{ "id": "nexus-sen-1-0007-924047", "citation": "Res. 01079-2018 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Inevacuabilidad de consulta sobre Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico", "title_en": "Non-Evacuation of Consultation on Integrated Water Resource Management Law", "summary_es": "La Sala Constitucional declara inevacuable la consulta legislativa facultativa sobre el proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (expediente 17.742), tramitado por iniciativa popular. La mayoría determina que el proyecto es constitucionalmente inviable por caducidad, al haber vencido el plazo perentorio de dos años establecido en el artículo 123 constitucional y la Ley de Iniciativa Popular, sin que se hubiera procedido a su votación definitiva inmediata, como ordena la normativa. Se estima que la Asamblea Legislativa incurrió en incuria al inobservar dicho plazo y al continuar un trámite ordinario con mociones de fondo y dispensas extemporáneas, desnaturalizando la iniciativa ciudadana. El voto salvado de la Magistrada Hernández López considera que el vencimiento del plazo no impide la prosecución del proyecto y evacua la consulta, encontrando vicios de fondo únicamente en la reforma propuesta a los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal (artículo 126 inciso 7 del proyecto) por violar el principio de no regresión ambiental. Se aportan argumentos adicionales sobre vicios de procedimiento y conexidad.", "summary_en": "The Constitutional Chamber declares the facultative legislative consultation on the Integrated Water Resource Management Law bill (file 17.742) – promoted by popular initiative – non-evacuable. The majority holds the bill constitutionally non-viable due to expiration of the peremptory two-year deadline set by Article 123 of the Constitution and the Popular Initiative Law, since the bill was not put to an immediate definitive vote as required. The Legislative Assembly is found to have disregarded that deadline and continued with an ordinary proceeding, including substantive motions and procedural waivers, thereby distorting the citizen initiative. The dissenting vote of Justice Hernández López considers that the expiration of the deadline does not bar the bill’s progress and, upon reviewing the merits, finds only the proposed amendment to Articles 33 and 34 of the Forestry Law (Article 126(7) of the bill) unconstitutional for violating the principle of non-regression in environmental matters. Additional arguments on procedural flaws and the principle of connection are also presented.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "24/01/2018", "year": "2018", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "iniciativa popular", "consulta facultativa de constitucionalidad", "plazo perentorio", "caducidad del trámite legislativo", "principio de no regresión", "principio precautorio", "conexidad", "voto salvado" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 123", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 6", "law": "Ley 8491 (Iniciativa Popular)" }, { "article": "Arts. 33 y 34", "law": "Ley Forestal 7575" } ], "keywords_es": [ "consulta legislativa facultativa", "iniciativa popular", "plazo perentorio", "caducidad", "recurso hídrico", "no regresión ambiental", "conexidad", "voto salvado" ], "keywords_en": [ "facultative legislative consultation", "popular initiative", "peremptory deadline", "lapse", "water resources", "non-regression environmental", "connection principle", "dissenting vote" ], "excerpt_es": "Así que, es criterio ahora de la mayoría de esta Sala que, es improcedente que este Tribunal se aboque al conocimiento de la consulta interpuesta en este procedimiento, pues ello representaría avalar el irrespeto a los plazos constitucionalmente establecidos y transgredir, con ello, los objetivos que deben cumplir los institutos jurídicos de la iniciativa popular y la consulta constitucional. (…) Al no haberse procedido de esa forma en el proyecto consultado, el trámite de este deviene caduco, y no puede continuar más su discusión, ni su votación. En virtud de lo expuesto, declaramos inevacuable la consulta.", "excerpt_en": "Thus, it is now the majority's view that it is inappropriate for this Court to take cognizance of the consultation filed in this proceeding, as doing so would condone the disregard of constitutionally established deadlines and thereby transgress the objectives that the legal institutes of popular initiative and constitutional consultation must fulfil. (…) Since the consulted bill was not handled in that manner, its processing has lapsed and can no longer continue in discussion or voting. By virtue of the foregoing, we declare the consultation non-evacuable.", "outcome": { "label_en": "Non-evacuable consultation", "label_es": "Consulta inevacuable", "summary_en": "The majority declares the consultation non-evacuable due to lapse of the legislative process after the peremptory deadline for popular initiatives expired; the dissenting vote reviews the merits and finds a partial defect for non-regression in the proposed amendment to Articles 33 and 34 of the Forestry Law.", "summary_es": "La mayoría declara inevacuable la consulta por caducidad del trámite legislativo al vencerse el plazo perentorio de la iniciativa popular, mientras el voto salvado examina el fondo y encuentra un vicio parcial por no regresión ambiental en la reforma de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando I", "quote_en": "The majority of this Chamber considers that this new consultation is non-evacuable because the consulted bill is constitutionally non-viable due to the Legislative Assembly's own negligence in scrupulously disregarding what the Constitution expressly dictates for laws originating from popular initiative.", "quote_es": "La mayoría de esta Sala considera que, esta nueva consulta es inevacuable, porque el proyecto de ley consultado resulta constitucionalmente inviable, por la propia incuria de la Asamblea Legislativa, al inobservar escrupulosamente lo que pauta, expresamente, la Constitución para las leyes que son de iniciativa popular." }, { "context": "Considerando I", "quote_en": "The passage of time, well beyond the constitutional and legal norm, led to the lapse of the legislative process, so that the processing of this bill is now expired.", "quote_es": "El transcurso del tiempo, sobradamente más allá de la norma constitucional y legal, conllevó a la caducidad del trámite legislativo y a que entonces, el trámite de este proyecto se encuentre ya perecido." }, { "context": "Voto salvado, punto 2.E)", "quote_en": "Thus, in this specific case, it is imperative to declare that the current wording of Article 126(7) of the bill, which amends Articles 33 and 34 of the Forestry Law, is indeed contrary to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, in its modality of non-regression in environmental matters.", "quote_es": "Así pues, en este caso concreto, resulta imperativo declarar que la redacción actual del artículo 126 y inciso 7 del proyecto, que modifica los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, sí resulta contrario al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en su modalidad de no regresión en materia ambiental." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-41661", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley Forestal 7575 Arts. 33 y 34" } ], "external": [ { "ref_id": "nexus-sen-1-0007-1140686", "url": "", "kind": "related_voto", "label": "", "nexus_id": "sen-1-0007-1140686" } ] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-924047", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [ "sen-1-0007-1140686" ], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01079 - 2018\n\nFecha de la Resolución: 24 de Enero del 2018 a las 12:00\n\nExpediente: 17-017552-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Consulta legislativa facultativa\n\nControl constitucional: Rechazo de plano\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\nSentencia con nota separada\n\nSentencias Relacionadas\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nTema: CONSULTA LEGISLATIVA FACULTATIVA\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nAMBIENTE. 001079-18. Consulta Legislativa Facultativa referente a la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Expediente Legislativo No. 17742.\n\nSe declara inevacuable la consulta porque el proyecto de ley consultado resulta constitucionalmente inviable, por la propia incuria de la Asamblea Legislativa, al inobservar escrupulosamente lo que pauta, expresamente, la Constitución para las leyes que son de iniciativa popular. La Magistrada Hernández López salva el voto y evacua la consulta formulada en el siguiente sentido: a) no existe vicios esenciales de procedimiento por violación al principio de conexidad en la tramitación del proyecto de ley número 17742 \"Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico\"; b) el artículo 126 inciso 7, es contrario al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política, en su modalidad de no regresión en materia ambiental; c) no existen lesiones por razones de fondo al Derecho de la Constitución por lesión al Derecho al ambiente, en los restantes artículos consultados del proyecto de ley 17742. El Magistrado Cruz Castro expresa argumentos adicionales. El Magistrado Castillo Víquez da razones separadas. La Magistrada Garro Vargas pone nota. Notifíquese esta sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados consultantes. Comuníquese. \n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n*170175520007CO*\n\nExp: 17-017552-0007-CO\n\nRes. Nº 2018001079\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y cero minutos de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.\n\n\n\nConsulta legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta por los diputados CARLOS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, CARMEN QUESADA SANTAMARÍA, EDGARDO ARAYA SIBAJA, GERARDO VARGAS VARELA, JORGE ARGUEDAS MORA, JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ AGUILAR, JOSÉ FRANCISCO CAMACHO LEIVA, LIGIA ELENA FALLAS RODRÍGUEZ, NATALIA DÍAZ QUINTANA, OTTO GUEVARA GUTH, PATRICIA MORA CASTELLANOS Y SURAY CARRILLO GUEVARA referente al proyecto de \"Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico\" que se tramita en el expediente legislativo número 17.742.\nResultando:\n1.- La consulta se recibió en la Secretaría de la Sala a las 11:51 horas del 08 de noviembre de 2017. La copia certificada del expediente legislativo número 17742 \"Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico\" se tuvo por recibida mediante resolución de la Sala de las 13:35 horas del día 15 de noviembre del 2017.\n2.- Los consultantes solicitan a la Sala que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de los siguientes aspectos: Estiman que presenta vicios sustanciales del procedimiento legislativo, en contradicción con lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política, el principio de participación ciudadana e iniciativa popular y lesiona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los principios de razonabilidad, no regresión en materia ambiental, precautorio, el de legalidad, tipicidad penal, entre otros. El proyecto de ley tramitado en el expediente No. 17742 “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico” fue iniciado el 25 de mayo de 2010, publicado en La Gaceta No. 198 de 13 de octubre de 2009. Su conocimiento fue asignado a la Comisión Permanente Especial de Ambiente, la cual dio dictamen unánime afirmativo el 27 de marzo de 2014. Tratándose de un proyecto tramitado por iniciativa popular debe votarse dentro del plazo perentorio de dos años desde su presentación, por lo que, en este caso, el 29 de marzo de 2014 venció el plazo. Por esta razón debió ser votado en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo al vencimiento del plazo. Dado el vencimiento del plazo, la Presidencia de la Asamblea Legislativa de ese entonces (2010-2014) emitió una resolución en la sesión ordinaria No. 148 de 31 de marzo de 2014, indicando lo siguiente: “1) Se conocerá y discutirá en Primer Debate (sic) el texto contenido en el Dictamen Unánime Afirmativo que se encuentra en el expediente el día de hoy. 2) Dado que el texto del proyecto se encuentra contenido en un dictamen solo podrán conocerse mociones de fondo si el Plenario Legislativo se convierte en comisión general conforme lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, y en concordancia con el artículo 5 de la Ley No. 8491. 3) En caso de abrirse el Plenario en comisión general y en resguardo del derecho de enmienda, si al ser las 22:30 horas y de no haberse agotado el conocimiento de las mociones de fondo, éstas se tendrán por discutidas y se procederá a su votación sin más trámite, teniendo por dispensada la lectura de las mismas. 4) Si al ser las 23:45 horas no se hubiera agotado la discusión del expediente, se dará por discutido, las mociones pendiente se tendrán por desechadas y se someterá de inmediato a su votación en Primer Debate”. Durante su trámite en el Plenario el 31 de marzo de 2014 se aprobó la moción para convertirse en Comisión General y conocer la moción de fondo No. 56, mediante la cual se propuso reformar varios artículos del proyecto, la cual, a su vez, fue aprobada. Inmediatamente después, se procedió a la discusión de fondo y el proyecto fue aprobado en primer debate en la sesión ordinaria del Plenario Legislativo de 31 de marzo de 2014. Este proyecto fue consultado a la Sala, siendo declarado inconstitucional por violación de lo dispuesto en el artículo 50 de la Carta Fundamental (Voto No. 2014-12887 de 8 de agosto de 2014). A sabiendas que el plazo estaba vencido, la Presidencia de la Asamblea Legislativa dispuso remitir el expediente de marras a la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad. No es sino hasta el 10 de junio de 2015, sea, seis meses después de recibido y leído el voto constitucional, que ingresó al Plenario el expediente con dos informes remitidos por la Comisión de Consultas. Luego de más de tres años y dos meses de haberse recibido la resolución de la Sala, el 30 de octubre de 2017, en sesión ordinaria No. 86, por mayoría, el Plenario acogió, afirmativamente, el informe de mayoría de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, acordando, en forma irregular, enviar el proyecto de ley de vuelta a la comisión dictaminadora e, inmediatamente, aprobó una moción de dispensa de todo trámite vía artículo 177 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, lo cual constituye al Plenario en Comisión General y permite la presentación de mociones, directamente, ante este órgano. En sesión ordinaria No. 87 de 31 de octubre de 2017, la Presidencia emitió una nueva resolución y el 2 de noviembre anterior la modificó, lo que llevó a que ese mismo día fuera votado en primer debate. El texto de la iniciativa popular en estudio en el expediente No. 17742 en relación con el texto que había sido aprobado en el 2014 –que fue aprobado en primer debate y consultado ante la Sala Constitucional- tiene una serie de modificaciones, dado que, se aprobó una moción de texto sustitutivo. En concreto, aducen que fueron modificados los artículos 1, párrafo primero; 3 con la eliminación de los incisos r) y z) y el cambio introducido mediante los incisos 29) y 35); 7, 10, 11, 14, 28, 29, 30, 34, 61, 72, 77, 82, 85, 106, 109, 115 y 126 incisos 11), 12), 13), 14) y 15); asimismo, con la adición de uno, el 113 y la eliminación de cuatro (14, 15, 16 y 68). Entre los cambios sustanciales introducidos con la aprobación de la moción 1 del texto sustitutivo está la eliminación de los artículos 14, 15, 16 y 68 referentes a los Consejos de Unidades Hidrológicas y otras más que violentan la participación ambiental, los principios precautorio, de no regresión en materia ambiental y de la objetivación de la tutela ambiental así como la reducción de las sanciones en relación con lo establecido por el texto presentado por iniciativa popular. Enfatizan en que, pese a que había trascurrido tres años, el 30 de octubre de 2017 el Presidente de la Asamblea Legislativa puso en conocimiento del Pleno, el informe de mayoría de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, mediante el cual se recomendó devolver el expediente a dicha comisión para que rindiera un nuevo dictamen; lo anterior, contrario a lo dispuesto para los proyectos de ley que se tramitan bajo la iniciativa popular (artículo 123 Constitución Política y 6 de la Ley de Iniciativa Popular). Esto violenta la voluntad ciudadana que gestionó la tramitación de este proyecto de ley, solicitado por, aproximadamente, 150000 personas. Agregan que el 31 de octubre de 2017 la Presidencia dio por admitida una moción que, en criterio de los consultantes, no procedía por haber sido presentada antes que se acogiera el Informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y de la aprobación de la dispensa de trámites a las 10:56 horas de 30 de octubre de 2017, cuando el texto no era disponible para los y las legisladoras y, en contraposición de la propia resolución de 31 de octubre de 2017. Esto pues, en esa moción se proponían sendas modificaciones a diversos artículos del expediente No. 17742, cuando lo único que se pretendía era corregir los vicios de constitucionalidad advertidos por la Sala. Para admitir esa moción, la Presidencia Legislativa se respaldó en un criterio no vinculante del Departamento de Criterios Técnicos, emitido al efecto en su opinión equivocado, por no considerar el procedimiento específico en los proyectos de iniciativa popular. Lo anterior, tenía por objeto aprovechar el procedimiento de la iniciativa popular para introducir un texto nuevo en el proyecto. Aducen que la violación al procedimiento en la tramitación del proyecto radica no en el vencimiento del plazo en sí mismo sino en todos los actos posteriores adoptados por la Asamblea Legislativa, mediante la delegación del proyecto a un órgano parlamentario inferior (Comisión de Consultas de Constitucionalidad) que se tomó 247 días para emitir un informe (del 06 de octubre de 2014 al 11 de junio de 2015) y en recomendar la devolución del proyecto a la comisión dictaminadora para la supuesta subsanación del vicio esencial del procedimiento. De conformidad con lo indicado por la Sala, el vicio del procedimiento señalado radicaba en la inexistencia de criterios técnicos o científicos que sustenten la reducción de la superficie de las áreas de conservación establecidas en los artículos 29, 30 y transitorio XI. De ahí que, únicamente, había dos maneras de subsanar el vicio: a) mediante la realización de los estudios técnicos o científicos y si así lo ameritaban éstos, la correspondiente reducción de las áreas protegidas y b) a través de la eliminación de los artículos inconstitucionales en su totalidad o solo en cuanto a la reducción de las medidas de las áreas de conservación, de manera tal que quedaran vigentes las establecidas en la Ley Forestal y la Ley de Aguas. Así las cosas, las medidas procedimentales tomadas por la Asamblea Legislativa desde su traslado a la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad y hasta la aprobación del informe de mayoría por parte del Plenario, atentan contra el proyecto de iniciativa popular, por violación a lo dispuesto en la Ley de Iniciativa Popular y la Constitución Política. Agregan que el proyecto consultado debió ser ubicado en el primer lugar del orden del día por tratarse de una iniciativa popular —así se estableció en el caso de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, como único antecedente legislativo en la tramitación de proyectos de iniciativa popular— , no obstante, mediante una moción de alteración del orden del día, decidieron colocar en primer lugar el conocimiento del expediente No. 19589. Agregan, además, vicios sustanciales de procedimiento por violación a los principios de conexidad, publicidad y legalidad, dado que, se utilizó el trámite especial establecido en el numeral 123 constitucional para incorporar una nueva propuesta de ley, seguida en el expediente No. 20214, denominada Ley para la Gestión Integrada de Recurso Hídrico, que inició su trámite el 15 de diciembre de 2016 y se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Ambiente. El expediente No. 20212 se tramitó mediante el procedimiento ordinario establecido de formación de ley, tomando como base el texto del proyecto No. 17742, pero le introdujo una serie de cambios que, a todas luces, no coincidían con la intención de los proponentes de la iniciativa popular y que, dado el estado en que se encontraba el expediente No. 17742 ya no era posible incorporar en ese texto. Insisten en que el texto, únicamente, podía modificarse en los aspectos declarados inconstitucionales por la Sala en la resolución No. 12887-2017, en lo que respecta a los artículos 29 y 30 y el transitorio XI del texto votado en marzo de 2014. Se aprobó en primer debate un texto presentado fuera del plazo establecido, reglamentariamente, para formular mociones de fondo, vía artículo 177 Reglamento de la Asamblea Legislativa, texto que, además, carece de conexidad con la iniciativa popular votada, anteriormente, en primer debate. En cuanto a vicios por el fondo, los consultantes alegan que el artículo 125 inciso a), del proyecto de ley consultado deroga en su totalidad la Ley de Aguas de 27 de agosto de 1942, incluyendo su artículo 31 que creó importantes reservas de dominio a favor de la Nación para la protección de fuentes de agua. Esto constituye un acto encubierto de desafectación de dominio público de este bien, sin contar con estudios técnicos debidamente fundados. Agregan que los incisos 29) y 35) del artículo 3 establecen las medidas de profundidad de los pozos y permiten la actividad ganadera en extensiones menores a 35 hectáreas para suministro de abrevaderos y mantenimiento de instalaciones y establos como uso doméstico sin contar con estudios técnicos. Todo esto en perjuicio de los principios de razonabilidad, no regresión en materia ambiental, precautorio y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, acusan que, al eliminarse los artículos 14, 15, 16 y 68 del proyecto de texto base presentado por la ciudadanía se violenta lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política. Explican que en esos numerales se proponía la creación de los Consejos de Unidad Hidrológica como órganos de participación intersectorial, además, se establecían los Comités Auxiliares de Unidad Hidrológica; espacios de participación real y efectiva de los diferentes actores sociales en la toma de decisiones sobre el recurso hídrico. El artículo 29 del proyecto violenta el derecho constitucional a un ambiente sano pues debilita las áreas de protección del recurso hídrico sin estudios técnicos específicos que lo justifiquen. Las disposiciones contenidas en los artículos 126, incisos 2) y 31) del proyecto de ley modifican la Ley No. 6877 Creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento de 18 de julio de 1983, en tanto, eliminan las funciones de protección de todos los acuíferos del país que, actualmente, realiza el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Avenamiento (SENARA) con criterio vinculante para todas las entidades públicas y particulares. Lo anterior, con el agravante que, conforme lo dispuesto en el numeral 31 del proyecto de ley, los acuíferos que se protegerán en adelante, serán aquellos que determine el MINAE por decreto ejecutivo, quedando desprotegidos los demás. Se eliminan competencias al SENARA para investigar y proteger los recursos hídricos en todo el país y emitir criterio vinculante para todas las entidades públicas y particulares. El proyecto introduce una reforma sustancial, pues, se establece que la protección solo se dará en los acuíferos declarados como vulnerables por el Poder Ejecutivo; además, para proceder con esa declaratoria, se debe contar con un estudio que demuestre la vulnerabilidad del cuerpo de agua como de importancia social, ambiental y económica. Finalmente, aducen que los artículos 29 y 30 del proyecto de ley modifican el objetivo del delito de invasión y aprovechamiento forestal dentro de las áreas de protección contenidos en los artículos 58, incisos a) y b), de la Ley Forestal No. 7575 vigente, el cual prohíbe y fija sanciones penales a quien invada o aproveche recursos forestales dentro de las áreas de protección. Además, los artículos 29 y 126, inciso 7), en cuanto a la reforma del artículo 33 de la Ley Forestal violenta los principios de legalidad y tipicidad penal así como el de no regresión en materia ambiental.\n3.- Mediante resolución de las 13:35 horas del 10 de noviembre del 2017 se tuvo por recibida la consulta anterior, y se le solicita al Directorio de la Asamblea Legislativa la remisión del expediente legislativo, o copia certificada.\n4.- Mediante resolución de las 10:09 horas del 15 de noviembre la Presidencia de la Sala Constitucional tuvo por recibida la copia certificada del expediente legislativo solicitado, y se turnó a la oficina del Magistrado que por turno corresponde.\n5.- Mediante escrito presentado el 15 de noviembre del 2017, varios diputados se manifiestan a favor del proyecto aprobado, refiriéndose a cada uno de los aspectos de la consulta, argumentando que no existe tal inconstitucionalidad.\n6.- Mediante resolución del Magistrado Instructor de las 12:07 horas del 12 de diciembre del 2017, se solicitó al Presidente de la Asamblea Legislativa, como prueba para mejor resolver aportar el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, y además, aportar copia de todos los informes técnicos presentados a lo largo del trámite del proyecto consultado. Resolución que fue notificada a las 13:40 horas del 14 de diciembre del 2017.\n7.- Sobre la solicitud de prueba anterior, informa GONZALO RAMÍREZ ZAMORA, en su calidad de Presidente de la Asamblea Legislativa, en resumen que: No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo. Lo que existen son distintos criterios u opiniones de instituciones y organizaciones involucradas en el tema, que se refieren al proyecto que era base de discusión antes de la aprobación del texto sustitutivo del 2 de noviembre del 2017. Tales documentos se aportan. Asimismo, posteriormente a que el texto sustitutivo fue aprobado el 2 de noviembre y el proyecto de ley votado en primer debate, la Presidencia cumplió con el mandato que le ordena el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa de formular las consultas obligatorias requeridas, y cuyas respuestas u opiniones también se adjuntan. Presenta un listado de todos los documentos que contienen algún elemento técnico o de razonabilidad al proyecto de ley.\n8.- En los procedimientos se han acatado las disposiciones del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y esta resolución se dicta dentro del término que establece el artículo 101 ibidem.\nRedacta el Magistrado Cruz Castro; y,\nConsiderando:\n\n\nI.- Sobre la admisibilidad.- De conformidad con lo que dispone la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta Sala puede ejercer la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos. Dentro de los diferentes tipos de consulta de constitucionalidad, nos encontramos con la consulta facultativa contemplada en el inciso b) del artículo 96 de la citada ley. La consulta, es claro, debe ajustarse a los requisitos establecidos en la misma ley, así como los que exija el ordenamiento jurídico para cada proyecto en particular. De lo contrario, la consulta resulta inevacuable. La presente consulta está referida al proyecto tramitado en el expediente legislativo No. 17.742, denominado “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”. No es esta la primera ocasión en que esta Sala lo conoce, por medio de una consulta facultativa. Anteriormente, este Tribunal se había pronunciado en sentencia No. 2014-12887 de las 14:30 horas del 8 de agosto de 2014. En esta ocasión, la mayoría de esta Sala considera que, esta nueva consulta es inevacuable, porque el proyecto de ley consultado resulta constitucionalmente inviable, por la propia incuria de la Asamblea Legislativa, al inobservar escrupulosamente lo que pauta, expresamente, la Constitución para las leyes que son de iniciativa popular. Al tratarse de un proyecto que nació por esta iniciativa, tanto su aprobación como la posibilidad de presentar la respectiva consulta, se deben entender sujetos a un plazo, según indica el artículo 123 constitucional. El transcurso del tiempo, sobradamente más allá de la norma constitucional y legal, conllevó a la caducidad del trámite legislativo y a que entonces, el trámite de este proyecto se encuentre ya perecido. La inobservancia del plazo conlleva que el proyecto sea constitucionalmente inviable y que, por consiguiente, la consulta no se ajuste a los requerimientos de los numerales 143.3 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 6 de la Ley de Iniciativa Popular y 123 de la Constitución Política. Lo anterior, conforme se explicó en las razones que fueron expuestas en el voto de minoría de los Magistrados Jinesta Lobo, Rueda Leal y Salazar Alvarado, redactados por el segundo, en la sentencia recién mencionada y que ahora la mayoría de esta Sala hace ahora suyas. Son las siguientes:\n«1.- Sobre el derecho de participación ciudadana. El carácter participativo del gobierno costarricense, proveniente del artículo 9 del texto constitucional, ha sido reiteradamente reconocido y tutelado por este Tribunal. De él se ha dicho:\n“III.- Sobre el derecho de participación ciudadana. El principio de participación ciudadana en la toma de decisiones se ha convertido en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático. En nuestro país, el legislador constitucional recogió el principio de cita en el artículo 9 de la Constitución Política al disponer que el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Asimismo, tanto a nivel constitucional como legal, se han establecido una serie de mecanismos que buscan que el principio antes mencionado pueda ser aplicado en forma efectiva, y no quede únicamente en el papel, tales como el referéndum para la aprobación o derogación de leyes y reformas parciales a la Constitución, o la iniciativa popular en la formación de leyes…” (Resolución 2011-11620 de las 15:11 horas del 30 de agosto de 2011)\nEste derecho no descansa solo en la norma constitucional, sino también en una serie instrumentos internacionales que lo ratifican, como el artículo 21, párrafo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el numeral 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el ordinal 23, párrafo 1°, inciso a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.\nPor otro lado, el artículo 9 se encuentra íntimamente ligado al numeral 2 de la Constitución Política, que estatuye que la Soberanía reside exclusivamente en la Nación. Conforme con tal disposición, una forma de garantizar que la soberanía se haga efectiva, consiste en crear mecanismos que posibiliten el ejercicio de tal soberanía a través de la participación ciudadana.\nEntre los modos de hacer operacional el derecho a la participación ciudadana se encuentra la celebración de audiencias públicas, el acceso a la información y la participación en el proceso legislativo; dentro de este último, uno de los mecanismos ideados es la iniciativa popular, conforme se verá.\n2.- Sobre la iniciativa popular en la formación de leyes. Mediante reforma constitucional (Ley Nº 8281 del 28 de mayo de 2002), se incluyeron en nuestra norma máxima dos figuras relacionadas con la participación ciudadana; en particular, el referendo y la iniciativa popular. En cuanto a esta última, su regulación llegó mediante la Ley de Iniciativa Popular (Nº 8491) del 9 de marzo de 2006, a cuyo estudio es necesario abocarse para dilucidar la procedencia de esta consulta constitucional.\nLos objetivos de la Ley de Iniciativa Popular fueron plasmados en la exposición de motivos que acompañó al proyecto de ley. En ella se encuentra la siguiente justificación:\n“Cuando desarrollamos la iniciativa popular y el referéndum por medio de una ley, lo que estamos haciendo es recuperar normativamente el concepto de ciudadanía, al reconocer que la participación política va más allá de la elección de representantes y que los derechos políticos se pueden manifestar de una forma más intensa en la vida política de la comunidad por medio de los instrumentos de la democracia semidirecta. Por medio de esta ley, estamos replanteándonos y fortaleciendo el concepto de democracia, al señalar normativamente que la democracia es algo más que el ambiguo gobierno del pueblo, sino que implica participación efectiva y tangible en la conducción de los asuntos públicos.” (Folio 4 del expediente legislativo 14.799. El subrayado es agregado)\n“Se equivocan aquellos que creen que con la constitucionalización de la iniciativa popular se continúa con la tendencia de introducir cambios políticos intrascendentes. La iniciativa popular si la dotamos de un instrumento eficaz, está llamada a potenciar el diálogo político. La solución de los conflictos de intereses, encuentra un campo fértil para la disputa pública y colectiva, y para la deliberación, la decisión y la acción. El diálogo político puede dejar de ser, como lo ha sido, terreno privado de los profesionales de la política, de sus conciliábulos y negociaciones, para ampliarse en procesos dinámicos de resolución de problemas, que encuentra alternativas y consensos donde antes no los había o no se han buscado con racionalidad. Los fines públicos pueden dejar de ser producto de la inspiración, la ocurrencia o el interés de unos cuantos para pasar a ser la consecuencia de actos de participación pública, fijados por medio de la deliberación y la acción colectiva.\nEl proyecto se sustenta en el principio de que la comunidad política se desarrolla a partir de la participación y, al mismo tiempo la base posible, se apoya en la convicción de que la actividad cívica educa a las personas sobre cómo pensar colectivamente como ciudadanos y cómo convertir ese pensamiento en una acción dirigida a objetivos políticos muy concretos. Creemos que si al pueblo se le dota de instrumentos ágiles y sencillos de participación los sabrá aprovechar, y los incorporará a su patrimonio y cultura políticos tal como ya lo hizo en el pasado con el sufragio libre y secreto. Si aprobamos normas e instrumentos que promuevan la participación, el pueblo participará, fortaleciendo con ello la política y la democracia y la comprensión de que la ciudadanía es también un modo de vida.” (Folios 5 a 8 del expediente legislativo 14.799. El subrayado es agregado).\nAsí pues, la iniciativa popular fue ideada como un mecanismo eficaz, sencillo y ágil para fomentar el diálogo político con la ciudadanía y otorgarle a esta la posibilidad de participar en la dirección de los asuntos públicos.\nEl paso que siguió, como se puede corroborar en el expediente legislativo, fue determinar qué hacer para que la iniciativa popular estuviera impregnada de esos elementos. En este sentido, la discusión giró especialmente en torno a dos puntos: el plazo dentro del cual debería votarse el proyecto de ley de iniciativa popular –para cumplir de esa manera el mandato del artículo 123 de la Constitución- y las consecuencias de incumplir tal plazo de relevancia constitucional.\nLa solución que brindó el proyecto primigenio fue la de dotar a la iniciativa popular de prioridad en el trámite legislativo y plazos cortos para su votación. Así, el artículo 24 original preveía que el proyecto ocuparía el primer lugar del orden del día y debía ser votado en el plazo de 30 días. (Folio 16 del expediente legislativo 14.799).\nPosteriormente, se cuestionó tanto el plazo, criticado por ser muy corto, como el privilegio en el trámite legislativo, por estimarse que podría convertirse en un medio para que sujetos ajenos a la Asamblea Legislativa impusieran la agenda legislativa.\nEn cuanto al plazo, se discutió la posibilidad de que fuera de un año, dos años o cuatro años. Finalmente, como es sabido, se impuso el plazo de dos años. Es interesante para los efectos de este voto salvado, observar los argumentos brindados por los diputados a la hora de discutir el plazo en que debía ser votada la iniciativa popular.\n“Yo estoy de acuerdo con el término de un año, si no en esta Asamblea Legislativa, le dan catorce años (…)\nA mí me parece que si no sería una burla a los electores. (…)” (Diputada Valerín, folio 447 del expediente legislativo 14.799).\n“La discusión en la Comisión condujo a la conclusión de que no debía exceder los dos años. Podría ser que el Plenario de la Asamblea considerara que el plazo fuera un poco más amplio, pero lo cierto es que lo que no podemos hacer de ninguna manera es dejar esto de forma indefinida, porque eso, obviamente, no solo sería inconstitucional, porque no es el espíritu de la Constitución, de la letra de la Constitución, sino que también sería un acto de traición hacia el pueblo costarricense, el que ha cifrado..., o esa parte del pueblo costarricense que ha cifrado sus esperanzas de que se puedan discutir algunas leyes por medio de mecanismos como este.” (Diputada Valerín, folio 586 del expediente legislativo 14.799)\n“La idea de ponerle plazo de dos años, es que efectivamente, de alguna manera creemos que si hubo el esfuerzo y la posibilidad de conseguir un porcentaje determinado de firmas del padrón, pues, como mínimo los diputados estarían obligados a votar en un tiempo determinado, no se dice, si es favorable o negativamente, lo que sí se le pone es un plazo a la votación.\nEllos lo que están solicitando, por medio de esta moción, que estamos comentando, es la eliminación del 6, que es el plazo para la votación, definitiva de los proyectos y luego el articulo 5, que es la que viene, que tiene que ver también con el tema relativo a los plazos.\nDe manera tal, que yo voy a votar negativamente estas mociones y hago un llamado para que expliquemos esto, en el seno de nuestras fracciones, a efecto de que se comprenda, también las dificultades iniciales, que tiene este tipo de mecanismos para iniciar su tramitación.” (Diputada Chinchilla, folio 609 del expediente legislativo 14.799).\n“De tal forma que el problema de legalidad está resuelto, en mi concepto queda el problema de la oportunidad. ¿Es oportuno que se dé un trámite privilegiado a una iniciativa popular? En lo personal dije en su momento: \"Nosotros somos apoderados del pueblo, el pueblo nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, en este caso, lo que nos está diciendo el pueblo es que quieren que votemos esa iniciativa, nada más, no está diciendo: quiero que la aprueben, sino que vótenla y si en dos años un Parlamento no ha tomado conciencia de la gravedad de una ley o de la bondad de una ley, no hay plazo para esto; pero me parece que al Parlamento lo debemos hacer eficiente, y eficiente no quiere decir, que vayamos a atropellar las cosas, a no estudiar las cosas, sino, eficiente, creo que en dos años, es más tiempo adecuado, para que con mucho reposo la opinión pública, pueda exteriorizar, los señores diputados puedan escuchar, puedan estudiar y puedan analizar, al final, a lo que se viene también, es a votar.\nPor eso, me parece que el plazo de dos años, contemplado, es más que suficiente.” (Diputado Corrales, folio 612 del expediente legislativo 14.799).\nDe los textos transcritos pueden extraerse algunos elementos que fueron determinantes para el establecimiento del plazo de dos años para la tramitación legislativa de los proyectos presentados por iniciativa popular. Uno de esos puntos, en el que encontramos el objetivo primordial para la fijación de un plazo, es la necesidad de que el proyecto sea votado. Es decir, se pretende sustraer ese proyecto de las desavenencias, vaivenes y peripecias que podrían frustrar la intención de los ciudadanos que presentaron la iniciativa, cual es que su proyecto sea conocido y votado en la Asamblea Legislativa. De ahí que el artículo 123 de la Constitución señale que el plazo es para la votación definitiva del proyecto. Si, por carecer de un plazo semejante, el proyecto nunca se conociera o fuera presentado en la Asamblea Legislativa únicamente para ser archivado merced al transcurso del tiempo, sea por desinterés o, más bien, debido al interés y la polémica que generase el proyecto, entonces el instituto de la iniciativa popular quedaría vaciado de su contenido esencial, pues se estaría privando a los ciudadanos de una herramienta eficaz para someter un tema de su interés a discusión y votación legislativa. En las transcripciones, las diputadas citadas hacen alusión a este hecho, al manifestar que sería una “burla” o una “traición” al pueblo costarricense.\nOtra observación que resulta de los extractos es que el plazo establecido en la ley –dos años- ha sido producto del consenso de los legisladores, algunos de los cuales han abogado por un plazo mayor, mientras que otros por uno menor. El fruto de dicha discusión ha sido el plazo que hoy conocemos. La importancia de ello es que este plazo consensuado supone un lapso razonable para que dentro de él se pueda desarrollar la totalidad del procedimiento legislativo al menos hasta la votación definitiva del proyecto, que es requerida por el artículo 123 constitucional. Esta conclusión se deduce no solo del común acuerdo de que el plazo se encuentra vinculado a la votación definitiva del proyecto, sino también del último comentario del diputado Corrales, quien señala que dos años constituyen un tiempo adecuado tanto para someter el proyecto a la opinión pública, como –y aquí debe hacerse énfasis- para el estudio, análisis y votación por parte de los diputados.\nUn segundo objeto de discusión atañe a las consecuencias jurídicas del incumplimiento del plazo estatuido. En un momento, el diputado Corrales planteó mociones a fin de que se estableciera una sanción penal, si el plazo fuere incumplido. En dicha ocasión expresó:\n“Para mí, nosotros los diputados, no tenemos ninguna, absolutamente ninguna diferencia con los otros miembros de los supremos poderes y de otros funcionarios, que tienen que cumplir con sus deberes. Lo que pasa es que nosotros somos juez y parte y no quisiéramos inculparnos, ni nosotros, ni los que vienen atrás. Pero, yo siento que hay una responsabilidad, una responsabilidad de un Parlamento, que le dice: Usted entre dos años tiene que dictar una ley. Bueno, díctela, entre dos años. Dictar la ley, no quiere decir aprobarla, tiene que decir votarla, la aprobó negativamente, la aprobó o la rechazó, la aprobó pero fue votada, fue conocida.\nPorque, yo siento que la reacción que hay, es que el monopolio de las leyes, que hoy las tiene los señores diputados, no queremos soltar ese trámite. Entonces, le negamos al pueblo la facultad de legislar, entonces, [...], para nosotros sería muy fácil, dejar ad calendas grecas, un proyecto de ley, no estamos satisfechos y creemos que debería ser de nuestra iniciativa, lo dejamos simplemente ahí. De ahí, la razón, de que se debe de sancionar a los diputados, que no cumplan con los plazos señalados, en la votación de una ley, favorable o desfavorablemente, pero la ley se conoció.” (Diputado Corrales, folios 390 y 391 del expediente legislativo 14.799).\nAl respecto, también se dijo:\n“Segundo, el 123 constitucional, de reciente reforma, dice: ...los proyectos de ley de iniciativa popular, deberán ser votados definitivamente en el plazo perentorio que indica la ley, eso lo dice la Constitución, excepto los de reforma constitucional, que seguirán el trámite previsto en el 195. O sea, vean ustedes el mandato, el mandato del 123, es clarísimo, iniciativa popular deberán ser votados definitivamente, en el plazo perentorio indicado en la ley, bueno, qué pasa si no se hace la votación en ese plazo, simplemente lo ignoramos, […], no lo votamos y qué. Queda a calendas griecas, como algo más grave me parece mí, yo creo que nosotros ni siquiera lo previmos en el texto, ¿qué pasa con la caducidad de los proyectos de ley en el cuatrienio? Se mandan a archivo definitivamente o no se mandan a archivo esos proyectos de ley.” (Diputado Corrales, folio 493 del expediente legislativo 14.799).\nEmpero, el criterio que prevaleció en la Asamblea Legislativa y que encontramos en el texto legal se desprende de la opinión de aquellos que adversaron la petición del diputado Corrales:\n“¿Qué es lo que queremos con la iniciativa popular? Cumplir el mandato del artículo 123, de darle un plazo perentorio, porque no el mismo plazo del cuatrienio y en lugar de morirse más bien que quede automáticamente, en el orden del día, no sé tres años y ocho meses antes, de manera que se garantice que va a ser votado, no aprobado, sino votado, que es lo que dice eso. O qué pasa si está pegado en una Comisión y si una Comisión tiene una serie de asuntos con prelación, ¿cómo trasportarlo de Comisión al Plenario? ¿qué pasa si el proyecto está abierto o inmaduro con trescientas mociones o veinte mociones las que sean? ¿cómo se solucionan esas posibilidades?\nA mí me parece, que eso es lo que deberíamos apuntamos para ser más eficientes y no necesariamente, poner un tipo penal, que más, no va a servir para nada. ¿Qué cumpla (sic) tendrá un Presidente de una Comisión, si el proyecto no se discutió, si no se ponían de acuerdo los miembros de la Comisión o si no hacían quórum, por ejemplo? Y si cada uno tiene una excusa, será el Presidente de una Comisión el que tendrá que ir allá.” (Diputado Malavassi, folio 497 del expediente legislativo 14.799).\nFinalmente, a manera de conclusión, el proponente de la moción manifestó:\n“Creo que nosotros, sinceramente debemos de meditar algún procedimiento para que el texto de una iniciativa popular sea votado. Votado, como le parezca a los señores diputados, pero que tiene que ser votado, porque inclusive, el prestigio del Parlamento y de nuestro Sistema está en alto riesgo, si nos dan una iniciativa popular, abrimos la Constitución Política, para que el ciudadano tenga oportunidad de presentar directamente un texto a la Asamblea Legislativa y posteriormente, la Asamblea Legislativa, simplemente, le hace el feo y no le vota el proyecto de ley.” (Diputado Corrales, folio 500 del expediente legislativo 14.799).\nLa situación que surge en caso de que el plazo de dos años sea excedido, es decir irrespetado, debe ser analizada. El artículo 123 del texto constitucional señala que el plazo fijado por la ley es perentorio. La derivación directa de dicho adjetivo es la improrrogabilidad del plazo. En consecuencia, se colige que existe un interés del Constituyente Derivado por que el plazo legalmente establecido fuese respetado y, de esa manera, evitar que su continua prórroga llevara a contrariar la finalidad misma del plazo.\nSin embargo, no es la única derivación lógica del articulado, pues para los suscritos también es claro que dicho plazo fue estatuido a favor de la iniciativa y de los ciudadanos que la presentaron. Como se expuso anteriormente, la intención de la ley es potenciar la participación ciudadana efectiva a través de la iniciativa popular. No menos puede decirse de la norma constitucional. Si se interpretara, por ejemplo, que el proyecto sería archivado una vez transcurrido el plazo señalado, se estaría argumentando en contra de la propia ratio legis, pues la consecuencia sería frustrar que el proyecto formulado por los ciudadanos sea conocido y votado por los diputados. Lo mismo puede decirse de una prolongación más allá del plazo estatuido –posición que es avalada por la mayoría de este Tribunal- pues ello imbuye de incertidumbre al proyecto de ley de iniciativa popular. Efectivamente, si se avala la prosecución del trámite ordinario de ley, permitiendo la discusión del proyecto en la Asamblea y la consulta a la Sala, como establece el voto de mayoría, entonces se está irrespetando el plazo constitucional e impregnando de incertidumbre al proyecto de ley, cuya votación definitiva ocurrirá en un momento indeterminado y, por ello, a todas luces contrario a la ratio iuris del plazo constitucional.\nLa siguiente interrogante es qué sucede cuando el plazo constitucional expira. Al respecto, se debe advertir que el artículo 6 de la Ley Nº 8491 dispone literalmente:\n“Si vencido este plazo, el proyecto de ley no ha sido votado en primer debate, deberá de ser conocido y sometido a votación, en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo o de la Comisión con Potestad Legislativa Plena, según sea el caso. Para estos efectos, si la iniciativa no ha sido dictaminada, se tendrá por dispensada de todos los trámites. Las mismas reglas serán aplicables al trámite en segundo debate y al conocimiento de los informes de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.”\nErgo, la norma estipula claramente que, si vencido el plazo de dos años, el proyecto de ley respectivo no hubiera sido votado en primer debate, este deberá ser conocido y sometido a votación en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo o de la Comisión con Potestad Legislativa Plena. Para tal efecto, si la iniciativa no ha sido dictaminada, se tendrá por dispensada de todos los trámites. Tal inmediatez se aplica igualmente en el trámite del segundo debate, toda vez que este se debe guiar por las mismas reglas del primer debate, es decir, la votación en segundo debate debe efectuarse en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo o de la Comisión con Potestad Legislativa Plena, luego que el proyecto hubiera sido votado en primer debate.\nDe ello se denota plenamente que el proyecto de ley de iniciativa popular que exceda el plazo de los dos años no sigue el iter legislativo ordinario, como considera el criterio de la mayoría de esta Sala, sino que es sometido a un procedimiento diferente, expedito y tendiente a su votación definitiva, según la exigencia constitucional. La discusión del proyecto y, en sí, todo el iter legislativo que anhela la mayoría de esta Sala, debió haberse realizado durante los dos años que la Constitución Política y la Ley de Iniciativa Popular tienen previsto para ello.\nAl respecto, adviértase que de acuerdo con el artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el ordinal 143.3 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea Legislativa tiene un plazo constitucional o reglamentario para votar un proyecto, como ocurre en la especie, la consulta debe hacerse con la anticipación debida, y el proyecto consultado debe votarse aunque la Asamblea no haya recibido el criterio de la Sala. Ergo, ni la consulta de constitucionalidad ni mucho menos un eventual trámite ante la Comisión de Consultas de Constitucionalidad suspende la obligación del Parlamento de votar de manera definitiva el proyecto consultado en el plazo perentorio citado.\nDicho marco normativo, así como la inmediatez y celeridad que procura, resultan conformes con el propósito del legislador de propiciar que los proyectos de ley provenientes de la iniciativa popular efectivamente se voten en el plazo perentorio regulado en la ley.\nPor ello, consideramos los suscritos que, una vez excedido el término señalado, se entra en una situación anómala, contraria a la Constitución, pues el proyecto no cuenta con la votación definitiva, a pesar de que el texto constitucional así lo ordena. Ante este panorama, la solución dispuesta por la ley es el regreso inmediato y expedito a la normalidad constitucional. Es decir, el proyecto de ley que para ese momento debió contar con votación definitiva, deberá ser dispensado de trámites y sometido a las votaciones que estén pendientes hasta que cuente con votación definitiva. De esta forma, se garantiza el cumplimiento de la ratio legis, al compeler a la Asamblea Legislativa al conocimiento y votación del proyecto, procurando que la iniciativa popular sea tomada en consideración.\nPor demás está decir que el control de constitucionalidad de esta Sala puede ser realizado a posteriori. Es decir, en el sub examine, la consulta facultativa a la Sala no es un trámite indispensable del proyecto de ley; nada impide que este Tribunal, por la vía del control posterior, conozca los reclamos de constitucionalidad que surjan con motivo de la aprobación del proyecto de marras.\n3.- Sobre el conteo del plazo establecido en el artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular. Una manifestación más del interés que existe por que los proyectos de ley sean votados definitivamente en el plazo legal fijado en la Ley de Iniciativa Popular, se explicita en el conteo del plazo que contempla dicha ley.\nEste conteo inicia a partir de la fecha en que la Secretaría del Directorio Legislativo recibe el proyecto (artículo 6). No debe equipararse este momento a la recepción de la iniciativa establecida en el artículo 2 de la Ley, sino al traslado del proyecto que efectúa el Tribunal Supremo de Elecciones tras haber revisado las firmas y el porcentaje requerido, según el artículo 4. Una interpretación que partiese del momento de presentación del artículo 2 causaría incertidumbre en el conteo del plazo ya que, en caso de que el Tribunal Supremo de Elecciones determinara que se ha irrespetado el porcentaje de firmas necesarias, otorgaría un plazo improrrogable de 90 días para que se cumpliera con el faltante (artículo 4), lo que afectaría notoriamente el plazo de discusión que tendría la Asamblea Legislativa.\nEstimamos los suscritos que una interpretación semejante es asistemática, no solo en virtud del argumento anterior, sino en vista del método de computar el plazo de dos años. En efecto, si bien el artículo 6 establece un plazo de dos años para la votación definitiva del proyecto, no se trata de dos años calendario, toda vez que su conteo se suspende durante los recesos legislativos y las sesiones extraordinarias, en caso de que el proyecto no sea convocado por el Poder Ejecutivo. Lo que se procura con esto es que los dos años sirvan para el conocimiento efectivo del proyecto y, de esta manera, que el plazo sea razonable para el cumplimiento de la totalidad del trámite legislativo al menos hasta la votación definitiva del mismo.\n4.- Sobre el cómputo de dicho plazo en el proyecto de ley 17.742. Atendiendo a los parámetros supra señalados, los suscritos realizamos un conteo del plazo del artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular para el caso del proyecto de ley 17.742, sometido a consulta.\nEn el transcurso de este proceso, la Sala solicitó al Directorio de la Asamblea Legislativa, como prueba para mejor resolver, un desglose del trámite legislativo y el conteo del plazo de los dos años aplicado al proyecto de ley consultado. A continuación se hace una transcripción literal del desglose aportado:\n\n\na. Legislatura de Mayo de 2010 a Mayo de 2011\nMES\n\t\nDIAS CONTABILIZADOS\n\t\nOBSERVACIONES\n\n\nMayo 2010\n\t\n7 días\n\tFecha de inicio 25-05-2010\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nJunio 2010\n\t\n30 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nJulio 2010\n\t\n26 días\n\t\nSi bien julio tiene 31 días, la Asamblea Legislativa recesó 5 días, sea del 12 al 16 de julio.\n\n\nAgosto 2010\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nSetiembre 2010\n\t\n30 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nOctubre 2010\n\t\n31 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nNoviembre 2010\n\t\n30 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nDiciembre 2010\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nEnero 2011\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nFebrero 2011\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nMarzo 2011\n\t\n22 días\n\t\nSe convocó a sesiones extraordinarias el proyecto a partir del 10 de marzo de 2010\n\n\nAbril 2011\n\t\n27 días\n\t\nEl proyecto estaba convocado a sesiones extraordinarias, pero se aprobó un receso de 3 días del 18 de abril al 20 de abril de 2011, lo que se descuentan esos 3 días a los 30 de abril.\n\n\n TOTAL\n\t\n203 DIAS\n\tTotal de días contabilizados de trámite del proyecto de ley: 203 días\nSaldo máximo de días para continuar con el trámite del proyecto de ley: 527\n\n\nb. Legislatura de Mayo de 2011 a Mayo de 2012\nMES\n\t\nDIAS CONTABILIZADOS\n\t\nOBSERVACIONES\n\n\nMayo 2011\n\t\n31 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nJunio 2011\n\t\n30 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nJulio 2011\n\t\n27 días\n\t\nSi bien julio tiene 31 días, la Asamblea Legislativa recesó 4 días, sea del 11 al 14 de julio.\n\n\nAgosto 2011\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nSetiembre 2011\n\t\n30 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nOctubre 2011\n\t\n31 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nNoviembre 2011\n\t\n30 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nDiciembre 2011\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nEnero 2012\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nFebrero 2012\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nMarzo 2012\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nAbril 2012\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nTOTAL\n\t\n178\n\tTotal de días contabilizados de trámite del proyecto de ley, sumando las legislaturas 2010-2011 y 2011-2012, 381 días.\nSaldo máximo de días para continuar con el trámite del proyecto de ley: 349\n\n\n\n\n\n\nc. Legislatura de Mayo de 2012 a Mayo de 2013\nMES\n\t\nDIAS CONTABILIZADOS\n\t\nOBSERVACIONES\n\n\nMayo 2012\n\t\n31 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nJunio 2012\n\t\n30 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nJulio 2012\n\t\n22 días\n\t\nSi bien julio tiene 31 días, la Asamblea Legislativa recesó 9 días, sea del 09 al 19 de julio, por lo que se procedió a restarlos.\n\n\nAgosto 2012\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nSetiembre 2012\n\t\n30 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nOctubre 2012\n\t\n31 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nNoviembre 2012\n\t\n30 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nDiciembre 2012\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nEnero 2013\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nFebrero 2013\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nMarzo 2013\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nAbril 2013\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nTOTAL\n\t\n174\n\tTotal de días contabilizados de trámite del proyecto de ley, sumando las legislaturas 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013\n555 días.\nSaldo máximo de días para continuar con el trámite del proyecto de ley, 177\n\n\n\n\nd. Legislatura de Mayo de 2013 a Mayo de 2014\nMES\n\t\nDIAS CONTABILIZADOS\n\t\nOBSERVACIONES\n\n\nMayo 2013\n\t\n30 días\n\t\nReceso 2 de mayo\n\n\nJunio 2013\n\t\n29 días\n\t\nReceso 3 de junio\n\n\nJulio 2013\n\t\n21 días\n\t\nSi bien julio tiene 31 días, la Asamblea Legislativa recesó 10 días, sea del 08 al 19 de julio.\n\n\nAgosto 2013\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nSetiembre 2013\n\t\n30 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nOctubre 2013\n\t\n31 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nNoviembre 2013\n\t\n30 días\n\t\nPeríodo de sesiones ordinarias\n\n\nDiciembre 2013\n\t\n1 días\n\t\nEl proyecto fue convocado en sesiones extraordinarias, el 11 de diciembre y fue desconvocado el 12 de diciembre\n\n\nEnero 2014\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nFebrero 2014\n\t\n0 días\n\t\nNo fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias\n\n\nMarzo 2014\n\t\n5 días\n\tEl proyecto fue convocado el proyecto en sesiones extraordinarias, el 19 de marzo y fue desconvocado el 20 de marzo.\nNuevamente fue convocado el 25 de marzo hasta su votación final\n\n\nTOTAL\n\t\n177\n\tTotal de días contabilizados de trámite del proyecto de ley, sumando las legislaturas 2010-2011, 2011-2012 2012-2013 y 2013-2014, es de 730 días\nPlazo vencido el 28 de marzo de 2014.\n\n\nEn el oficio aportado por la Presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa se realiza un detalle de los días de trámite del proyecto citado para concluir que el plazo de los dos años venció el 28 de marzo de 2014. Esta misma fecha fue aceptada en su momento oportuno por el Presidente de la Asamblea Legislativa quien, consecuentemente, emite una resolución en la sesión Nº 148 del 31 de marzo de 2014 para que se conozca y vote el proyecto 17.742.\nAhora bien, los firmantes observamos un error de cálculo en la sumatoria de días realizada por la Asamblea Legislativa. Según el desglose aportado, en la legislatura de mayo de 2011 a mayo de 2012, la Asamblea contabilizó 178 días. Sin embargo, tras sumar los rubros de esa legislatura se llega al resultado de 179 días, correspondientes a 31 días de mayo, 30 días de junio, 27 días de julio, 30 días de agosto, 31 días de octubre, y 30 días de noviembre, todos de 2011.\nPor otro lado, al realizar la sumatoria de los días totales transcurridos por periodo legislativo (y haciendo la corrección del párrafo anterior; es decir, la sumatoria de 203, 179, 174 y 177), se obtiene 733 días. Es decir, existe otro error en el cálculo, pues hasta este momento, se tendría que el plazo en realidad habría vencido 3 días antes de lo señalado por la Asamblea Legislativa.\nSin embargo, es menester hacer una corrección más. Los suscritos observamos un yerro en el conteo de los recesos legislativos. Efectivamente, tras analizar el desglose realizado por la Asamblea Legislativa, se comprueba que durante los recesos legislativos de julio de 2012 y 2013, se contabilizaron como parte de dichos recesos (y por lo tanto, como días no incluidos en el conteo del plazo) un total de 9 días para julio de 2012 y de 10 días para julio de 2013. No obstante, el primer receso mencionado ocurrió del 9 al 19 de julio de 2012, por lo que en realidad transcurrieron 11 días en receso; en el caso del segundo receso, del 8 al 19 de julio de 2013, la Sala contabiliza 12 días de receso. Al respecto, estimamos que los días de receso deben ser contados según la propia declaratoria de receso y, en caso de que haya un día no hábil en él, este debe incluirse como parte del receso y agregarse a la suspensión del cómputo del plazo, según el artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular. Esta corrección conlleva un aumento de 4 días (2 por cada receso) en el conteo del plazo del proyecto de ley. La diferencia entre los 3 días que deben restarse y los 4 que deben agregarse al plazo es de un día. Ergo, el plazo para la votación definitiva finalizó el 29 de marzo de 2014.\nEs un hecho indiscutible y de vital importancia en el juicio realizado por los suscritos, que el plazo perentorio de dos años para la votación definitiva del proyecto de marras haya fenecido con anterioridad a la interposición de la consulta de constitucionalidad admitida, ocurrida el 22 de abril de 2014. Igualmente, resulta esencial que, con posterioridad al 29 de marzo, la Asamblea Legislativa no haya proseguido de forma inmediata y expedita con el trámite legislativo y, en particular, con la votación definitiva del proyecto, como debía hacerlo, teniendo plazo para hacerlo antes de la presentación de las consultas.\n5.- Sobre el momento de interposición de las consultas facultativas de constitucionalidad y el sub examine. El artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional señala:\n“ARTICULO 98. Cuando se trate de reformas constitucionales, la consulta deberá hacerse después de su aprobación en primer debate, en primera legislatura, y antes de la definitiva. Cuando se trate de otros proyectos o actos legislativos sujetos al trámite de emisión de las leyes, deberá interponerse después de aprobados en primer debate y antes de serlo en tercero.\nNo obstante, cuando la Asamblea Legislativa tuviere un plazo constitucional o reglamentario para votar el proyecto, la consulta deberá hacerse con la anticipación debida, y el proyecto se votará aunque no se haya recibido el criterio de la Sala.\nEn los demás supuestos, la consulta deberá plantearse antes de la aprobación definitiva.” (El subrayado es agregado).\nEn igual sentido, el numeral 143.3 del Reglamento de la Asamblea Legislativa estatuye:\nARTICULO 143.- Trámite de las consultas de constitucionalidad\n…\n3.- No obstante, cuando la Asamblea Legislativa tuviere un plazo constitucional o reglamentario para votar el proyecto, la consulta deberá hacerse con la anticipación debida, a partir del momento en que la Comisión encargada de estudiarlo haya aprobado el dictamen o dictámenes correspondientes. En este caso, la Asamblea Legislativa votará el proyecto aunque no se haya recibido el dictamen, así como cuando la Sala incumpliere con el plazo legal para evacuar la consulta preceptiva. (El subrayado es agregado).\nUno de los objetivos de los artículos citados consiste en potenciar la función de control previo de constitucionalidad de proyectos de ley que realiza la Sala. En ese sentido, para los proyectos de ley en general, se observa que la consulta deberá ser interpuesta antes de la aprobación definitiva del proyecto. El propósito de la norma es posibilitar que la resolución que emita la Sala sea oportuna en el tiempo –de ahí también el plazo de un mes otorgado por el artículo 101 de la citada ley- y, de esa manera, pueda ser conocida por los legisladores y tener incidencia en el proyecto de ley.\nLa Sala ha manifestado al respecto:\n“En la consulta facultativa de constitucionalidad –como ésta- lo que se persigue es que la Asamblea Legislativa, antes de decidir en forma definitiva sobre un proyecto de ley, cuente con la opinión de la Sala Constitucional acerca de la conformidad o no del texto del proyecto con la Constitución Política, así como de si en su tramitación se han observado las disposiciones requeridas por la carta fundamental. En síntesis, puede decirse que únicamente se trata de observaciones no vinculantes –con la excepción que hace la ley en caso de que se establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado– tendentes a orientar al legislador en una determinada dirección o, incluso, a impulsarle a que siga la orientación que se indique –si se hizo alguna-. Es, según la doctrina, un caso típico de control previo de constitucionalidad.”(Resolución 2000-8750 de las 14:53 horas del 4 de octubre de 2000).\nEn el caso particular de los proyectos sometidos a un plazo constitucional o reglamentario para su votación, como es el caso de marras, por disposición del artículo 123 de la Constitución, la Sala ha interpretado el segundo párrafo del artículo 98 en el sentido de que el proyecto podrá ser sometido a consulta aun antes de su aprobación en primer debate:\n“La presente consulta fue efectuada por diez diputados de la Asamblea Legislativa respecto de un proyecto actualmente en discusión. Si bien la misma fue efectuada antes de la aprobación en primer debate del presente proyecto de ley (ver folio 368 del expediente legislativo), según ordena el artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta Sala ha interpretado en anteriores ocasiones que, en tratándose de proyectos sometidos a plazo, como lo son las iniciativas que buscan aprobar o modificar el Presupuesto de la República (artículos 178 de la Constitución Política, 178 y 180 del Reglamento de la Asamblea Legislativa), es aplicable la posibilidad dada por el párrafo segundo del citado numeral 98 de la Ley de rito, según la cual la consulta en estos casos puede ser formulada “con la anticipación debida”, a efecto de evitar que la consulta llegue a ser evacuada una vez vencido el plazo del proyecto, o luego de su aprobación definitiva. (Ver en ese sentido las sentencias números 1716-90, de las quince horas del veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa, y 2000-10136, de las nueve horas del diecisiete de noviembre del dos mil) En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 96 inciso b) y 98 párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta consulta legislativa de constitucionalidad resulta admisible en este momento.” (Resolución 2003-2743 de las 14:30 horas del 3 de abril de 2003, reiterada en la resolución 2011-15968 de las 15:30 horas del 23 de noviembre de 2011).\nLa finalidad de esta norma es doble. Por un lado, se pretende, en consonancia con el resto del artículo, que el proyecto sea sometido al conocimiento de la Sala antes de su aprobación definitiva, a efectos de que su pronunciamiento sea tomado en cuenta por los legisladores. De ahí que la consulta deba ser realizada con la “anticipación debida”. Consideramos los suscritos que, en consonancia con lo anterior, corresponderá a la Sala determinar, caso por caso y en atención al expediente legislativo y la amplitud de la consulta, si dicho requisito se cumple. Por el otro, el párrafo procura el respeto del plazo de relevancia constitucional establecido para la votación del proyecto, de manera que este “…se votará aunque no se haya recibido el criterio de la Sala”. Es decir, la ausencia de un pronunciamiento de la Sala no debe servir de pretexto para irrespetar el plazo de votación, pues ello redundaría en la creación de una situación contraria al orden normativo.\nEl examen de la admisibilidad de la consulta planteada debe ser realizado con base en los criterios anteriormente expuestos.\nHa quedado establecido que ella fue planteada con posterioridad al cumplimiento del plazo constitucional fijado para la votación definitiva del proyecto de ley. Incluso, luego de la expiración del plazo, existió tiempo suficiente para que el proyecto fuera definitivamente votado. Como ya se expuso, el incumplimiento del plazo establecido por la Ley de Iniciativa Popular significa ingresar a un estado anómalo, pues se extraña la votación definitiva que debió haber acontecido para ese momento, según lo prescrito por el artículo 123 de la Constitución. La inobservancia de ese plazo tiene la consecuencia jurídica estatuida en el artículo 6 de esa ley, es decir, el retorno expedito al estado exigido por la norma fundamental. Como se esclareció previamente, el plazo constitucional fue fijado en beneficio de la participación ciudadana efectiva, lo que lleva a compeler al legislador al conocimiento de los proyectos de ley presentados por iniciativa popular.\nAsí las cosas, admitir para su conocimiento vía consulta de constitucionalidad facultativa un proyecto de iniciativa popular cuyo plazo constitucional para la votación definitiva ha expirado, constituye un despropósito que atenta contra la ratio iuris de la ley y la Constitución Política, amén de que desnaturaliza su objetivo -proporcionar a los ciudadanos un mecanismo para que los proyectos de su iniciativa sean conocidos y votados en forma definitiva por los legisladores en un plazo perentorio determinado-, ya que se constituiría precisamente en un obstáculo para su consecución y en una instancia más que podría entorpecer la necesidad imperiosa, ordenada por el numeral 123 de la Constitución Política, de que recaiga votación definitiva sobre el proyecto.\nLa intención del legislador es que la totalidad del trámite legislativo hasta la votación definitiva, incluyendo la consulta facultativa de constitucionalidad, se realice en el plazo perentorio de los dos años. Nótese que el artículo 6 de la citada ley permite entrever que la consulta de constitucionalidad debe ser interpuesta dentro de ese plazo, al señalar in fine que las mismas reglas (dispensa de trámite) serán también aplicables “…al conocimiento de los informes de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad”. Es decir, tanto la consulta facultativa de constitucionalidad como un eventual informe de dicha Comisión derivado de la sentencia emitida luego de una consulta, se contempla como parte del trámite que debe cumplirse en el plazo de dos años, y, si ha vencido tal plazo, emerge entonces la obligación del Plenario de proceder a votarlo definitivamente y de modo inmediato.\nLa consulta planteada también contraviene los propósitos de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según lo expresado. En primer lugar, la consulta llega cuando el plazo constitucional ha expirado, por lo que se extraña la “anticipación debida” que permite a la Sala entrar en conocimiento del proyecto. En segundo lugar, la ratio iuris del párrafo segundo del artículo 98 de esa ley es procurar el respeto de los plazos constitucionales y reglamentarios. Dicho plazo, como se ha reiterado, expiró el 29 de marzo de 2014, por lo que tampoco se respeta dicho propósito.\nNo escapa a los suscritos el hecho de que, mediante sentencia 2012-15840 de las 16:00 horas del 7 de noviembre de 2012, se resolvió la consulta legislativa facultativa relacionada con la Ley de Conservación de Vida Silvestre (expediente legislativo Nº 17054) y que, en dicha ocasión, el plazo constitucional para la votación de la iniciativa popular había vencido antes de la formulación de la consulta; concretamente, el citado plazo había expirado el 27 de setiembre de 2012 (dato consignado en la sentencia supra citada), el proyecto fue aprobado en primer debate el 2 de octubre de 2012 y la consulta fue planteada el 4 de octubre de 2012.\nObservando el trámite posterior de dicho expediente, se tiene que el proyecto fue votado en segundo debate el 10 de diciembre de 2012 (Alcance 92 a La Gaceta 95 de 20 mayo de 2013) y que, en el fondo, la consulta presentada a este Tribunal contribuyó a una dilación de aproximadamente un mes en la tramitación del proyecto. Una situación similar está ocurriendo en el caso sub examine pues, según se observa en las copias del expediente, a folio 4757, la discusión del proyecto consultado fue suspendida hasta que la Sala resuelva esta consulta. Es decir, el mecanismo de consulta constitucional se ha convertido en una forma de vulnerar el plazo perentorio constitucional y atrasar la tramitación de un proyecto que, para este momento, ya debería haber sido votado en segundo debate, según disposición expresa de la Constitución Política. Un actuar semejante es intolerable, pues innegablemente está atentando en contra de los fines mismos del establecimiento de un plazo perentorio de relevancia constitucional.\nAdemás, consideramos los firmantes que el voto 2012-15840, citado en el voto de mayoría, contradice los mismos argumentos que defienden la mayoría. Efectivamente, en dicha ocasión se resolvió que era constitucional limitar el derecho de enmienda de los diputados, con el fin de respetar el plazo constitucional de la iniciativa popular. Ello se observa si se hace una transcripción integral del acápite respectivo:\n“b) Sobre la violación del derecho de enmienda y de aprobación del proyecto en primer debate fuera del plazo. En segundo término, los Diputados cuestionan que se vieron materialmente imposibilitados para estudiar el proyecto en cuestión y hacerle propuestas de cambio a la última versión del proyecto que fue sometido a discusión en el plenario, en virtud de que el plazo constitucional del expediente había caducado. Al respecto por tratarse de un proyecto de iniciativa popular tiene particular interés lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular, Ley No. 8491 del tres de abril del 2006, el cual indica que: “Los proyectos de iniciativa popular deberá ser votados en la Asamblea Legislativa, en un plazo máximo de dos años, salvo si se refieren a reformas constitucionales, en cuyo caso, seguirán el trámite previsto en el artículo 195 de la Constitución Política. El cómputo del plazo iniciará a partir de la fecha en que la Secretaría del Directorio Legislativo reciba el proyecto, y se suspenderá durante los recesos legislativos y las sesiones extraordinarias, si no es convocado por el Poder Ejecutivo. Si vencido ese plazo, el proyecto de ley no ha sido votado en primer debate, deberá ser conocido y sometido a votación, en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo o de la Comisión con Potestad Legislativa Plena, según sea el caso. Para estos efectos, si la iniciativa no ha sido dictaminada, se tendrá por dispensada de todos los trámites. Las mismas reglas serán aplicables al trámite en segundo debate y al conocimiento de los informes de la Comisión de Consultad de Constitucionalidad” (Lo subrayado no corresponde al original). En el caso en concreto, el plazo perentorio de dos años para la votación del proyecto No. 17054 en su trámite de primer debate se cumplió el veintisiete de septiembre del 2012. Por tal motivo, el Presidente de la Asamblea Legislativa emitió una resolución ante el vacío normativo existente en relación con el procedimiento que se debe seguir para conocer los proyectos de ley de iniciativa popular a los cuáles se le ha vencido el plazo para ser votado en el Plenario y acordó someterlo a votación en la sesión del 1 de octubre pasado, en la cuál se rompió el quórum, motivo por el cual el proyecto fue conocido y aprobado en la sesión inmediata después, la cuál se llevó a cabo el 2 de octubre, sin que ello conlleve un vicio formal en el procedimiento. Nótese que el procedimiento mencionado, se llevó a cabo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular el cuál dispone que si la iniciativa no ha sido dictaminada, se tendrá por dispensada de todos los trámites y deberá ser sometida a votación en primer debate ante el Plenario. En virtud de lo anterior, esta Sala no aprecia que con ello se haya vulnerado el derecho de enmienda que invalide el trámite del presente proyecto de ley, en virtud de que existía un plazo legal establecido por el propio legislador que debía ser respetado para su votación ante el Plenario. Existe una lógica limitación al derecho de enmienda, no solo por la previsión de un plazo perentorio, sino que el hecho que sea un proyecto de iniciativa popular justifica un límite que permita discutir y tramitar un proyecto que posee un calificado origen democrático.” (La negrita antecedente es agregada)\nNótese que la lectura integral del voto transcrito más bien ratifica la posición que asumimos los suscritos Magistrados en nuestro voto de minoría, y más bien contraría la tesis de la mayoría en esta sentencia, la cual afirma que la discusión del proyecto de ley puede continuar aun cuando haya fenecido el plazo constitucional. A manera de ejemplo, la conclusión del considerando III señala “En consecuencia, resulta claro que la voluntad del legislador fue la de favorecer la discusión del proyecto, una vez trascurrido el plazo, aún y cuando, la iniciativa no hubiera sido dictaminada…” (El subrayado es agregado)\n\nEn conclusión, estimamos que es improcedente que este Tribunal se aboque al conocimiento de la consulta interpuesta en este procedimiento, pues ello representaría avalar el irrespeto a los plazos constitucionalmente establecidos y transgredir, con ello, los objetivos que deben cumplir los institutos jurídicos de la iniciativa popular y la consulta constitucional. En virtud de lo expuesto, salvamos el voto y declaramos inevacuable la consulta, al no haber sido formuladas con la antelación debida».\n\n\n\n\nAsí que, es criterio ahora de la mayoría de esta Sala que, es improcedente que este Tribunal se aboque al conocimiento de la consulta interpuesta en este procedimiento, pues ello representaría avalar el irrespeto a los plazos constitucionalmente establecidos y transgredir, con ello, los objetivos que deben cumplir los institutos jurídicos de la iniciativa popular y la consulta constitucional. En un sentido similar a lo resuelvo mediante el voto número 2012-015840, que era consulta legislativa sobre un proyecto de iniciativa popular, esta Sala indicó que, el plazo para votar este tipo de proyectos es perentorio, por lo tanto, lo procedente era, tal como se hizo en ese caso, que si el plazo está vencido, el proyecto de iniciativa popular debía ser sometido a votación de inmediato, sin posibilidad alguna de ejercer más el derecho de enmienda. Ello es así por cuanto, en estos casos, existe una lógica limitación al derecho de enmienda, no sólo por la previsión de un plazo perentorio, sino que el hecho que sea un proyecto de iniciativa popular justifica un límite que permita discutir y tramitar un proyecto que posee un calificado origen democrático. Al no haberse procedido de esa forma en el proyecto consultado, el trámite de este deviene caduco, y no puede continuar más su discusión, ni su votación. En virtud de lo expuesto, declaramos inevacuable la consulta.\n\n         II.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ.-\n         Respetuosamente, me separo del criterio de la mayoría de la Sala respecto de la consulta planteada dentro del proyecto de ley número 17742 “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”. Como ha sido jurisprudencia reiterada de esta Sala, en las consultas facultativas de constitucionalidad, el pronunciamiento se limita a los temas estrictamente consultados y sobre los argumentos esgrimidos por los consultantes, de tal forma que mi opinión versará únicamente sobre esos aspectos. Como se verá de las consideraciones que de seguido se exponen -desde mi perspectiva-, no existen vicios de constitucionalidad por razones de conexidad, de modo que el análisis sobre posibles lesiones al artículo 50 Constitucional se limita exclusivamente a las normas consultadas precisamente por razones de fondo. Dicho esto, resulta claro que de ninguna manera puede interpretarse que sobre las normas que no me pronuncio, pueda existir una especie de “aval” de mi parte a las mismas, desde el punto de vista constitucional.\n         1.- SOBRE LOS SUPUESTOS DEFECTOS FORMALES CONSULTADOS.\n         Los consultantes someten al criterio de la Sala tres temas en relación con la forma en que se ha tramitado el proyecto de ley, los cuales se analizan por separado:\na) Vencimiento del plazo para la tramitación de la iniciativa legislativa y desacato del procedimiento establecido.\n         Esta cuestión surge a la consideración de la Sala por cuanto los consultantes entienden que este proyecto legislativo, al tratarse de una iniciativa popular disponía de un plazo específico para ser tramitado y votado en la Asamblea Legislativa. Explican que –en cambio- los órganos competentes se han tomado un plazo excesivo para actuar, luego de que la Sala Constitucional emitiera su primera resolución de consulta en el caso, con todo lo cual se afecta la validez del proyecto.\n         Por sentencia número 2014- 12887 de las 14:30 del 8 de agosto de 2014, se absolvió la primera consulta que se presentó respecto del proyecto de ley que aquí se analiza y allí se abordó el tema del plazo para su tramitación y votación de la iniciativa. La mayoría del Tribunal concluyó que si bien existía un plazo para la tramitación y votación de proyectos de iniciativa popular, su desatención por el órgano legislativo no podía conllevar consecuencias lesivas para el proyecto mismo, como sería su imposibilidad de concluir el proceso legislativo. Se dijo en dicha resolución, lo siguiente sobre el punto concreto:\n“ IV. (…)\nPrimeramente, debe señalarse que en el ámbito de los instrumentos internacionales de derechos humanos, existe una convergencia absoluta de estos, en consagrarle y garantizarle a las personas el derecho de participar o tomar parte directamente en el gobierno o en la dirección de los asuntos públicos de su país, así lo establecen, a título de ejemplo, los artículos 21, párrafo 1°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, 23, párrafo 1°, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969 y 25, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966.\nBajo esa óptica es que analizamos e interpretamos el artículo 123 párrafo tercero de la Constitución Política, en relación con el 9 de la misma Carta Fundamental, en cuanto indican:\nARTÍCULO 9.-\n“… El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable…”\nARTÍCULO 123.-  \n“… Los proyectos de ley de iniciativa popular deberán ser votados definitivamente en el plazo perentorio indicado en la ley,…”\n         Al respecto, según se extrae de las actas de la Asamblea Legislativa, durante la tramitación de ésta reforma, se procuró recuperar normativamente el concepto de ciudadanía, al reconocer que la participación política va más allá de la elección de representantes y que los derechos políticos se pueden manifestar de una forma más intensa en la vida política de la comunidad por medio de los instrumentos de la democracia semidirecta. En ese sentido es claro, que a través de este cuerpo normativo se ha dado un importante paso hacia el fortalecimiento de la democracia. Y continuando con la exposición de motivos, podría extraer un punto que es de suma relevancia para el análisis que nos ocupa, que consta del folio 5 al 8 del expediente legislativo 14.799, el cual hace referencia a que con ésta ley de iniciativa popular, lo que se pretende es dotar de un instrumento ágil y sencillo de participación para que sea aprovechado por los ciudadanos y de esa forma promover la participación ciudadana, en la discusión. Considera la mayoría de este Tribunal, que el plazo de 2 años, establecido en dicha Ley de Iniciativa Popular, dentro del cual debe votarse un proyecto que se encuentre bajo su amparo -a la luz del artículo 123 párrafo tercero de la Constitución Política-, no puede implicar un plazo perentorio en perjuicio de la iniciativa porque al entenderlo así estaríamos castigando a la iniciativa y participación ciudadana ante la omisión o inercia legislativa y de los grupos políticos. De las discusiones de la Indicativa Popular que constan en las actas, se extrae que efectivamente se quiso establecer un plazo de dos años, lo cual se repite una y otra vez, pero el temor de las diputadas y diputados era que la falta del mismo hiciera que el proyecto pasara indefinidamente en la corriente legislativa. El objetivo del plazo según lo entendemos se estableció a favor de la iniciativa, precluyendo algunas de las etapas anteriores (si no se hubieran realizado en el plazo) y forzando la votación en primer debate; incluso, el párrafo tercero del artículo 6, establece que aún y cuando no se hubiere dictaminado, se prescindirá de todo trámite para que el proyecto pase a primer debate en la sesión inmediata siguiente. En ese sentido, consideramos que el plazo de los 2 años no puede jugar en contra de la iniciativa popular, sino a su favor. En efecto, una interpretación integral del Ordenamiento Jurídico que tome en cuenta el contenido esencial del derecho analizado y del espíritu del legislador constituyente, permite concluir que éste delega en el legislador ordinario, el establecimiento de los mecanismos y plazos, que han de regular la iniciativa y en los que dichos proyectos deben ser votados definitivamente. Esa línea, se extrae del artículo 6 párrafo primero, de la Ley de Iniciativa Popular, que si bien estableció un plazo para que los proyectos de ley amparados a su tutela, fueran votados, también en el párrafo segundo dispuso: “Si vencido este plazo, el proyecto de ley no ha sido votado en primer debate, deberá de ser conocido y sometido a votación, en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo…” Así las cosas, se concluye que el legislador ordinario dentro del ejercicio de sus competencias y siendo consecuente con el principio de plenitud hermética del derecho, ha dispuesto un mecanismo para facilitar y hasta forzar -si fuera necesario-, la votación de un proyecto de ley surgido por iniciativa de la ciudadanía.\n         Así pues, es desde tal perspectiva que considera la mayoría de este Tribunal, que el artículo 123 de la Constitución Política, al indicar: “…Los proyectos de ley de iniciativa popular deberán ser votados definitivamente en el plazo perentorio indicado en la ley …”, quiso dotar a estos proyectos de una ventaja frente a los demás en el sentido de poner un plazo para su decisión final, y dejó en manos del legislador ordinario el mecanismo de implementación, de cómo forzar el inicio de la discusión y votación definitiva del proyecto, justamente para evitar la posibilidad de que iniciativa se abandone y fenezca por inacción. Por ello estimamos que la norma constitucional debe interpretarse en armonía con los artículos 2 y 9 de la Constitución Política y artículo 23 párrafo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 25 inciso a) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Precisamente por esa razón la ley obliga a la Asamblea Legislativa a conocer el proyecto, vencido ese plazo ( 2 años) en la sesión inmediata siguiente, con el objetivo de facilitar y hasta forzar –si fuera el caso-, que se activen las etapas siguientes del íter legislativo, dentro del que se incluye la posibilidad de formular consulta facultativa, como parte de procedimiento establecido por el legislador para resguardar el principio de supremacía de la Constitución (incorporado con la reforma de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). La iniciativa popular en la formación de la ley, es solo la fase introductoria e instauradora del procedimiento legislativo, y pese a que en este caso estamos ante un tipo de iniciativa que tiene una ley especial que la regula, una vez que ya entra en la corriente legislativa, debe seguir el mismo procedimiento de formación que cualquier otra. (…)\n         Así pues, el procedimiento legislativo es uno de los aspectos esenciales del funcionamiento de la democracia, e involucra, entre otros, la obligatoria publicidad y discusión de los proyectos de ley, precisamente para garantizar la efectiva aplicación del principio democrático, a tal punto, que los vicios sustanciales en ese procedimiento producen nulidad, declarable por esta Sala, en virtud de principios implícitos en el Derecho de la Constitución, y recogidos, por ejemplo, en los artículos 1, 2, 73 inc. c) y 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, entre otros. Por las razones indicadas no puede acogerse una interpretación aislada del párrafo primero de la norma. Actuar en ese sentido, sería aceptar la existencia de métodos que menoscaben y burlen el propio sentido de la Ley de Iniciativa Popular y vaciar el contenido esencial del instituto de la iniciativa popular para que pierda su eficacia. En resumidas cuentas, se estaría sacrificando el fondo por la forma. Como se indicó supra, por su propia naturaleza, la Ley de Iniciativa Popular busca favorecer y agilizar el procedimiento de formación de la ley, antes y después del vencimiento del plazo de dos años, con el objetivo de poner el proyecto en discusión, pero de ningún modo, pretende castigar o desechar el esfuerzo e iniciativa de los ciudadanos. (…)\n         En conclusión, y siguiendo la línea de pensamiento expuesta, en el precedente de cita, consideramos que el vencimiento del plazo de los dos años dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular de conformidad con el 123 de la Constitución Política, no constituye un vicio esencial en el procedimiento, y por el contrario tal y como lo establece la ley, debe interpretarse a favor de la iniciativa de los ciudadanos que la presentaron y de la tramitación del procedimiento legislativo. La ratio legis del plazo perentorio nos indica que el límite temporal, no es lo determinante, sino que la iniciativa se dispense para que se vote en primer debate, pero las potestades legislativas, no sufren una disminución o variación porque se realicen fuera del plazo en este caso, mucho menos si es para asegurarse la constitucionalidad del proyecto en respeto de la supremacía de la Constitución que el mismo Parlamento está obligado a observar. Por esa misma razón consideramos que, el supuesto retraso en la votación de segundo debate, por el trámite de la consulta, es una potestad plena del Parlamento, y como se señaló, el vencimiento del plazo no puede interpretarse como una caducidad de las competencias del mismo, menos si estas se ejercen para asegurar la constitucionalidad del proyecto. (…)\n         En consecuencia, resulta claro que la voluntad del legislador fue la de favorecer la discusión del proyecto, una vez trascurrido el plazo, aún y cuando, la iniciativa no hubiera sido dictaminada (que en este caso sí lo fue) de tal forma que no sea un obstáculo para su prosecución. Todo esto evidencia su afán de provocar su discusión para ser votado inicialmente en primer debate y posteriormente en segundo debate, sin que, desde nuestra perspectiva, resulte válido suponer que el proyecto de iniciativa popular al cumplir el plazo de dos años, tenga como una de sus posibilidades jurídicas, la del archivo, pues incluso esto podría permitir que el Ejecutivo o la presión de las mayorías políticas transitorias, puedan utilizar métodos de filibusterismo que controlen el plazo para que juegue en contra de los ciudadanos.”\n(Todos los destacados subrayados no pertenecen al original)\n\n\n         Siendo consecuente con la tesis sostenida en dicha sentencia debe afirmarse que el retardo que se denuncia en esta nueva consulta (esto es, el tiempo transcurrido desde el traslado del expediente a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y la aprobación del proyecto en primer debate) si bien podría resultar excesivo, no puede tenerse como presupuesto para alguna decisión que impida que el proyecto de ley avance y sea conocido y decidido por parte del Plenario Legislativo, pues ello sería festinar el mecanismo de iniciativa popular, posibilitando el uso de una sus características, para lograr su desactivación, tal y como claramente se indicó en la sentencia transcrita. Por ello, en este punto, estimo que la superación del plazo fijado en la ley de Iniciativa Popular no conllevó antes, ni podría conllevar ahora, efectos jurídicos negativos para la conclusión de un proyecto de ley de iniciativa popular y por ello contesto la consulta formulada indicando que no existe lesión esencial al Derecho de la Constitución con el desapego del plazo establecido para el trámite de leyes de iniciativa popular.\n\n\nb) violación del principio de conexidad al modificarse sustancialmente el texto original del proyecto.\n         Los consultantes exponen que el proyecto aprobado en primer debate contiene la modificación de más de 19 artículos del proyecto original. Consideran que permitir que el legislador se aproveche de un proyecto de ley que se tramita bajo el procedimiento de la iniciativa popular, consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política, para introducir cambios que desvirtúen la intención de quienes lo solicitan, es burlar y tergiversar de manera odiosa la voluntad popular, la participación ciudadana, la soberanía del pueblo costarricense. Se agrega que, el 02 de noviembre del 2017 se aprueba una moción de fondo que modifica el texto presentado por iniciativa popular, en por lo menos 19 artículos.\n         El análisis de este punto debe hacerse entonces en dos fases: primero la delimitación alcance del principio de conexidad según lo ha entendido esta Sala y segundo, si las leyes de iniciativa popular tienen algún estatus reforzado para la aplicación del citado principio. En el primer aspecto, la Sala ha sostenido la necesidad de que las modificaciones realizadas a los proyectos de ley como resultado del poder de enmienda y de la operación de la “función política transaccional”, no sean de tal entidad que resulten ajenas a la materia objeto del proyecto; se busca que no se desnaturalice el proyecto y que no se sorprenda a los Diputados y la ciudadanía con “la introducción de temas novedosos y desconocidos para los Diputados que intervienen en la dinámica legislativa…” (Resoluciones número 2000-03220 y 2008-02896). El principio de conexidad debe proteger tanto el derecho de iniciativa como el derecho de enmienda y atiende a la conservación de la materia original del proyecto:\n“Es decir, lo que se pretende con la protección que otorga ese principio no es impedir u obstruir el ejercicio de lo que la Sala ha denominado “función política transaccional” que se refiere a la posibilidad que tienen las y los diputados de ir ajustando con sus opiniones, dentro del marco que fija la iniciativa, el proyecto originalmente propuesto. Ese marco se entiende definido, fundamentalmente, por la materia sobre la que versa el Proyecto, por lo que, no podría ser excluido o modificado “a tal grado que afecte el fondo” por la vía de enmienda.” (Resolución número 2007-017104) (El subrayado no pertenece al original)\n         Y más preciso aún:\n\n\n         “no puede aprovecharse la enmienda para excluir de raíz la materia a la que el proyecto se refiere bajo la particular concepción de su proponente legítimo (ya fuera que se intente o no usurpar las ventajas de un proceso ya avanzado)…” (Resolución número 3513-94 y 2000-05496).\n\n\n         En conclusión, la conexidad impone el respeto de lo que la Sala ha denominado “la materia” del proyecto legislativo, que entiendo como el aspecto específico de la realidad, que pretende someterse a regulación normativa por parte del Estado. Con esto se busca evitar sorprender a los ciudadanos o a sus representantes los Diputados, con disposiciones jurídicas de talante imperativo respecto de las que no han tenido ningún conocimiento, ni menos aún hayan podido expresar -si lo desean- su criterio y observaciones. Pero la conexidad no puede llevarse al punto de impedir cambios en los textos propuestos en uno u otro sentido o limitarlos a aquellos que –desde una perspectiva siempre y necesariamente parcial- se consideren como “mejoras”, porque precisamente el proceso parlamentario costarricense está construido sobre la capacidad y posibilidad de los Diputados de gestionar y procurar cambios en los proyectos de ley de manera que reflejen sus criterios ideológicos y los pareceres e intereses de quienes los han elegido; esa es la esencia de un proceso democrático y no la búsqueda de inexistente objetividad por parte de los Diputados o de la condición de “bueno en sí mismo” en los proyectos. El proceso parlamentario en general –y menos uno como éste- resulta claramente ajeno –en términos generales- a la posibilidad de su valoración mediante criterios materiales de calidad, porque no se trata del resultado de un trabajo de expertos o profesionales sino el producto de consensos, entendimientos y negociación entre las diferentes fuerzas y perspectivas vitales representadas en la Asamblea Legislativa De tal modo, no parece que tenga sentido entender que el trámite parlamentario de un texto presentado, deba limitarse a su aprobación o rechazo tal cual sucede con los textos de los instrumentos internacionales en donde ello debe ser así por obvias razones.\n         En el segundo aspecto, discrepo de la tesis de los consultantes respecto de que los proyectos de iniciativa popular deban tener una ventaja (o, según el punto de vista, la desventaja) de ser requerir una aplicación más constreñida del principio de conexidad. La estructuración normativa del procedimiento de formación de la ley en los proyecto de iniciativa popular, se agota esencialmente en la cuestión de la presentación del proyecto y en el tema de los plazos, de manera que la Constitución Política no tiene ninguna regla que los distinga en un aspecto tan relevante y clave del proceso legislativo democrático como lo sería la limitación del poder de enmienda de los Diputados sobre la propuesta. Tal y como se dijo en la sentencia 2014-12887 recién citada:\n“… La iniciativa popular en la formación de la ley, es solo la fase introductoria e instauradora del procedimiento legislativo, y pese a que en este caso estamos ante un tipo de iniciativa que tiene una ley especial que la regula, una vez que ya entra en la corriente legislativa, debe seguir el mismo procedimiento de formación que cualquier otra.”\n\n\n         Sostengo además, que semejante aminoramiento de una potestad clave de los representantes que conforman el órgano democrático por excelencia debería estar expresamente establecida y no tiene esta Sala el poder suficiente para construirla en ausencia de texto expreso. Finalmente, dije más arriba que una concepción semejante podría representar más bien un golpe para desvirtuar el uso y utilidad de los proyectos de iniciativa popular. Según entiendo, cuando un grupo de ciudadanos reúne las firmas necesarias para presentar un proyecto de ley, pretende lograr que la materia del mismo sea sometida a discusión en la Asamblea Legislativa porque les parece necesario normal ese preciso aspecto de la realidad que regula el proyecto. El endurecimiento del principio de conexidad, no solo significaría una bondad, pues ese impedimento de negociación de los textos podría fácilmente resultar en la simple improbación de la iniciativa por parte de los Diputados que están en contra de alguna parte del texto, y el resultado será que los ciudadanos verán frustrado su interés en regular legislativamente y de alguna forma útil, la materia del proyecto. En fin, el concepto de “todo o nada” no solo es ajeno a nuestro proceso parlamentario, sino que aplicado a los proyectos de iniciativa popular, es más que probable que le genere efectos negativos por la sencilla razón de que si el tema contara con el favor y apoyo de una enorme mayoría de los ciudadanos, obviamente habría sido captado por los Diputados a través del proceso normal de iniciativa parlamentaria.\n\n2.- Sobre la consulta por el fondo del proyecto de ley número 17742.\n\nLos consultantes también plantean a este Tribunal su criterio sobre la conformidad constitucional de varias normas contenidas en el proyecto de ley por entender que lesionan disposiciones de orden material recogidas en la Constitución Política. En general, exponen que algunas de las propuestas normativas implican una disminución en el grado de protección del derecho fundamental al ambiente alcanzado por el ordenamiento jurídico costarricense, pero sin que exista ninguna razón válida, ni menos aún, existan los fundamentos técnicos que justifiquen dicha decisión. No obstante, además de esa línea genérica, los planteamientos de los consultantes presentan diversos aspectos y características que impiden su consideración en conjunto de manera que corresponde un análisis particularizado de cada uno, según se hace de seguido:\n\nA) Consulta sobre los artículos 3.29 y 3.35 del proyecto. Consideran los consultantes que, el inciso 29 del artículo 3, al establecer la profundidad de los pozos artesanales en máximo 20 metros, sin aportar estudios técnicos que lo justifiquen, es violatorio del derecho al ambiente. Lo mismo sucede con el inciso 35 del artículo 3, que establece como “uso doméstico”, el aprovechamiento del agua para satisfacer las necesidades de la actividad de de riego y de ganadería en fincas con extensiones menores a 35 hectáreas, sin aportar estudios técnicos que lo justifiquen. Los textos consultados son los siguientes:\n\n“ARTÍCULO 3- Definiciones\n\nPara efectos de esta ley se define lo siguiente:\n\n(…)\n\n29) Pozos artesanales: aprovechamiento de agua subterránea mediante la excavación manual de un pozo de gran diámetro y poca profundidad (máxima de veinte metros, 20m), puntera o galería de infiltración.\n\n(…)\n\n35) Uso doméstico: agua destinada a satisfacer las necesidades de un núcleo familiar o particular, incluido su uso, para satisfacer necesidades básicas de las fincas agropecuarias; en agricultura, para riego en un área no mayor a una hectárea (1 ha); en ganadería, en fincas de pequeños productores con extensiones menores a treinta y cinco hectáreas (35 ha) para suministro en abrevaderos, mantenimiento de instalaciones y establos.”\n\nResulta claro que el artículo 3 lo que hace es recoger un grupo amplio de definiciones que servirán para la comprensión y aplicación del texto legislativo y desde tal perspectiva resulta errado atribuirles a dichas normas un efecto jurídico por sí mismas. Es patente que definir un pozo artesanal como aquel con una profundidad máxima de veinte metros; o indicar que la noción de uso doméstico del agua incluye actividades de riego de hasta una hectárea, o bien el uso del agua en abrevaderos, instalaciones y establos cuando el terreno no exceda las 35 hectáreas, no conlleva -en sí mismo- ningún efecto dañino para el ambiente. El eventual daño al ambiente se podría producir al momento de asignar consecuencias jurídicas de algún tipo a tales definiciones o bien al asignar, o dejar de asignar, determinados controles y reglas con fundamento en tales definiciones, situación que no se expone ni se desprende de la consulta planteada. Lo anterior deja claro que los textos discutidos por sí mismos no presentan ninguna lesión -por sí mismo-, al derecho al ambiente o a sus principios. Naturalmente que la eventual lesión que la normativa pudiere producir por sus efectos, en actos de aplicación concreta, tiene abierta la vía de control jurisdiccional para la tutela judicial efectiva de la protección al ambiente en las distintas modalidades que establece el ordenamiento jurídico tanto en sede contenciosa como en sede constitucional.\n\nB) Eliminación de los artículos 14, 15, 16 y 68 del proyecto original.\n\nPlantean los consultantes que la eliminación de los artículos 14, 15, 16 y 68 del proyecto viola el artículo 123 Constitucional, pues consideran que al haberse presentado este proyecto mediante el mecanismo de la iniciativa popular, acompañada de más de ciento cincuenta mil firmas de apoyo, no era posible eliminar del texto base los citados textos en los cuales se dispone la creación de los Consejos de unidad hidrológica y sus funciones; los comités auxiliares de unidad hidrológica y la participación del Consejo de unidad hidrológica, en las actuaciones de la Dirección Nacional de Aguas (DINA). Se afirma que el legislador trasgredió los límites razonables de la iniciativa popular al eliminar estas disposiciones. Sobre este tema concreto, lo que se alega es la violación de los alcances de la iniciativa popular según están recogidos en el artículo 123 de la Constitución, sin embargo, tal como se señaló supra cuando se tocó el tema de los alcances del principio de conexidad, no existe en el citado artículo constitucional, ni en ninguna otra norma o principio recogido en la Carta Fundamental, la rigidez e invariabilidad que los consultantes afirman como parte integrante de los proyectos de iniciativa popular. El hecho de que se hable de más de 150 mil firmas que han apoyado el proyecto no asegura que todos ellos estuvieran de acuerdo con cada uno de los contenidos del proyecto y de la fórmula textual en la cual quedaron expresados y además, es claro que tal cantidad de personas resulta una clara minoría respecto de la población costarricense e incluso resulta mucho menor que la población nacional representada en el Parlamento, por la cantidad de Diputados que aprobaron el texto final del proyecto. Así las cosas, esta consulta por la supuesta afectación del artículo 123 de la Constitución Política debe absolverse señalando que no existe infracción alguna de dicho texto constitucional.\n\nC) Consulta sobre el artículo 29 del proyecto.\n\nSe afirma que el nuevo texto del artículo 29 genera un debilitamiento de áreas de protección del recurso hídrico sin que existan estudios técnicos que así lo hagan aconsejable. Se señala que dicho artículo omite la obligación de reforestar el resto del área de protección, lo cual implica que se permitiría el aprovechamiento forestal en detrimento de la protección vigente, sin contar con los estudios técnicos que permitan asegurar que no se producirá un impacto negativo sobre las fuentes de agua, lo cual es violatorio del derecho al ambiente. Se apunta que de acuerdo a la legislación vigente, el área de protección de las nacientes permanentes corresponde a un radio de 100 metros y de 200 metros cuando se trata de una naciente captada para uso poblacional, pero el proyecto de ley consultado reduce su conservación a 5 metros, según el artículo 29 consultado. Con esta disposición se está permitiendo, de manera encubierta, el aprovechamiento de las áreas de protección en la legislación vigente, así como su menoscabo y debilitamiento, sin contar con estudios técnicos que justifiquen que solo se reforestan 5 metros como establece la norma consultada.\n\nAl respecto, cabe decir que la lectura del texto de la norma que hacen los consultantes no coincide con lo que facialmente recoge la disposición consultada. El artículo 29 del proyecto señala:\n\n“ARTÍCULO 29- Reposición de la cobertura en las áreas de protección\n\nTodo propietario o poseedor de terrenos en los que se encuentren cuerpos de agua o colinden con ellos, en cuyos márgenes haya sido eliminada la cobertura arbórea en las áreas de protección, como primera medida de reposición de cobertura deberá reforestarlas a una distancia de cinco metros (5 m) medidos horizontalmente a partir del nivel de agua más alto del cauce, de dichos cuerpos de agua, en todo el trayecto y su curso, comprendido en la respectiva propiedad.\n\nPara reforestar se utilizarán especies nativas o se permitirá la regeneración natural en esas áreas.\n\nSe autoriza al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) para que destine recursos para el pago por servicios ambientales en esas áreas.”\n\nComo puede apreciarse, el citado texto no menciona en absoluto -y menos aún pretende regular las distancias de las áreas de protección, sino que limita su alcance a definir una obligación de los dueños y poseedores, cual es la de reforestar por su cuenta, en una distancia de 5 metros a partir del borde del cauce del cuerpo de agua. Se trata de una obligación independiente y adicional a la establecida por la definición de área de protección, como puede advertirse fácilmente con la lectura de los artículos del proyecto anteriores al 29, en los que se regulan de forma concreta y detallada el tema de las áreas de protección:\n\n“ARTÍCULO 25- Objeto de las áreas de protección\nLas áreas de protección tienen como objeto la conservación, recuperación y sostenibilidad en términos de cantidad y calidad de los cuerpos de agua y sus cauces, así como de los acuíferos y la recarga y descarga de aguas subterráneas. La protección de las áreas se constituye en una acción prioritaria y estratégica en la gestión integrada del recurso hídrico.\n\n\nARTÍCULO 26- Áreas de protección\nSe declaran áreas de protección las siguientes:\na) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros (100 m) medidos de forma horizontal.\nb) Una franja de quince metros (15 m) en zona rural y de diez metros (10 m) en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros (50 m) horizontales, si el terreno es quebrado.\nc) Una zona de cincuenta metros (50 m) medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados.\nd) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. Los terrenos que resulten incluidos en las áreas de protección no modificarán su titularidad, por lo que mantendrán el régimen privado o público de la propiedad, con las limitaciones establecidas en la presente ley. Los propietarios y poseedores privados de los inmuebles donde se ubiquen esas áreas deberán permitir el libre acceso a los funcionarios, debidamente identificados, de la Dirección Nacional de Aguas, a fin de que se practiquen las inspecciones y los estudios correspondientes.\n\n\nARTÍCULO 27- Áreas de protección de manantiales para uso poblacional.\nCuando un manantial de flujo permanente se destine al abastecimiento de poblaciones por parte de un ente prestatario de servicio público y sea inscrito en el Registro, deberá respetar un área de protección de un radio de doscientos metros (200m). Mediando resolución razonada por su importancia, en términos de cantidad y calidad para el aprovechamiento, que justifique una mayor protección, la Dirección Nacional de Aguas podrá aumentar esta área de protección, con base en estudios técnicos y considerando por lo menos criterios de tiempo de flujo horizontal, distancia de flujo horizontal, persistencia, toxicidad y dilución de contaminantes, así como el tipo de acuífero.\nCuando el ajuste implique un exceso más allá del radio de doscientos metros (200m) del área de captura del manantial, el propietario del inmueble, a favor del cual se encuentra inscrito el manantial a proteger, deberá ser indemnizado por el ente prestatario del servicio público.\nLa resolución que dicte la Dirección Nacional de Aguas, al incrementar el área de protección más allá del radio de doscientos metros (200 m) del área de captura del manantial, podrá ser objeto de los recursos ordinarios de revocatoria y apelación.\nEl recurso de revocatoria deberá ser interpuesto dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo objeto de la impugnación.\nUna vez resuelto el recurso, el afectado contará con un plazo de cinco días hábiles adicionales para interponer el respectivo recurso de apelación. No obstante, la apelación podrá interponerse de forma concomitante con el recurso de revocatoria. El recurso de apelación será resuelto por el ministro de Ambiente y Energía, quien dará por agotada la vía administrativa.\n\n\nARTÍCULO 28- Prohibición para talar en áreas de protección.\nSe prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en los artículos 29, 30 y 31 de esta ley, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional y las obras o actividades realizadas para la protección, recuperación, captación y aprovechamiento del agua que autorice la Dirección Nacional de Aguas. Los alineamientos que deban tramitarse, en relación con estas áreas, serán realizados por la Dirección Nacional de Aguas, con base en estudios técnicos.”\n\n\n\n\nCon base en los anteriores razonamientos y de acuerdo a los textos recién citados, se concluye que el artículo 29 del proyecto, al no referirse al tema de las áreas de protección, no disminuye el alcance de la protección actual en este aspecto puntual y por ello mismo no presenta roces con el artículo 50 Constitucional.\n\nD) Consulta sobre los artículos 31, 126.2 y 126.3 en cuanto a la disminución de competencias del SENARA, por violación al derecho al ambiente: Los consultantes estiman que las disposiciones contenidas en los artículos 31, 126.2 y 126.3 del proyecto consultado, eliminan las funciones de protección de todos los acuíferos del país, que actualmente realiza el SENARA con criterio vinculante y establecen que sólo se protegerán los acuíferos que determine el MINAE por decreto ejecutivo, dejando desprotegidos todos los demás acuíferos y debilita el sistema jurídico protector del recurso hídrico, en violación al derecho del ambiente. Se afirma que las funciones técnicas asignadas al SENARA son una garantía de contrapeso al poder político, de manera que, la eliminación de las funciones básicas del SENARA y la pérdida del carácter vinculante de sus resoluciones, deja la protección del recurso hídrico a la libre disposición del Poder Ejecutivo. De igual forma, se limita de SENARA a “proyectos y distritos de riego”, con lo cual los ciudadanos se ven despojados de una garantía que hoy ostentan, como es el tener una entidad con criterio técnico e independiente, que pueda emitir criterios técnico-científicos con carácter vinculante para toda la Administración Pública. La consulta se realiza entonces sobre la base de que la supuesta disminución de las funciones del SENARA repercute directa y sustancialmente en su aporte a la protección del medio ambiente dentro del ordenamiento actual. Así, debe analizarse el texto de las propuestas normativas para verificar si realmente es como señalan los consultantes: en primer término, el artículo 31 del proyecto señala:\n\n“ARTÍCULO 31- Protección de acuíferos\n\nCuando la Dirección Nacional de Aguas haya realizado estudios que demuestren la vulnerabilidad de un acuífero de importancia social, ambiental y económica, que justifiquen su protección, el Ministerio de Ambiente y Energía, mediante decreto ejecutivo, declarará su protección y regulará las actividades permitidas en las respectivas zonas de recarga y descarga. La delimitación, el manejo y la protección del acuífero deberán fundamentarse en las reglas de la ciencia y la técnica; la categorización del acuífero será definida mediante reglamento, según su vulnerabilidad.”\n\nUna lectura del texto propuesto hace que se descarte cualquier afectación a las labores protección encargadas al SENARA, pues el texto pretende regular la potestad del MINAE de declarar necesariamente la protección de ciertos acuíferos de importancia, social ambiental o económica, que demuestran una vulnerabilidad. Esa actuación no incide, según el alcance del texto, con las funciones asignadas al SENARA de manera que en este caso no existe ninguna afectación al derecho al ambiente.\n\nPor su parte, el artículo 126 propuesto sí propone cambios en las funciones del SENARA y lo hace proponiendo la reforma de algunos temas muy puntuales de su Ley reguladora, número 6877, según el siguiente texto:\n\n\n\n\n“ARTÍCULO 126-\n\nModificaciones. Esta ley modifica las siguientes disposiciones: (…)\n\n2) Se reforma la Ley N. °6877, Creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, de 18 de julio de 1983, para que donde dice: “Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento” en adelante se lea “Servicio Nacional de Riego y Avenamiento”. Además, en todos los casos donde dicha ley diga “distrito de riego” se lea: “proyectos y distritos de riego”.\n\n3) Se reforman los incisos a) y b) del artículo 2, los incisos a), ch), e) y h) del artículo 3 y los incisos a), ch), y d) del artículo 4 de la Ley N. °6877, Creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, de 18 de julio de 1983. Los textos son los siguientes:\n\n\n\n\nArtículo 2- Son objetivos del Senara: a) Fomentar el desarrollo agropecuario y acuícola en el país, mediante el establecimiento y funcionamiento de sistemas de riego, avenamiento y protección contra inundaciones. b) Procurar el aprovechamiento óptimo y justo de los recursos de tierras y aguas, tanto superficiales como subterráneas, en las actividades agropecuarias y acuícolas del país, sean estas de carácter privado, colectivo o cooperativo, en los proyectos y distritos de riego. […]\n\n\n\n\nArtículo 3- Son funciones del Senara: a) Elaborar y ejecutar una política justa de aprovechamiento y distribución del agua para fines agropecuarios, de forma armónica con las posibilidades óptimas de uso de suelo y los demás recursos naturales en los distritos de riego. Para llevar a cabo sus funciones deberá contar de previo con la concesión de agua otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). […] ch) Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, en los proyectos y distritos de riego específicos. […] e) Apoyar a la Dirección de Aguas y al Ministerio de Ambiente y Energía en las investigaciones hidrológicas e hidrogeológicas que se requieran realizar en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de esas cuencas, a fin de propiciar el fomento y desarrollo de las actividades agroproductivas; así como realizar estas investigaciones y las socioeconómicas y ambientales en las áreas y regiones en que sea factible establecer distritos de riego y avenamiento. […] h) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia, de conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 2 de la presente ley. Las decisiones que por este motivo adopte el Servicio podrán apelarse durante el décimo día por razones de legalidad ante el Tribunal Superior Contencioso-Administrativo. El Tribunal resolverá en un plazo máximo de noventa días. […]\n\n\n\n\nArtículo 4- […] a) Mejoramiento, conservación y protección de los suelos en los distritos específicos de riego y avenamiento. Deberá coordinar acciones con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en cuanto al manejo, la conservación y la recuperación de suelos en los distritos de riego. En materia de recurso hídrico, deberá coordinar con la Dirección Nacional de Aguas y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) la protección y conservación de este recurso, en las cuencas hidrográficas de dichos distritos, propiciando, en todo caso, el fomento y desarrollo de las actividades agroproductivas, a partir del aprovechamiento sostenible del agua. […] ch) Elaboración y actualización de un inventario de las aguas con potencial uso para efectos de su aprovechamiento en los proyectos y distrito de riego. d) usuarios de aguas en los proyectos y distritos de riego. […]”\n\nDe la confrontación con los textos actuales, se observa que los cambios en los incisos a) y b) del artículo 2 no tendrían consecuencia alguna en la participación actual del SENARA en la protección ambiental, pues los cambios son de menor entidad y buscan definir expresamente su participación en la actividad acuícola. Sobre los cambios al artículo 3 de la Ley 6877, se puede concluir que el inciso ch) en su nueva redacción, reduce la competencia del SENARA protección del recurso hídrico, para que opere únicamente dentro de los distritos de riego específicos; el nuevo inciso e) lo limita a apoyar las acciones del Ministerio en materia de recurso hídrico y el inciso h) le resta la característica actual de que sus decisiones sobre perforación de pozos y manejo y mantenimiento de las aguas, sean de acatamiento obligatorio como en la actualidad. Por último, la nueva versión del artículo 4 de la Ley 6877 solo contiene, en el inciso a), una limitación a la capacidad de SENARA de intervenir en el mejoramiento y conservación y protección al recurso hídrico, pues lo reduce a aquellas cuencas hidrográficas que se ubiquen en los distritos de riego.\n\nAhora bien, aunque de algunos de los textos citados se ha indicado que reducen la participación del SENARA en el tema de la protección del recurso hídrico y que ello automáticamente implica una desprotección del recurso hídrico, lo cierto es que los consultantes no aportan elementos de juicio que me permitan asumir que el recurso hídrico queda desprotegido por el sólo cambio de funciones por razones estructurales dentro del Estado costarricense. Desde el punto de vista constitucional, lo que interesa es que exista una protección efectiva del Estado al recurso hídrico, pero no tiene el Senara un rango constitucional que impida al legislador, modificar la estructura del Estado en esta materia y en ese sentido, lo importante es que la protección del Estado exista y sea efectiva, sin que resulte determinante el nombre, la ubicación o el diseño orgánico y funcional de la dependencia del Estado que la otorgue. El proyecto estudiado, en efecto, establece un diseño distinto, con la creación de órganos estatales con amplias competencias como la Dirección Nacional de Aguas y el propio Ministerio de Ambiente y Energía y dado que los consultantes no profundizan en este punto, para demostrar que ese cambio significa per sé una desprotección, debe indicarse que, con los elementos de juicio accesibles al Tribunal en esta consulta, lo que corresponde es señalar la modificación de las competencias del SENARA, no lesionan por sí mismas, el artículo 50 de la Constitución Política, lo anterior sin perjuicio de que en casos de aplicación concreta, se pueda demostrar lo contrario, en cuyo caso, el principio de no regresión en materia ambiental, me obligaría a un pronunciamiento distinto sobre el tema.\n\nD) Consultas sobre el artículo 125.a que hace una derogatoria del artículo 31 de la Ley de Aguas. Consideran los consultantes que la derogatoria de la Ley de Aguas y en particular lo contenido en su artículo 31 que creó importantes áreas de reserva de dominio a favor de la Nación para la protección de las fuentes de agua, afecta el marco de protección ambiental sin una justificación técnica y sin resguardar o sustituir el contenido de dicha norma en otra parte del articulado. Se advierte la existencia de una desafectación encubierta que excluye del dominio público todas las áreas de protección de tomas surtidoras de agua potable que existen en el país sin analizar las implicaciones de cada caso concreto. En este punto concreto, debe observarse que en efecto el proyecto pretende hacer una revisión integral del régimen del recurso hídrico en nuestro país, lo cual implica un replanteamiento de los distintos conceptos e institutos sobre el tema y que el legislador ha estimado como los apropiados para servir a la regulación del recurso hídrico en nuestro tiempo. Empero, resulta inasumible, en el marco de esta consulta y sin la puntualización debida por parte de quienes consultan sobre el tema, adentrarse en el análisis de todo el régimen como un todo para determinar si en efecto, en su nuevo diseño legislativo la normativa propuesta genera, de forma neta, una disminución injustificada e insostenible del grado de protección del citado artículo 31 de la Ley de Aguas. No sobra decir que el punto había sido ya planteado en la anterior consulta sobre este proyecto y la mayoría de la Sala sostuvo en el voto número 2014-012887:\n\n“Respecto de este extremo, ciertamente se constata que el proyecto, desde su versión de origen, deroga toda la Ley de Aguas. Sin embargo, como verificar si lo que establecía el art. 31 de la Ley de Aguas fue en efecto obviado en el proyecto, o si por el contrario fue retomado en otras normas, implica un examen de todo el proyecto, más allá de lo consultado, esta Sala omite pronunciamiento al respecto. Máxime que se observa, solo a modo de ejemplo, que algunas de las siguientes normas contienen disposiciones similares a la que se deroga: (…) Así entonces, conforme a algunas normas citadas, el proyecto consultado ha dispuesto un marco de regulación y protección, en diferentes numerales, que podrían ser considerados más amplios que el artículo 31 de la Ley de Aguas, o que, en todo caso, su análisis excede las competencias de esta Sala, por no haber sido expresamente detallado en la consulta…”\n\nE) consulta sobre los artículos 29 y 126 inciso 7 del proyecto. En este punto se plantea una lesión al principio de no regresión en materia ambiental pues se dice que los artículos citados del proyecto eliminan la sanción contenida actualmente en la Ley Forestal para quienes aprovechen recursos forestales dentro de áreas de protección que en esa misma ley se definen. Se explica que el proyecto elimina la descripción de la Ley Forestal de las áreas de protección y modifica el delito contenido en el artículo 34 de dicha ley, pero reduciendo su alcance con lo que se afecta la obligada protección que se debe a las zonas de protección. En este punto, al realizar la confrontación de los textos actuales de la Ley Forestal y las propuestas normativas para regular el tema, se observa que llevan razón los consultantes. El proyecto de ley analizado contiene una descripción de lo que entiende por áreas de protección en distintas modalidades y zonas las cuales están contenidas en los artículos del 26 al 32 del proyecto, ambos inclusive; tales descripciones coinciden grosso modo con las descritas en el vigente artículo 33 de la Ley Forestal y es respecto de ellas que el artículo 34 de dicha Ley sanciona cualquier actividad de aprovechamiento forestal. Sin embargo, el numeral 126 inciso 7 del proyecto propone los siguientes nuevos textos para los artículos 33 y 34 de la ley Forestal:\n\nArtículo 33- Áreas de protección\nEn lo relativo a la regulación y delimitación de las áreas de protección debe aplicarse la normativa establecida en la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico vigente.\n\n\nArtículo 34-Prohibición para talar en áreas protegidas\nSe prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en los artículos 29, 30 y 32 de la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, excepto en proyectos declarados, por el Poder Ejecutivo, como de conveniencia nacional y las obras o actividades realizadas para la protección, la recuperación, la captación y el aprovechamiento del agua que autorice la Dirección Nacional de Aguas. Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas serán realizados por la Dirección Nacional de Aguas, con base en estudios técnicos.(el destacado no es del original)\n\nPuede apreciarse que han quedado por fuera de esta prohibición de aprovechamiento forestal las áreas de protección que el mismo proyecto de ley establece en sus artículos 26, 27 y, 30, que describen áreas de protección que sí están cubiertas actualmente en el artículo 33 de la Ley Forestal, a saber, las siguientes:\n\nARTÍCULO 26- Áreas de protección\nSe declaran áreas de protección las siguientes:\na) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros (100 m) medidos de forma horizontal.\nb) Una franja de quince metros (15 m) en zona rural y de diez metros (10 m) en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros (50 m) horizontales, si el terreno es quebrado.\nc) Una zona de cincuenta metros (50 m) medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados.\nd) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. Los terrenos que resulten incluidos en las áreas de protección no modificarán su titularidad, por lo que mantendrán el régimen privado o público de la propiedad, con las limitaciones establecidas en la presente ley. Los propietarios y poseedores privados de los inmuebles donde se ubiquen esas áreas deberán permitir el libre acceso a los funcionarios, debidamente identificados, de la Dirección Nacional de Aguas, a fin de que se practiquen las inspecciones y los estudios correspondientes.\n\n\nARTÍCULO 27- Áreas de protección de manantiales para uso poblacional.\nCuando un manantial de flujo permanente se destine al abastecimiento de poblaciones por parte de un ente prestatario de servicio público y sea inscrito en el Registro, deberá respetar un área de protección de un radio de doscientos metros (200 m). Mediando resolución razonada por su importancia, en términos de cantidad y calidad para el aprovechamiento, que justifique una mayor protección, la Dirección Nacional de Aguas podrá aumentar esta área de protección, con base en estudios técnicos y considerando por lo menos criterios de tiempo de flujo horizontal, distancia de flujo horizontal, persistencia, toxicidad y dilución de contaminantes, así como el tipo de acuífero.\nCuando el ajuste implique un exceso más allá del radio de doscientos metros (200 m) del área de captura del manantial, el propietario del inmueble, a favor del cual se encuentra inscrito el manantial a proteger, deberá ser indemnizado por el ente prestatario del servicio público.\nLa resolución que dicte la Dirección Nacional de Aguas, al incrementar el área de protección más allá del radio de doscientos metros (200 m) del área de captura del manantial, podrá ser objeto de los recursos ordinarios de revocatoria y apelación.\nEl recurso de revocatoria deberá ser interpuesto dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo objeto de la impugnación.\nUna vez resuelto el recurso, el afectado contará con un plazo de cinco días hábiles adicionales para interponer el respectivo recurso de apelación. No obstante, la apelación podrá interponerse de forma concomitante con el recurso de revocatoria. El recurso de apelación será resuelto por el ministro de Ambiente y Energía, quien dará por agotada la vía administrativa.\nARTÍCULO 30- Área operacional del pozo\nSe debe guardar una distancia de retiro de seguridad operacional del pozo hasta de diez metros (10 m) de radio, entendida como la distancia inmediata al pozo para brindarle seguridad y protección, así como para permitir el acceso a la operación y el mantenimiento del sistema. La Dirección Nacional de Aguas requerirá estudio técnico de tránsito de contaminantes, previo a autorizar la distancia de retiro sanitario de operación del pozo.\nEn esa área de retiro de seguridad operacional del pozo hasta de diez metros (10 m) no se permitirá realizar actividades humanas que puedan contaminar directamente las aguas subterráneas, si no cumplen con la viabilidad expresada en el estudio técnico de tránsito de contaminantes.\nSe entiende entonces que las áreas de protección, actualmente aseguradas en su integridad por la combinación de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, quedarían seriamente mermadas en la defensa de su cobertura boscosa, si prevalece el texto que se propone en el proyecto de ley estudiado, situación que, según se deriva el sentido común y del conocimiento actual, contraviene la necesidad establecida de una protección del bosque aledaño, como elemento fundamental para el mantenimiento de las zonas donde se concentra el recurso hídrico. Así pues en este caso concreto, resulta imperativo declarar que la redacción actual del artículo 126 y inciso 7 del proyecto, que modifica los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, sí resulta contrario al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en su modalidad de no regresión en materia ambiental. Por su parte, en lo que toca al artículo 29, de su lectura se observa que, como se dijo más arriba, no contiene ninguna descripción de alguna zona de protección y por ende su defecto sería el de generar a futuro una inocuidad de la prohibición y sanción que se establece concretamente respecto la obligación recogida en dicha norma, situación que no resulta ser de alcance constitucional por no afectar sustancialmente el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n\n         III.- ARGUMENTOS ADICIONALES DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Si bien comparto el criterio de mayoría según el cual el proyecto consultado resulta constitucionalmente inviable, estimo conveniente agregar los siguientes argumentos. De previo aclaro que suscribí el voto de la Sala número 2012-015840 porque en efecto, consideré que el plazo de votación para un proyecto de iniciativa popular, es perentorio. Luego, pese al vencimiento del plazo, en la primera consulta de este proyecto, suscribí el voto de mayoría (y no el de minoría, que ahora en este voto es de mayoría) porque estimé prudente, en ese momento, darle una oportunidad al proyecto y que el plazo perentorio no aplicara\n\n\n en contra, sino a favor del trámite. En este caso, habiéndose superado, sobradamente y desproporcionalmente el límite temporal que establece la Constitución, asumo la tesis sobre la perentoriedad del plazo, considerando, al igual que lo hace la mayoría, que el trámite legislativo del proyecto consultado, ha caducado, por esta razón, no puede continuar el procedimiento legislativo y la consulta es inevacuable. Es una lástima que una iniciativa popular naufrague en el parlamento, a causa de una tramitación accidentada e irrazonablemente prolongada. En algún momento se le dio la espalda al espíritu y los objetivos democráticos de la consulta. Los derechos fundamentales de la democracia real, brillan más en los proyectos de ley de iniciativa popular, esta condición exige en el procedimiento parlamentario una mayor sensibilidad frente a la voz del ciudadano; el principio de representación del parlamentario está más cerca de la democracia directa, que es la más alta aspiración de un régimen democrático. La historia legislativa del recurso hídrico y su protección, es accidentada y muy contradictoria. Es oportuno recordar, que no se pudo constitucionalizar el agua como un bien de interés social. No fue posible consignar en la Constitución, la demanialidad del agua. Muchas razones impidieron que la Constitución no reconociera, expresamente, un derecho  fundamental tan importante.  Tantos intereses que concita el recurso hídrico, muchos de ellos protegidos por una densa opacidad.  Han pasado más de quince años sin una reforma constitucional sobre un tema tan relevante. Si se hubiera hecho, se podría impedir que mediante un tratado comercial, se pueda disponer libremente de la exportación del agua. Además,  la demanialidad del agua garantizaría que el Estado, por mandato constitucional, planifique la sostenibilidad, pureza y salubridad del recurso, otorgando las concesiones que permitan su utilización. La demanialidad del recurso hídrico también permitiría, en caso de escasez en las cuencas del país, que las comunidades y los habitantes tengan prioridad sobre la actividad económica que se desarrolla con dicho recurso. No parece fácil que los intereses comunitarios, en su mejor expresión, prevalezcan sobre intereses sectoriales o privados respecto de un bien de tanta relevancia como el agua. Los esfuerzos de la ex-diputada Joyce Zürcher y otros académicos y representantes de la sociedad civil, que impulsaron la constitucionalización del recurso hídrico, no lograron ningún éxito. Nadie duda, que la propiedad debe ser un derecho constitucionalmente reconocido, pero al mismo tiempo, no debería existir ninguna duda sobre la demanialidad del agua, un recurso fundamental para la salud,  el ambiente y la supervivencia de toda la población. La defensa de los intereses colectivos tiene una ruta plagada de obstáculos, silencios y omisiones.  Esta es una de las páginas más oscuras en la ruta por la construcción de una sociedad más participativa y más equitativa, porque no cabe la menor duda, que la demanialidad del recurso hídrico, es una exigencia para la democracia y la expansión de los derechos fundamentales. Después del frustrante naufragio de la constitucionalizacion del recurso hídrico, se produce, en un segundo acto, el accidentado proceso legislativo en el que se tramitó la ley de iniciativa popular sobre el recurso hídrico. No hubo una buena sintonía entre los legisladores y los ciudadanos que presentaron una iniciativa de ley sobre el recurso hídrico. La representación popular se transforma cuando recibe el mandato de un grupo importante de ciudadanos. Nuevamente, no fue posible que un bien de tanta relevancia social y ambiental, tuviera un estatuto que protegiera el derecho al agua como un bien de interés comunitario. La iniciativa ciudadana original, se fue diluyendo y desnaturalizando. Analizando la consulta, encuentro evidencia que demuestra el debilitamiento y desnaturalización del proyecto de iniciativa ciudadana. Los vicios de forma y de fondo que expondré, demuestran la inviabilidad del proyecto consultado.  \nA. VICIOS DE PROCEDIMIENTO\n1) Imposibilidad de mociones de fondo. Habiéndose ya establecido en el voto que resuelve la primera consulta facultativa de constitucionalidad, que el plazo de votación de este proyecto se encontraba  vencido, al continuar el trámite en la Asamblea Legislativa, luego del voto de dicha primera consulta, ya no era admisible la posibilidad de hacerle modificaciones al proyecto, salvo las variaciones relacionadas con los temas señalados por la Sala Constitucional en la consulta facultativa. En ese sentido, resultaba improcedente habilitar la posibilidad de presentar mociones de fondo, y que el Plenario se convirtiera en Comisión General para conocer de dichas mociones. Una vez evacuada la primera consulta facultativa de constitucionalidad, el trámite no podía prolongarse,  ni tampoco podía modificarse el contenido del proyecto, más allá de lo señalado por la Sala. Así entonces, el proyecto debía haber sido votado sin mayor prolongación en el tiempo, pues de lo contrario se estaría frente a una vulneración, además, al espíritu del artículo 123 Constitucional cuando indica que el “plazo es perentorio”. De manera que el plazo responde a una función y una garantía constitucional. El legislador no puede ignorar la voluntad ciudadana expresada en la iniciativa popular, retrotrayendo el proyecto a etapas ya cumplidas. La consecuencia de ello sería la nulidad de todo lo actuado, por la ruptura de una formalidad que define una secuencia procesal. No cabe la menor duda que tratándose de proyectos de iniciativa popular, existen ciertas limitaciones al procedimiento legislativo relacionadas con la preservación de la voluntad del ciudadano legislador. La convergencia entre la voluntad del representante popular y la voluntad expresada por el pueblo legislador, requiere una cuidadosa intervención del diputado, para que su posición privilegiada no anule la voluntad de los ciudadanos que han propuesto una ley. La intervención prolongada de los legisladores, desnaturalizando algunos de los objetivos fundamentales de la iniciativa planteada por los ciudadanos, socavó el espíritu y propósito del pueblo-legislador.  \n2) Violación al principio de conexidad . Considero, además, que, en tratándose de asuntos de iniciativa popular el principio de conexidad es más estricto y más riguroso, lo cual impone una obligación reforzada de necesaria conexión entre el texto del proyecto original y el texto aprobado finalmente. En este caso, entonces, el tema del principio de conexidad es más grave, las variaciones del legislador no pueden ignorar el proyecto original, y el derecho de enmienda se encontraría limitado por la obligación de mantener la esencia del proyecto original. Ahora bien, los consultantes exponen un cuadro, que contiene la modificación de más de 19 artículos del proyecto original. Consideran que permitir que el legislador se aproveche de un proyecto de ley que se tramita bajo el procedimiento de la iniciativa popular, consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política, para introducir cambios que desvirtúen la intención de quienes lo propusieron, es burlar y tergiversar de manera odiosa la voluntad popular, la participación ciudadana, la soberanía del pueblo costarricense. Explican que, el 02 de noviembre del 2017 se aprueba una moción de fondo que modifica el texto presentado por iniciativa popular, en por lo menos 19 artículos, los cuales se transcriben. Al respecto, antes de examinar uno a uno los artículos modificados, debe recordarse lo que la jurisprudencia de esta Sala ha establecido sobre el principio de conexidad, para luego especificar la importancia especial que tal principio reviste en los casos de proyectos de iniciativa popular.\n  \n“… la inclusión de modificaciones a un proyecto de Ley, por vía de moción de fondo, debe, en buena técnica legislativa, limitarse a cambiar el sentido o las consecuencias de ciertas disposiciones, y nunca a la introducción de temas novedosos y desconocidos para los diputados que intervienen en la dinámica legislativa, por cuanto ello implicaría la desnaturalización del trámite legislativo y la utilización de las figuras de la \"moción de fondo\" para -en realidad- provocar la discusión de un verdadero \"nuevo proyecto\". Para la inclusión de nuevos textos, deben seguirse, rigurosamente, los trámites establecidos en el artículo 124 de la Constitución Política, así como en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, en especial en lo que se refiere a la iniciativa de la propuesta y a su publicación en el Diario Oficial \"La Gaceta\" (Resoluciones número 2000-03220 y 2008-02896).\n“Como ha señalado este Tribunal en varias decisiones previas, la garantía que proporciona el principio de conexidad para la protección tanto del derecho de iniciativa, como del derecho de enmienda, en el marco del procedimiento legislativo, atiende esencialmente, a la materia sobre la que versa el proyecto formulado originalmente. Es decir, lo que se pretende con la protección que otorga ese principio no es impedir u obstruir el ejercicio de lo que la Sala ha denominado “función política transaccional” que se refiere a la posibilidad que tienen las y los diputados de ir ajustando con sus opiniones, dentro del marco que fija la iniciativa, el proyecto originalmente propuesto. Ese marco se entiende definido, fundamentalmente, por la materia sobre la que versa el Proyecto, por lo que, no podría ser excluido o modificado “a tal grado que afecte el fondo” por la vía de enmienda.” (Resolución número 2007-017104)\n“las reformas al proyecto, que son francamente innovativas, inciden sobre la manifestación de voluntad de la Asamblea al punto de que, a juicio de este tribunal, vician el procedimiento, invalidándolo”. (Resolución número 2002-00058).\n“no puede aprovecharse la enmienda para excluir de raíz la materia a la que el proyecto se refiere bajo la particular concepción de su proponente legítimo (ya fuera que se intente o no usurpar las ventajas de un proceso ya avanzado)…” (Resolución número 3513-94 y 2000-05496).\n“resulta que el artículo 170 sufrió una modificación sustancial, para introducir en un segundo párrafo la obligación constitucional de transferir el diez por ciento del Presupuesto de la República a las municipalidades del país, idea que se complementa con las reglas del Artículo Transitorio II, de transferir competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades. A juicio de la Sala, esta innovación, constituye un exceso del constituyente derivado, que excedió sus competencias, causando una lesión directa y evidente del derecho de enmienda y del principio de conexidad, lo que hace que el procedimiento sea inconstitucional.” (Resolución número 2000-009257)\n“…la inclusión de modificaciones a un proyecto de Ley, por vía de moción de fondo, debe, en buena técnica legislativa, limitarse a cambiar el sentido o las consecuencias de ciertas disposiciones, y nunca a la introducción de temas novedosos y desconocidos para los diputados que intervienen en la dinámica legislativa, por cuanto ello implicaría la desnaturalización del trámite legislativo y la utilización de las figuras de la \"moción de fondo\" para -en realidad- provocar la discusión de un verdadero \"nuevo proyecto\". Para la inclusión de nuevos textos, deben seguirse, rigurosamente, los trámites establecidos en el artículo 124 de la Constitución Política, así como en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, en especial en lo que se refiere a la iniciativa de la propuesta y a su publicación en el Diario Oficial \"La Gaceta\". (…) En caso de inclusión por vía de moción de un texto que pueda ser considerado innovador, en el sentido que acaba de ser explicado, se entiende que ha existido exceso en la facultad de enmienda con que cuentan los diputados, produciendo la inconstitucionalidad de dicha adición.” (Resolución número 2000-03220).\n\n\nEl principio de conexión que debe existir entre el contenido de la iniciativa y el contenido de la decisión legislativa adquiere mayor relevancia cuando de proyectos de iniciativa popular se trata, puesto que, el proyecto original expresa una particular concepción de su proponente legítimo (el pueblo). No hay duda que el legislador tiene limitado su derecho de enmienda al espíritu y la materia del proyecto original, máxime que en el caso de los proyectos de iniciativa popular, es un procedimiento legislativo especial, más expedito. Dicho lo anterior, se procede a continuación a examinar las modificaciones consultadas que considero violatorias del principio de conexidad, conforme a los cuadros adjuntos:\n\n\nArtículo 3)\n\n\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tARTÍCULO 3.- Definiciones\nPara los efectos de esta ley se entenderá por:\n(…)\n\n\n\n\n\n\n\n\nr) Contaminación de aguas por fuente difusa: contaminación que no tiene un punto claro de ingreso o descarga en los cuerpos de agua que la reciben y que presenta dificultades para su medición o control directo.\n\n\n(…)\n\n\n\n\nz) Manantial de flujo intermitente: aquel que se seca de forma natural temporalmente.\n\n\n(…)\n\n\n\n\ncc) Pozos artesanales: excavación del terreno realizada de forma manual, con el fin de extraer agua subterránea destinada al uso doméstico.\n(…)\n\n\nii) Uso doméstico: agua destinada a satisfacer las necesidades básicas de un núcleo familiar.\n\n\n(…)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\tARTÍCULO 3- Definiciones\nPara efectos de esta ley se define lo siguiente:\n(…)\neliminado\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\neliminado\n\n\n\n\n\n\n29) Pozos artesanales: aprovechamiento de agua subterránea mediante la excavación manual de un pozo de gran diámetro y poca profundidad (máxima de 20 metros), puntera o galería de infiltración.\n(…)\n35) Uso doméstico: agua destinada a satisfacer las necesidades de un núcleo familiar o particular, incluido su uso, para satisfacer necesidades básicas de las fincas agropecuarias; en agricultura, para riego en un área no mayor a una hectárea (1há); en ganadería en fincas de pequeños productores con extensiones menores a treinta y cinco (35 hectáreas) para suministro en abrevaderos, mantenimiento de instalaciones y establos.\n(…)\n\tArtículo 3, específicamente por la supresión de los incisos r) y z) del texto aprobado en el 2014; el inciso 29) del texto aprobado el 2 de noviembre de 2017 objeto de esta consulta en relación con el inciso cc) del texto del 2014 que, sin contar con estudios técnicos (pues no constan en el expediente legislativo) introduce una medida de profundidad para la construcción de pozos artesanales; el 35) en relación con el inciso ii) del texto del 2014 que este último incorpora dentro del uso doméstico el aprovechamiento del recurso hídrico para 35 hectáreas para ganadería, sin constar con estudios técnicos que justifiquen que ya no se requiera concesión, y tomando en cuenta que actualmente sí es requerida tanto la concesión, como la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Es decir, hay una desregularización de la protección ambiental, que va en contra del principio de progresividad de la tutela ambiental y que no se justifica bajo ningún criterio técnico que esté disponible en el expediente legislativo.\n \n\n\n\n\n\n\nConsidero que los aspectos inicialmente regulados, que ya no aparecen en el artículo 3 del proyecto consultado (referidos a la definición de contaminación de aguas por fuente difusa y manantial de flujo intermitente), y las nuevas definiciones que hace la norma (sobre pozo artesanal y uso doméstico) violentan el principio de conexidad , al tratarse de cambios sustanciales. En cuanto a la eliminación del concepto de “contaminación de aguas por fuente difusa” nótese que se desprotege más al ambiente, pues esa definición incluida consideraba siempre dentro del concepto de contaminación del agua, aquella que, pese a tener dificultades para su medición y al no tener un punto claro de ingreso, siempre debía ser considerada como contaminación. De igual forma, el cambio en el concepto de “pozo artesanal” al incluir un máximo de metros de profundidad del pozo (cuando antes no lo había) deja en el vacío normativo aquellos pozos con una profundidad mayor a la establecida. Asimismo, al incluir las fincas agropecuarias dentro del concepto de uso doméstico del agua (cuando antes no estaban incluidas), se está dando una variación relevante y esencial del uso doméstico del agua, abarcando más allá del consumo humano, incluyendo fincas agropecuarias de hasta 35 hectáreas. Finalmente, nótese como, luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\n\n\n\n\nArtículo 10)\n\n\n\n\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tARTÍCULO 10.- Inspectores del agua\nPara el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, los inspectores de la DINA, debidamente acreditados por el ministro de Ambiente y Energía, tendrán autoridad de policía para cumplir el desempeño de sus funciones y estarán facultados para practicar inspecciones en los pozos, manantiales, cauces y áreas aledañas para determinar la realización de acciones que afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico; así como para decomisar equipo y/o implementos para la exploración, perforación y aprovechamiento del agua, dentro de cualquier finca, instalaciones industriales o comerciales, debiendo presentar el respectivo informe de hechos y objetos decomisados ante el Ministerio Público.\nEn el caso de domicilios y recintos privados para poder ingresar, los citados funcionarios deberán contar con el previo permiso del propietario; caso contrario, con una orden judicial.\n\tARTÍCULO 10- Inspectores del agua\nLos inspectores de la Dirección Nacional de Aguas, debidamente acreditados por el ministro de Ambiente y Energía, tendrán autoridad de policía en el desempeño de sus funciones; por lo tanto, están facultados, previa denuncia presentada al efecto, para practicar inspecciones en los sitios donde se está aprovechando el recurso hídrico concesionado o no, sean pozos, manantiales, cauces y áreas aledañas, para determinar la realización de acciones que afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico. Conjuntamente con autoridades de policía, podrán decomisar equipo e implementos para la exploración, perforación y aprovechamiento del agua, dentro de cualquier finca, instalación agroindustrial, industrial o comercial, y deben presentar el respectivo informe de hechos y objetos decomisados ante el Ministerio Público.\n\n\nCuando se trate de domicilios y recintos privados, los inspectores de la Dirección Nacional de Aguas solo podrán ingresar a ellos si cuentan con el permiso previo del propietario, o bien, si han sido autorizados por una autoridad judicial.\nLos inspectores podrán requerir el auxilio de las autoridades de policía para garantizar que no se les impida el cumplimiento de sus deberes.\nEn el caso de plantas e instalaciones que tengan protocolos o controles de ingreso preexistentes, debidamente documentos, para fines de salud ocupacional, inocuidad, control sanitario y fitosanitario o análogos, los inspectores de la Dirección Nacional de Aguas están en la obligación de respetarlos e informar sobre cualquier incumplimiento a la presente ley.\n\tArtículo 10; el texto aprobado en primer debate el 2 de noviembre del año en curso exige, para el cumplimiento de las funciones de los inspectores de la DINA que deben contar con una denuncia previamente presentada, así se trate de sitios donde se esté aprovechando el recurso hídrico sin concesión, lo que consideramos sumamente grave por violación al principio precautorio en materia ambiental y al deber de oficiosidad de la Administración en cuanto a la tutela ambiental.\n \n\n\n\n\n\n\nConsidero que el agregado que se realiza al proyecto, en el artículo 10 consultado, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Nótese que se incluyó que los inspectores del agua sólo actúan previa denuncia, es decir, se les veda la posibilidad de actuar de oficio. Cuando se limita el inicio de una investigación, sólo a denuncia de parte, se produce una privatización parcial del conflicto o de la infracción. Se debilita el interés público. Si se establece que, sólo se actúa si alguien denuncia, se desconoce la relevancia del agua, y las competencias de los inspectores para actuar de oficio, incluso de manera preventiva. Finalmente, nótese como, luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma. En este punto y en otros, las modificaciones no responden a un cuidadoso y fundado criterio técnico, que es lo que procede frente a un bien de tanta relevancia constitucional y ambiental como el agua.\n\n\nArtículo 11)\n\n\n\n\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tARTÍCULO 11.- Construcción participativa\n\n\nPara la formulación de la política, los planes y los reglamentos técnicos, y los reglamentos asociados a esta ley, la DINA deberá promover la participación de todos los sectores vinculados a la gestión integrada de agua en el ámbito nacional.\nLa participación de los sectores deberá ser sustentada en criterios técnicos, ambientales, legales, económicos, financieros o de cualquier otra rama, y realizarse en las etapas del proceso que se definan en el reglamento de esta ley.\nEl reglamento de esta ley desarrollará las disposiciones para la participación de las personas y de las organizaciones legalmente constituidas, para la construcción participativa de los instrumentos descritos en los párrafos anteriores, tendientes a garantizar una gestión integrada, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del agua, según lo dispuesto en esta ley.\n\t\nSe elimina y se corre la numeración.\n\tArtículo 11, según el texto aprobado en primer debate el 2 de noviembre de 2017, objeto de esta consulta elimina del texto de iniciativa popular aprobado en primer debate en el año 2014, la participación ciudadana en la construcción de la política, los planes, reglamentos técnicos y otros que garanticen una gestión integrada, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del agua, según lo dispuesto en esta ley, con lo que se vacía de contenido el principio de participación ciudadana, al eliminarse el mecanismo a través del cual, se pretendía su realización. En este apartado del texto de iniciativa popular, se daban importantes mecanismos de participación ciudadana, también para la planificación del recurso hídrico en la cuenca respectiva y, sobre todo, en cuanto a la consulta obligatoria del Ministerio de Ambiente a estos consejos de unidad hidrológica, antes de otorgar concesiones de agua.\n \n\n\n\n\n\n\nEl agregado que añade al proyecto, en el artículo 11 consultado, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Nótese que se elimina la participación ciudadana en la construcción de la política, los planes, reglamentos técnicos y otros que garanticen una gestión integrada, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del agua. Lo cual vacía de contenido el principio de participación ciudadana, conforme al texto original. Paradójico, que frente a una iniciativa popular, se suprima o debilite el control ciudadano.  En un tema de tanta relevancia social, como lo es el manejo del recurso hídrico, no puede suprimirse la participación ciudadana y menos en un proyecto que se hizo mediante iniciativa popular. Máxime, tomando en cuenta que,  la intervención  ciudadana tiene una protección constitucional, conforme se deriva del Derecho de la Constitución. La norma original pretendía resguardar el principio de participación ciudadana, al establecer como una obligación, la construcción participativa en la formulación de la política, en los planes, reglamentos técnicos y reglamentos asociados. Sin embargo, el texto sustitutivo elimina del todo el artículo 11, y corre la numeración, vedando la participación de las personas en la creación de políticas, planes y reglamentos, y desnaturalizando la protección original, que el proyecto hacía, al principio constitucional de participación ciudadana. Finalmente, nótese como, luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\n\n\nArtículo 14)\n\n\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tSECCIÓN IV\nSistema Nacional de Información Hídrica y Registro para la Gestión del Recurso Hídrico\n\n\n\n\nARTÍCULO 17.- Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico\nSe crea el Sistema Nacional de Información Hídrica para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico que será desarrollado y administrado por la DINA, el cual deberá garantizar el acceso oportuno y expedito a la información por parte de las personas interesadas. Este Sistema debe incluir el balance hídrico nacional, el Registro para la Gestión del Recurso Hídrico, las áreas de protección, el inventario de las aguas superficiales, los acuíferos, las áreas de recarga y los manantiales y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta ley y su reglamento.\n\n\n\n\nLas instituciones de la Administración Pública, las empresas públicas y privadas, las municipalidades y los usuarios del agua estarán en la obligación de suministrar la información requerida para alimentar este Sistema. Serán responsables de la veracidad de la información y de asegurar que dicha información sea fácilmente verificable.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEn el caso de la información que las instituciones públicas y privadas consideren\nde valor estratégico, la DINA deberá establecer mecanismos que garanticen el manejo confidencial de dicha información.\nLa estructura del Sistema, sus contenidos, acceso y otros aspectos serán establecidos vía reglamento.\n\tSECCIÓN IV\nSISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN HÍDRICA Y REGISTRO PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO\nARTICULO 14- Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico\nSe crea el Sistema Nacional de Información Hídrica, desarrollado y administrado por la Dirección Nacional de Aguas, el cual deberá garantizar el acceso oportuno y expedito a la información por parte de las personas interesadas.\nEste sistema es el único oficial en materia de recurso hídrico. Debe incluir el balance hídrico nacional, el Registro para la Gestión del Recurso Hídrico, las áreas de protección establecidas por medio de estudios técnicos elaborados por la Dirección, el inventario de aguas superficiales, acuíferos, áreas de recarga, manantiales, y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta ley y su reglamento.\nLas instituciones de la administración pública, las empresas públicas, las municipalidades y los usuarios del agua, estarán en la obligación de suministrar la información requerida para alimentar el sistema. Serán responsables de la veracidad de la información y asegurar que dicha información sea fácilmente verificable.\nLa Dirección Nacional de Aguas deberá ingresar en el Registro la información relativa a las empresas autorizadas para la perforación de pozos, la información general de los concesionarios y permisionarios de las concesiones otorgadas, las autorizaciones de uso y aprovechamiento y los permisos de vertido, reúso y reutilización.\nToda la información contenida en este sistema es información pública; por ello, se deberán establecer los mecanismos que garanticen el acceso a tal información por parte de cualquier persona interesada. La estructura del sistema, sus contenidos, acceso y otros aspectos serán establecidos vía reglamento.\nLa Dirección Nacional de Aguas deberá adoptar las medidas de índole técnica y de organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar el mal uso, alteración, destrucción accidental o ilícita, así como cualquier otra acción contraria a los objetivos de esta ley.\n \n\tArtículo 14 del texto objeto de esta consulta en relación con el 17 del aprobado en primer debate en el 2014, nótese que revierte las disposiciones en relación con las áreas de protección, indicando que deberán ser establecidas a partir de la aprobación de esta ley con fundamento en estudios técnicos, siendo que actualmente la Ley Aguas en su artículo 31 y la Ley forestal en el 33 establecen dichas áreas y es para su reducción que se requieren los estudios técnicos, lo que es contrario al artículo 50 de la Constitución Política en tanto a la obligación del Estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado\n \n\n\n\n\nConsidero que el agregado que se realiza al proyecto, en el artículo 14 consultado, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Nótese que se indica que las áreas de protección deben ser establecidas por medio de estudios técnicos elaborados por la Dirección Nacional de Aguas. Es decir, mientras tales estudios técnicos no se elaboren, no hay áreas de protección, pues tales estudios son parte de la definición como tal, de un área de protección. Lo cual desconoce que pueden existir razones sociológicas o económicas para una zona de protección, más allá y de previo a un estudio técnico. Se reducen los criterios que sustentan y legitiman la creación de un área de protección. Con ello ciertamente se invierte, además, el sentido de protección del derecho al ambiente, por cuanto, los estudios técnicos han sido exigidos por la jurisprudencia constitucional a efectos de “reducir” un área de protección, pero no para su creación o establecimiento. Lo cual además, supedita la protección de una determinada área, a una instancia burocrática y a la fundamentación técnica de un área de protección. Es conocido por todos que tales estudios pueden tardar en el tiempo, y resulta preocupante que, una norma establezca a contrario sensu que, mientras ellos no existan, no hay áreas de protección. Cuando la norma original simplemente mencionaba a las áreas de protección, sin necesidad de que su creación dependa de un estudio técnico. El requisito técnico es el pretexto para limitar la creación de áreas de protección. Finalmente, nótese como, luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\n\n\n\n\nArtículo 28)\n\n\n\n\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tARTÍCULO 31.- Regulación de las áreas de protección\nSe prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en los artículos 29 y 30 de esta ley, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional y las obras o actividades realizadas para la protección, recuperación, captación y aprovechamiento del agua que autorice la DINA. Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas serán realizados por la DINA con base en estudios técnicos.\n\tARTÍCULO 28- Prohibición para talar en áreas de protección\nSe prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en los artículos 29, 30 y 31 de esta ley, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional y las obras o actividades realizadas para la protección, recuperación, captación y aprovechamiento del agua que autorice la Dirección Nacional de Aguas. Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas serán realizados por la Dirección Nacional de Aguas, con base en estudios técnicos.\n \n\tArtículo 28 del texto aquí consultado en relación con 31 del votado en el 2014, en nuestro criterio consiste en una reforma sustancial por cuanto en lugar de prohibir la tala en las áreas de protección establecidas en los artículos actuales de la Ley de Aguas y de la Ley forestal, 31 y 33, respectivamente, o en los artículos 26 y 27 de este mismo proyecto de ley (que incorpora las áreas de protección actuales descritas en las leyes citadas), lo que propone es prohibir la tala en las áreas establecidas en los artículos 29 (5 metros en los márgenes de los cuerpos de agua, medidos horizontalmente a partir del nivel de agua más alto del cauce, en todo el trayecto y su curso, comprendido en la respectiva propiedad) 30 (10 metros de radio alrededor de los pozos) y 31 en el área que se determine mediante estudios técnicos de esta propuesta. Así las cosas, el artículo 28 viene a violentar las áreas de protección establecidas en los artículos 26 y 27 de la propuesta de ley objeto de esta consulta, y las que actualmente define la legislación, permitiendo la tala de árboles en dichas zonas según lo dispuesto en los artículos 29, 30, 31 de este mismo proyecto, con lo que vulnera de manera inconstitucional el artículo 50 de la Constitución Política:\n \n\n\n\n\n\n\n\n\nEl agregado que se realiza al proyecto, en el artículo 28 consultado, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Nótese que al especificarse la prohibición de tala únicamente en las áreas de protección descritas en los artículos 29 (área de 5 m a partir del nivel del agua más alto del cauce), 30 (10 m de radio al pozo) y 31 (acuífero de importancia social, ambiental y económica), ciertamente está dejando por fuera las áreas de protección descritas en los artículos 26 (referidas a las áreas que bordeen nacientes permanentes en un radio de 100 m medidos de forma horizontal; una franja de 10, 15 o 50 m en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos; 50 m medidos horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses, naturales o artificiales del Estado y sus instituciones; y las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales) y 27 (200 m de un manantial de flujo permanente), las cuales, por ello, quedaría permitida la tala. Ello cuando el proyecto anterior, prohibía en el art. 31 la tala de árboles en las zonas descritas en los artículos 29 (20 m de modo horizontal al borde de manantiales permanentes; terrenos colindantes con riberas de ríos, quebradas o arroyos; áreas de manantiales de flujo intermitente; ríos, quebradas y arroyos de flujos intermitentes; franja de 50 m en las riberas de lagos y lagunas naturales y artificiales del Estado; ribera de humedales) y 30 (áreas de protección de manantiales para uso poblacional). Norma actual que evidentemente vino a desproteger más áreas, y que se denota se hizo sin criterio técnico alguno que lo sustentara. La reducción de la protección se convirtió en una finalidad que surge a última hora, a contrapelo de lo que pretendía el proyecto de iniciativa ciudadana. Finalmente, nótese como, luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\n\n\n\n\nArtículo 29)\n\n\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tARTÍCULO 32.- Reposición de la cobertura en las áreas de protección\nTodo propietario o poseedor de terrenos en los que se encuentren cuerpos de agua o colinden con estos y que haya sido eliminada la cobertura arbórea y el sotobosque en las áreas de protección, deberá reforestar utilizando especies nativas o permitir la regeneración natural de estas áreas. Para ello, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) podrá destinar recursos para el pago por servicios ambientales en estas áreas.\n\tARTÍCULO 29- Reposición de la cobertura en las áreas de protección\nTodo propietario o poseedor de terrenos en los que se encuentren cuerpos de agua o colinden con ellos, en cuyos márgenes haya sido eliminada la cobertura arbórea en las áreas de protección, como primera medida de reposición de cobertura deberá reforestarlas a una distancia de cinco metros (5m) medidos horizontalmente a partir del nivel de agua más alto del cauce, de dichos cuerpos de agua, en todo el trayecto y su curso, comprendido en la respectiva propiedad.\nPara reforestar se utilizarán especies nativas o se permitirá la regeneración natural en esas áreas.\nSe autoriza al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) destinar recursos para el pago por servicios ambientales en esas áreas.\n \n\tArtículo 29 del texto en consulta en relación con el 32 (votado en primer debate en el 2014), este artículo establece la obligación de reforestar en las áreas de protección alrededor de cuerpos de agua, solamente un área de 5 metros, en contraposición con la obligación establecida en el texto que fuera conocido en el 2014 que la establecía en toda el área de protección, disposición que en nuestro criterio deviene en inconstitucional por razones de fondo que desarrollaremos más adelante.\n \n\n\n\n\n\n\n\n\nEl agregado que se realiza al proyecto, en el artículo 29 consultado, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Nótese que se limita la obligación de reposición de la cobertura en las áreas de protección a una distancia de cinco metros (5m), cuando inicialmente la norma no establecía ninguna limitación del área. Porqué cinco metros, si antes no había un límite definido. En este sentido se echa de menos el criterio técnico utilizado por el legislador para haber hecho este cambio, es decir, para haber procedido a limitar el área de cobertura de reposición de las áreas de protección a reforestar únicamente a una distancia de 5 m desde el nivel del agua más alto del cauce, cuando en la norma anterior, no se establecía limitación alguna, al indicarse únicamente que deberá reforestar. Finalmente, se aprecia que después de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\n\n\n\n\nArtículo 30)\n\n\n\n\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tARTÍCULO 33.- Área operacional del pozo\n\n\nSe debe guardar una distancia de retiro sanitario de operación del pozo hasta de diez metros (10m) de radio, entendida esta como la distancia inmediata al pozo para brindar seguridad y protección a este y permitir el acceso a la operación y el mantenimiento del sistema.\nEn estas áreas no se permitirán aquellas actividades humanas que puedan contaminar directamente las aguas subterráneas a través del pozo.\n\tARTÍCULO 30- Área operacional del pozo\nSe debe guardar una distancia de retiro de seguridad operacional del pozo hasta de diez metros (10m) de radio, entendida como la distancia inmediata al pozo para brindarle seguridad y protección, así como para permitir el acceso a la operación y el mantenimiento del sistema. La Dirección Nacional de Aguas requerirá estudio técnico de tránsito de contaminantes previo a autorizar la distancia de retiro sanitario de operación del pozo.\nEn esa área de retiro de seguridad operacional del pozo de hasta de diez metros (10 m), no se permitirá realizar actividades humanas que puedan contaminar directamente las aguas subterráneas si no cumplen con viabilidad expresada en el estudio técnico de tránsito de contaminantes.\n \n\tArtículo 30 del texto en consulta en relación con 33 del votado en el 2014, consideramos que se incorpora una modificación sustancial en virtud de que el nuevo texto establece que con un estudio de tránsito de contaminantes la DINA podrá autorizar la distancia de retiro sanitario requerida para la atención del pozo, dicha disposición, esto abre un portillo para que dentro de los 10 metros de protección de los pozos se pueda permitir una actividad, siempre que se presente un estudio de transito de contaminantes. En ese sentido, de conformidad con el principio de legalidad, esta norma establece que no se requerirá un Estudio de Impacto Ambiental, que es más riguroso que el de transito de contaminantes, siendo que este último es solo una parte que debe contemplar el Estudio de Impacto Ambiental, lo que es inconstitucional por violación del principio de no regresividad en materia ambiental y precautorio.\n \n\n\nConsidero que el agregado que se realiza al proyecto, en el artículo 30 consultado, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Nótese que el texto original únicamente indicaba que “se debe guardar una distancia de retiro sanitario de operación del pozo hasta 10 m de radio” donde “no se permitirán actividades humanas que puedan contaminar directamente las aguas subterráneas”. Sin embargo, en el nuevo texto se establece que, con un estudio de tránsito de contaminantes la DINA podrá autorizar la distancia de retiro sanitario requerida. Es decir, la prohibición absoluta de la norma original, se relativiza con la posibilidad que se da, de que, con un estudio técnico de tránsito de contaminantes se puede variar la distancia de retiro sanitario de operación del pozo. Lo cual ciertamente posibilita que, dentro de los 10 metros de protección de los pozos, se pueda permitir una actividad, siempre que se presente un estudio de tránsito de contaminantes. Se relativiza la tutela, sin contar con un criterio técnico específico, bien fundado. Nótese como, luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\n\n\n\n\n\n\nArtículo 61)\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tARTÍCULO 64.- Aprovechamiento de aguas en áreas silvestres protegidas\n\n\nPor razones de interés público declarado para el abastecimiento poblacional podrán otorgarse permisos de uso de agua cuya toma se encuentre dentro de un área silvestre protegida. En áreas silvestres de protección absoluta se prohíbe el otorgamiento de permisos y concesiones, salvo los permisos que se podrán otorgar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para el abastecimiento poblacional cuando, mediante estudio técnico, se demuestre que no hay otra fuente alternativa disponible.\n\tARTÍCULO 61- Aprovechamiento de aguas del recurso hídrico en áreas silvestres protegidas\nPor razones de interés público declarado por el Poder Ejecutivo y a favor de los entes autorizados prestatarios de servicio público para el abastecimiento poblacional, el ministro del Ministerio de Ambiente y Energía otorgará permiso de aprovechamiento de agua proveniente de fuentes que se encuentren dentro de un área silvestre protegida, cualquiera sea su categoría.\nEn todo caso, debe mediar un estudio técnico que demuestre que no hay otra fuente alternativa disponible y se cuente de manera previa con el aval técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.\nDada la naturaleza y la fragilidad ambiental de las áreas silvestres protegidas, las obras que se realicen para estos fines deben ser ejecutadas procurando el menor impacto ambiental.\n \n\tArtículo 61 del texto que se consulta en relación con 64 del texto votado en primer debate en el 2014. Otra modificación sustancial que se presenta en el texto sustitutivo aprobado por el Pleno el 2 de noviembre es en relación con el aprovechamiento de aguas dentro de áreas silvestres protegidas, veamos, mientras en el texto anterior (art. 64) se establecía la prohibición absoluta de otorgar permisos o concesiones dentro de áreas silvestres protegidas, salvo en el caso de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para abastecimiento poblacional y siempre y cuando mediante un estudio técnico se demostrara que no había otra fuente disponible, mediante el artículo 61 del texto sustitutivo aprobado se abre la posibilidad de permitir el aprovechamiento de aguas dentro de áreas silvestres protegidas a cualquier ente prestatario del servicio público, o sea, a privados o públicos, cuando esto nunca fue la intención del proponente, o sea del pueblo, dada la fragilidad ambiental y el impacto que ese aprovechamiento causa en las zonas protegidas.\n \n\n\n\n\n\n\nEstimo que el agregado que se realiza al proyecto, en el artículo 61 consultado, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Nótese que, en efecto, con la modificación hecha, se abre la posibilidad de permitir el aprovechamiento de aguas dentro de áreas silvestres protegidas a cualquier ente prestatario del servicio público, o sea, a privados o públicos, cuando ello nunca fue contemplado en el texto original. En cuanto a este aspecto, se aprecia, de igual forma, la ausencia de criterio técnico que sustente que, se pase de una prohibición absoluta para el otorgamiento de permisos y concesiones en áreas silvestres protegidas (salvo al ICAA para el abastecimiento poblacional) a la posibilidad de otorgar un permiso de aprovechamiento del agua proveniente de fuentes, dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, a favor de los entes autorizados prestatarios de servicio público para el abastecimiento poblacional. Destaco que luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\nArtículo 72)\n\n\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tARTÍCULO 76.- Modificación de las concesiones\nToda concesión de aprovechamiento de aguas podrá ser modificada en los siguientes casos:\na) Cuando se compruebe la disminución de las condiciones de disponibilidad natural del agua.\nb) Cuando así lo solicite el concesionario.\nc) Cuando el plan hídrico de unidad hidrológica correspondiente así lo disponga.\nd) Cuando la DINA determine, con base en estudios técnicos y económicos, que la modificación se hace necesaria para garantizar el abastecimiento para consumo humano u otros usos definidos como prioritarios.\nEn todo caso, previo a ordenar cualquier modificación en la concesión otorgada, la DINA deberá analizar y considerar, previamente, la posibilidad de aplicar una solución alternativa que resulte económicamente viable, tomando en consideración las propuestas de las personas afectadas con la modificación.\nEn todos los casos se cumplirá el debido proceso.\n\tARTÍCULO 72- Modificación de las concesiones\nToda concesión de aprovechamiento del recurso hídrico podrá ser modificada en los siguientes casos:\na) Cuando la Dirección Nacional de Aguas compruebe la disminución natural del caudal de la fuente concesionada.\nb) Cuando así lo solicite el concesionario.\nc) Cuando el plan hídrico de unidad hidrológica correspondiente así lo disponga.\nd) Cuando la Dirección Nacional de Aguas determine, con base en estudios técnicos y económicos, que la modificación se hace necesaria para garantizar el abastecimiento de agua potable para consumo humano u otros aprovechamientos prioritarios.\nEn todo caso, siguiendo los principios del debido proceso y antes de ordenar cualquier modificación en los términos de la concesión otorgada, la Dirección Nacional de Aguas deberá analizar y considerar la posibilidad de aplicar una solución alternativa que resulte social y económicamente viable y tomar en consideración las propuestas de los concesionarios que se verían afectados con la modificación.\n \n\tArtículo 72 del texto sustitutivo aprobado en primer debate el 2 de noviembre de 2017 en relación con el 76 del texto aprobado en el 2014. El artículo 72 introduce dos cambios sustanciales con respecto al artículo 76 del 2014, el primero de ellos en el inciso a), que establece que la concesión podrá ser modificada cuando se compruebe la disminución de la fuente concesionada (art. 72) mientras que en el texto del 2014 era cuando se compruebe la disminución de las condiciones de disponibilidad natural del agua (art. 76); y, la segunda, en el párrafo final que establece que deberá tomar en cuenta las propuestas de los concesionarios en lugar de las provenientes de las personas afectas como proponía el texto al 2014. No es lo mismo permitir la modificación de la concesión cuando varíen las condiciones de disponibilidad de agua, que pueden referirse a una zona o área geográfica determinada, y que se requiera para satisfacer a la población que, cuando sea una disminución del caudal concesionado puesto que este afecta, en principio, solo al particular concesionado y no necesariamente a la población, es por ello que se trata de una variación sustancial respecto al texto del 2014.\n \n\n\n\n\n\n\nConsidero que el agregado que se realiza al proyecto, en el artículo 72 consultado, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Nótese que, en el inciso a) establece que la concesión podrá ser modificada cuando se compruebe la disminución de la fuente concesionada, mientras que en el texto anterior era cuando se compruebe la disminución de las condiciones de disponibilidad natural del agua. Ciertamente, no es lo mismo permitir la modificación de la concesión cuando varíen las condiciones de disponibilidad de agua, que pueden referirse a una zona o área geográfica determinada, y que se requiera para satisfacer a la población que, cuando sea una disminución del caudal concesionado puesto que este afecta, en principio, sólo al particular concesionado y no necesariamente a la población. Además, en el párrafo final se establece que deberá tomar en cuenta las propuestas de los concesionarios en lugar de las propuestas provenientes de las personas afectas como proponía el texto anterior. Se reduce la visión y tutela de los intereses de la población, acotándolo a los intereses del concesionario. Esto último está relacionado con la reducción de la participación ciudadana en estos casos, y el ignorar que el agua es un bien de dominio público, por lo tanto, interesa a todos y no sólo a los concesionarios. En este punto, como en otros, debe destacarse que luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\nArtículo 77)\n\n\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tSECCIÓN II\nUsos especiales del agua\nARTÍCULO 81.- Permisos especiales para el uso del agua\nRequerirán permiso, por parte de la DINA, los siguientes usos especiales:\na) La descarga de aguas a los cauces de dominio público producto del drenaje agrícola o drenaje urbano, y de cualquier otra actividad.\nb) El uso y aprovechamiento provisional de aguas no mayor de un año, en los casos que se amerite y conforme al reglamento específico se establezca.\nEstos permisos no podrán ser cedidos sin mediar autorización de la DINA. Los requisitos y los procedimientos para el permiso de uso se establecerán en el reglamento de la presente ley.\nLos permisos de uso otorgados tendrán un carácter precario según lo define el artículo 154 de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.\n\tSECCIÓN II\nUSOS ESPECIALES PARA EL USO DEL AGUA\n\n\nARTÍCULO 77- Permisos especiales para el uso del agua\nRequieren permiso de la Dirección Nacional de Aguas los siguientes usos especiales:\n\n\n\n\n\n\na) El uso y aprovechamiento provisional de aguas, por un período máximo de un año, en los casos que se amerite y conforme al reglamento específico se establezca.\n\n\nEstos permisos podrán ser cedidos previa autorización de la Dirección Nacional de Aguas. Los requisitos y los procedimientos para el permiso de uso se establecerán en el reglamento de la presente ley.\n \n\t\nArtículo 77 del texto aquí consultado aprobado el 2 de noviembre de 2017 en relación con el artículo 81 del texto votado en primer debate en el 2014. Como podrá apreciar la Sala se trata de una modificación sustancial respecto al texto de la iniciativa popular del 2014, pues elimina el inciso a) del artículo 81 que establecía la obligación de contar con un permiso especial para las descargas de aguas en los causes de dominio público, producto de cualquier actividad, dejando sin regulación ésta en el proyecto de ley objeto de esta consulta, lo que puede poner en peligro el recurso hídrico.\n\n\n\n\n\n\nConsidero que el agregado que se realiza al proyecto, en el artículo 77 consultado, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Nótese que se elimina el inciso a) del artículo 81 que establecía la obligación de contar con un permiso especial para las descargas de aguas en los cauces de dominio público o drenaje urbano, producto de cualquier actividad, dejando sin regulación ésta, en el texto actual del proyecto. Todo lo cual se elimina sin criterio técnico alguno que lo respalde, haciendo suponer, entonces, que la descarga de aguas en los cauces de dominio público o el drenaje urbano no requiere de permiso alguno; pues además, no se indica que ello sea regulado por otro tipo de normativa. Poniendo así en peligro la calidad de vida por la posible contaminación que dichas descargas puedan producir y promoviendo la descarga de aguas residuales por la libre, hacia ecosistemas receptores. Finalmente, nótese como, luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nArtículo 85)\n\n\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tARTÍCULO 89.- Exclusión del registro y resolución de la licencia de perforación\nSe revocará la licencia de perforación y se excluirán por un plazo de dos años del Registro, las empresas perforadoras que incurran en:\n\n\na) Perforación de pozos sin la respectiva autorización.\nb) Incumplimiento de las condiciones impuestas en el permiso de perforación.\nc) Incumplimiento de lo estipulado en la presente ley y su reglamento.\nd) Incumplimiento de la legislación sobre protección ambiental.\ne) Alteración o contaminación del recurso, sus cauces y ecosistemas, cuando no se adopten las medidas correctivas, dentro de los plazos otorgados.\nSi una empresa perforadora es reincidente en cualquiera de los puntos anteriores, se le revocará la licencia de perforación y se le excluirá de forma permanente del registro de empresas perforadoras.\n\tARTÍCULO 85- Exclusión del registro y resolución de la licencia de perforación\nLa Dirección Nacional de Aguas revocará la licencia de perforación expedida a una empresa perforadora por un plazo de dos años, cuando haya incurrido en algunas de las siguientes conductas:\na) Perforen pozos sin la respectiva autorización.\nb) Incumplan las condiciones impuestas en el permiso de perforación.\nc) Incumplan las disposiciones de la presente ley, su reglamento y cualquier otra ley de protección de los recursos naturales.\nd) Alteren o contaminen el recurso hídrico, sus cauces y ecosistemas, o cuando no se adopten las medidas correctivas, dentro de los plazos otorgados.\ne) Incumplan con la legislación sobre protección del ambiente.\n \n\tArtículo 85 del texto que se consulta en relación con el 89 del votado en el 2014, e trata de una modificación sustancial pues elimina la sanción por reincidencia.\n \n\n\n\n\n\n\n\n\nEl agregado que se realiza al proyecto, en el artículo 85 consultado, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Nótese que se elimina la sanción por reincidencia, lo cual debilita el sistema sancionatorio originalmente establecido. Sancionar o no al reincidente tiene relación con la trascendencia del bien jurídico tutelado y tal variación modifica sustancialmente los instrumentos de tutela. Además, tampoco se indica criterio técnico para modificar este punto esencial. Finalmente, nótese como, luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\nArtículo 106)\n\n\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tTÍTULO V\nRégimen económico-financiero del agua\nCAPÍTULO ÚNICO\nInstrumentos que reconocen el valor económico del agua\nARTÍCULO 110.- Canon del agua\nEl canon del agua es un instrumento económico para la gestión integrada del\nrecurso hídrico, la promoción del uso eficiente y sostenible, la protección del\nrecurso y prevención en origen de la contaminación y la recuperación de la calidad\ndel cuerpo de agua.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEl canon será fijado por el ministro de Ambiente y Energía. Para los efectos del inciso s) del artículo 8) de esta ley, los ministros de Salud, Agricultura y Ganadería, y de Planificación Nacional y Política Económica remitirán al Minae sus observaciones en el plazo de diez días hábiles, a partir de la comunicación que realice la DINA.\n\tTÍTULO V\nRÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO DEL AGUA\nCAPÍTULO ÚNICO\nINSTRUMENTOS QUE RECONOCEN EL VALOR ECONÓMICO DEL AGUA\nARTÍCULO 106- Canon del recurso hídrico\nEl canon del recurso hídrico está constituido por el canon de aprovechamiento del recurso hídrico y por el canon de vertidos.\nTodas las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, que hagan uso y aprovechamiento del agua, deberán reconocer su valor, mediante el pago del canon de aprovechamiento y el canon por vertidos, según corresponda. Estos cánones no son excluyentes entre si y son complementarios, como instrumentos para alcanzar la gestión integrada de los recursos hídricos.\nEl canon para el aprovechamiento del recurso hídrico es un instrumento económico para la regulación y administración de su aprovechamiento, la promoción del uso eficiente y sostenible, que permite la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable del consumo humano y el desarrollo socio económico del país y además una gestión sostenible del recurso hídrico. Este se calculará según el volumen o caudal del recurso hídrico, superficial o subterráneo, concesionado en los diversos usos.\nEl canon ambiental por vertidos es un instrumento económico que se fundamenta en el principio de quien contamina paga y que se establece a través del cobro de una contraprestación en dinero, a quienes usen el servicio ambiental de los cuerpos de agua, para el transporte, dilución y eliminación de desechos líquidos originados en el vertimiento puntual, los cuales pueden generar efectos nocivos sobre el recurso hídrico, los ecosistemas relacionados, la salud humana y las actividades productivas.\nEl canon de recursos hídricos será fijado por el Ministro de Ambiente y Energía. Para los efectos del inciso i) del artículo 8) de esta ley, los Ministros de Salud, Agricultura y Ganadería y de Planificación Nacional y Política Económica remitirán al Ministro de Ambiente y Energía sus observaciones en el plazo de diez días hábiles, a partir de la comunicación que realice la Dirección Nacional de Aguas.\n\tArtículo 106 del texto que se consulta en relación con el 110 de texto votado en el 2014. El artículo 106 presenta una modificación sustancial respecto al propuesto en la iniciativa popular por cuanto varía el objeto del canon de manera tal que ya no será para la protección del recurso y la prevención en origen de la contaminación y la recuperación de la calidad del cuerpo de agua.\n \n\n\n\n\n\n\nConsidero que el agregado que se realiza al proyecto, en el artículo 106 consultado, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Nótese que se varía el destino del canon, de manera tal que ya no será para la protección del recurso, la prevención en origen de la contaminación y la recuperación de la calidad del cuerpo de agua, sino para la regulación y administración de su aprovechamiento. Es evidente que existe una diferencia esencial entre el destino original y el destino que se indica en el proyecto actual. Se postergan los intereses colectivos, tutelando sólo la financiación de la estructura burocrática que se requiere. El destino para regulación y administración no implica protección, prevención ni recuperación del recurso hídrico. Se pasa de un destino que iba dirigido directamente al recurso hídrico, a uno referido a gastos administrativos. De modo que hay una supresión o reducción que implica un cambio sustancial del contenido teleológico de la norma. Finalmente, nótese como, luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\n\n\n\n\nArtículo 109)\n\n\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tARTÍCULO 113.- Destino del Fondo\nSon fines de los recaudos provenientes del Fondo para la Gestión Integrada del\nRecurso Hídrico los siguientes:\na) Incentivar el uso y aprovechamiento racional del agua de forma eficiente\ny sostenible.\nb) Promover la prevención y reducción de la contaminación desde la fuente\nde generación.\nc) Favorecer la innovación tecnológica y la mejora de los procesos\nproductivos en la actividad económica.\nd) Proteger áreas que permitan la sostenibilidad del agua en cantidad y\ncalidad.\ne) Realizar las labores e inversiones necesarias para la prevención, el\ncontrol y el seguimiento del aprovechamiento de los cuerpos de agua.\nf) Realizar las labores e inversiones necesarias para la evaluación y el\nmonitoreo de la cantidad y calidad de los cuerpos de agua.\ng) Realizar la recuperación efectiva de la calidad de los cuerpos de agua.\nh) Realizar las labores e inversiones necesarias para la elaboración del\nbalance hídrico nacional.\ni) Gestión administrativa de la DINA.\n\n\n\n\nj) Elaboración e implementación de los instrumentos de planificación.\nk) Pago por servicios ambientales en terrenos de importancia para la\nprotección del régimen hídrico.\nl) Labores de investigación y protección hídrica a cargo de las entidades\ncompetentes en la materia.\nm) Promover programas de educación para la gestión integrada del recurso\nhídrico.\nEl destino y la distribución de los recursos del Fondo para la gestión integrada del\nrecurso hídrico se determinará anualmente, de conformidad con los lineamientos\nde política hídrica nacional que establezca el Poder Ejecutivo.\nSe destinará un cinco por ciento (5%) de los montos recaudados por concepto de\ncanon de agua al Tribunal Ambiental Administrativo, para la atención de aquellas\ndenuncias por infracción u omisión a la legislación tutelar del ambiente, en los que\nse vea comprometida el agua.\nSe declaran de interés público las operaciones del Fondo, por tanto, se exoneran\nde todo pago por concepto de timbres, impuestos de inscripción de la constitución,\nendoso, cancelación de hipotecas, impuestos de contratos de prenda, pago por\navalúos, así como del pago de derechos de registro.\nSe faculta al Poder Ejecutivo para que, vía reglamento, defina el porcentaje a\ntransferir al Fondo de Financiamiento Forestal y al Sistema Nacional de Áreas de\nConservación, para cumplir con la inversión prevista en el inciso k) en terrenos\nprivados y áreas silvestres protegidas respectivamente y que cumpla con el fin de\nprotección del régimen hídrico.\n\tARTÍCULO 109- Destino del Fondo\nLos recursos del Fondo para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico la Dirección Nacional de Aguas los podrá destinar para lo siguiente:\n a) Gestión administrativa y técnica de la Dirección Nacional de Aguas. (i)\nb) Gestión administrativa y técnica de las Unidades Hidrológicas\nc) Elaborar la política, el plan hídrico nacional y el balance hídrico nacional.\nd) Gestión del registro hídrico nacional y el inventario hídrico nacional.\ne) Elaborar, implementar y dar seguimiento a los planes hídricos y los balances hídricos de las unidades hidrológicas.\nf) Investigación y desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica.\ng) Prevención de la contaminación desde la fuente de generación.\nh) Proteger áreas que permitan la sostenibilidad del recurso hídrico.\ni) Control y seguimiento del aprovechamiento de los cuerpos de agua.\nj) Evaluación y monitoreo de la cantidad y calidad de los cuerpos de agua.\nk) Investigación y protección hídrica.\nn) Educación para la gestión integrada del recurso hídrico.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEl destino y la distribución de los recursos del Fondo para la gestión integrada del recurso hídrico se determinarán anualmente, de conformidad con los lineamientos de política hídrica nacional que establezca el Poder Ejecutivo.\nNo obstante, se destinará un tres por ciento (3%) de los montos recaudados por concepto de canon de vertidos al Tribunal Ambiental Administrativo, para la atención de las denuncias por infracción u omisión a la legislación tutelar del ambiente, en los que se vea comprometida el agua.\nSe declaran de interés público las operaciones del Fondo; por lo tanto, se exoneran de todo pago por concepto de timbres, impuestos de inscripción de la constitución, endoso, cancelación de hipotecas, impuestos de contratos de prenda, pago por avalúos, así como del pago de derechos de registro.\nSe faculta al Poder Ejecutivo para definir vía reglamento, el porcentaje que transferirá al Fondo de Financiamiento Forestal y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para cumplir con la inversión en terrenos privados y áreas silvestres protegidas que protejan el régimen hídrico de conformidad con la previsión del inciso k) de este artículo.\n\tArtículo 109 del texto en consulta elimina la posibilidad de utilizar parte de los recursos del Fondo para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, para incentivar el uso y aprovechamiento racional del agua en forma eficiente y sostenible (inciso a) del art. 113 del texto votado en 2014), así como la posibilidad de utilizar parte del mismo para el pago de servicios ambientales (inciso k del texto del 2014), asimismo, de manera arbitraria reduce de un 5% a un 3% de los montos recaudados por el canon para ser destinados al Tribunal Ambiental Administrativo para la atención de las denuncias por infracción u omisión a la legislación tutelar del ambiente, en los que se vea comprometida el agua, lo cual constituye otra modificación sustancial al proyecto de ley en detrimento del propuesto por Iniciativa Popular.\n \n\n\n\n\n\n\n\n\nEl agregado que se realiza al proyecto, en el artículo 109 consultado, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Nótese que se elimina la posibilidad de utilizar parte de los recursos del Fondo para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, para incentivar el uso y aprovechamiento racional del agua en forma eficiente y sostenible, así como la posibilidad de utilizarlo para el pago de servicios ambientales. Hay una variación radical de una finalidad, abandonándola, a favor de otras finalidades referidas más a gestión administrativa y técnica. Finalmente, nótese como, luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\n\n\n\n\nArtículo 115)\n\n\n  \n \n\t\nTexto I Debate en 2014\n\tMoción de fondo\n2 noviembre 2017\n\t\nCriterio de los consultantes\n\n\n\tARTÍCULO 118.- Suspensión del aprovechamiento y clausura de\nestablecimientos\nLa DINA podrá ordenar la suspensión temporal del aprovechamiento de agua o la revocatoria definitiva de la concesión o el permiso de uso, cuando se violen las disposiciones de esta ley. Podrá coordinar, con las autoridades sanitarias, ambientales, municipales y de policía, el cierre de las actividades, las obras o los proyectos causantes del deterioro o la utilización indebida del agua.\nPrevio a ordenar la suspensión o revocatoria indicada en el párrafo anterior, la DINA efectuará un proceso administrativo contra los supuestos infractores, de conformidad con el procedimiento ordinario establecido en la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.\nEn cualquier momento, antes o durante el trámite del procedimiento, el órgano competente podrá adoptar medidas cautelares cuando existan daños potenciales\nde difícil o imposible reparación y en aquellos otros en que el alcance del interés\npúblico afectado lo requiera\n\tARTÍCULO 115- Suspensión del aprovechamiento y clausura de establecimientos\nLa Dirección Nacional de Aguas podrá ordenar la suspensión temporal del aprovechamiento del recurso hídrico o la revocatoria definitiva de la concesión o permiso de uso, cuando se violen las disposiciones de esta ley. También, podrá coordinar con las autoridades sanitarias, ambientales, municipales y de policía el cierre de las actividades, las obras o los proyectos causantes del deterioro o la utilización indebida del recurso hídrico.\nPrevio a ordenar la suspensión o revocatoria indicada en el párrafo anterior, la Dirección Nacional de Aguas realizará un proceso administrativo ordinario contra los supuestos infractores, según el procedimiento ordinario establecido en la Ley N. °6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.\n\tArtículo 115 del texto que se consulta en relación con el 118 del texto del 2014. La modificación incorporada mediante el artículo 115 elimina la posibilidad de que se interpongan medidas cautelares cuando existan daños potenciales de difícil o imposible reparación y en aquellos otros en que el alcance del interés público afectado lo requiera, lo que podría afectar la efectiva protección del recurso hídrico, en menoscabo del artículo 50 constitucional.\n \n\n\n\n\nConsidero que el agregado que se realiza al proyecto, en el artículo 115 consultado, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Debe destacarse que se elimina la posibilidad de que el órgano competente pueda adoptar, en cualquier momento (antes o durante el trámite del procedimiento) las medidas cautelares cuando existan daños potenciales de difícil o imposible reparación y en aquellos otros en que el alcance del interés público afectado lo requiera. Además de la desprotección de la tutela cautelar, se trata de un cambio radical de la norma, el cual, por demás, tampoco encuentra sustento técnico en el proyecto. Nuevamente se desprotege el elevado interés público que existe en la protección del agua y del ambiente. Finalmente, nótese como, luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\nEliminación de los artículos 14, 15, 16 y 68\n\n\n\n\nLa eliminación de los Consejos de Unidad Hidrológica, en los artículos 14, 15, 16 y 68 del proyecto, violenta el principio de conexidad, por cuanto, se trata de una modificación sustancial que desnaturaliza el espíritu original de la norma. Nótese que se elimina todo lo referente a los consejos de unidad hidrológica, creados en el proyecto original como un órgano de participación intersectorial que velará por la adecuada aplicación de esta Ley y su reglamento en su respectiva unidad. El espíritu original de las normas que se eliminan estaba referido a dar mayor participación y representación de los sectores involucrados (tales como sector público, municipalidades, organizaciones no gubernamentales, sector productivo, ASADAS y el Consejo Nacional de Rectores), en la elaboración de un plan hídrico, priorizar el uso del agua, coadyuvar en la vigilancia y buena gestión, entre otras funciones asignadas a los Consejos de Unidad Hidrológica. Conforme al Dictamen Unánime Afirmativo del 2014: “Para los proponentes del proyecto, y para quienes suscribimos el presente DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO, es indispensable contar con una ley que promueva una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del agua. (…) Las comunidades están demandando espacios de participación para mejorar la gobernabilidad de la gestión del agua y para garantizarse su acceso futuro al preciado líquido.” (pág. 3). Sin embargo, desaparecen esos espacios locales de participación en el texto del 2017, sin ser reemplazados por ningún otro mecanismo similar. En una ley de iniciativa popular, se reducen los espacios de participación ciudadana. El agua, es un bien de un interés social notable, por eso se requiere un claro objetivo político de participación y control ciudadano.  De las directrices del Convenio sobre la Diversidad Biológica para la aplicación del enfoque ecosistémico en la gestión integrada del recurso hídrico (UICN, 2014), se derivan una serie de principios, en especial el 2: “La gestión debe estar descentralizada al nivel más bajo. “Los sistemas descentralizados pueden llevar a una mayor eficiencia, eficacia y equidad. (…) Cuanto más se acerque la gestión al ecosistema mayor será la responsabilidad, la propiedad, las exigencias, la rendición de cuentas, la participación y la utilización de los conocimientos locales.” Su Directriz 2.1 “(…) las decisiones estratégicas pueden estar a cargo del gobierno central, las decisiones operacionales ser responsabilidad del gobierno u organismo de gestión local y las decisiones sobre la asignación de los beneficios entre los miembros de una comunidad residir en la comunidad misma.” En la Directriz 2.5 Al elegir un nivel apropiado de descentralización “(…) determinar si el órgano representa la comunidad de intereses apropiada”. Están también los Principios y Criterios para la cogestión de cuencas hidrográficas para América Tropical, un trabajo colaborativo con expertos regionales promovido por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Cervantes, Faustino, Jiménez y Benegas, 2008) se destaca el Principio 1: “la Participación y protagonismo social con visión compartida y equidad en el universo de actores involucrados en la cuenca.” El Criterio 1.2 establece espacios de diálogo, concertación y toma de decisiones y el 1.3 promueve la cogestión incluyente de grupos en desventaja (por motivos de género, intergeneracional u otros). Todo lo cual, contradice la decisión de eliminar los espacios de participación real del nuevo régimen jurídico del agua. Finalmente, nótese como, luego de la prueba para mejor resolver solicitada por esta Sala, para conocer de la existencia de un el informe técnico del texto sustitutivo del 02 de noviembre del 2017, claramente se indica que “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo”, así que es evidente la carencia de criterio técnico para la realización de los cambios indicados en esta norma.\n\n\nEn conclusión: De todo lo anterior, el proyecto aprobado en primer debate y consultado, no solo irrespetó el plazo establecido para un proyecto de iniciativa popular, sino que introdujo  cambios sustanciales en los objetivos y propósitos del proyecto original presentado por iniciativa popular, y ello hace que el procedimiento seguido para su aprobación sea inconstitucional, en los términos indicados. No tengo la menor duda, que el legislador tiene más limitaciones para modificar los objetivos políticos y jurídicos de un proyecto de iniciativa popular, con mayor razón si se trata de un bien de tan elevado interés colectivo como el agua. Las distorsiones que existen entre representantes populares y representados, se reducen significativamente en proyectos de iniciativa popular, por esta razón el legislador no debe olvidar que tiene un interlocutor muy cercano: la ciudadanía que planteó el proyecto. Esta cercanía no la visualizó muy claramente el legislador en este proyecto de iniciativa popular.\nB. VICIOS DE FONDO CONSULTADOS.\nAdemás de los vicios de procedimiento apuntados. Estimo importante agregar las siguientes observaciones sobre vicios de fondo, a los que se refirieron también los consultantes.\n\n\nArtículos 126.2 y 126.3 y 31 en cuanto a la disminución de competencias del SENARA, por violación al derecho al ambiente: Consideran los consultantes que, las disposiciones contenidas en los artículos 126.2 y 31 del proyecto consultado, en cuanto elimina las funciones de protección de todos los acuíferos del país, que actualmente realiza el SENARA con criterio vinculante, y en cuanto establece que sólo se protegerán los acuíferos que determine el MINAE por decreto ejecutivo, deja desprotegidos todos los demás acuíferos y debilita el sistema jurídico protector del recurso hídrico, en violación al derecho del ambiente. Las funciones técnicas asignadas al SENARA son una garantía de contrapeso al poder político, de manera que, la eliminación de las funciones básicas del SENARA y la pérdida del carácter vinculante de sus resoluciones, deja la protección del recurso hídrico a la libre disposición del Poder Ejecutivo. Limitando las competencias del SENARA a “proyectos y distritos de riego”, con lo cual los ciudadanos se ven despojados de una garantía que hoy ostentan, como es el tener una entidad con criterio técnico e independiente, que pueda emitir criterios técnico-científicos con carácter vinculante para toda la Administración Pública.\n\n\n“ARTÍCULO 126-\nModificaciones Esta ley modifica las siguientes disposiciones: (…)\n\n\n2) Se reforma la Ley N. °6877, Creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, de 18 de julio de 1983, para que donde dice: “Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento” en adelante se lea “Servicio Nacional de Riego y Avenamiento”. Además, en todos los casos donde dicha ley diga “distrito de riego” se lea: “proyectos y distritos de riego”.\n\n\n3) Se reforman los incisos a) y b) del artículo 2, los incisos a), ch), e) y h) del artículo 3 y los incisos a), ch), y d) del artículo 4 de la Ley N. °6877, Creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, de 18 de julio de 1983. Los textos son los siguientes:\n\n\nArtículo 2- Son objetivos del Senara: a) Fomentar el desarrollo agropecuario y acuícola en el país, mediante el establecimiento y funcionamiento de sistemas de riego, avenamiento y protección contra inundaciones. b) Procurar el aprovechamiento óptimo y justo de los recursos de tierras y aguas, tanto superficiales como subterráneas, en las actividades agropecuarias y acuícolas del país, sean estas de carácter privado, colectivo o cooperativo, en los proyectos y distritos de riego. […]\n\n\nArtículo 3- Son funciones del Senara: a) Elaborar y ejecutar una política justa de aprovechamiento y distribución del agua para fines agropecuarios, de forma armónica con las posibilidades óptimas llevar a cabo sus funciones, deberá contar de previo con la concesión de agua otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). […] ch) Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, en los proyectos y distritos de riego específicos. […] e) Apoyar a la Dirección de Aguas y al Ministerio de Ambiente y Energía en las investigaciones hidrológicas e hidrogeológicas que se requieran realizar en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de esas cuencas, a fin de propiciar el fomento y desarrollo de las actividades agroproductivas; así como realizar estas investigaciones y las socioeconómicas y ambientales en las áreas y regiones en que sea factible establecer distritos de riego y avenamiento. […] h) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia, de conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 2 de la presente ley. Las decisiones que por este motivo adopte el Servicio podrán apelarse durante el décimo día por razones de legalidad ante el Tribunal Superior Contencioso-Administrativo. El Tribunal resolverá en un plazo máximo de noventa días. […]\n\n\nArtículo 4- […] a) Mejoramiento, conservación y protección de los suelos en los distritos específicos de riego y avenamiento. Deberá coordinar acciones con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en cuanto al manejo, la conservación y la recuperación de suelos en los distritos de riego. En materia de recurso hídrico, deberá coordinar con la Dirección Nacional de Aguas y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) la protección y conservación de este recurso, en las cuencas hidrográficas de dichos distritos, propiciando, en todo caso, el fomento y desarrollo de las actividades agroproductivas, a partir del aprovechamiento sostenible del agua. […] ch) Elaboración y actualización de un inventario de las aguas con potencial uso para efectos de su aprovechamiento en los proyectos y distrito de riego. d) Elaboración y mantenimiento de los registros actualizados de usuarios de aguas en los proyectos y distritos de riego. […]”\n\n\n“ARTÍCULO 31- Protección de acuíferos\nCuando la Dirección Nacional de Aguas haya realizado estudios que demuestren la vulnerabilidad de un acuífero de importancia social, ambiental y económica, que justifiquen su protección, el Ministerio de Ambiente y Energía, mediante decreto ejecutivo, declarará su protección y regulará las actividades permitidas en las respectivas zonas de recarga y descarga. La delimitación, el manejo y la protección del acuífero deberán fundamentarse en las reglas de la ciencia y la técnica; la categorización del acuífero será definida mediante reglamento, según su vulnerabilidad.”\n\n\nEstimo que la eliminación que el artículo 126 del proyecto realiza a la Ley 6877 (artículo 2.h) sobre que las decisiones del Senara son definitivas y de carácter obligatorio ciertamente violenta el sistema jurídico protector del recurso hídrico, en violación al derecho del ambiente. La trascendencia del agua requiere un órgano técnico que tenga una independencia política reforzada. No es cualquier bien, se trata de uno de los bienes vitales para el ambiente, la salud y la supervivencia de la población.  Tal como lo evidenció esta Sala mediante el voto 2012-008892, SENARA tiene una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada –y no debilitada como se hace en el proyecto consultado-, y además ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas. Así que, en efecto, dicha norma violenta el derecho fundamental al ambiente, al debilitar el sistema de protección, por eliminar el carácter obligatorio a las decisiones del Senara. Los ciudadanos vinieron con un proyecto que pretendía reforzar la protección del agua, y lo que ocurrió fue que en el trámite legislativo, se debilitó la institucionalidad encargada de tutelar el recurso hídrico. Parece que la iniciativa ciudadana se convirtió en el instrumento que debilitó la protección de un bien de tan elevada relevancia social. \n\n         IV.- RAZONES SEPARADAS DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ.- Difiero de las razones que dan para declarar inevacuable la consulta legislativa, y en su lugar la rechazo con fundamento en los siguientes motivos. Este proyecto de ley viene por segunda vez a la Sala Constitucional en consulta de constitucionalidad facultativa. Si bien la Ley de la Jurisdicción Constitucional no regula el número de veces que un proyecto de ley puede ser consultado al Tribunal Constitucional, es lo cierto del caso de que la consulta facultativa de constitucionalidad tiene la característica de ser un proceso constitucional de naturaleza extraordinario, el cual le permite a la Sala Constitucional conocer de previo sobre la inconstitucionalidad de los vicios de procedimiento y de fondo que le indican los consultantes, amén de que, de conformidad con el numeral 101 de ese cuerpo normativo, la opinión consultiva de la Sala Constitucional, la cual sólo es vinculante para la Asamblea cuando señala vicios de procedimiento, no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de constitucionalidad.\n\nPor otra parte, si bien el control previo de constitucionalidad facultativo es un instrumento que se instituyó a favor de la oposición en el sistema político francés, en la década de los setenta, por el entonces presidente de la República Valéry Giscard d’Estaing (véase Ley Constitucional n.° 74-04 de 29 de octubre de 1974, Journal Oficial del 30 de octubre de 1974), es también lo cierto de que se han dado abusos en el uso de este proceso constitucional, lo que implicó que se eliminara en Alemania y España. En el segundo Estado, donde funcionó entre los años 1979 a 1985, a causa de la parálisis de la acción legislativa que puso en el peligro la eficacia de programa de gobierno, se optó por su supresión.\n\nPero no sólo se atenta contra la eficacia de la acción del gobierno cuando requiere de la aprobación de la ley, sino que, con el exceso de consultas de constitucionalidad facultativas sobre un mismo proyecto de ley, se “judicializa” la política. Tendencia que desde la óptica del Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) tiene un efecto pernicioso, toda vez que lesiona el principio de equilibrio entre los Poderes del Estado. Nótese que la consulta facultativa de constitucionalidad fue creada para plantear las dudas y objeciones de constitucionalidad bajo el prisma de la colaboración entre los Poderes del Estado; aspectos que se tienen claro una vez que el proyecto de ley ha sido aprobado en primer debate, de ahí que las dudas y las objeciones de constitucionalidad deban de plantearse de una sola vez y no de forma diferida en el tiempo, ya que, cuando se presenta esta segunda situación, necesariamente, se afecta el buen funcionamiento de la Cámara y, eventualmente, se utiliza la consulta de constitucionalidad facultativa no con el propósito de salvaguardar el principio de supremacía constitucional, sino para impedir que la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y reglamentarias, decida sobre un asunto que ya está para su votación definitiva. De esta forma se desnaturaliza el control previo de constitucionalidad en su vertiente facultativa.\n\nConfirma también nuestra postura, el hecho de que cuando se trata de la consulta de constitucionalidad preceptiva, y la Sala Constitucional señala un vicio, sea éste de procedimiento o de fondo, una vez que es subsanado por parte de la Cámara y aprobado el proyecto de ley nuevamente en primer debate, sea una reforma parcial a la Carta Fundamental, un tratado internacional o una reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el asunto no vuelve nuevamente a la Sala Constitucional en consulta de constitucionalidad preceptiva. Lo cual es lógico, toda vez que, en primer lugar, ya se cumplió con el mandato constitucional, sea de consultar a la Sala Constitucional, y, en segundo término, la responsabilidad de subsanar el vicio es un asunto que recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa.\n\nEs por estas razones y otras que se podrían esbozar, que la consulta de constitucionalidad facultativa sólo es admisible por una única vez y si reúne los requisitos que establece la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no así cuando se trata de la segunda, tercera, etc. consulta que se plantea en relación con un proyecto de ley. En estos supuestos, a mi modo de ver, el trámite de la consulta está precluido y, por consiguiente, la consulta resulta inadmisible y debe rechazarse de plano. De ahí que sea necesario volver a la postura que asumió la Sala Constitucional en el voto n.° 121-93, opinión consultiva con motivo de una segunda consulta de constitucionalidad facultativa sobre el “Proyecto de Ley General de Concesión de Obra Pública”, expediente legislativo n.° 11.344, en la que, por unanimidad, señaló lo siguiente:\n\n“II. evidentemente, la consulta de constitucionalidad muestra un importante caso de cooperación interorgánica, en este caso entre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional, cuya finalidad, en última instancia, es garantizar la supremacía del Derecho de la Constitución, pero, de modo mas inmediato y concreto, facilitar a la Asamblea Legislativa un juicio sobre la validez de las disposiciones que se propone dictar del procedimiento que sigue con este propósito. Obtener de la Sala este juicio no es solamente un medio para que en el proceso de producción de la Ley la Asamblea pueda alcanzar decisiones jurídicamente idóneas, aptas para satisfacer en gran medida, entre otros el principio de seguridad jurídica, es también aunque autoridad de la ley y la legitimación del órgano que la produce. En último efecto, del que podría decirse que tiene naturaleza política, quizás sea tan importante como el primero –es decir, como el que se refiere a la idoneidad jurídica de las decisiones y a sus consecuencias-, y armoniza perfectamente, tanto como aquel, con la finalidad ya mencionada de garantizar la supremacía del Derecho de la Constitución. De allí que la constitucionalidad de manera tal que en este instituto converjan todas estas funciones y finalidades; así, por ejemplo, la suma de requisitos formales que la consulta facultativa o no prescriptiva debe satisfacer, y, formularla, las reglas sobre el trámite de proyectos sometidos a consulta (significativamente, el segundo párrafo del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) y el plazo fijado a la Sala para que la absuelva. Todas estas disposiciones, y aquellas que la propia Asamblea se ha dado en el Capítulo XVIII de su Reglamento, indican a la Sala que la potestad permisiva a resolución, y el auxilio que en consecuencia está en posibilidad de brindar a la Asamblea, deben ejercerse extremando el cuidado de que la interpretación y aplicación de las normas legales que le sirven de fundamento coincidan escrupulosamente con el correcto sentido del novedoso instituto de la consulta de constitucionalidad. Esto significa, entre otras cosas, que la interpretación de las normas que regulan la consulta no prescriptiva, más allá de la simple literalidad, debe tener presente, por una parte, que el dictamen que la Sala motivo solo es vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado y no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas pueden ser impugnada por la vía de control de constitucionalidad; y por otra, debe evitar que la Sala involuntariamente cause innecesaria morosidad en los trámites legislativos, porque esto sería una injustificable intromisión en el ámbito de actuación reservado a los diputados ya la propia Asamblea; o que origine procedimientos realmente o teóricamente prolongados o interminables, con infracción de la normativa constitucional que asegura a la Asamblea potestades de autorregulación; o que simplemente se constituya en un instrumento de obstrucción técnica, y, por ende, de indirecta participación en los procesos políticos que naturalmente tienen lugar en el órgano legislativo. Demás está decir que la interpretación de las normas que regulan su propia competencia corresponden exclusivamente a la Sala, por imperio de la ley (artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nIII. como refieren correctamente los diputados que formulan la consulta, la Sala ya ejerció su potestad para adsolver consultas de constitucionalidad en el caso del Proyecto de Ley General de Concesión de Obra Pública, que la Asamblea Legislativa tramita bajo el expediente N° 11344. En efecto, como resultado del ejercicio de esta potestad, se dictó la resolución de las doce horas del veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos, mediante la cual se dio la opinión solicitada separadamente por dos grupos de diputados (previa acumulación de ambas consultas autorizadas por la resolución de esta Sala de las once horas cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos. Más tarde, por resolución de las quince horas cincuenta y cuatro minutos del nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, la Sala denegó la solicitud de aclaración y adición que un grupo de diputados pidió con respecto a la primera de las resoluciones aquí citadas. Es de advertir, además, que la aclaración y adición denegadas coincide en lo esencial con la presente consulta en cuanto a la parte que en el único resultando de esta última está marcado “a) finalmente, la consulta que ahora se consulta se refiere, en lo sustantivo, a disposiciones del artículo 6 del Proyecto que ya estaban contenidas en el texto sometido en su oportunidad al conocimiento de esta Sala y sobre las cuales entonces se pidió su opinión. Estas peculiaridades del caso concreto, aunado a lo ya expuesto en los anteriores considerandos, sobre el modo de ejercicio de la potestad de la Sala, fundamentan el criterio de esta Sala en el sentido de que la presente consulta debe rechazarse de plano”. (Las negritas no corresponden al original).\n\nEn consecuencia, con fundamento en todo lo expuesto, considero que la consulta de constitucionalidad es inevacuable.\n         V.- NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS .- He estimado conveniente poner de manifiesto algunas consideraciones que me llevaron a decantarme por el actual voto de mayoría (que era el de minoría en el voto 2014-12887), en el que se sostiene el carácter inevacuable de la consulta. Sin embargo, de previo destacaré los argumentos que resumen el actual voto de mayoría (en adelante, VM) y el actual voto de minoría (en adelante, Vm).\n\nA.-SOBRE LAS POSICIONES DEFENDIDAS EN EL PRESENTE VOTO, respecto del carácter inevacuable de la consulta facultativa:\n\n1.-Síntesis de las posiciones defendidas:\n\na.-El VM entiende que el plazo de dos años establecido en el artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular lo siguiente:\n\n“Supone un lapso razonable para que dentro de él se pueda desarrollar la totalidad del procedimiento legislativo al menos hasta la votación definitiva del proyecto, que es requerida por el artículo 123 constitucional”. (El subrayado es del original).\n\nY para confirmar este argumento invoca dos normas más:\n\n“Al respecto, adviértase que de acuerdo con el artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el ordinal 143.3 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea Legislativa tiene un plazo constitucional o reglamentario para votar un proyecto, como ocurre en la especie, la consulta debe hacerse con la anticipación debida, y el proyecto consultado debe votarse aunque la Asamblea no haya recibido el criterio de la Sala. Ergo, ni la consulta de constitucionalidad ni mucho menos un eventual trámite ante la Comisión de Consultas de Constitucionalidad suspende la obligación del Parlamento de votar de manera definitiva el proyecto consultado en el plazo perentorio citado”.\n\nb.-El Vm sostiene:\n\n“El vencimiento del plazo de los dos años dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular de conformidad con el 123 de la Constitución Política, no constituye un vicio esencial en el procedimiento, y por el contrario tal y como lo establece la ley, debe interpretarse a favor de la iniciativa de los ciudadanos que la presentaron y de la tramitación del procedimiento legislativo. La ratio legis del plazo perentorio nos indica que el límite temporal, no es lo determinante, sino que la iniciativa se dispense para que se vote en primer debate, pero las potestades legislativas, no sufren una disminución o variación porque se realicen fuera del plazo en este caso, mucho menos si es para asegurarse la constitucionalidad del proyecto en respeto de la supremacía de la Constitución que el mismo Parlamento está obligado a observar”.\n\nY agrega sobre dicho plazo:\n\n“No puede implicar un plazo perentorio en perjuicio de la iniciativa porque al entenderlo así estaríamos castigando a la iniciativa y participación ciudadana ante la omisión o inercia legislativa y de los grupos políticos”.\n\n2.- Punto de convergencia de las posiciones defendidas: Tanto el VM como el Vm coinciden en que las actas legislativas, correspondientes al trámite legislativo de la Ley 8182 de Iniciativa Popular, reflejan que “el temor de las diputadas y diputados era que la falta del mismo [del plazo] hiciera que el proyecto pasara indefinidamente en la corriente legislativa” (Vm) y el deseo de “que dicho plazo fuera estatuido a favor de la iniciativa y de los ciudadanos que la presentaron” (VM).\n\n3.- Punto de mayor divergencia entre las posiciones defendidas:\n\nLa divergencia entre ambas posiciones se consuma cuando se interpreta el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular. Así para el Vm, esto significa que los dos años son para la fase preliminar, antes de esa votación, pero que, una vez votado, el proyecto de iniciativa popular sigue el iter legislativo propio de cualquier otro proyecto:\n\n“La iniciativa popular en la formación de la ley, es solo la fase introductoria e instauradora del procedimiento legislativo, y pese a que en este caso estamos ante un tipo de iniciativa que tiene una ley especial que la regula, una vez que ya entra en la corriente legislativa, debe seguir el mismo procedimiento de formación que cualquier otra”. (Vm).\n\nPara el VM, la peculiaridad de este tipo de proyectos es que, con tal de que sean votados en el plazo perentorio de dos años, pueden ser dispensados de trámite, conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 6.\n\n“Una vez excedido el término señalado, se entra en una situación anómala, contraria a la Constitución, pues el proyecto [que ha sido propuesto por iniciativa popular] no cuenta con la votación definitiva, a pesar de que el texto constitucional [artículo 123] así lo ordena.  Ante este panorama, la solución dispuesta por la ley es el regreso inmediato y expedito a la normalidad constitucional. Es decir, el proyecto de ley que para ese momento debió contar con votación definitiva, deberá ser dispensado de trámites y sometido a las votaciones que estén pendientes hasta que cuente con votación definitiva. De esta forma, se garantiza el cumplimiento de la ratio legis, al compeler a la Asamblea Legislativa al conocimiento y votación del proyecto, procurando que la iniciativa popular sea tomada en consideración”. (El destacado es del original).\n\nB.-. CONSIDERACIONES DE LA SUSCRITA SOBRE EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE INICIATIVA POPULAR. Estimo oportuno centrar el análisis en dos aspectos: el plazo establecido en el artículo 6 y la voluntad del legislador al respecto; y el alcance de la disposición contenida en el párrafo segundo de ese artículo. Después haré unas reflexiones finales.\n\n1.- Respecto del plazo:\n\nA la luz de lo que recoge el expediente legislativo 14.799, Proyecto de Ley de Iniciativa Popular, es claro que los legisladores eran conscientes de que, en virtud de la reforma del artículo 123 de la Constitución, estaban obligados a establecer un plazo perentorio para que fueran votados definitivamente los proyectos propuestos mediante esa vía, tal como lo dice expresamente el párrafo tercero de esa norma. También queda patente que entendían que la ratio de tal plazo estaba en la necesidad de hacer efectivo el novedoso mecanismo (véase especialmente, Comisión de Asuntos Jurídicos, en adelante CAJ, Actas de Sesiones Ordinarias: Nº 12, 25-jun-2003; Nº 15, 09-jul-2003; Nº 34, 07-oct-2003; Plenario, Actas de las Sesiones Plenarias: Nº 074, 16-sept-2003; Nº 104, 17-nov-2005; Nº 130, 21-feb-2006).\n\nLa discusión versó particularmente sobre la extensión del plazo, el inicio de su cómputo, la conveniencia de introducir una sanción penal para los diputados que no votaran los proyectos de iniciativa popular en el plazo que la ley establecería (veáse, CAJ, Actas de sesiones ordinarias Nº 12, 25-jun-2003; Nº 15, 09-jul-2003). Muy posteriormente los legisladores se cuestionan qué pasa si se vence el plazo. Es entonces cuando se explora la posibilidad de que los proyectos de iniciativa popular sean tratados, para los efectos de la votación dentro de un plazo perentorio, de modo análogo a los proyectos de ley de Presupuesto o a los que se les aplica el trámite del artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa (véase, palabras del Diputado Malavassi Calvo, CAJ, Acta de sesión ordinaria Nº 25, 20-sept-2005).\n\nLa discusión no versó sobre sobre la naturaleza del plazo: todos eran conscientes de que la Constitución no daba margen de interpretación: debía ser perentorio y se establecía para que dentro de él se diera la votación definitiva del proyecto. Por eso mismo tampoco se plantearon, al menos en un inicio, la posibilidad de prorrogarlo. Las palabras del Diputado Malavassi Calvo son claras:\n\n“Nosotros estuvimos discutiendo si este plazo era cuatrienal. Parece que hubo alguna idea de que como era un plazo constitucional, en el sentido de que debe ser un plazo, no debe tener el de los mismos otros proyectos. Pero, tal vez nos equivocamos en una cosa, los otros proyectos pueden ser prorrogados, los de iniciativa popular pareciera que no pueden ser prorrogados”. (CAJ, Acta de la sesión ordinaria Nº 22, 6-sept-2005. En igual sentido, CAJ, Acta de la sesión ordinaria Nº 23, 13-sept-2005).\n\n2.- Sobre el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular:\n\na.-Origen: Para determinar el origen de ese párrafo es preciso señalar que en la Comisión, como he dicho, se exploró cuál podría ser la solución ante el vencimiento de plazo perentorio:\n\n“Si vence el plazo ¿qué pasa?, ¿cómo se soluciona? Lo que se podría pensar es, más bien, que se haga de la misma manera, como se hace con Nombramientos y otras cosas, y es que cuando viene el plazo, el presupuesto se somete a votación, sin más...”. (Diputado Malavassi Calvo, CAJ, Acta de sesión ordinaria Nº 25, 20-sept-2005).\n\nIncluso surgió la duda sobre si en tal caso se daría una violación del derecho de enmienda. A lo que el funcionario de Servicios Parlamentarios respondió:\n\n“Una vez que ese plazo perentorio llega podría interpretarse que los derechos de enmienda de los diputados ya fueron ejercidos durante todo ese plazo. Y perfectamente en ese momento se podría indicar, ya sea redactando en el mismo proyecto o remitiéndolo que se le pueda aplicar el tratamiento del presupuesto, que llegado a ese día, a tal y tal hora, se deberá votar, ya sea positiva o negativamente”. (Gino Capra Nicolás, CAJ, Acta de sesión ordinaria Nº 25, 20-sept-2005).\n\nEn la siguiente sesión se aprobó la moción Nº 74-137 (19-27-CJ) del Diputado Vargas Leiva, mediante la cual se introdujo lo que hoy contiene el párrafo segundo del artículo 6 (véase CAJ, Acta de la Sesión Ordinaria, Nº 27, 11-oct-2005). Es difícil saber qué quiso señalar el proponente de esa moción, pues no se encontraba presente cuando ésta se aprobó y sólo se refirió a su contenido muy sucintamente después, en el Plenario (véase palabras del Diputado Vargas Leiva, Acta de la Sesión Plenaria Nº 104, 17-nov-2005). Pero parece que lo dicho en la anterior sesión ayuda a interpretar adecuadamente ese párrafo segundo introducido por esa moción.\n\nComo se sabe, en la siguiente sesión de esa Comisión se suscitó un debate sobre dos mociones relativas al artículo 6 (véase CAJ, Acta de la Sesión Ordinaria Nº 28, 18-oct-2005). Esta discusión llegó al Plenario, donde además se solicitó Dictamen a Servicios Técnicos sobre el particular, y se reflejó también en la consulta de constitucionalidad resuelta por la Sala mediante el voto 2005-17618. No corresponde aquí intentar dilucidar cuál de las tesis tiene un mayor sustento jurídico. Lo cierto es que primó aquella que señalaba que las dos mociones presentadas sobre el artículo 6 eran complementarias: una se refería al párrafo primero del artículo 6 y la otra introducía un párrafo segundo.\n\nb.-Dos hallazgos significativos: En atención al tema que nos ocupa, hay dos hallazgos muy significativos que se obtienen del estudio de las actas. Por un lado, el párrafo segundo fue defendido bajo el argumento de que era el modo de hacer efectivo el plazo de los dos años y, por otro, en esa misma sesión se desecha una moción que contemplaba la posibilidad de prorrogar el plazo.\n\nEn efecto, en medio de la discusión sobre las dos mociones relativas al artículo 6, tanto en la Comisión como en el Plenario, se adujo que ese párrafo segundo era el que daba efectividad al primero, es decir, que aseguraba el cumplimiento del plazo perentorio.\n\n“Si se le quita este párrafo segundo al texto del proyecto, mejor archive la Iniciativa Popular, porque simplemente, si las cosas llegan hasta el primer párrafo, todo podría ser que la Asamblea nunca dictaminara ningún proyecto de Iniciativa Popular, o a lo mejor, nunca llegara a votar ningún proyecto (…). Este párrafo es esencial (…). La Comisión no puede dictaminar un proyecto de iniciativa popular, (…) que vaya sin esto, que es la única garantía que tienen los costarricenses de que sus observaciones o sus planteamientos van a ser atendidos”. (Diputada Valerín Rodríguez, CAJ, Acta de la Sesión Ordinaria Nº 28, 18-oct-2005).\n\n“Esa Ley, sin ese párrafo segundo, no sirve para absolutamente nada”. (Diputada Valerín Rodríguez, Acta de la Sesión Plenaria Nº 104, 17-nov-2005).\n\nY para mayor abundamiento, cabe indicar que –refiriéndose a ese párrafo segundo del artículo 6– el Diputado Villanueva Monge señaló en el Plenario que lo importante del proyecto no solo era el plazo que establece, sino la adecuación de los procedimientos para cumplir con éste y evitar la atrofia parlamentaria o el filibusterismo (véase palabras del Diputado Villanueva Monge, Acta de la Sesión Plenaria Nº 104, 17-nov-2005).\n\nAdemás, como he adelantado, justamente en la misma sesión de la Comisión en la que se aprobó la moción por la que se introdujo el párrafo segundo, después se desechó por una unanimidad una moción que establecía la posibilidad de prorrogar del plazo:\n\n“Moción Nº 86-137 (31-27-CJ) de varios diputados: (…) Los proyectos de iniciativa popular deberán ser votados en la Asamblea Legislativa en el plazo no mayor de dos años (…). Podrá ser admitida la gestión de prórroga del plazo ante el inminente vencimiento del plazo de votación del proyecto de iniciativa popular’”. (CAJ, Acta de la Sesión Ordinaria Nº 28, 18-oct-2005).\n\nPor tanto, se puede concluir que los legisladores introdujeron ese párrafo segundo sin un ánimo de convertir el plazo de los dos años en uno de carácter no perentorio. Asunto distinto es si lo que dice la norma es conteste con su manifiesta voluntad.\n\nc.-La lógica interna de ese párrafo segundo: Ahora bien, cabe preguntarse por qué el legislador dijo que debía dispensarse de trámites para votarse en primer debate y no dijo para votarse definitivamente. Estimo que la respuesta la ofrece el Magistrado Castillo Víquez en su nota del voto 2014-12887, en la que señala que esa norma (la contenida en ese párrafo segundo del artículo 6) armoniza el párrafo tercero de artículo 123 con el artículo 124, ambos de la Constitución, porque si hubiese ordenado la votación definitiva, que es la que se da después de finalizado el segundo debate, habría vulnerado el iter parlamentario que establece la obligación de que se realicen dos debates. Además, el Magistrado afirma de ese párrafo segundo:\n\n“Responde a un correcta valoración de la dinámica parlamentaria – la praxis-, porque es bien sabido que, una vez que un proyecto de ley recibe su primer debate, la decisión de aprobar o no el proyecto de ley una vez concluido el segundo debate, es algo sumamente expedito y, por consiguiente, tendente a cumplir con el plazo constitucional que fija el tercer párrafo del artículo 123 constitucional”. (Magistrado Castillo Víquez en su nota del voto 2014-12887).\n\nEsto abona a la tesis que he procurado sostener, con apoyo en las actas, en el sentido de que ese párrafo segundo del artículo 6 se introdujo con el ánimo de cumplir a la mayor brevedad con el plazo de los dos años. La lógica de la dinámica parlamentaria lleva a que entender que si a un proyecto se le dispensa de trámites es porque se quiere aprobar cuanto antes.\n\nSin embargo, el Magistrado Castillo Víquez continúa diciendo que ese párrafo segundo refleja que el legislador interpretó que el plazo no es perentorio.\n\n“Además, resulta evidente y notorio de la redacción del segundo párrafo del numeral 6 de la Ley de Iniciativa Popular, que el legislador interpretó que el plazo constitucional no es perentorio, si así fuese, la Asamblea Legislativa perdería la competencia para decidir, lo que iría en contra de la ratio legis de la norma constitucional”. (Magistrado Castillo Víquez en su nota del voto 2014-12887).\n\nCoincido en que, tal como quedó redactado lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 6, bien podría interpretarse que el legislador le dio un carácter no perentorio al plazo de los dos años, y eso es lo que parece entender el Vm. No obstante, como he intentado mostrar, eso contradice abiertamente lo que recogen las actas de Comisión y del Plenario.\n\nEstimo que se trata de un problema de técnica legislativa. El carácter perentorio habría quedado claro si no se hubiese incluido el mencionado párrafo segundo. Pero si el legislador quería echar mano de la figura de la dispensa de trámites, como un modo de asegurar el cumplimiento de un plazo perentorio, considero que debió señalar dos plazos perentorios con diversa finalidad. Uno cuyo cumplimiento fuese condición para que procediera la dispensa de trámites; y, otro que fuese el plazo perentorio –fatal, improrrogable– del que habla el artículo 123 constitucional, dentro del cual se debía votar definitivamente los proyectos propuestos mediante ese nuevo mecanismo.\n\n3.- Reflexiones finales sobre el artículo 6:\n\nSin duda la introducción del plazo perentorio para votar definitivamente un proyecto, tal como lo dispuso el constituyente derivado y quiso plasmarlo el legislador, tenía como finalidad que los proyectos propuestos mediante esa vía de iniciativa popular no quedaran en el olvido ni fueran obstaculizados en el seno del Parlamento. Pero no cabe soslayar que el establecer un plazo de esa naturaleza lleva consigo asumir un riesgo: que se produjeran los efectos que se deseaban evitar.\n\nDe cara a comprobar cómo los legisladores eran conscientes de ese riesgo, además de lo dicho en los epígrafes anteriores, es muy reveladora la última intervención del proponente del proyecto de Ley de Iniciativa Popular, que se da justamente antes de que fuese aprobado en segundo debate:\n\n“En el caso de la iniciativa, se fue la mano de quienes pusieron esa cantidad de firmas del Padrón Electoral, para que la Asamblea haga dos cosas nada más: una, que entre en la corriente parlamentaria obligatoriamente , [pues como se sabe] hoy tiene que ser acogido por un diputado. Si pasa esta ley, no tiene que ser acogido por un diputado el proyecto de Ley de iniciativa popular; dos, que se vote obligatoriamente en dos años de haberlo recibido, después de haberlo recibido la Secretaría del Parlamento. No obliga a votar positivamente, no; [sino sólo] a votarlo negativa o afirmativamente\n\nEntonces, me parece que este texto pues es bastante más complicado que el mismo referéndum. La consecuencia va a ser que quienes vayan a presentar la iniciativa popular va a quedar en la mayor obsolescencia. La gente se va a ir por el referéndum”. (Diputado Corrales Bolaños, Acta de la Sesión Plenaria Nº 130, 21-feb-2006).\n\nNo deja de ser paradójico. Cuando la ley estaba a punto de ver la luz, su mismo proponente dicta un vaticinio, que es como un aria fúnebre cantada a la criatura que está por nacer.\n\nPienso, con optimismo, que la solución para dotar a la Ley de Iniciativa Popular de efectividad es posible, pero no está en manos de la Sala ofrecerla, pues ésta no puede ir más allá de los límites que la Constitución y la ley le señalan.\n\nPor último, es claro que el plazo no debería correr en contra de la iniciativa popular misma, pero de hecho corre. Y me atrevería a decir que esto sin importar cuál es el alcance que se le dé a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 6.\n\nEs más, se podría afirmar que es precisamente lo que ha sucedido con el proyecto objeto de la presente consulta. La Sala consideró evacuable la primera consulta, resuelta mediante el voto 2014-12887, y lo cierto es que el proyecto ha seguido sine die en la corriente legislativa. Es decir, se ha configurado la mora legislativa que el constituyente derivado quiso evitar.\n\nEn todo caso, mientras ese párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular esté vigente, sólo cabe aplicarlo conforme a la interpretación más apegada a la voluntad del constituyente derivado y a la del legislador. Con esta nota, he procurado contribuir a esa labor.\n\nPor tanto:\n\nSe declara inevacuable la consulta porque el proyecto de ley consultado resulta constitucionalmente inviable, por la propia incuria de la Asamblea Legislativa, al inobservar escrupulosamente lo que pauta, expresamente, la Constitución para las leyes que son de iniciativa popular. La Magistrada Hernández López salva el voto y evacua la consulta formulada en el siguiente sentido: a) no existe vicios esenciales de procedimiento por violación al principio de conexidad en la tramitación del proyecto de ley número 17742 \"Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico\"; b) el artículo 126 inciso 7, es contrario al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política, en su modalidad de no regresión en materia ambiental; c) no existen lesiones por razones de fondo al Derecho de la Constitución por lesión al Derecho al ambiente, en los restantes artículos consultados del proyecto de ley 17742. El Magistrado Cruz Castro expresa argumentos adicionales. El Magistrado Castillo Víquez da razones separadas. La Magistrada Garro Vargas pone nota. Notifíquese esta sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados consultantes. Comuníquese.-\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nErnesto Jinesta L.\nPresidente\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFernando Cruz C.                                                    Fernando Castillo V.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nNancy Hernández L.                                                         Luis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nJose Paulino Hernández G.                                            Anamari Garro V.\n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:41:01.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01079 - 2018\n\nResolution Date: January 24, 2018 at 12:00\n\nExpediente: 17-017552-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Cruz Castro\n\nType of matter: Optional legislative consultation\n\nConstitutional control: Flat rejection\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\nJudgment with Dissenting Vote\n\nJudgment with separate note\n\nRelated Judgments\n\n\nContent of Interest:\n\nContent Type: Majority Vote\n\nBranch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL\n\nTopic: AMBIENTE\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nTopic: OPTIONAL LEGISLATIVE CONSULTATION\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nAMBIENTE. 001079-18. Optional Legislative Consultation regarding the Law for the Integrated Management of Water Resources. Legislative File No. 17742.\n\nThe consultation is declared unevacuable because the consulted bill is constitutionally unviable, due to the Legislative Assembly's own negligence in meticulously disregarding what the Constitution expressly prescribes for laws that are of popular initiative. Magistrate Hernández López dissents and evacuates the consultation in the following sense: a) there are no essential procedural defects for violation of the principle of connection in the processing of bill number 17742 \"Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico\"; b) article 126 subsection 7 is contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment, protected in article 50 of the Political Constitution, in its modality of non-regression in environmental matters; c) there are no substantive injuries to the Law of the Constitution for injury to the Right to the environment in the remaining consulted articles of bill 17742. Magistrate Cruz Castro expresses additional arguments. Magistrate Castillo Víquez gives separate reasons. Magistrate Garro Vargas adds a note. Notify this judgment to the Directorate of the Legislative Assembly and to the consulting deputies. Comuníquese.\n\n... See more\nText of the resolution\n\n*170175520007CO*\n\nExp: 17-017552-0007-CO\nRes. Nº 2018001079\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at twelve hours and zero minutes on January twenty-fourth, two thousand eighteen.\n\nOptional legislative consultation of constitutionality filed by deputies CARLOS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, CARMEN QUESADA SANTAMARÍA, EDGARDO ARAYA SIBAJA, GERARDO VARGAS VARELA, JORGE ARGUEDAS MORA, JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ AGUILAR, JOSÉ FRANCISCO CAMACHO LEIVA, LIGIA ELENA FALLAS RODRÍGUEZ, NATALIA DÍAZ QUINTANA, OTTO GUEVARA GUTH, PATRICIA MORA CASTELLANOS and SURAY CARRILLO GUEVARA regarding the bill for the \"Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico\" being processed in legislative file number 17,742.\n\nResultando:\n\n1.- The consultation was received in the Secretariat of the Sala at 11:51 hours on November 8, 2017. The certified copy of legislative file number 17742 \"Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico\" was deemed received by resolution of the Sala at 13:35 hours on November 15, 2017.\n\n2.- The consultants request the Sala to rule on the constitutionality of the following aspects: They consider that it presents substantial defects in the legislative procedure, in contradiction with the provisions of article 123 of the Political Constitution, the principle of citizen participation and popular initiative, and violates the right to a healthy and ecologically balanced environment, the principles of reasonableness, non-regression in environmental matters, precautionary principle, legality, criminal typicity, among others. The bill processed in File No. 17742 “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico” was initiated on May 25, 2010, published in La Gaceta No. 198 of October 13, 2009. Its consideration was assigned to the Comisión Permanente Especial de Ambiente, which issued a unanimous affirmative opinion on March 27, 2014. As it is a bill processed by popular initiative, it must be voted on within the peremptory period of two years from its presentation, so that, in this case, the period expired on March 29, 2014. For this reason, it should have been voted on in the immediately following session of the Legislative Plenary after the expiration of the period. Given the expiration of the period, the Presidency of the Legislative Assembly at that time (2010-2014) issued a resolution in ordinary session No. 148 of March 31, 2014, indicating the following: “1) The text contained in the Unanimous Affirmative Opinion that is in the file today will be considered and discussed in First Debate. 2) Given that the text of the bill is contained in an opinion, only substantive motions may be considered if the Legislative Plenary converts into a general committee in accordance with the provisions of article 177 of the Regulations of the Legislative Assembly, and in concordance with article 5 of Law No. 8491. 3) In the event of opening the Plenary as a general committee and in safeguarding the right of amendment, if by 22:30 hours the consideration of substantive motions has not been exhausted, they will be deemed discussed and will proceed to their vote without further procedure, with the reading thereof deemed dispensed. 4) If by 23:45 hours the discussion of the file has not been exhausted, it will be deemed discussed, the pending motions will be deemed rejected, and it will be immediately submitted to its vote in First Debate”. During its processing in the Plenary on March 31, 2014, the motion to convert into a General Committee was approved and to consider substantive motion No. 56, through which it was proposed to reform several articles of the bill, which, in turn, was approved. Immediately afterwards, the substantive discussion proceeded and the bill was approved in first debate in the ordinary session of the Legislative Plenary of March 31, 2014. This bill was consulted to the Sala, being declared unconstitutional for violation of the provisions of article 50 of the Carta Fundamental (Voto No. 2014-12887 of August 8, 2014). Aware that the period had expired, the Presidency of the Legislative Assembly ordered the file in question to be sent to the Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad. It is not until June 10, 2015, that is, six months after the constitutional vote was received and read, that the file entered the Plenary with two reports submitted by the Comisión de Consultas. After more than three years and two months from the receipt of the Sala's resolution, on October 30, 2017, in ordinary session No. 86, by majority, the Plenary favorably accepted the majority report of the Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, agreeing, irregularly, to send the bill back to the reporting committee and, immediately, approved a motion to dispense with all procedure via article 177 of the Regulations of the Legislative Assembly, which constitutes the Plenary as a General Committee and allows the presentation of motions directly before this body. In ordinary session No. 87 of October 31, 2017, the Presidency issued a new resolution and on November 2 modified it, which led to it being voted on in first debate that same day. The text of the popular initiative under study in File No. 17742, in relation to the text that had been approved in 2014 – which was approved in first debate and consulted before the Sala Constitucional – has a series of modifications, given that a substitute text motion was approved. Specifically, they allege that articles 1, first paragraph; 3 with the elimination of subsections r) and z) and the change introduced through subsections 29) and 35); 7, 10, 11, 14, 28, 29, 30, 34, 61, 72, 77, 82, 85, 106, 109, 115 and 126 subsections 11), 12), 13), 14) and 15) were modified; likewise, with the addition of one, 113 and the elimination of four (14, 15, 16 and 68). Among the substantial changes introduced with the approval of motion 1 of the substitute text is the elimination of articles 14, 15, 16 and 68 referring to the Consejos de Unidades Hidrológicas and others that violate environmental participation, the precautionary principles, non-regression in environmental matters and the objectification of environmental protection as well as the reduction of sanctions in relation to what was established by the text presented by popular initiative. They emphasize that, despite three years having passed, on October 30, 2017, the President of the Legislative Assembly brought to the attention of the Plenary the majority report of the Comisión de Consultas de Constitucionalidad, through which it was recommended to return the file to said commission so that it could issue a new opinion; the foregoing, contrary to the provisions for bills that are processed under popular initiative (article 123 Political Constitution and 6 of the Ley de Iniciativa Popular). This violates the citizen will that managed the processing of this bill, requested by approximately 150,000 people. They add that on October 31, 2017, the Presidency deemed admitted a motion that, in the opinion of the consultants, was not proper because it had been presented before the Report of the Comisión de Consultas de Constitucionalidad was accepted and the dispensation of procedures was approved at 10:56 hours on October 30, 2017, when the text was not available to the legislators and, in contradiction to the resolution itself of October 31, 2017. This because, in that motion, significant modifications to various articles of File No. 17742 were proposed, when the only intention was to correct the constitutionality defects warned by the Sala. To admit that motion, the Legislative Presidency relied on a non-binding opinion of the Departamento de Criterios Técnicos, issued for that purpose, in its view erroneous, for not considering the specific procedure in popular initiative bills. The foregoing had the object of taking advantage of the popular initiative procedure to introduce a new text into the bill. They argue that the violation of the procedure in the processing of the bill lies not in the expiration of the term itself but in all the subsequent acts adopted by the Legislative Assembly, through the delegation of the bill to a lower parliamentary body (Comisión de Consultas de Constitucionalidad) that took 247 days to issue a report (from October 6, 2014 to June 11, 2015) and to recommend the return of the bill to the reporting committee for the alleged correction of the essential procedural defect. In accordance with what was indicated by the Sala, the procedural defect noted lay in the absence of technical or scientific criteria supporting the reduction of the surface area of the conservation areas established in articles 29, 30 and transitional provision XI. Hence, there were only two ways to correct the defect: a) by carrying out the technical or scientific studies and, if these so warranted, the corresponding reduction of the protected areas and b) through the elimination of the unconstitutional articles in their entirety or only with respect to the reduction of the measures of the conservation areas, so that those established in the Ley Forestal and the Ley de Aguas would remain in force. Thus, the procedural measures taken by the Legislative Assembly from its referral to the Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad until the approval of the majority report by the Plenary, contravene the popular initiative bill, for violation of the provisions of the Ley de Iniciativa Popular and the Political Constitution. They add that the consulted bill should have been placed in the first place of the order of the day because it is a popular initiative — this was established in the case of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, as the only legislative precedent in the processing of popular initiative bills — however, through a motion to alter the order of the day, they decided to place the consideration of File No. 19589 first. They also add substantial procedural defects for violation of the principles of connection, publicity and legality, given that the special procedure established in constitutional numeral 123 was used to incorporate a new bill proposal, followed in File No. 20214, called Ley para la Gestión Integrada de Recurso Hídrico, which began its processing on December 15, 2016 and is in the Comisión Permanente Especial de Ambiente. File No. 20212 was processed through the ordinary procedure established for the formation of law, taking as a basis the text of bill No. 17742, but introduced a series of changes that, by all accounts, did not coincide with the intention of the proponents of the popular initiative and that, given the state in which File No. 17742 was, it was no longer possible to incorporate into that text. They insist that the text could only be modified in the aspects declared unconstitutional by the Sala in resolution No. 12887-2017, with respect to articles 29 and 30 and transitional provision XI of the text voted on in March 2014. A text was approved in first debate that was presented outside the period established by regulation to formulate substantive motions, via article 177 of the Regulations of the Legislative Assembly, a text that, moreover, lacks connection with the popular initiative previously voted on in first debate. Regarding substantive defects, the consultants allege that article 125, subsection a), of the consulted bill completely repeals the Ley de Aguas of August 27, 1942, including its article 31 which created important domain reserves in favor of the Nation for the protection of water sources. This constitutes a covert act of removal from public domain of this good, without duly founded technical studies. They add that subsections 29) and 35) of article 3 establish the depth measures for wells and permit livestock activity on extensions smaller than 35 hectares for supplying watering places and maintaining installations and stables as domestic use without technical studies. All this to the detriment of the principles of reasonableness, non-regression in environmental matters, precautionary principle and a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, they accuse that, by eliminating articles 14, 15, 16 and 68 of the base text bill presented by the citizenry, the provisions of article 123 of the Political Constitution are violated. They explain that in those numerals, the creation of the Consejos de Unidad Hidrológica as intersectoral participation bodies was proposed, in addition, the Comités Auxiliares de Unidad Hidrológica were established; spaces for real and effective participation of the different social actors in decision-making on water resources. Article 29 of the bill violates the constitutional right to a healthy environment as it weakens the water resource protection areas without specific technical studies to justify it. The provisions contained in articles 126, subsections 2) and 31) of the bill modify Law No. 6877 Creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento of July 18, 1983, in that they eliminate the protection functions of all the country's aquifers currently carried out by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Avenamiento (SENARA) with binding criteria for all public entities and private individuals. The foregoing, with the aggravating factor that, in accordance with the provisions of numeral 31 of the bill, the aquifers that will be protected henceforth will be those determined by MINAE by executive decree, leaving the rest unprotected. Competences are eliminated from SENARA to investigate and protect water resources nationwide and issue binding criteria for all public entities and private individuals. The bill introduces a substantial reform, since it establishes that protection will only be given in aquifers declared as vulnerable by the Poder Ejecutivo; furthermore, to proceed with that declaration, a study must be available demonstrating the vulnerability of the water body as being of social, environmental and economic importance. Finally, they argue that articles 29 and 30 of the bill modify the objective of the crime of invasion and forest exploitation within the protection areas contained in articles 58, subsections a) and b), of the current Ley Forestal No. 7575, which prohibits and sets criminal sanctions for anyone who invades or exploits forest resources within the protection areas. Additionally, articles 29 and 126, subsection 7), with respect to the reform of article 33 of the Ley Forestal, violate the principles of legality and criminal typicity as well as non-regression in environmental matters.\n\n3.- By resolution at 13:35 hours on November 10, 2017, the previous consultation was deemed received, and the Directorate of the Legislative Assembly is requested to remit the legislative file, or a certified copy.\n\n4.- By resolution at 10:09 hours on November 15, the Presidency of the Sala Constitucional deemed received the certified copy of the requested legislative file, and it was assigned to the office of the Magistrate whose turn corresponds.\n\n5.- By brief filed on November 15, 2017, several deputies pronounce themselves in favor of the approved bill, referring to each of the aspects of the consultation, arguing that there is no such unconstitutionality.\n\n6.- By resolution of the Investigating Magistrate at 12:07 hours on December 12, 2017, the President of the Legislative Assembly was requested, as evidence for better resolution, to provide the technical report of the substitute text of November 2, 2017, and furthermore, to provide a copy of all the technical reports presented throughout the processing of the consulted bill. Resolution that was notified at 13:40 hours on December 14, 2017.\n\n7.- Regarding the previous evidentiary request, GONZALO RAMÍREZ ZAMORA, in his capacity as President of the Legislative Assembly, reports in summary that: There is no single document that comprehensively and previously gathers the technical aspects that support the substitute text. What exist are different criteria or opinions from institutions and organizations involved in the issue, which refer to the bill that was the basis for discussion before the approval of the substitute text of November 2, 2017. Such documents are provided. Likewise, after the substitute text was approved on November 2 and the bill voted on in first debate, the Presidency complied with the mandate ordered by article 157 of the Regulations of the Legislative Assembly to formulate the required mandatory consultations, and whose responses or opinions are also attached. It presents a list of all the documents that contain any technical or reasonableness element for the bill.\n\n8.- In the proceedings, the provisions of article 100 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional have been observed, and this resolution is issued within the term established by article 101 ibidem.\n\nDrafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- On admissibility.- In accordance with the provisions of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, this Sala can exercise prior advisory opinion on legislative bills. Among the different types of constitutionality consultation, we find the optional consultation contemplated in subsection b) of article 96 of the cited law. The consultation, it is clear, must conform to the requirements established in the same law, as well as those required by the legal system for each bill in particular. Otherwise, the consultation is unevacuable. This consultation refers to the bill processed in legislative file No. 17,742, called “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”. This is not the first occasion on which this Sala has known it, by way of an optional consultation. Previously, this Court had ruled in judgment No. 2014-12887 at 14:30 hours on August 8, 2014. On this occasion, the majority of this Sala considers that this new consultation is unevacuable, because the consulted bill is constitutionally unviable, due to the Legislative Assembly's own negligence in meticulously disregarding what the Constitution expressly prescribes for laws that are of popular initiative. As it is a bill that originated from this initiative, both its approval and the possibility of filing the respective consultation must be understood as subject to a period, as indicated by constitutional article 123. The passage of time, amply beyond the constitutional and legal norm, led to the expiration of the legislative process and to the fact that, therefore, the processing of this bill is already perished. The non-observance of the period means that the bill is constitutionally unviable and that, consequently, the consultation does not meet the requirements of numerals 143.3 of the Regulations of the Legislative Assembly, 98 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, 6 of the Ley de Iniciativa Popular and 123 of the Political Constitution. The foregoing, as explained in the reasons that were set forth in the dissenting vote of Magistrates Jinesta Lobo, Rueda Leal and Salazar Alvarado, drafted by the second, in the recently mentioned judgment and which the majority of this Sala now makes its own. They are the following:\n\n«1.- On the right to citizen participation. The participatory character of the Costa Rican government, originating from article 9 of the constitutional text, has been repeatedly recognized and protected by this Court. Regarding it, it has been said:\n\n“III.- On the right to citizen participation. The principle of citizen participation in decision-making has become one of the fundamental pillars on which the democratic system rests. In our country, the constitutional legislator enshrined the principle cited in article 9 of the Political Constitution by providing that the Government of the Republic is popular, representative, participatory, alternating and responsible. Likewise, both at the constitutional and legal level, a series of mechanisms have been established that seek to ensure that the aforementioned principle can be applied effectively, and not remain solely on paper, such as the referendum for the approval or repeal of laws and partial reforms to the Constitution, or popular initiative in the formation of laws…” (Resolution 2011-11620 of 15:11 hours on August 30, 2011)\n\nThis right rests not only on the constitutional norm, but also on a series of international instruments that ratify it, such as article 21, paragraph 1 of the Universal Declaration of Human Rights, numeral 20 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, ordinal 23, paragraph 1, subsection a) of the American Convention on Human Rights and article 25, subsection a) of the International Covenant on Civil and Political Rights.\n\nOn the other hand, article 9 is intimately linked to numeral 2 of the Political Constitution, which states that Sovereignty resides exclusively in the Nation. In accordance with such provision, one way to guarantee that sovereignty is made effective consists of creating mechanisms that enable the exercise of such sovereignty through citizen participation.\n\nAmong the ways to operationalize the right to citizen participation is the holding of public hearings, access to information and participation in the legislative process; within the latter, one of the mechanisms devised is popular initiative, as will be seen.\n\n2.- On popular initiative in the formation of laws. By constitutional reform (Law Nº 8281 of May 28, 2002), two figures related to citizen participation were included in our maximum norm; in particular, referendum and popular initiative. Regarding the latter, its regulation came through the Ley de Iniciativa Popular (Nº 8491) of March 9, 2006, to whose study it is necessary to turn to elucidate the appropriateness of this constitutional consultation.\n\nThe objectives of the Ley de Iniciativa Popular were set forth in the explanatory memorandum that accompanied the bill. In it, the following justification is found:\n\n“When we develop popular initiative and referendum through a law, what we are doing is normatively recovering the concept of citizenship, by recognizing that political participation goes beyond the election of representatives and that political rights can manifest in a more intense way in the political life of the community through the instruments of semi-direct democracy. Through this law, we are rethinking and strengthening the concept of democracy, by normatively pointing out that democracy is something more than the ambiguous government of the people, but rather implies effective and tangible participation in the conduct of public affairs.” (Folio 4 of legislative file 14,799. The underlining is added)\n\n“Those who believe that with the constitutionalization of popular initiative the trend of introducing inconsequential political changes continues are mistaken. Popular initiative, if we endow it with an effective instrument, is called to enhance political dialogue. The resolution of conflicts of interest finds a fertile field for public and collective dispute, and for deliberation, decision and action. Political dialogue can cease to be, as it has been, the private terrain of political professionals, of their conclaves and negotiations, to broaden into dynamic processes of problem resolution, which find alternatives and consensus where there were none before or have not been sought rationally. Public purposes can cease to be the product of the inspiration, occurrence or interest of a few to become the consequence of acts of public participation, set through deliberation and collective action.\n\nThe bill is based on the principle that the political community develops from participation and, at the same time the possible basis, rests on the conviction that civic activity educates people on how to think collectively as citizens and how to convert that thought into action directed at very concrete political objectives. We believe that if the people are given agile and simple instruments of participation they will know how to take advantage of them, and will incorporate them into their political heritage and culture just as they did in the past with free and secret suffrage. If we approve norms and instruments that promote participation, the people will participate, thereby strengthening politics and democracy and the understanding that citizenship is also a way of life.” (Folios 5 to 8 of legislative file 14,799. The underlining is added).\n\nThus, popular initiative was devised as an effective, simple and agile mechanism to foster political dialogue with the citizenry and grant it the possibility of participating in the direction of public affairs.\n\nThe next step, as can be corroborated in the legislative file, was to determine what to do so that popular initiative would be imbued with those elements. In this sense, the discussion focused especially on two points: the period within which the popular initiative bill should be voted on – to thus comply with the mandate of article 123 of the Constitution – and the consequences of failing to comply with such a period of constitutional relevance.\n\nThe solution provided by the original bill was to give popular initiative priority in the legislative process and short periods for its vote. Thus, original article 24 provided that the bill would occupy the first place of the order of the day and had to be voted on within 30 days. (Folio 16 of legislative file 14,799).\n\nSubsequently, both the period, criticized for being too short, and the privilege in the legislative process were questioned, as it was considered it could become a means for subjects outside the Legislative Assembly to impose the legislative agenda.\n\nRegarding the period, the possibility of it being one year, two years or four years was discussed. Finally, as is known, the period of two years was imposed. It is interesting for the purposes of this dissenting vote, to observe the arguments provided by the deputies when discussing the period in which popular initiative should be voted on.\n\n“I agree with the term of one year, if not in this Legislative Assembly, they give it fourteen years (…)\nTo me it seems that otherwise it would be a mockery of the voters. (…)” (Deputy Valerín, folio 447 of legislative file 14,799).\n\n“The discussion in the Commission led to the conclusion that it should not exceed two years.\n\nIt could be that the Plenary of the Assembly might consider that the deadline be a little longer, but the truth is that what we cannot do under any circumstances is leave this open-ended, because that, obviously, would not only be unconstitutional, since it is not the spirit of the Constitution, of the letter of the Constitution, but it would also be an act of betrayal towards the Costa Rican people, who have pinned..., or that part of the Costa Rican people who have pinned their hopes on being able to discuss some laws through mechanisms like this.\" (Deputy Valerín, folio 586 of legislative file 14.799)\n\n\"The idea of setting a two-year deadline is that, effectively, in some way we believe that if there was the effort and the possibility of obtaining a certain percentage of signatures from the electoral roll, then, at the very least, the deputies would be obligated to vote within a determined time; it is not stated whether favorably or unfavorably; what is set is a deadline for the vote. \nWhat they are requesting, through this motion we are discussing, is the elimination of Article 6, which is the deadline for the definitive vote on the bills, and then Article 5, which is the one that follows, which also deals with the topic related to deadlines. \nTherefore, I am going to vote against these motions and I call on you to explain this within the heart of our party groups, so that the initial difficulties that this type of mechanism has for starting its processing are also understood.\" (Deputy Chinchilla, folio 609 of legislative file 14.799).\n\n\"Thus, the problem of legality is resolved; in my opinion, the problem of opportunity remains. Is it opportune to give privileged processing to a popular initiative? Personally, I said at the time: 'We are the representatives of the people, the people tell us what we have to do. Now, in this case, what the people are telling us is that they want us to vote on that initiative, nothing more, they are not saying: I want you to approve it, but rather vote on it. And if in two years a Parliament has not become aware of the gravity of a law or the benefit of a law, there is no deadline for this; but it seems to me that we must make Parliament efficient, and efficient does not mean that we are going to rush things, to not study things, but rather, efficient, I believe that two years is a more suitable time, so that with great calm public opinion can express itself, the deputies can listen, can study, and can analyze. At the end, what it also comes down to is voting. \nFor this reason, it seems to me that the contemplated two-year deadline is more than sufficient.\" (Deputy Corrales, folio 612 of legislative file 14.799).\n\nFrom the transcribed texts, some elements can be extracted that were decisive for establishing the two-year deadline for the legislative processing of bills submitted through popular initiative. One of these points, in which we find the primary objective for setting a deadline, is the necessity for the bill to be voted on. That is, the aim is to remove that bill from the disagreements, fluctuations, and vicissitudes that could frustrate the intention of the citizens who submitted the initiative, which is for their bill to be heard and voted on in the Legislative Assembly. Hence, Article 123 of the Constitution indicates that the deadline is for the definitive vote on the bill. If, for lack of such a deadline, the bill were never heard or were introduced in the Legislative Assembly only to be archived through the passage of time, whether out of disinterest or, rather, due to the interest and controversy the bill might generate, then the institution of the popular initiative would be emptied of its essential content, because citizens would be deprived of an effective tool to submit a topic of their interest to legislative discussion and vote. In the transcriptions, the cited deputies allude to this fact, stating that it would be a \"mockery\" or a \"betrayal\" of the Costa Rican people.\n\nAnother observation resulting from the excerpts is that the deadline established in the law—two years—has been the product of consensus among the legislators, some of whom have advocated for a longer deadline, while others for a shorter one. The fruit of that discussion has been the deadline we know today. The importance of this is that this consensual deadline represents a reasonable period within which the entirety of the legislative procedure can be developed, at least up to the definitive vote on the bill, which is required by constitutional Article 123. This conclusion is deduced not only from the common agreement that the deadline is linked to the definitive vote on the bill but also from the last comment of Deputy Corrales, who points out that two years constitute an adequate time both to submit the bill to public opinion and—here emphasis must be placed—for study, analysis, and voting by the deputies.\n\nA second subject of discussion concerns the legal consequences of non-compliance with the established deadline. At one point, Deputy Corrales proposed motions to the effect that a criminal penalty should be established if the deadline were not met. On that occasion, he expressed: \n\"For me, we deputies have no, absolutely no difference from the other members of the supreme branches of government and other officials who must fulfill their duties. What happens is that we are judge and party and we do not wish to incriminate ourselves, nor those who come after. But, I feel there is a responsibility, a responsibility of a Parliament, which is told: You have two years to pass a law. Well, pass it within two years. Passing the law does not mean approving it; it must be said to vote on it. Whether it negatively approved it, approved it, or rejected it, it approved it, but it was voted on, it was heard. \nBecause, I feel that the reaction we have is that we do not want to let go of the monopoly on laws that the deputies hold today, that legislative process. So, we deny the people the power to legislate. Then, [...] for us it would be very easy to leave a bill ad calendas graecas; we are not satisfied and we believe it should be from our own initiative, we simply leave it there. Hence, the reason that deputies who do not comply with the deadlines indicated for voting on a law, favorably or unfavorably, should be sanctioned, but the law was heard.\" (Deputy Corrales, folios 390 and 391 of legislative file 14.799).\n\nIn this regard, it was also said: \n\"Second, constitutional Article 123, recently reformed, says: ...bills of popular initiative must be definitively voted on within the peremptory deadline indicated by law. That is what the Constitution says, except for constitutional reform bills, which will follow the procedure provided in Article 195. So, look at the mandate, the mandate of Article 123 is very clear: popular initiatives must be definitively voted on within the peremptory deadline indicated in the law. OK, what happens if the vote is not taken within that deadline, we simply ignore it, […], we do not vote on it and so what? It remains ad calendas graecas, as something more serious, it seems to me. I believe we did not even foresee in the text what happens with the lapsing of bills in the four-year term. Are those bills definitively sent to the archive or are they not sent to the archive?\" (Deputy Corrales, folio 493 of legislative file 14.799).\n\nHowever, the criterion that prevailed in the Legislative Assembly and that we find in the legal text emerges from the opinion of those who opposed Deputy Corrales's request: \n\"What do we want with the popular initiative? To fulfill the mandate of Article 123, to give it a peremptory deadline; why not the same four-year term deadline, and instead of dying, rather let it automatically remain on the agenda, I don't know, three years and eight months before, so that it is guaranteed that it will be voted on, not approved, but voted on, which is what it says. Or what happens if it is stuck in a Committee and if a Committee has a series of priority matters? How to transport it from Committee to the Plenary? What happens if the bill is open or immature with three hundred motions or twenty motions, whatever they may be? How are those possibilities resolved? \nIt seems to me that this is what we should aim for: to be more efficient and not necessarily to create a criminal type, which, moreover, will be useless. What fulfillment will the President of a Committee have if the bill was not discussed, if the Committee members could not agree, or if there was no quorum, for example? And if each one has an excuse, it will be the President of a Committee who will have to go there.\" (Deputy Malavassi, folio 497 of legislative file 14.799).\n\nFinally, by way of conclusion, the proponent of the motion stated: \n\"I believe that we, sincerely, must meditate on some procedure so that the text of a popular initiative is voted on. Voted on, as the deputies see fit, but it must be voted on, because even the prestige of the Parliament and our System is at high risk if a popular initiative is given to us, we open the Political Constitution so that the citizen has the opportunity to directly submit a text to the Legislative Assembly, and subsequently, the Legislative Assembly simply snubs it and does not vote on the bill.\" (Deputy Corrales, folio 500 of legislative file 14.799).\n\nThe situation that arises if the two-year deadline is exceeded, that is, disrespected, must be analyzed. Article 123 of the constitutional text indicates that the deadline set by law is peremptory. The direct derivation of that adjective is the non-extendability of the deadline. Consequently, it is deduced that there is an interest on the part of the Derived Constituent Power for the legally established deadline to be respected and, in that way, to prevent its continuous extension from contradicting the very purpose of the deadline. \n\nHowever, that is not the only logical derivation of the article, because for the undersigned it is also clear that said deadline was established in favor of the initiative and the citizens who submitted it. As previously stated, the law's intention is to enhance effective citizen participation through the popular initiative. No less can be said of the constitutional norm. If it were interpreted, for example, that the bill would be archived once the indicated deadline had passed, that would argue against the ratio legis itself, because the consequence would be to frustrate the bill formulated by the citizens being heard and voted on by the deputies. The same can be said of an extension beyond the established deadline—a position endorsed by the majority of this Court—for this imbues the bill of popular initiative with uncertainty. Indeed, if the continuation of the ordinary law-making process is endorsed, allowing the discussion of the bill in the Assembly and the consultation before the Court, as the majority vote establishes, then the constitutional deadline is being disrespected and the bill is imbued with uncertainty, the definitive vote of which will occur at an indeterminate moment and, therefore, clearly contrary to the ratio iuris of the constitutional deadline. \n\nThe next question is what happens when the constitutional deadline expires. In this regard, it should be noted that Article 6 of Law No. 8491 literally states: \n\"If, upon expiry of this deadline, the bill has not been voted on in first debate, it must be heard and submitted to a vote in the next immediate session of the Legislative Plenary or the Committee with Full Legislative Power, as the case may be. For these purposes, if the initiative has not been reported on, it will be deemed dispensed from all procedures. The same rules shall be applicable to the processing in second debate and to hearing the reports of the Constitutional Review Committee.\" \n\nErgo, the norm clearly stipulates that, if the two-year deadline has expired and the respective bill has not been voted on in first debate, it must be heard and submitted to a vote in the next immediate session of the Legislative Plenary or the Committee with Full Legislative Power. For that purpose, if the initiative has not been reported on, it will be deemed dispensed from all procedures. Such immediacy applies equally to the processing of the second debate, as it must be guided by the same rules as the first debate, that is, the vote in second debate must be carried out in the next immediate session of the Legislative Plenary or the Committee with Full Legislative Power, after the bill has been voted on in first debate. \n\nFrom this, it is fully denoted that a bill of popular initiative that exceeds the two-year deadline does not follow the ordinary legislative iter, as the criterion of the majority of this Court considers, but rather is subjected to a different procedure, expeditious and aimed at its definitive vote, according to the constitutional requirement. The discussion of the bill and, in itself, the entire legislative iter that the majority of this Court desires should have been carried out during the two years that the Political Constitution and the Law of Popular Initiative provide for it. \n\nIn this regard, note that according to Article 98 of the Law of Constitutional Jurisdiction and regulation 143.3 of the Regulations of the Legislative Assembly, when the Legislative Assembly has a constitutional or regulatory deadline to vote on a bill, as occurs in the instant case, the consultation must be made with due anticipation, and the consulted bill must be voted on even if the Assembly has not received the Court's criterion. Ergo, neither the constitutional consultation, much less a potential proceeding before the Constitutional Review Committee, suspends the Parliament's obligation to definitively vote on the consulted bill within the cited peremptory deadline. \n\nSaid normative framework, as well as the immediacy and speed it seeks, is in accordance with the legislator's purpose of ensuring that bills from the popular initiative are effectively voted on within the peremptory deadline regulated by law. \n\nTherefore, we the undersigned consider that, once the indicated term is exceeded, an anomalous situation arises, contrary to the Constitution, because the bill lacks a definitive vote, even though the constitutional text so orders. Faced with this scenario, the solution provided by law is the immediate and expeditious return to constitutional normality. That is, the bill that should have received a definitive vote by that moment must be dispensed from procedures and submitted to the votes that are pending until it receives a definitive vote. In this way, compliance with the ratio legis is guaranteed, by compelling the Legislative Assembly to hear and vote on the bill, seeking to ensure that the popular initiative is taken into consideration. \n\nIt goes without saying that the constitutional review by this Court can be carried out a posteriori. That is, in the sub examine, the optional consultation before the Court is not an indispensable procedure for the bill; nothing prevents this Tribunal, through subsequent review, from hearing claims of unconstitutionality that arise due to the approval of the bill in question.\n\n3.- Regarding the counting of the deadline established in Article 6 of the Law of Popular Initiative. Another manifestation of the interest that exists for bills to be definitively voted on within the legal deadline set in the Law of Popular Initiative is made explicit in the counting of the deadline contemplated by said law. \n\nThis counting starts from the date on which the Secretariat of the Legislative Directorate receives the bill (Article 6). This moment should not be equated with the reception of the initiative established in Article 2 of the Law, but rather with the transfer of the bill made by the Supreme Electoral Tribunal after having reviewed the signatures and the required percentage, according to Article 4. An interpretation that started from the moment of submission under Article 2 would cause uncertainty in the counting of the deadline because, should the Supreme Electoral Tribunal determine that the required percentage of signatures has not been met, it would grant a non-extendable period of 90 days to fulfill the shortfall (Article 4), which would notably affect the discussion period available to the Legislative Assembly. \n\nWe the undersigned estimate that such an interpretation is unsystematic, not only by virtue of the previous argument but also in view of the method of computing the two-year deadline. Indeed, although Article 6 establishes a two-year deadline for the definitive vote on the bill, it is not two calendar years, as its count is suspended during legislative recesses and extraordinary sessions, in the event the bill is not convened by the Executive Branch. What is sought with this is that the two years serve for the effective hearing of the bill and, in this way, that the deadline is reasonable for fulfilling the entirety of the legislative process, at least up to its definitive vote. \n\n4.- Regarding the computation of said deadline for bill 17.742. In accordance with the parameters indicated above, the undersigned have conducted a count of the deadline under Article 6 of the Law of Popular Initiative for the case of bill 17.742, submitted for consultation. \n\nDuring this process, the Court requested from the Directorate of the Legislative Assembly, as evidence for a better resolution, a breakdown of the legislative process and the count of the two-year deadline applied to the consulted bill. Below is a literal transcription of the breakdown provided: \n\n\na. Legislative Term from May 2010 to May 2011\nMONTH\n\\t\nCOUNTED DAYS\n\\t\nOBSERVATIONS\n\nMay 2010\n\\t\n7 days\n\\t\nStart date 25-05-2010\nPeriod of ordinary sessions\n\nJune 2010\n\\t\n30 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nJuly 2010\n\\t\n26 days\n\\t\nAlthough July has 31 days, the Legislative Assembly recessed 5 days, from July 12 to 16.\n\nAugust 2010\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nSeptember 2010\n\\t\n30 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nOctober 2010\n\\t\n31 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nNovember 2010\n\\t\n30 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nDecember 2010\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nJanuary 2011\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nFebruary 2011\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nMarch 2011\n\\t\n22 days\n\\t\nThe bill was convened to extraordinary sessions starting March 10, 2010\n\nApril 2011\n\\t\n27 days\n\\t\nThe bill was convened in extraordinary sessions, but a recess of 3 days was approved from April 18 to April 20, 2011, so those 3 days are subtracted from the 30 of April.\n\n \nTOTAL\n\\t\n203 DAYS\n\\t\nTotal counted days of bill processing: 203 days\nMaximum balance of days to continue with the bill processing: 527\n\n\nb. Legislative Term from May 2011 to May 2012\nMONTH\n\\t\nCOUNTED DAYS\n\\t\nOBSERVATIONS\n\nMay 2011\n\\t\n31 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nJune 2011\n\\t\n30 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nJuly 2011\n\\t\n27 days\n\\t\nAlthough July has 31 days, the Legislative Assembly recessed 4 days, from July 11 to 14.\n\nAugust 2011\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nSeptember 2011\n\\t\n30 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nOctober 2011\n\\t\n31 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nNovember 2011\n\\t\n30 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nDecember 2011\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nJanuary 2012\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nFebruary 2012\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nMarch 2012\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nApril 2012\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nTOTAL\n\\t\n178\n\\t\nTotal counted days of bill processing, adding the 2010-2011 and 2011-2012 legislative terms, 381 days.\nMaximum balance of days to continue with the bill processing: 349\n\n\n\n\n\n\nc. Legislative Term from May 2012 to May 2013\nMONTH\n\\t\nCOUNTED DAYS\n\\t\nOBSERVATIONS\n\nMay 2012\n\\t\n31 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nJune 2012\n\\t\n30 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nJuly 2012\n\\t\n22 days\n\\t\nAlthough July has 31 days, the Legislative Assembly recessed 9 days, from July 9 to 19, so those were subtracted.\n\nAugust 2012\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nSeptember 2012\n\\t\n30 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nOctober 2012\n\\t\n31 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nNovember 2012\n\\t\n30 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nDecember 2012\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nJanuary 2013\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nFebruary 2013\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nMarch 2013\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nApril 2013\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nTOTAL\n\\t\n174\n\\t\nTotal counted days of bill processing, adding the 2010-2011, 2011-2012, and 2012-2013 legislative terms\n555 days.\nMaximum balance of days to continue with the bill processing: 177\n\n\n\nd. Legislative Term from May 2013 to May 2014\nMONTH\n\\t\nCOUNTED DAYS\n\\t\nOBSERVATIONS\n\nMay 2013\n\\t\n30 days\n\\t\nRecess May 2\n\nJune 2013\n\\t\n29 days\n\\t\nRecess June 3\n\nJuly 2013\n\\t\n21 days\n\\t\nAlthough July has 31 days, the Legislative Assembly recessed 10 days, from July 8 to 19.\n\nAugust 2013\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nSeptember 2013\n\\t\n30 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nOctober 2013\n\\t\n31 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nNovember 2013\n\\t\n30 days\n\\t\nPeriod of ordinary sessions\n\nDecember 2013\n\\t\n1 day\n\\t\nThe bill was convened in extraordinary sessions on December 11 and was unconvened on December 12\n\nJanuary 2014\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nFebruary 2014\n\\t\n0 days\n\\t\nThe bill was not convened in extraordinary sessions\n\nMarch 2014\n\\t\n5 days\n\\t\nThe bill was convened in extraordinary sessions on March 19 and was unconvened on March 20.\nAgain convened on March 25 until its final vote\n\nTOTAL\n\\t\n177\n\\t\nTotal counted days of bill processing, adding the 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, and 2013-2014 legislative terms, is 730 days\nDeadline expired on March 28, 2014.\n\n\nIn the official communication provided by the Acting President of the Legislative Assembly, a detail of the processing days for the cited bill is made to conclude that the two-year deadline expired on March 28, 2014. This same date was accepted in due course by the President of the Legislative Assembly who, consequently, issued a resolution in Session No. 148 of March 31, 2014, for bill 17.742 to be heard and voted on. \n\nNow, the signatories observe a calculation error in the sum of days performed by the Legislative Assembly. According to the breakdown provided, in the legislative term from May 2011 to May 2012, the Assembly counted 178 days. However, after summing the items for that legislative term, the result is 179 days, corresponding to 31 days for May, 30 days for June, 27 days for July, 30 days for August, 31 days for October, and 30 days for November, all of 2011. \n\nFurthermore, when performing the sum of total days elapsed per legislative period (and applying the correction from the previous paragraph; that is, the sum of 203, 179, 174, and 177), 733 days is obtained. That is, there is another error in the calculation, since up to this point, the deadline would actually have expired 3 days before what was indicated by the Legislative Assembly. \n\nHowever, one more correction must be made. The undersigned observe an error in the counting of legislative recesses. Indeed, after analyzing the breakdown made by the Legislative Assembly, it is verified that during the legislative recesses of July 2012 and 2013, a total of 9 days for July 2012 and 10 days for July 2013 were counted as part of those recesses (and therefore, as days not included in the count of the deadline). Nonetheless, the first recess mentioned occurred from July 9 to 19, 2012, so in reality 11 days of recess elapsed; in the case of the second recess, from July 8 to 19, 2013, the Court counts 12 days of recess. In this regard, we estimate that the recess days must be counted according to the recess declaration itself and, should there be a non-business day within it, this must be included as part of the recess and added to the suspension of the computation of the deadline, according to Article 6 of the Law of Popular Initiative. This correction entails an increase of 4 days (2 for each recess) in the count of the bill's deadline. The difference between the 3 days that must be subtracted and the 4 that must be added to the deadline is one day. Ergo, the deadline for the definitive vote ended on March 29, 2014. \n\nIt is an indisputable fact, and of vital importance in the judgment made by the undersigned, that the peremptory two-year deadline for the definitive vote on the bill in question had expired prior to the filing of the admitted constitutional consultation, which occurred on April 22, 2014. Equally, it is essential that, after March 29, the Legislative Assembly did not proceed immediately and expeditiously with the legislative process and, in particular, with the definitive vote on the bill, as it should have, having time to do so before the consultations were filed. \n\n5.- Regarding the moment of filing optional constitutional consultations and the sub examine. Article 98 of the Law of Constitutional Jurisdiction states: \n\"ARTICLE 98. When dealing with constitutional reforms, the consultation must be made after their approval in first debate, in the first legislative term, and before the definitive one. When dealing with other bills or legislative acts subject to the law-making procedure, it must be filed after being approved in first debate and before being so in the third. \nNonetheless, when the Legislative Assembly has a constitutional or regulatory deadline to vote on the bill, the consultation must be made with due anticipation, and the bill will be voted on even if the Court's criterion has not been received. \nIn other cases, the consultation must be raised before definitive approval.\" (Emphasis added).\n\nIn the same vein, numeral 143.3 of the Regulations of the Legislative Assembly establishes: \nARTICLE 143.- Procedure for constitutional consultations \n… \n3.- Nonetheless, when the Legislative Assembly has a constitutional or regulatory deadline to vote on the bill, the consultation must be made with due anticipation, starting from the moment the Committee in charge of studying it has approved the corresponding report or reports. In this case, the Legislative Assembly will vote on the bill even if the report has not been received, as well as when the Court fails to meet the legal deadline to resolve the mandatory consultation. (Emphasis added).\n\nOne of the objectives of the cited articles is to enhance the function of prior constitutional review of bills performed by the Court. In that sense, for bills in general, it is observed that the consultation must be filed before the definitive approval of the bill. The purpose of the norm is to enable the resolution issued by the Court to be timely—hence also the one-month deadline granted by Article 101 of the cited law—and, in that way, to be known by the legislators and have an impact on the bill. \n\nThe Court has stated in this regard: \n\"In the optional constitutional consultation—such as this one—what is sought is that the Legislative Assembly, before deciding definitively on a bill, has the opinion of the Constitutional Court regarding the conformity or not of the bill's text with the Political Constitution, as well as whether the provisions required by the fundamental charter have been observed in its processing. In summary, it can be said that it is solely a matter of non-binding observations—with the exception made by law in the event that the existence of unconstitutional procedures of the consulted bill is established—aimed at guiding the legislator in a certain direction or, even, at urging them to follow the indicated orientation—if any were made—.\"\n\nIt is, according to the doctrine, a typical case of prior constitutional review.” (Resolution 2000-8750 of 14:53 hours on October 4, 2000).\nIn the particular case of projects subject to a constitutional or regulatory deadline for their vote, as in the case at hand, by provision of Article 123 of the Constitution, the Chamber has interpreted the second paragraph of Article 98 in the sense that the project may be submitted for consultation even before its approval in first debate:\n“The present consultation was made by ten deputies of the Legislative Assembly regarding a project currently under discussion. Although it was made before the approval in first debate of the present bill (see folio 368 of the legislative file), as ordered by Article 98 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), this Chamber has interpreted on previous occasions that, in the case of projects subject to a deadline, such as initiatives seeking to approve or modify the Budget of the Republic (Articles 178 of the Political Constitution, 178 and 180 of the Regulations of the Legislative Assembly), the possibility given by the second paragraph of the cited numeral 98 of the procedural law is applicable, according to which consultation in these cases may be formulated “with due anticipation,” in order to avoid the consultation being evacuated once the project deadline has expired, or after its final approval. (See in this regard rulings numbers 1716-90, of fifteen hours on November twenty-seventh, nineteen ninety, and 2000-10136, of nine hours on November seventeenth, two thousand). Consequently, in accordance with the provisions of Articles 96 subsection b) and 98 paragraph 2 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), this legislative consultation of constitutionality is admissible at this time.” (Resolution 2003-2743 of 14:30 hours on April 3, 2003, reiterated in resolution 2011-15968 of 15:30 hours on November 23, 2011).\nThe purpose of this rule is twofold. On one hand, it is intended, in line with the rest of the article, that the project be submitted to the knowledge of the Chamber before its final approval, so that its pronouncement may be taken into account by the legislators. Hence, the consultation must be made with “due anticipation.” We, the undersigned, consider that, in accordance with the above, it will be up to the Chamber to determine, on a case-by-case basis and considering the legislative file and the scope of the consultation, whether this requirement is met. On the other hand, the paragraph seeks respect for the deadline of constitutional relevance established for the vote on the project, so that it “…shall be voted on even if the Chamber’s opinion has not been received.” That is, the absence of a pronouncement from the Chamber should not serve as a pretext to disrespect the voting deadline, as this would result in the creation of a situation contrary to the normative order.\nThe examination of the admissibility of the consultation raised must be conducted based on the criteria set forth above.\nIt has been established that it was raised after the fulfillment of the constitutional deadline set for the final vote on the bill. Even after the expiration of the deadline, there was sufficient time for the project to be definitively voted on. As already explained, the non-compliance with the deadline established by the Law of Popular Initiative (Ley de Iniciativa Popular) means entering an anomalous state, because the final vote that should have occurred by that time, as prescribed by Article 123 of the Constitution, is absent. The disregard of that deadline has the legal consequence stated in Article 6 of that law, that is, the expeditious return to the state required by the fundamental norm. As previously clarified, the constitutional deadline was set for the benefit of effective citizen participation, which leads to compelling the legislator to consider bills presented by popular initiative.\nThus, admitting for its consideration via an optional consultation of constitutionality a popular initiative project whose constitutional deadline for the final vote has expired constitutes a nonsense that violates the ratio iuris of the law and the Political Constitution, besides denaturing its objective—providing citizens with a mechanism so that projects of their initiative are considered and definitively voted on by the legislators within a determined peremptory period—since it would precisely become an obstacle to its achievement and one more instance that could hinder the imperative need, ordered by numeral 123 of the Political Constitution, for a final vote to occur on the project.\nThe legislator’s intention is that the entirety of the legislative process up to the final vote, including the optional consultation of constitutionality, be carried out within the peremptory period of two years. Note that Article 6 of the cited law allows one to glimpse that the consultation of constitutionality must be filed within that period, by stating in fine that the same rules (dispensation of procedure) will also be applicable “…to the consideration of the reports of the Constitutional Consultation Commission (Comisión de Consultas de Constitucionalidad).” That is, both the optional consultation of constitutionality and an eventual report from said Commission derived from the ruling issued after a consultation are contemplated as part of the procedure that must be completed within the two-year period, and, if such period has expired, the obligation of the Plenary to proceed to vote on it definitively and immediately then emerges.\nThe consultation raised also contravenes the purposes of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), as expressed. In the first place, the consultation arrives when the constitutional deadline has expired, so the “due anticipation” that allows the Chamber to take cognizance of the project is absent. In the second place, the ratio iuris of the second paragraph of Article 98 of that law is to seek respect for constitutional and regulatory deadlines. Said deadline, as has been reiterated, expired on March 29, 2014, so this purpose is also not respected.\nIt does not escape the undersigned that, through ruling 2012-15840 of 16:00 hours on November 7, 2012, the optional legislative consultation related to the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) (legislative file No. 17054) was resolved and that, on that occasion, the constitutional deadline for the vote on the popular initiative had expired before the formulation of the consultation; specifically, the cited deadline had expired on September 27, 2012 (data recorded in the supra-cited ruling), the project was approved in first debate on October 2, 2012, and the consultation was raised on October 4, 2012.\nObserving the subsequent processing of said file, it is found that the project was voted on in second debate on December 10, 2012 (Alcance 92 to La Gaceta 95 of May 20, 2013) and that, in essence, the consultation presented to this Court contributed to a delay of approximately one month in the processing of the project. A similar situation is occurring in the case sub examine because, as observed in the copies of the file, at folio 4757, the discussion of the consulted project was suspended until the Chamber resolves this consultation. That is, the constitutional consultation mechanism has become a means of violating the peremptory constitutional deadline and delaying the processing of a project that, by this moment, should already have been voted on in second debate, according to the express provision of the Political Constitution. Such conduct is intolerable, because it undeniably undermines the very purposes of establishing a peremptory deadline of constitutional relevance.\nFurthermore, we the signatories consider that vote 2012-15840, cited in the majority vote, contradicts the very arguments defended by the majority. Indeed, on that occasion it was resolved that it was constitutional to limit the right of amendment (derecho de enmienda) of the deputies, in order to respect the constitutional deadline of the popular initiative. This is observed if a complete transcription of the respective section is made:\n“b) Regarding the violation of the right of amendment (derecho de enmienda) and the approval of the project in first debate outside the deadline. Secondly, the Deputies question that they were materially prevented from studying the project in question and making change proposals to the last version of the project that was submitted for discussion in the plenary, by virtue of the fact that the constitutional deadline of the file had expired. In this regard, since it is a popular initiative project, the provisions of Article 6 of the Law of Popular Initiative (Ley de Iniciativa Popular), Law No. 8491 of April third, two thousand six, are of particular interest, which indicates that: ‘Popular initiative projects must be voted on in the Legislative Assembly, within a maximum period of two years, unless they refer to constitutional reforms, in which case, they will follow the procedure provided in Article 195 of the Political Constitution. The computation of the period shall begin from the date on which the Secretariat of the Legislative Directorate receives the project, and shall be suspended during legislative recesses and extraordinary sessions, if it is not convened by the Executive Branch. If, after this period has expired, the bill has not been voted on in first debate, it must be considered and submitted to a vote, in the immediately following session of the Legislative Plenary or of the Committee with Full Legislative Authority (Comisión con Potestad Legislativa Plena), as the case may be. For these purposes, if the initiative has not been ruled upon, it shall be deemed dispensed from all procedures. The same rules shall be applicable to the process in second debate and to the consideration of the reports of the Constitutional Consultation Commission (Comisión de Consultas de Constitucionalidad)’ (The underlining does not correspond to the original). In the specific case, the peremptory period of two years for the vote on Project No. 17054 in its first debate process was completed on September twenty-seventh, two thousand twelve. For this reason, the President of the Legislative Assembly issued a resolution in light of the normative vacuum existing regarding the procedure to be followed to consider popular initiative bills for which the deadline to be voted on in the Plenary has expired and agreed to submit it to a vote in the session of last October 1st, in which the quorum was broken, which is why the project was considered and approved in the immediately following session, which took place on October 2nd, without this entailing a formal defect in the procedure. Note that the mentioned procedure was carried out in accordance with the provisions of the second paragraph of Article 6 of the Law of Popular Initiative (Ley de Iniciativa Popular) which provides that if the initiative has not been ruled upon, it shall be deemed dispensed from all procedures and must be submitted to a vote in first debate before the Plenary. By virtue of the foregoing, this Chamber does not find that the right of amendment (derecho de enmienda) was thereby violated, invalidating the processing of this bill, by virtue of the fact that there was a legal deadline established by the legislator itself that had to be respected for its vote before the Plenary. There is a logical limitation on the right of amendment (derecho de enmienda), not only due to the provision of a peremptory period, but also the fact that it is a popular initiative project justifies a limit that allows for the discussion and processing of a project possessing a qualified democratic origin.” (The preceding boldface is added)\nNote that the complete reading of the transcribed vote rather ratifies the position we, the undersigned Magistrates, assume in our dissenting vote, and rather contradicts the thesis of the majority in this ruling, which affirms that the discussion of the bill may continue even when the constitutional deadline has expired. By way of example, the conclusion of Considerando III states: “Consequently, it is clear that the legislator’s will was to favor the discussion of the project, once the period has elapsed, even when the initiative had not been ruled upon…” (The underlining is added)\n\nIn conclusion, we consider it is improper for this Court to take cognizance of the consultation filed in this proceeding, because doing so would represent endorsing the disrespect for the constitutionally established deadlines and thereby transgressing the objectives that the legal institutes of popular initiative and constitutional consultation must fulfill. By virtue of the foregoing, we dissent and declare the consultation unevacuable, as it was not formulated with the due anticipation.”\n\n\n\n\n\nThus, it is now the criterion of the majority of this Chamber that it is improper for this Tribunal to take cognizance of the consultation filed in this proceeding, because doing so would represent endorsing the disrespect for the constitutionally established deadlines and thereby transgressing the objectives that the legal institutes of popular initiative and constitutional consultation must fulfill. In a sense similar to what was resolved through vote number 2012-015840, which was a legislative consultation regarding a popular initiative project, this Chamber indicated that the period for voting on this type of project is peremptory; therefore, the appropriate course was, as was done in that case, that if the deadline has expired, the popular initiative project should be submitted to a vote immediately, without any possibility of further exercising the right of amendment (derecho de enmienda). This is so because, in these cases, there is a logical limitation on the right of amendment (derecho de enmienda), not only due to the provision of a peremptory period, but also the fact that it is a popular initiative project justifies a limit that allows for the discussion and processing of a project possessing a qualified democratic origin. By not having proceeded in that manner in the consulted project, its processing becomes lapsed, and its discussion, nor its vote, can continue any further. By virtue of the foregoing, we declare the consultation unevacuable.\n\n         II.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ.-\n         Respectfully, I separate myself from the criterion of the majority of the Chamber regarding the consultation raised within bill number 17742 “Law for the Integrated Management of Water Resources (Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico).” As has been reiterated jurisprudence of this Chamber, in optional consultations of constitutionality, the pronouncement is limited to the strictly consulted topics and to the arguments put forth by the consultants, such that my opinion will only address those aspects. As will be seen from the considerations set forth below—from my perspective—there are no defects of constitutionality for reasons of connection (conexidad), so the analysis of possible violations of Article 50 of the Constitution is limited exclusively to the norms consulted precisely for substantive reasons. This being said, it is clear that in no way can it be interpreted that, regarding the norms on which I do not rule, there might exist some kind of “endorsement” on my part of them, from the constitutional point of view.\n         1.- REGARDING THE ALLEGED FORMAL DEFECTS CONSULTED.\n         The consultants submit to the criterion of the Chamber three topics in relation to the manner in which the bill has been processed, which are analyzed separately:\na) Expiration of the deadline for the processing of the legislative initiative and disregard of the established procedure.\n         This issue arises for consideration by the Chamber because the consultants understand that this legislative project, being a popular initiative, had a specific period to be processed and voted on in the Legislative Assembly. They explain that—instead—the competent bodies have taken an excessive period to act, after the Constitutional Chamber issued its first consultation resolution in the case, all of which affects the validity of the project.\n         By ruling number 2014-12887 of 14:30 on August 8, 2014, the first consultation presented regarding the bill analyzed here was absolved and the topic of the period for its processing and vote on the initiative was addressed therein. The majority of the Tribunal concluded that although there was a period for the processing and vote of popular initiative projects, its disregard by the legislative body could not entail harmful consequences for the project itself, such as its impossibility of concluding the legislative process. The following was stated in that resolution on the specific point:\n“IV. (…)\nFirstly, it must be noted that in the realm of international human rights instruments, there is an absolute convergence of these in enshrining and guaranteeing to persons the right to participate or take part directly in the government or in the direction of the public affairs of their country, as established, by way of example, in Articles 21, paragraph 1, of the Universal Declaration of Human Rights of December 10, 1948, 20 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man of 1948, 23, paragraph 1, subsection a), of the American Convention on Human Rights of November 22, 1969, and 25, subsection a), of the International Covenant on Civil and Political Rights of December 19, 1966.\nIt is under that perspective that we analyze and interpret Article 123, third paragraph of the Political Constitution, in relation to Article 9 of the same Fundamental Charter, as they indicate:\nARTICLE 9.-\n“… The Government of the Republic is popular, representative, participatory, alternative and responsible…”\nARTICLE 123.- \n“… Bills of popular initiative must be definitively voted on within the peremptory period indicated in the law, …”\n         In this regard, as extracted from the minutes of the Legislative Assembly, during the processing of this reform, an effort was made to normatively recover the concept of citizenship, by recognizing that political participation goes beyond the election of representatives and that political rights can manifest in a more intense way in the political life of the community through instruments of semi-direct democracy. In that sense, it is clear that through this normative body an important step has been taken toward the strengthening of democracy. And continuing with the statement of motives, I could extract a point that is of utmost relevance for the analysis at hand, which appears from folio 5 to 8 of legislative file 14,799, which refers to the fact that with this Law of Popular Initiative (Ley de Iniciativa Popular), the aim is to provide an agile and simple instrument of participation to be used by citizens and thus promote citizen participation in the discussion. The majority of this Tribunal considers that the 2-year period, established in said Law of Popular Initiative (Ley de Iniciativa Popular), within which a project under its protection must be voted on—in light of Article 123, third paragraph of the Political Constitution—cannot imply a peremptory period to the detriment of the initiative because by understanding it that way we would be punishing the initiative and citizen participation in the face of legislative omission or inertia and that of political groups. From the discussions of the Popular Initiative recorded in the minutes, it is extracted that the intent was indeed to establish a two-year period, which is repeated time and again, but the fear of the female and male deputies was that the lack thereof would cause the project to pass indefinitely in the legislative stream. The objective of the period, as we understand it, was established in favor of the initiative, precluding some of the earlier stages (if they had not been completed within the period) and forcing the vote in first debate; even the third paragraph of Article 6 establishes that even when it has not been ruled upon, all procedures shall be dispensed with so that the project moves to first debate in the immediately following session. In that sense, we consider that the 2-year period cannot work against the popular initiative, but rather in its favor. Indeed, an integral interpretation of the Legal System that takes into account the essential content of the right analyzed and the spirit of the constituent legislator allows concluding that the latter delegates to the ordinary legislator the establishment of the mechanisms and periods that must regulate the initiative and within which said projects must be definitively voted on. This line is extracted from Article 6, first paragraph, of the Law of Popular Initiative (Ley de Iniciativa Popular), which although established a period for the bills protected under its guardianship to be voted on, also in the second paragraph provided: “If, after this period has expired, the bill has not been voted on in first debate, it must be considered and submitted to a vote, in the immediately following session of the Legislative Plenary…” Thus, it is concluded that the ordinary legislator, within the exercise of its competencies and being consistent with the principle of the hermetic plenitude of law, has provided a mechanism to facilitate and even force—if necessary—the vote on a bill arising from citizen initiative.\n         Thus, it is from this perspective that the majority of this Tribunal considers that Article 123 of the Political Constitution, by indicating: “…Bills of popular initiative must be definitively voted on within the peremptory period indicated in the law …,” sought to endow these projects with an advantage over the others in the sense of setting a period for their final decision, and left in the hands of the ordinary legislator the implementation mechanism, of how to force the start of the discussion and final vote on the project, precisely to avoid the possibility that the initiative be abandoned and perish due to inaction. Therefore, we consider that the constitutional norm must be interpreted in harmony with Articles 2 and 9 of the Political Constitution and Article 23, paragraph 1 of the American Convention on Human Rights and 25, subsection a) of the International Covenant on Civil and Political Rights. Precisely for that reason, the law obliges the Legislative Assembly to consider the project, once that period (2 years) has expired, in the immediately following session, with the objective of facilitating and even forcing—if it were the case—the activation of the following stages of the legislative iter, within which the possibility of formulating an optional consultation is included, as part of the procedure established by the legislator to safeguard the principle of supremacy of the Constitution (incorporated with the reform of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional)). Popular initiative in the formation of the law is only the introductory and instituting phase of the legislative procedure, and despite the fact that in this case we are before a type of initiative that has a special law regulating it, once it enters the legislative stream, it must follow the same formation procedure as any other. (…)\n         Thus, the legislative procedure is one of the essential aspects of the functioning of democracy, and involves, among others, the mandatory publicity and discussion of bills, precisely to guarantee the effective application of the democratic principle, to such an extent that substantial defects in that procedure produce nullity, declarable by this Chamber, by virtue of principles implicit in the Law of the Constitution, and collected, for example, in Articles 1, 2, 73 subs. c) and 101 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), among others. For the reasons indicated, an isolated interpretation of the first paragraph of the norm cannot be accepted. To act in that sense would be to accept the existence of methods that undermine and circumvent the very meaning of the Law of Popular Initiative (Ley de Iniciativa Popular) and empty the essential content of the institute of popular initiative so that it loses its efficacy. In sum, it would be sacrificing substance for form. As indicated supra, by its very nature, the Law of Popular Initiative (Ley de Iniciativa Popular) seeks to favor and expedite the procedure for the formation of the law, before and after the expiration of the two-year period, with the objective of putting the project into discussion, but in no way does it aim to punish or discard the effort and initiative of the citizens. (…)\n         In conclusion, and following the line of thought set forth in the cited precedent, we consider that the expiration of the two-year period provided in Article 6 of the Law of Popular Initiative (Ley de Iniciativa Popular) in accordance with Article 123 of the Political Constitution does not constitute an essential defect in the procedure, and on the contrary, as established by the law, it must be interpreted in favor of the initiative of the citizens who presented it and of the processing of the legislative procedure. The ratio legis of the peremptory period indicates to us that the time limit is not the determining factor, but rather that the initiative be dispensed so that it is voted on in first debate, but the legislative powers do not suffer a diminution or variation because they are exercised outside the period in this case, much less if it is to ensure the constitutionality of the project in respect for the supremacy of the Constitution which Parliament itself is obliged to observe. For that same reason, we consider that the alleged delay in the second debate vote, due to the processing of the consultation, is a full power of Parliament, and as noted, the expiration of the period cannot be interpreted as a lapsing of its competencies, less so if these are exercised to ensure the constitutionality of the project. (…)\n         Consequently, it is clear that the will of the legislator was to favor the discussion of the project, once the period has elapsed, even when the initiative had not been ruled upon (which in this case it was), so that it does not become an obstacle to its prosecution. All of this demonstrates its eagerness to provoke its discussion in order to be voted on initially in first debate and subsequently in second debate, without it being valid, from our perspective, to suppose that the popular initiative project, upon completing the two-year period, has as one of its legal possibilities that of archival, because even this could allow the Executive or the pressure of transitory political majorities to use filibustering methods to control the period so that it works against the citizens.”\n(All highlighted underlining does not belong to the original)\n\n\n         Being consistent with the thesis sustained in that ruling, it must be affirmed that the delay denounced in this new consultation (that is, the time elapsed from the transfer of the file to the Constitutional Consultation Commission (Comisión de Consultas de Constitucionalidad) and the approval of the project in first debate), although it could be excessive, cannot be taken as a basis for any decision that prevents the bill from advancing and being considered and decided by the Legislative Plenary, because that would be to hasten the popular initiative mechanism, enabling the use of one of its characteristics to achieve its deactivation, just as was clearly indicated in the transcribed ruling. Therefore, on this point, I consider that the exceeding of the period established in the Law of Popular Initiative (Ley de Iniciativa Popular) did not previously entail, nor could it now entail, negative legal effects for the conclusion of a popular initiative bill and for that reason I respond to the formulated consultation indicating that there is no essential injury to the Law of the Constitution with the disregard of the period established for the processing of popular initiative laws.\n\n\nb) violation of the principle of connection (principio de conexidad) by substantially modifying the original text of the project.\n         The consultants state that the project approved in first debate contains the modification of more than 19 articles of the original project. They consider that allowing the legislator to take advantage of a bill processed under the popular initiative procedure, enshrined in Article 123 of the Political Constitution, to introduce changes that distort the intention of those who requested it, is to odious circumvent and twist the popular will, citizen participation, the sovereignty of the Costa Rican people. It is added that, on November 2, 2017, a substantive motion is approved that modifies the text presented by popular initiative, in at least 19 articles.\n         The analysis of this point must therefore be conducted in two phases: first, the delimitation of the scope of the principle of connection (principio de conexidad) as this Chamber has understood it, and second, whether popular initiative laws have any reinforced status for the application of the cited principle. On the first aspect, the Chamber has sustained the need for the modifications made to bills as a result of the power of amendment (poder de enmienda) and the operation of the “transaccional political function” not to be of such magnitude that they are alien to the subject matter of the project; it is sought that the project not be denatured and that the Deputies and the citizenry not be surprised with “the introduction of novel and unknown topics for the Deputies who participate in the legislative dynamic…” (Resolutions number 2000-03220 and 2008-02896).\n\nThe principle of conexity must protect both the right of initiative and the right of amendment and attends to the conservation of the original subject matter of the bill:\n\"That is to say, what is intended with the protection that this principle grants is not to impede or obstruct the exercise of what the Chamber has called the 'transactional political function,' which refers to the possibility that the deputies have of adjusting, with their opinions, within the framework established by the initiative, the originally proposed bill. That framework is understood to be defined, fundamentally, by the subject matter on which the bill deals, such that it could not be excluded or modified 'to such a degree that it affects the substance' by way of amendment.\" (Resolution No. 2007-017104) (The underlining is not part of the original)\nAnd even more precisely:\n\n\"the amendment cannot be used to exclude from the root the subject matter to which the bill refers under the particular conception of its legitimate proponent (whether or not an attempt was made to usurp the advantages of an already advanced process)…\" (Resolution No. 3513-94 and 2000-05496).\n\nIn conclusion, conexity imposes respect for what the Chamber has called the \"subject matter\" of the legislative bill, which I understand as the specific aspect of reality that is intended to be subjected to normative regulation by the State. With this, the aim is to avoid surprising citizens or their representatives, the Deputies, with imperative legal provisions about which they have had no knowledge, much less been able to express—if they so desire—their criteria and observations. But conexity cannot be taken to the point of preventing changes to the proposed texts in one sense or another or limiting them to those that—from an always and necessarily partial perspective—are considered as \"improvements,\" because precisely the Costa Rican parliamentary process is built upon the capacity and possibility of the Deputies to manage and procure changes in the bills of law so that they reflect their ideological criteria and the opinions and interests of those who have elected them; that is the essence of a democratic process and not the search for non-existent objectivity on the part of the Deputies or the condition of being \"good in itself\" in the bills. The parliamentary process in general—and least of all one like this—is clearly alien—in general terms—to the possibility of its evaluation through material quality criteria, because it is not the result of the work of experts or professionals but the product of consensus, understandings, and negotiation among the different forces and vital perspectives represented in the Legislative Assembly. Thus, it does not seem to make sense to understand that the parliamentary processing of a presented text must be limited to its approval or rejection just as happens with the texts of international instruments where this must be so for obvious reasons.\nIn the second aspect, I disagree with the thesis of the petitioners that bills of popular initiative must have an advantage (or, depending on the point of view, the disadvantage) of requiring a more constrained application of the principle of conexity. The normative structuring of the law-making procedure in bills of popular initiative is essentially exhausted in the issue of the presentation of the bill and the issue of deadlines, so that the Political Constitution has no rule that distinguishes them in such a relevant and key aspect of the democratic legislative process as would be the limitation of the power of amendment of the Deputies over the proposal. As was stated in judgment 2014-12887 recently cited:\n\"… Popular initiative in the formation of the law is only the introductory and initiating phase of the legislative procedure, and despite the fact that in this case we are dealing with a type of initiative that has a special law that regulates it, once it enters the legislative stream, it must follow the same formation procedure as any other.\"\n\nI also maintain that such a lessening of a key power of the representatives who make up the democratic organ par excellence would have to be expressly established and this Chamber does not have sufficient power to construct it in the absence of express text. Finally, I said above that such a conception could rather represent a blow to distort the use and utility of bills of popular initiative. As I understand it, when a group of citizens gathers the necessary signatures to present a bill of law, they intend for the subject matter of it to be submitted for discussion in the Legislative Assembly because they consider it necessary to regulate that precise aspect of reality that the bill regulates. The tightening of the principle of conexity would not only signify a kindness, for that impediment of negotiation of the texts could easily result in the simple rejection of the initiative by those Deputies who are against some part of the text, and the result will be that the citizens will see their interest in legislatively regulating, in some useful way, the subject matter of the bill frustrated. In short, the concept of \"all or nothing\" is not only alien to our parliamentary process, but applied to bills of popular initiative, it is more than likely to generate negative effects for the simple reason that if the issue had the favor and support of an enormous majority of the citizens, it would obviously have been taken up by the Deputies through the normal process of parliamentary initiative.\n\n2.- On the consultation regarding the substance of bill of law number 17742.\n\nThe petitioners also raise before this Court their opinion on the constitutional conformity of various norms contained in the bill of law, understanding that they injure provisions of a material nature enshrined in the Political Constitution. In general, they state that some of the normative proposals imply a decrease in the degree of protection of the fundamental right to the environment achieved by the Costa Rican legal system, but without there being any valid reason, much less the technical foundations to justify said decision. However, in addition to that general line, the petitioners' arguments present diverse aspects and characteristics that prevent their joint consideration, so a particularized analysis of each one is appropriate, as is done below:\n\nA) Consultation on articles 3.29 and 3.35 of the bill. The petitioners consider that subsection 29 of article 3, by establishing the depth of artisanal wells at a maximum of 20 meters, without providing technical studies to justify it, violates the right to the environment. The same applies to subsection 35 of article 3, which establishes \"domestic use\" as the use of water to satisfy the needs of irrigation and livestock activities on farms with extensions of less than 35 hectares, without providing technical studies to justify it. The texts consulted are as follows:\n\n\"ARTICLE 3- Definitions\n\nFor the purposes of this law, the following is defined:\n\n(…)\n\n29) Artisanal wells: exploitation of groundwater through the manual excavation of a well of large diameter and shallow depth (maximum of twenty meters, 20m), wellpoint, or infiltration gallery.\n\n(…)\n\n35) Domestic use: water destined to satisfy the needs of a family or private nucleus, including its use, to satisfy basic needs of agricultural farms; in agriculture, for irrigation in an area no greater than one hectare (1 ha); in livestock farming, on small-producer farms with extensions of less than thirty-five hectares (35 ha) for supply in drinking troughs, maintenance of facilities and stables.\"\n\nIt is clear that what article 3 does is gather a broad group of definitions that will serve for the understanding and application of the legislative text, and from such a perspective it is erroneous to attribute a legal effect to said norms by themselves. It is obvious that defining an artisanal well as one with a maximum depth of twenty meters; or indicating that the notion of domestic use of water includes irrigation activities of up to one hectare, or the use of water in drinking troughs, facilities, and stables when the land does not exceed 35 hectares, does not entail—in itself—any harmful effect on the environment. The potential harm to the environment could occur at the moment of assigning legal consequences of some type to such definitions or when assigning, or failing to assign, certain controls and rules based on such definitions, a situation that is not expounded nor inferred from the consultation raised. The foregoing makes it clear that the texts discussed do not, by themselves, present any injury—per se—to the right to the environment or its principles. Naturally, any potential injury that the regulations might produce due to their effects, in acts of concrete application, has the path of jurisdictional control open for the effective judicial protection of the environment in the different modalities established by the legal system, both in contentious and constitutional venues.\n\nB) Elimination of articles 14, 15, 16, and 68 of the original bill.\n\nThe petitioners argue that the elimination of articles 14, 15, 16, and 68 of the bill violates Constitutional Article 123, as they consider that, this bill having been presented through the mechanism of popular initiative, accompanied by more than one hundred fifty thousand signatures of support, it was not possible to eliminate from the base text the cited texts which provide for the creation of the Hydrological Unit Councils and their functions; the auxiliary committees of the hydrological unit; and the participation of the Hydrological Unit Council in the actions of the National Water Directorate (Dirección Nacional de Aguas, DINA). It is affirmed that the legislator transgressed the reasonable limits of popular initiative by eliminating these provisions. On this specific topic, what is alleged is the violation of the scope of popular initiative as enshrined in Article 123 of the Constitution; however, as noted supra when the topic of the scope of the principle of conexity was addressed, there does not exist in the cited constitutional article, nor in any other norm or principle enshrined in the Fundamental Charter, the rigidity and invariability that the petitioners affirm as an integral part of bills of popular initiative. The fact that more than 150 thousand signatures are mentioned that have supported the bill does not ensure that all of them were in agreement with each and every one of the contents of the bill and the textual formula in which they were expressed, and furthermore, it is clear that such a number of persons is a clear minority in relation to the Costa Rican population and is even much smaller than the national population represented in Parliament, by the number of Deputies who approved the final text of the bill. Thus, this consultation on the alleged affectation of Article 123 of the Political Constitution must be answered by pointing out that there is no violation whatsoever of said constitutional text.\n\nC) Consultation on article 29 of the bill.\n\nIt is affirmed that the new text of article 29 generates a weakening of protection areas of water resources without there being technical studies to so advise it. It is pointed out that said article omits the obligation to reforest the rest of the protection area, which implies that forest use (aprovechamiento forestal) would be permitted to the detriment of the current protection, without having the technical studies to ensure that no negative impact on the water sources will be produced, which violates the right to the environment. It is noted that according to current legislation, the protection area of permanent springs (nacientes) corresponds to a radius of 100 meters, and 200 meters when it is a spring captured for population use, but the bill of law consulted reduces its conservation to 5 meters, according to article 29 consulted. With this provision, the exploitation of protection areas in current legislation is being permitted, in a covert manner, as well as their impairment and weakening, without having technical studies to justify that only 5 meters are reforested as the consulted norm establishes.\n\nIn this regard, it must be said that the reading of the text of the norm that the petitioners make does not coincide with what the consulted provision facially contains. Article 29 of the bill states:\n\n\"ARTICLE 29- Replacement of cover in protection areas\n\nEvery owner or possessor of lands where bodies of water are located or that border them, on whose margins the arboreal cover in the protection areas has been eliminated, as a first measure of cover replacement must reforest them at a distance of five meters (5 m) measured horizontally from the highest water level of the channel, of said bodies of water, along the entire stretch and its course, comprised in the respective property.\n\nTo reforest, native species shall be used or natural regeneration shall be permitted in those areas.\n\nThe National Forest Financing Fund (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Fonafifo) is authorized to allocate resources for the payment of environmental services (Pago de Servicios Ambientales) in those areas.\"\n\nAs can be seen, the cited text does not mention at all—much less does it intend to regulate the distances of the protection areas—but rather limits its scope to defining an obligation of the owners and possessors, which is to reforest at their own cost, at a distance of 5 meters from the edge of the channel of the body of water. It is an independent and additional obligation to that established by the definition of protection area, as can easily be noticed with the reading of the articles of the bill prior to 29, in which the topic of protection areas is regulated in a concrete and detailed manner:\n\n\"ARTICLE 25- Purpose of protection areas\nThe protection areas have the purpose of conservation, recovery, and sustainability in terms of quantity and quality of the bodies of water and their channels, as well as of the aquifers and the recharge and discharge of groundwater. The protection of the areas constitutes a priority and strategic action in the integrated management of water resources.\n\nARTICLE 26- Protection areas\nThe following are declared protection areas:\na) The areas bordering permanent springs, defined within a radius of one hundred meters (100 m) measured horizontally.\nb) A strip of fifteen meters (15 m) in rural areas and ten meters (10 m) in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or brooks, if the terrain is flat, and of fifty meters (50 m) horizontally, if the terrain is broken.\nc) A zone of fifty meters (50 m) measured horizontally on the banks of natural lakes and reservoirs and on artificial lakes or reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted.\nd) The recharge areas and the aquifers of the springs, whose limits shall be determined by the competent organs established in the regulation of this law. The lands that are included in the protection areas shall not modify their ownership, so they shall maintain the private or public property regime, with the limitations established in this law. The private owners and possessors of the immovable properties where those areas are located must allow free access to the duly identified officials of the National Water Directorate, in order to carry out the corresponding inspections and studies.\n\nARTICLE 27- Protection areas of springs for population use.\nWhen a spring of permanent flow is destined for the supply of populations by a public service provider entity and is inscribed in the Registry, it must respect a protection area of a radius of two hundred meters (200m). Through a reasoned resolution due to its importance, in terms of quantity and quality for use, that justifies greater protection, the National Water Directorate may increase this protection area, based on technical studies and considering at least criteria of horizontal flow time, horizontal flow distance, persistence, toxicity, and dilution of contaminants, as well as the type of aquifer.\nWhen the adjustment implies an excess beyond the radius of two hundred meters (200m) of the capture area of the spring, the owner of the immovable property, for whose benefit the spring to be protected is inscribed, must be compensated by the public service provider entity.\nThe resolution issued by the National Water Directorate, when increasing the protection area beyond the radius of two hundred meters (200 m) of the capture area of the spring, may be subject to the ordinary remedies of revocation and appeal.\nThe remedy of revocation must be filed within five business days following the notification of the administrative act being challenged.\nOnce the remedy is resolved, the affected party shall have an additional period of five business days to file the respective appeal. However, the appeal may be filed concomitantly with the remedy of revocation. The appeal shall be resolved by the Minister of Environment and Energy, who shall exhaust the administrative venue.\n\nARTICLE 28- Prohibition against felling in protection areas.\nThe cutting or elimination of trees in the protection areas described in articles 29, 30, and 31 of this law is prohibited, except in projects declared by the Executive Branch as of national convenience and the works or activities carried out for the protection, recovery, capture, and use of water authorized by the National Water Directorate. The alignments that must be processed, in relation to these areas, shall be carried out by the National Water Directorate, based on technical studies.\"\n\nBased on the foregoing reasoning and according to the texts just cited, it is concluded that article 29 of the bill, by not referring to the topic of protection areas, does not diminish the scope of the current protection in this specific aspect and for that very reason does not present friction with Constitutional Article 50.\n\nD) Consultation on articles 31, 126.2, and 126.3 regarding the reduction of SENARA's powers, for violation of the right to the environment: The petitioners consider that the provisions contained in articles 31, 126.2, and 126.3 of the consulted bill eliminate the protection functions of all the country's aquifers, which SENARA currently performs with binding criteria, and establish that only the aquifers determined by MINAE by executive decree shall be protected, leaving all other aquifers unprotected and weakening the legal system protecting water resources, in violation of the right to the environment. It is affirmed that the technical functions assigned to SENARA are a guarantee of counterweight to political power, so that the elimination of SENARA's basic functions and the loss of the binding nature of its resolutions leaves the protection of water resources to the free disposition of the Executive Branch. Likewise, SENARA is limited to \"irrigation projects and districts\" (proyectos y distritos de riego), whereby citizens are deprived of a guarantee they currently hold, which is having an entity with independent technical criteria that can issue technical-scientific opinions binding on the entire Public Administration. The consultation is thus made on the basis that the alleged reduction of SENARA's functions directly and substantially impacts its contribution to the protection of the environment within the current legal system. Thus, the text of the normative proposals must be analyzed to verify if it is really as the petitioners indicate: first, article 31 of the bill states:\n\n\"ARTICLE 31- Protection of aquifers\n\nWhen the National Water Directorate has carried out studies demonstrating the vulnerability of an aquifer of social, environmental, and economic importance, that justify its protection, the Ministry of Environment and Energy, by executive decree, shall declare its protection and regulate the activities permitted in the respective recharge and discharge zones. The delimitation, management, and protection of the aquifer must be based on the rules of science and technique; the categorization of the aquifer shall be defined by regulation, according to its vulnerability.\"\n\nA reading of the proposed text leads to discarding any affectation to the protection tasks entrusted to SENARA, as the text intends to regulate the power of MINAE to necessarily declare the protection of certain aquifers of social, environmental, or economic importance that demonstrate vulnerability. That action does not impact, according to the scope of the text, the functions assigned to SENARA, so that in this case there is no affectation to the right to the environment.\n\nFor its part, proposed article 126 does propose changes to SENARA's functions and does so by proposing the reform of some very specific topics of its regulating Law, number 6877, according to the following text:\n\n\"ARTICLE 126-\n\nModifications. This law modifies the following provisions: (…)\n\n2) Law No. 6877, Creation of the National Service of Groundwater, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), of July 18, 1983, is reformed so that where it says: 'National Service of Groundwater, Irrigation and Drainage' it shall hereafter read 'National Service of Irrigation and Drainage' (Servicio Nacional de Riego y Avenamiento). In addition, in all cases where said law says 'irrigation district' it shall read: 'irrigation projects and districts.'\n\n3) Subsections a) and b) of article 2, subsections a), ch), e) and h) of article 3, and subsections a), ch), and d) of article 4 of Law No. 6877, Creation of the National Service of Groundwater, Irrigation and Drainage, of July 18, 1983, are reformed. The texts are as follows:\n\nArticle 2- The objectives of Senara are: a) To promote agricultural and aquaculture development in the country, through the establishment and operation of irrigation, drainage, and flood protection systems. b) To seek the optimal and fair use of land and water resources, both surface and groundwater, in the agricultural and aquaculture activities of the country, whether private, collective, or cooperative, in the irrigation projects and districts. [...]\n\nArticle 3- The functions of Senara are: a) To elaborate and execute a fair policy for the use and distribution of water for agricultural purposes, in harmony with the optimal possibilities of land use and other natural resources in the irrigation districts. To carry out its functions, it must have prior water concession (concesión de agua) granted by the Ministry of Environment and Energy (Minae). [...] ch) To investigate, protect, and promote the use of water resources, both surface and underground, in the specific irrigation projects and districts. [...] e) To support the Water Directorate and the Ministry of Environment and Energy in the hydrological and hydrogeological investigations required to be carried out in the country's hydrographic basins, as well as in the practices of improvement, conservation, and protection of those basins, in order to promote the development of agro-productive activities; as well as to carry out these investigations and the socioeconomic and environmental ones in the areas and regions where it is feasible to establish irrigation and drainage districts. [...] h) To monitor compliance with legal provisions in matters under its purview, in accordance with the objectives established in article 2 of this law. The decisions adopted for this reason by the Service may be appealed during the tenth day on grounds of legality before the Superior Contentious-Administrative Tribunal. The Tribunal shall resolve within a maximum period of ninety days. [...]\n\nArticle 4- [...] a) Improvement, conservation, and protection of soils in the specific irrigation and drainage districts. It must coordinate actions with the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), regarding the management, conservation, and recovery of soils in the irrigation districts. In matters of water resources, it must coordinate with the National Water Directorate and the Ministry of Environment and Energy (Minae) the protection and conservation of this resource, in the hydrographic basins of said districts, promoting, in any case, the promotion and development of agro-productive activities, based on the sustainable use of water. [...] ch) Elaboration and updating of an inventory of waters with potential use for their exploitation in the irrigation projects and districts. d) water users in the irrigation projects and districts. [...]\"\n\nFrom the comparison with the current texts, it is observed that the changes in subsections a) and b) of article 2 would have no consequence on SENARA's current participation in environmental protection, as the changes are of minor substance and seek to expressly define its participation in aquaculture activities. Regarding the changes to article 3 of Law 6877, it can be concluded that subsection ch) in its new wording reduces SENARA's competence for protection of the water resource, so that it operates only within the specific irrigation districts; the new subsection e) limits it to supporting the Ministry's actions in matters of water resources; and subsection h) removes the current characteristic that its decisions on well drilling and water management and maintenance are of mandatory compliance as at present. Finally, the new version of article 4 of Law 6877 only contains, in subsection a), a limitation on SENARA's capacity to intervene in the improvement, conservation, and protection of the water resource, as it reduces it to those hydrographic basins located in the irrigation districts.\n\nNow then, although some of the cited texts have been indicated as reducing SENARA's participation in the topic of water resource protection and that this automatically implies a lack of protection of the water resource, the truth is that the petitioners do not provide elements of judgment that allow me to assume that the water resource is left unprotected by a mere change of functions for structural reasons within the Costa Rican State. From the constitutional point of view, what matters is that there is effective State protection of the water resource, but Senara does not have a constitutional rank that prevents the legislator from modifying the structure of the State in this matter, and in that sense, the important thing is that the State's protection exists and is effective, without the name, location, or the organic and functional design of the State agency that provides it being determinant. The bill studied, in effect, establishes a different design, with the creation of state organs with broad powers such as the National Water Directorate and the Ministry of Environment and Energy itself, and given that the petitioners do not delve deeper into this point to demonstrate that this change signifies per se a lack of protection, it must be indicated that, with the elements of judgment accessible to the Court in this consultation, what is appropriate is to point out that the modification of SENARA's powers does not injure, by themselves, Article 50 of the Political Constitution, without prejudice to the fact that in cases of concrete application the contrary can be demonstrated, in which case the principle of non-regression in environmental matters would oblige me to a different pronouncement on the topic.\n\nD) Consultations on article 125.a that makes a derogation of article 31 of the Water Law. The petitioners consider that the derogation of the Water Law and in particular what is contained in its article 31, which created important areas of domain reserve in favor of the Nation for the protection of water sources, affects the environmental protection framework without technical justification and without safeguarding or substituting the content of said norm in another part of the articles. The existence of a covert declassification (desafectación encubierta) is warned that excludes from the public domain all the protection areas of potable water supply intakes that exist in the country without analyzing the implications of each specific case. On this specific point, it must be observed that indeed the bill intends to make a comprehensive revision of the water resource regime in our country, which implies a rethinking of the different concepts and institutes on the topic, and that the legislator has deemed as appropriate to serve the regulation of the water resource in our time. However, it is unassumable, within the framework of this consultation and without the proper specification by those consulting on the topic, to delve into the analysis of the entire regime as a whole to determine if in effect, in its new legislative design, the proposed regulations generate, in net terms, an unjustified and unsustainable decrease in the degree of protection of the cited article 31 of the Water Law.\n\nIt is worth reiterating that this point had already been raised in the previous consultation on this project, and the majority of the Chamber held in vote number 2014-012887:\n\n“Regarding this point, it is certainly observed that the project, from its original version, repeals the entire Ley de Aguas. However, verifying whether what was established in Article 31 of the Ley de Aguas was indeed omitted in the project, or if, on the contrary, it was taken up in other norms, entails an examination of the entire project, beyond what was consulted, this Chamber refrains from ruling on the matter. Especially since it is observed, merely by way of example, that some of the following norms contain provisions similar to the one being repealed: (…) Thus, according to some cited norms, the consulted project has provided a framework of regulation and protection, in various articles, that could be considered broader than Article 31 of the Ley de Aguas, or that, in any case, its analysis exceeds the powers of this Chamber, as it was not expressly detailed in the consultation…”\n\nE) Consultation regarding Articles 29 and 126, subsection 7, of the project. At this point, an injury to the principle of non-regression in environmental matters is raised, as it is said that the cited articles of the project eliminate the sanction currently contained in the Ley Forestal for those who exploit forest resources within protection areas (áreas de protección) defined in that same law. It is explained that the project eliminates the description in the Ley Forestal of protection areas and modifies the offense contained in Article 34 of said law, but reducing its scope, which affects the obligatory protection owed to protection zones (zonas de protección). On this point, upon comparing the current texts of the Ley Forestal and the proposed norms to regulate the issue, it is observed that the consultants are correct. The analyzed bill contains a description of what it understands as protection areas in different modalities and zones, which are contained in Articles 26 through 32 of the project, inclusive; these descriptions broadly coincide with those described in the current Article 33 of the Ley Forestal, and it is with respect to these that Article 34 of said Law sanctions any forest exploitation activity. However, Article 126, subsection 7, of the project proposes the following new texts for Articles 33 and 34 of the Ley Forestal:\n\nArticle 33- Protection Areas\nRegarding the regulation and delimitation of protection areas, the regulations established in the current Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico must be applied.\n\n\nArticle 34-Prohibition on logging in protected areas (áreas protegidas)\nThe cutting or elimination of trees is prohibited in the protection areas described in Articles 29, 30, and 32 of the Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, except in projects declared by the Executive Branch as being of national convenience and the works or activities carried out for the protection, recovery, collection, and use of water authorized by the Dirección Nacional de Aguas. The alignments that must be processed in relation to these areas will be carried out by the Dirección Nacional de Aguas, based on technical studies. (emphasis not in original)\n\nIt can be seen that the protection areas established by the bill itself in its Articles 26, 27, and 30, which describe protection areas that are currently covered under Article 33 of the Ley Forestal, have been left out of this prohibition on forest exploitation, namely, the following:\n\nARTICLE 26- Protection Areas\nThe following are declared protection areas:\na) The areas bordering permanent springs (nacientes permanentes), defined within a radius of one hundred meters (100 m) measured horizontally.\nb) A strip of fifteen meters (15 m) in rural zones and ten meters (10 m) in urban zones, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the land is flat, and fifty meters (50 m) horizontally, if the land is uneven.\nc) A zone of fifty meters (50 m) measured horizontally on the shores of natural lakes and reservoirs and of artificial lakes or reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted.\nd) The recharge areas and aquifers of the springs (manantiales), whose limits shall be determined by the competent bodies established in the regulation of this law. The lands included in the protection areas shall not change their ownership, thus maintaining the private or public property regime, with the limitations established in this law. The private owners and possessors of the properties where these areas are located must allow free access to duly identified officials of the Dirección Nacional de Aguas, so that the corresponding inspections and studies may be carried out.\n\n\nARTICLE 27- Protection Areas for springs (manantiales) for community use.\nWhen a permanent-flow spring (manantial de flujo permanente) is intended for the supply of populations by a public service provider and is registered in the Registry, it must respect a protection area (área de protección) with a radius of two hundred meters (200 m). Through a reasoned resolution due to its importance, in terms of quantity and quality for the use, which justifies greater protection, the Dirección Nacional de Aguas may increase this protection area, based on technical studies and considering at least criteria of horizontal flow time, horizontal flow distance, persistence, toxicity, and dilution of contaminants, as well as the type of aquifer.\nWhen the adjustment implies an excess beyond the two-hundred-meter (200 m) radius of the spring (manantial) capture area, the property owner, in whose favor the spring to be protected is registered, must be compensated by the public service provider.\nThe resolution issued by the Dirección Nacional de Aguas, increasing the protection area beyond the two-hundred-meter (200 m) radius of the spring capture area, may be subject to the ordinary remedies of revocation and appeal.\nThe revocation remedy must be filed within five business days following the notification of the administrative act being challenged.\nOnce the remedy is resolved, the affected party shall have an additional five business days to file the respective appeal. However, the appeal may be filed concurrently with the revocation remedy. The appeal shall be resolved by the Minister of Environment and Energy, who will exhaust the administrative channel.\nARTICLE 30- Operational area of the well\nA well operational safety retreat distance of up to ten meters (10 m) in radius must be maintained, understood as the immediate distance to the well to provide it with security and protection, as well as to allow access for the operation and maintenance of the system. The Dirección Nacional de Aguas will require a technical study of contaminant transit, prior to authorizing the sanitary retreat distance for well operation.\nIn that well operational safety retreat area of up to ten meters (10 m), human activities that may directly contaminate groundwater shall not be permitted, if they do not comply with the feasibility expressed in the technical study of contaminant transit.\n\nIt is thus understood that the protection areas, currently assured in their integrity by the combination of Articles 33 and 34 of the Ley Forestal, would be seriously diminished in the defense of their forest cover (cobertura boscosa), if the text proposed in the studied bill prevails, a situation that, as derived from common sense and current knowledge, contravenes the established need for protection of the surrounding forest, as a fundamental element for the maintenance of zones where water resources are concentrated. Thus, in this specific case, it is imperative to declare that the current wording of Article 126, subsection 7 of the project, which modifies Articles 33 and 34 of the Ley Forestal, is indeed contrary to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, in its modality of non-regression in environmental matters. On the other hand, regarding Article 29, a reading shows that, as stated above, it does not contain any description of a protection zone, and therefore its defect would be to generate, in the future, a harmlessness of the prohibition and sanction specifically established regarding the obligation set forth in said norm, a situation that does not reach constitutional importance as it does not substantially affect the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\n\n III.- ADDITIONAL ARGUMENTS OF JUDGE CRUZ CASTRO. While I share the majority opinion that the consulted project is constitutionally unviable, I consider it appropriate to add the following arguments. As a preliminary matter, I clarify that I signed Chamber vote number 2012-015840 because I indeed considered that the voting period for a popular initiative bill is peremptory. Subsequently, despite the expiration of the deadline, in the first consultation on this project, I signed the majority vote (and not the dissenting one, which now in this vote is the majority) because I deemed it prudent, at that moment, to give the project an opportunity and that the peremptory deadline would not apply\n\n\n against, but rather in favor of the process. In this case, the time limit established by the Constitution having been amply and disproportionately exceeded, I assume the thesis on the peremptoriness of the deadline, considering, as the majority does, that the legislative process of the consulted project has expired, and for this reason, the legislative procedure cannot continue, and the consultation is unevictable. It is a pity that a popular initiative founders in parliament, due to a troubled and unreasonably prolonged process. At some point, the spirit and democratic objectives of the consultation were turned away from. The fundamental rights of true democracy shine brightest in popular initiative bills; this condition demands greater sensitivity in the parliamentary procedure towards the voice of the citizen; the principle of the representative's role is closer to direct democracy, which is the highest aspiration of a democratic regime. The legislative history of water resources and their protection is troubled and highly contradictory. It is timely to recall that water could not be constitutionalized as a good of social interest. It was not possible to enshrine the public domain status (demanialidad) of water in the Constitution. Many reasons prevented the Constitution from expressly recognizing such an important fundamental right. So many interests that water resources attract, many of them protected by dense opacity. More than fifteen years have passed without a constitutional reform on such a relevant topic. If it had been done, it could prevent water exportation from being freely arranged through a trade treaty. Furthermore, the public domain status of water would guarantee that the State, by constitutional mandate, plans the sustainability, purity, and healthfulness of the resource, granting the concessions that allow its use. The public domain status of water resources would also allow, in case of scarcity in the country's basins, communities and inhabitants to have priority over the economic activity developed with said resource. It does not seem easy for community interests, in their best expression, to prevail over sectoral or private interests regarding a good as relevant as water. The efforts of former deputy Joyce Zürcher and other academics and representatives of civil society, who promoted the constitutionalization of water resources, did not achieve any success. No one doubts that property must be a constitutionally recognized right, but at the same time, there should be no doubt about the public domain status of water, a fundamental resource for health, the environment, and the survival of the entire population. The defense of collective interests has a path riddled with obstacles, silences, and omissions. This is one of the darkest pages in the path toward building a more participatory and more equitable society, because there is not the slightest doubt that the public domain status of water resources is a requirement for democracy and the expansion of fundamental rights. After the frustrating failure of the constitutionalization of water resources, there occurs, in a second act, the troubled legislative process in which the popular initiative law on water resources was processed. There was no good harmony between the legislators and the citizens who presented a law initiative on water resources. Popular representation is transformed when it receives the mandate of an important group of citizens. Once again, it was not possible for a good of such social and environmental relevance to have a statute that protected the right to water as a good of community interest. The original citizen initiative was diluted and distorted. Analyzing the consultation, I find evidence that demonstrates the weakening and distortion of the citizen initiative project. The procedural and substantive defects that I will set forth demonstrate the unviability of the consulted project. \nA. PROCEDURAL DEFECTS\n1) Impossibility of substantive motions. Having already been established in the vote resolving the first facultative constitutional consultation that the voting deadline for this project had expired, upon continuing the process in the Asamblea Legislativa, after the vote of said first consultation, the possibility of making modifications to the project was no longer admissible, except for variations related to the issues indicated by the Sala Constitucional in the facultative consultation. In that sense, it was improper to enable the possibility of presenting substantive motions, and for the Plenary to become a General Committee to hear said motions. Once the first facultative constitutional consultation was resolved, the process could not be prolonged, nor could the content of the project be modified, beyond what was indicated by the Chamber. Thus, the project should have been voted on without further prolongation in time, as otherwise, there would be, in addition, a violation of the spirit of Article 123 of the Constitution when it indicates that the \"deadline is peremptory.\" Thus, the deadline serves a constitutional function and guarantee. The legislator cannot ignore the citizen's will expressed in the popular initiative, by sending the project back to stages already completed. The consequence of this would be the nullity of all actions taken, due to the breach of a formality that defines a procedural sequence. There is no doubt that in the case of popular initiative projects, there are certain limitations on the legislative procedure related to the preservation of the will of the citizen-legislator. The convergence between the will of the popular representative and the will expressed by the legislating people requires careful intervention by the deputy, so that their privileged position does not annul the will of the citizens who have proposed a law. The prolonged intervention of the legislators, distorting some of the fundamental objectives of the initiative proposed by the citizens, undermined the spirit and purpose of the legislating people. \n2) Violation of the principle of connection (principio de conexidad). I consider, furthermore, that in the case of popular initiative matters, the principle of connection is stricter and more rigorous, which imposes a reinforced obligation of necessary connection between the text of the original project and the text finally approved. In this case, then, the issue of the principle of connection is more serious; the legislator's variations cannot ignore the original project, and the right of amendment would be limited by the obligation to maintain the essence of the original project. Now then, the consultants present a chart containing the modification of more than 19 articles of the original project. They consider that allowing the legislator to take advantage of a bill processed under the popular initiative procedure, enshrined in Article 123 of the Constitution, to introduce changes that distort the intention of those who proposed it, is to mock and maliciously misrepresent the popular will, citizen participation, and the sovereignty of the Costa Rican people. They explain that on November 2, 2017, a substantive motion was approved that modifies the text presented by popular initiative, in at least 19 articles, which are transcribed. In this regard, before examining the modified articles one by one, what the jurisprudence of this Chamber has established regarding the principle of connection must be recalled, to then specify the special importance that such a principle holds in cases of popular initiative projects.\n \n“… the inclusion of modifications to a bill, by way of a substantive motion, must, in good legislative practice, be limited to changing the meaning or consequences of certain provisions, and never to the introduction of novel and unknown topics for the deputies involved in the legislative dynamic, as this would imply the distortion of the legislative process and the use of the 'substantive motion' figures to—in reality—provoke the discussion of a true 'new project.' For the inclusion of new texts, the procedures established in Article 124 of the Constitution, as well as in the Regulations of the Asamblea Legislativa, must be rigorously followed, especially regarding the initiative for the proposal and its publication in the Official Gazette 'La Gaceta' (Resolutions number 2000-03220 and 2008-02896).\"\n“As this Court has indicated in several prior decisions, the guarantee that the principle of connection provides for the protection of both the right of initiative and the right of amendment, within the framework of the legislative procedure, essentially addresses the matter that the originally formulated project concerns. That is to say, what is intended with the protection afforded by that principle is not to impede or obstruct the exercise of what the Chamber has called the 'transactional political function,' which refers to the possibility that the deputies have of adjusting the originally proposed project with their opinions, within the framework established by the initiative. That framework is understood to be defined, fundamentally, by the matter that the Project concerns, so it could not be excluded or modified 'to such a degree that it affects the substance' by way of amendment.” (Resolution number 2007-017104)\n“the amendments to the project, which are frankly innovative, affect the manifestation of the Assembly's will to the point that, in this court's judgment, they vitiate the procedure, invalidating it.” (Resolution number 2002-00058).\n“the amendment cannot be used to radically exclude the matter to which the project refers under the particular conception of its legitimate proponent (whether or not there was an attempt to usurp the advantages of an already advanced process)…” (Resolution number 3513-94 and 2000-05496).\n“it turns out that Article 170 underwent a substantial modification, to introduce in a second paragraph the constitutional obligation to transfer ten percent of the National Budget to the municipalities of the country, an idea that is complemented by the rules of Transitory Article II, to transfer powers from the Executive Branch to the municipalities. In the Chamber's judgment, this innovation constitutes an excess by the derived constituent, which exceeded its powers, causing a direct and evident injury to the right of amendment and the principle of connection, which makes the procedure unconstitutional.” (Resolution number 2000-009257)\n“… the inclusion of modifications to a bill, by way of a substantive motion, must, in good legislative practice, be limited to changing the meaning or consequences of certain provisions, and never to the introduction of novel and unknown topics for the deputies involved in the legislative dynamic, as this would imply the distortion of the legislative process and the use of the 'substantive motion' figures to—in reality—provoke the discussion of a true 'new project.' For the inclusion of new texts, the procedures established in Article 124 of the Constitution, as well as in the Regulations of the Asamblea Legislativa, must be rigorously followed, especially regarding the initiative for the proposal and its publication in the Official Gazette 'La Gaceta.' (…) In the event of inclusion by way of a motion of a text that can be considered innovative, in the sense just explained, it is understood that there has been an excess in the power of amendment held by the deputies, producing the unconstitutionality of said addition.” (Resolution number 2000-03220).\n\n\nThe principle of connection that must exist between the content of the initiative and the content of the legislative decision gains greater relevance when dealing with popular initiative projects, since the original project expresses a particular conception of its legitimate proponent (the people). There is no doubt that the legislator's right of amendment is limited to the spirit and matter of the original project, especially since, in the case of popular initiative projects, it is a special, more expeditious legislative procedure. That said, I proceed below to examine the consulted modifications that I consider violate the principle of connection, according to the attached charts:\n\n\nArticle 3)\n\n\n \n \n\t\nText First Debate 2014\n\tSubstantive Motion\nNovember 2, 2017\n\t\nConsultants' Criterion\n\n\n\tARTICLE 3.- Definitions\nFor the purposes of this law, the following shall be understood as:\n(…)\n\n\n\n\n\n\n\n\nr) Contamination of waters by nonpoint source (contaminación de aguas por fuente difusa): pollution that does not have a clear point of entry or discharge into the receiving water bodies and that presents difficulties for its direct measurement or control.\n\n\n(…)\n\n\n\n\nz) Intermittent-flow spring (manantial de flujo intermitente): one that dries up naturally on a temporary basis.\n\n\n(…)\n\n\n\n\ncc) Artisanal wells (pozos artesanales): excavation of the land carried out manually, in order to extract groundwater intended for domestic use.\n(…)\n\nii) Domestic use (uso doméstico): water intended to satisfy the basic needs of a family unit.\n\n(…)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\tARTICLE 3- Definitions\nFor the purposes of this law, the following is defined:\n(…)\neliminated\n\n\n\n\n\n\n\n\neliminated\n\n\n\n\n29) Artisanal wells: exploitation of groundwater through the manual excavation of a well of large diameter and shallow depth (maximum of 20 meters), well point, or infiltration gallery.\n(…)\n35) Domestic use: water intended to satisfy the needs of a family unit or individual, including its use, to satisfy basic needs of agricultural farms; in agriculture, for irrigation in an area not exceeding one hectare (1 ha); in livestock farming on small-producer farms with areas less than thirty-five (35 hectares) for supply in watering places, maintenance of facilities, and stables.\n(…)\n\tArticle 3, specifically for the suppression of subsections r) and z) of the text approved in 2014; subsection 29) of the text approved on November 2, 2017, object of this consultation, in relation to subsection cc) of the 2014 text, which, without having technical studies (as they are not in the legislative file), introduces a depth measurement for the construction of artisanal wells; subsection 35) in relation to subsection ii) of the 2014 text, which the latter incorporates into domestic use the exploitation of water resources for 35 hectares for livestock farming, without having technical studies that justify that a concession is no longer required, and taking into account that currently, both the concession and the environmental feasibility from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental are required. That is, there is a deregulation of environmental protection, which goes against the principle of progressivity of environmental protection and is not justified under any technical criterion available in the legislative file.\n \n\n\n\n\n\nI consider that the initially regulated aspects, which no longer appear in Article 3 of the consulted project (referring to the definition of contamination of waters by nonpoint source and intermittent-flow spring), and the new definitions provided by the norm (on artisanal well and domestic use) violate the principle of connection, as they are substantial changes. Regarding the elimination of the concept of “contamination of waters by nonpoint source,” note that the environment is left less protected, as that included definition always considered within the concept of water pollution that which, despite having difficulties for its measurement and not having a clear point of entry, always had to be considered as pollution. Likewise, the change in the concept of “artisanal well” by including a maximum number of meters of well depth (when previously there was none) leaves wells with a depth greater than what is established in a regulatory vacuum. Likewise, by including agricultural farms within the concept of domestic use of water (when they were not previously included), a relevant and essential variation of the domestic use of water is being made, encompassing more than human consumption, including agricultural farms of up to 35 hectares. Finally, note how, after the evidence for better resolution requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that “There is no single document that comprehensively and previously gathers the technical aspects supporting the substitute text,” so the lack of technical criteria for making the changes indicated in this norm is evident.\n\n\n\n\n\n\nArticle 10)\n\n\n\n\n\n \n \n\t\nText First Debate 2014\n\tSubstantive Motion\nNovember 2, 2017\n\t\nConsultants' Criterion\n\n\n\tARTICLE 10.- Water Inspectors\nFor the faithful fulfillment of the obligations established in this law, the inspectors of the DINA, duly accredited by the Minister of Environment and Energy, shall have police authority to perform their duties and shall be empowered to conduct inspections in wells, springs (manantiales), watercourses, and surrounding areas to determine the performance of actions affecting the quality and quantity of the water resource; as well as to seize equipment and/or implements for the exploration, drilling, and exploitation of water, within any farm, industrial, or commercial facilities, and must submit the respective report of facts and seized objects to the Public Prosecutor's Office.\nIn the case of domiciles and private premises, to enter, the aforementioned officials must have the prior permission of the owner; otherwise, a court order.\n\tARTICLE 10- Water Inspectors\nThe inspectors of the Dirección Nacional de Aguas, duly accredited by the Minister of Environment and Energy, shall have police authority in the performance of their duties; therefore, they are empowered, upon a complaint filed for this purpose, to conduct inspections at sites where the concessioned or non-concessioned water resource is being exploited, whether wells, springs (manantiales), watercourses, and surrounding areas, to determine the performance of actions affecting the quality and quantity of the water resource.\n\nTogether with police authorities, they may seize equipment and implements used for the exploration, drilling, and use of water, within any property, agroindustrial, industrial, or commercial installation, and must submit the corresponding report of facts and seized objects to the Public Prosecutor's Office.\n\nWhen it involves private homes and premises, inspectors of the National Directorate of Water (Dirección Nacional de Aguas) may only enter them if they have prior permission from the owner, or if they have been authorized by a judicial authority.\nInspectors may request the assistance of police authorities to ensure they are not prevented from fulfilling their duties.\nIn the case of plants and installations that have pre-existing entry protocols or controls, duly documented, for purposes of occupational health, safety, sanitary and phytosanitary control, or similar, the inspectors of the National Directorate of Water are obligated to respect them and report any non-compliance with this law.\n\tArticle 10; the text approved in the first debate on November 2 of this year requires, for the performance of the duties of DINA inspectors, that they must have a previously filed complaint, even in cases of sites where water resources are being used without a concession, which we consider extremely serious as a violation of the precautionary principle in environmental matters and the Administration's duty of official action regarding environmental protection.\n\n\nI consider that the addition made to the project, in the consulted Article 10, violates the principle of connection (principio de conexidad), as it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the norm. Note that it was included that water inspectors only act upon a prior complaint, meaning they are barred from acting on their own initiative. When the initiation of an investigation is limited solely to a complaint from a party, a partial privatization of the conflict or the infraction occurs. The public interest is weakened. If it is established that action is only taken if someone complains, the relevance of water is disregarded, along with the inspectors' powers to act on their own initiative, including preventively. Finally, note how, following the evidentiary measure for better resolution requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that \"There is no single document that comprehensively and previously compiles the technical aspects that support the substitute text\", thus the lack of technical criteria for making the changes indicated in this norm is evident. In this point and others, the modifications do not respond to a careful and well-founded technical criterion, which is what is appropriate for a resource of such constitutional and environmental relevance as water.\n\nArticle 11)\n\n\n\tFirst Debate Text 2014\n\tSubstantive Motion\nNovember 2, 2017\n\tConsultants' Opinion\n\n\tARTICLE 11.- Participatory construction\n\nFor the formulation of the policy, plans and technical regulations, and the regulations associated with this law, the DINA shall promote the participation of all sectors linked to integrated water management at the national level.\nThe participation of the sectors must be supported by technical, environmental, legal, economic, financial, or any other branch of criteria, and take place at the stages of the process defined in the regulation of this law.\nThe regulation of this law shall develop the provisions for the participation of individuals and legally constituted organizations, for the participatory construction of the instruments described in the preceding paragraphs, aimed at ensuring integrated, socially equitable, and environmentally sustainable water management, as provided in this law.\n\tIt is eliminated and the numbering is corrected.\n\tArticle 11, according to the text approved in the first debate on November 2, 2017, the subject of this consultation, eliminates from the popular initiative text approved in the first debate in 2014, citizen participation in the construction of the policy, plans, technical regulations, and others that guarantee integrated, socially equitable, and environmentally sustainable water management, as provided in this law, thereby emptying the principle of citizen participation of its content, by eliminating the mechanism through which its realization was intended. In this section of the popular initiative text, important mechanisms for citizen participation were provided, also for the planning of water resources in the respective basin and, above all, regarding the mandatory consultation by the Ministry of Environment to these hydrological unit councils, before granting water concessions.\n\n\nThe addition made to the project, in the consulted Article 11, violates the principle of connection (principio de conexidad), as it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the norm. Note that citizen participation in the construction of the policy, plans, technical regulations, and others that guarantee integrated, socially equitable, and environmentally sustainable water management is eliminated. This empties the principle of citizen participation of its content, according to the original text. Paradoxically, in the face of a popular initiative, citizen oversight is suppressed or weakened. In a matter of such social relevance as the management of water resources, citizen participation cannot be suppressed, even less so in a project that was created through popular initiative. Especially taking into account that citizen intervention has constitutional protection, as derived from Constitutional Law. The original norm sought to safeguard the principle of citizen participation, by establishing as an obligation, participatory construction in the formulation of the policy, in plans, technical regulations, and associated regulations. However, the substitute text completely eliminates Article 11 and corrects the numbering, prohibiting the participation of individuals in the creation of policies, plans, and regulations, and distorting the original protection that the project provided to the constitutional principle of citizen participation. Finally, note how, following the evidentiary measure for better resolution requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that \"There is no single document that comprehensively and previously compiles the technical aspects that support the substitute text\", thus the lack of technical criteria for making the changes indicated in this norm is evident.\n\nArticle 14)\n\n\n\tFirst Debate Text 2014\n\tSubstantive Motion\nNovember 2, 2017\n\tConsultants' Opinion\n\n\tSECTION IV\nNational Water Information System and Registry for Water Resource Management\n\nARTICLE 17.- National Information System for Integrated Water Resource Management\nThe National Water Information System for Integrated Water Resource Management is created, to be developed and administered by the DINA, which must guarantee timely and expedited access to information by interested persons. This System must include the national water balance, the Registry for Water Resource Management, protection areas, the inventory of surface waters, aquifers, recharge areas, and springs, and other aspects that facilitate the achievement of the objectives of this law and its regulation.\n\nPublic Administration institutions, public and private enterprises, municipalities, and water users shall be obligated to provide the information required to feed this System. They shall be responsible for the veracity of the information and for ensuring that such information is easily verifiable.\nIn the case of information that public and private institutions consider\nof strategic value, the DINA must establish mechanisms that guarantee the confidential handling of such information.\nThe structure of the System, its contents, access, and other aspects shall be established via regulation.\n\tSECTION IV\nNATIONAL WATER INFORMATION SYSTEM AND REGISTRY FOR WATER RESOURCE MANAGEMENT\nARTICLE 14- National Information System for Integrated Water Resource Management\nThe National Water Information System is created, developed and administered by the National Directorate of Water, which must guarantee timely and expedited access to information by interested persons.\nThis system is the sole official one regarding water resources. It must include the national water balance, the Registry for Water Resource Management, the protection areas established through technical studies prepared by the Directorate, the inventory of surface waters, aquifers, recharge areas, springs, and other aspects that facilitate the achievement of the objectives of this law and its regulation.\nPublic administration institutions, public enterprises, municipalities, and water users shall be obligated to provide the information required to feed the system. They shall be responsible for the veracity of the information and shall ensure that such information is easily verifiable.\nThe National Directorate of Water must enter into the Registry the information regarding companies authorized for well drilling, general information on the concessionaires and permit holders of the granted concessions, the authorizations for use and exploitation, and the discharge, reuse, and reutilization permits.\nAll information contained in this system is public information; therefore, mechanisms must be established that guarantee access to such information by any interested person. The structure of the system, its contents, access, and other aspects shall be established via regulation.\nThe National Directorate of Water must adopt the technical and organizational measures necessary to guarantee data security and prevent misuse, accidental or illicit alteration, destruction, or any other action contrary to the objectives of this law.\n\tArticle 14 of the text subject to this consultation, in relation to Article 17 of the text approved in the first debate in 2014, note that it reverses the provisions regarding protection areas, indicating that they must be established based on the approval of this law based on technical studies, given that currently the Water Law (Ley Aguas) in its Article 31 and the Forestry Law (Ley Forestal) in Article 33 establish these areas, and it is for their reduction that technical studies are required, which is contrary to Article 50 of the Political Constitution regarding the State's obligation to guarantee a healthy and ecologically balanced environment.\n\n\nI consider that the addition made to the project, in the consulted Article 14, violates the principle of connection (principio de conexidad), as it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the norm. Note that it indicates that protection areas must be established through technical studies prepared by the National Directorate of Water. That is, while such technical studies are not prepared, there are no protection areas, since such studies are part of the very definition of a protection area. This disregards that there may be sociological or economic reasons for a protection zone, beyond and prior to a technical study. The criteria that underpin and legitimize the creation of a protection area are reduced. This certainly also reverses the sense of environmental right protection, since technical studies have been required by constitutional jurisprudence for the purpose of \"reducing\" a protection area, but not for its creation or establishment. This also subjects the protection of a specific area to a bureaucratic instance and the technical justification of a protection area. It is known to all that such studies can take time, and it is worrying that a norm establishes, a contrario sensu, that as long as they do not exist, there are no protection areas. Whereas the original norm simply mentioned protection areas, without requiring their creation to depend on a technical study. The technical requirement is the pretext to limit the creation of protection areas. Finally, note how, following the evidentiary measure for better resolution requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that \"There is no single document that comprehensively and previously compiles the technical aspects that support the substitute text\", thus the lack of technical criteria for making the changes indicated in this norm is evident.\n\nArticle 28)\n\n\n\tFirst Debate Text 2014\n\tSubstantive Motion\nNovember 2, 2017\n\tConsultants' Opinion\n\n\tARTICLE 31.- Regulation of protection areas\nThe cutting or elimination of trees in the protection areas described in Articles 29 and 30 of this law is prohibited, except in projects declared by the Executive Branch as of national convenience and the works or activities carried out for the protection, recovery, collection, and use of water authorized by the DINA. The boundary adjustments that must be processed in relation to these areas shall be carried out by the DINA based on technical studies.\n\tARTICLE 28- Prohibition on logging in protection areas\nThe cutting or elimination of trees in the protection areas described in Articles 29, 30, and 31 of this law is prohibited, except in projects declared by the Executive Branch as of national convenience and the works or activities carried out for the protection, recovery, collection, and use of water authorized by the National Directorate of Water. The boundary adjustments that must be processed in relation to these areas shall be carried out by the National Directorate of Water, based on technical studies.\n\tArticle 28 of the text consulted here, in relation to Article 31 of the one voted on in 2014, in our opinion constitutes a substantial reform because instead of prohibiting logging in the protection areas established in the current articles of the Water Law and the Forestry Law, 31 and 33, respectively, or in Articles 26 and 27 of this same bill (which incorporates the current protection areas described in the cited laws), it proposes to prohibit logging in the areas established in Articles 29 (5 meters on the margins of water bodies, measured horizontally from the highest water level of the channel, along the entire path and its course, within the respective property), 30 (10 meters radius around wells), and 31 in the area to be determined through technical studies of this proposal. Thus, Article 28 comes to violate the protection areas established in Articles 26 and 27 of the bill subject to this consultation, and those currently defined by legislation, allowing the logging of trees in said zones according to the provisions of Articles 29, 30, 31 of this same project, thereby unconstitutionally violating Article 50 of the Political Constitution.\n\n\n\n\n\nThe addition made to the project, in the consulted Article 28, violates the principle of connection (principio de conexidad), as it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the norm. Note that by specifying the prohibition of logging only in the protection areas described in Articles 29 (5 m area from the highest water level of the channel), 30 (10 m radius to the well), and 31 (aquifer of social, environmental, and economic importance), it is certainly leaving out the protection areas described in Articles 26 (referring to areas bordering permanent springs within a radius of 100 m measured horizontally; a strip of 10, 15, or 50 m on the banks of rivers, streams, or brooks; 50 m measured horizontally on the banks of lakes and reservoirs, natural or artificial, of the State and its institutions; and the recharge areas and aquifers of the springs) and 27 (200 m from a permanent-flow spring), for which logging would, therefore, be permitted. This, when the previous project, in Article 31, prohibited the logging of trees in the zones described in Articles 29 (20 m horizontally from the edge of permanent springs; lands adjacent to banks of rivers, streams, or brooks; areas of intermittent-flow springs; rivers, streams, and brooks with intermittent flows; a strip of 50 m on the banks of natural and artificial lakes and lagoons of the State; banks of wetlands) and 30 (protection areas for springs for population use). A current norm that evidently came to un-protect more areas, and which is noted was done without any supporting technical criteria. The reduction of protection became a last-minute objective, contrary to what the citizen initiative project intended. Finally, note how, following the evidentiary measure for better resolution requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that \"There is no single document that comprehensively and previously compiles the technical aspects that support the substitute text\", thus the lack of technical criteria for making the changes indicated in this norm is evident.\n\nArticle 29)\n\n\n\tFirst Debate Text 2014\n\tSubstantive Motion\nNovember 2, 2017\n\tConsultants' Opinion\n\n\tARTICLE 32.- Restoration of cover in protection areas\nEvery owner or possessor of land on which there are water bodies or that adjoins them, and where the tree cover and understory in the protection areas have been eliminated, must reforest using native species or allow the natural regeneration of these areas. For this, the National Forest Financing Fund (Fonafifo) may allocate resources for the payment for environmental services (pago por servicios ambientales) in these areas.\n\tARTICLE 29- Restoration of cover in protection areas\nEvery owner or possessor of land on which there are water bodies or that adjoins them, on whose margins the tree cover in the protection areas has been eliminated, as the first cover restoration measure must reforest them at a distance of five meters (5m) measured horizontally from the highest water level of the channel, of said water bodies, along the entire path and its course, within the respective property.\nFor reforesting, native species shall be used, or natural regeneration shall be permitted in those areas.\nThe National Forest Financing Fund (Fonafifo) is authorized to allocate resources for the payment for environmental services in those areas.\n\tArticle 29 of the text under consultation, in relation to Article 32 (voted on in the first debate in 2014), this article establishes the obligation to reforest in the protection areas around water bodies, only a 5-meter area, in contrast to the obligation established in the text that was known in 2014, which established it for the entire protection area, a provision that in our opinion becomes unconstitutional for substantive reasons that we will develop later.\n\n\n\n\n\nThe addition made to the project, in the consulted Article 29, violates the principle of connection (principio de conexidad), as it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the norm. Note that the obligation for cover restoration (reposición de la cobertura) in the protection areas is limited to a distance of five meters (5m), when initially the norm did not establish any limitation on the area. Why five meters, if previously there was no defined limit? In this sense, the technical criterion used by the legislator to have made this change is notably absent, that is, to have proceeded to limit the cover restoration area of the protection areas to be reforested only to a distance of 5 m from the highest water level of the channel, when in the previous norm, no limitation was established, merely indicating that one must reforest. Finally, it is observed that after the evidentiary measure for better resolution requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that \"There is no single document that comprehensively and previously compiles the technical aspects that support the substitute text\", thus the lack of technical criteria for making the changes indicated in this norm is evident.\n\nArticle 30)\n\n\n\tFirst Debate Text 2014\n\tSubstantive Motion\nNovember 2, 2017\n\tConsultants' Opinion\n\n\tARTICLE 33.- Well operational area\n\nA sanitary extraction distance for well operation must be maintained up to a radius of ten meters (10m), understood as the distance immediately around the well to provide it security and protection, and to allow access for the operation and maintenance of the system.\nIn these areas, those human activities that may directly contaminate the groundwater through the well will not be permitted.\n\tARTICLE 30- Well operational area\nAn operational safety extraction distance for the well must be maintained up to a radius of ten meters (10m), understood as the distance immediately around the well to provide it security and protection, as well as to allow access for the operation and maintenance of the system. The National Directorate of Water shall require a technical study of contaminant transport (estudio técnico de tránsito de contaminantes) prior to authorizing the sanitary extraction distance for the well's operation.\nIn that operational safety extraction area for the well of up to ten meters (10 m), carrying out human activities that may directly contaminate the groundwater will not be permitted if they do not comply with the viability expressed in the technical study of contaminant transport.\n\tArticle 30 of the text under consultation, in relation to Article 33 of the one voted on in 2014, we consider that a substantial modification is introduced by virtue of the fact that the new text establishes that, with a contaminant transport study, the DINA may authorize the sanitary extraction distance required for the well's attention. This provision opens a loophole so that within the 10 meters of well protection, an activity may be permitted, provided that a contaminant transport study is presented. In that sense, in accordance with the principle of legality, this norm establishes that an Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) will not be required, which is more rigorous than the contaminant transport study, the latter being only one part that the Environmental Impact Assessment must contemplate, which is unconstitutional due to violation of the principle of non-regression in environmental matters and the precautionary principle.\n\n\nI consider that the addition made to the project, in the consulted Article 30, violates the principle of connection (principio de conexidad), as it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the norm. Note that the original text only indicated that \"a sanitary extraction distance for well operation must be maintained up to 10 m radius\" where \"human activities that may directly contaminate the groundwater will not be permitted.\" However, in the new text it is established that, with a contaminant transport study (estudio de tránsito de contaminantes), the DINA may authorize the required sanitary extraction distance. That is, the absolute prohibition of the original norm is relativized with the possibility given that, with a technical study of contaminant transport, the sanitary extraction distance for the well's operation can be varied. This certainly makes it possible that, within the 10 meters of well protection, an activity may be permitted, provided that a contaminant transport study is presented. The protection is relativized, without a specific, well-founded technical criterion. Note how, following the evidentiary measure for better resolution requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that \"There is no single document that comprehensively and previously compiles the technical aspects that support the substitute text\", thus the lack of technical criteria for making the changes indicated in this norm is evident.\n\nArticle 61)\n\tFirst Debate Text 2014\n\tSubstantive Motion\nNovember 2, 2017\n\tConsultants' Opinion\n\n\tARTICLE 64.- Use of water in protected wild areas\n\nFor reasons of public interest declared for population supply, water use permits may be granted whose intake is located within a protected wild area (área silvestre protegida). In strictly protected wild areas, the granting of permits and concessions is prohibited, except for permits that may be granted to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for population supply when, through a technical study, it is demonstrated that no other alternative source is available.\n\tARTICLE 61- Use of water from the water resource in protected wild areas\nFor reasons of public interest declared by the Executive Branch and in favor of the authorized public service provider entities for population supply, the minister of the Ministry of Environment and Energy shall grant a water use permit from sources located within a protected wild area, regardless of its category.\nIn any case, a technical study must mediate demonstrating that no other alternative source is available, and the prior technical approval of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers must be obtained.\nGiven the nature and environmental fragility of protected wild areas, the works carried out for these purposes must be executed seeking the least environmental impact.\n\tArticle 61 of the text being consulted, in relation to Article 64 of the text voted on in the first debate in 2014. Another substantial modification presented in the substitute text approved by the Plenary on November 2 is in relation to the use of water within protected wild areas. Let's see: while the previous text (Art. 64) established the absolute prohibition of granting permits or concessions within protected wild areas, except in the case of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for population supply and provided that through a technical study it was demonstrated that no other source was available, through Article 61 of the approved substitute text, the possibility is opened to allow the use of water within protected wild areas to any public service provider entity, that is, to private or public ones, when this was never the intention of the proponent, that is, the people, given the environmental fragility and the impact that such use causes in protected areas.\n\n\n\n\nI consider that the addition made to the project, in the consulted Article 61, violates the principle of connection (principio de conexidad), as it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the norm. Note that, in effect, with the modification made, the possibility is opened to allow the use of water within protected wild areas to any public service provider entity, that is, to private or public ones, when this was never contemplated in the original text. Regarding this aspect, the absence of a technical criterion is also evident, supporting the shift from an absolute prohibition on granting permits and concessions in protected wild areas (except to ICAA for population supply) to the possibility of granting a water use permit from sources within a protected wild area, regardless of its management category, in favor of authorized public service provider entities for population supply.\n\nI note that following the evidentiary measure for better resolution (prueba para mejor resolver) requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo,” so the lack of technical criteria for making the changes indicated in this regulation is evident.\n\nArticle 72)\n\nText I Debate in 2014\nMoción de fondo\n2 noviembre 2017\nCriterio de los consultantes\n\nARTICLE 76.- Modification of concessions\nAny water-use concession (aprovechamiento de aguas) may be modified in the following cases:\na) When a decrease in the conditions of the natural availability of water is verified.\nb) When so requested by the concessionaire (concesionario).\nc) When the corresponding hydrological unit water plan (plan hídrico de unidad hidrológica) so provides.\nd) When the DINA determines, based on technical and economic studies, that the modification is necessary to guarantee supply for human consumption or other uses defined as priority.\nIn all cases, before ordering any modification to the granted concession, the DINA must first analyze and consider the possibility of applying an alternative solution that is economically viable, taking into account the proposals of the persons affected by the modification.\nIn all cases, due process (debido proceso) will be observed.\nARTICLE 72- Modification of concessions\nAny concession for the use of the water resource (recurso hídrico) may be modified in the following cases:\na) When the Dirección Nacional de Aguas verifies a natural decrease in the flow (caudal) of the concessioned source.\nb) When so requested by the concessionaire (concesionario).\nc) When the corresponding hydrological unit water plan (plan hídrico de unidad hidrológica) so provides.\nd) When the Dirección Nacional de Aguas determines, based on technical and economic studies, that the modification is necessary to guarantee the supply of potable water for human consumption or other priority uses (aprovechamientos prioritarios).\nIn all cases, following the principles of due process (debido proceso) and before ordering any modification to the terms of the granted concession, the Dirección Nacional de Aguas must analyze and consider the possibility of applying an alternative solution that is socially and economically viable and take into account the proposals of the concessionaires (concesionarios) who would be affected by the modification.\n\nArticle 72 of the substitute text approved in first debate on November 2, 2017, in relation to Article 76 of the text approved in 2014. Article 72 introduces two substantial changes with respect to Article 76 of 2014, the first of them in subsection a), which establishes that the concession may be modified when a decrease of the concessioned source is verified (Art. 72) whereas in the 2014 text it was when a decrease in the conditions of the natural availability of water is verified (Art. 76); and, the second, in the final paragraph which establishes that the proposals of the concessionaires (concesionarios) must be taken into account instead of those from the affected persons as proposed by the 2014 text. It is not the same to allow the modification of the concession when the conditions of water availability vary, which can refer to a specific zone or geographical area, and which is required to satisfy the population, as when it is a decrease in the concessioned flow (caudal) since this affects, in principle, only the private concessionaire and not necessarily the population; this is why it constitutes a substantial variation with respect to the 2014 text.\n\nI consider that the addition made to the bill, in the consulted Article 72, violates the principle of connection (principio de conexidad), since it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the regulation. Note that subsection a) establishes that the concession may be modified when a decrease of the concessioned source is verified, whereas in the previous text it was when a decrease in the conditions of the natural availability of water is verified. Certainly, it is not the same to allow the modification of the concession when the conditions of water availability vary, which can refer to a specific zone or geographical area, and which is required to satisfy the population, as when it is a decrease in the concessioned flow (caudal) since this affects, in principle, only the private concessionaire and not necessarily the population. Furthermore, the final paragraph establishes that the proposals of the concessionaires (concesionarios) must be taken into account instead of the proposals from the affected persons as proposed in the previous text. The vision and protection of the interests of the population are reduced, limiting it to the interests of the concessionaire. This latter point is related to the reduction of citizen participation in these cases, and the ignoring of the fact that water is a public domain asset (bien de dominio público), and therefore, of interest to all and not only to the concessionaires. On this point, as on others, it must be noted that following the evidentiary measure for better resolution (prueba para mejor resolver) requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo,” so the lack of technical criteria for making the changes indicated in this regulation is evident.\n\nArticle 77)\n\nText I Debate in 2014\nMoción de fondo\n2 noviembre 2017\nCriterio de los consultantes\n\nSECTION II\nSpecial water uses\nARTICLE 81.- Special permits for water use\nSpecial permits shall be required, from the DINA, for the following special uses:\na) The discharge of water into public domain watercourses (cauces de dominio público) resulting from agricultural drainage or urban drainage, and from any other activity.\nb) The provisional use and enjoyment (aprovechamiento) of water for no more than one year, in cases where warranted and as established by the specific regulation.\nThese permits may not be transferred without authorization from the DINA. The requirements and procedures for the use permit shall be established in the regulation of this law.\nThe use permits granted shall have a precarious (precario) character as defined by Article 154 of Law No. 6227, General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), of May 2, 1978.\nSECTION II\nSPECIAL USES FOR WATER USE\n\nARTICLE 77- Special permits for water use\nThe following special uses require a permit from the Dirección Nacional de Aguas:\n\na) The provisional use and enjoyment (aprovechamiento) of water, for a maximum period of one year, in cases where warranted and as established by the specific regulation.\n\nThese permits may be transferred upon prior authorization from the Dirección Nacional de Aguas. The requirements and procedures for the use permit shall be established in the regulation of this law.\n\nArticle 77 of the text here consulted, approved on November 2, 2017, in relation to Article 81 of the text voted on in first debate in 2014. As the Chamber can appreciate, this is a substantial modification regarding the text of the popular initiative of 2014, as it eliminates subsection a) of Article 81, which established the obligation to have a special permit for water discharges into public domain watercourses (cauces de dominio público), resulting from any activity, leaving this matter unregulated in the bill which is the object of this consultation, which may endanger the water resource.\n\nI consider that the addition made to the bill, in the consulted Article 77, violates the principle of connection (principio de conexidad), since it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the regulation. Note that subsection a) of Article 81 is eliminated, which established the obligation to have a special permit for water discharges into public domain watercourses (cauces de dominio público) or urban drainage, resulting from any activity, leaving this matter unregulated in the current text of the bill. All of this is eliminated without any technical criteria to support it, leading one to presume, then, that the discharge of water into public domain watercourses or urban drainage does not require any permit; since, furthermore, it is not indicated that this is regulated by another type of regulation. Thus endangering the quality of life due to the possible contamination that such discharges may produce and promoting the free discharge of residual waters into receiving ecosystems. Finally, note how, following the evidentiary measure for better resolution (prueba para mejor resolver) requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo,” so the lack of technical criteria for making the changes indicated in this regulation is evident.\n\nArticle 85)\n\nText I Debate in 2014\nMoción de fondo\n2 noviembre 2017\nCriterio de los consultantes\n\nARTICLE 89.- Exclusion from the registry and resolution of the drilling license\nThe drilling license shall be revoked and drilling companies shall be excluded from the Registry for a period of two years if they incur in:\na) Drilling of wells without the respective authorization.\nb) Non-compliance with the conditions imposed in the drilling permit.\nc) Non-compliance with the provisions of this law and its regulation.\nd) Non-compliance with environmental protection legislation.\ne) Alteration or contamination of the resource, its watercourses and ecosystems, when corrective measures are not adopted within the granted deadlines.\nIf a drilling company is a repeat offender (reincidente) in any of the above points, its drilling license shall be revoked and it shall be permanently excluded from the registry of drilling companies.\nARTICLE 85- Exclusion from the registry and resolution of the drilling license\nThe Dirección Nacional de Aguas shall revoke the drilling license issued to a drilling company for a period of two years, when it has engaged in any of the following conducts:\na) Drilling wells without the respective authorization.\nb) Non-compliance with the conditions imposed in the drilling permit.\nc) Non-compliance with the provisions of this law, its regulation, and any other law for the protection of natural resources.\nd) Altering or contaminating the water resource (recurso hídrico), its watercourses and ecosystems, or when corrective measures are not adopted within the granted deadlines.\ne) Non-compliance with environmental protection legislation.\n\nArticle 85 of the text being consulted in relation to Article 89 of the one voted on in 2014; this is a substantial modification as it eliminates the sanction for repeat offenses (reincidencia).\n\nThe addition made to the bill, in the consulted Article 85, violates the principle of connection (principio de conexidad), since it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the regulation. Note that the sanction for repeat offenses (reincidencia) is eliminated, which weakens the originally established sanctioning system. Sanctioning or not the repeat offender is related to the significance of the protected legal interest and such a variation substantially modifies the instruments of protection. Furthermore, no technical criteria is indicated for modifying this essential point. Finally, note how, following the evidentiary measure for better resolution (prueba para mejor resolver) requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo,” so the lack of technical criteria for making the changes indicated in this regulation is evident.\n\nArticle 106)\n\nText I Debate in 2014\nMoción de fondo\n2 noviembre 2017\nCriterio de los consultantes\n\nTITLE V\nEconomic-financial regime for water\nSINGLE CHAPTER\nInstruments that recognize the economic value of water\nARTICLE 110.- Water levy (Canon del agua)\nThe water levy (canon del agua) is an economic instrument for the integrated management of the water resource (recurso hídrico), the promotion of efficient and sustainable use, the protection of the resource and prevention at the source of pollution, and the recovery of the quality of the water body.\n\nThe levy shall be set by the Minister of Environment and Energy. For the purposes of subsection s) of Article 8) of this law, the Ministers of Health, Agriculture and Livestock, and of National Planning and Economic Policy shall send their observations to the MINAE within a period of ten business days, starting from the communication made by the DINA.\nTITLE V\nECONOMIC FINANCIAL REGIME FOR WATER\nSINGLE CHAPTER\nINSTRUMENTS THAT RECOGNIZE THE ECONOMIC VALUE OF WATER\nARTICLE 106- Water resource levy (Canon del recurso hídrico)\nThe water resource levy (canon del recurso hídrico) is constituted by the levy for the use of the water resource (canon de aprovechamiento del recurso hídrico) and by the levy for discharges (canon de vertidos).\nAll natural or legal persons, public and private, that use and enjoy the water, must recognize its value, through the payment of the use levy (canon de aprovechamiento) and the levy for discharges (canon por vertidos), as applicable. These levies are not mutually exclusive and are complementary, as instruments to achieve the integrated management of water resources.\nThe levy for the use of the water resource (canon para el aprovechamiento del recurso hídrico) is an economic instrument for the regulation and administration of its use, the promotion of efficient and sustainable use, which enables water availability for the reliable supply for human consumption and the socio-economic development of the country, and also sustainable management of the water resource. This shall be calculated according to the volume or flow (caudal) of the water resource, surface or underground, concessioned for the various uses.\nThe environmental levy for discharges (canon ambiental por vertidos) is an economic instrument based on the polluter pays principle (principio de quien contamina paga) and which is established through the charging of a monetary consideration (contraprestación en dinero), to those who use the environmental service of water bodies for the transport, dilution, and elimination of liquid waste originating from point source discharge, which may generate harmful effects on the water resource, related ecosystems, human health, and productive activities.\nThe water resources levy (canon de recursos hídricos) shall be set by the Minister of Environment and Energy. For the purposes of subsection i) of Article 8) of this law, the Ministers of Health, Agriculture and Livestock, and of National Planning and Economic Policy shall send their observations to the Minister of Environment and Energy within a period of ten business days, starting from the communication made by the Dirección Nacional de Aguas.\n\nArticle 106 of the text being consulted in relation to Article 110 of the text voted on in 2014. Article 106 presents a substantial modification regarding the one proposed in the popular initiative, as it changes the object of the levy such that it will no longer be for the protection of the resource and prevention at the source of pollution and the recovery of the quality of the water body.\n\nI consider that the addition made to the bill, in the consulted Article 106, violates the principle of connection (principio de conexidad), since it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the regulation. Note that the destination of the levy is changed, such that it will no longer be for the protection of the resource, prevention at the source of pollution, and the recovery of the quality of the water body, but rather for the regulation and administration of its use. It is evident that there is an essential difference between the original destination and the destination indicated in the current bill. Collective interests are postponed, protecting only the financing of the bureaucratic structure that is required. The destination for regulation and administration does not imply protection, prevention, or recovery of the water resource. It goes from a destination that was directed directly at the water resource, to one referring to administrative expenses. So there is a suppression or reduction that implies a substantial change in the teleological content of the regulation. Finally, note how, following the evidentiary measure for better resolution (prueba para mejor resolver) requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo,” so the lack of technical criteria for making the changes indicated in this regulation is evident.\n\nArticle 109)\n\nText I Debate in 2014\nMoción de fondo\n2 noviembre 2017\nCriterio de los consultantes\n\nARTICLE 113.- Destination of the Fund\nThe purposes of the proceeds from the Fund for the Integrated Management of the Water Resource (Fondo para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico) are the following:\na) Incentivize the rational use and enjoyment of water efficiently and sustainably.\nb) Promote the prevention and reduction of pollution from the source of generation.\nc) Favor technological innovation and the improvement of productive processes in economic activity.\nd) Protect areas that enable the sustainability of water in quantity and quality.\ne) Carry out the necessary tasks and investments for the prevention, control, and monitoring of the use of water bodies.\nf) Carry out the necessary tasks and investments for the evaluation and monitoring of the quantity and quality of water bodies.\ng) Carry out the effective recovery of the quality of water bodies.\nh) Carry out the necessary tasks and investments for the preparation of the national water balance (balance hídrico nacional).\ni) Administrative management of the DINA.\n\nj) Preparation and implementation of planning instruments.\nk) Payment for environmental services (Pago por servicios ambientales) on lands of importance for the protection of the water regime (régimen hídrico).\nl) Research and water protection tasks under the charge of the competent entities in the matter.\nm) Promote education programs for the integrated management of the water resource (recurso hídrico).\nThe destination and distribution of the resources of the Fund for the integrated management of the water resource shall be determined annually, in accordance with the national water policy guidelines established by the Executive Branch.\nFive percent (5%) of the amounts collected from the water levy (canon de agua) shall be allocated to the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), for the attention of those complaints for infraction or omission of the environmental protection legislation, in which water is compromised.\nThe operations of the Fund are declared of public interest; therefore, they are exempt from all payment for stamps, registration taxes for the constitution, endorsement, cancellation of mortgages, taxes on pledge contracts, payment for appraisals, as well as from the payment of registration fees.\nThe Executive Branch is empowered to, via regulation, define the percentage to transfer to the Forestry Financing Fund (Fondo de Financiamiento Forestal) and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), to comply with the investment provided for in subsection k) on private lands and protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) respectively and that fulfills the purpose of protecting the water regime (régimen hídrico).\nARTICLE 109- Destination of the Fund\nThe Dirección Nacional de Aguas may allocate the resources of the Fund for the Integrated Management of the Water Resource (Fondo para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico) for the following:\na) Administrative and technical management of the Dirección Nacional de Aguas. (i)\nb) Administrative and technical management of the Hydrological Units\nc) Prepare the policy, the national water plan (plan hídrico nacional), and the national water balance (balance hídrico nacional).\nd) Management of the national water registry and the national water inventory.\ne) Prepare, implement, and follow up on the water plans (planes hídricos) and water balances (balances hídricos) of the hydrological units.\nf) Research and development of water infrastructure projects.\ng) Prevention of pollution from the source of generation.\nh) Protect areas that enable the sustainability of the water resource (recurso hídrico).\ni) Control and monitoring of the use of water bodies.\nj) Evaluation and monitoring of the quantity and quality of water bodies.\nk) Research and water protection.\nn) Education for the integrated management of the water resource (recurso hídrico).\n\nThe destination and distribution of the resources of the Fund for the integrated management of the water resource shall be determined annually, in accordance with the national water policy guidelines established by the Executive Branch.\nNotwithstanding, three percent (3%) of the amounts collected from the discharge levy (canon de vertidos) shall be allocated to the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), for the attention of complaints for infraction or omission of the environmental protection legislation, in which water is compromised.\nThe operations of the Fund are declared of public interest; therefore, they are exempt from all payment for stamps, registration taxes for the constitution, endorsement, cancellation of mortgages, taxes on pledge contracts, payment for appraisals, as well as from the payment of registration fees.\nThe Executive Branch is empowered to define via regulation, the percentage that it shall transfer to the Forestry Financing Fund (Fondo de Financiamiento Forestal) and to the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), to comply with the investment in private lands and protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) that protect the water regime (régimen hídrico) in accordance with the provision of subsection k) of this article.\n\nArticle 109 of the text under consultation eliminates the possibility of using part of the resources of the Fund for the Integrated Management of the Water Resource, to incentivize the rational use and enjoyment of water efficiently and sustainably (subsection a) of Art. 113 of the text voted on in 2014), as well as the possibility of using part thereof for the payment for environmental services (subsection k of the 2014 text), likewise, it arbitrarily reduces from 5% to 3% the amounts collected from the levy (canon) to be allocated to the Environmental Administrative Tribunal for the attention of complaints for infraction or omission of the environmental protection legislation, in which water is compromised, which constitutes another substantial modification to the bill to the detriment of the one proposed by Popular Initiative.\n\nThe addition made to the bill, in the consulted Article 109, violates the principle of connection (principio de conexidad), since it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the regulation. Note that it eliminates the possibility of using part of the resources of the Fund for the Integrated Management of the Water Resource, to incentivize the rational use and enjoyment of water efficiently and sustainably, as well as the possibility of using it for the payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales). There is a radical variation of one purpose, abandoning it, in favor of other purposes referring more to administrative and technical management. Finally, note how, following the evidentiary measure for better resolution (prueba para mejor resolver) requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo,” so the lack of technical criteria for making the changes indicated in this regulation is evident.\n\nArticle 115)\n\nText I Debate in 2014\nMoción de fondo\n2 noviembre 2017\nCriterio de los consultantes\n\nARTICLE 118.- Suspension of use and closure of establishments\nThe DINA may order the temporary suspension of water use or the definitive revocation of the concession or use permit, when the provisions of this law are violated. It may coordinate, with the health, environmental, municipal, and police authorities, the closure of activities, works, or projects causing the deterioration or improper use of water.\nPrior to ordering the suspension or revocation indicated in the preceding paragraph, the DINA shall conduct an administrative proceeding against the alleged offenders, in accordance with the ordinary procedure established in Law No. 6227, General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), of May 2, 1978.\nAt any time, before or during the proceeding, the competent body may adopt precautionary measures (medidas cautelares) when there are potential damages of difficult or impossible reparation and in those other cases where the scope of the affected public interest so requires.\nARTICLE 115- Suspension of use and closure of establishments\nThe Dirección Nacional de Aguas may order the temporary suspension of the use of the water resource (recurso hídrico) or the definitive revocation of the concession or use permit, when the provisions of this law are violated. Also, it may coordinate with the health, environmental, municipal, and police authorities the closure of activities, works, or projects causing the deterioration or improper use of the water resource (recurso hídrico).\nPrior to ordering the suspension or revocation indicated in the preceding paragraph, the Dirección Nacional de Aguas shall conduct an ordinary administrative proceeding against the alleged offenders, according to the ordinary procedure established in Law No. 6227, General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), of May 2, 1978.\n\nArticle 115 of the text being consulted in relation to Article 118 of the 2014 text. The modification incorporated through Article 115 eliminates the possibility of imposing precautionary measures (medidas cautelares) when there are potential damages of difficult or impossible reparation and in those other cases where the scope of the affected public interest so requires, which could affect the effective protection of the water resource, to the detriment of Article 50 of the Constitution.\n\nI consider that the addition made to the bill, in the consulted Article 115, violates the principle of connection (principio de conexidad), since it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the regulation. It must be highlighted that it eliminates the possibility that the competent body may adopt, at any time (before or during the proceeding), precautionary measures (medidas cautelares) when there are potential damages of difficult or impossible reparation and in those other cases where the scope of the affected public interest so requires. In addition to the lack of protection of precautionary protection, this is a radical change to the regulation, which, moreover, also finds no technical support in the bill. Once again, the high public interest that exists in the protection of water and the environment is left unprotected. Finally, note how, following the evidentiary measure for better resolution (prueba para mejor resolver) requested by this Chamber, to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that “No existe un documento único que recoja de manera integral y previa, los aspectos técnicos que dan sustento al texto sustitutivo,” so the lack of technical criteria for making the changes indicated in this regulation is evident.\n\nElimination of Articles 14, 15, 16, and 68\n\nThe elimination of the Hydrological Unit Councils (Consejos de Unidad Hidrológica), in Articles 14, 15, 16, and 68 of the bill, violates the principle of connection (principio de conexidad), since it constitutes a substantial modification that distorts the original spirit of the regulation. Note that everything related to the hydrological unit councils (consejos de unidad hidrológica) is eliminated, created in the original bill as an intersectoral participation body that would ensure the proper application of this Law and its regulation in its respective unit. The original spirit of the eliminated regulations was aimed at providing greater participation and representation of the involved sectors (such as the public sector, municipalities, non-governmental organizations, the productive sector, ASADAS, and the National Council of Rectors [Consejo Nacional de Rectores]), in the preparation of a water plan (plan hídrico), prioritizing the use of water, assisting in surveillance and good management, among other functions assigned to the Hydrological Unit Councils. According to the Unanimous Affirmative Ruling (Dictamen Unánime Afirmativo) of 2014: “For the bill's proponents, and for those of us who subscribe this UNANIMOUS AFFIRMATIVE RULING (DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO), it is indispensable to have a law that promotes integrated, participatory, socially equitable, and environmentally sustainable water management. (…) Communities are demanding spaces for participation to improve the governance of water management and to guarantee their future access to the precious liquid.” (pg. 3). However, these local spaces for participation disappear in the 2017 text, without being replaced by any other similar mechanism. In a popular initiative law, spaces for citizen participation are reduced. Water is an asset of notable social interest, which is why a clear political objective of citizen participation and control is required.\n\nFrom the guidelines of the Convention on Biological Diversity for the application of the ecosystem approach in integrated water resource management (IUCN, 2014), a series of principles are derived, especially principle 2: \"Management must be decentralized to the lowest level. Decentralized systems can lead to greater efficiency, effectiveness, and equity. (...) The closer management is to the ecosystem, the greater the responsibility, ownership, demands, accountability, participation, and use of local knowledge.\" Its Guideline 2.1 \"(...) strategic decisions may be the responsibility of the central government, operational decisions may be the responsibility of the local government or management body, and decisions on the allocation of benefits among the members of a community may reside in the community itself.\" In Guideline 2.5, when choosing an appropriate level of decentralization, \"(...) determine whether the body represents the appropriate community of interests.\" There are also the Principles and Criteria for the Co-management of Hydrographic Basins for Tropical America, a collaborative work with regional experts promoted by the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) (Cervantes, Faustino, Jiménez and Benegas, 2008), which highlights Principle 1: \"Social Participation and protagonism with a shared vision and equity in the universe of actors involved in the basin.\" Criterion 1.2 establishes spaces for dialogue, consensus-building, and decision-making, and 1.3 promotes inclusive co-management of disadvantaged groups (for reasons of gender, intergenerational or others). All of this contradicts the decision to eliminate the spaces for real participation in the new legal water regime. Finally, note how, after the evidentiary proceeding for a better resolution requested by this Chamber to ascertain the existence of a technical report for the substitute text of November 2, 2017, it is clearly indicated that \"There is no single document that comprehensively and previously gathers the technical aspects that support the substitute text,\" so the lack of technical criteria for making the changes indicated in this law is evident.\n\nIn conclusion: From all of the above, the bill approved in the first debate and consulted not only disrespected the timeframe established for a popular initiative bill but also introduced substantial changes to the objectives and purposes of the original bill presented by popular initiative, and this makes the procedure followed for its approval unconstitutional, in the terms indicated. I have no doubt whatsoever that the legislator has more limitations for modifying the political and legal objectives of a popular initiative bill, even more so when it concerns a good of such high collective interest as water. The distortions that exist between popular representatives and the represented are significantly reduced in popular initiative bills; for this reason, the legislator must not forget that they have a very close interlocutor: the citizenry that proposed the bill. The legislator did not clearly visualize this closeness in this popular initiative bill.\n\nB. CONSULTED SUBSTANTIVE DEFECTS.\n\nIn addition to the procedural defects pointed out, I consider it important to add the following observations on substantive defects, to which the petitioners also referred.\n\nArticles 126.2 and 126.3 and 31 regarding the reduction of SENARA's powers, for violation of the right to the environment: The petitioners consider that the provisions contained in Articles 126.2 and 31 of the consulted bill, by eliminating the functions of protecting all of the country's aquifers, which SENARA currently performs with binding criteria, and by establishing that only those aquifers determined by MINAE by executive decree (decreto ejecutivo) will be protected, leaves all other aquifers unprotected and weakens the legal system protecting the water resource, in violation of the right to the environment. The technical functions assigned to SENARA are a guarantee of balance against political power, such that the elimination of SENARA's basic functions and the loss of the binding nature of its resolutions leaves the protection of the water resource to the free disposition of the Executive Branch. By limiting SENARA's powers to \"irrigation projects and districts (proyectos y distritos de riego),\" citizens are stripped of a guarantee they currently hold, which is having an entity with technical and independent criteria that can issue technical-scientific opinions with a binding nature for the entire Public Administration.\n\n\"ARTICLE 126-\nModifications This law modifies the following provisions: (...)\n\n2) Law N.°6877, Creation of the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), of July 18, 1983, is amended so that where it says: \"National Groundwater, Irrigation and Drainage Service\" it shall henceforth read \"National Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Riego y Avenamiento)\". In addition, in all cases where said law says \"irrigation district (distrito de riego)\" it shall read: \"irrigation projects and districts (proyectos y distritos de riego)\".\n\n3) Subsections a) and b) of Article 2, subsections a), ch), e) and h) of Article 3, and subsections a), ch), and d) of Article 4 of Law N.°6877, Creation of the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service, of July 18, 1983, are amended. The texts are as follows:\n\nArticle 2- The objectives of Senara are: a) To promote agricultural and aquaculture development in the country, through the establishment and operation of irrigation, drainage, and flood protection systems. b) To seek the optimal and fair use of land and water resources, both surface and underground, in the country's agricultural and aquaculture activities, whether private, collective, or cooperative, in irrigation projects and districts. [...]\n\nArticle 3- The functions of Senara are: a) To develop and execute a fair policy for the use and distribution of water for agricultural purposes, in harmony with the optimal possibilities to carry out its functions, it must first have the water concession granted by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, Minae). [...] ch) To research, protect, and promote the use of water resources, both surface and underground, in specific irrigation projects and districts. [...] e) To support the Water Directorate (Dirección de Aguas) and the Ministry of Environment and Energy in the hydrological and hydrogeological research required to be carried out in the country's hydrographic basins, as well as in the practices for improvement, conservation, and protection of these basins, in order to foster the promotion and development of agricultural production activities; as well as to carry out this research and socioeconomic and environmental research in the areas and regions where it is feasible to establish irrigation and drainage districts. [...] h) To monitor compliance with the legal provisions in matters of its concern, in accordance with the objectives established in Article 2 of this law. The decisions adopted by the Service for this reason may be appealed within ten days on grounds of legality before the Superior Contentious-Administrative Tribunal. The Tribunal will resolve within a maximum period of ninety days. [...]\n\nArticle 4- [...] a) Improvement, conservation, and protection of soils in specific irrigation and drainage districts. It must coordinate actions with the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG), regarding the management, conservation, and recovery of soils in the irrigation districts. In matters of water resources, it must coordinate with the National Water Directorate (Dirección Nacional de Aguas) and the Ministry of Environment and Energy (Minae) the protection and conservation of this resource in the hydrographic basins of said districts, fostering, in any case, the promotion and development of agricultural production activities, based on the sustainable use of water. [...] ch) Preparation and updating of an inventory of waters with potential use for their utilization in irrigation projects and districts. d) Preparation and maintenance of updated records of water users in irrigation projects and districts. [...]\"\n\n\"ARTICLE 31- Protection of aquifers\nWhen the National Water Directorate has conducted studies demonstrating the vulnerability of an aquifer of social, environmental, and economic importance, which justify its protection, the Ministry of Environment and Energy, by executive decree, will declare its protection and regulate the permitted activities in the respective recharge and discharge zones. The delimitation, management, and protection of the aquifer must be based on the rules of science and technique; the categorization of the aquifer will be defined by regulation, according to its vulnerability.\"\n\nI consider that the elimination that Article 126 of the bill makes to Law 6877 (Article 2.h) regarding Senara's decisions being final and mandatory certainly violates the legal system protecting the water resource, in violation of the right to the environment. The importance of water requires a technical body with reinforced political independence. It is not just any good; it is one of the vital goods for the environment, health, and survival of the population. As this Chamber evidenced through decision (voto) 2012-008892, SENARA has a particularly relevant position regarding the management of the national water resource, which is important considering the eminently technical nature of this administrative dependency, a position that must be reinforced—and not weakened as is done in the consulted bill—and also exercised through the necessary and due inter-institutional coordination of the different entities involved. So, in effect, said norm violates the fundamental right to the environment by weakening the protection system, by eliminating the mandatory nature of Senara's decisions. The citizens came with a bill that sought to reinforce the protection of water, and what happened was that in the legislative process, the institutional framework responsible for safeguarding the water resource was weakened. It seems the citizen initiative became the instrument that weakened the protection of a good of such high social relevance.\n\nIV.- SEPARATE REASONS OF MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ.- I differ from the reasons given to declare the legislative consultation not amenable to review (inevacuable), and instead reject it based on the following grounds. This bill comes before the Constitutional Chamber for a second time in a facultative constitutional review consultation. Although the Law of the Constitutional Jurisdiction does not regulate the number of times a bill can be consulted to the Constitutional Tribunal, the fact of the matter is that the facultative constitutional consultation has the characteristic of being a constitutional process of an extraordinary nature, which allows the Constitutional Chamber to know in advance about the unconstitutionality of the procedural and substantive defects indicated by the petitioners, besides the fact that, in accordance with numeral 101 of that regulatory body, the advisory opinion of the Constitutional Chamber, which is only binding for the Assembly when it points out procedural defects, does not preclude the possibility that later the challenged norm or norms can be challenged through the means of constitutional review.\n\nOn the other hand, although the prior facultative constitutional review is an instrument that was instituted in favor of the opposition in the French political system, in the nineteen-seventies, by the then President of the Republic Valéry Giscard d'Estaing (see Constitutional Law n.° 74-04 of October 29, 1974, Journal Officiel of October 30, 1974), it is also true that there have been abuses in the use of this constitutional process, which led to its elimination in Germany and Spain. In the latter State, where it functioned between the years 1979 and 1985, due to the paralysis of legislative action that endangered the effectiveness of the government program, its suppression was opted for.\n\nBut not only is the effectiveness of the government's action threatened when it requires the approval of the law, but with the excess of facultative constitutional consultations on the same bill, politics is \"judicialized.\" A trend that, from the perspective of Constitutional Law (values, principles, and norms), has a pernicious effect, since it damages the principle of balance among the Powers of the State. Note that the facultative constitutional consultation was created to raise doubts and objections of constitutionality under the prism of collaboration among the Powers of the State; aspects that are clear once the bill has been approved in the first debate, hence the doubts and objections of constitutionality must be raised all at once and not deferred over time, since, when this second situation occurs, it necessarily affects the good functioning of the Chamber and, eventually, the facultative constitutional consultation is used not for the purpose of safeguarding the principle of constitutional supremacy, but to prevent the Legislative Assembly, in the exercise of its constitutional and regulatory powers, from deciding on a matter that is already up for its final vote. In this way, the prior constitutional review in its facultative aspect is distorted.\n\nOur stance is also confirmed by the fact that when it comes to the peremptory constitutional consultation, and the Constitutional Chamber points out a defect, be it of procedure or substance, once it is corrected by the Chamber and the bill is approved again in the first debate—be it a partial reform of the Fundamental Charter, an international treaty, or a reform of the Law of the Constitutional Jurisdiction—the matter does not return again to the Constitutional Chamber in a peremptory constitutional consultation. Which is logical, since, in the first place, the constitutional mandate has already been fulfilled, that is, to consult the Constitutional Chamber, and, secondly, the responsibility for correcting the defect is a matter that falls exclusively on the Legislative Assembly.\n\nIt is for these reasons and others that could be outlined that the facultative constitutional consultation is only admissible once and if it meets the requirements established by the Law of the Constitutional Jurisdiction, not when it comes to the second, third, etc. consultation that is raised in relation to a bill. In these cases, in my view, the consultation process is precluded and, consequently, the consultation is inadmissible and must be rejected outright. Hence, it is necessary to return to the stance taken by the Constitutional Chamber in decision (voto) n.° 121-93, an advisory opinion on the occasion of a second facultative constitutional consultation on the \"General Public Works Concession Bill (Proyecto de Ley General de Concesión de Obra Pública)\", legislative file (expediente) n.° 11.344, in which, unanimously, it stated the following:\n\n\"II. Evidently, the constitutional consultation shows an important case of inter-organic cooperation, in this case between the Legislative Assembly and the Constitutional Chamber, whose purpose, ultimately, is to guarantee the supremacy of Constitutional Law, but, in a more immediate and concrete way, to facilitate for the Legislative Assembly a judgment on the validity of the provisions it intends to issue and the procedure it follows for this purpose. Obtaining this judgment from the Chamber is not only a means so that in the law-making process the Assembly can achieve legally suitable decisions, apt to satisfy to a great extent, among others, the principle of legal certainty, but it is also about the authority of the law and the legitimacy of the body that produces it. Ultimately, what could be said to have a political nature, is perhaps as important as the first—that is, the one referring to the legal suitability of decisions and their consequences—and harmonizes perfectly, as much as that one, with the already mentioned purpose of guaranteeing the supremacy of Constitutional Law. Hence, [the importance] of constitutionality in such a way that in this institute all these functions and purposes converge; for example, the sum of formal requirements that the facultative or non-prescriptive consultation must satisfy, and, to formulate it, the rules on the processing of bills submitted to consultation (significantly, the second paragraph of Article 100 of the Law of the Constitutional Jurisdiction) and the deadline set for the Chamber to resolve it. All these provisions, and those that the Assembly itself has given itself in Chapter XVIII of its Regulations, indicate to the Chamber that the permissive power of resolution, and the assistance that consequently it is in a position to provide to the Assembly, must be exercised by taking extreme care that the interpretation and application of the legal norms that serve as its basis scrupulously coincide with the correct meaning of the novel institute of the constitutional consultation. This means, among other things, that the interpretation of the norms that regulate the non-prescriptive consultation, beyond simple literalness, must bear in mind, on the one hand, that the Chamber's opinion is only binding insofar as it establishes the existence of unconstitutional procedures in the consulted bill and does not preclude the possibility that subsequently the challenged norm or norms may be challenged through the means of constitutional review; and on the other hand, it must prevent the Chamber from involuntarily causing unnecessary delays in legislative procedures, because this would be an unjustifiable intrusion into the sphere of action reserved for the deputies and the Assembly itself; or from giving rise to really or theoretically prolonged or endless procedures, in violation of the constitutional norms that ensure the Assembly's powers of self-regulation; or from simply becoming an instrument of technical obstruction, and, therefore, of indirect participation in the political processes that naturally take place in the legislative body. It goes without saying that the interpretation of the norms that regulate its own competence corresponds exclusively to the Chamber, by mandate of the law (Article 7 of the Law of the Constitutional Jurisdiction).\n\nIII. As the deputies formulating the consultation correctly refer, the Chamber has already exercised its power to resolve constitutional consultations in the case of the General Public Works Concession Bill, which the Legislative Assembly processes under file No. 11344. Indeed, as a result of the exercise of this power, the resolution of twelve o'clock on November twenty-seventh, nineteen ninety-two, was issued, by which the opinion requested separately by two groups of deputies was given (after the accumulation of both consultations authorized by the resolution of this Chamber of eleven forty-four on November twenty-seventh, nineteen ninety-two. Later, by resolution of three fifty-four p.m. on December ninth, nineteen ninety-two, the Chamber denied the request for clarification and addition that a group of deputies requested with respect to the first of the resolutions cited here. It should be noted, furthermore, that the denied clarification and addition essentially coincides with the present consultation as regards the part that in the only operative part of the latter is marked \"a) finally, the consultation now consulted refers, in substance, to provisions of Article 6 of the Bill that were already contained in the text submitted in due time to the knowledge of this Chamber and on which their opinion was then requested. These peculiarities of the specific case, together with what has already been set forth in the previous recitals (considerandos), regarding the manner of exercising the Chamber's power, ground the criterion of this Chamber that the present consultation must be rejected outright.\" (The bold text is not in the original).\n\nConsequently, based on all of the above, I consider that the constitutional consultation is not amenable to review (inevacuable).\nV.- NOTE BY MAGISTRATE GARRO VARGAS.- I have deemed it convenient to highlight some considerations that led me to opt for the current majority vote (which was the minority vote in decision (voto) 2014-12887), in which the non-amenable nature (carácter inevacuable) of the consultation is sustained. However, first I will highlight the arguments that summarize the current majority vote (hereinafter, MV) and the current minority vote (hereinafter, mV).\n\nA.- ON THE POSITIONS DEFENDED IN THIS VOTE, regarding the non-amenable nature of the facultative consultation:\n\n1.- Summary of the positions defended:\n\na.- The MV understands that the two-year period established in Article 6 of the Law of Popular Initiative (Ley de Iniciativa Popular) is as follows:\n\n\"It represents a reasonable timeframe within which the entirety of the legislative procedure can be carried out at least up to the final vote on the bill, which is required by Article 123 of the Constitution.\" (The underlining is from the original).\n\nAnd to confirm this argument, it invokes two more norms:\n\n\"In this regard, note that in accordance with Article 98 of the Law of the Constitutional Jurisdiction and ordinal 143.3 of the Regulations of the Legislative Assembly, when the Legislative Assembly has a constitutional or regulatory deadline to vote on a bill, as occurs in this case, the consultation must be made with due anticipation, and the consulted bill must be voted on even if the Assembly has not received the criterion of the Chamber. Ergo, neither the constitutional consultation, much less a potential proceeding before the Constitutional Consultations Committee (Comisión de Consultas de Constitucionalidad), suspends the Parliament's obligation to definitively vote on the consulted bill within the cited peremptory deadline.\"\n\nb.- The mV holds:\n\n\"The expiration of the two-year period provided for in Article 6 of the Law of Popular Initiative in accordance with Article 123 of the Political Constitution does not constitute an essential procedural defect, and on the contrary, as established by the law, it must be interpreted in favor of the initiative of the citizens who presented it and the processing of the legislative procedure. The ratio legis of the peremptory deadline indicates to us that the time limit is not the determining factor, but rather that the initiative be dispensed for voting in the first debate, but the legislative powers do not suffer a diminution or variation because they are carried out outside the deadline in this case, much less if it is to ensure the constitutionality of the bill in respect of the supremacy of the Constitution that the Parliament itself is obliged to observe.\"\n\nAnd it adds regarding said deadline:\n\n\"It cannot imply a peremptory deadline to the detriment of the initiative because by understanding it that way we would be punishing the citizen initiative and participation due to legislative omission or inaction and that of the political groups.\"\n\n2.- Point of convergence of the positions defended: Both the MV and the mV agree that the legislative records, corresponding to the legislative process of Law 8182 of Popular Initiative, reflect that \"the fear of the female and male deputies was that the lack thereof [of the deadline] would cause the bill to remain indefinitely in the legislative current\" (mV) and the desire \"that said deadline be established in favor of the initiative and of the citizens who presented it\" (MV).\n\n3.- Point of greatest divergence between the positions defended:\n\nThe divergence between the two positions is consummated when interpreting the second paragraph of Article 6 of the Law of Popular Initiative. Thus, for the mV, this means that the two years are for the preliminary phase, before that vote, but that, once voted on, the popular initiative bill follows the legislative path (iter legislativo) proper to any other bill:\n\n\"Popular initiative in the formation of the law is only the introductory and initiating phase of the legislative procedure, and despite the fact that in this case we are dealing with a type of initiative that has a special law regulating it, once it enters the legislative current, it must follow the same formation procedure as any other.\" (mV).\n\nFor the MV, the peculiarity of this type of bill is that, as long as they are voted on within the peremptory two-year period, they can be dispensed from proceedings, as established in the second paragraph of Article 6.\n\n\"Once the indicated term is exceeded, an anomalous situation is entered into, contrary to the Constitution, since the bill [that has been proposed by popular initiative] does not have the final vote, even though the constitutional text [Article 123] so orders. Faced with this scenario, the solution provided by the law is the immediate and expedited return to constitutional normality. That is, the bill that by that time should have had a final vote must be dispensed from proceedings and submitted to the votes that are pending until it has a final vote. In this way, compliance with the ratio legis is guaranteed, by compelling the Legislative Assembly to take cognizance of and vote on the bill, ensuring that the popular initiative is taken into consideration.\" (The emphasis is from the original).\n\nB.-. CONSIDERATIONS OF THE UNDERSIGNED REGARDING ARTICLE 6 OF THE LAW OF POPULAR INITIATIVE. I consider it opportune to focus the analysis on two aspects: the deadline established in Article 6 and the legislator's will in this regard; and the scope of the provision contained in the second paragraph of that article. Afterwards, I will make some final reflections.\n\n1.- Regarding the deadline:\n\nIn light of what is recorded in legislative file 14.799, Bill of the Law of Popular Initiative, it is clear that the legislators were aware that, by virtue of the reform of Article 123 of the Constitution, they were obliged to establish a peremptory deadline for the bills proposed through that means to be definitively voted on, as expressly stated in the third paragraph of that norm. It is also clear that they understood that the ratio of that deadline lay in the need to make the novel mechanism effective (see especially, Legal Affairs Committee (Comisión de Asuntos Jurídicos), hereinafter CAJ, Minutes of Ordinary Sessions: No. 12, 25-Jun-2003; No. 15, 09-Jul-2003; No. 34, 07-Oct-2003; Plenary, Minutes of the Plenary Sessions: No. 074, 16-Sept-2003; No. 104, 17-Nov-2005; No. 130, 21-Feb-2006).\n\nThe discussion specifically addressed the length of the deadline, the start of its calculation, the appropriateness of introducing a criminal penalty for deputies who did not vote on popular initiative bills within the deadline that the law would establish (see, CAJ, Minutes of Ordinary Sessions No. 12, 25-Jun-2003; No. 15, 09-Jul-2003). Much later, the legislators question what happens if the deadline expires. It is then that the possibility is explored that popular initiative bills be treated, for the purposes of voting within a peremptory deadline, in an analogous manner to the Budget bills or those to which the procedure of Article 208 bis of the Regulations of the Legislative Assembly applies (see, words of Deputy Malavassi Calvo, CAJ, Minutes of Ordinary Session No. 25, 20-Sept-2005).\n\nThe discussion did not address the nature of the deadline: everyone was aware that the Constitution offered no room for interpretation: it had to be peremptory and was established so that the final vote on the bill would take place within it. For that very reason, they did not consider, at least initially, the possibility of extending it. The words of Deputy Malavassi Calvo are clear:\n\n\"We were discussing whether this deadline was four-yearly. It seems there was some idea that, as it was a constitutional deadline, in the sense that it must be a deadline, it should not have the same one as other bills. But, perhaps we are mistaken about one thing, other bills can be extended, popular initiative bills seem like they cannot be extended.\" (CAJ, Minutes of Ordinary Session No. 22, 6-Sept-2005. In the same sense, CAJ, Minutes of Ordinary Session No. 23, 13-Sept-2005).\n\n2.- Regarding the second paragraph of Article 6 of the Law of Popular Initiative:\n\na.- Origin: To determine the origin of that paragraph, it is necessary to point out that in the Committee, as I have said, what the solution could be upon the expiration of the peremptory deadline was explored:\n\n\"If the deadline expires, what happens?, how is it resolved? What one could think of, rather, is that it be done in the same way as is done with Appointments and other things, and that is, when the deadline arrives, the budget is submitted for a vote, without more ado...\" (Deputy Malavassi Calvo, CAJ, Minutes of Ordinary Session No. 25, 20-Sept-2005).\n\nEven a doubt arose as to whether in such a case there would be a violation of the right of amendment. To which the official from Parliamentary Services responded:\n\n\"Once that peremptory deadline arrives, it could be interpreted that the amendment rights of the deputies were already exercised throughout that entire period.\"\n\nAnd at that moment it could be perfectly indicated, either by drafting it into the same bill or by referring it, that the budget treatment could be applied, so that when that day arrives, at such and such time, it must be voted on, whether positively or negatively.\" (Gino Capra Nicolás, CAJ, Minutes of Ordinary Session No. 25, 20-Sept-2005).\n\nIn the following session, Motion No. 74-137 (19-27-CJ) by Deputy Vargas Leiva was approved, through which what is now contained in the second paragraph of Article 6 was introduced (see CAJ, Minutes of Ordinary Session, No. 27, 11-Oct-2005). It is difficult to know what the proponent of that motion intended, since he was not present when it was approved and he only referred to its content very succinctly later, in the Plenary (see words of Deputy Vargas Leiva, Minutes of Plenary Session No. 104, 17-Nov-2005). But it seems that what was said in the previous session helps to properly interpret that second paragraph introduced by that motion.\n\nAs is known, in the following session of that Committee, a debate arose over two motions relating to Article 6 (see CAJ, Minutes of Ordinary Session No. 28, 18-Oct-2005). This discussion reached the Plenary, where an Opinion from Technical Services was also requested on the matter, and it was also reflected in the constitutional consultation resolved by the Chamber through vote 2005-17618. It is not appropriate here to attempt to elucidate which of the theses has greater legal support. The fact is that the one that prevailed was the one indicating that the two motions presented on Article 6 were complementary: one referred to the first paragraph of Article 6 and the other introduced a second paragraph.\n\nb.-Two significant findings: In light of the issue that concerns us, there are two very significant findings obtained from the study of the minutes. On the one hand, the second paragraph was defended under the argument that it was the way to make the two-year time limit effective, and, on the other hand, in that same session a motion contemplating the possibility of extending the time limit was rejected.\n\nIn fact, in the midst of the discussion on the two motions relating to Article 6, both in the Committee and in the Plenary, it was argued that this second paragraph was what gave effectiveness to the first, that is, that it ensured compliance with the peremptory time limit.\n\n\"If this second paragraph is removed from the bill's text, you might as well shelve the Popular Initiative, because simply, if things only go as far as the first paragraph, everything could be that the Assembly never issues a report on any Popular Initiative bill, or perhaps, never gets around to voting on any bill (...). This paragraph is essential (...). The Committee cannot issue a report on a popular initiative bill, (...) that goes forward without this, which is the only guarantee that Costa Ricans have that their observations or their proposals will be addressed.\" (Deputy Valerín Rodríguez, CAJ, Minutes of Ordinary Session No. 28, 18-Oct-2005).\n\n\"That Law, without that second paragraph, serves absolutely no purpose at all.\" (Deputy Valerín Rodríguez, Minutes of Plenary Session No. 104, 17-Nov-2005).\n\nAnd for greater abundance, it should be noted that – referring to that second paragraph of Article 6 – Deputy Villanueva Monge pointed out in the Plenary that the important thing about the bill was not only the time limit it establishes, but the adaptation of procedures to comply with it and avoid parliamentary atrophy or filibustering (see words of Deputy Villanueva Monge, Minutes of Plenary Session No. 104, 17-Nov-2005).\n\nFurthermore, as I have anticipated, precisely in the same Committee session in which the motion introducing the second paragraph was approved, a motion establishing the possibility of extending the time limit was subsequently rejected unanimously:\n\n\"Motion No. 86-137 (31-27-CJ) by several deputies: (...) Popular initiative bills must be voted on in the Legislative Assembly within a period not exceeding two years (...). A request for an extension of the time limit may be admitted upon the imminent expiration of the voting deadline for the popular initiative bill.'\" (CAJ, Minutes of Ordinary Session No. 28, 18-Oct-2005).\n\nTherefore, it can be concluded that the legislators introduced that second paragraph without any intention of converting the two-year time limit into one of a non-peremptory nature. A different matter is whether what the rule says is consistent with their manifest will.\n\nc.-The internal logic of that second paragraph: Now, it is worth asking why the legislator stated that procedural requirements should be dispensed with in order to be voted on in the first reading (primer debate) and did not say in order to be voted on definitively. I believe the answer is offered by Magistrate Castillo Víquez in his note to vote 2014-12887, in which he points out that this rule (that contained in the second paragraph of Article 6) harmonizes the third paragraph of Article 123 with Article 124, both of the Constitution, because if it had ordered the definitive vote, which is the one that takes place after the second reading (segundo debate) is concluded, it would have violated the parliamentary procedure that establishes the obligation that two readings be held. Furthermore, the Magistrate states of that second paragraph:\n\n\"It responds to a correct assessment of parliamentary dynamics – the praxis – because it is well known that, once a bill receives its first reading, the decision to approve or not the bill once the second reading is concluded is something extremely expeditious and, consequently, likely to comply with the constitutional time limit established by the third paragraph of Article 123 of the Constitution.\" (Magistrate Castillo Víquez in his note to vote 2014-12887).\n\nThis supports the thesis that I have sought to sustain, with support from the minutes, to the effect that that second paragraph of Article 6 was introduced with the intention of complying as quickly as possible with the two-year time limit. The logic of parliamentary dynamics leads to the understanding that if a bill is dispensed from procedural requirements, it is because it is desired to approve it as soon as possible.\n\nHowever, Magistrate Castillo Víquez goes on to say that this second paragraph reflects that the legislator interpreted that the time limit is not peremptory.\n\n\"Moreover, it is evident and notorious from the wording of the second paragraph of numeral 6 of the Popular Initiative Law, that the legislator interpreted that the constitutional time limit is not peremptory; if it were, the Legislative Assembly would lose the competence to decide, which would go against the ratio legis of the constitutional norm.\" (Magistrate Castillo Víquez in his note to vote 2014-12887).\n\nI agree that, as the provision in the second paragraph of Article 6 was drafted, it could well be interpreted that the legislator gave a non-peremptory character to the two-year time limit, and that is what the Majority Opinion seems to understand. However, as I have tried to show, that openly contradicts what the Committee and Plenary minutes record.\n\nI believe it is a problem of legislative technique. The peremptory character would have been clear if the aforementioned second paragraph had not been included. But if the legislator wanted to resort to the mechanism of dispensing with procedural requirements, as a way of ensuring compliance with a peremptory time limit, I believe it should have indicated two peremptory time limits with different purposes. One whose fulfillment was a condition for the dispensation of procedural requirements to proceed; and another that would be the peremptory – fatal, non-extendable – time limit referred to in Article 123 of the Constitution, within which the bills proposed through that new mechanism had to be definitively voted on.\n\n3.- Final reflections on Article 6:\n\nUndoubtedly the introduction of the peremptory time limit to definitively vote on a bill, as provided by the derived constituent and as the legislator wished to embody it, had the purpose of ensuring that bills proposed through this popular initiative route would not be forgotten or obstructed within the heart of Parliament. But it cannot be overlooked that establishing a time limit of that nature entails assuming a risk: that the very effects desired to be avoided would be produced.\n\nIn view of confirming how the legislators were aware of that risk, besides what has been said in the previous sections, the final intervention of the proponent of the Popular Initiative Law bill, which took place just before it was approved in the second reading, is very revealing:\n\n\"In the case of the initiative, those who set that number of signatures from the Electoral Register overreached, so that the Assembly would do only two things: one, that it enter the parliamentary stream obligatorily, [since as is well known] today it has to be taken up by a deputy. If this law passes, the Popular Initiative bill does not have to be taken up by a deputy; two, that it be voted on obligatorily within two years of having been received, after having been received by the Secretariat of Parliament. It does not obligate voting positively, no; [but only] to vote it negatively or affirmatively.\n\nSo, it seems to me that this text is considerably more complicated than the referendum itself. The consequence will be that those who go to present a popular initiative will end up in the greatest obsolescence. People will go for the referendum.\" (Deputy Corrales Bolaños, Minutes of Plenary Session No. 130, 21-Feb-2006).\n\nIt is not without paradox. When the law was about to see the light, its very proponent delivers a prophecy, which is like a funeral aria sung to the creature about to be born.\n\nI think, with optimism, that the solution to endow the Popular Initiative Law with effectiveness is possible, but it is not in the hands of the Chamber to offer it, since it cannot go beyond the limits that the Constitution and the law set for it.\n\nLastly, it is clear that the time limit should not run against the popular initiative itself, but in fact it does. And I would venture to say that this is regardless of what scope is given to the provision in the second paragraph of Article 6.\n\nMoreover, it could be affirmed that this is precisely what has happened with the bill that is the subject of this consultation. The Chamber considered the first consultation, resolved through vote 2014-12887, to be answerable, and the fact is that the bill has remained sine die in the legislative stream. That is, the legislative delay that the derived constituent sought to avoid has materialized.\n\nIn any case, as long as that second paragraph of Article 6 of the Popular Initiative Law remains in force, the only option is to apply it according to the interpretation most closely aligned with the will of the derived constituent and that of the legislator. With this note, I have sought to contribute to that task.\n\nTherefore:\n\nThe consultation is declared not answerable because the consulted bill is constitutionally unviable, due to the Legislative Assembly's own neglect, in scrupulously failing to observe what the Constitution expressly prescribes for laws that are of popular initiative. Magistrate Hernández López dissents and answers the consultation formulated in the following sense: a) there are no essential procedural defects due to violation of the principle of connexity in the processing of bill number 17742 \"Integrated Water Resource Management Law\"; b) Article 126 subsection 7 is contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment, protected in Article 50 of the Political Constitution, in its modality of non-regression in environmental matters; c) there are no injuries on substantive grounds to the Law of the Constitution due to injury to the right to the environment, in the remaining consulted articles of bill 17742. Magistrate Cruz Castro expresses additional arguments. Magistrate Castillo Víquez gives separate reasons. Magistrate Garro Vargas places a note. Let this judgment be notified to the Directorate of the Legislative Assembly and to the consulting deputies. Let it be communicated.-\n\n\nErnesto Jinesta L.\nPresident\n\nFernando Cruz C. Fernando Castillo V.\n\nNancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.\n\n\nJose Paulino Hernández G. Anamari Garro V.\n\n \nClassification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judiciary. Its reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:41:01.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }