{ "id": "nexus-sen-1-0007-937728", "citation": "Res. 12485-2018 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Inundaciones en Paso Tempisque y derecho a justicia pronta", "title_en": "Flooding in Paso Tempisque and the right to a prompt and effective remedy", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por la representante de la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque contra el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la Municipalidad de Carrillo y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). Los vecinos de Paso Tempisque sufrieron inundaciones durante la tormenta tropical Nate en octubre de 2017, las cuales, según alegan, fueron potenciadas por un muro de contención construido en la finca El Guaco, propiedad del INDER. La recurrente aduce que la denuncia presentada ante la Municipalidad de Carrillo y la CNE no ha sido resuelta, vulnerando el derecho a una justicia pronta y cumplida. La Sala constata que, aunque la Municipalidad ha realizado gestiones interinstitucionales, no ha informado por escrito a los afectados sobre el estado de la denuncia. Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente contra la Municipalidad de Carrillo, ordenándole que en el plazo de ocho días informe por escrito a los afectados y tome las medidas para resolver el caso de manera definitiva en un plazo razonable. Se conmina al INDER y a la CNE a colaborar. No se acredita nexo causal entre el muro y las inundaciones, ni se demuestra que la CNE hubiera recibido denuncia directa.", "summary_en": "The Constitutional Chamber considers an amparo action filed by the representative of the Paso Tempisque Integral Development Association against the Rural Development Institute (INDER), the Municipality of Carrillo, and the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE). Residents of Paso Tempisque suffered flooding during Tropical Storm Nate in October 2017, allegedly exacerbated by a retaining wall built on the El Guaco property, owned by INDER. The petitioner claims that the complaint filed with the Municipality and CNE has not been resolved, violating the right to a prompt and effective remedy. The Chamber finds that while the Municipality has engaged in inter-institutional efforts, it has not informed the affected parties in writing about the status of the complaint. The amparo is partially granted only against the Municipality of Carrillo, ordering it to inform the affected parties in writing within eight days and to take necessary measures for a definitive resolution within a reasonable time. INDER and CNE are urged to collaborate. No causal link between the wall and the flooding is proven, nor is it shown that CNE received a direct complaint.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "03/08/2018", "year": "2018", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "amparo", "artículo 41", "artículo 50", "dilación indebida", "gestión del riesgo", "informe técnico", "Nate", "INDER", "CNE" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 41", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 3", "law": "Ley 8488" }, { "article": "Art. 8", "law": "Ley 8488" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "justicia pronta y cumplida", "artículo 41 Constitución Política", "inundaciones", "tormenta Nate", "Municipalidad de Carrillo", "INDER", "CNE", "gestión del riesgo", "derecho ambiental", "obras sin permiso", "dilación indebida", "amparo ambiental", "artículo 50 Constitución", "principio precautorio" ], "keywords_en": [ "amparo action", "prompt and effective justice", "Article 41 Political Constitution", "flooding", "Storm Nate", "Municipality of Carrillo", "INDER", "CNE", "risk management", "environmental right", "works without permit", "undue delay", "environmental amparo", "Article 50 Constitution", "precautionary principle" ], "excerpt_es": "VII.- Tocante al caso concreto. En este caso, de los autos se desprende que, en efecto, la finca El Guaco es propiedad del Inder y, fue adquirida con un muro de contención construido por el propietario anterior del bien. A posteriori y, para el año 2017, el Inder efectuó una serie de trabajos en la propiedad de cita, que corresponden a la construcción de caminos en el asentamiento campesino, donde se erigieron pasos de alcantarilla con sus respectivos cabezales y cajas de concreto para la canalización de las aguas, además, se lastrearon los caminos internos; siendo que dicha obra se llevó a cabo a través del Área de Infraestructura y Diseño de Asentamientos del lnder, mediante la Licitación Abreviada 2016LA-000024-02N. Asimismo, se tiene que con el paso del fenómeno natural Nate, acaecido en el mes de octubre de 2017, los vecinos de Paso Tempisque que se vieron afectados, presentaron el 25 de octubre de 2017, la nota fechada 24 de octubre, únicamente, ante la Secretaría del Concejo Municipal y el Alcalde, ambos de la Municipalidad de Carrillo, donde expusieron la problemática que sufrieron con los efectos de la tormenta Nate, mismos que, en su criterio, fueron provocados por \"(...) los nuevos inquilinos han realizado algunas modificaciones en el relieve de sus terrenos, tales como, rellenos con lastre y ciertas partes con la remodelación de carreteras internas de esta finca, en las cuales utilizaron grandes cantidades de material para levantar en importantes medidas las carreteras, lo que más bien nos deja pensar si estos más bien son muros disfrazados de carreteras, ya que el día del evento estas calles (muros) no presentaron un adecuado alcantarillado para poder liberar la cantidad de agua que ahí se generó, provocando una verdadera represa en ese sector, que acabó con la entrada directa del Río Palmas al sector de Paso Tempisque \". Ahora bien, de los informes rendidos bajo juramento, así como de las probanzas allegadas al expediente, se tiene que, aunque la Municipalidad de Carrillo, con ocasión de la denuncia de cita, ha intermediado para que se busque una solución a favor de los afectados con la tormenta, e incluso, se han conformado comisiones interdisciplinarias a fin de lidiar con estos problemas, lo cierto es que, no quedó acreditado que los esfuerzos conjuntos hubieran convergido en una solución, ni que, la Municipalidad de Carrillo, por escrito, informara a los suscribientes de la denuncia de 2017, de los avances o el estado del trámite. Según fue acreditado en el expediente, si bien, los avances deben realizarse de manera conjunta por parte de las autoridades recurridas, la gestión que se reclama pendiente, fue presentada ante el Concejo Municipal y el Alcalde Municipal de Carrillo. Con base en lo anterior, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 41, de la Constitución Política, toda vez que, al momento de interposición del recurso, los amparados no han sido informados por escrito del resultado de sus gestiones y del estado del caso. Desde este panorama, lo procedente es acoger el recuso, únicamente, contra la Municipalidad de Carrillo, como en efecto se dispone.", "excerpt_en": "VII.- Regarding the specific case. In this matter, the record shows that the El Guaco property is indeed owned by INDER and was acquired with a retaining wall built by the previous owner. Subsequently, in 2017, INDER carried out a series of works on the property, consisting of road construction in the rural settlement, where culverts were built with their respective headwalls and concrete boxes for water channeling, and the internal roads were ballasted; this work was executed through INDER's Infrastructure and Settlement Design Area via Abbreviated Tender 2016LA-000024-02N. It is also established that after the passage of the natural phenomenon Nate in October 2017, the affected residents of Paso Tempisque submitted on October 25, 2017, the note dated October 24 solely to the Municipal Council Secretariat and the Mayor, both of the Municipality of Carrillo, setting forth the problems they suffered from the effects of Storm Nate, which, in their view, were caused by \"(...) the new tenants have made some modifications to the topography of their lands, such as ballast fills and, in certain areas, remodeling of internal roads on this property, where large amounts of material were used to raise the roads to considerable heights, leading us to think that these are rather walls disguised as roads, since on the day of the event these roads (walls) lacked proper culverts to release the amount of water generated there, causing a true dam effect in that sector, which resulted in the direct entry of the Palmas River into the Paso Tempisque area.\" Now, from the reports given under oath and the evidence on file, it appears that although the Municipality of Carrillo, as a result of the complaint, has interceded in search of a solution for those affected by the storm, and even interdisciplinary commissions have been formed to address these problems, it is not proven that the joint efforts have converged on a solution, nor that the Municipality of Carrillo informed the signatories of the 2017 complaint in writing about the progress or status of the matter. As established in the record, although progress must be made jointly by the respondent authorities, the petition claimed as pending was filed with the Municipal Council and the Mayor of Carrillo. Based on the foregoing, this Chamber finds that there has been undue delay or unjustified dilatoriness that violates the fundamental right enshrined in Article 41 of the Political Constitution, since, at the time of filing the amparo, the petitioners have not been informed in writing of the outcome of their petitions or the status of the case. In this context, the appropriate course is to grant the amparo solely against the Municipality of Carrillo, as hereby ordered.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The amparo is partially granted solely against the Municipality of Carrillo, ordering it to inform the affected parties in writing about the status of their complaint and to definitively resolve the case within a reasonable time.", "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el amparo únicamente contra la Municipalidad de Carrillo, ordenándole informar por escrito a los afectados sobre el estado de su denuncia y resolver el caso de manera definitiva en un plazo razonable." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee citizens the fulfillment of prompt and effective justice, without denial, which entails, in the sphere of administrative justice, its duty to decide with diligence and speed the claims raised by individuals...", "quote_es": "La Administración, a la luz del artículo 41, Constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados..." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "Environmental quality is a parameter of that quality of life; other equally important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations...", "quote_es": "La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras..." }, { "context": "Por Tanto", "quote_en": "The amparo is partially granted solely against the Municipality of Carrillo. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez and Roberto Canales Canales, in their capacities as Mayor and President of the Municipal Council of Carrillo, respectively, or whoever holds those positions, are ordered to issue the necessary instructions so that within EIGHT DAYS from the notification of this judgment, they inform the affected parties in writing of the status of their complaint, and subsequently take the relevant necessary measures to definitively resolve the case within a reasonable period of time.", "quote_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, contra la Municipalidad de Carrillo. Se ordena a Carlos Gerardo Cantillo Álvarez y Roberto Canales Canales, por su orden, Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Carrillo, ambos de la Municipalidad de Carrillo, o a quienes ocupen esos cargos en su lugar, que giren las instrucciones necesarias para en el plazo de OCHO DÍAS contado a partir de la notificación de esta sentencia, informen por escrito a los afectados del estado de su denuncia y, luego, tomen las medidas necesarias que resulten pertinentes para que el caso se resuelva de manera definitiva dentro de un plazo razonable de tiempo." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-56178", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 8488 Art. 3" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-937728", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 12485 - 2018\n\nFecha de la Resolución: 03 de Agosto del 2018 a las 09:20\n\nExpediente: 18-008168-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\n12485-18. INUNDACIONES EN PASO TEMPISQUE DE CARRILLO. “(…) VIII.- Deben tener presente las autoridades Instituto de Desarrollo Rural y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo, que están conminados también a atender y colaborar con las gestiones realizadas por la Municipalidad de Carrillo, a raíz de las gestiones presentadas por los vecinos de la zona que, indican, sufrieron afectaciones a raíz del paso de la tormenta Nate, ello, a fin que, de ser necesario, se detecte si en efecto existe alguna anomalía en las obras gestadas en la Finca El Guaco, que pudieran potenciar peligro para los habitantes del sector de Paso Tempisque.(…)”\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL. “(…) V.- Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. La Administración, a la luz del artículo 41, Constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable.(…)”\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 50 CONSTITUCIONAL. “(…) VI.- Relativo al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\"(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la \"lesión\", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. (…)”\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\nExp: 18-008168-0007-CO\nRes. Nº 2018012485\n\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del tres de agosto de dos mil dieciocho .\nRecurso de amparo interpuesto por ANA IBIS ANTONIA HERNÁNDEZ CASTAÑEDA, cédula de identidad 05-0127-0290, en representación de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PASO TEMPISQUE, contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO Y LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO (CNE).\nRESULTANDO:\n                 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 28 de mayo de 2018, la recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que es una persona adulta mayor y, funge como representante judicial y extrajudicial de la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque. Refiere que el 4 de octubre de 2017, a raíz de la tormenta Nate, los vecinos de Paso Tempisque sufrieron inundaciones, lo cual, les provocó muchas pérdidas materiales. Sin embargo, acusa que dicho desastre fue potenciado por un muro de contención que se construyó en la finca del Guaco, la cual, es propiedad del Inder. Apunta que las obras efectuadas en dicho inmueble, no cuentan con los permisos respectivos (ver oficio No. MC-IM-164-2018 del Departamento de Desarrollo Territorial de la municipalidad recurrida), razón por la cual, no se tomó en cuenta que las comunidades Paso Tempisque y Palmira, iban a ser afectadas por las inundaciones, en razón que el muro señalado forma una especie de dique que las acrecienta. Señala que los vecinos tienen mucho temor, ya que, con la llegada de las lluvias, podrían verse, nuevamente, afectados. Explica que sobre la situación descrita, el 25 de octubre de 2017, se presentó la respectiva denuncia ante el despacho del Alcalde y la Secretaría del Concejo, ambos de la Municipalidad de Carrillo Guanacaste, así como, en la Comisión Nacional de Emergencias. No obstante, a pesar del tiempo transcurrido y de las gestiones realizadas por los vecinos de ambas comunidades, la problemática aún no ha sido resuelta. Considera que sus derechos fundamentales y los de los demás vecinos, están siendo violentados.\n2.- Por resolución de las 09:57 horas del 4 de junio de 2018, se previno a la recurrente indicar si ha presentado ante las autoridades recurridas, denuncias sobre la situación descrita en este recurso.\n3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:15 de 13 de junio de 2018, la recurrente cumplió la prevención realizada por la Sala.\n4.- Por resolución de Presidencia de las 08:45 horas de 14 de julio de 2018, se le dio curso al presente amparo y se solicitó informe al Director del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) Oficina Subregional de Santa Cruz; al Alcalde y al Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Carrillo y, al Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo (CNE).\n5.-  Por escrito incorporado al expediente digital el 21 de julio de 2018, informa bajo juramento Eduardo Mora Castro, en su condición de Jefe de la Unidad de Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que según la Ley No. 8488, artículo 4, se entiende a la gestión de riesgo como un \"(...) proceso mediante el cual se revierten positivamente las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como la preparación, atención y recuperación ante las emergencias \" y, debe verse como un \"proceso continuo de análisis, planificación de la toma de decisiones y ejecución de acciones para identificar, prevenir y reducir las posibilidades de que un evento potencialmente destructivo (amenaza) cause daño o perturbación grave en la vida de las personas, el tejido socioeconómico, los medios de subsistencia y los ecosistemas de los territorios, así como establecer las herramientas para responder de forma adecuada, en caso de que de todas formas se materialice un impacto, con el objetivo de permitir una recuperación eficiente, sin reconstruir la vulnerabilidad, después de un desastre \". Afirma que la gestión de riesgo presenta ámbitos distintos de intervención, desde lo nacional, regional y sectorial, hasta lo local, comunitario y familiar. Agrega que, además, requiere la existencia y el funcionamiento de sistemas y estructuras organizacionales e institucionales que representan esos ámbitos y que reúnan, bajo modalidades de coordinación establecidas, sus papeles diferenciados acordados, sus instancias colectivas de representación social de los diferentes actores e intereses que participan en la construcción del riesgo y en su reducción, previsión y control, deben ser definidas adecuadamente. Señala que la gestión de este riesgo es la base principal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo entendido como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica, de los órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de todas las instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector privado y la sociedad civil organizada. Aclara que su propósito es la promoción y ejecución de los lineamientos de la política pública que permiten tanto al Estado Costarricense como a los distintos sectores de la actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje transversal de la planificación y de las prácticas del desarrollo. Señala que de lo anterior, se deduce lo siguiente: a) Que el riesgo es transversal al quehacer de todas las actividades tanto públicas como privadas; b) Que la gestión de éste debe ser una política pública del Estado Costarricense; c) Que esta política queda plasmada en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo; d) documento elaborado por Comisión, acto que materializa esa política pública y debe ser consultado de forma obligatoria por los órganos y entes del Estado responsables de las tareas de planificación, quienes a la hora de elaborar los respectivos planes tomarán en cuenta las orientaciones señaladas en dicho Plan. De igual forma al elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, se deberá considerar el componente de prevención y mitigación del riesgo, todo de conformidad con el artículo 8 de la Ley No. 8488. Refiere que la Comisión cumple con una función rectora en prevención de riesgos y coordinadora cuando de atender emergencias se trate, o dicho de otra forma, a la Comisión por principio de legalidad, le corresponde dirigir, orientar, encaminar la prevención del riesgo en Costa Rica y ser la coordinadora de las instituciones estatales cuando de emergencias se trate. Señala que la Ley No. 8488 también concibe la gestión del riesgo como \"...un eje transversal de la labor del Estado costarricense; articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases. Toda política de desarrollo del país debe incorporar tanto los elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes de gestión que permitan su control\". Expone que, con base en lo dispuesto en los artículos 3, 8, 25 y 26 de la misma ley, todas las instituciones del Estado, incluyendo principalmente a las Municipalidades, tienen el imperativo mandato de prevenir los desastres y, en particular, son los gobiernos locales quienes deben incorporar la prevención como componente de los proyectos de desarrollo urbano, considerando en sus programas los conceptos de riesgo y desastre, incluyendo las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que tienda a reducirlos. Aclara que, del mismo modo, todas las instituciones públicas deben coordinar con la CNE sus programas y actividades de prevención, considerándolos como un proceso de política pública que deberá operar en forma permanente y sostenida, con el enfoque sistémico y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Disponiéndose adicionalmente en el artículo 27, la obligación que en los presupuestos de cada institución pública, se incluya la asignación de recursos para el control del riesgo de los desastres, considerando la prevención como un concepto afín con las prácticas de desarrollo que se promueven y realizan. Sostiene que la importancia de la corresponsabilidad y compromiso local de la gestión del riesgo por parte de las municipalidades, radica en que las emergencias y posibles desastres se pueden materializar en sus territorios, por lo que, su reacción y sobre todo la prevención deben ser propias de su quehacer cotidiano. Esgrime que, aún los desastres \"grandes \" que afectan el territorio nacional, son en realidad la suma de amenazas y vulnerabilidades que ocurren de manera simultánea, localizada y altamente dinámica, en el territorio municipal, producto de la concatenación de las relaciones físicas, sociales, económicas y políticas. Asegura que el Estado tiene entre sus misiones el prevenir la realización de riesgos que puedan afectarlo o afectar a su población, por lo que, debe ejercer una labor preventiva dirigida a evitar que las personas y bienes sufran daños por causa de un siniestro: se protege para evitar que la vida o la salud de las personas o su patrimonio sufran daños. Aclara que la emergencia no puede evitarse pero sí pueden atenuarse sus efectos, para lo cual, se requiere una labor de prevención y, es que la imprevisión, es decir el no prever que X situación pueda producirse y el no actuar para evitarla, entraña un riesgo para la vida, salud y seguridad de las personas y los bienes de éstas. Amplía que se comprende que ninguna Administración Pública puede evitar que una calamidad pública se produzca, pero sí puede imputársele responsabilidad por no prever las consecuencias que esa calamidad pueda generar. Señala que lo anterior, indica que el ordenamiento obliga a todo organismo público, pero particularmente a la Comisión, a actuar antes que la emergencia se presente y no sólo a actuar, sino esencialmente, a planear y tomar acciones para evitar que si ésta se presenta, produzca daños en personas y bienes. Sostiene que es deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento y, el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad, y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. De ahí que, desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, del Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y de la normativa conexa, es responsabilidad absoluta y exclusiva de las municipalidades ordenar el territorio bajo su jurisdicción. Deber insoslayable que ha sido ampliado en diversos criterios de la Procuraduría General de la República, entre ellos el C-093- 2007 del 27 de marzo de 2007, el C-020-2009 del 29 de enero de 2009, el C-118-2009 del 4 de mayo de 2009, el C-155-2009 del 01 de junio de 2009, el C-091-2010 del 03 de mayo de 2010, entre otros. La Sala Constitucional ha ratificado esta responsabilidad, en resoluciones como las números 2153-93, 5305-93, 6706-93,4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485,2002-01220,2002- 05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002 y 2005-07516, entre muchas otras. Al respecto, dice, ha señalado el jurista Eduardo Ortiz Ortiz, citado en Dictamen C-032-98 del 25 de febrero de 1998, de la Procuraduría General de la República: \" La competencia municipal para dictar los planes urbanísticos proviene de la ley, puesto que cubre materia constitucionalmente reservada a ésta, pero tiene también fundamento constitucional, puesto que es materia local. Esto quiere decir que la ley no puede hacer la delegación sino en el Municipio y que sería inconstitucional, por violatoria de la autonomía municipal la ley que hiciera lo contrario y habilitara, por ejemplo, al Poder Ejecutivo\". Adicionalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ha emitido sentencias concordantes con la posición de la Procuraduría General, como la resolución No. 128-2008 de las 10:30 minutos del 7 de marzo de 2008, entre muchas otras, recalcando la absoluta responsabilidad de los gobiernos locales en cuanto al ordenamiento territorial. Asimismo, el Acuerdo No. 0443 del 30 de noviembre del 2011 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tomado en la Sesión Extraordinaria No.10-11, celebrada el 9 de noviembre de 2011 y publicado en la Gaceta No. 230 del 30 de noviembre del 2011 denominado: \"Recomienda a los alcaldes y alcaldesas que procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente y demoler las edificaciones ubicadas en ellas\" textualmente indica: \"a. Recomendar a todos los Alcaldes y Alcaldesas del país: i. Que conforme a los deberes y atribuciones que la Constitución Política en sus artículos 50 y 169, el Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 33 de la Ley Forestal, y normativa conexa, la Ley General de Salud y la amplia jurisprudencia sobre el tema les imponen, procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente, así como a demoler las edificaciones ubicadas en ellas, y a vigilar que no vuelvan a ser invadidas con asentamientos humanos, aplicando la secuencia procedimental citada en el Considerando IV, que se extrae de la resolución No. 12485-2010 de la Sala Constitucional. Que por el carácter vinculante que la Sala Constitucional les confiere, implementen de inmediato las recomendaciones que los técnicos de la CNE y de las instituciones académicas les han brindado reiteradamente a lo largo de muchos años y que son de su conocimiento, sobre acciones concretas y oportunas para salvaguardar la vida humana en zonas de reconocido riesgo y peligro inminente. Quedarán a disposición de las municipalidades en las oficinas de la CNE, los estudios y recomendaciones técnicas que se han girado históricamente en cada caso. Las Auditorías Internas y los Concejos Municipales deberán velar por el acatamiento de estas disposiciones. La desobediencia será considerada incumplimiento de deberes, y deberá ser elevada por las Auditorias Internas al conocimiento de la autoridad correspondiente (...) d. Comunicar formalmente este Acuerdo a todos los Alcaldes y Alcaldesas, y a la Defensorio de los Habitantes. e. Publicar este Acuerdo y el mapa síntesis de amenazas naturales del país (disponible en la página Web, www.cne.go.cr) en el diario oficial y en un diario de circulación nacional\". En este punto, es necesario recordar que en virtud que por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local y, para el caso concreto, la Municipalidad de Moravia como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal), tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. Asevera que la CNE es la institución pública rectora en lo referente a la coordinación de las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia;  órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República, con personería jurídica instrumental para el manejo y la administración de su presupuesto y para la inversión de sus recursos, con patrimonio y presupuesto propio. Sus acciones deben orientarse de conformidad con los principios que establece la Ley No. 8488 en el Artículo 3, entre ellos, estado de necesidad y urgencia entendido como la situación de peligro para un bien jurídico que solo puede salvarse mediante la violación de otro bien jurídico, con el menor daño posible para el segundo y a reserva de rendir luego las cuentas que demandan las leyes de control económico, jurídico y fiscal; protección de la vida, considerando que quienes se encuentran en el territorio nacional deben ser protegidos en su vida, su integridad física, sus bienes y el ambiente, frente a los desastres o sucesos peligrosos que puedan ocurrir y finalmente prevención, como la acción anticipada para procurar reducir la vulnerabilidad, así como, las medidas tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o desastres; por su misma condición estas acciones o medidas son de interés público y de cumplimiento obligatorio. Reseña que la Ley No. 8488 como parte de las competencias extraordinarias faculta a la CNE de atender las emergencias locales y menores mediante la figura de los \"Primeros Impactos\" dado que el artículo 15 en su párrafo final indica: \"(...) Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie una de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, las emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren y la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación de un servicio humanitario de primer impacto, consistente en la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y de ser necesario, la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de cien horas máquina para la limpieza del área más afectada de la zona\". Dice que el párrafo final del artículo 15 se refiere a un servicio humanitario de primer impacto. La Ley utiliza el término \"primer impacto\" para referirse a la primera fase de atención de una emergencia declarada. En efecto, el artículo 30 de la Ley, que divide dicha atención en la fase de respuesta, de rehabilitación y finalmente de reconstrucción, establece que la fase de respuesta es inmediata a la ocurrencia del suceso. Fase que incluye medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, propiedad y ambiente. Pero también obras de mitigación dirigidas a proteger a la población, la infraestructura y el ambiente. El artículo 4 define respuesta como las acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia; procuran el control de una situación, para salvaguardar obras y vidas, evitar daños mayores, y estabilizar el área de la región impactada directamente por la emergencia. En este sentido, sin que medie una declaratoria de emergencia, la Comisión podrá atender las emergencias locales y menores, para lo cual se permite la contratación de un máximo de 100 horas máquina para la limpieza del área afectada. Asimismo, el artículo 30 inciso a) de la misma ley establece que en la fase de respuesta, la cual es una fase operativa inmediata a la ocurrencia del suceso, se incluyen las medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios mediante acciones de alerta, alarma, evacuación y reubicación, entre otras. Define que, en lo que respecta al Régimen de Excepción, este surge a partir de una Declaratoria de Estado de Emergencia, la cual es realizada por el Poder Ejecutivo, según lo dispone el artículo 29 de la Ley No. 8488. La Declaración de Emergencia permite un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria, en virtud del artículo 180 de la Constitución Política, con el fin de que el Gobierno pueda obtener ágilmente suficiente recursos económicos, materiales o de otro orden para, para atender a las personas, los bienes y servicios afectados o en peligro, según sea la necesidad en las distintas etapas de la emergencia según lo establece el artículo 30 de la citada ley. Para utilizar el régimen de excepción deberá existir el nexo de causalidad entre el suceso que provoca el estado de necesidad y urgencia y, los daños efectivamente provocados. Una vez declarado un Estado de Emergencia, la atención de la emergencia se ejecuta mediante tres fases según lo estable el artículo 30 de la citada, las cuales consisten en una fase de respuesta dirigida a aplicar medidas urgentes para la vida, la infraestructura de servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios vitales; por otra parte, tenemos la fase de rehabilitación que refiere a la estabilización de la región afectada, mediante acciones orientadas a la rehabilitación temporal de los servicios vitales de agua, transporte, telecomunicaciones, salud, comercio, electricidad, entre otros, y por último tenemos la fase de reconstrucción destinada a reponer el funcionamiento normal de los servicios públicos afectados; incluye la reconstrucción y reposición de infraestructura pública y de interés social dañadas, así como la implementación de las medidas de regulación del uso suelo de la tierra orientada a evitar daños posteriores. Cuando el Poder Ejecutivo haya emitido el decreto que declara el estado de emergencia, de inmediato la Comisión, por medio de su Dirección Ejecutiva y en consulta con su Presidencia, convocará a las Instituciones que tengan competencia y cualquier otra que considere necesaria por estar dentro del área de afectación de la emergencia, para la elaboración del Plan General de la Emergencia, instrumento que permitirá planificar y canalizar en forma racional, eficiente y sistemática, las acciones que deban realizarse, la supervisión necesaria y la asignación de los recursos que se requieren. Con este propósito, expresa, dentro de un plazo máximo de 2 meses, las instituciones convocadas deberán entregar un reporte oficial de los daños que sufrió el área de su competencia, con una estimación de los costos y las necesidades que deban cubrirse. Debe existir, en forma inequívoca, una relación de causa- efecto en este reporte de daños. Con los reportes presentados y la demás documentación que la Comisión acredite, se elaborará el Plan General de la Emergencia. El Plan General de la Emergencia es el instrumento de planificación que establece el efecto de causalidad entre el evento ocurrido, las acciones y la inversión que se realiza para enfrentar la emergencia. Consta de una descripción del evento causal, la evaluación de los daños y la estimación de las pérdidas generadas, desglosados por cantón y sector; igualmente, incluye la delimitación de las acciones que debe realizar cada institución, incluso las propias de la Comisión; así como un detalle del monto de la inversión que se requiere hacer en cada una de las fases de la atención de la emergencia, desde la fase de respuesta, hasta la reconstrucción de la zona afectada. Todas las instituciones, manifiesta, están obligadas por esta Ley a contribuir en lo necesario, con información y apoyo técnico para la elaboración del Plan General de la Emergencia. La redacción de este Plan, como las responsabilidades referidas a la ejecución posterior, tendrán prioridad por encima de las labores ordinarias de cada institución particular, en tanto esté vigente el estado de emergencia. Para ejecutar las acciones, las obras y los contratos, la Comisión nombrará como Unidades Ejecutoras a las instituciones públicas con competencia en el área donde se desarrollen las acciones, siempre que estas cuenten con una estructura suficiente para atender los compromisos. El nombramiento de Unidades Ejecutoras permite la asignación de recursos de la emergencia lo que implica el uso y manejo de los recursos conforme los procedimientos correspondientes. Al respecto, debe tomarse en cuenta que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley dispone que la contratación de los bienes y servicios financiados con recursos del Fondo para la atención de emergencias declaradas se regirá por los principios de la Ley de la Contratación Administrativa, las disposiciones del Reglamento Interno de la Proveeduría institucional y disposiciones específicas que sean emitidas para esa contratación. Bajo esta tesitura, resalta que \"(...) a la CNE en ningún momento le fue notificada la nota de 24 de octubre de 2017, como lo afirma la recurrente, toda vez que BASTA CON OBSERVAR LA COPIA QUE PRESENTA LA DISCONFORME COMO PARTE DE SU ELENCO PROBATORIO PARA DETERMINAR QUE LAS NOTAS FUERON RECIBIDAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE Y DEJA SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CARRILLO. Y NO POR PARTE DE LA CNE. NI DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE RIESGO. Es decir, en ningún momento de la petición realizada por la recurrente se ubicaba, se destaca o se acredita comunicación RECIBIDA POR PARTE DE LA CNE; argumentación que no puede ser de recibo, ni constituirse de forma alguna como violatorio de sus tutelas fundamentales de petición y pronta resolución. En otras palabras el derecho de petición es el \"derecho de pedir y de obtener respuesta y no el derecho a obtener lo que no se pide\". A partir de lo expuesto, concluye que no cabe duda que los argumentos de la recurrente contra la CNE son extremadamente limitados y carecen de sustento normativo para ser otorgado por la autoridad judicial, basándose en una apreciación sin ningún tipo de valor probatorio y mediante la cual se lesiona la figura de la CNE, imputando una falta que no se logra demostrar ni acreditar. Desde esa perspectiva y, tomándose en cuanta que quien acciona \"simplemente no dice ni demuestra nada respecto al caso bajo análisis \". Ahora bien, apunta, teniendo por acreditado que esa Comisión no ha violentado la tutela del derecho de petición y de obtener pronta respuesta de la recurrente y, siendo que esa Administración tiene como norte institucional manejarse bajo principios de transparencia y buena fe y, sobre todo, de respeto al interés público y de resguardo a la vida humana como el bien jurídico más importante a tutelar por el Estado Costarricense y la integridad física de las y los ciudadanos, como parte de su quehacer institucional se han realizado 2 informes técnicos de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, relacionados con valoraciones de riesgo en la zona, a saber: \"Informe Técnico IAR-INF-0730-2015, denominado \"Valoración de riesgo de terreno en Palmira de Carrillo, Guanacaste, como trámite para posible adquisición por parte del INDER\" e;      \"Informe Técnico DPM- INF-1109-2008, denominado \"Regulaciones en el uso del suelo por inundaciones en el distrito Central de Carrillo, Guanacaste, Costa Rica\". Dichos informes se gestaron dentro de su rectoría en la Política de Gestión del Riesgo, tal y como se explicó supra, para que las instancias de coordinación o las diferentes instituciones públicas solicitantes, realicen sus labores de prevención de riesgos y amenazas dentro del ámbito de sus competencias. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n6.- Por escrito incorporado al expediente vía correo electrónico el 28 de junio de 2018, informa bajo juramento Ana Patricia Viales Ortega, en su condición de Jefa de la Oficina de Desarrollo Territorial de Santa Cruz del Instituto de Desarrollo Rural y, acerca de lo referido, indica que, en efecto, la finca El Guaco es propiedad del INDER, inscrita en el Partido de Guanacaste, matrícula 5-184539-000, desde el 8 de febrero del 2016, la cual, se adquirió con el muro de contención mencionado por la parte recurrente, siendo que la obra no fue construida por la institución. Afirma que no le consta que este muro haya potenciado las inundaciones en la zona del Paso Tempisque, ya que, previo a la compra de la finca, el MSC. Julio Madrigal Mora, Geólogo de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, señala en el acápite 2 del oficio IAR-INF-1073-2015, lo siguiente: \" la finca tiene un diseño de construcción de bordos y canales, pensados no solo para satisfacer necesidades de agua para ser utilizadas en el proyecto, sino además como obras de mitigación ante eventuales crecidas o desbordamiento, obras que el lnder velará para que los mismos se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento ”. Refiere que bajo esta premisa, el informe fue presentado previo a la compra de la finca ante la Junta Directiva del lnder para su correspondiente aprobación. Agrega que además en a acápite 4 del mismo informe se indica que “La Municipalidad de Carrillo ya ha realizado obras de mitigación en los cauces de los ríos circunvecinos, con el dragado respectivo, así mismo, el lnder velará porque se mantenga especial cuidado y vigilancia en las obras de bordos y canales en dicha propiedad”. Señala que el oficio No. MC-IM-164-2018 del Departamento de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Carrillo, certifica que no existe en el Departamento de Desarrollo Territorial sección de Construcciones, registro de permiso de construcciones para Rellenos en el cauce de Río Las Palmas, colindante a la Finca El Guaco, Paso Tempisque; sin embargo, en el caso de las obras realizadas en la finca propiedad del lnder, éstas corresponden a la construcción de caminos en el asentamiento campesino, donde se construyeron pasos de alcantarilla con sus respectivos cabezales y cajas de concreto para la canalización de las aguas, además, se rastrearon los caminos internos, ello, como medida preventiva a eventos de inundación. Aclara que esta obra se llevó a cabo a través del Área de Infraestructura y Diseño de Asentamientos del lnder, mediante la Licitación Abreviada 2016LA-000024-02N. Agrega que la recepción de la obra, conforme lo estipulado en el cartel, se dio en fecha 22 de junio 2017; con lo cual, asevera, no coincide lo alegado por la parte recurrente con las obras realizadas por parte de la institución. Sostiene que el 19 de marzo del 2018 la Secretaría del Concejo Municipal, mediante oficio MC-ALC-264-2018 convocó a reunión al INDER para el día 6 de abril del 2018 en la sala de sesiones, para analizar la problemática expuesta por la Asociación de Desarrollo del Paso Tempisque, en relación con las inundaciones por efecto de la tormenta Nate. Para ello, afirma, se constituyó una Comisión Especial conformada por representantes del Concejo Municipal, Alcaldía y vecinos de la comunidad de Paso Tempisque. Señala que ante esto, INDER acudió al llamado argumentado que por recomendación de la CNE (oficio IAR-INF-1073-2015), la institución da mantenimiento a los diques que fueron construidos por el dueño anterior de nombre Alfonso Rojas. Agrega que en el informe técnico IAR-INF-0730-2015, sobre valoración de riesgo de terreno en Palmira de Carrillo, Guanacaste, como trámite para la posible adquisición por parte de lnder de la finca El Guaco, en las recomendaciones establecidas por parte de la CNE se indica lo siguiente: “punto B) La elaboración de un modelo hidrológico exhaustivo toda la cuenca o micro cuenca, donde se establezcan tos antecedentes de la zona, máxima avenidas probables, mapas del área potencial por inundación, o de regulación para construcción, obras de mitigación de ser necesarias o de descartar desbordamiento el área del proyecto, debido a la vulnerabilidad de este tipo de amenaza, en el punto D) La Municipalidad de Carrillo debe realizar obras de mitigación sobre los cauces, las cuales disminuyan la problemática y amenaza de inundación en los sectores vulnerables. En el punto F) Cualquier anomalía en cuanto a técnicas de construcción u omisión a las recomendaciones aquí descritas, QUEDA BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD de las instituciones que otorgan los permisos, del ingeniero responsable de la obra y de la Municipalidad respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones correspondientes. De esta forma la labor no compete únicamente a INDER; es un trabajo de coordinación interinstitucional y el gobierno local y la CNE marcan la pauta como instituciones reguladoras en materia de gestión del riesgo, y tal como se ha indicado en a hecho segundo, a lnder ha tratado de cumplir las recomendaciones con la finalidad de mitigar posibles daños por inundaciones\". Expone que no lleva razón la recurrente en sus argumentaciones, en virtud que no ha existido ninguna violación, en perjuicio de los amparados y, esto se comprueba porque el Inder, en conjunto con otras instituciones, ha tomado acciones de conformidad con las recomendaciones de la CNE, quienes han reconocido que la finca tiene un diseño de construcción orientado no solo para satisfacer necesidades de agua para ser utilizadas en el proyecto, sino además, con la ejecución de obras de mitigación que sean útiles ante eventuales crecidas o desbordamiento, obras que el lnder velará para que se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento, cumpliendo con el artículo 50 de la Constitución Política. Refiere que de esta forma y mediante las inversiones que ha realizado la institución desde el momento en que se adquirió la finca El Guaco en febrero de año 2016, se ha procurado cumplir con las recomendaciones dadas, esto, a pesar que el muro de contención mencionado se había construido antes de la adquisición de la misma, por lo que, se han generado acciones que competen no solo al Instituto de Desarrollo Rural, sino que es un trabajo de coordinación interinstitucional con el gobierno local y la CNE. Aclara que el INDER, en ningún momento ha faltado a las recomendaciones otorgadas por la CNE desde la adquisición de la finca en el año 2016 y, se demuestra que las consecuencias que según el dicho de la recurrente se han potenciado por el muro de contención que se construyó en la propiedad del lnder, no se le pueden atribuir a la institución, debido a que no fue lnder quien promovió el levantamiento del muro mencionado, por lo que, en lo que respecta al Instituto de Desarrollo Rural, se ha cumplido con el marco de legalidad desde el momento en que formalmente adquiere derechos sobre el predio. Añade que, en cumplimiento de la función social de la propiedad y del reconocimiento de las limitaciones que la misma posee, ha tratado de dar el mantenimiento recomendado con la finalidad que los habitantes de la comunidad, también mejoren las condiciones y calidad de vida las cuales se han visto afectadas con las situaciones que han sufrido en épocas de lluvias e inundaciones, a lo largo de los años, desde antes que el lnder adquiriera dicho inmueble. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n7.- Por escrito incorporado al expediente electrónico vía fax el 10 de julio de 2018, informan bajo juramento Carlos Gerardo Cantillo Álvarez y Roberto Canales Canales, por su orden, Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Carrillo y, acerca de los temas recurridos, manifiestan que los sucesos provocados por la tormenta Nate no solo se dieron en la comunidad de Paso Tempisque, sino que, por la particularidad y fuerza de este fenómeno natural, las inundaciones acaecieron en partes del cantón que nunca se habían inundado. Aclaran que el alegato de la recurrente, sobre que dicho desastre haya sido potenciado por un muro de contención que se construyó en Finca E1 Guaco, se debe rechazar, en virtud que no existe prueba técnica ni científica que lo demuestre. Señalan que el fenómeno natural fue de tal magnitud que causó daños materiales en gran parte del territorio nacional y, resulta complicado probar que un muro como el indicado por la amparada hubiera sido la causa. Aclaran que se trata de apreciaciones subjetivas o supuestos que no tienen ningún sustento técnico ni científico hasta el momento, tan es así que, se sigue a la espera de un informe técnico de la CNE, con el fin de lograr comprobar o descartar un nexo causal entre la construcción de ese muro y el aumento en las inundaciones referidas. Refieren que mediante oficio MC-IM-164-2018, la ingeniera Maureen Brenes Acuña, Jefa del Departamento de Desarrollo Territorial, hizo constar que las obras denunciadas no poseían permiso de construcción y no podrían tenerlo, simple y sencillamente, porque la misma Municipalidad de Carrillo, desde el año 2007, presentó una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo contra el señor Claudio Alfonso Rojas Marín (antiguo propietario de la Finca el Guaco), precisamente por los trabajos realizados dentro de esa propiedad y que por la naturaleza de los mismos y los posibles daños causados, le corresponde a ese Tribunal conocer y resolver. Aclaran que la denuncia se tramita bajo el expediente 88-07-01-TAA. Sostienen que es totalmente falso que la Alcaldía y el Concejo Municipal no hubieran actuado dentro del ámbito de sus competencias; pues, producto de la denuncia interpuesta por la recurrente en octubre del 2017, el Concejo Municipal de Carrillo, tomó el acuerdo 3, inciso 11, emitido en la Sesión Ordinaria No. 44-2017, celebrada el 31 de octubre del 2017, es decir, menos de una semana después de planteada la denuncia, se acordó dar un voto de apoyo a los vecinos de Paso Tempisque y Palmira por la problemática que estaban sufriendo. Agregan que, la Alcaldía Municipal, mediante oficio MC-VAM-079-017, solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias un estudio de la situación denunciada y expuesta por los vecinos de esas comunidades. Indican que, mediante oficio MC-ALC-1745-2017 del 5 de diciembre del 2017, la Alcaldía Municipal y la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Corporación Municipal, brindó un informe a la Comisión Nacional de Emergencias sobre los daños causados por la tormenta Nate en el Cantón de Carrillo, dentro del cual, se incluyó el Distrito de Palmira y sus afectaciones. Amplían que, mediante acuerdo No. 2, inciso 2, emitido en la Sesión Ordinaria No. 50-2017, el Concejo Municipal acordó concederle audiencia a la señora Ana Ibis Hernández Castañeda y demás vecinos solicitantes, para el día 18 de enero del año 2018. Aseguran que la solicitud de audiencia ante el Concejo Municipal también fue realizada por el señor Elmer Cortés Camacho, a quien se le concedió el permiso para la fecha precitada. Explican que el Concejo Municipal, mediante acuerdo 2, inciso 1, emitido en la Sesión Ordinaria No. 51-2017, celebrada el 6 de diciembre, nombró en comisión a los regidores Robert Miranda, Freddy Gómez, Roberto Canales y Manuel Víctor, para realizar una inspección en Finca el Guaco, relacionada con las inquietudes externadas por los vecinos sobre las repercusiones de la tormenta Nate. Apuntan que en la Sesión Extraordinaria No. 01-2018 celebrada el 18 de enero del año en curso, se escucharon a los señores Ana Ibis Hernández Castañeda y Elmer Cortés Camacho, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque y miembro Pro Comité de Desastre Natural, respectivamente, y se conformó una nueva Comisión con miembros del Concejo Municipal y vecinos de Paso Tempisque con el fin de seguir tratando la problemática expuesta. Agregan que mediante oficio MC- ALC-264-2018, la Primera Vicealcaldesa Isabel Francina Uribe Villagra solicitó al Concejo Municipal, convocar a una reunión con los personeros del Inder y miembros de las comunidades afectadas, para analizar el tema y buscar soluciones en conjunto. Exponen que mediante acuerdo No. 03, inciso 5, aparte 1, emitido en la Sesión Ordinaria 17-2018 celebrada el día 24 de abril del 2018, el Concejo Municipal acordó solicitarle a la CNE se sirva enviar el informe de la inspección realizada por ellos en Finca el Guaco en campaña del señor Alcalde Municipal. Afirman que en esa misma sesión se acordó integrar a la Comisión Especial a un representante de Inder, uno del MINAET y 2 representantes de UZADIS, con el fin de coordinar el trámite de inspección y permisos correspondientes para inventario de árboles muertos en el cauce del río Las Palmas. Aclaran que mediante acuerdo No. 03, inciso 5, aparte 2-3, emitido en la Sesión Ordinaria No. 17-2018 celebrada el 24 de abril del 2018, el Concejo Municipal acordó solicitarle al MINAET realizar un inventario y otorgar los permisos respectivos para retirar los árboles caídos en el cauce del Río Las Palmas desde el puente de Comunidad, hasta el Puente de Chalaco. Señalan que en el aparte 2-4 de ese mismo acuerdo municipal, se dispuso solicitarle a la CNE limpiar el cauce de dicho río. Agregan que la Alcaldía y el Concejo Municipal han trabajado arduamente y de la mano con los representantes de las Comunidades de Palmira y Paso Tempisque, para resolver el asunto. Sostienen que se han tomado las acciones que dentro del ámbito de sus competencias tienen, estableciendo canales de comunicación con otras instituciones del Estado como Inder, MINAET y CNE, así como, con entidades privadas como la UZADIS y la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque. Aclaran que se han tomado los acuerdos pertinentes y se ha solicitado al MINAET y a la CNE que ayuden con inventarios y acciones de limpieza en un campo de acción que es más propio de esas instituciones que de la  Corporación Pública. Aseguran que, igualmente, se han conformado comisiones, se han realizado inspecciones y se ha brindado asesoría técnica y legal para atender de la mejor manera posible la gestión realizada por los vecinos de Palmira y Paso Tempisque. Dicen que la Municipalidad de Carrillo, ha actuado con total diligencia, en estricto apego al ámbito de sus competencias y, ha atendido la queja planteada por la recurrente. Solicitan declarar sin lugar el recurso.\n8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.      \n                 Redacta el Magistrado Araya Garcia; y,\nCONSIDERANDO:\nI.- De previo. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse, que a partir de la Sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo – instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una gestión ambiental que, presuntamente, no ha sido resuelta ni atendida en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\nII.- Objeto del recurso. La recurrente, adulta mayor, quien funge como representante de la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque, refiere que el 4 de octubre de 2017, a raíz de la tormenta Nate, los vecinos de Paso Tempisque sufrieron inundaciones, lo cual, les provocó pérdidas materiales. Acusa que dicho desastre fue potenciado por un muro de contención que se construyó en la finca del Guaco, la cual, es propiedad del Inder. Aduce que, el 25 de octubre de 2017, se presentó la respectiva denuncia ante la Municipalidad de Carrillo y la CNE; no obstante, a pesar del tiempo transcurrido y de las gestiones realizadas por los vecinos de las comunidades afectadas, la problemática aún no ha sido resuelta. Por lo anterior, estima lesionados derechos fundamentales y, solicita se proceda al derribo del muro, tramo o relleno de la Finca El Guaco.\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\nLa Municipalidad de Carrillo, desde el año 2007, presentó una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo contra el señor Claudio Alfonso Rojas Marín (antiguo propietario de la Finca el Guaco), por los trabajos realizados dentro de ese inmueble, denuncia se tramita bajo el expediente 88-07-01-TAA (autos).\nEl Inder, de previo a la compra de la finca  El Guaco, se basó en el estudio del MSC. Julio Madrigal Mora, Geólogo de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, que señaló en el acápite 2 del oficio IAR-INF-1073-2015 de 2015, relativo a la valoración de riesgo de terreno en Palmira de Carrillo, como trámite para la posible adquisición de finca por parte del Inder, lo siguiente: \"(...) la finca tiene un diseño de construcción de bordos y canales, pensados no solo para satisfacer necesidades de agua para ser utilizadas en el proyecto, sino además como obras de mitigación ante eventuales crecidas o desbordamiento, obras que el lnder velará para que los mismos se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento”. Dicho informe fue presentado previo a la compra de la finca ante la Junta Directiva del lnder para su correspondiente aprobación. Asimismo, basado en dicho documento, el Inder da mantenimiento a los diques que fueron construidos por el dueño anterior de la propiedad y, además “punto B) La elaboración de un modelo hidrológico exhaustivo toda la cuenca o micro cuenca, donde se establezcan los antecedentes de la zona, máxima avenidas probables, mapas del área potencial por inundación, o de regulación para construcción, obras de mitigación de ser necesarias o de descartar desbordamiento el área del proyecto, debido a la vulnerabilidad de este tipo de amenaza, en el punto D) La Municipalidad de Carrillo debe realizar obras de mitigación sobre los cauces, las cuales disminuyan la problemática y amenaza de inundación en los sectores vulnerables. En el punto F) Cualquier anomalía en cuanto a técnicas de construcción u omisión a las recomendaciones aquí descritas, QUEDA BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD de las instituciones que otorgan los permisos, del ingeniero responsable de la obra y de la Municipalidad respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones correspondientes. De esta forma la labor no compete únicamente a INDER; es un trabajo de coordinación interinstitucional y el gobierno local y la CNE marcan la pauta como instituciones reguladoras en materia de gestión del riesgo, y tal como se ha indicado en a hecho segundo, a lnder ha tratado de cumplir las recomendaciones con la finalidad de mitigar posibles daños por inundaciones\" (autos).\nLa finca El Guaco es propiedad del Inder, se encuentra inscrita en el Partido de Guanacaste, matrícula 5-184539-000, desde el 8 de febrero del 2016 y, fue adquirida con un muro de contención construido por el propietario anterior del bien (autos).\nLos trabajos efectuados por Inder en la finca de cita, corresponden a la construcción de caminos en el asentamiento campesino, donde se construyeron pasos de alcantarilla con sus respectivos cabezales y cajas de concreto para la canalización de las aguas, además, se rastrearon los caminos internos, ello, como medida preventiva a eventos de inundación. La obra se llevó a cabo a través del Área de Infraestructura y Diseño de Asentamientos del lnder, mediante la Licitación Abreviada 2016LA-000024-02N, siendo que la recepción de la obra acaeció el 22 de junio 2017. Por oficio No. MC-IM-164-2018 del Departamento de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Carrillo, se certifica que no existe en el Departamento de Desarrollo Territorial sección de Construcciones, registro de permiso de construcciones para Rellenos en el cauce de Río Las Palmas, colindante a la Finca El Guaco, Paso Tempisque (autos).\nEl fenómeno natural Nate, acaecido en el mes de octubre de 2017, causó daños materiales en gran parte del territorio nacional (autos).\nLos vecinos de Paso Tempisque, presentaron el 25 de octubre de 2017 la nota fechada 24 de octubre dirigida a la Comisión Nacional de Emergencias, ante la Secretaría del Concejo Municipal y el Alcalde, ambos de la Municipalidad de  Carrillo, donde exponen la problemática que sufrieron con los efectos de la tormenta Nate, mismos que, en su criterio, fueron provocados por \"(...) los nuevos inquilinos han realizado algunas modificaciones en el relieve de sus terrenos, tales como, rellenos con lastre y ciertas partes con la remodelación de carreteras internas de esta finca, en las cuales utilizaron grandes cantidades de material para levantar en importantes medidas las carreteras, lo que más bien nos deja pensar si estos más bien son muros disfrazados de carreteras, ya que el día del evento estas calles (muros) no presentaron un adecuado alcantarillado para poder liberar la cantidad de agua que ahí se generó, provocando una verdadera represa en ese sector, que acabó con la entrada directa del Río Palmas al sector de Paso Tempisque\" (autos).\nProducto de la denuncia interpuesta por los afectados, el Concejo Municipal de Carrillo, tomó el acuerdo 3, inciso 11, emitido en la Sesión Ordinaria No. 44-2017, celebrada el 31 de octubre del 2017, donde se acordó dar un voto de apoyo a los vecinos de Paso Tempisque y Palmira por la problemática que estaban sufriendo; siendo que, la Alcaldía Municipal, mediante oficio MC-VAM-079-017, solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias un estudio de la situación denunciada y expuesta por los vecinos de esas comunidades (autos).\nPor oficio MC-ALC-1745-2017 del 5 de diciembre del 2017, la Alcaldía Municipal y la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Corporación Municipal, brindaron un informe a la Comisión Nacional de Emergencias sobre los daños causados por la tormenta Nate en el Cantón de Carrillo, dentro del cual, se incluyó el Distrito de Palmira y sus afectaciones (autos).\nPor acuerdo No. 2, inciso 2, emitido en la Sesión Ordinaria No. 50-2017 de 5 de diciembre de 2018, el Concejo Municipal acordó concederle audiencia a la señora Ana Ibis Hernández Castañeda y a los demás vecinos solicitantes, para el día 18 de enero del año 2018 (autos).\nEl Concejo Municipal, mediante acuerdo 2, inciso 1, emitido en la Sesión Ordinaria No. 51-2017, celebrada el 6 de diciembre de 2017, nombró en comisión a los regidores Robert Miranda, Freddy Gómez, Roberto Canales y Manuel Víctor, para realizar una inspección en Finca el Guaco, relacionada con las inquietudes externadas por los vecinos sobre las repercusiones de la Tormenta Nate (autos).\nEn la Sesión Extraordinaria número 01-2018 celebrada el 18 de enero de 2018, fueron escuchados los señores Ana Ibis Hernández Castañeda y Elmer Cortés Camacho, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque y miembro del Pro Comité de Desastre Natural respectivamente, momento en que, se conformó una nueva Comisión con miembros del Concejo Municipal y vecinos de Paso Tempisque, con el fin de seguir tratando la problemática expuesta (autos).\nPor oficio MC-ALC-264-2018 de 19 de marzo de 2018, la Primera Vicealcaldesa Isabel Francina Uribe Villagra, solicitó al Concejo Municipal, efectuar una reunión con los personeros del Inder y miembros de las comunidades afectadas, para analizar la problemática expuesta y buscar soluciones en conjunto; lo anterior, a iniciativa del Inder. Se constituyó una Comisión Especial conformada por representantes del Concejo Municipal, Alcaldía y vecinos de la comunidad de Paso Tempisque (autos).\nPor acuerdo No. 03, inciso 5, aparte 1, emitido en la Sesión Ordinaria No. 17-2018 celebrada el día 24 de abril del 2018, el Concejo Municipal acordó solicitar a la Comisión Nacional de Emergencias se sirva a enviar el informe de la inspección realizada por ellos en Finca el Guaco en campaña del señor Alcalde Municipal. En esa misma sesión, se acordó integrar a la Comisión Especial a un representante de INDER, uno del MINAET y 2 representantes de UZADIS, con el fin de coordinar el trámite de inspección y permisos correspondientes para inventario de árboles muertos en el cauce del río Las Palmas (autos).\nPor acuerdo No. 03, inciso 5, aparte 2-3, emitido en la Sesión Ordinaria No. 17-2018 celebrada el 24 de abril del 2018, el Concejo Municipal acordó solicitarle al MINAET realizar un inventario y otorgar los permisos respectivos para retirar los árboles caídos en el cauce del Río Las Palmas desde el puente de Comunidad, hasta el Puente de Chalaco. En el apartado 2-4 de ese mismo acuerdo municipal, se dispuso solicitar a la CNE limpiar el cauce de dicho río (autos).\nEl 15 de mayo de 2018, la Comisión Especial del Guaco informa al Concejo Municipal, el tema de la problemática expuesta por lo vecinos de paso Tempisque, donde se analizaron los temas a incoar por la parte recurrente en el recurso de amparo a interponer. Asimismo, al conocer el informe de la CNE de 2015, acordaron solicitar un estudio técnico que indique si los diques construidos en la finca, tuvieron o no injerencia en las inundaciones del pasado 4 de octubre de 2017 (autos).\nLa Municipalidad y el Concejo Municipal han trabajado junto con los representantes de las Comunidades de Palmira y Paso Tempisque, para resolver la problemática que les aqueja.; siendo que se han tomado las acciones que dentro del ámbito de sus competencias tienen, estableciendo canales de comunicación con otras instituciones del Estado como INDER, MINAET y CNE, así como, con entidades privadas como la UZADIS y la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque (autos).\nLa CNE ha realizado 2 informes técnicos de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, relacionados con valoraciones de riesgo en la zona, a saber \"Informe Técnico IAR-INF-0730-2015, denominado \"Valoración de riesgo de terreno en Palmira de Carrillo, Guanacaste, como trámite para posible adquisición por parte del INDER\" e; \"Informe Técnico DPM-INF-1109-2008, denominado \"Regulaciones en el uso del suelo por inundaciones en el distrito Central de Carrillo, Guanacaste, Costa Rica\". Informes que se efectuaron en razón de la Política de Gestión del Riesgo, para que las instancias de coordinación o las diferentes instituciones públicas solicitantes, realicen sus labores de prevención de riesgos y amenazas dentro del ámbito de sus competencias (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente).\nIV.- Hechos no probados. De importancia para la resolución de este asunto, no fue probado que: 1) El muro que alega la recurrente, o bien, las obras efectuadas por el Inder en el 2017, hubieran potenciado las inundaciones en la zona del Paso Tempisque, con ocasión del paso de la tormenta Nate. 2) Ante la CNE los afectados y vecinos de la zona, hubieran tramitado o presentado alguna denuncia acerca del tema de los problemas que sufrieron a raíz de las inundaciones provocadas por la tormenta Nate.  3) A los afectados por los estragos de la tormenta y firmantes de la denuncia, la Municipalidad recurrida les hubiera contestado por escrito la denuncia incoada en el mes de octubre de 2017.\nV.- Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. La Administración, a la luz del artículo 41, Constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. Así, el carácter \"razonable\" de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como, la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien, un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.\nVI.- Relativo al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), así como a través de la normativa internacional. En este sentido, este Tribunal en sentencia No. 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993 indicó: \"(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la \"lesión\", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo\". Asimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada expresamente en el segundo párrafo del artículo 50 de la Constitución Política, que dispone: \" Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado\". Esta disposición se complementa por lo establecido en el numeral 11 del \"Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales \".  Interpretando armónicamente ambas normas, se puede derivar el principio precautorio, según el cual, el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario -dentro del ámbito permitido por la ley- a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente.  En relación con lo expuesto, esta Sala mediante la sentencia No.180-98 de 16:24 horas del 13 de enero de 1998 esgrimió: \"(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social \".\nVII.- Tocante al caso concreto. En este caso, de los autos se desprende que, en efecto, la finca El Guaco es propiedad del Inder y, fue adquirida con un muro de contención construido por el propietario anterior del bien. A posteriori y, para el año 2017, el Inder efectuó una serie de trabajos en la propiedad de cita, que corresponden a la construcción de caminos en el asentamiento campesino, donde se erigieron pasos de alcantarilla con sus respectivos cabezales y cajas de concreto para la canalización de las aguas, además, se lastrearon los caminos internos; siendo que  dicha obra se llevó a cabo a través del Área de Infraestructura y Diseño de Asentamientos del lnder, mediante la Licitación Abreviada 2016LA-000024-02N. Asimismo, se tiene que con el paso del fenómeno natural Nate, acaecido en el mes de octubre de 2017, los vecinos de Paso Tempisque que se vieron afectados, presentaron el 25 de octubre de 2017, la nota fechada 24 de octubre, únicamente, ante la Secretaría del Concejo Municipal y el Alcalde, ambos de la Municipalidad de  Carrillo, donde expusieron la problemática que sufrieron con los efectos de la tormenta Nate, mismos que, en su criterio, fueron provocados por \"(...) los nuevos inquilinos han realizado algunas modificaciones en el relieve de sus terrenos, tales como, rellenos con lastre y ciertas partes con la remodelación de carreteras internas de esta finca, en las cuales utilizaron grandes cantidades de material para levantar en importantes medidas las carreteras, lo que más bien nos deja pensar si estos más bien son muros disfrazados de carreteras, ya que el día del evento estas calles (muros) no presentaron un adecuado alcantarillado para poder liberar la cantidad de agua que ahí se generó, provocando una verdadera represa en ese sector, que acabó con la entrada directa del Río Palmas al sector de Paso Tempisque \". Ahora bien, de los informes rendidos bajo juramento, así como de las probanzas allegadas al expediente, se tiene que, aunque la Municipalidad de Carrillo, con ocasión de la denuncia de cita, ha intermediado para que se busque una solución a favor de los afectados con la tormenta, e incluso, se han conformado comisiones interdisciplinarias a fin de lidiar con estos problemas, lo cierto es que, no quedó acreditado que los esfuerzos conjuntos hubieran convergido en una solución, ni que, la Municipalidad de Carrillo, por escrito, informara a los suscribientes de la denuncia de 2017, de los avances o el estado del trámite. Según fue acreditado en el expediente, si bien, los avances deben realizarse de manera conjunta por parte de las autoridades recurridas, la gestión que se reclama pendiente, fue presentada ante el Concejo Municipal y el Alcalde Municipal de Carrillo. Con base en lo anterior, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 41, de la Constitución Política, toda vez que, al momento de interposición del recurso, los amparados no han sido informados por escrito del resultado de sus gestiones y del estado del caso. Desde este panorama, lo procedente es acoger el recuso, únicamente, contra la Municipalidad de Carrillo, como en efecto se dispone.\nVIII.- Deben tener presente las autoridades Instituto de Desarrollo Rural y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo, que están conminados también a atender y colaborar con las gestiones realizadas por la Municipalidad de Carrillo, a raíz de las gestiones presentadas por los vecinos de la zona que, indican, sufrieron afectaciones a raíz del paso de la tormenta Nate, ello, a fin que, de ser necesario, se detecte si en efecto existe alguna anomalía en las obras gestadas en la Finca El Guaco, que pudieran potenciar peligro para los habitantes del sector de Paso Tempisque.\nIX.- NOTA SEPARADA  DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ. He venido salvando el voto en aquellos casos que se trate de corregir por medio del recurso de amparo la simple  inactividad de la administración, en la actuación de sus competencias y potestades, con el argumento de que pueden ser discutidos en la vía de legalidad ordinaria, considerando que la Sala no es, ni  debe constituirse, en una instancia única u omnipresente que demerite las otras vías de tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador al efecto. He aclarado sin embargo que sí estimo como tutelables en esta vía casos de inactividad de la administración en los temas señalados  si con ella se produce afectación directa al ejercicio de derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal.  Tal es el caso de este recurso en donde se tiene por demostrada la existencia de una afectación intensa del derecho a la integridad personal de las personas tuteladas y su derecho de propiedad, por ello he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas,  vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas según se indica en el escrito de interposición.\nX.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\nPOR TANTO:\n Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, contra la Municipalidad de Carrillo. Se ordena a Carlos Gerardo Cantillo Álvarez y Roberto Canales Canales, por su orden, Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Carrillo, ambos de la Municipalidad de Carrillo, o a quienes ocupen esos cargos en su lugar, que giren las instrucciones necesarias para en el plazo de OCHO DÍAS contado a partir de la notificación de esta sentencia, informen por escrito a los afectados del estado de su denuncia y, luego, tomen las medidas necesarias que resulten pertinentes para que el caso se resuelva de manera definitiva dentro de un plazo razonable de tiempo. Se advierte que de no acatar la orden dicha, podrían incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Carrillo al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución de forma personal a las autoridades recurridas. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del Instituto de Desarrollo Rural y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo, de lo consignado en el considerando VIII de esta sentencia. La Magistrada Hernández López pone nota.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente a.i\n\t\n \n\n\nPaul Rueda L.\n\t\n \n\t\nNancy Hernández L.\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\t\n \n\t\nJorge Araya G.\n\n\nHubert Fernández A.\n\t\n \n\t\nLucila Monge P.\n\n\n\n\n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 05:46:47.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "SALA CONSTITUCIONAL\n\nResolution No. 12485 - 2018\n\nDate of Resolution: 03 of August of 2018 at 09:20\n\nCase File: 18-008168-0007-CO\n\nDrafted by: Jorge Araya Garcia\n\nType of Matter: Amparo Appeal\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\nJudgment with Separate Note\n\nRelevance Indicators\n\nRelevant Judgment\n\n\nContent of Interest:\n\nType of Content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: MUNICIPALITY\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\n12485-18. FLOODING IN PASO TEMPISQUE DE CARRILLO. “(…) VIII.- The authorities of the Instituto de Desarrollo Rural and the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo, must keep in mind that they are also enjoined to attend to and collaborate with the efforts undertaken by the Municipality of Carrillo, as a result of the petitions presented by the residents of the area who, they indicate, suffered damages as a result of the passage of Tropical Storm Nate, in order that, if necessary, it is detected whether indeed there is any anomaly in the works carried out on Finca El Guaco, which could potentially endanger the inhabitants of the Paso Tempisque sector. (…)”\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of Content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 041- Effective judicial protection. Swift and complete justice\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLE 41 OF THE CONSTITUTION. “(…) V.- Regarding the right to swift and complete justice. The Administration, in light of article 41, of the Constitution, has the obligation to guarantee citizens the fulfillment of swift and complete justice, without denial, which implies, in the realm of administrative justice, its obligation to decide with diligence and speed the claims raised by the administered, in such a way that its resolution is congruent with the alleged extremes, as well as to communicate to the interested parties what has been decided, all within a reasonable time. (…)”\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of Content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 050- Environment\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLE 50 OF THE CONSTITUTION. “(…) VI.- Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment.\" (...) Environmental quality is a parameter of that quality of life; other parameters no less important are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that although man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this subject of the \"injury\" principle, already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. (…)”\n\n... See more\nRelated Judgments\nText of the Resolution\nExp: 18-008168-0007-CO\nRes. No. 2018012485\n\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the third of August of two thousand eighteen.\nAmparo appeal filed by ANA IBIS ANTONIA HERNÁNDEZ CASTAÑEDA, identity card number 05-0127-0290, representing the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PASO TEMPISQUE, against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), THE MUNICIPALITY OF CARRILLO AND THE COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO (CNE).\nWHEREAS:\n 1.- By brief received at the Secretariat of the Sala on May 28, 2018, the petitioner files an amparo appeal and states that she is an older adult and serves as judicial and extrajudicial representative of the Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque. She relates that on October 4, 2017, as a result of Tropical Storm Nate, the residents of Paso Tempisque suffered flooding, which caused them many material losses. However, she alleges that said disaster was enhanced by a retaining wall that was built on Finca el Guaco, which is the property of INDER. She notes that the works carried out on said property do not have the respective permits (see official letter No. MC-IM-164-2018 from the Department of Territorial Development of the respondent municipality), which is why it was not taken into account that the Paso Tempisque and Palmira communities were going to be affected by the flooding, because the indicated wall forms a kind of dike that increases them. She points out that the residents are very fearful, since, with the arrival of the rains, they could be affected again. She explains that regarding the situation described, on October 25, 2017, the respective complaint was filed before the office of the Mayor and the Secretariat of the Council, both of the Municipality of Carrillo Guanacaste, as well as with the Comisión Nacional de Emergencias. However, despite the time elapsed and the efforts made by the residents of both communities, the problem has not yet been resolved. She considers that her fundamental rights and those of the other residents are being violated.\n2.- By resolution at 09:57 hours on June 4, 2018, the petitioner was warned to indicate if she had filed complaints regarding the situation described in this appeal before the respondent authorities.\n3.- By brief received at the Secretariat of the Sala at 10:15 on June 13, 2018, the petitioner fulfilled the warning issued by the Sala.\n4.- By Presidency resolution at 08:45 hours on July 14, 2018, this amparo was granted leave to proceed, and a report was requested from the Director of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) Subregional Office of Santa Cruz; from the Mayor and the President of the Municipal Council, both of the Municipality of Carrillo; and from the President of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo (CNE).\n5.- By brief incorporated into the digital case file on July 21, 2018, Eduardo Mora Castro reports under oath, in his capacity as Head of the Legal Advisory Unit of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, that according to Law No. 8488, article 4, risk management is understood as a \"(...) process through which the vulnerability conditions of the population, human settlements, infrastructure, as well as vital lines, productive activities of goods and services, and the environment are positively reversed. It is a sustainable and preventive model, into which effective criteria for disaster prevention and mitigation are incorporated within territorial, sectoral, and socioeconomic planning, as well as preparation, response, and recovery in the face of emergencies\" and must be seen as a \"continuous process of analysis, decision-making planning, and execution of actions to identify, prevent, and reduce the possibilities that a potentially destructive event (threat) causes serious damage or disturbance in the lives of people, the socioeconomic fabric, the means of subsistence, and the ecosystems of the territories, as well as to establish the tools to respond adequately, in case an impact materializes anyway, with the objective of allowing an efficient recovery, without rebuilding vulnerability, after a disaster.\" He affirms that risk management presents different spheres of intervention, from the national, regional, and sectoral levels, to the local, community, and family levels. He adds that, furthermore, it requires the existence and functioning of organizational and institutional systems and structures that represent those spheres and that bring together, under established coordination modalities, their differentiated agreed-upon roles; their collective instances of social representation of the different actors and interests that participate in the construction of risk and in its reduction, forecasting, and control, must be adequately defined. He points out that the management of this risk is the main basis of the National Risk Management System understood as the integral, organized, coordinated, and harmonious articulation of the organs, structures, functional relationships, methods, procedures, and resources of all State institutions, seeking the participation of the entire private sector and organized civil society. He clarifies that its purpose is the promotion and execution of public policy guidelines that allow both the Costa Rican State and the different sectors of national activity to incorporate the concept of risk management as a transversal axis of planning and development practices. He points out that from the foregoing, the following can be deduced: a) That risk is transversal to the work of all activities, both public and private; b) That its management must be a public policy of the Costa Rican State; c) That this policy is embodied in the National Risk Management Plan; d) a document prepared by the Commission, an act that materializes that public policy and must be consulted on a mandatory basis by the State organs and entities responsible for planning tasks, who, at the time of drafting the respective plans, will take into account the guidelines indicated in said Plan. Likewise, when drafting urban development plans, programs, and projects, the risk prevention and mitigation component must be considered, all in accordance with article 8 of Law No. 8488. He states that the Commission fulfills a governing function in risk prevention and a coordinating function when it comes to responding to emergencies, or put another way, the Commission, by the principle of legality, is responsible for directing, guiding, and channeling risk prevention in Costa Rica and being the coordinator of State institutions when emergencies are involved. He points out that Law No. 8488 also conceives risk management as \"...a transversal axis of the work of the Costa Rican State; it articulates the instruments, programs, and public resources in ordinary and extraordinary, institutional and sectoral actions, aimed at avoiding the occurrence of disasters and responding to emergencies in all their phases. All development policy of the country must incorporate both the necessary elements for an adequate diagnosis of risk and susceptibility to the impact of disasters, as well as the management axes that allow its control.\" He states that, based on the provisions of articles 3, 8, 25, and 26 of the same law, all State institutions, mainly including Municipalities, have the imperative mandate to prevent disasters and, in particular, it is the local governments who must incorporate prevention as a component of urban development projects, considering in their programs the concepts of risk and disaster, including the ordinary management measures that are appropriate and timely to prevent their manifestation, promoting a culture that tends to reduce them. He clarifies that, likewise, all public institutions must coordinate with the CNE their prevention programs and activities, considering them as a public policy process that must operate permanently and sustainably, with the systemic approach and the National Risk Management Plan. Additionally, providing in article 27 the obligation that in the budgets of each public institution, the allocation of resources for disaster risk control is included, considering prevention as a concept related to the development practices that are promoted and carried out. He argues that the importance of co-responsibility and local commitment to risk management by the municipalities lies in the fact that emergencies and possible disasters can materialize in their territories, so their reaction and especially prevention must be part of their daily work. He argues that even \"large\" disasters that affect the national territory are actually the sum of threats and vulnerabilities that occur simultaneously, localized, and highly dynamically, in the municipal territory, as a result of the concatenation of physical, social, economic, and political relations. He ensures that the State has among its missions preventing the realization of risks that may affect it or affect its population, and therefore, it must exercise preventive work aimed at preventing people and property from suffering damage due to a disaster: it protects to prevent the life or health of people or their assets from suffering damage. He clarifies that the emergency cannot be avoided but its effects can be mitigated, for which prevention work is required, and it is that improvidence, that is, not foreseeing that X situation may occur and not acting to avoid it, entails a risk to the life, health, and safety of people and their property. He explains that it is understood that no Public Administration can prevent a public calamity from occurring, but it can be held liable for not foreseeing the consequences that said calamity may generate. He points out that the foregoing indicates that the legal system obligates every public body, but particularly the Commission, to act before the emergency occurs and not only to act, but essentially, to plan and take actions to prevent it, if it occurs, from causing damage to people and property. He argues that it is the duty of the municipal government to guarantee, through planning and the exercise of police power, that urban development meets criteria of safety, health, and environmental sustainability. The foregoing, in protection of the citizens' rights. Hence, deriving directly from article 169 of the Political Constitution, the Municipal Code, the Urban Planning Law, the Constructions Law, and related regulations, it is the absolute and exclusive responsibility of the municipalities to organize the territory under their jurisdiction. An unavoidable duty that has been amplified in various opinions of the Procuraduría General de la República, among them C-093-2007 of March 27, 2007, C-020-2009 of January 29, 2009, C-118-2009 of May 4, 2009, C-155-2009 of June 1, 2009, C-091-2010 of May 3, 2010, among others. The Sala Constitucional has ratified this responsibility, in resolutions such as numbers 2153-93, 5305-93, 6706-93,4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485,2002-01220,2002- 05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002 and 2005-07516, among many others. In this regard, he says, jurist Eduardo Ortiz Ortiz, cited in Opinion C-032-98 of February 25, 1998, from the Procuraduría General de la República, has stated: \"The municipal competence to issue urban plans comes from the law, since it covers matters constitutionally reserved to it, but it also has a constitutional basis, since it is a local matter. This means that the law cannot delegate it except to the Municipality and that a law that did the opposite and empowered, for example, the Executive Branch, would be unconstitutional for violating municipal autonomy.\" Additionally, the Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda has issued rulings consistent with the position of the Procuraduría General, such as resolution No. 128-2008 at 10:30 on March 7, 2008, among many others, emphasizing the absolute responsibility of local governments regarding land-use planning. Likewise, Agreement No. 0443 of November 30, 2011, of the Board of Directors of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias taken in Extraordinary Session No.10-11, held on November 9, 2011, and published in La Gaceta No. 230 of November 30, 2011, called: \"Recommends mayors to proceed immediately with the eviction of occupants of areas of known risk and imminent danger and demolish the buildings located in them\" literally states: \"a. Recommend to all Mayors of the country: i. That according to the duties and attributions that the Political Constitution in its articles 50 and 169, the Municipal Code, the Urban Planning Law, the Constructions Law, the Organic Law of the Environment, article 33 of the Ley Forestal, and related regulations, the General Health Law and the extensive jurisprudence on the subject impose on them, proceed immediately with the eviction of occupants of areas of known risk and imminent danger, as well as demolish the buildings located in them, and monitor that they are not invaded again with human settlements, applying the procedural sequence cited in Considering IV, which is extracted from resolution No. 12485-2010 of the Sala Constitucional. That due to the binding nature that the Sala Constitucional confers on them, immediately implement the recommendations that CNE technicians and academic institutions have repeatedly provided them over many years and that are of their knowledge, regarding concrete and timely actions to safeguard human life in areas of known risk and imminent danger. The studies and technical recommendations that have been historically issued in each case will be available to the municipalities at the CNE offices. The Internal Audits and the Municipal Councils must ensure compliance with these provisions. Disobedience will be considered non-compliance with duties, and must be brought by the Internal Audits to the attention of the corresponding authority (...) d. Formally communicate this Agreement to all Mayors, and to the Defensoría de los Habitantes. e. Publish this Agreement and the synthesis map of natural threats of the country (available on the website, www.cne.go.cr) in the official newspaper and in a nationally circulated newspaper.\" At this point, it is necessary to recall that by virtue of the constitutional mandate, the administration of the local interests and services of the canton is the competence of the Local Government and, for the specific case, the Municipality of Moravia as a state legal entity, with its own assets and legal personality (article 2 of the Municipal Code), has full legal capacity to execute all types of acts and contracts necessary to fulfill its purposes. He asserts that the CNE is the governing public institution regarding the coordination of preventive work for situations of imminent risk, mitigation, and response to emergency situations; a body of maximum deconcentration attached to the Presidency of the Republic, with instrumental legal personality for the management and administration of its budget and for the investment of its resources, with its own assets and budget. Its actions must be oriented in accordance with the principles established by Law No. 8488 in Article 3, among them, state of necessity and urgency understood as the situation of danger for a legal right that can only be saved by violating another legal right, with the least possible damage to the second and reserving the right to subsequently render the accounts demanded by the laws of economic, legal, and fiscal control; protection of life, considering that those who are in the national territory must be protected in their life, their physical integrity, their property, and the environment, against disasters or dangerous events that may occur; and finally prevention, as the anticipatory action aimed at reducing vulnerability, as well as the measures taken to avoid or mitigate the impacts of hazardous events or disasters; by their very condition, these actions or measures are of public interest and mandatory compliance. He recounts that Law No. 8488, as part of the extraordinary competences, empowers the CNE to respond to local and minor emergencies through the figure of \"First Impacts,\" given that article 15 in its final paragraph indicates: \"(...) Except as provided in the preceding subparagraphs, the Commission shall respond, without an emergency declaration from the Executive Branch, to local and minor emergencies that, due to the high frequency with which they occur and the serious impact they cause on communities, demand the provision of a first-impact humanitarian service, consisting of the delivery of blankets, food, mats and, if necessary, the acquisition of materials to rehabilitate basic services and enable shelters, as well as the contracting of a maximum of one hundred machine hours for cleaning the most affected area of the zone.\" He says that the final paragraph of article 15 refers to a first-impact humanitarian service. The Law uses the term \"first impact\" to refer to the first phase of response to a declared emergency. Indeed, article 30 of the Law, which divides said response into the response phase, rehabilitation phase, and finally reconstruction phase, establishes that the response phase is immediate to the occurrence of the event. A phase that includes urgent first-impact measures aimed at safeguarding life, vital public service infrastructure, property, and the environment. But also mitigation works aimed at protecting the population, infrastructure, and the environment. Article 4 defines response as the immediate actions upon the occurrence of an emergency; they seek to control a situation to safeguard works and lives, avoid further damage, and stabilize the area of the region directly impacted by the emergency. In this sense, without an emergency declaration, the Commission may respond to local and minor emergencies, for which the contracting of a maximum of 100 machine hours for cleaning the affected area is permitted. Likewise, article 30, subparagraph a) of the same law establishes that in the response phase, which is an operational phase immediate to the occurrence of the event, urgent first-impact measures are included aimed at safeguarding life, vital public service infrastructure, and the production of goods and services through actions of alert, alarm, evacuation, and relocation, among others. He defines that, with respect to the Regime of Exception, this arises from a State of Emergency Declaration, which is made by the Executive Branch, according to the provisions of article 29 of Law No. 8488. The Emergency Declaration allows exceptional treatment in the face of budgetary rigidity, by virtue of article 180 of the Political Constitution, in order that the Government can quickly obtain sufficient economic, material, or other resources to assist the affected or endangered people, property, and services, according to the need in the different stages of the emergency as established in article 30 of the cited law. To use the regime of exception, there must be a causal link between the event that causes the state of necessity and urgency and the damages actually caused. Once a State of Emergency has been declared, the response to the emergency is executed through three phases as established in article 30 of the cited law, which consist of a response phase aimed at applying urgent measures for life, vital public service infrastructure, and the production of vital goods and services; on the other hand, we have the rehabilitation phase that refers to the stabilization of the affected region, through actions aimed at the temporary rehabilitation of vital services such as water, transportation, telecommunications, health, commerce, electricity, among others, and finally we have the reconstruction phase destined to restore the normal functioning of affected public services; it includes the reconstruction and replacement of damaged public and socially significant infrastructure, as well as the implementation of land-use regulation measures aimed at avoiding further damage. When the Executive Branch has issued the decree declaring the state of emergency, the Commission immediately, through its Executive Directorate and in consultation with its Presidency, will summon the Institutions that have competence and any other it deems necessary because they are within the emergency's affected area, for the preparation of the General Emergency Plan, an instrument that will allow planning and channeling in a rational, efficient, and systematic manner the actions to be carried out, the necessary supervision, and the allocation of the required resources. For this purpose, he states, within a maximum period of 2 months, the summoned institutions must deliver an official report of the damages suffered in their area of competence, with an estimate of the costs and needs to be covered. There must exist, unequivocally, a cause-and-effect relationship in this damage report. With the reports submitted and the other documentation that the Commission accredits, the General Emergency Plan will be prepared. The General Emergency Plan is the planning instrument that establishes the causal effect between the event that occurred, the actions, and the investment made to face the emergency. It consists of a description of the causal event, the evaluation of damages, and the estimation of losses generated, broken down by canton and sector; likewise, it includes the delimitation of the actions that each institution must carry out, including those of the Commission itself; as well as a detail of the amount of investment required to be made in each of the emergency response phases, from the response phase to the reconstruction of the affected area. All institutions, he states, are obligated by this Law to contribute as necessary, with information and technical support for the preparation of the General Emergency Plan. The drafting of this Plan, as well as the responsibilities referring to its subsequent execution, will have priority over the ordinary work of each particular institution, as long as the state of emergency is in effect. To execute the actions, works, and contracts, the Commission will appoint as Executing Units the public institutions with competence in the area where the actions are developed, provided that they have a sufficient structure to meet the commitments. The appointment of Executing Units allows the allocation of emergency resources, which implies the use and management of resources according to the corresponding procedures. In this regard, it must be taken into account that article 51, second paragraph, of the Law provides that the contracting of goods and services financed with resources from the Fund for the Response to Declared Emergencies shall be governed by the principles of the Law on Administrative Contracting, the provisions of the Internal Regulations of the Institutional Procurement Office, and specific provisions issued for that contracting. Under this context, he highlights that \"(...) the CNE was at no time notified of the note of October 24, 2017, as the petitioner states, since IT SUFFICES TO OBSERVE THE COPY PRESENTED BY THE AGGRIEVED PARTY AS PART OF HER EVIDENTIARY ARRAY TO DETERMINE THAT THE NOTES WERE RECEIVED BY THE OFFICE OF THE MAYOR AND THE SECRETARIAT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF CARRILLO. AND NOT BY THE CNE. NOR BY THE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE RIESGO. That is to say, at no time in the request made by the petitioner was any communication RECEIVED BY THE CNE located, highlighted, or accredited; an argument that cannot be accepted, nor constitute in any way a violation of her fundamental protections of petition and prompt resolution. In other words, the right to petition is the 'right to ask and obtain a response and not the right to obtain what is not asked for.'\" From the foregoing, he concludes that there is no doubt that the petitioner's arguments against the CNE are extremely limited and lack normative support to be granted by the judicial authority, being based on an appreciation without any probative value and through which the figure of the CNE is injured, imputing a fault that cannot be demonstrated or accredited. From that perspective, and taking into account that the person who brings the action \"simply neither says nor demonstrates anything regarding the case under analysis.\"\n\nNow, it notes, having established that this Commission has not violated the protection of the right of petition and of obtaining a prompt response for the appellant, and given that this Administration's institutional north is to operate under principles of transparency and good faith and, above all, respect for the public interest and the protection of human life as the most important legal interest to be safeguarded by the Costa Rican State and the physical integrity of citizens, as part of its institutional work, two technical reports have been prepared by the CNE's Risk Research and Analysis Unit related to risk assessments in the area, namely: \"Technical Report IAR-INF-0730-2015, titled \"Land risk assessment in Palmira de Carrillo, Guanacaste, as a procedure for possible acquisition by INDER\" and; \"Technical Report DPM-INF-1109-2008, titled \"Land-use regulations due to flooding in the Central district of Carrillo, Guanacaste, Costa Rica.\" These reports were generated within its governing role in the Risk Management Policy, as explained supra, so that coordination bodies or the various requesting public institutions can carry out their risk and threat prevention tasks within the scope of their powers. It requests that the appeal be dismissed.\n\n6.- By written submission incorporated into the case file via email on June 28, 2018, Ana Patricia Viales Ortega, in her capacity as Head of the Territorial Development Office of Santa Cruz of the Rural Development Institute, reports under oath, and regarding the matter referred, indicates that, in effect, the El Guaco farm is the property of INDER, registered in the Guanacaste Registry, folio 5-184539-000, since February 8, 2016, and was acquired with the retaining wall (muro de contención) mentioned by the appellant, given that the work was not constructed by the institution. She affirms that she has no evidence that this wall may have intensified flooding in the Paso Tempisque area, since, prior to the purchase of the farm, MSc. Julio Madrigal Mora, Geologist of the CNE's Risk Research and Analysis Unit, stated in section 2 of official communication IAR-INF-1073-2015, the following: \"the farm has a construction design of berms (bordos) and canals, intended not only to satisfy water needs for use in the project, but also as mitigation works (obras de mitigación) against eventual floods or overflows, works that INDER will ensure are maintained in good working condition.” She states that under this premise, the report was presented to INDER's Board of Directors for its corresponding approval prior to the purchase of the farm. She adds that also in section 4 of the same report, it is indicated that “The Municipality of Carrillo has already carried out mitigation works on the beds of the surrounding rivers, with the respective dredging; likewise, INDER will ensure that special care and surveillance are maintained regarding the berm and canal works on said property.” She points out that official communication No. MC-IM-164-2018 from the Territorial Development Department of the Municipality of Carrillo certifies that there is no record in the Territorial Development Department, Construction Section, of a construction permit for Fillings (Rellenos) in the bed of the Río Las Palmas, adjacent to the El Guaco Farm, Paso Tempisque; however, in the case of the works carried out on the farm owned by INDER, these correspond to the construction of roads in the peasant settlement (asentamiento campesino), where culvert crossings (pasos de alcantarilla) were built with their respective headwalls (cabezales) and concrete boxes for water channeling; additionally, the internal roads were tracked (rastrearon), as a preventive measure against flood events. She clarifies that this work was carried out through INDER's Area of Infrastructure and Settlement Design, via Abbreviated Tender 2016LA-000024-02N. She adds that the reception of the work, according to the bidding terms, occurred on June 22, 2017; therefore, she asserts, what was alleged by the appellant does not coincide with the works carried out by the institution. She maintains that on March 19, 2018, the Secretariat of the Municipal Council, via official communication MC-ALC-264-2018, convened INDER to a meeting on April 6, 2018, in the session hall, to analyze the issues raised by the Paso Tempisque Development Association regarding the flooding caused by the Nate storm. For this purpose, she affirms, a Special Commission was formed, composed of representatives from the Municipal Council, the Mayor's Office, and residents of the Paso Tempisque community. She points out that, in response, INDER attended the call, arguing that, by recommendation of the CNE (official communication IAR-INF-1073-2015), the institution maintains the levees (diques) that were built by the previous owner, named Alfonso Rojas. She adds that in technical report IAR-INF-0730-2015, on land risk assessment in Palmira de Carrillo, Guanacaste, as a procedure for the possible acquisition of the El Guaco farm by INDER, the recommendations set forth by the CNE indicate the following: \"point B) The preparation of a comprehensive hydrological model of the entire basin or micro-basin, establishing the area's history, maximum probable floods, maps of the area potentially subject to flooding or construction regulations, mitigation works if necessary, or to rule out overflow in the project area, due to the vulnerability to this type of threat; in point D) The Municipality of Carrillo must carry out mitigation works on the riverbeds to reduce the flooding problems and threats in vulnerable sectors. In point F) Any anomaly regarding construction techniques or omission of the recommendations described herein, IS THE FULL RESPONSIBILITY of the institutions granting permits, the engineer responsible for the work, and the respective Municipality for failing to request the corresponding reports, inspections, and corrections. Thus, the task is not the sole responsibility of INDER; it requires inter-institutional coordination, and the local government and the CNE set the standard as regulatory institutions in risk management matters, and as stated in the second fact, INDER has attempted to comply with the recommendations in order to mitigate possible flood damage.\" She states that the appellant's arguments are unfounded, given that there has been no violation to the detriment of the protected parties, and this is proven because INDER, jointly with other institutions, has taken actions in accordance with the CNE's recommendations, which have recognized that the farm has a construction design oriented not only to satisfy water needs for use in the project, but also towards implementing mitigation works useful against eventual floods or overflows, works that INDER will ensure are maintained in good working condition, thereby complying with Article 50 of the Political Constitution. She states that, in this manner and through the investments made by the institution since the El Guaco farm was acquired in February 2016, it has endeavored to comply with the given recommendations, despite the fact that the mentioned retaining wall had been built before its acquisition, and therefore, actions have been generated that are the responsibility not only of the Rural Development Institute, but also require inter-institutional coordination with the local government and the CNE. She clarifies that INDER has at no time failed to comply with the recommendations issued by the CNE since the farm's acquisition in 2016, and it is shown that the consequences which, according to the appellant's statements, have been amplified by the retaining wall built on INDER's property, cannot be attributed to the institution, because INDER was not the one who promoted the construction of said wall; therefore, regarding the Rural Development Institute, it has acted within the legal framework since formally acquiring rights over the property. She adds that, in fulfillment of the social function of property and recognizing the limitations it possesses, it has tried to provide the recommended maintenance so that the community's inhabitants may also improve their living conditions and quality of life, which have been affected by the situations they have suffered during rainy seasons and floods throughout the years, even before INDER acquired said property. She requests that the appeal be dismissed.\n\n7.- By written submission incorporated into the electronic case file via fax on July 10, 2018, Carlos Gerardo Cantillo Álvarez and Roberto Canales Canales, in that order, Mayor and President of the Municipal Council, both of the Municipality of Carrillo, report under oath, and regarding the appealed matters, they state that the events caused by the Nate storm did not only occur in the Paso Tempisque community, but rather, due to the particularity and force of this natural phenomenon, the flooding occurred in parts of the canton that had never been flooded before. They clarify that the appellant's claim that said disaster was intensified by a retaining wall built on the E1 Guaco Farm must be rejected, as there is no technical or scientific evidence to prove it. They point out that the natural phenomenon was of such magnitude that it caused material damage across a large part of the national territory, and it is difficult to prove that a wall like the one indicated by the protected party was the cause. They clarify that these are subjective assessments or assumptions that currently lack any technical or scientific basis; so much so, that a technical report from the CNE is still awaited in order to prove or rule out a causal link between the construction of that wall and the increase in the referenced flooding. They state that via official communication MC-IM-164-2018, engineer Maureen Brenes Acuña, Head of the Territorial Development Department, certified that the reported works did not have a construction permit and could not have one, simply because the Municipality of Carrillo itself, since 2007, had filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal against Mr. Claudio Alfonso Rojas Marín (former owner of the El Guaco Farm), precisely for the works carried out within that property, and due to their nature and the possible damages caused, it is for that Tribunal to hear and resolve the matter. They clarify that the complaint is being processed under case file 88-07-01-TAA. They maintain that it is completely false that the Mayor's Office and the Municipal Council had not acted within the scope of their powers; since, as a result of the complaint filed by the appellant in October 2017, the Municipal Council of Carrillo adopted agreement 3, item 11, issued in Ordinary Session No. 44-2017, held on October 31, 2017, that is, less than a week after the complaint was filed, agreeing to give a vote of support to the residents of Paso Tempisque and Palmira for the issues they were suffering. They add that the Municipal Mayor's Office, via official communication MC-VAM-079-017, requested the National Emergency Commission to conduct a study of the situation reported and presented by the residents of those communities. They indicate that, via official communication MC-ALC-1745-2017 of December 5, 2017, the Municipal Mayor's Office and the Technical Road Management Unit of the Municipal Corporation provided a report to the National Emergency Commission on the damages caused by the Nate storm in the Canton of Carrillo, which included the District of Palmira and its effects. They elaborate that, by agreement No. 2, item 2, issued in Ordinary Session No. 50-2017, the Municipal Council agreed to grant an audience to Mrs. Ana Ibis Hernández Castañeda and the other requesting residents for January 18, 2018. They assure that the request for an audience before the Municipal Council was also made by Mr. Elmer Cortés Camacho, who was granted permission for the aforementioned date. They explain that the Municipal Council, by agreement 2, item 1, issued in Ordinary Session No. 51-2017, held on December 6, appointed as a commission council members Robert Miranda, Freddy Gómez, Roberto Canales, and Manuel Víctor to conduct an inspection at the El Guaco Farm, related to the concerns expressed by residents about the repercussions of the Nate storm. They note that in Extraordinary Session No. 01-2018 held on January 18 of the current year, Mrs. Ana Ibis Hernández Castañeda and Mr. Elmer Cortés Camacho, President of the Paso Tempisque Comprehensive Development Association and member of the Pro Natural Disaster Committee, respectively, were heard, and a new Commission was formed with members of the Municipal Council and residents of Paso Tempisque to continue addressing the issues raised. They add that via official communication MC-ALC-264-2018, First Deputy Mayor Isabel Francina Uribe Villagra requested the Municipal Council to convene a meeting with INDER representatives and members of the affected communities to analyze the issue and seek joint solutions. They explain that by agreement No. 03, item 5, sub-item 1, issued in Ordinary Session 17-2018 held on April 24, 2018, the Municipal Council agreed to request the CNE to kindly send the report of the inspection they conducted at the El Guaco Farm, at the urging of the Municipal Mayor. They affirm that in that same session, it was agreed to integrate a representative from INDER, one from MINAET, and two representatives from UZADIS into the Special Commission, to coordinate the inspection procedure and corresponding permits for the inventory of dead trees in the bed of the Río Las Palmas. They clarify that by agreement No. 03, item 5, sub-item 2-3, issued in Ordinary Session No. 17-2018 held on April 24, 2018, the Municipal Council agreed to request MINAET to conduct an inventory and grant the respective permits to remove the fallen trees in the bed of the Río Las Palmas from the Comunidad bridge to the Chalaco Bridge. They point out that in sub-item 2-4 of that same municipal agreement, it was decided to request the CNE to clean the bed of said river. They add that the Mayor's Office and the Municipal Council have worked arduously and hand-in-hand with the representatives of the Communities of Palmira and Paso Tempisque to resolve the matter. They maintain that they have taken the actions within the scope of their powers, establishing communication channels with other State institutions such as INDER, MINAET, and CNE, as well as with private entities such as UZADIS and the Paso Tempisque Comprehensive Development Association. They clarify that the pertinent agreements have been adopted, and MINAET and CNE have been requested to assist with inventories and cleaning actions in a field of action that is more proper to those institutions than to the Public Corporation. They assure that commissions have also been formed, inspections have been conducted, and technical and legal advice has been provided to address, in the best possible way, the actions taken by the residents of Palmira and Paso Tempisque. They state that the Municipality of Carrillo has acted with full diligence, strictly adhering to the scope of its powers, and has addressed the complaint filed by the appellant. They request that the appeal be dismissed.\n\n8.- The legal requirements have been observed in the procedures followed.\n\nDrafted by Judge Araya Garcia; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- Preliminary matter. Before analyzing the merits of the case —regarding the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure— it must be clarified that, based on Ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the timeframes established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the instant case, an exception is raised, as it involves an environmental action (gestión ambiental) that, allegedly, has not been resolved or addressed within a reasonable timeframe. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo appeal.\n\nII.- Purpose of the appeal. The appellant, an older adult acting as representative of the Paso Tempisque Comprehensive Development Association, states that on October 4, 2017, as a result of the Nate storm, the residents of Paso Tempisque suffered flooding, which caused them material losses. She alleges that said disaster was intensified by a retaining wall that was built on the El Guaco farm, which is owned by INDER. She argues that on October 25, 2017, the corresponding complaint was filed before the Municipality of Carrillo and the CNE; however, despite the time elapsed and the actions taken by the residents of the affected communities, the issue has not yet been resolved. For the foregoing reasons, she considers fundamental rights to have been harmed and requests that the wall, section, or fill material (relleno) of the El Guaco Farm be demolished.\n\nIII.- Proven facts. For the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\nThe Municipality of Carrillo, since 2007, filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal against Mr. Claudio Alfonso Rojas Marín (former owner of the El Guaco Farm), for the works carried out within that property, a complaint processed under case file 88-07-01-TAA (case file documents).\n\nINDER, prior to the purchase of the El Guaco farm, relied on the study by MSc. Julio Madrigal Mora, Geologist of the CNE's Risk Research and Analysis Unit, who stated in section 2 of official communication IAR-INF-1073-2015 of 2015, concerning the land risk assessment in Palmira de Carrillo as a procedure for the possible acquisition of the farm by INDER, the following: \"(...) the farm has a construction design of berms (bordos) and canals, intended not only to satisfy water needs for use in the project, but also as mitigation works (obras de mitigación) against eventual floods or overflows, works that INDER will ensure are maintained in good working condition.\" Said report was presented to INDER's Board of Directors for its corresponding approval prior to the purchase of the farm. Likewise, based on said document, INDER maintains the levees (diques) that were built by the property's previous owner, and furthermore, \"point B) The preparation of a comprehensive hydrological model of the entire basin or micro-basin, establishing the area's history, maximum probable floods, maps of the area potentially subject to flooding or construction regulations, mitigation works if necessary, or to rule out overflow in the project area, due to the vulnerability to this type of threat; in point D) The Municipality of Carrillo must carry out mitigation works on the riverbeds to reduce the flooding problems and threats in vulnerable sectors. In point F) Any anomaly regarding construction techniques or omission of the recommendations described herein, IS THE FULL RESPONSIBILITY of the institutions granting permits, the engineer responsible for the work, and the respective Municipality for failing to request the corresponding reports, inspections, and corrections. Thus, the task is not the sole responsibility of INDER; it requires inter-institutional coordination, and the local government and the CNE set the standard as regulatory institutions in risk management matters, and as stated in the second fact, INDER has attempted to comply with the recommendations in order to mitigate possible flood damage\" (case file documents).\n\nThe El Guaco farm is the property of INDER, registered in the Guanacaste Registry, folio 5-184539-000, since February 8, 2016, and was acquired with a retaining wall built by the property's previous owner (case file documents).\n\nThe works carried out by INDER on the cited farm correspond to the construction of roads in the peasant settlement, where culvert crossings were built with their respective headwalls and concrete boxes for water channeling; additionally, the internal roads were tracked, as a preventive measure against flood events. The work was carried out through INDER's Area of Infrastructure and Settlement Design, via Abbreviated Tender 2016LA-000024-02N, and the reception of the work occurred on June 22, 2017. By official communication No. MC-IM-164-2018 from the Territorial Development Department of the Municipality of Carrillo, it is certified that there is no record in the Territorial Development Department, Construction Section, of a construction permit for Fillings in the bed of the Río Las Palmas, adjacent to the El Guaco Farm, Paso Tempisque (case file documents).\n\nThe natural phenomenon Nate, which occurred in October 2017, caused material damage across a large part of the national territory (case file documents).\n\nThe residents of Paso Tempisque presented, on October 25, 2017, the note dated October 24 addressed to the National Emergency Commission, before the Secretariat of the Municipal Council and the Mayor, both of the Municipality of Carrillo, outlining the problems they suffered due to the effects of the Nate storm, which, in their opinion, were caused by \"(...) the new tenants have made some modifications to the relief of their lands, such as fillings with ballast (lastre) and certain parts with the remodeling of internal roads of this farm, in which they used large amounts of material to raise the roads to significant heights, which rather makes us wonder if these are walls disguised as roads, since on the day of the event these roads (walls) did not have adequate culverts (alcantarillado) to release the quantity of water that was generated there, causing a true dam in that sector, which resulted in the direct overflow of the Río Palmas into the Paso Tempisque sector\" (case file documents).\n\nAs a result of the complaint filed by the affected parties, the Municipal Council of Carrillo adopted agreement 3, item 11, issued in Ordinary Session No. 44-2017, held on October 31, 2017, where it was agreed to give a vote of support to the residents of Paso Tempisque and Palmira for the problems they were suffering; with the Municipal Mayor's Office, via official communication MC-VAM-079-017, requesting the National Emergency Commission to conduct a study of the situation reported and presented by the residents of those communities (case file documents).\n\nBy official communication MC-ALC-1745-2017 of December 5, 2017, the Municipal Mayor's Office and the Technical Road Management Unit of the Municipal Corporation provided a report to the National Emergency Commission on the damages caused by the Nate storm in the Canton of Carrillo, which included the District of Palmira and its effects (case file documents).\n\nBy agreement No. 2, item 2, issued in Ordinary Session No. 50-2017 of December 5, 2018, the Municipal Council agreed to grant an audience to Mrs. Ana Ibis Hernández Castañeda and the other requesting residents for January 18, 2018 (case file documents).\n\nThe Municipal Council, by agreement 2, item 1, issued in Ordinary Session No. 51-2017, held on December 6, 2017, appointed as a commission council members Robert Miranda, Freddy Gómez, Roberto Canales, and Manuel Víctor to conduct an inspection at the El Guaco Farm, related to the concerns expressed by residents about the repercussions of the Nate Storm (case file documents).\n\nIn Extraordinary Session number 01-2018 held on January 18, 2018, Mrs. Ana Ibis Hernández Castañeda and Mr. Elmer Cortés Camacho, President of the Paso Tempisque Comprehensive Development Association and member of the Pro Natural Disaster Committee, respectively, were heard, at which time a new Commission was formed with members of the Municipal Council and residents of Paso Tempisque to continue addressing the issues raised (case file documents).\n\nBy official communication MC-ALC-264-2018 of March 19, 2018, First Deputy Mayor Isabel Francina Uribe Villagra requested the Municipal Council to hold a meeting with INDER representatives and members of the affected communities to analyze the issues raised and seek joint solutions; the foregoing, at INDER's initiative. A Special Commission was formed, composed of representatives from the Municipal Council, the Mayor's Office, and residents of the Paso Tempisque community (case file documents).\n\nBy agreement No. 03, item 5, sub-item 1, issued in Ordinary Session No. 17-2018 held on April 24, 2018, the Municipal Council agreed to request the National Emergency Commission to kindly send the report of the inspection they conducted at the El Guaco Farm, at the urging of the Municipal Mayor. In that same session, it was agreed to integrate into the Special Commission a representative from INDER, one from MINAET, and two representatives from UZADIS, to coordinate the inspection procedure and corresponding permits for the inventory of dead trees in the bed of the Río Las Palmas (case file documents).\n\nBy agreement No. 03, item 5, sub-item 2-3, issued in Ordinary Session No. 17-2018 held on April 24, 2018, the Municipal Council agreed to request MINAET to conduct an inventory and grant the respective permits to remove the fallen trees in the bed of the Río Las Palmas from the Comunidad bridge to the Chalaco Bridge. In sub-item 2-4 of that same municipal agreement, it was decided to request the CNE to clean the bed of said river (case file documents).\n\nOn May 15, 2018, the Special Commission of Guaco informed the Municipal Council about the issue raised by the residents of Paso Tempisque, where the matters to be brought by the appellant in the amparo appeal to be filed were analyzed. Likewise, upon learning of the 2015 CNE report, they agreed to request a technical study indicating whether or not the levees built on the farm had any influence on the flooding of October 4, 2017 (case file documents).\n\nThe Municipality and the Municipal Council have worked together with the representatives of the Communities of Palmira and Paso Tempisque to resolve the issues affecting them; actions have been taken within the scope of their powers, establishing communication channels with other State institutions such as INDER, MINAET, and CNE, as well as with private entities such as UZADIS and the Paso Tempisque Comprehensive Development Association (case file documents).\n\nThe CNE has prepared two technical reports from the CNE's Risk Research and Analysis Unit related to risk assessments in the area, namely: \"Technical Report IAR-INF-0730-2015, titled 'Land risk assessment in Palmira de Carrillo, Guanacaste, as a procedure for possible acquisition by INDER'\" and \"Technical Report DPM-INF-1109-2008, titled 'Land-use regulations (Regulaciones en el uso del suelo) due to flooding in the Central district of Carrillo, Guanacaste, Costa Rica.'\" Reports that were carried out pursuant to the Risk Management Policy, so that coordination bodies or the various requesting public institutions can carry out their risk and threat prevention tasks within the scope of their powers (see report rendered under oath and evidence provided to the case file).\n\nIV.- Unproven facts. For the resolution of this matter, it was not proven that: 1) The wall alleged by the appellant, or the works carried out by INDER in 2017, intensified the flooding in the Paso Tempisque area during the passage of the Nate storm. 2) The affected parties and residents of the area filed or submitted any complaint before the CNE regarding the problems they suffered as a result of the flooding caused by the Nate storm. 3) The respondent Municipality responded in writing to the complaint filed in October 2017 to the affected parties harmed by the storm's ravages and signatories of the complaint.\n\nV.- On the right to prompt and completed justice. The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee citizens the fulfillment of prompt and completed justice, without denial, which implies, in the field of administrative justice, its obligation to decide with diligence and speed the claims raised by those administered, in such a way that its resolution is consistent with the issues alleged, as well as to communicate the decision to the interested parties, all within a reasonable timeframe.\n\nThus, the “reasonable” nature of the duration of the administrative activity is determined on a case-by-case basis based on various elements, such as the technical complexity of the administrative matter, the breadth of the evidence to be taken, or the degree of affectation to the person or the environment of the challenged act, from which it can be inferred that there is no strict right to the constitutionalization of deadlines, but rather a right to have constitutional control applied to those actions of the Administration in which there are insufficient grounds to justify the time taken in resolving some type of administrative procedure.\n\nVI.- Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73, and 89 of the Magna Carta), as well as through international regulations. In this regard, this Tribunal, in ruling No. 3705-93 of 3:00 p.m. on July 30, 1993, stated: “(...) Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of ‘injury’ (lesión), already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself.” Likewise, there is an obligation of the State to protect the environment, which is expressly contemplated in the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution, which provides: “Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe that right and to claim reparation for the damage caused.” This provision is complemented by what is established in numeral 11 of the “Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights.” By harmoniously interpreting both norms, the precautionary principle can be derived, according to which the State must take all necessary measures—within the scope permitted by law—to prevent irreversible damage to the environment. In relation to the foregoing, this Chamber, through ruling No. 180-98 of 4:24 p.m. on January 13, 1998, argued: “(...) the State not only has the inescapable responsibility to ensure that the health of each of the persons composing the national community does not suffer damage from third parties, in relation to these rights, but also must assume the responsibility of achieving the appropriate social conditions so that each person may enjoy their health, understanding such right as a state of physical, mental (or psychological), and social well-being.”\n\nVII.- Regarding the specific case. In this case, it is evident from the case file that, indeed, the El Guaco property is owned by INDER and was acquired with a retaining wall built by the prior owner of the property. Subsequently, and by the year 2017, INDER carried out a series of works on the cited property, corresponding to the construction of roads in the peasant settlement (asentamiento campesino), where culvert crossings were erected with their respective headwalls and concrete boxes for water channeling; additionally, the internal roads were ballasted; said project was carried out through the INDER Infrastructure and Settlement Design Area, via Abbreviated Tender 2016LA-000024-02N. Likewise, it is established that with the passage of natural phenomenon Nate, which occurred in October 2017, the residents of Paso Tempisque who were affected submitted on October 25, 2017, the note dated October 24, solely to the Secretary of the Municipal Council and the Mayor, both of the Municipality of Carrillo, where they set forth the problems they suffered from the effects of storm Nate, which, in their opinion, were caused by “(...) the new tenants have made some modifications to the relief of their lands, such as fill with ballast and certain parts with the remodeling of internal roads of this property, in which they used large quantities of material to raise the roads by significant measures, which rather makes us think that these are walls disguised as roads, since on the day of the event these roads (walls) did not present adequate culverting to release the amount of water that was generated there, causing a veritable dam in that sector that ended with the direct entry of the Río Palmas into the Paso Tempisque sector.” Now, from the reports rendered under oath, as well as from the evidence adduced to the file, it is established that, although the Municipality of Carrillo, on the occasion of the cited complaint, has interceded to seek a solution in favor of those affected by the storm, and even interdisciplinary commissions have been formed to deal with these problems, the truth is that it was not proven that the joint efforts had converged on a solution, nor that the Municipality of Carrillo had informed the signatories of the 2017 complaint in writing of the progress or the status of the process. As was proven in the file, although progress must be made jointly by the respondent authorities, the pending process that is being claimed was filed before the Municipal Council and the Municipal Mayor of Carrillo. Based on the foregoing, this Chamber considers that there has indeed been an undue delay or unjustified holdup that violates the fundamental right enshrined in Article 41 of the Political Constitution, since, at the time of filing the appeal (recurso), the protected parties have not been informed in writing of the result of their procedures and the status of the case. From this perspective, the appropriate course is to uphold the appeal solely against the Municipality of Carrillo, as is hereby ordered.\n\nVIII.- The authorities of the Rural Development Institute and the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, Research and Risk Analysis must keep in mind that they are also compelled to attend to and collaborate with the procedures carried out by the Municipality of Carrillo, as a result of the procedures filed by the residents of the area who indicate they suffered affectations from the passage of storm Nate, in order that, if necessary, it be detected whether there indeed exists any anomaly in the works carried out on the El Guaco Property that could pose a danger to the inhabitants of the Paso Tempisque sector.\n\nIX.- SEPARATE NOTE BY JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ. I have been dissenting in those cases that seek to correct through the amparo appeal (recurso de amparo) the mere inactivity of the administration in the exercise of its competences and powers, on the argument that they can be litigated in the ordinary legal channels, considering that this Chamber is not, nor should become, a single or omnipresent instance that diminishes the other avenues of judicial protection created for this purpose by the constituent and the legislator. I have clarified, however, that I do consider cases of administrative inactivity to be protectable through this channel in the matters indicated if it produces a direct affectation on the exercise of fundamental rights regulated in the Political Constitution or in international human rights treaties, provided they are susceptible to being heard in a very summary process of a special nature and urgency, as is the amparo as a procedural institution. Such is the case of this appeal, where the existence of an intense affectation of the right to personal integrity of the protected persons and their right to property has been demonstrated; for this reason, I considered it necessary that the Chamber exercise its jurisdiction to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the protected persons as stated in the filing document.\n\nX.- Documentation provided to the file. The parties are forewarned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe appeal is partially upheld, solely against the Municipality of Carrillo. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez and Roberto Canales Canales, in that order, Mayor and President of the Municipal Council of Carrillo, both of the Municipality of Carrillo, or whomever holds those positions in their stead, are ordered to issue the necessary instructions so that within a period of EIGHT DAYS counted from the notification of this judgment, they inform the affected parties in writing of the status of their complaint and, subsequently, take the necessary measures that are pertinent so that the case is resolved definitively within a reasonable time. It is warned that failure to comply with said order could incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whomever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided the crime is not more severely punished. The Municipality of Carrillo is ordered to pay the costs (costas), damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative proceedings. This resolution shall be personally notified to the respondent authorities. In all other respects, the appeal is dismissed. Take note, the authorities of the Rural Development Institute and the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, Research and Risk Analysis, of what is set forth in Considerando VIII of this judgment. Judge Hernández López appends a note.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente a.i\n\t\n  \n\n\nPaul Rueda L.\n\t\n  \n\t\nNancy Hernández L.\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\t\n  \n\t\nJorge Araya G.\n\n\nHubert Fernández A.\n\t\n  \n\t\nLucila Monge P.\n\n\n\n\n\n\n  \n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 05:46:47.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }