación. A mayor ahondamiento, el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, por acuerdo Nº IX-16-08-2012 tomado en la sesión ordinaria de Junta Directiva celebrada el 20 de marzo de 2012, en torno a la actividad “Pamplona y Más” subrayó la relación existente entre la violencia hacia los animales y la violencia entre las personas. En concreto, destacó que “estamos ante una manifestación de insensibilidad y sentimientos de placer ante el dolor ajeno lo que –para promover una sociedad pacífica- debemos modificar de raíz por todas las vías que nos sea posible”. Asimismo, enfatizó que la salud mental se promueve, más bien, por medio de actividades respetuosas con las personas y los seres vivos en general, empáticas ante el dolor. Asimismo, como se indicó supra, el derecho a la recreación se encuentra sometido a una serie de límites que garantizan la seguridad de las personas que participan en las distintas actividades. En cuanto a este punto, SENASA apunta, como argumento adicional para desaprobar la actividad, que los organizadores no pudieron responder qué pasaría si en la carrera, cuando los toros salieran en estampida persiguiendo a las 400 personas, alguna persona se cayera, pudiendo ser aplastada por las demás personas y los toros que vinieran corriendo. Tal situación implica una evidente amenaza al derecho a la salud de la personas.”\n\nEn el caso de marras, consideramos que el hecho de dar persecución a un cocodrilo –especie en peligro de extinción- para luego someterlo a condiciones que pueden producir su muerte –como en efecto ocurrió- no puede subsumirse entre las buenas costumbres que tienen acogida en el texto constitucional.\n\nEn segundo lugar, consideramos la posición de la mayoría de esta Sala inconciliable con el ordenamiento jurídico por dos motivos. Por un lado, se apoya en la reforma efectuada a la Ley N° 7451 mediante la Ley N° 9458 de 11 de junio de 2017, señalando que dicha reforma establece una serie de sanciones administrativas y penales que podrán ser aplicadas en la vía ordinaria, de manera que el caso debería ser analizado y resuelto en dicha sede. Textualmente, la resolución de mayoría indica:\n\n“Debe agregarse que, recientemente, se aprobó una reforma a la citada Ley N° 7451, mediante la Ley N° 9458 de 11 de junio de 2017, a fin de establecer una serie de sanciones de orden administrativo y el correspondiente procedimiento sancionatorio por infracción a dicha normativa. De lo que se deriva que existe un marco legal para el resguardo de los animales, así como los mecanismos jurídicos adecuados para hacer efectiva tal protección, por ende, el caso en examen debe ser analizado y resuelto en las vías ordinarias, a la luz del citado marco normativo.”\n\nEs claro que tal reforma no existía en la legislación al momento de producirse los hechos, toda vez que ella entró en vigencia en 22 de agosto de 2017, mientras que La Lagarteada tuvo lugar el 14 de abril de 2017. En otras palabras, el voto de mayoría está propugnando la aplicación retroactiva de sanciones administrativas y penales a contrapelo del artículo 34 constitucional.\n\nAdemás, respetuosamente estimamos que se confunde la competencia de la Sala con la de otras instancias. A grandes rasgos, la función de la Sala es la tutela de los derechos fundamentales de los administrados frente al Estado o sus dependencias. Únicamente de manera excepcional, la Sala podría condenar a un funcionario por la existencia de dolo o culpa de su parte, en los términos del artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública. (Véase el numeral 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Por otro lado, la tutela constitucional pretende “…restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de su derecho, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando fuere posible.” (Ordinal 49 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nEstos elementos permiten dilucidar claramente la diferencia entre la sede constitucional (cuya competencia en el sub examine defendemos los suscritos) y la sede ordinaria (cuya competencia defiende la mayoría): a) Los sujetos procesales son distintos: el Estado figura como accionado y es responsable en sede constitucional; en comparación, en la sede ordinaria serían principalmente los administrados los posibles destinatarios de las sanciones (multa y prisión). Nótese que el Estado, como persona jurídica por antonomasia, no es sujeto directo de ese tipo de sanciones (societas delinquere non potest); b) la finalidad del proceso: en sede constitucional se pretende el restablecimiento del derecho o la prevención de reincidencia por parte de la Administración (ordinales 49 y 50 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional); mientras que en sede ordinaria se pretendería la imposición de una sanción administrativa (multa) o penal (prisión). La incongruencia en el razonamiento es evidente, si se observa que las multas recaudadas por la imposición de las sanciones administrativas están destinadas al SENASA (artículo 24 bis de la Ley de Bienestar Animal). Es decir, en caso de condenarse al Estado, este deberá pagar la multa al propio Estado.\n\nA partir de los razonamientos expuestos, salvamos el voto y declaramos con lugar el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.                                                       Aracelly Pacheco S.\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 17-007413-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 05:45:41.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Constitutional Chamber**\n\n**Resolution No. 14519 - 2017**\n\n**Date of Resolution:** September 8, 2017, at 12:16\n\n**Expediente:** 17-007413-0007-CO\n\n**Drafted by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\n**Type of case:** Recurso de amparo\n\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Judgment with Dissenting Vote**\n\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** 4. MATTERS OF GUARANTEE\n\n**Topic:** ENVIRONMENT\n\n**Subtopics:**\n\nFAUNA.\n\nENVIRONMENT. THE TRADITION OF \"LA LAGARTEADA\" IS QUESTIONED.\n\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** 4. MATTERS OF GUARANTEE\n\n**Topic:** ENVIRONMENT\n\n**Subtopics:**\n\nENVIRONMENTAL DAMAGE.\n\nENVIRONMENT. THE TRADITION OF \"LA LAGARTEADA\" IS QUESTIONED.\n\n**Text of the resolution**\n\n*170074130007CO*\n\nExp: 17-007413-0007-CO\n\nRes. No. 2017014519\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at twelve hours and sixteen minutes of September eighth, two thousand seventeen.\n\nRecurso de amparo processed in expediente N° 17-007413-0007-CO, filed by CAROLINA OCAMPO PIZARRO, identity card 0114600137, against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 1:43 p.m. on May 15, 2015, the appellant files a recurso de amparo against the Ministerio de Ambiente y Energía –MINAE-. She states that on April 14 of this year, the hunting activity called \"La Lagarteada\" took place in Ortega de Santa Cruz, Guanacaste. She comments that \"La Lagarteada\" consists of taking a crocodile (crocodylus acutus) from its habitat, tying it up, and moving it to the town pool, where it is exhibited, and the next day, it is returned to its habitat. On that occasion, a crocodile was captured and later died of asphyxiation, according to the hypothesis and observations made at the site by representatives of the Ministerio de Ambiente y Energía. She says that this activity is cruel, but despite this, it had the permits from the respondent Ministry to be carried out. She emphasizes that, according to Decreto 32633-MINAE of 2005, the crocodile is an endangered species, and therefore should not be disturbed in its habitat. She points out that, although this activity allegedly has a long tradition, this cannot be an obstacle for the competent administrative authorities, if they deem it pertinent, to intervene in the matter in order to prevent an endangered species from being affected. She considers that the aforementioned cultural action is carried out under harmful conditions for the animal and its environment, as this Chamber recognized in Judgment No. 2008-05844 of 2:41 p.m. on April 15, 2008. She requests that the present recurso de amparo be granted and, consequently, that the activity called \"La Lagarteada\" be prohibited and that permits for it not be issued again in any part of the country.\n\n2.- By resolution at 10:59 a.m. on May 29, 2017, this recurso de amparo was processed and a report was requested from the Minister of Ambiente y Energía, so that he could refer to the facts alleged by the appellant.\n\n3.- Edgar E. Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Ambiente y Energía –MINAE-, reports under oath that, according to the report issued by the National System of Conservation Areas (Sistema de Áreas de Conservación –SINAC-), issued by means of official letter SINAC-AJ-361-2017 of May 26, 2017, the Tempisque Conservation Area indicated in official letter ACT-OR-DR-0683-17 of May 26, 2017, that the lagarteada was authorized through administrative resolution ACT-OR-DR-038-2017 of March 31, 2017, in response to the request presented by the Ortega Development Association on March 30, 2017. He points out that, in the cited report, it is mentioned that the activity in question, in recent years, has been authorized following the technical guidelines issued by the Wildlife Commission of ACTO-SINAC, official letter ACT-OR-FV-112 of January 27, 2010. These provisions are set out in the administrative resolution that endorsed the activity for the year 2017, which were mandatory during its development. Thus, the Administrator of the Cipanci National Wildlife Refuge, Bolsón sector, by official letter ACT-RNVS-Bo-22 of April 15, 2017, reported:\n\n\"The activity officially began at 9:00 a.m. in the ADI-Ortega Community Hall with a talk by the Refuge Administrator on the actions to consider to maintain the integrity of the people, the crocodile, and the surrounding habitat, as well as the collection of solid waste.\n\nAt 10:00 a.m., the authorized lagarteros, SINAC officials, and visitors moved to the site where the animal's capture would take place, in a sector of the El Charco river. The capture process begins at 10:30 a.m. using the \"herding technique\" and culminates at 3:00 p.m. with the capture of the crocodile, its transfer, and at 3:30 p.m. it is placed in the pool at the Community Hall.\n\nAt 2:30 p.m., SINAC officials carried out an ocular inspection of the crocodile and found no apparent abnormalities, and the pool had a level of 0.60 m, which is normal for these conditions.\n\nAt 6:00 a.m. on April 15, community neighbors call SINAC and report that the animal is presumably dead. A rigorous inspection is carried out, and the crocodile is indeed found with food waste in its mouth with a very bad smell, without respiration, and lifeless.\n\nAt 7:30 a.m., the crocodile is moved to a site outside the town to avoid the gathering of people. At 9:00 a.m., the Refuge Administrator contacts Eng. Norma Rodríguez Garro, ASP Manager of ACT, and also Dr. Carlos Mario Orrego, National Wildlife Coordinator of SINAC, to follow the corresponding procedures for this case.\n\nCOLLECTION OF INFORMATION IN SITU\n\nOcular inspection: The animal's entire body was observed, and no evidence was found of injuries caused during the manipulation process or any other cause. Remains of decomposing matter were observed in the mouth. The animal's snout remains tied, which likely prevented it from expelling the food remains it had in its mouth.\n\nMeasurements: head 0.85 cm; snout to cloaca 1.97 m, head to tail 3.74 m; diameter at the center of the animal 1.12 m.\n\nNecropsy: It was not possible to perform it because the possible time of death exceeded 5-6 hours, and therefore, under these conditions, its utility is very limited for scientifically explaining the death of this crocodile.\n\nFINAL DISPOSITION OF THE CROCODILE\n\nAt 11:00 a.m. today, instructions were given to the members of the Ortega Development Association to proceed to bury the animal at a depth of 1.5 m, which was carried out under the supervision of refuge officials.\n\nHYPOTHESIS OF THE CAUSE OF DEATH OF THE CROCODILE BASED ON IN SITU OBSERVATION\n\nConsidering the food residues the crocodile presented in its mouth, it is deduced that the animal had fed hours before its capture. The tension generated after the capture process produced severe indigestion, causing the expulsion of food residues (vomit). The animal had its snout tied, which prevented the expulsion of the food residues to the outside, simultaneously causing asphyxia by broncho-aspiration and consequently its death.\"\n\nThe respondent adds that, in the aforementioned report, it is indicated that wildlife is a priority issue in Costa Rica. In this way, SINAC-MINAE maintains the commitment to conservation actions within and outside the habitat of these species. Thus, any authorization or permit from the institution has been based on technical-scientific criteria and on current regulations, related to bioethical principles and quality of life. SINAC-MINAE has sought to accompany the activities associated with the use, exploitation, and conservation of wildlife that the communities have traditionally carried out, seeking adequate management and the well-being of the species. He alleges that what happened in Ortega is a regrettable event, and an analysis of the situation is being carried out, as well as the suitability of new authorizations for this activity, considering what is established in the legal framework and what was ruled by the Constitutional Chamber in vote 2009-002242 of February 13, 2009. He indicates that regarding the Lagarteada, SINAC has received various manifestations from society, pronouncing against the activity:\n\n\"Acuerdo IV-9 taken in session No. 52 of April 25, 2017, by the Municipal Council of Tibás.\nAcuerdo taken by the Municipal Council of Belén, in ordinary session No. 24-2017 of April 25, 2017.\nAcuerdo No. 432-2017, issued by the Municipal Council of Mora.\nAcuerdo No. ACM-51-03-2017, issued by the Municipal Council of Mora.\nOfficial letter LFR-FFA-091-2017, issued by Deputy Ligia Elena Fallas Rodríguez.\"\n\nHowever, there is also the manifestation from members of the community of Ortega de Santa Cruz, who indicate that the activity generates funds that are invested in community works. He points out that the final report is awaited from the commission appointed by the ACT Directorate through official letter ACT-OR-DR-496-17 of April 17, 2017, formed to evaluate what happened during the Lagarteada event. He requests that the recurso be dismissed.\n\n4.- The procedures followed have observed the legal prescriptions.\n\nDrafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- OBJECT OF THE RECURSO.- The appellant assures that there is responsibility, on the part of the respondent authority, in the death of the crocodile in the activity called \"La Lagarteada,\" which occurred on April 15, 2017, in Ortega de Santa Cruz, Guanacaste.\n\nII.- PROVEN FACTS.- Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited as such or because the respondent has failed to refer to them as provided in the initial order:\n\na. Between April 14 and 15, 2017, the activity called \"La Lagarteada\" took place in Ortega de Santa Cruz, Guanacaste, with authorization from SINAC granted through administrative resolution N° ACT-OR-DR-038-2017 of March 31, 2017 (see report rendered, under oath, by the respondent).\nb. The activity began at 9:00 a.m. on April 14, 2017, with a talk by the Administrator of the Cipanci National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipanci), Bolsón sector, on the actions to execute to maintain the integrity of the people, the crocodile, and the habitat of the place (see report rendered, under oath, by the respondent authority).\nc. At 10:00 a.m. on April 14, 2017, the lagarteros authorized by SINAC, accompanied by an official of the institution, moved to the sector of the El Charco river, where the crocodile capture activity began at 10:30 a.m. the same day, using the \"herding technique,\" which ended at 3:00 p.m. Subsequently, at 3:30 p.m., it was moved and placed in the pool at the Ortega de Santa Cruz Community Hall in Guanacaste (see report rendered, under oath, by the respondent authority).\nd. At 2:30 p.m. on April 14, 2017, SINAC officials performed an ocular inspection of the crocodile and found no anomalies. Likewise, they verified that the water level of the pool was at 0.60 meters, a normal measurement for the animal's conditions (see report rendered, under oath, by the respondent).\ne. On April 15, 2017, following a report from community neighbors, made at 6:00 a.m., about the possible death of the crocodile, SINAC officials conducted an inspection, finding the animal with food residues in its mouth and lifeless (see report rendered, under oath, by the respondent).\nf. The cause of the animal's death was due to an accident, as it had fed hours before its capture (see report rendered, under oath, by the respondent).\n\nIII.- FACT NOT PROVEN. The following fact of relevance for this resolution is not deemed proven:\n\nSOLE. That the crocodile showed signs of aggression and evidence of injuries caused during the manipulation process (the case file).\n\nIV.- ON THE FUNCTION OF THE SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN –SINAC-. Before addressing the merits of the present recurso de amparo, it is appropriate to point out some specific points about the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación –SINAC-). This is a maximum deconcentration body of the Ministerio de Ambiente y Energía, has instrumental legal personality, autonomous patrimony, and clearly defined competencies in Article 22 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad N° 7788), in which it also finds its foundation. Its competencies correspond to forestry matters, wildlife, protected wild areas, and hydrographic basins. For their part, Articles 23 and 28 of the same regulatory body provide that the System shall be composed of territorial units called Conservation Areas under the general supervision of the Ministerio de Ambiente y Energía, through the National Council of Conservation Areas, with jurisdiction over the entire national territory, whether these are protected wild areas, areas with a high degree of fragility, or private areas of economic exploitation. Each conservation area is a territorial unit of the country, administratively delimited, governed by a single development and administration strategy, duly coordinated with the rest of the public sector.\n\nV.- On the merits. In relation to the case at hand, it is pertinent to bear in mind that the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación –SINAC-) is a maximum deconcentration body of the Ministerio de Ambiente y Energía with instrumental legal personality, autonomous patrimony, and clearly defined competencies in Article 22 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad N° 7788), namely forestry matters, wildlife, protected wild areas, and hydrographic basins. It was created through the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad N° 7788), in Article 22, as part of the administrative organization of SINAC; Articles 23 and 28 of the regulatory body provide that the System shall be composed of territorial units called Conservation Areas under the general supervision of the Ministerio de Ambiente y Energía, through the National Council of Conservation Areas, with jurisdiction over the entire national territory, whether these are protected wild areas, areas with a high degree of fragility, or private areas of economic exploitation. Each conservation area is a territorial unit of the country, administratively delimited, governed by a single development and administration strategy, duly coordinated with the rest of the public sector. Now, in sub lite, it is accredited that the activity called \"La Lagarteada,\" held on April 14, 2017, was authorized by administrative resolution ACT-OR-DR-038-2017, of March 31, 2017, issued by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación –SINAC-). This authorization was issued in response to the request submitted by the Ortega Development Association on March 30, 2017. Likewise, it is stated, under oath, that any authorization or permit from the institution is given based on technical-scientific criteria and on current regulations, related to the bioethical principles of well-being and quality of life. The technical regulations under which the \"La Lagarteada\" activities of recent years have been granted have been authorized following the technical guidelines issued by the Wildlife Commission of ACT-SINAC, through official letter ACT-OR-FV-112, of January 27, 2010, which were issued in response to what was ordered by this Chamber in judgment N° 2009-002242 of twelve hours and twelve minutes of February thirteenth, two thousand nine. Additionally, under oath, it is affirmed that these regulations are indicated as mandatory in administrative resolution ACT-OR-DR-038-2017, of March 31, 2017, and therefore were mandatory during the activity in question. In this way, the Chamber observes that the activity in question, held on April fourteenth last, was carried out in an organized manner, coordinated and supervised by the aforementioned authorities, in order to prevent irreversible damage to the natural ecosystem, and in turn, making an effort not to downplay the cultural heritage provided by the traditions of the country's diverse towns. Likewise, the permit granted for the activity is based on technical-scientific criteria and on current regulations, related to the bioethical principles of well-being and quality of life. Now, this Court does not disregard that during the activity called \"La Lagarteada\" a crocodile died; however, under oath, it is indicated that it was an accidental, unpremeditated event, and an analysis of the situation is currently being carried out, pending the final report of the commission appointed by the ACT Directorate through official letter ACT-OR-DR-496-17 of April 17, 2017, formed to evaluate what happened during the \"La Lagarteada\" event, and to determine, from a technical point of view, whether it is appropriate to issue more permits for similar activities. So, an analysis of the situation is being carried out, as well as the suitability of new authorizations for this activity, considering what is established in the legal framework, as well as what was indicated by the Constitutional Chamber through Vote N° 2009-002242, of February 13, 2009, in what is relevant:\n\n\"(…) as reported by the respondent Minister of Environment, Energy and Telecommunications, that Ministerial Office is issuing the pertinent directives to the Senior Director of the National System of Conservation Areas, in order to technically and legally regulate the lagarteada activity, to prevent significant negative environmental damage from occurring, damage that is difficult and impossible to repair. In this sense, it is important to indicate that said regulation must be issued in a timely manner and based on the results obtained this year, before the next lagarteada is carried out, to prevent irreversible damage from occurring to a natural ecosystem, since as Ronald Vargas Brenes stated in official letter SINAC-DG-1763 of October 23, 2007: \"(…) The impact must be considered not only on the population but on its habitat in general, since their caves where they take refuge are destroyed, also about the possible effect that the non-scientific manipulation of an individual of this size could be causing in this population. Furthermore, the impact must be considered not only on the crocodile population but on other populations of wild species that could be affected by said activity (…).\"\n\nFinally, the respondent authority indicates that the final report is awaited from the commission appointed by the ACT Directorate through official letter ACT-OR-DR-496-17 of April 17, 2017, formed to evaluate what happened during the \"La Lagarteada\" event.\n\nVI.- Additionally, the Animal Welfare Law (Ley de Bienestar de los Animales) (Law N ° 7451 of November 16, 1994, and its amendments) provides, in Article 4, that wild animals shall enjoy, in their environment, a free life and have the possibility to reproduce. It establishes, moreover, that deprivation of their freedom, for educational, experimental, or commercial purposes, must cause them the minimum possible harm and be in accordance with current legislation, without prejudice to the provisions of the Wildlife Conservation Law. Said regulatory body provides, in its numeral 9, that animals used in sports or public spectacles shall not be subjected, to the respective discipline, under the effect of any drug or medication harmful to their health and integrity. Nor shall they be forced beyond their capacity, nor shall objects that could harm their physical integrity be used. Likewise, ordinal 23 stipulates that, through its competent technical dependencies, the Public Administration shall determine if an animal is not provided the basic conditions established in this Law and, additionally, shall hear animal protection organizations when they formulate complaints. It must be added that, recently, an amendment to the cited Law N ° 7451 was approved, through Law N ° 9458 of June 11, 2017, in order to establish a series of administrative sanctions and the corresponding sanctioning procedure for infraction of said regulation. From which it is derived that a legal framework exists for the protection of animals, as well as the adequate legal mechanisms to make such protection effective; therefore, the case under examination must be analyzed and resolved through ordinary channels, in light of the cited regulatory framework. By virtue of the reasons stated, the amparo is found inadmissible, as is indeed declared.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Regulation on the Electronic Expediente before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\n**Therefore:**\n\nThe recurso is dismissed. Magistrates Cruz Castro, Rueda Leal and Pacheco Salazar dissent and declare the recurso granted and the activity called \"La Lagarteada\" unconstitutional.\n\nErnesto Jinesta L.\nPresident\n\nFernando Cruz C. Paul Rueda L.\n\nNancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.\n\nJosé Paulino Hernández G. Aracelly Pacheco S.\n\n**Dissenting Vote of Magistrates Cruz Castro, Rueda Leal and Pacheco Salazar, with the drafting by the second. With the usual respect, we disagree with the majority opinion and proceed to grant the recurso, based on the following arguments.**\n\nPreliminarily, it is necessary to clarify that the issue of La Lagarteada was analyzed in three judicial expedientes (17-007413-0007-CO, 17-006014-0007-CO and 17-005741-0007-CO), which share the same facts and legal reasoning.\n\nNow, seeing that the majority of this Chamber referred the case to the legality channel, it is necessary to make explicit the current significance of the right to the environment and the implications this entails for access to justice and the work of the Constitutional Chamber.\n\nA) On the right to a healthy and ecologically balanced environment, as a human right protectable in constitutional venue. The concerning decision by the majority of this Court to refer this matter to the legality channel and diminish the importance of the fact that an endangered animal was killed, obliges the undersigned to make some clarifications about the right to the environment as a human right that is the competence of this Chamber.\n\n1.- On the international evolution of environmental law. Although the development of environmental law is relatively recent compared to other branches of law, its first steps date back more than a century. The fact that environmental law experienced a boom from the late twentieth century to date is because it was not until that moment that the effects of human beings on the environment and, correlatively, the incidence of the environment on the full development of the person, became palpable. Before this, there was no awareness, urgency, or need to worry about environmental issues. Evidence of this is that one of the first instruments in environmental matters, such as the Convention for the Preservation of Wild Animals, Birds and Fish in Africa (London Convention of 1900), was signed by the European powers of the time but never came into force due to lack of ratification by said States. This situation contrasts enormously with the current one, as evidenced by the signing of the Paris Agreement by 193 States and its entry into force the same year it was signed, in 2016, although the U.S. announced its withdrawal later (according to the agreement, the earliest effective withdrawal date for that country is November 2020, shortly before the end of President Trump's first term).\n\nIn the years before 1972, the advancement of environmental law was not notable and focused on specific topics, such as marine pollution by oil and the effects of nuclear energy, topics known through the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil (1954) and the Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water (1963). It is worth highlighting the existence of exceptions, such as the African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources (1968), which represents an important innovation in environmental matters, since it is accepted that the utilization of natural resources must be directed to satisfy human needs in accordance with the capacity of the environment. The foregoing shows that by that time, the conception of the environment as an inexhaustible resource had already been overcome. Another notable instrument from the period before 1972 is the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention of 1971), as it highlights the international nature of the environmental issue by establishing the need for States to coordinate joint measures due to the transboundary nature of some wetlands. Furthermore, it advocates the wise use of wetlands.\n\nThe year 1972 represents a turning point in environmental matters, as it was in that year when the international community took the first step towards large-scale environmental protection, with the holding of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Conference of 1972). One hundred thirteen States participated in this Conference, along with UN representatives and specialized international agencies (ILO, UNESCO, WHO, etc.), as well as representatives of numerous non-governmental organizations. (See the information on the United Nations Environment Programme website http://staging.unep.org/Documents.Multilingual/default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1519&l=en, consulted on January 24, 2018).\n\nThe Stockholm Conference culminated with the adoption of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment with 26 basic principles related to the protection of the environment, as well as the Action Plan with the structuring of global goals.\n\nThe first principle of that document states the following: \"Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated.\"\n\nThe Stockholm Conference of 1972 triggered a series of fundamental changes in environmental matters. For example, as a consequence of the Conference, the United Nations Environment Programme was created, whose work is to promote the rational use and sustainable development of the environment. Various international instruments also emerged, such as the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London, 1976), the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Paris, 1972), in addition to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora of 1973 (CITES). The two decades following the Conference would see the proliferation of international agreements on environmental matters, with more than 1100 agreements dedicated to the topic or with provisions related to it. (See Brown Weiss, E., \"The Evolution of International Environmental Law\", Japanese Yearbook of International Law, Vol. 54 (2011), pp.\n\n1-27, consulted at http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1669 on January 24, 2018).\n\nThe years following the Conference were characterized by a broadening of the focus; thus, international agreements moved from addressing specific topics (for example, oil or nuclear pollution) to covering the subject in a comprehensive manner. The discussion is no longer solely about transboundary pollution, but also about climate change and the protection of the ecosystem as a whole. Evidence of this was the adoption of the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change. Of course, this evolution of environmental law did not prevent the extensive development of specific topics (such as, for example, air pollution or the protection of the ozone layer) through specific instruments (continuing with the example, the 1985 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and the 1987 Montreal Protocol). Likewise, there is progress regarding the law of the sea and the protection of the environment during armed conflicts, topics addressed by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and the 1976 Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques.\n\nAt the regional level, this period gave rise to the Constitutive Agreement of the Central American Commission for Environment and Development (approved by Costa Rica through Law No. 7226 of April 2, 1991) whose purpose was to constitute \"...a regional cooperation regime for the optimal and rational use of the area's natural resources, the control of pollution, and the restoration of ecological balance, to guarantee a better quality of life for the population of the Central American isthmus.\" (Article 1).\n\nFurthermore, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights of 1988, known as the Protocol of San Salvador, was signed. The relevance of this Protocol lies in the fact that it adds the right to a healthy environment in its article 11:\n\n\"Article 11\n\nRight to a Healthy Environment\n\n1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.\n\n2. The States Parties shall promote the protection, preservation and improvement of the environment.\"\n\nA second global milestone in environmental matters occurred 20 years after the Stockholm Conference, when the United Nations Conference on Environment and Development (Rio Summit) took place. This was a new meeting of a global nature, but with greater participation than its predecessor. It involved representatives from 172 governments and some 2,400 delegates from non-governmental organizations. In addition, the Summit received extensive media coverage, with the presence of nearly 10,000 journalists. (See the information provided by the United Nations on the page http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html, consulted on January 25, 2018) \n\nThe Summit was not only successful due to the broad governmental and civil participation, but also because of the international instruments approved there, mainly the Rio Declaration on Environment and Development, Agenda 21, the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Statement of Principles on Forests, and the Convention on Biological Diversity.\n\nFor the purposes of this recital, it is appropriate to cite the first and tenth principles of the Rio Declaration:\n\n\"PRINCIPLE 1\n\nHuman beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.\n\nPRINCIPLE 10\n\nEnvironmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.\"\n\nFor its part, Agenda 21 contains a chapter dedicated to information for decision-making, whose introduction reads:\n\n\"40.1. In sustainable development, everyone is a user and provider of information considered in the broad sense. That includes data, information and appropriately packaged experience and knowledge. The need for information arises at all levels, from that of senior decision makers at the national and international levels to the grass-roots and individual levels. The following two programme areas need to be implemented to ensure that decisions are based increasingly on sound information:\n\na) Bridging the data gap;\n\nb) Improving information availability.\"\n\nThe Rio Summit also gave rise to follow-up conferences in subsequent years, among which the 1997 Rio+5 Summit and the 2012 Rio+20 Summit stand out.\n\nAfter the Rio Summit came a boom in international instruments and conferences related to environmental matters. To mention just a few of relevance: the 1994 United Nations Convention to Combat Desertification, the 1997 Kyoto Protocol (on climate change), the 2000 Millennium Declaration (approved by the UN General Assembly, it proclaims respect for nature and sustainable development), the 2002 Johannesburg Declaration on Sustainable Development, the Climate Summit in Paris (COP21).\n\nIn parallel, the Central American region also issued a variety of agreements relating to the environment, among which the following stand out: the 1993 Regional Convention on Climate Change and the 1994 Central American Alliance for Sustainable Development.\n\nAlthough the Rio Declaration includes among its principles access to information, citizen participation, and access to justice, this topic was developed more broadly in the 1998 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention).\n\nFinally, the most recent global milestone in environmental matters is the Paris Agreement. As previously mentioned, this was signed by 193 States, constituting practically a universal agreement, and entered into force in 2016, although the U.S. subsequently announced its withdrawal (according to the agreement, the earliest effective withdrawal date for that country is November 2020, shortly before the end of President Trump's first term).\n\n2.- On the national evolution of environmental law. The historical evolution of environmental protection in Costa Rica can be divided into two major periods: one before and one after the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment in the Political Constitution, through the 1994 reform. Similar to the international development, which began with norms specifically directed at concrete topics, environmental protection before 1994 was carried out through the application of isolated norms for specific issues. Among these regulations are the Water Law of 1942, the Construction Law of 1949, the General Potable Water Law of 1953, the Wildlife Conservation Law of 1961, the Forest Law of 1969, the General Health Law of 1973, the Law on the Maritime-Terrestrial Zone of 1977, the National Parks Service Law of 1977, the Mining Code of 1982, and the Wildlife Conservation Law of 1992.\n\nThe period before the 1994 constitutional reform also saw the birth of this Chamber, an instance that has not remained detached from the subject matter. In rulings such as No. 2233-93 of May 28, 1993, this Court resorted to other constitutional norms, such as those providing for the right to life (article 21), the rational exploitation of land (numeral 69), in addition to the protection of natural beauty and historical heritage (ordinal 89), to begin the construction of a jurisprudential line of environmental protection. The mentioned ruling left no doubt that the right to the environment is a fundamental one:\n\n\"I. The present amparo seeks the protection of the legal asset of forest resources, which ultimately means the protection and preservation of the integrity of the natural environment existing at the site where the road causing the problem has been traced. Faced with the question of whether this legal asset, in all its dimension, significance, and relation, is a constitutional value or fundamental right, the answer is undoubtedly positive. Much is said today about the vital necessity for man—as a species—and the consequent obligation for that protection and preservation, and this constitutes a worldwide attitude, from which our country is not exempt, as demonstrated by Costa Rica's evident interest in participating in international forums where the ecological issue is discussed. But such conduct of our people is not only manifested in that way, because internally, which is paramount, we have also acted by enacting laws whose purpose tends toward that protection. Thus, for example, and for what is of interest here, the current Forest Law, No. 7174 of June 28, 1990, provides in its article 1:\n\n'This law establishes as an essential function and priority of the State, to ensure the protection, conservation, exploitation, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources.'\n\nFor its part, in accordance with the principle or parameter of legal regularity, such regulations and the aforementioned attitude have their foundation in our Political Constitution, which, regarding this topic, provides:\n\n(…)\n\nBut that is not all, because norm 69 of the Political Charter also speaks of the 'rational exploitation of the land,' which constitutes a fundamental principle. Consequently, that protection and preservation, as well as the rational exploitation of the resources indicated, are canons of the constitutional order.\"\n\nSubsequently, ruling No. 3705-93 of 3:00 p.m. on July 30, 1993, broadly set forth the change in global consciousness regarding environmental protection and its intrinsic link with the human being. Likewise, it developed the topic of the extremely broad standing in the amparo proceeding in environmental matters:\n\n\"…V.- Human life is only possible in solidarity with the nature that sustains and supports us, not only for physical nourishment, but also for psychological well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in an environment free from contamination, which is the basis of a just and productive society. This is how article 21 of the Political Constitution states:\n\n'Human life is inviolable.'\n\nIt is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental, and social well-being undeniably derives, a human right that is indissolubly linked to the right to health and to the State's obligation to protect human life.\n\nLikewise, from the psychological and intellectual point of view, one's state of mind also depends on nature, so that when the landscape becomes a useful space for rest and free time, its preservation and conservation become an obligation. This last aspect is protected in constitutional article 89, which literally states:\n\n'Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress.'\n\nProtecting nature from the aesthetic point of view is not commercializing it or transforming it into merchandise; it is educating the citizen to learn to appreciate the aesthetic landscape for its intrinsic value.\n\nVI.- STANDING: Regarding the legal protection of the environment, the standing of individuals to act judicially and achieve the application of norms that have that purpose or, as the case may be, to request jurisdictional protection to safeguard their violated rights, is of great importance. But it must be analyzed from various points of view, that is, in relation to the nature of the proceeding, the claims, and the intervening parties, and also taking into account that the breach of environmental norms can be caused by the action or omission of both a private law subject and a public law subject. The latter, simply by omitting to exercise due control over the actions of private subjects when they infringe environmental norms, ignoring its functional competence that requires it to exercise that control; or, by directly infringing legal provisions intended to protect and conserve the environment through its own action. This Chamber, in Ruling Number 2233-93, by stating that the preservation and protection of the environment is a fundamental right, gives room for standing to resort to the amparo remedy. In environmental law, the procedural prerequisite of standing tends to extend and broaden in such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being necessary to understand that, in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from property titles, rights, or concrete actions that they could exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern scholars call the diffuse interest, whereby the original standing of the legitimate interested party or even of the simple interested party is diffused among all the members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that harm them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that legitimizes the subject to take action is transformed, by virtue of its incorporation into the list of human rights, becoming a true 'reactive right,' which, as its name indicates, empowers its holder to 'react' against the violation originating from illegitimate acts or omissions. That is why the violation of that fundamental right constitutes a constitutional illegality, that is, a specific cause of action for amparo against concrete acts or self-executing norms or, as the case may be, in the action of unconstitutionality against all norms or against acts not susceptible to amparo, and even against omissions, a category which, in the case of the right to the environment, becomes especially important, because when it comes to conserving the environment that nature has given us, the most frequent violation is produced by the inertia of public authorities in carrying out the necessary acts to protect it. The Constitutional Jurisdiction, as a legally suitable and necessary means to guarantee the supremacy of the law of the Constitution, is, besides being supreme, of essential public order, and this implies, in general, that a much more flexible and less formalistic standing is necessary to associate citizens with the interest of the Rule of Law itself to supervise and, where appropriate, reestablish its own juridicity. That concept of 'diffuse interests' aims to develop a form of standing that, in recent times, has constituted one of the traditional principles of standing and that has been gaining ground, especially in the field of administrative law, as a final, novel but necessary expansion, so that this supervision is increasingly more effective and efficient. Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our Law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that, in relation to them, determined or easily identifiable specific persons, or personalized groups, are identified, whose standing would derive not from diffuse interests, but from corporate ones or those that concern a community as a whole. It concerns, then, individual interests, but, at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, receive a benefit or a detriment, current or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that these are equal interests of the groups of people who find themselves in certain situations and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are simultaneously collective—because they are common to a generality—and individual, for which reason they can be claimed in such character. And this is precisely what occurs in the present case, in which the petitioner evidently has an individual interest insofar as he is being affected by the contamination affecting his community, but there is also a collective interest, since the injury is also produced to the community as a whole. So that, when dealing with the Right to the Environment, standing corresponds to the human being as such, since the injury to that fundamental right is suffered by both the community and the individual in particular.\n\n Alongside the set of principles that the Constitution dedicates to economic relations, a series of no less transcendental provisions must be situated, aimed at ensuring basic protection for human life considered as a value in itself, regardless of the use made of human resources for political or economic ends. This gives way to a new dimension of constitutional guarantees, whose essential core is found in the protection of personal freedom and other fundamental rights linked in various ways to that freedom and which is manifested, above all, in a set of general rules aimed at creating an environmental situation that facilitates, as much as possible, the exercise of freedoms and the enjoyment of fundamental rights. For all the foregoing, when dealing with the Constitutional Jurisdiction, the Chamber considers that not only standing itself, but also the necessary conditions for it in the proceeding—whether as plaintiff or as defendant—or, where appropriate, to enjoy or suffer the consequences of the judgment—as winner or loser—, are and must be not only as broad as possible and prudent to recognize, but also that in that breadth the capacity itself to be a party and even to litigate judicially, as prerequisites to that standing, must be such that even, as in this case, a minor, an elementary school student, can enjoy it, but also any other person provided they have the ability to clearly articulate their claim and their interest. (…)\"\n\nAnother opinion worthy of mention is No. 6240-93 of 2:00 p.m. on November 26, 1993, inasmuch as it highlighted the existing relationship between the right to the environment and other fundamental rights, stressing that the former constitutes a prerequisite for the full enjoyment of such rights, such as life: \"(…) we can affirm that from the right to life and the state obligation to 'protect natural beauties' contained in articles 21 and 89 of the Constitution, other rights of obligatory protection and equal rank arise, such as those to health and to a healthy environment, in the absence of which either the exercise of the former would not be possible, or their enjoyment would be severely limited (…)\".\n\nThe jurisprudence of this Chamber and the extensive international environmental regulation paved the way for the reform of constitutional article 50 through Law 7412 of June 3, 1994. Said reform meant adding the underlined part of the following transcription:\n\n\"ARTICLE 50.- The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.\n\nEvery person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.\n\nThe State shall guarantee, defend, and preserve that right.\n\nThe law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.\" (The underlining is added).\n\nThis constitutional reform constitutes a crucial point in Costa Rican environmental law. Even more, it implies not only the—express—recognition by the highest-ranking norm in the domestic legal system of a fundamental right, but also enunciates the parameters of said recognition, as will be analyzed later.\n\nAfter the 1994 reform, it is possible to notice greater development and systematicity of environmental regulations. An example of this is the issuance of the Organic Law of the Environment of 1995 and the Biodiversity Law of 1998. Emphasis is placed on the principles set forth in numeral 2 of the Organic Law of the Environment:\n\n\"Article 2.- Principles The principles that inspire this law are the following:\n\na) The environment is the common heritage of all the inhabitants of the Nation, with the exceptions established by the Political Constitution, international conventions, and laws. The State and private individuals must participate in its conservation and sustainable use, which are of public utility and social interest.\n\nb) Everyone has the right to enjoy a healthy and ecologically sustainable environment in which to develop, as well as the duty to conserve it, according to article 50 of our Political Constitution.\n\nc) The State shall ensure the rational use of environmental elements, in order to protect and improve the quality of life of the inhabitants of the national territory. Likewise, it is obliged to promote economically and environmentally sustainable development, understood as development that satisfies basic human needs, without compromising the options of future generations.\n\nd) Whoever pollutes the environment or causes it damage shall be responsible, as established by the laws of the Republic and the international conventions in force.\n\ne) Damage to the environment constitutes a crime of a social nature, as it affects the bases of society's existence; economic, because it undermines the materials and resources indispensable for productive activities; cultural, in that it endangers the way of life of communities; and ethical, because it threatens the very existence of present and future generations.\n\n(…)\"\n\nA reading of this norm hints at the universality of the right to a healthy and balanced environment. This universality manifests itself in a passive facet, which guarantees that all people can enjoy the environmental heritage, and in an active one, which imposes on both the State and the country's inhabitants the duty to conserve the environment and ensure its sustainability. Note that the legislator detailed the broad scope that environmental damage entails, describing the impact that affects the social, economic, cultural, and ethical areas.\n\nThis law also addresses citizen participation in environmental matters:\n\n\"Article 6.- Participation of the inhabitants. The State and the municipalities shall encourage the active and organized participation of the inhabitants of the Republic in decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment.\"\n\nSee that the norm grants standing to the inhabitants to participate in decision-making and actions aimed at protecting the environment. In this sense, it should be recalled that the environment is recognized as a diffuse interest and, as such, any person is the holder of the right to enforce it.\n\nThe express constitutionalization of environmental matters is also observed in the reform of article 46 of the Magna Carta, through Law No. 7607 of 1996. This amendment led to the addition of the last paragraph of the norm:\n\n\"ARTICLE 46.- (…)\n\nConsumers and users have the right to the protection of their health, environment, security, and economic interests; to receive adequate and truthful information; to freedom of choice, and to equitable treatment. The State shall support the organizations they establish for the defense of their rights. The law shall regulate these matters.\" (The underlining is added).\n\nOther laws that were approved following the constitutional reform are the Forestry Law of 1996, the Phytosanitary Protection Law of 1997, and the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils of 1998.\n\nNaturally, the Constitutional Chamber did not remain immutable in the face of the regulatory change, but rather received the modification of article 50 into its jurisprudence. An illustrative example of this reception is found in ruling No. 2002-5472 of 3:11 p.m. on June 4, 2002:\n\n\"III.- On the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. Article 50 of the Political Constitution establishes that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. The right to a healthy environment has a broad content that is equivalent to the aspiration of improving the life environment of the human being, in such a way that it overflows the criteria of natural conservation to situate itself within all the spheres in which the person develops, be it the family, the workplace, or the environment in which they live. Hence, it is affirmed that it is a transversal right, that is, it moves throughout the entire legal system, modeling and reinterpreting its institutes. The environment is defined by the Royal Spanish Academy of Language as the 'set of physical circumstances that surround living beings,' which further emphasizes the general character of the right. In contrast, the right to an ecologically balanced environment is a more restricted concept referring to an important part of that environment in which the human being develops, to the balance that must exist between the advancement of society and the conservation of natural resources. Both rights are expressly recognized in article 50 of the Political Constitution, which outlines the Social State of Law. The location of the right to a healthy and ecologically balanced environment within the constitutional regulations of the Social State of Law is the point from which it must be analyzed. The Social State of Law produces the phenomenon of incorporating into the fundamental text a series of political objectives of great social relevance and the introduction of an important number of social rights that ensure the common good and the satisfaction of people's elementary needs. In this perspective, the Political Constitution emphasizes that the protection of natural resources is an adequate means to protect and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of public powers on the factors that can alter the balance of natural resources and, more broadly, hinder the person from developing and functioning in a healthy environment (…)\"\n\nIt must be noted that this Chamber's development of constitutional ordinal 50 has changed over time, as part of the evolutionary interpretation carried out by this Court, in light of the socioeconomic, normative, ethical, etc. changes that legal reality undergoes. This evolution became evident in ruling No. 2013-10540 of 3:50 p.m. on August 7, 2013, when the Chamber took the step from the principle of sustainable development to the principle of democratic sustainable development:\n\n\"…it is observed that international organizations, universities, and private researchers agree that the art of trawling fishing constitutes a non-selective technique that causes serious damage to the marine ecosystem, the sustainability of marine resources, and, with it, the food security and subsistence economy of the inhabitants of the coasts who fish artisanally. Regarding this last point, it is useful to extend the concept of 'sustainable development', which has its basis in constitutional article 50, to that of 'democratic sustainable development'.\n\nIndeed, until now, when dealing with ecological issues, emphasis is usually placed on the scarcity of natural resources, the need to reduce the consumption of non-renewable resources, increase the production of renewable ones, and manage the polluting waste produced by society. Hence, the term that remained in vogue during the last decades was sustainable development, which focuses on the management of the aforementioned variables and others, in order to foster development that does not conflict with the environment. The concept elaborated until then encompassed an environmental component—the protection of the environment—, an economic one—economic development based on the sustainable exploitation of the environment—, and a social one—it was considered that economic development and environmental conservation automatically entailed social well-being.\n\nHowever, the emphasis of the concept of \"sustainable development\" was centered on the first two elements, the economic and the environmental. The third, as noted, was an almost natural consequence of the two preceding ones. In more recent years, the evolution of the term sustainable development has led to a renewed emphasis on the social element found within it and which, at its core, serves as a counterweight to the predominantly economic element seen to date. It is not intended to assert that the social element is a novel advancement of the term sustainable development. On the contrary, it can be observed that this has been a factor that has constantly been present in the discussion, but which has been relegated in practice to the background given the preponderance of the other cited elements. Thus, for example, the report issued in 1987 by the World Commission on Environment and Development to the United Nations indicated that sustainable development implies meeting the basic needs of all people and providing everyone with the opportunity to aspire to a better life, because a world in which poverty is endemic will always be prone to ecological and other catastrophes. Meeting basic needs—the report tells us—means not only a new era of economic growth, but also ensuring people in poverty that they will obtain a fair share of the resources required to sustain that growth.\n\nThe social element of sustainable development is also verified in the component of social justice inherent to the Rule of Law and which has been incorporated by our Political Constitution. Indeed, Article 50 of the Constitution establishes that: \"The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment.\" In a single article, the constitutional legislator has included the three elements of sustainable development: the stimulation of production (economic element), the ecologically balanced environment (ecological element), and, additionally, the most adequate distribution of wealth and a healthy environment (social element). The reading of the article must also be done in conjunction with Article 74 of the Constitution, which explicitly establishes the duty to pursue a permanent policy of national solidarity based on the Christian principle of social justice. (…)” (Judgment No. 2013-10540 of 15:50 hours on August 7, 2013).\n\nThroughout its history, this Court has not only recognized the right to the environment as one of the highest rank, but has also ensured its protection within the constitutional jurisdiction. Even more, the right to the environment has a particular character in the constitutional venue, which is demonstrated by the broad standing it provides, by allowing any person to file both an amparo appeal and an unconstitutionality action based on the diffuse interests derived from the environment and Article 105 of the Biodiversity Law. Furthermore, this Chamber has seated claims related to administrative delay in environmental matters within its jurisdiction. In this way, environmental matters are among the few exceptions regarding administrative delay that the Chamber does not refer to the contentious-administrative jurisdiction but rather hears itself.\n\n3.- On the current state: the right to the environment as a human right and the need to empower it. The current state of environmental law was brought to the global stage through the 2016 Paris Agreement. As stated in preceding paragraphs, said convention marked the beginning of a further stage in environmental law, not only for the breadth of the consensus—of a practically universal nature—but for unequivocally revealing the urgency and transcendence of the environmental issue. Of relevance, its preamble states:\n\n“The Conference of the Parties,\n\n(…)\n\nAware that climate change represents an urgent and potentially irreversible threat to human societies and the planet and thus requires the widest possible cooperation by all countries, and their participation in an effective and appropriate international response, with a view to accelerating the reduction of global greenhouse gas emissions,\n\nRecognizing that deep reductions in global emissions will be required to achieve the ultimate objective of the Convention, and emphasizing the need for urgency in addressing climate change,\n\nAlso recognizing that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity,\n\n(…)\n\nAgreeing to uphold and promote regional and international cooperation in order to mobilize stronger and more ambitious climate action by all Parties and by non-Party stakeholders, including civil society, the private sector, financial institutions, cities and other subnational authorities, local communities and indigenous peoples, (…)”\n\nSome points of this Agreement must be highlighted. The first is the identification of the environmental issue—specifically, climate change—as an urgent and universal matter. It is urgent because it does not allow delay in taking actions, and universal because it affects every human being regardless of their country of origin, socioeconomic status, or connection to environmental matters.\n\nThe agreement is also characterized as a binding instrument. Unlike many environmental conventions, which are cataloged as soft law for not being obligatory, the Paris Agreement imposes on States a duty to meet the proposed greenhouse gas emission reduction targets. To that extent, it is binding and enforceable against the State Party.\n\nFinally, the Agreement demonstrates the need for all sectors, governmental and non-governmental, to participate in the solution to climate change. This imposes upon the State and its institutions, including the Judicial Branch and this Chamber as part of it, the duty to act, within the framework of legality, with special consideration for environmental matters.\n\nLet it be remembered that this Court interprets the Political Constitution using different methods, among them, evolutive and purposive interpretation. The analysis elaborated in the preceding pages is a description of the way in which the environmental issue has developed both at the international and national levels. This description is included among the inputs that the Chamber should take into account in its historical-evolutive interpretation, attending to the current social reality.\n\nThe undersigned recall that a human right is characterized by being recognized for a person solely by their condition of being human, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status (see the Universal Declaration of Human Rights). Human rights are universal, indivisible, and interdependent; furthermore, they are interrelated, such that the exercise of one enables, amplifies, and reinforces the exercise of the other (see, for example, what is stated in the Vienna Declaration and Programme of Action, approved by the World Conference on Human Rights of 1993).\n\nFrom this, we establish that the right to the environment meets these characteristics and, to that extent, is a human right in itself. This conclusion has been forming gradually in constitutional jurisprudence, which more than 15 years ago recognized the interdependence of the right to the environment with other fundamental rights. Judgment No. 2002-5472 of 15:11 hours on June 4, 2002, is reiterated:\n\n“The right to a healthy environment has a broad content that is equivalent to the aspiration of improving the living environment of the human being, such that it overflows the criteria of natural conservation to locate itself within all the spheres in which the person develops, be it family, work, or the environment in which they dwell. Hence, it is affirmed that it is a transversal right, that is to say, one that moves along the entire legal system, modeling and reinterpreting its institutes.”\n\nWe emphasize that the enjoyment of basic rights, such as life and health, is conditioned by the existence of a healthy and ecologically balanced environment. The Paris Agreement left no doubt that the environment is a universal requirement for the exercise of other fundamental rights, and that abuse, pollution, lack of ecological planning, etc. seriously threaten the viability of the human species on our planet.\n\nThe interdependence of human rights means that the right to the environment is the basis or the precondition for other rights, but, in turn, implies that those other rights enable and empower the exercise of the former. A right that cannot be demanded or enforced will be nothing more than a dead letter in the legal framework.\n\nRegarding those rights that empower the right to a healthy environment, it is appropriate to revisit the Rio Declaration, whose Principle 10 states:\n\n“PRINCIPLE 10\n\nEnvironmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.”\n\nThis principle of the Declaration recognizes at least three rights that guarantee the right to the environment: access to information, citizen participation, and access to justice. Subsequently, the Malmö Declaration, adopted on the occasion of the first Global Ministerial Environment Forum, established in accordance with resolution 53/242 of the United Nations General Assembly of July 28, 1999, also included the issue of access to information, citizen participation, and access to justice in environmental matters:\n\n“(…) 15. Civil society has found new and effective ways to express popular sentiments and concerns. It actively contributes to promoting shared environmental purposes and values. Civil society plays an important role in bringing emerging environmental issues to the attention of policy makers, raising public awareness, promoting innovative ideas and approaches, as well as transparency and non-corrupt activities in environmental decision-making.\n\n16. The role of civil society at all levels should be strengthened through freedom of access to environmental information, broad participation in environmental decision-making, and access to justice on environmental issues. Governments should create conditions that facilitate the ability of all parts of society to have a voice and to play an active role in creating a sustainable future. (…)”\n\nIn turn, the Rio Declaration and the Malmö Declaration served as the basis for the Governing Council of the United Nations Environment Programme to approve the 2010 Guidelines for the Development of National Legislation on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters (Bali Guidelines), which highlights:\n\n“(…)\n\nGuideline 1\n\nAny natural or legal person should have affordable, effective and timely access to environmental information held by public authorities upon request (subject to guideline 3) without having to prove a legal or other interest.\n\n(…)\n\nGuideline 8\n\nStates should ensure that opportunities exist for effective public participation from an early stage in the decision-making process related to the environment. To that end, members of the public concerned should be informed of their opportunities to participate at an early stage in the decision-making process.\n\n(…)\n\nGuideline 16\n\nStates should ensure that members of the public concerned can access a court of law or other independent and impartial body to challenge the substantive and procedural legality of any decision, act or omission relating to public participation in the decision-making process on environmental matters.\n\nGuideline 17\n\nStates should ensure that members of the public concerned can access a court of law or other independent and impartial body or administrative procedures to challenge any decision, act or omission of a public authority or private entity that affects the environment or allegedly contravenes, in substance or procedure, environmental legal norms of the State related to the environment.\n\nGuideline 18\n\nStates should provide a broad interpretation of standing in proceedings concerning environmental matters with a view to achieving effective access to justice.\n\n(…)\n\nGuideline 20\n\nStates should ensure that the filing of appeals on environmental matters by members of the public concerned is not prohibitively expensive and should consider the establishment of appropriate assistance mechanisms to eliminate or reduce financial and other barriers to access to justice.\n\nGuideline 21\n\nStates should provide a framework for prompt, adequate and effective remedies in cases relating to environmental matters, such as interim and final injunctive relief. States should also consider the use of remedies such as compensation and restitution and other appropriate measures.” (Emphasis added).\n\nMoreover, in the European sphere, the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention of 1998) was approved, which is a further demonstration of the interdependence and functionality of the right to the environment with respect to access to information, citizen participation, and access to justice. Some excerpts from said Convention, related to the topic in question, are transcribed below:\n\n“(…) Recognizing also that every person has the right to live in an environment adequate to his or her health and well-being, and the duty, both individually and in association with others, to protect and improve the environment for the benefit of present and future generations,\n\nConsidering that, to be able to assert this right and observe this duty, citizens must have access to information, be entitled to participate in decision-making and have access to justice in environmental matters, and acknowledging in this regard that citizens may need assistance in order to exercise their rights,\n\nRecognizing that, in the field of the environment, improved access to information and public participation in decision-making enhance the quality and the implementation of decisions, contribute to public awareness of environmental issues, give the public the opportunity to express its concerns and enable public authorities to take due account of such concerns,\n\n(…)\n\nArticle 1\n\nObjective\n\nIn order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention.”\n\nIn the inter-American sphere, various instruments likewise enable the development of rights linked to environmental matters. The 1996 Declaration of Santa Cruz de la Sierra established the essential postulates of sustainable development, including the flow of information and public participation. Also noteworthy is the Inter-American Democratic Charter, approved by the General Assembly of the Organization of American States in 2001, which states:\n\n“Article 6\n\nThe participation of citizens in decisions relating to their own development is a right and a responsibility. It is also a necessary condition for the full and effective exercise of democracy. Promoting and fostering diverse forms of participation strengthens democracy.\n\n(…)\n\nArticle 15\n\nThe exercise of democracy facilitates the preservation and proper management of the environment. It is essential that the States of the Hemisphere implement policies and strategies to protect the environment, respecting the various treaties and conventions, to achieve sustainable development for the benefit of future generations.” (Emphasis added).\n\nLikewise, the Organization of American States formulated the Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in Decision-Making for Sustainable Development of 2001, which enunciates several principles in this matter, among them:\n\n“5) Access. The participation of civil society in decisions about development is fundamental for achieving lasting solutions. To participate effectively, citizens should have timely access at the various levels of government, to information, to the political process, and to the judicial system.\n\n6) Transparency. Productive partnerships between civil society and government require that both be trustworthy and transparent. Transparency on the part of all parties involved in a decision-making process facilitates more meaningful participation by ensuring that motivations and objectives are explicit and that all necessary information is reliable and available in a timely manner.\n\n7) Respect for public input. Citizen participation will only be effective and efficient if there is certainty that, in the decision-making process, the contributions derived from the implementation of various mechanisms for participation are evaluated, analyzed, and considered adequately and in a timely manner. (…)” (Emphasis added).\n\nProbably the greatest guarantee for the right to the environment is access to justice, since it safeguards both the right to the environment itself and the correlated rights (access to information and citizen participation). In this sense, it should be recalled that Article 50 of the Constitution imposes upon the State the duty to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy environment. This postulate must be pursued at the legislative, administrative, and judicial levels, given that the separation of powers imposes upon the latter the duty to control the activity of the first two with respect to the constitutional framework.\n\nNow then, it is evident from the Bali Guidelines—transcribed above—that access to justice must meet a series of requirements to be effective. Said judicial remedy must allow for the review of any decision, act, or omission of a public authority or private entity that affects the environment. Additionally, standing for the parties must be broad, and any financial or other obstacle must be reduced or eliminated. A further requirement is that access to justice be expeditious and allow for the issuance of provisional measures to avoid irreparable damage to the environment.\n\nWe consider that the amparo appeal is a judicial remedy that meets all the stated requirements: it can be directed against any act or omission of public or private entities, it is free, it allows for the issuance of precautionary measures, it is expeditious, and it recognizes standing based on diffuse interest in environmental matters. We also recognize the limits of the amparo process, which is characterized by its summary nature and the simplicity of the procedures and judicial acts, including evidentiary means. For this reason and in consideration of this Chamber's power to define its own jurisdiction (Article 7 of the Constitutional Jurisdiction Law), the undersigned determine that the amparo appeal is a suitable and effective mechanism to enforce the right to the environment and those rights necessary to maintain its validity, in cases such as the one at bar.\n\nB) On the specific case. There are two issues that must be addressed in the sub examine.\n\nThe first of them refers specifically to the activity called La Lagarteada. As we expressed at the beginning of this opinion, the Chamber had before it and decided on the three judicial files related to La Lagarteada, based on the same facts and legal arguments. Emphasis is placed on this element, since it was an incontrovertible fact for the parties in case file No. 17-007413-0007-CO, that the crocodile targeted by La Lagarteada belongs to the species \"crocodylus acutus\", as stated by the petitioner in their initial brief and was not disputed by the respondents.\n\nNow, the Chamber interpreted in the judgment that the activity \"…was carried out in an organized, coordinated manner, and supervised by the aforementioned authorities, with the aim of preventing irreversible damage to the natural ecosystem…\" and that \"…the permit granted for the activity is based on a technical-scientific criterion and on the current regulations, related to the bioethical principles of well-being and quality of life…\". The death of the crocodile during the activity was simply \"an accidental event\" for the majority of this Chamber.\n\nIt is necessary to contrast such a criterion with the regulations in force at the time of the facts. Article 2 of the Wildlife Conservation Law establishes:\n\n\"Article 2.- For the purposes of this law, the following is understood:\n\n(…)\n\nHunting: action, for any purpose, of wounding, capturing, trapping or killing wild animals. (…)\" (Emphasis added)\n\nThat is, the action of capturing a crocodile constitutes a hunting activity, in light of said regulation.\n\nWhen regulating the exercise of hunting, the cited law determines the existing types thereof:\n\n\"Article 28.- With the objective of regulating the exercise of hunting, it is classified into:\n\na) Control hunting: this shall be permitted when for some reason wild populations exceed population limits to the detriment of their own species, other wild species, or the very stability of the ecosystem that supports them. Included in this category of hunting shall be those native or exotic species that are causing damage in artificial and natural ecosystems and that have been declared an invasive species or designated as harmful in accordance with Article 22 of this law.\n\nThis category of hunting is applied based on the results of technical-scientific studies in accordance with the parameters established in this law to determine the species, the affected areas, and the extraction or control quotas.\n\nb) Subsistence hunting: this shall be permitted when the prey is for personal or family consumption and not as an object of commerce, according to the rules dictated by the regulation of this law. From this hunting is excluded wildlife with reduced, threatened, or endangered populations. Subsistence hunting shall not be permitted in protected wild areas.\" (Emphasis added).\n\nUpon reading this article, it becomes clear that neither of the two contemplated scenarios authorizes the hunting of endangered wildlife.\n\nNow then, Article 29 of the Regulation to the Wildlife Conservation Law for Fishing and National Wildlife Refuges in force at the time of the facts established:\n\n\"Article 29.- For the purposes of Article 25 of the LCVS, the fauna species included in the following taxa are declared endangered, as well as all those others that may be declared as such: (…)\n\nREPTILES (…)\n\nCrocodylus acutus (…)\"\n\nThat is, the crocodile targeted by La Lagarteada was among the endangered species, whose hunting—according to the normatively provided definition of this term—was prohibited.\n\nThis classification is not exclusive to said regulation. Note that Crocodylus acutus is included in Appendix 1 of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), which means it is an endangered species under the terms of said treaty (Article II, paragraph 1).\n\nIn support of the foregoing, there is no evidence in the record that any of the participants in La Lagarteada had a hunting license or that the technique of \"herding (arreo)\", used to hunt the crocodile, was contemplated in the law and regulation in force, as required by Articles 31 and 35 of the referred law.\n\nThus, the cited activity not only lacks regulatory support but also openly conflicts with the environmental protection derived from the Constitution, so the respondent authorities should not have permitted its execution.\n\nWe must also mention that the preservation of community customs is a legitimate purpose protected by the legal system (for example, Article 25, subsection e) of the Wildlife Conservation Law). However, this does not refer to the protection of just any custom, but rather those that do not violate morality and public order, that is, \"good customs (buenas costumbres)\". Ultimately, a custom conflicts with the Political Constitution if it contemplates the mistreatment of an animal as an inherent element without any justification, under the terms that this Court indicated in Judgment No. 2012-4620 of 15:00 hours on April 10, 2012:\n\n\"(…) Firstly, Article 28 of the Political Constitution, which reaffirms the generic right to freedom, also stands as a limit to it, to the extent that any action that harms morality and public order, that is, contrary to dignity, constitutes a valid reason to set limitations on that constitutional good. In this context, precisely, animal mistreatment constitutes an act contrary to dignity since the exercise of the latter entails a moral duty of action both regarding other human beings and in relation to the natural environment that surrounds it. Hence, it is easily concluded that animal mistreatment violates morality, good customs, and public order, and therefore its prohibition and prevention become a matter of constitutional relevance.\n\nIn accordance with this constitutional mandate, Article 385, subsection 2) of the Penal Code sanctions whoever mistreats animals, bothers them or causes their death without necessity, or subjects them to manifestly excessive work. The reason for this provision and its location in the section on contraventions against good customs (Book III, Title II of the Penal Code) is none other than to safeguard an ethical rationality, a parameter of human conduct within life in society, because animal mistreatment implies, in reality, an injury to dignity itself, the protected legal right, insofar as it constitutes a model of violence and insensitivity alien to a healthy coexistence among human beings and to a harmonious relationship with the natural environment that surrounds us.\n\n(…).\n\nNow then, as indicated, the protection of animal health is ultimately defined in function of humankind itself. Consequently, it is valid to limit the extension of the spectrum of protection to animals in consideration of other goods legally relevant for the human being. In particular, the sacrifice of animals intended for human consumption and use is an evident limit to the duty of animal protection, since products derived from animals constitute essential elements of the human diet and clothing. Likewise, mention must be made of medical research and experimentation with animals, because this constitutes a fundamental element for the development of medicines and treatments for the benefit of human health. Similarly, the traditions of the Costa Rican people, the protection of which is inferred from Article 89 of the Political Constitution, are the object of tutelage because they are values belonging to the cultural heritage of the nation.\n\n(…)\n\nVI.- On the specific case.\n\nFirst, the appellants allege that the company Eventos Pedregal Sociedad Anónima intends to hold a running of the bulls in the style of Pamplona, which constitutes an act of mistreatment towards those animals. In this regard, this Chamber holds as accredited that through proceeding number 1109, received by the Municipality of Belén on March 13, 2012, the company Eventos Pedregal Sociedad Anónima requested the respective permits for an event called “Pamplona y Más,” to be held at the Complejo Pedregal from April 13 to 22, 2012. That same day, the organizer of the “Pamplona y Más” event provided certain documentation required to obtain the respective permits to the Área Rectora de Salud de Belén. From reading the case file, this Constitutional Court observes that the event in question includes the following activities: presentation of horsemen, quad bikes, motorcycles, musical bands, fireworks, mule competitions, and bull runs, among others. As for the running of the bulls in the style of Pamplona, the activity consists of the following: along a 750-meter course, over 5 lanes of 10 meters in width, a joint race of animals and runners will take place, where participation of no more than 400 people per event will be allowed; regarding the release of the animals, first 3 bulls will depart, 2 minutes later 2 more will depart, and 2 minutes later the remaining 3 bulls will be released, for a total of 8 animals per run, which upon reaching the end of the course will enter a pen. Consequently, this Chamber concludes that in the “Pamplona y Más” event the bulls will not be sacrificed after the run, as occurs in Spain, but rather, at the end of it, the animals will instead be taken to a pen in order to organize their subsequent transfer to the corresponding livestock farm. However, this Court also notes that in the case under review, the Servicio Nacional de Salud Animal (National Animal Health Service, SENASA) is not endorsing the holding of the “Pamplona y Más” event since, as that agency reports under oath, the organizers could not guarantee the welfare of the animals during the event. Indeed, SENASA sets forth a series of risks to the health and integrity of the animals that would be used for the “Pamplona y Más” event which, according to its specialized technical judgment, mean that said activity should not be endorsed: first, they explain that it is not advisable for the health of the bulls to hold the runs on cobblestones, since the ideal is for it to be on dirt or sand; second, they state that the organizer could not answer how they will cause the bulls to stampede, could not say what the stimulus will be for the bulls to run out, whether this might be with electric prods, beatings, firecrackers, among others, all of which constitute unauthorized methods because they stress the animals; third, the organizer also could not answer what they would do in the event of having a fallen animal; fourth, they also could not answer what they would do if the animals got into the pipe structure, possibly injuring themselves or a person; fifth, they maintain that the communication between corridors will be at a right angle. All these risks led SENASA to conclude that the “Pamplona y Más” event does not adequately ensure animal welfare. Based on this technical judgment, this Chamber holds as accredited that there is a demonstrated threat to the health and welfare of the bulls to be used in the aforementioned activity, which in turn violates the rights to a healthy and ecologically balanced environment, as well as dignity. As indicated supra, the inclusion of animals within the concept of environment is based on the role they play in the development of human life, which makes them deserving of protection and dignified treatment. In particular, domesticated fauna must be protected from suffering, mistreatment, and cruelty without legitimate justification, because this reflects a determined ethical rationality, corresponding to an awareness on the part of the human species regarding the fair and dignified manner in which it must interact with nature. Furthermore, cruelty to animals is contrary to good customs, so that its proscription constitutes a constitutional and reasonable limit on the right to recreation. Going deeper, the Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, by agreement No. IX-16-08-2012 taken at the ordinary session of the Board of Directors held on March 20, 2012, regarding the “Pamplona y Más” activity, highlighted the existing relationship between violence toward animals and violence between people. Specifically, it emphasized that “we are facing a manifestation of insensitivity and feelings of pleasure at the pain of others which—in order to promote a peaceful society—we must modify at its root by all means possible.” Likewise, it stressed that mental health is promoted, rather, through activities that are respectful of people and living beings in general, empathetic in the face of pain. Likewise, as indicated supra, the right to recreation is subject to a series of limits that guarantee the safety of the people participating in the different activities. Regarding this point, SENASA notes, as an additional argument for disapproving the activity, that the organizers could not answer what would happen if during the race, when the bulls stampeded out chasing the 400 people, a person fell, possibly being crushed by the other people and the bulls coming running behind. Such a situation implies an evident threat to the right to health of persons.\n\nIn the case at hand, we consider that the act of chasing a crocodile—an endangered species—in order to then subject it to conditions that could cause its death—as indeed occurred—cannot be subsumed among the good customs that are embraced in the constitutional text.\n\nSecondly, we consider the position of the majority of this Chamber irreconcilable with the legal system for two reasons. On one hand, it relies on the amendment made to Law No. 7451 through Law No. 9458 of June 11, 2017, noting that said amendment establishes a series of administrative and criminal sanctions that may be applied through ordinary channels, such that the case should be analyzed and resolved in that venue. Verbatim, the majority resolution states:\n\n“It must be added that, recently, an amendment to the cited Law No. 7451 was approved, through Law No. 9458 of June 11, 2017, in order to establish a series of administrative sanctions and the corresponding sanctioning procedure for infringement of said regulations. From which it follows that there exists a legal framework for the protection of animals, as well as adequate legal mechanisms to make such protection effective; therefore, the case under review must be analyzed and resolved through ordinary channels, in light of the cited regulatory framework.”\n\nIt is clear that such amendment did not exist in the legislation at the time the events occurred, since it came into force on August 22, 2017, while La Lagarteada took place on April 14, 2017. In other words, the majority vote is advocating the retroactive application of administrative and criminal sanctions against the grain of Article 34 of the Constitution.\n\nFurthermore, we respectfully consider that the jurisdiction of this Chamber is confused with that of other bodies. Broadly speaking, the function of this Chamber is the protection of the fundamental rights of individuals against the State or its agencies. Only exceptionally may this Chamber convict an official due to the existence of willful misconduct or negligence on their part, under the terms of Article 199 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). (See Article 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction, Ley de la Jurisdicción Constitucional). On the other hand, constitutional protection seeks “…to restore or guarantee the aggrieved party the full enjoyment of their right, and to restore things to the state they held before the violation, when possible.” (Article 49 of the Law of Constitutional Jurisdiction).\n\nThese elements allow for clearly elucidating the difference between the constitutional venue (the jurisdiction of which in the case under review is defended by the undersigned) and the ordinary venue (the jurisdiction of which is defended by the majority): a) The procedural subjects are different: the State figures as the respondent and is liable in the constitutional venue; in comparison, in the ordinary venue, it would primarily be private parties who are the possible recipients of sanctions (fine and imprisonment). It should be noted that the State, as the legal person par excellence, is not a direct subject of those types of sanctions (societas delinquere non potest); b) the purpose of the proceeding: in the constitutional venue, the aim is restoration of the right or prevention of recurrence on the part of the Administration (articles 49 and 50 of the Law of Constitutional Jurisdiction); whereas in the ordinary venue, the aim would be the imposition of an administrative sanction (fine) or criminal sanction (imprisonment). The incongruity in the reasoning is evident, if one observes that the fines collected from the imposition of administrative sanctions are destined for SENASA (Article 24 bis of the Animal Welfare Law, Ley de Bienestar Animal). That is, in the event the State is convicted, it must pay the fine to the State itself.\n\nBased on the reasoning set forth, we dissent and declare the recourse with merit.\n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\n\n\nPaul Rueda L. Aracelly Pacheco S.\n\n\n\nFILE No. 17-007413-0007-CO\n\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of documents: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6\n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 05-09-2026 05:45:41.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }