{ "id": "nexus-sen-1-0007-933265", "citation": "Res. 91807-2018 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Proyecto Hidroeléctrico El Diquís — Decreto de Conveniencia Nacional impugnado", "title_en": "El Diquís Hydroelectric Project — National Convenience Decree challenged", "summary_es": "La acción de inconstitucionalidad, interpuesta por un miembro del pueblo indígena Brorán del Territorio Térraba, impugnó el Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE que declaró de conveniencia nacional e interés público los estudios y obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. El accionante argumentó que el decreto violaba el principio de irreductibilidad del bosque, la reserva de ley en materia de territorios indígenas y el Convenio 169 de la OIT, ya que permitiría la tala de bosque y la inundación de territorios indígenas sin el procedimiento legislativo correspondiente. La Sala Constitucional, en votación de mayoría, declaró parcialmente con lugar la acción y anuló por inconstitucional el decreto, con efectos retroactivos pero modulados para no repetir estudios ya realizados ni afectar acuerdos entre el ICE y las comunidades indígenas. La decisión resguarda el carácter especial de los territorios indígenas y reafirma que las limitaciones a estos solo pueden provenir de una ley formal.", "summary_en": "The constitutional challenge, brought by a member of the Brorán indigenous people from the Térraba Territory, contested Executive Decree No. 34312-MP-MINAE, which declared the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project to be of national convenience and public interest. The petitioner argued that the decree violated the principle of forest non-reducibility, the legal reserve for indigenous territories, and ILO Convention 169, as it would allow forest clearing and flooding of indigenous lands without the required legislative procedure. The Constitutional Chamber, by majority vote, partially granted the action and annulled the decree as unconstitutional, with retroactive effects modulated to avoid repeating studies already conducted and to preserve agreements between ICE and the indigenous communities. The decision safeguards the special character of indigenous territories and reaffirms that restrictions on them can only come from a formal law.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "17/04/2018", "year": "2018", "topic_ids": [ "indigenous-law-6172", "forestry-law-7575" ], "primary_topic_id": "indigenous-law-6172", "es_concept_hints": [ "acción de inconstitucionalidad", "conveniencia nacional", "territorios indígenas", "consulta previa", "OIT 169", "irreductibilidad del bosque", "Sala Constitucional" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 81, 82, 91, 93", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 19", "law": "Ley Forestal 7575" }, { "law": "Convenio 169 OIT" } ], "keywords_es": [ "Proyecto Hidroeléctrico El Diquís", "acción de inconstitucionalidad", "conveniencia nacional e interés público", "Territorio Indígena Térraba", "Convenio 169 OIT", "irreductibilidad del bosque", "consulta previa", "derechos indígenas", "Decreto 34312", "Sala Constitucional" ], "keywords_en": [ "El Diquís Hydroelectric Project", "constitutional challenge", "national convenience and public interest", "Térraba Indigenous Territory", "ILO Convention 169", "forest non-reducibility", "prior consultation", "indigenous rights", "Decree 34312", "Constitutional Chamber" ], "excerpt_es": "Se declara parcialmente CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado \"Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad\". Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afecta la información obtenida durante la vigencia y recolección de la misma, no será necesario volver a repetir las acciones y estudios si cumplieron la función técnica y científica para el cual fueron diseñados para el proyecto, así como para fundamentar las solicitudes que correspondan ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, las que se podrían considerar válidas para esos propósitos, todo a juicio de esta. Todo lo anterior a fin de no repetir las acciones que eviten perturbar los derechos de las comunidades indígenas y su territorio.", "excerpt_en": "The action is partially GRANTED. Consequently, Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, titled \"Declaration of National Convenience and Public Interest of the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which will be built by the Costa Rican Electricity Institute\" is annulled as unconstitutional. This ruling has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled norm, without prejudice to rights acquired in good faith. However, in accordance with Article 91 of the Law on Constitutional Jurisdiction, the effects are modulated so that the declared unconstitutionality does not affect the information obtained during its validity and collection, and it will not be necessary to repeat the actions and studies if they fulfilled the technical and scientific function for which they were designed for the project, as well as to support the corresponding requests before the National Environmental Technical Secretariat, which could be considered valid for those purposes, all at the discretion of this Chamber. All of the above in order not to repeat actions that avoid disturbing the rights of the indigenous communities and their territory.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The Constitutional Chamber annulled Executive Decree No. 34312-MP-MINAE that declared the El Diquís Hydroelectric Project of national convenience, protecting indigenous territories from deforestation and flooding without a formal law.", "summary_es": "La Sala Constitucional anuló por inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE que declaró de conveniencia nacional el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, protegiendo los territorios indígenas de la tala e inundación sin ley formal." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando", "quote_en": "Indigenous territories are created by the Legislature, which is why only through that avenue can the purpose of those lands be modified.", "quote_es": "Los territorios indígenas son creados por medio del Legislador, razón por la cual, solo por esa vía se puede modificar el destino de esos suelos." }, { "context": "Considerando", "quote_en": "Flooding the forest entails the loss of the original knowledge associated with it, which violates ILO Convention No. 169.", "quote_es": "La inundación del bosque supone la pérdida del conocimiento originario asociado con éste, lo que viola el Convenio No. 169 de la OIT." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-41661", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley Forestal 7575 Art. 19" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-933265", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 91807 - 2018\n\nFecha de la Resolución: 17 de Abril del 2018 a las 09:12\n\nExpediente: 18-005745-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Acción cursada\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 5. ACCIONES CURSADAS\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nACCIÓN VOTADA.\n\nAMBIENTE. PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL DIQUÍS\n\nExpediente: 18-005745-0007-CO\nSentencia: 001622-22 de 19 de enero de 2022\nTipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad\nNorma impugnada: Decreto Ejecutivo No. 34312 de 6 de febrero de 2008, “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 31 de 13 de febrero de 2008.                                                                                \n\nParte dispositiva: Se declara parcialmente CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado \"Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad\". Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afecta la información obtenida durante la vigencia y recolección de la misma, no será necesario volver a repetir las acciones y estudios si cumplieron la función técnica y científica para el cual fueron diseñados para el proyecto, así como para fundamentar las solicitudes que correspondan ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, las que se podrían considerar válidas para esos propósitos, todo a juicio de esta. Todo lo anterior a fin de no repetir las acciones que eviten perturbar los derechos de las comunidades indígenas y su territorio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el efecto retroactivo de la anulación no se aplica respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos fueren materialmente o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe. Así, esta declaración se hace sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre el Instituto Costarricense de Electricidad y las asociaciones representativas de las comunidades indígenas, que tuvieron como resultado el desistimiento del proceso en la sede de la jurisdicción ordinaria. En lo demás, se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar la acción. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como al Instituto Costarricense de Electricidad. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.\n\n\nCO01/22\n\nPUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN DE JUDICIAL\n\nPRIMERA PUBLICACIÓN N° 078 DEL 04 DE MAYO DE 2018\nSEGUNDA PUBLICACIÓN N° 079 DEL 07 DE MAYO DE 2018\nTERCERA PUBLICACIÓN N° 080 DEL 09 DE MAYO DE 2018\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n*180057450007CO*\n\nEXPEDIENTE:\n\t\n18-005745-0007-CO\n\n\nPROCESO:\n\t\nACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD\n\n\nACCIONANTE:\n\t\n[Nombre 001]\n\n\n\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y doce minutos de diecisiete de abril de dos mil dieciocho.\n\nSe da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre 001] , cédula de identidad No.  [Valor 001], para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 34312 de 6 de febrero de 2008, “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 31 de 13 de febrero de 2008, por estimarlo contrario a los artículos 11, 50 y 89 de la Constitución Política, así como el Convenio No. 169 de la OIT. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Ambiente y Energía. Afirma que pertenece al grupo originario Brorán del Territorio Indígena Térraba. Considera que la normativa cuestionada viola el principio de irreductibilidad del bosque, contemplado en diversas normas de índole legal, por lo que no es posible permitir la tala de árboles y la eliminación de zonas de protección, así como la inundación de territorios, pues no nos encontramos frente a fundos de naturaleza privada, sino territorios indígenas. Los territorios indígenas son creados por medio del Legislador, razón por la cual, solo por esa vía se puede modificar el destino de esos suelos. La inundación del bosque supone la pérdida del conocimiento originario asociado con éste, lo que viola el Convenio No. 169 de la OIT. Considera que la normativa impugnada viola el principio de reserva de ley y de inderogabilidad singular de la norma, en cuanto soslaya las disposiciones de la Ley Indígena, en lo que se refiere a la posibilidad de disminuir el alcance de estos terrenos. Además, se deja, indebidamente, de lado las normas de la Ley de Patrimonio Arqueológico, Ley No. 6073, que incluye dentro de éste a los inmuebles producto de las culturas indígenas. De modo que el régimen de los territorios indígenas no es equiparable a los de propiedad privada y, por tanto, solamente por vía legal se puede modificar su destino. Es evidente que la inundación que se prevé en el proyecto lesiona, de manera grosera, el uso de los territorios que son indígenas. Considera que el agua, la biodiversidad y ciertos puntos espaciales tienen derechos, razón por la cual la Sala Constitucional debería intervenir en el caso concreto. Insiste en que las declaratorias de conveniencia nacional, en los términos del artículo 19 de la Ley Forestal, sólo son aplicables respecto de fundos privados. Pide que se observe, al sub examine, los alcances de los fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Yakey Axa vs. Paraguay y Saramaka vs. Surinam, además de la opinión consultiva No. OC–23/17. La normativa cuestionada vulnera el artículo 5° de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América y la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Estima que se debería reconocer la personalidad jurídica al Río Grande de Térraba, como se ha efectuado en otros ordenamientos, respecto de ciertos bienes naturales. Insiste en que la reducción de los territorios indígenas debe producirse vía ley, lo que no se ha efectuado en el caso concreto. Pide que se declare con lugar la acción y la inconstitucionalidad de las normas impugnadas. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del párrafo 2°, del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se apersona en defensa de intereses difusos..  Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.”, “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.”.  Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. Notifíquese con copia del memorial del recurso y por medio del notificador de este despacho.\n\nEXPEDIENTE N° 18-005745-0007-CO\n\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 05:42:26.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nSala Constitucional\n\nResolution No. 91807 - 2018\n\nResolution Date: 17 April 2018 at 09:12\n\nExpediente: 18-005745-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Cruz Castro\n\nType of matter: Acción cursada\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\n\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 5. ACCIONES CURSADAS\n\nTopic: ENVIRONMENT\n\nSubtopics:\n\nACCIÓN VOTADA.\n\nENVIRONMENT. EL DIQUÍS HYDROELECTRIC PROJECT\n\nExpediente: 18-005745-0007-CO\nRuling: 001622-22 of 19 January 2022\nType of matter: Acción de inconstitucionalidad\nChallenged norm: Decreto Ejecutivo No. 34312 of 6 February 2008, \"Declaratory of National Convenience and Public Interest for the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be built by the Instituto Costarricense de Electricidad\", published in the Official Gazette La Gaceta No. 31 of 13 February 2008.                                                                                \n\nOperative part: The acción is partially GRANTED. Consequently, Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE of 6 February 2008, denominated \"Declaratory of National Convenience and Public Interest for the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be built by the Instituto Costarricense de Electricidad\" is annulled as unconstitutional. This ruling has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled norm, without prejudice to good faith acquired rights. However, in accordance with the provisions of article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the effects are dimensioned in the sense that the declared unconstitutionality does not affect the information obtained during its validity and collection thereof; it will not be necessary to repeat the actions and studies if they fulfilled the technical and scientific function for which they were designed for the project, as well as to support the corresponding applications before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), which could be considered valid for those purposes, all at its discretion. All of the foregoing in order not to repeat actions that avoid disturbing the rights of indigenous communities and their territory. In accordance with the provisions of article 93 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the retroactive effect of the annulment does not apply to those legal relationships or situations that have been consolidated by prescription or expiration, by virtue of a final judgment having the authority of material res judicata or by consummation in fact, when these are materially or technically irreversible, or when their reversal seriously affects good faith acquired rights. Thus, this declaration is made without prejudice to the agreements reached between the Instituto Costarricense de Electricidad and the representative associations of the indigenous communities, which resulted in the withdrawal of the proceeding in the ordinary jurisdiction venue. In all other respects, the acción is declared without merit. Magistrates Rueda Leal and Garro Vargas issue a dissenting vote and declare the acción without merit. This pronouncement shall be communicated to the Legislative, Executive, and Judicial Powers, as well as to the Instituto Costarricense de Electricidad. This pronouncement shall be reported in the Official Gazette La Gaceta and published in its entirety in the Judicial Bulletin. Notify.\n\n\nCO01/22\n\nPUBLICATION IN THE JUDICIAL BULLETIN\n\nFIRST PUBLICATION No. 078 OF 04 MAY 2018\nSECOND PUBLICATION No. 079 OF 07 MAY 2018\nTHIRD PUBLICATION No. 080 OF 09 MAY 2018\n\n... See more\nText of the resolution\n\n*180057450007CO*\n\nEXPEDIENTE:\n\\t\n18-005745-0007-CO\n\n\nPROCEEDING:\n\\t\nACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD\n\n\nPETITIONER:\n\\t\n[Nombre 001]\n\n\n\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twelve minutes of seventeen April two thousand eighteen.\n\nThe acción de inconstitucionalidad filed by [Nombre 001], identity card No. [Valor 001], is given course, seeking a declaration that Decreto Ejecutivo No. 34312 of 6 February 2008, \"Declaratory of National Convenience and Public Interest for the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be built by the Instituto Costarricense de Electricidad\", published in the Official Gazette La Gaceta No. 31 of 13 February 2008, is unconstitutional, on the grounds that it is contrary to articles 11, 50, and 89 of the Political Constitution, as well as ILO Convention No. 169. A fifteen-day hearing is granted to the Procuraduría General de la República, the Ministry of the Presidency, and the Ministry of Environment and Energy. He states that he belongs to the Brorán native group of the Térraba Indigenous Territory. He considers that the challenged regulation violates the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, contained in various legal provisions, therefore it is not possible to permit the felling of trees and the elimination of protection zones, as well as the flooding of territories, since we are not dealing with private property, but rather indigenous territories. Indigenous territories are created by the Legislature, which is why the destination of those lands can only be modified through that avenue. The flooding of the forest entails the loss of the native knowledge associated with it, which violates ILO Convention No. 169. He considers that the challenged regulation violates the principle of legal reserve and the singular non-derogability of the norm, as it circumvents the provisions of the Indigenous Law regarding the possibility of reducing the extent of these lands. Furthermore, the provisions of the Archaeological Heritage Law, Law No. 6073, are improperly set aside, which includes within it immovable property resulting from indigenous cultures. Thus, the regime of indigenous territories is not comparable to that of private property and, therefore, their destination can only be modified by law. It is evident that the flooding contemplated in the project grossly injures the use of the territories that are indigenous. He considers that water, biodiversity, and certain spatial points have rights, which is why the Sala Constitucional should intervene in this specific case. He insists that the declarations of national convenience, under the terms of article 19 of the Forest Law, are only applicable to private property. He asks that, in the sub examine, the scope of the rulings issued by the Inter-American Court of Human Rights in the Yakey Axa vs. Paraguay and Saramaka vs. Surinam cases, as well as advisory opinion No. OC–23/17, be observed. The challenged regulation violates article 5 of the Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the American Countries and the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. He believes that legal personhood should be recognized for the Río Grande de Térraba, as has been done in other legal systems regarding certain natural assets. He insists that the reduction of indigenous territories must occur by law, which has not been done in this specific case. He requests that the acción be granted and the challenged norms be declared unconstitutional. This acción is admitted for meeting the requirements referred to in articles 73 to 79 of the Law of Constitutional Jurisdiction. The petitioner's standing derives from paragraph 2 of article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, insofar as he appears in defense of diffuse interests. Publish an announcement regarding the filing of the acción three consecutive times in the Judicial Bulletin. Legal effects of the filing of the acción: The terms of articles 81 and 82 of the Law of Constitutional Jurisdiction are noted, which provide the following: \"Article 81. If the President considers the requirements that have been mentioned as fulfilled, he shall grant a hearing to the Procuraduría General de la República and to the opposing party appearing in the principal matter, for a period of fifteen days, so that they may state what they deem appropriate. At the same time, he shall order that a note be sent to the court or body hearing the matter, so that it does not issue the final resolution before the Chamber has ruled on the acción, and he shall order the publication of an announcement in the Judicial Bulletin, three consecutive times, informing the courts and the bodies that exhaust the administrative avenue that this claim has been filed, so that in the processes or proceedings in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is discussed, a final resolution is also not issued while the Chamber has not made the pronouncement on the case. If the acción is filed by the Procurador General de la República, the hearing shall be granted to the person who appears as the opposing party in the principal matter.\", \"Article 82. In pending proceedings, no stage other than that of issuing the final resolution shall be suspended, except when the acción de inconstitucionalidad refers to norms that must be applied during the proceeding.\" Within the fifteen days following the first publication of said announcement, those who appear as parties in pending matters as of the date of filing of this acción, in which the application of the challenged provision is discussed, or those with a legitimate interest, may appear in order to contribute regarding its admissibility or inadmissibility, or to expand, as applicable, the grounds of unconstitutionality in relation to the matter that concerns them. It is also made known that, in accordance with articles 81 and 82 of the Law of Constitutional Jurisdiction and as the Chamber has repeatedly resolved (resolutions 0536-91, 0537-91, 0554-91, and 0881-91), this publication does not suspend the validity of the norm in general, but rather only its application in the cases and conditions indicated. Notify. Notify with a copy of the petition brief and by the notifier of this office.\n\nEXPEDIENTE N° 18-005745-0007-CO\n\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Document reception: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClassification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 05:42:26.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }