{ "id": "nexus-sen-1-0007-944283", "citation": "Res. 17952-2019 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Uso desproporcionado de esposas Marshall en traslado aéreo de mujer embarazada", "title_en": "Disproportionate use of Marshall restraints during aerial transport of pregnant detainee", "summary_es": "La Sala Constitucional resolvió un recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de una mujer detenida por delito de narcotráfico y sujeta a prisión preventiva. La recurrente alegó que se le colocaron esposas tipo Marshall sobre el abdomen y las manos, se le transportó por vía aérea sin consulta médica previa a pesar de su embarazo de cinco meses, se difundió un video del traslado y se fijó erróneamente una fecha de indagatoria que afectaba su derecho de defensa. La mayoría del tribunal desestimó el recurso, considerando que la detención fue legal, la detenida no presentó afectación a su salud según dictámenes médicos y el error en la fecha fue subsanado. Sin embargo, la Magistrada Monge Pizarro emitió un voto salvado parcialmente estimatorios, concluyendo que la utilización de las esposas fue desproporcionada e innecesaria, violatoria de la dignidad humana e integridad física de la tutelada, dada su condición de embarazo y la falta de justificación razonable.", "summary_en": "The Constitutional Chamber ruled on a habeas corpus petition filed on behalf of a woman detained on drug trafficking charges and held in pretrial detention. The petitioner alleged that Marshall-style restraints were placed on her abdomen and hands, she was transported by air without prior medical consultation despite being five months pregnant, a video of the transport was disseminated, and an erroneous date was set for her investigative statement, impairing her defense. The majority of the court dismissed the petition, finding the detention lawful, no health impairment per medical reports, and the date error corrected. However, Judge Monge Pizarro issued a partially dissenting opinion, holding that the use of restraints was disproportionate and unnecessary, violating human dignity and physical integrity given the detainee's pregnancy and lack of reasonable justification.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "18/09/2019", "year": "2019", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "hábeas corpus", "voto salvado", "personas privadas de libertad", "Reglas de Bangkok", "esposas Marshall", "dignidad humana", "uso desproporcionado de la fuerza" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 48", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Arts. 15, 23, 24, 44", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "hábeas corpus", "esposas Marshall", "mujer embarazada", "traslado aéreo", "dignidad humana", "Sala Constitucional", "voto salvado", "uso desproporcionado de la fuerza", "derechos de las personas privadas de libertad", "Reglas de Bangkok" ], "keywords_en": [ "habeas corpus", "Marshall restraints", "pregnant woman", "aerial transport", "human dignity", "Constitutional Chamber", "dissenting vote", "disproportionate use of force", "rights of detainees", "Bangkok Rules" ], "excerpt_es": "No comparto el criterio expuesto por la mayoría en el considerando VIII que indica que la decisión de esposar a la persona imputada de una causa penal es “discrecional de la policía que está a cargo de la custodia”. Asimismo tampoco tiene sustento probatorio lo indicado en el sentido de que la medida fue necesaria para resguardar la seguridad de la tutelada y del resto de pasajeros. (...) En el caso que se analiza, no medió ninguna justificación razonable de la utilización de los inmovilizadores o esposas tipo Marshall en el cuerpo de la tutelada, al momento de ser trasladada en la aeronave, -vehículo cerrado- siendo que la medida resulta desproporcionada y arbitraria, puso en riesgo su integridad física y la de su bebé (...). Por lo expuesto, declaro con lugar parcialmente el recurso planteado y condeno al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados.", "excerpt_en": "I do not share the opinion expressed by the majority in paragraph VIII, which states that the decision to handcuff an accused person in a criminal case is “discretionary of the police in charge of custody.” Nor is there any evidentiary basis for the claim that the measure was necessary to protect the safety of the detainee and the other passengers. (...) In the case under review, there was no reasonable justification for using restraints or Marshall handcuffs on the detainee during transport in the aircraft—a closed vehicle—and the measure was disproportionate and arbitrary, endangering her physical integrity and that of her baby (...). Therefore, I partially grant the petition and order the State to pay the resulting damages.", "outcome": { "label_en": "Denied (with partially dissenting opinion)", "label_es": "Sin lugar (con voto salvado parcialmente con lugar)", "summary_en": "The majority of the Constitutional Chamber denied the habeas corpus petition, while Judge Monge Pizarro dissented, granting the petition only with respect to the disproportionate use of Marshall restraints and ordering the State to pay damages.", "summary_es": "La mayoría de la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de hábeas corpus, mientras que la Magistrada Monge Pizarro emitió un voto salvado declarando con lugar el recurso únicamente en cuanto al uso desproporcionado de las esposas Marshall y condenó al Estado al pago de daños y perjuicios." }, "pull_quotes": [ { "context": "Voto Salvado de la Magistrada Monge Pizarro", "quote_en": "In the case under review, there was no reasonable justification for using restraints or Marshall handcuffs on the detainee during transport in the aircraft—a closed vehicle—and the measure was disproportionate and arbitrary, endangering her physical integrity and that of her baby.", "quote_es": "En el caso que se analiza, no medió ninguna justificación razonable de la utilización de los inmovilizadores o esposas tipo Marshall en el cuerpo de la tutelada, al momento de ser trasladada en la aeronave, -vehículo cerrado- siendo que la medida resulta desproporcionada y arbitraria, puso en riesgo su integridad física y la de su bebé." }, { "context": "Voto Salvado de la Magistrada Monge Pizarro", "quote_en": "The Inter-American Court of Human Rights has recognized that pregnancy constitutes a condition of particular vulnerability for women, and therefore violations of their rights occurring during detention have a differentiated impact.", "quote_es": "La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el estado de embarazo constituye una condición de particular vulnerabilidad de la mujer, por lo que las violaciones a sus derechos que se produzcan en la detención tienen una afectación diferenciada." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-944283", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 17952 - 2019\n\nFecha de la Resolución: 18 de Setiembre del 2019 a las 11:40\n\nExpediente: 19-015376-0007-CO\n\nRedactado por: Ana María Picado Brenes\n\nClase de asunto: Recurso de hábeas corpus\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*190153760007CO*\n\nExp: 19-015376-0007-CO\n\nRes. Nº 2019-017952\n\n\n\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cuarenta minutos del dieciocho de setiembre de dos mil diecinueve\n\n          Recurso de hábeas corpus que se tramita en expediente número 19-015376-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], contra LA FUERZA PÚBLICA, LA FISCALÍA DE NARCOTRÁFICO DE SAN JOSÉ, EL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE OSA, EL JUZGADO PENAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA.  \n\nResultando:\n\n         1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 13:17 hrs. del 26 de agosto de 2019, la parte recurrente presenta recurso de hábeas corpus y expone que, contra su representada se tramita la causa No. [Valor 002]. Aduce que el 22 de agosto de 2019, el juzgado recurrido impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de [Nombre 002], por el plazo de 3 meses que vencen el 22 de noviembre de 2019. Indica que la tutelada fue detenida en Palmar Norte de Osa por agentes del Organismo de Investigación Judicial a quienes se les advirtió que se encontraba en el quinto mes de gestación. Manifiesta que fue trasladada a las celdas del OIJ de Osa y en el acto se informó que sería representada por el recurrente, quien informó que la atendería en la Fiscalía de Narcotráfico en San José, debido a compromisos personales. Señala que, pese a la condición de la tutelada, los agentes de las Secciones de Cárceles y de Transporte del OIJ utilizaron un inmovilizador denominado Marshall, el cual colocaron sobre su abdomen y en sus manos. Además, le colocaron un trapo sobre su cabeza. Refiere que, sin consulta médica previa, la transportaron vía aérea por medio del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública. Agrega que la tutelada se quejó de dolor por la cadena colocada sobre su vientre, posteriormente fue introducida en un vehículo para transporte de personas privadas de libertad, del Ministerio de Seguridad Pública, placa No. 3409. Arguye que se puso en riesgo la integridad física de su tutelada y sin justificación alguna, la filmaron con una cámara desde el momento en que descendió del avión hasta que fue introducida en el vehículo para transporte de detenidos, video que posteriormente fue entregado a los medios de comunicación. Expone que en la Fiscalía de Narcotráfico, la tutelada sufrió un quebranto de salud, por lo que fue trasladada al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para ser atendida, sin tener oportunidad de imponerse de los hechos y pruebas, mientras que la fiscal instructora dispuso solicitar audiencia ante el Juzgado Penal y se impuso la prisión preventiva. Agrega que el 22 de agosto de 2019 recibió notificación de la fiscalía en la que señala hasta el 30 de setiembre de 2019 a las 9:00 horas, la posibilidad de que su representada pueda declarar ante el ministerio recurrido, lo que la deja en indefensión.\n2.- Mediante auto de las 13:16 hrs. del 26 de agosto de 2019 se dio curso al presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 27 de agosto de 2019.\n         3.- Por escrito presentado el 28 de agosto de 2019, informa bajo juramento DANIEL CALDERÓN RODRÍGUEZ, en su condición de Director General de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública que, con base al oficio N° MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSBRUN-DPCO-DDPAL-256-2019, suscrito por el oficial José Díaz Flores en su condición de jefe de Puesto de la Delegación Policial de Osa, consta y transcribo en lo que interesa para la resolución del presente asunto:  “En respuesta al recurso de hábeas corpus, recurrente [Nombre 001] , recurrido poder judicial, expediente N° 19-015376-0007-CO. Le informo sobre el actuar de la Fuerza Pública del Cantón de Osa, el pasado martes 20 de agosto del 2019, al ser las ocho horas con treinta minutos da inicio un operativo en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial con los investigadores Walter Vargas Quiel, Emilio Fallas Jiménez, Diego Duran Rivera y Mario Camacho Campos en la unidad 3-24 en conjunto con Fuerza Pública con los oficiales Sub Intendente Elías Barquero Castro, Félix Campos Matarrita y Olman Quesada Venegas para lograr realizar ordenes de capturas pendientes en el cantón de Osa. Al ser las ocho horas con cuarenta minutos salen en la unidad 2339, los oficiales Félix Campos Matarrita, acompañado del Sub Intendente Elías Barquero Castro y los oficiales del Organismo de Investigación Judicial Mario Camacho Campos y Diego Duran Rivera, y en la unidad 3-24 del Organismo de Investigación Judicial, salen Walter Vargas Quiel y Emilio Fallas Jiménez acompañado por el oficial de Fuerza Pública Olman Quesada Venegas, dando inicio al operativo con la finalidad de realizar las órdenes de captura pendientes. Al ser las diez horas con cuarenta minutos el oficial Olman Quesada Venegas, informan que tienen detenida a [Nombre 002] cédula de identidad 6 0421 0414, por el delito infracción a la ley de psicotrópicos, expediente [Valor 002], conocida como la Reina del Sur, ubicados en Palmar Norte en el en el centro comercial donde está el banco popular propiamente en una tienda a un costado del negocio la casa del color, indicando que los oficiales del Organismo de Investigación Judicial ingresaron y detuvieron a [Nombre 002] los cuales los cuales le pusieron las esposas, mientras que el oficial de Fuerza Pública Olman Quesada Venegas daba seguridad en la entrada de la tienda ya que habían dos hombres brindando seguridad y que en apariencia eran guardaespaldas de la detenida [Nombre 002], por lo que de inmediato solicitando que la unidad móvil 2359 con David Calderón Badilla y Yessenia Rodríguez Mora, se trasladara a colaborar. De inmediato y por motivos de seguridad [Nombre 002] fue trasladada a las instalaciones del Organismo de Investigación Judicial de Ciudad Cortes en la unidad 3-24 con los oficiales del Organismo de Investigación Judicial Walter Vargas Quiel, Emilio Fallas Jiménez acompañados de la oficial de Fuerza Pública Yessenia Rodríguez Mora ya que la detenida era una mujer, mientras que la unidad 2359 con los oficiales David Calderón Badilla y Olman Quesada Venegas, brindaron custodia dándole seguimiento en todo momento en el traslado hasta las instalaciones en Ciudad Cortes, donde quedo en celdas del Organismo de Investigación Judicial en custodia de la oficial Yessenia Rodríguez Mora de Fuerza Pública, mientras la unidad 2359 con los oficiales David Calderón Badilla y Olman Quesada Venegas, permanecieron en la parte externa brindando seguridad al perímetro. Al ser las doce horas con treinta minutos se trasladó a [Nombre 002], en un vehículo del Organismo de Investigación Judicial, para la pista aeródromo de Quepos, en este traslado Fuerza Pública solo brindo la custodia con personal y vehículos. Al ser las trece horas con treinta y seis minutos, informa el Intendente José Díaz Flores que despega la aeronave MSP 010 rumbo a B1, Capitán Gustavo Abarca Amador, con la detenida [Nombre 002] cédula 6 0421 0414, alias la reina del Sur y los custodios del Ministerio Público que iban en la avioneta de custodia fueron Adrián Rodríguez, Fabiola Rodríguez, Eddy Ulate Naranjo y Verónica Moya, en la avioneta no iba ningún funcionario del Ministerio de Seguridad Pública...”. En el mismo orden de ideas, transcribe lo señalado en el oficio N° MSP-DM-DVURFP-DSVA-DOA-0709-2019, suscrito por el oficial Juan Carlos Guerrero Castro, Jefe Operaciones Aeronáuticas del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública: “En el caso de la Dirección del Servicio de Vigilancia, en este informe única y exclusivamente se referirá a lo actuado por los oficiales de nuestra Dirección durante el traslado de la señora Cristel Varíela [Nombre 002], lo anterior con el fin de respetar actuaciones de otras entidades participantes, ya que las mismas siguen los protocolos establecidos para el abordaje de estas situaciones en el marco de sus competencia. En este mismo orden de ideas se debe señalar que el 20 de agosto del 2019, se recibió solicitud por parte del señor Walter Espinoza Director del Organismo de Investigación Judicial para el traslado aéreo de la señora [Nombre 002], desde el aeropuerto la Managua en Quepos hacia el Servicio de Vigilancia Aérea en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En dicho vuelo participaron por parte del Servicio de Vigilancia Aérea, dos pilotos, dos oficiales del Grupo de Operaciones Especiales y cuatro oficiales del Organismo de Investigación Judicial como custodios de los cuales tres eran mujeres, el vuelo se realizó en una aeronave tipo VI2 con capacidad para 13 pasajeros, la cual salió del aeropuerto La Managua en Quepos a las 13:35 horas y arribó a las instalaciones a las 13:55 horas, es importante señalar que durante el abordaje, traslado y desabordaje de la señora [Nombre 002], siempre se le garantizaron sus derechos bajo el marco de la legalidad, así mismo es necesario indicar una vez más que durante el tiempo en el cual intervinieron los oficiales, la señora Gómez en ningún momento manifestó sentir algún quebranto en su salud. Una vez recibido el vuelo en las instalaciones del Servicio de Vigilancia Aérea se hizo el trasbordo desde el avión, hacia un vehículo para el traslado de detenidos, en el cual abandonó las instalaciones a cargo y bajo custodio del Organismo de Investigación Judicial...”. Las diligencias policiales de la Fuerza Pública obedecieron a un operativo en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial para ejecutar ordenes de captura en contra de personas en el cantón de Osa. Siendo que al ser las 10:40 horas oficiales del Organismo de Investigación Judicial, realizan la detención de la señora [Nombre 002], toda vez que mantenía orden de captura bajo expediente N° [Valor 003]. Así las cosas, los oficiales de la Fuerza Pública, únicamente asistieron a los agentes judiciales con la seguridad perimetral. En cuanto a la participación del Servicio de Vigilancia Aérea, obedeció a una solicitud del señor Walter Espinoza Director del Organismo de Investigación Judicial para realizar el traslado aéreo de la señora [Nombre 002], desde el aeropuerto La Managua en Quepos hacia el Servicio de Vigilancia Aérea en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Solicita se desestime el recurso.\n          4.- Por escrito presentado el 29 de agosto de 2019, el recurrente ([Nombre 001] y [Nombre 001]), ajunta copia del nuevo señalamiento de la Fiscalía de Narcotráfico en la cual se indica que el señalamiento por error se consignó para el 30 de setiembre, cuando lo correcto era para el 30 de agosto ambas fechas de 2019.\n          5.- Por escrito presentado el 29 de agosto de 2019, informa bajo juramento MARIO CAMACHO CAMPOS, en su condición de Jefe de la Oficina Regional del OIJ de Osa que, la participación de esta Oficina Regional, se limitó únicamente las diligencias realizadas desde la detención de la tutelada, en Palmar Norte, Osa, hasta el momento en que esta fue entregada en manos del personal de la Sección del Organismo de Investigación Judicial contra el Crimen Organizado en el aeropuerto de Quepos quienes la recibieron para su traslado en avión hacia San José. De manera que una vez que el personal de ese despacho entregó la citada persona detenida en el aeropuerto de Quepos, y no tuvieron ninguna participación en ninguna otra diligencia del presente asunto. Desde hacía varios meses, este despacho había sido informado por parte del personal de la Sección Especializada contra el Crimen Organizado de este Organismo, que se requería realizar la detención de la señora [Nombre 002], (quien podría estar en la zona de Osa), para ser presentada ante la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de San José, siendo que además se colocó una alerta de Con asuntos pendientes (Comunicar A), en el sistema de Expediente Criminal Único, contra dicha persona. En cumplimiento de lo anterior, personal de ese despacho en conjunto con la Fuerza Pública de Osa, luego de verificar que efectivamente dicha persona continuaba siendo requerida por la Sección Contra en Crimen Organizado, realizaron la detención de la misma, en la localidad de Palmar Norte de Osa, al ser las 10:20 horas del día 20 de agosto 2019, y una vez informada dicha persona de la razón de su detención, procedieron a trasladarla de inmediato a este despacho para los trámites respectivos de Registro de Detención. Al mismo tiempo, le informó vía telefónica el Lic. Cristian Montenegro Guevara, Jefe de la Sección Especializada Contra el Crimen Organizado, del Organismo de Investigación Judicial, que la señora [Nombre 002], debía ser trasladado de inmediato a San José, para lo cual estaba coordinando un traslado en avión, desde el aeropuerto de Quepos. Una vez ingresada a ese despacho la joven [Nombre 002], se le informó por parte de la Conductora de Detenidos que la estaba custodiando Ericka Segura Soto, que dicha detenida indicaba estar embarazada. Por lo anterior de inmediato y en cumplimiento de la obligación por verificar y velar por el estado de salud de las personas detenidas, y contando con la noticia de que la persona detenida indicaba en ese momento estar embarazada, se presenté en la Sección de Cárceles de este despacho, donde mantenían a la citada persona detenida y estando presentes en ese lugar los servidores Ericka Segura Soto, Carlos Arrieta Ugalde, Henry Segura Pereira, Walter Vargas Quiel, así como la Oficial de Fuerza Pública Yesenia Rodríguez Mora, procedió a consultarle a la detenida [Nombre 002], sobre su estado de salud, consultándole si se sentía bien de salud o tenía algún malestar, si requería algún medicamento y si requería de atención médica, a lo cual le indicó claramente y a viva voz, frente a todos los presentes, que se encontraba bien de salud y que no requería de ninguna atención médica ni medicamentos. Acto seguido le informó a dicha persona detenida que por disposición de la Sección Especializada Contra el Crimen Organizado, se requería trasladarla de inmediato hacia San José, donde sería atendida, y le indiqué que existía la posibilidad de realizar su traslado por dos medios: siendo en carro o bien en avión, pero que considerando su estado de embarazo le solicitaba que valorara, tomando en cuenta su salud y su embarazo, por cuál medio le era más adecuado ser trasladada, a fin de realizar un viaje lo más adecuado posible para su persona, a lo cual le contestó que ella ha viajado en muchos aviones y mucho más grandes que esos, por lo que prefería ser trasladada en avioneta, lo cual era más rápido, ya que en carro sería más incómodo. Seguidamente a las 12:02 minutos le informó al Lic. Cristian Montenegro Guevara, que la citada detenida indicaba estar embarazada con cinco meses de gestación. Por lo anterior y respetando la solicitud de la citada persona detenida de que prefería ser trasladada en avión, y no manifestando ningún malestar ni requerir ningún tipo de valoración ni de atención médica, siendo que ella misma señaló que realizar el viaje en carro sería más tedioso y perjudicial para su salud y estado de embarazo, se atendió el requerimiento de la Sección Especializada Contra el Crimen Organizado, para trasladarla al aeropuerto de Quepos, pero adicionalmente tomando en cuenta de que se trata de una mujer que indicaba estar en estado de gestación, no se le trasladó por nuestra parte en ningún vehículo de traslado de personas detenidas, sino que se le trasladó en un vehículo normal para investigación, específicamente en la Unidad PJ 436, el cual se trata de un Pic-Up Isuzu D-Max de cuatro puertas. Dicho traslado se realizó al ser las 12:35 horas del mismo día 20 de agosto de 2019, tal y como consta en el Libro Electrónico de Novedades de ese despacho, en la novedad abajo visible. Una vez en el aeropuerto de Quepos la persona detenida fue recibida por personal de la Sección Especializada Contra el Crimen Organizado, de este Organismo siendo que al momento de entregarle dicha detenida al personal de la citada Sección, se les informó que la citada detenida indicaba estar embarazada. (Ver aporte del Investigador Carlos Arrieta Ugalde, quien le informó al personal de Crimen Organizado que recibió la detenida, sobre el estado de gestación de la misma). Posteriormente el personal citado procedieron a ingresarla a un avión del Servicio de Vigilancia Aérea y procedieron con su traslado hacia San José. Realizada la entrega de la citada persona detenida, el personal de ese despacho regresó a esta Oficina Regional, tal y como consta en la novedad número 18 del libro electrónico de novedades de ese despacho. Por lo antes expuesto, siendo que la participación de este despacho llegó únicamente hasta el momento en que la citada persona detenida fue trasladada al aeropuerto de Quepos, todos los eventos que se alegan a partir de ese momento, deberán ser consultados a las autoridades y personal que continuaron con la atención de dicha persona detenida. Visto lo anterior, queda claro primeramente, que por parte de la Oficina Regional OIJ de Osa, se atendió en todo momento a la citada persona detenida, con un trato digno, lo más humano posible, brindando a dicha persona la mayor comodidad posible, respetando su petición de viajar en avión y no en carro, y en además en apego a todas las normas que tutelan el traslado de personas detenidas, siendo que contrario a lo señalado por el recurrente, sí se tomó en cuenta la condición especial de embarazo de la persona detenida, siendo que al momento de conocer de dicha situación de inmediato verificaron su estado de salud consultándole sobre el mismo, tomando en cuenta su embarazo y previendo alguna situación especial por su estado y esta indicó clara y abiertamente encontrarse bien, no requerir atención médica ni medicamentos, pero además solicitó a viva voz, ser trasladada en avión y no en carro, aduciendo mayor rapidez y comodidad en avión, mencionando su costumbre de viajar en aviones. Por lo anterior, de haberse realizado el traslado en carro, contrariando a la solicitud de la detenida, además de que el viaje habría sido más cansado y tedioso para dicha persona, es muy probable que igualmente se hubiera quejado por habérsele trasladado en carro y no en avión como ella lo solicitó. Así mismo, en cuanto al alegato de recurrente en el sentido de que a la imputada le fueron colocadas esposas o dispositivos de inmovilización Marshall, es importante aclarar que la Oficina Regional de Organismo de Investigación Judicial de Osa, a la fecha no cuenta con dispositivos de ese tipo, por lo que no se le coloca en este despacho ese tipo de dispositivos a ninguna persona detenida, ni mucho menos a la señora [Nombre 002], por lo que de haberle puesto dispositivos Marshal, no fue por parte del personal de este despacho, sino después de que se hizo la entrega de la citada persona detenida, en el aeropuerto de Quepos, de manera que dicha situación no puede ser achacada a ese despacho. En cuanto a todos los demás hechos señalados por el recurrente, por las razones expuestas, ese despacho no tiene ningún conocimiento, ya que en apariencia ocurrieron durante el traslado en avión y después del mismo, diligencias en que ese despacho no tuvo ninguna participación. Solicita se desestime el recurso.\n          6.- Por escrito presentado el 29 de agosto de 2019, informa bajo juramento FABIÁN SERRANO SOTO, en su condición de Juez Penal I Circuito Judicial de San José que, la investigación penal [Valor 002], contra [Nombre 002], fue conocida por el Juzgado Penal de San José y en vista para la imposición de medidas cautelares únicamente respecto a la señora Gómez fue conocida por su persona en condición de juez penal, actualmente y desde el día siguiente de la vista del pasado 22 de agosto se ordenó remitir el expediente al Tribunal Penal de la localidad para conocer la apelación interpuesta por la defensa respecto a la prisión preventiva. Toda la logística del traslado de la imputada a la sede judicial, corresponde a la policía y a la fiscalía, por lo que no podría referirse a temas que solo observé en medios de comunicación que difundieron la noticia. Desde el momento en que la encausada fue puesta a la orden del juzgado penal, se ordenó la valoración médica, que primero fue realizada por el médico forense en celdas judiciales, quien determinó que era necesario que fuera remitida a un hospital local, labor que realizó de inmediato la sección de cárceles sin indicar a cuál centro sería trasladada por razones de seguridad. Ante la proximidad del vencimiento del plazo de 24 horas, la fiscalía puso a la imputada a la orden del juzgado penal, y se señaló de inmediato audiencia oral para conocer las peticiones de la fiscalía y la defensa, no obstante siempre privó la atención médica a la imputada en estado de embarazo, y al ser remitida nuevamente a la sede judicial, se indicó por parte del Hospital Dr. Calderón Guardia, sección de emergencias que no existía ningún problema de salud, por lo que se continuó con la audiencia y se le otorgó el tiempo al defensor para que conversara con su representada, sin que existiera petición de la defensa para solicitar tiempo adicional, por lo que se continuó con la audiencia hasta resolver la situación jurídica de la imputada, se dictó prisión preventiva y la defensa apeló lo resuelto, siendo que corresponderá al Tribunal de juicio resolver si mantiene o no lo resuelto. En razón de la mención que hizo el defensor en audiencia sobre las esposas tipo Marshall y la exposición indebida a la prensa de su representada, se le consultó previo a finalizar la audiencia al defensor y su representada, si querían ser trasladados de inmediato a interponer una denuncia penal por la supuesta tortura, a lo que indicaron que no, además los dictámenes médicos no indicaron que la misma tuviera alguna lesión, marca o seña respecto a las esposas usadas en el traslado, la imputada en la audiencia no estuvo esposada y no se usó ese tipo de dispositivo en presencia del juzgador. Por lo que otros detalles de los alegatos del recurrente se refieren a labores de la fiscalía y la policía a los que no podría dar razón como juez penal. La fiscalía y el tribunal según consultas realizadas ya remitieron copias de los folios pertinentes del expediente, mismo que es sumamente voluminoso (7 tomos) y es seguido contra otras personas (cerca de 50 según indicaciones de la fiscalía).\n          7.- Por escrito presentado el 30 de agosto de 2019, informa bajo juramento LAURA MARÍA MÉNDEZ PORRAS, en su condición de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos del Ministerio Público que, efectivamente la encartada [Nombre 005], es imputada dentro de la sumaria [Valor 002]. El Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, mediante resolución de las 16:27 hrs. del 21 de agosto de 2019, impuso prisión preventiva a la imputada por el plazo de tres meses, que vence el 20 de noviembre de 2019, luego de realizar vista oral y haber escuchado al Ministerio Público, la defensa y la encartada. La encartada fue detenida en un centro comercial en Palmar Norte, según se desprende de la II ampliación de informe N° 004-SECCRO/CI-2018, visible a folio 11 de copias certificadas y folio 3157 del Legajo de Investigación. Hasta que la imputada, fue presentada en la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos en el I Circuito Judicial de San José, según consta en folio 8 de copias certificadas y folio 3155 del Legajo de Investigación se le consultó si contaba con un abogado de su confianza indicando que la representaría en el proceso el abogado [Nombre 001], por lo que se procedió a ubicar al señor ([Nombre 001] y [Nombre 001]), quién comunicó por medio del Lic. Michael Castillo Delgado, que se presentaría para la declaración indagatoria hasta el día siguiente 21 de agosto de 2019, a las 07:30 horas, pese a que se le refirió que durante la noche podría ser recibido en el despacho. No tienen ninguna injerencia en el transporte de los detenidos. A las 08:07 horas del 21 de agosto de 2019, se presentó a la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, el abogado [Nombre 001] para atender la declaración indagatoria de la imputada. Indicándosele en primera instancia los hechos por los que es investigada la encartada y la prueba que consta en el expediente (ver constancia de folio 30 de copias certificadas y folio 3170 del Legajo de Investigación). Sin embargo, al ser las nueve horas con diecinueve minutos del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se suspendió la recepción de la declaración indagatoria según consta en folio 3168 del Legajo de Investigación, por cuanto la imputada refirió sentirse mal de salud, y su abogado requería más tiempo. Por lo que fue remitida a Celdas del I Circuito Judicial de San José, para ser valorada por el Médico Forense, tal como fue solicitado por la suscrita según consta en folios 3165 y 3166 del Legajo de Investigación. Desde que la imputada fue presentada al despacho, se le consultó sobre su condición de salud, manifestando que se sentía bien y no requería atención médica (ver constancia de folio 3167). Adicionalmente, considerando que la hora de fue a las 10:06 horas del 20 de agosto de 2019, y estando próximas a vencer las primeras veinticuatro horas desde su detención, se remitió el expediente al Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, recibido a las 09:59 horas del 21 de agosto de 2019 y la encartada se puso a la orden de dicho juzgado, para que se conociera la solicitud de imposición de prisión preventiva del Ministerio Público, tomando en cuenta que pesaba contra la encarta orden de captura internacional y así resolviera su situación jurídica dentro de los plazos de ley. Lo anterior tomando en consideración las resoluciones 2001-11842, 2001-8952, 9536-2012 de la Sala Constitucional y la resolución N° 2015-010074, de las nueve horas veinte minutos del tres de julio de dos mil quince. La encartada refirió tener un quebranto de salud, que por recomendación del médico forense (ver folio 90 de copias certificadas o folio 936 del Legajo de Medidas Cautelares), fue remitida al Hospital Calderón Guardia para su valoración (ver folio 92 de copias certificadas o folio 937 del Legajo de Medida Cautelar). Lo cual, impidió incluso, una vez finalizada la vista de prisión preventiva continuar y concluir la declaración indagatoria, por cuanto su abogado refirió que la encartada, aún se sentía mal, circunstancia de la que fue testigo el fiscal coordinador Gustavo Nájera Picado. Lo cual, demuestra que ha sido la misma defensa, quién ha retrasado la continuación de la declaración indagatoria. Ya que el Ministerio Público, como se ha referido líneas atrás, informó a la defensa de que la encartada se encontraba en Celdas del I Circuito Judicial de San José, y que se requería su presencia desde el 20 de agosto de 2019, a las quince horas con veinte minutos aproximadamente, presentándose hasta el 21 de agosto de 2019 a las ocho horas aproximadamente, para después de una hora de estar con su defendida, indicar que la imputada se sentía mal, al igual que una vez finalizada la vista de solicitud de prisión preventiva. Es decir, el Ministerio Público, ha estado en la mayor disposición de finalizar la declaración indagatoria de la investigada con la mayor prontitud. Luego de finalizada la vista en la que se le impuso prisión preventiva a la tutelada, se le solicitó al abogado [Nombre 001], esperar para finalizar la diligencia de indagatoria: sin embargo, refirió que la imputada no se sentía bien de salud, pese a que ya había sido valorada por el médico forense y médicos del Hospital Calderón Guardia, por lo que solicitó realizarla otro día. Además, es importante indicar, que el juez penal que impuso la prisión preventiva ordenó que la imputada fuera valorada por un especialista en Ginecología del Hospital Calderón Guardia, dentro de las siguientes 24 horas Razón por la que el día 22 de agosto de 2019 en horas de la mañana le solicitó a la técnica Judicial Gabriela Fernández Aguilera, elaborara la remisión y notificara al abogado defensor la continuación de declaración indagatoria para el día 30 de agosto de 2019, a las 09:00 horas, esto valorando los días que requiere la sección de cárceles del Organismo de Investigación Judicial para el traslado de la detenida. Sin embargo, según constancia de Gabriela Fernández Aguilera, técnica judicial, de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, con fecha 27 de agosto de 2019, visible a folio 35 de copias certificadas y 3174 del Legajo de Investigación, por un error involuntario de la técnica judicial se consignó de manera errónea la fecha de indagatoria 30 de setiembre de 2019, a las 09:00 horas. Circunstancia que fue subsanada por parte de la técnica judicial y su persona, realizando las correcciones correspondientes y notificando nuevamente a la defensa, con la fecha correcta 30 de agosto de 2019, a las 09:00 horas, (ver folios del 36 al 41 de copias certificadas y 3175 a 3179 vuelto del Legajo de Investigación). Respecto al señalamiento de fecha para indagatoria, es importante reafirmar que la misma fue solicitada para realizarla con la mayor prontitud y que por un error material e involuntario, se consignó una fecha errada. Ahora bien, ello no limita a la defensa técnica y material, para que en el momento que lo desea pueda ofrecer prueba y declarar, con relación a los hechos. Siendo que incluso, durante la vista que se conoció la prisión preventiva, el juez penal le refirió al defensor [Nombre 001], que se tomara el tiempo que necesitara, incluso para revisar pieza por pieza del expediente, haciéndole ver a la encartada, su derecho de declarar entorno a los hechos, y fue por una decisión de la defensa técnica y material, que no quisieron declarar en ese momento. Contando con el espacio, que también fue brindado por el Ministerio Público para revisar la totalidad del expediente, pero que, en el caso del Ministerio Público, por un imperativo legal, de resolver la situación jurídica de la encartada dentro del plazo de 24 horas, es que se suspende la continuación de la indagatoria, quedando pendiente su manifestación si deseaba declarar o no, por cuanto ya se le había impuesto de los hechos y prueba que consta en el expediente. Durante la vista de solicitud de prisión preventiva el juez indica expresamente lo siguiente: (audio de la II parte de la vista del minuto 00:00, al 04:18 aproximadamente). Lo anterior acredita que sí existió un derecho de defensa tanto técnica como material, en tomo a la presente investigación, en la que incluso la encartada declaró durante la referida vista, como se indicó anteriormente. Lo cual, demuestra que ha tenido el espacio tanto en el Ministerio Público, como ante el órgano jurisdiccional para el ejercicio de su derecho de defensa. No es cierto, que deba recibírsele su declaración de manera exclusiva en el despacho del Ministerio Público, por cuanto efectivamente el artículo 91, del Código Procesal Penal, refiere en su párrafo final, que la persona imputada tendrá derecho a declarar cuando lo estime necesario, siempre que su declaración sea pertinente y no constituya una medida dilatoria del procedimiento, lo cual pareciera es la intención de la defensa. Asimismo, en el legajo de investigación y en ese despacho, no se ha realizado gestión alguna de la defensa técnica o material, sobre su deseo de aportar prueba o declarar con relación a los hechos. Lo cual, constituye un derecho que no ha sido coartado por el Ministerio Público, ni el ente jurisdiccional. Solicita se desestime el recurso.\n          8.- Mediante resolución de Magistrada Instructora de las 15:00 horas de6 de setiembre de 2019, se solicitó informe al Director del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, a fin de que se refiera a los hechos alegados en el presente recurso, principalmente, para que indique si durante el traslado de la tutelada se utilizaron esposas Marshall y, de ser afirmativa la respuesta, informe con claridad las razones de dicha actuación. \n          9.- En atención a la audiencia conferida informa bajo juramento, Juan Luis Vargas Castillo, en su condición de Director General del Servicio de Vigilancia Áérea que, en efecto, para el traslado de la recurrente se utilizaron esposas. No obstante, se siguieron los protocolos establecidos en el Manual General de Operaciones Aeronáuticas del Departamento de Operaciones Aeronáuticas de la Dirección General del Servicio de Vigilancia Aérea, en el Capítulo 8. Procedimientos de Operación en el Apartado 8.2.1, Procedimientos de Seguridad (SAFETY) para el manejo de la Aeronave, Pasajeros y Carga, inciso b) Procedimientos de Seguridad para Manejo de PAsajeros; punto 3 Transporte de Pasajeros Inamisibles o personas en custodia, el cual señala: \"El SVA transportara pasajeros inamisibles, deportados o personas en custodia\". Asimismo, el capítulo 10 (SECURITY)10.1 Autoridad y Responsabilidad del Personal de Operaciones; Políticas y Procedimientos para las acciones ilícitas, 10.1.2 Trastorno de Conducta de Pasajeros; en el punto 3 que señala: \"Durante el Vuelo, se tomaran las medidas requeridas para que la actitud del pasajero no afecte la seguridad del vuelo por la dificultad que pueda entrañar en las aeronaves de un solo piloto, pues es muy importante la prevención de abordaje del pasajero. Aduce que en el caso de aeronaces de dos pilotos, se recomienda que uno de ellos haga ver al pasajero la amenaza para la seguridad de su actitud y si es del caso debe imponer restricciones físicas.Comenta que esas medidas son tomadas con el fin de brindar la seguridad requerida durante el vuelo, con el fin de desarrollar un vuelo satisfactorio para las personas trasladadas, custodios, la tripulación y la aeronave. Ante esto, indica que la decisión de esposar recae en un criterio discrecional de la policía a cargo de la custodia, aunado a los procedimientos anteriores y a la evaluación de riesgo de la eprsona, la cual, en el caso concreto, era requerida por la justicia por un delito considerado como de \"alto riesgo\" y se hizo así con la intención de evitar alguna situación riesgosa durante el vuelo. Aunado a lo anterior, menciona que la custodia de la señora Gómez durante el abordaje, desabordaje y traslado se realizó por las Oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que en todo momento se mantuvieron junto a ella y durante su traslado se le consultó en varias oportundiades sobre su estado y confort en consideración a su estado y al uso de las esposas.\n          10.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.\n         Redacta Redacta la Magistrada Picado Brenes; y ,\n\n\n\nConsiderando:\n\n\n\n\n         I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente presenta recurso de hábeas corpus y expone que contra su representada se tramita la causa No. [Valor 002]. El 22 de agosto de 2019, el juzgado recurrido impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 3 meses que vencen el 22 de noviembre de 2019. Indica que la tutelada fue detenida en Palmar Norte de Osa por agentes del OIJ a quienes se les advirtió que se encontraba en el quinto mes de gestación. Pese a la condición de la tutelada, los agentes de las Secciones de Cárceles y de Transporte del OIJ utilizaron un inmovilizador denominado Marshall, el cual colocaron sobre su abdomen y en sus manos. Además, le colocaron un trapo sobre su cabeza. Refiere que, sin consulta médica previa, la transportaron vía aérea por medio del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública. Agrega que la tutelada se quejó de dolor por la cadena colocada sobre su vientre, posteriormente fue introducida en un vehículo para transporte de personas privadas de libertad, del Ministerio de Seguridad Pública, placa No. 3409. Arguye que se puso en riesgo la integridad física de su tutelada y sin justificación alguna, la filmaron con una cámara desde el momento en que descendió del avión hasta que fue introducida en el vehículo para transporte de detenidos, video que posteriormente fue entregado a los medios de comunicación. Expone que en la Fiscalía de Narcotráfico, la tutelada sufrió un quebranto de salud, por lo que fue trasladada al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para ser atendida, sin tener oportunidad de imponerse de los hechos y pruebas, mientras que la fiscal instructora dispuso solicitar audiencia ante el Juzgado Penal y se impuso la prisión preventiva. Agrega que el 22 de agosto de 2019 recibió notificación de la fiscalía en la que señala hasta el 30 de setiembre de 2019 a las 9:00 horas, la posibilidad de que su representada pueda declarar ante el ministerio recurrido, lo que la deja en indefensión.\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\nLa tutelada es imputada dentro de la sumaria [Valor 002] por el delito infracción a la ley de psicotrópicos (hecho no controvertido).\nA las 10:20 hrs. del 20 de agosto del 2019, la tutelada fue detenida en un operativo conjunto de la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial realizado en Palmar Norte de Osa (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nLuego de la detención y por motivos de seguridad, la tutelada fue trasladada a las instalaciones del Organismo de Investigación Judicial de Ciudad Cortes en la unidad 3-24 con los oficiales del Organismo de Investigación Judicial hasta las instalaciones en Ciudad Cortes, donde quedó en celdas del Organismo de Investigación Judicial (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEn el momento de la detención la tutelada advirtió su estado de gravidez de cinco meses por lo que al llegar a las celdas del OIJ se le consultó sobre su estado de salud y si requería atención médica o medicación, a lo cual contestó que no requería atención médica o algún medicamento. Acto seguido le informó que por disposición de la Sección Especializada Contra el Crimen Organizado, se requería trasladarla de inmediato hacia San José, donde sería atendida, y se le indicó que existía la posibilidad de realizar su traslado en auto o en avión, y la tutelada eligió ser trasladada en avión (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nLa tutelada fue trasladada al aeropuerto en la Unidad PJ 436, el cual se trata de un Pic-Up Isuzu D-Max de cuatro puertas y no en un vehículo de personas detenidas en razón de su estado de gestación (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEl traslado aéreo se realizó el mismo día 20 de agosto de 2019 en un avión del Servicio de Vigilancia Aérea, el cual despegó del aeropuerto La Managua en Quepos a las 13:35 horas y arribó al aeropuerto Juan Santa María a las 13:55 horas, durante el abordaje, traslado y desabordaje de la señora [Nombre 002], siempre se le garantizaron sus derechos bajo el marco de la legalidad y durante el tiempo en el cual intervinieron los oficiales, la señora Gómez en ningún momento manifestó sentir algún quebranto en su salud (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nDesde el momento en que la encausada fue puesta a la orden del juzgado penal, se ordenó la valoración médica, que primero fue realizada por el médico forense en celdas judiciales, quien determinó que era necesario que fuera remitida a un hospital (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nMediante resolución de las 16:27 hrs. del 21 de agosto de 2019, impuso prisión preventiva a la imputada por el plazo de tres meses, que vence el 20 de noviembre de 2019 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nSe indicó por parte del Hospital Dr. Calderón Guardia, sección de emergencias que no existía ningún problema de salud con la tutelada, los dictámenes médicos no indicaron que la misma tuviera alguna lesión, marca o seña respecto a las esposas usadas en el traslado (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEl abogado defensor particular interpuso un recurso de apelación contra la resolución que resolvió sobre las medidas cautelares ordenadas por lo que el asunto se trasladó al Tribunal para que resuelva lo que corresponde (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEn razón de la mención que hizo el defensor en audiencia sobre las esposas tipo Marshall y la exposición indebida a la prensa de su representada, se le consultó previo a finalizar la audiencia al defensor y su representada, si querían ser trasladados de inmediato a interponer una denuncia penal por la supuesta tortura, a lo que indicaron que no, además los dictámenes médicos no indicaron que la misma tuviera alguna lesión, marca o seña respecto a las esposas usadas en el traslado, la imputada en la audiencia no estuvo esposada  (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nPor un error involuntario de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos del Ministerio Público se consignó de manera errónea la fecha de indagatoria de la tutelada para el 30 de setiembre de 2019, a las 09:00 horas. Circunstancia que fue subsanada, realizando las correcciones correspondientes y notificando nuevamente a la defensa, con la fecha correcta 30 de agosto de 2019, a las 09:00 horas, (ver folios del 36 al 41 de copias certificadas y 3175 a 3179 vuelto del Legajo de Investigación e informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nIII.- HECHOS NO DEMOSTRADOS. De importancia para el presente proceso de tutela, no se tienen por acreditados los siguientes hechos:\nQue el video publicado en la página https://www.crhoy.com/nacionales/videos-asi-trasladaron-a-la-reina-del-sur-hasta-san-jose/ haya sido suministrado por algún funcionario de las autoridades recurridas.\nQue desde el momento de la detención de la tutelada hasta su traslado ante la autoridad jurisdiccional, esta haya sufrido alguna lesión o menoscabo en su salud producto del trasporte aéreo o de la utilización de esposas de seguridad.\nIV.- SOBRE EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS. De acuerdo con los artículos 48, de la Constitución Política, 15, y 23, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es competencia de esta Sala velar porque toda autoridad, incluida la jurisdiccional, respete la libertad personal. Esta vigilancia implica hacer valer lo postulado principalmente en los numerales 37, y 39, de la Constitución, 7, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido que la intromisión estatal en la libertad personal sólo es posible cuando está respaldada por las causas previas definidas en la Constitución y las leyes. Es por lo anterior, que el artículo 24, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional detalla acciones específicas de fiscalización que debe aplicar la Sala, tales como, la competencia de la autoridad para restringir la libertad (inciso a), el respeto del artículo 37, constitucional -ya mencionado- (inciso b), si existe resolución que ordene legalmente la prisión preventiva (inciso c), si se descuenta pena por sentencia firme (inciso c), si la medida privativa de libertad es indebida, por algún motivo (inciso d), si la detención se cumple en condiciones legalmente prohibidas (inciso g), si el hecho imputado está previsto por ley preexistente (inciso h).\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el presente asunto, la parte recurrente presenta recurso de hábeas corpus y expone que contra su representada se tramita la causa No. [Valor 002]. El 22 de agosto de 2019. Al efecto, el recurrente reclama cuatro agravios, en el escrito de interposición del presente recurso. Tres de los agravios están relacionados con la detención y traslado de la tutelada -competencia de las autoridades de policía- los que se refieren a la colocación de esposas tipo Marshall, el traslado en avión pese a la condición de embarazo y un video difundido a los medios de comunicación. De otra parte, el último de los agravios se refiere a la fecha en la cual la representante de la Fiscalía de Narcotráfico señala fecha para la indagatoria, lo que estima es un plazo desproporcionado y lesivo del derecho de defensa de la tutelada. En los considerandos siguientes se resolverá de conformidad con las actuaciones de las autoridades recurridas.\nVI.- SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA POLICÍA DE LA FUERZA PÚBLICA Y DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal no logra acreditar alguna la lesión de los derechos fundamentales de la tutelada. Del informe rendido por los representantes de las autoridades recurridas -que se tiene dado bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, la tutelada figura como imputada dentro de la sumaria [Valor 002] por el delito infracción a la ley de psicotrópicos. Por lo anterior, a las 10:20 hrs. del 20 de agosto del 2019, la tutelada fue detenida en un operativo conjunto de la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial realizado en Palmar Norte de Osa. Luego de la detención y por motivos de seguridad, la tutelada fue trasladada a las instalaciones del Organismo de Investigación Judicial de Ciudad Cortes en la unidad 3-24 con los oficiales del Organismo de Investigación Judicial hasta las instalaciones en Ciudad Cortes, donde quedó en celdas del Organismo de Investigación Judicial. En el momento de la detención la tutelada advirtió su estado de gravidez de cinco meses por lo que al llegar a las celdas del OIJ se le consultó sobre su estado de salud y si requería atención médica o medicación, a lo cual contestó que no requería atención médica o algún medicamento. Acto seguido le informó que por disposición de la Sección Especializada Contra el Crimen Organizado, se requería trasladarla de inmediato hacia San José, donde sería atendida, y se le indicó que existía la posibilidad de realizar su traslado en auto o en avión, y la tutelada eligió ser trasladada en avión. La tutelada fue trasladada al aeropuerto en la Unidad PJ 436, el cual se trata de un Pic-Up Isuzu D-Max de cuatro puertas y no en un vehículo de personas detenidas en razón de su estado de gestación. El traslado aéreo se realizó el mismo día 20 de agosto de 2019 en un avión del Servicio de Vigilancia Aérea, el cual despegó del aeropuerto La Managua en Quepos a las 13:35 horas y arribó al aeropuerto Juan Santa María a las 13:55 horas, durante el abordaje, traslado y desabordaje de la señora [Nombre 002], siempre se le garantizaron sus derechos bajo el marco de la legalidad y durante el tiempo en el cual intervinieron los oficiales, la señora Gómez en ningún momento manifestó sentir algún quebranto en su salud. De la base fáctica acreditada a efectos de resolver el presente proceso, este Tribunal Constitucional estima que la detención de la tutelada no fue arbitraria, pues se dio en el marco de una investigación penal en la cual figura como imputada y en la cual se había dictado una orden de captura en su contra. Asimismo, se acreditó que las autoridades de policía recurridas tenían conocimiento del estado de embarazo de la tutelada y actuaron de conformidad con esa condición. Consta que a la recurrente se le consultó si necesitaba atención médica o medicamentos y si quería realizar su traslado a San José en avión o e un vehículo y la tutelada contestó que no requería de atención médica ni medicamentos y prefería viajar en avión para su traslado (ver informe rendido por parte del Jefe de la Oficina Regional del OIJ de Osa). Adicionalmente, según se indicó en Dictame Médico Legal del Departamento de Medicatura Forense, así como, por parte del Hospital Dr. Calderón Guardia, sección de emergencias, no existía ningún problema de salud con la tutelada, los dictámenes médicos no indicaron que la misma tuviera alguna lesión, marca o seña respecto a las esposas usadas en el traslado (ver informe rendido por parte del Juez Penal I Circuito Judicial de San José y prueba aportada los autos). Por último, en relación con el video de la tutelada no fue posible acreditar que este fuese tomado por parte de las autoridades de policía y compartido con los medios de comunicación. En ese sentido, nótese que el juzgador al final de la audiencia de medidas cautelares y en atención de la mención que hizo el defensor particular en la audiencia sobre las esposas tipo Marshall y la exposición indebida a la prensa de su representada, se le consultó previo a finalizar la audiencia al defensor y su representada, si querían ser trasladados de inmediato a interponer una denuncia penal por la supuesta tortura, a lo que indicaron que no. En mérito de lo expuesto, al no poderse acreditar lo acusado por el recurrente en cuanto a los agravios relacionados con las autoridades del policía y el traslado de la recurrente de la zona sur a San José, lo procedente es desestimar el recurso en cuanto a estos agravios se refiere.\n         VII.- SOBRE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL CASO CONCRETO. En relación con los agravios expuestos relacionados con las actuaciones del Ministerio Público, se tiene que, del informe rendido por los representantes de las autoridades recurridas -que se tiene dado bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, la situación jurídica de la tutelada fue resuelta Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, mediante resolución de las 16:27 hrs. del 21 de agosto de 2019, impuso prisión preventiva a la imputada por el plazo de tres meses, que vence el 20 de noviembre de 2019, luego de realizarse vista oral y haberse escuchado al Ministerio Público, la defensa y la encartada. Asimismo, consta que luego de finalizada la vista en la que se le impuso prisión preventiva a la tutelada, se le solicitó al abogado [Nombre 001], esperar para finalizar la diligencia de indagatoria: sin embargo, refirió que la imputada no se sentía bien de salud, pese a que ya había sido valorada por el médico forense y médicos del Hospital Calderón Guardia, por lo que solicitó realizarla otro día. Consta que, por un error involuntario de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos del Ministerio Público se consignó de manera errónea la fecha de indagatoria de la tutelada para el 30 de setiembre de 2019, a las 09:00 horas. Circunstancia que fue subsanada, realizando las correcciones correspondientes y notificando nuevamente a la defensa, con la fecha correcta 30 de agosto de 2019, a las 09:00 horas, (ver folios del 36 al 41 de copias certificadas y 3175 a 3179 vuelto del Legajo de Investigación e informe rendido por parte de las autoridades accionadas). Si bien la representante del Ministerio Público indicó que por error involuntario se indicó una fecha errónea para la indagatoria, lo cierto es que dicha autoridad subsanó dicho error y notificó a la defensa para realizar la actuación indicada. De lo expuesto, considera esta Sala que el indicado error no constituye una vulneración de los derechos fundamentales de la tutelada pues su situación jurídica ya estaba resuelta por parte de la autoridad jurisdiccional competente. Adicionalmente, considera esta Sala que el error fue emendado por parte de la autoridad accionada sin causar algún perjuicio que amerite la tutela del presente proceso. En razón de lo anterior, procede la desestimatoria del recurso también por estos hechos, tal como se indica en la parte dispositiva de la presente resolución.              VIII.- SOBRE LAS CONDICIONES DE LA ENCARTADA DURANTE SU TRASLADO. USO DE ESPOSAS: En cuanto a este punto, es importante aclarar que el uso de esposas se encuentra condicionado al cumplimiento y observación de criterios para definir los casos en los que resulta necesario incurrir a ellas, básicamente, por un tema de seguridad. Al respecto, el Director General del Servicio de Vigilancia Aérea señaló en su informe que el viaje tardó, aproximadamente, 20 minutos y para su traslado se siguieron los protocolos establecidos en el Manual General de Operaciones Aeronáuticas de la Dirección General del Servicio de Vigilancia Aérea, en lo que respecta a Procedimientos de Operación, Procedimientos de Seguridad y de Manejo de Pasajeros Inamisibles o Personas en Custodia. Indicó que en el Capítulo 10 (SECURITY) 10.1.2, punto 3 se dispone \"Durante el Vuelo, se tomarán las medidas requeridas para que la actitud del pasajero no afecte la seguridad del vuelo, por la dificulta (sic) que esto puede entrañar en las aeronaves de un solo piloto (...)\". Además, indicó que esas medidas son tomadas con el fin de brindar la seguridad requerida durante el vuelo y con el fin de desarrollar un vuelo satisfactorio para las personas trasladadas, custodios, la tripulación y la aeronave. Por tanto, la decisión de esposar a un imputado dentro de una causa penal recae sobre un criterio discrecional de la policía que está a cargo de la custodia, aunado a los procedimientos anteriores y a la evaluación de riesgo que se haga. Ante este panorama, no se denota que el medio de sujeción de la tutelada con el uso de esposas, hubiese sido utilizado de manera irrazonable o desproporcionada, toda vez que, tal disposición fue necesaria para resguardar la seguridad no solo de la tutelada, sino del resto de pasajeros. Lo anterior toma se refuerza con el hecho que la acusada es requerida por la justicia por un delito considerado como de \"alto riesgo\". De tal modo, aunque al recurrente le resulte reprochable la medida la medida impugnada debe tener presente que es parte de los procedimientos de contención que pueden utilizar los agentes de Policía con el propósito de brindar seguridad. Por tanto la medida objetada arbitraria, ni contraria a la dignidad de la amparada, pues tal y como se indicó -bajo fe de juramento- durante su traslada de forma constante se le consultó a la encausada sobre su “confort” y estado de salud y en ningún momento refirió que le quitaran las esposas y, mucho menos, indicó necesitar atención médica.         \n         IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA MONGE PIZARRO. Discrepo del voto de mayoría y declaro con lugar parcialmente el recurso interpuesto, en cuanto a la utilización de las esposas o inmovilizador denominado “Marshall” colocado sobre el abdomen y manos de la tutelada, durante el traslado que se le realizó por vía aérea en fecha 20 de agosto de 2019 desde el aeropuerto “La Managua”, sito en la localidad de Quepos, hasta el Aeropuerto Juan Santamaría, ubicado en Alajuela. No comparto el criterio expuesto por la mayoría en el considerando VIII que indica que la decisión de esposar a la persona imputada de una causa penal es “discrecional de la policía que está a cargo de la custodia”. Asimismo tampoco tiene sustento probatorio lo indicado en el sentido de que la medida fue necesaria para resguardar la seguridad de la tutelada y del resto de pasajeros. Lo anterior, por las siguientes razones. En el informe rendido por Juan Luis Vargas Castillo en su condición de Director General del Servicio de Vigilancia Aérea se indica que para dicho traslado se utilizaron esposas, las cuales pueden verse claramente en el video publicado en el medio digital crhoy.com https://www.crhoy.com/nacionales/videos-asi-trasladaron-a-la-reina-del-sur-hasta-san-jose/ donde se observa el momento en que le fueron retiradas al bajarse del avión y la forma de colocación de las mismas en esas partes del cuerpo de la imputada. Aduce dicha autoridad, que para proceder de esa manera se basaron en el Manual General de Operaciones Aeronáuticas del Departamento de Operaciones Aeronáuticas de la Dirección General del Servicio de Vigilancia Aérea en el que se indica que el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) transportará “pasajeros inadmisibles, deportados o personas en custodia” y además dispone que: “Durante el vuelo, se tomarán las medidas requeridas para que la actitud del pasajero no afecte la seguridad del vuelo”; además que “Por la dificultad que esto puede entrañar en las aeronaves de un solo piloto, es muy importante la prevención de abordaje de los pasajeros… En el caso de aeronaves de dos pilotos, se recomienda que uno de los pilotos haga ver al pasajero la amenaza para la seguridad de su actitud y si es del caso, imponer restricciones físicas a éste.” En el supuesto bajo estudio no existe ningún elemento probatorio que demuestre que se requería la utilización de las esposas o inmovilizadores, dado que ninguno de los informes da cuentas de una actitud agresiva, violenta o evasiva de la tutelada, ni de ninguna otra que pusiera en peligro la seguridad de los ocupantes y tripulación de la aeronave. La privada de libertad viajó custodiada por varios efectivos del Ministerio Público, a saber, Adrián Rodríguez, Fabiola Rodríguez, Eddy Ulate Naranjo y Verónica Moya (informe de Daniel Calderón Rodríguez en su condición de Director General de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública). Incluso en el oficio N° MSP-DM-DVURFP-DSVA-DOA-0709-2019, suscrito por el oficial Juan Carlos Guerrero Castro, Jefe de Operaciones Aeronáuticas del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública refirió: “En dicho vuelo participaron por parte del Servicio de Vigilancia Aérea, dos pilotos, dos oficiales del Grupo de Operaciones Especiales y cuatro oficiales del Organismo de Investigación Judicial como custodios de los cuales tres eran mujeres, el vuelo se realizó en una aeronave tipo V12 con capacidad para 13 pasajeros, la cual salió del aeropuerto La Managua en Quepos a las 13:35 horas y arribó a las instalaciones a las 13:55 horas…”. Los hechos apuntados hacen ver que la inmovilización de la privada de libertad durante ese traslado fue completamente innecesaria y por ende desproporcionada, además violatoria de su dignidad humana e integridad física. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el estado de embarazo constituye una condición de particular vulnerabilidad de la mujer, por lo que las violaciones a sus derechos que se produzcan en la detención tienen una afectación diferenciada (Caso Gelman vs. Uruguay, sentencia 24-02-11). Como dato de derecho comparado se tiene que en los Estados Unidos de América, aproximadamente 24 Estados han prohibido la utilización de cualquier objeto que restrinja el movimiento en las muñecas o piernas de las mujeres embarazadas durante su transporte, parto y recuperación. En ese sentido, la Legal Aid Society ha señalado que “Encadenar a mujeres durante el embarazo y durante el período de post parto aumenta el riesgo de complicaciones médicas y pone en peligro la vida de la madre y su hijo.” https://eldiariony.com/2015/12/23/nueva-ley-prohibe-atar-a-prisioneras-durante-el-embarazo/. https://eldiariony.com/2015/10/05/piden-terminar-con-grilletes-para-prisioneras-embarazadas/ https://www.ameliarueda.com/nota/embarazadas-prisioneras-en-nueva-york-no-seran-encadenadas. La organización Amnistía Internacional ha mostrado una gran preocupación por el trato que reciben las privadas de libertad y específicamente en el caso de las “esposas” o inmovilizadores ha indicado: “Uso de medios físicos de inmovilización en mujeres enfermas y embarazadas: esposas y grilletes se utilizan a menudo en mujeres tanto durante su traslado como durante su estancia en el hospital, incluso cuando carecen de antecedentes de violencia o de intentos de fuga. En el caso de las mujeres embarazadas, los medios de inmovilización constituyen una grave amenaza para su salud. Amnistía Internacional ha pedido que el uso de medios de inmovilización se limite a los casos en que la conducta de la presa lo haga necesario.” https://www.amnesty.org/download/Documents/144000/amr510321999es.pdf. Por su parte, las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, denominadas como “Reglas de Bangkok” prevén que a las mujeres privadas de libertad se les debe dar un trato respetuoso de su dignidad y además acorde a su especial vulnerabilidad, que en este caso se ve acentuada por el estado de 5 meses de embarazo. El Poder Judicial dispuso en el Manual de Procedimientos para la contención, conducción e intervenciones corporales de detenidos, en el artículo 52, que: “Los privados de libertad no podrán ser esposados al ser transportados en vehículos cerrados, salvo los casos excepcionales en que existan razones objetivamente comprobables que hagan necesaria esa medida para mantener su seguridad y custodia, así como su integridad física y la de terceros.” Aunado a lo anterior, esta Sala Constitucional en la sentencia número 1995-000277 de las 10:57 horas del 13 de enero de 1995, claramente dispuso: “II. Con relación al primer punto, de los informes rendidos se tiene por demostrado, por una parte, que efectivamente se dispuso el uso de esposas dentro de los vehículos cerrados denominados \"perreras\" (v. folio 27) y para salir a llamar por teléfono cuando se encuentre fuera del ámbito respectivo. La Sala considera que el funcionamiento del sistema penitenciario exige medidas para mantener tanto la seguridad y custodia de las privadas de libertad como su propia integridad o la de terceros.  El uso de esposas metálicas, en ciertas circunstancias excepcionales, resulta no solo conveniente, sino necesario.  Sin embargo, ese uso generalizado dentro de vehículos cerrados aparte de resultar atentatorio de la dignidad humana y, particularmente, de la seguridad de las internas, ya que en caso de accidente o emergencias, el llevar esposas puede tener graves consecuencias para su seguridad e incluso para su vida, también es irrazonable y desproporcionado, así como la obligación de llevarlas para salir del ámbito respectivo a efectuar llamadas telefónicas, estando dentro del mismo Centro Penal […] V. En consecuencia de todo lo anterior, para que sea respetada la dignidad de las privadas de libertad, así como su seguridad e integridad:  a)  en principio, no podrán ser esposadas al ser transportadas en vehículos cerrados ni para salir del ámbito respectivo a hacer llamadas telefónicas siempre que estén dentro del mismo Centro Penal, salvo los casos excepcionales en que existan razones objetivamente comprobables que hagan necesaria esa medida para mantener su seguridad y custodia, así como su propia integridad física o la de terceros, pudiendo dar lugar a sentencias estimatorias si la medida fuera irrazonable, sin causa justificada o desproporcionada;  b)  la seguridad interna de los ámbitos de  convivencia de las privadas de libertad no puede confiarse a personal masculino; y; c) los registros de las pertenencias personales de las privadas de libertad, dentro de sus ámbitos, deben realizarlo el personal femenino del Centro Penal.” En el caso que se analiza, no medió ninguna justificación razonable de la utilización de los inmovilizadores o esposas tipo Marshall en el cuerpo de la tutelada, al momento de ser trasladada en la aeronave, -vehículo cerrado- siendo que la medida resulta desproporcionada y arbitraria, puso en riesgo su integridad física y la de su bebé, pues en eventuales turbulencias o movimientos del automotor no podía sujetarse con sus manos para evitar golpearse. El hecho de que la privada de libertad esté siendo investigada y hubiere sido detenida por un delito relacionado con el tráfico ilícito de drogas, no hace que deba dársele un tratamiento distinto, pues era la única privada de libertad que viajaba en el avión, suficientemente custodiada, no existiendo ninguna conducta evasiva o agresiva de su parte que hubiere puesto en peligro la seguridad y ameritara esa contención. La vulneración a sus derechos y dignidad humana no se diluye por el hecho de que no tuviera rasgos visibles en sus muñecas ni por la circunstancia de que el trayecto duró poco tiempo. Los privados y privadas de libertad lo único que tienen restringida es su libertad ambulatoria, conservando intactos todos sus demás derechos y libertades. Por lo expuesto, declaro con lugar parcialmente el recurso planteado y condeno al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados.              X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\nPOR TANTO:\nSe declara SIN LUGAR el recurso.  La Magistrada Monge Pizarro salva el voto y declara Con Lugar el recurso, únicamente, en cuanto al uso de las esposas. Notifíquese. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFernando Castillo V.\nPresidente a.i\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.                                                   Jorge Araya G.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMarta Esquivel R.                                                       Ana María Picado B.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMauricio Chacón J.                                                    Lucila Monge P.\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 31-03-2026 05:15:44.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**CONSTITUTIONAL CHAMBER**\n\n**Resolution No. 17952 - 2019**\n\n**Date of Resolution:** September 18, 2019, at 11:40 a.m.\n\n**Case File:** 19-015376-0007-CO\n\n**Drafted by:** Ana María Picado Brenes\n\n**Type of Matter:** Habeas corpus appeal\n\n**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\n**Ruling with protected data, in accordance with current regulations**\n\n\n\n**Text of the resolution**\n\n*190153760007CO*\n\nCase File: 19-015376-0007-CO\n\nRes. No. 2019-017952\n\n\n\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at eleven hours and forty minutes on the eighteenth of September of two thousand nineteen.\n\nHabeas corpus appeal processed in case file number 19-015376-0007-CO, filed by [Name 001], identification card [Value 001], on behalf of [Name 002], against THE PUBLIC FORCE (FUERZA PÚBLICA), THE SAN JOSÉ NARCOTICS PROSECUTION OFFICE (FISCALÍA DE NARCOTRÁFICO DE SAN JOSÉ), THE JUDICIAL INVESTIGATION AGENCY OF OSA (ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE OSA), THE CRIMINAL COURT OF THE FIRST JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ (JUZGADO PENAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ), AND THE GENERAL DIRECTORATE OF THE AIR SURVEILLANCE SERVICE (DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA).\n\nWhereas:\n\n**1.-** By written brief received by this Chamber at 1:17 p.m. on August 26, 2019, the appellant files a habeas corpus appeal and states that case No. [Value 002] is being processed against his client. He argues that on August 22, 2019, the appealed court imposed the pretrial detention measure against [Name 002], for a period of 3 months expiring on November 22, 2019. He indicates that the protected person was detained in Palmar Norte de Osa by agents of the Judicial Investigation Agency (OIJ), who were warned that she was in the fifth month of pregnancy. He states that she was transferred to the OIJ jail cells in Osa, and it was immediately reported that she would be represented by the appellant, who reported that he would meet her at the Narcotics Prosecution Office in San José, due to personal commitments. He points out that, despite the protected person's condition, agents from the OIJ Prison and Transport Sections used an immobilizer called a Marshall, which they placed over her abdomen and on her hands. Furthermore, they placed a rag over her head. He states that, without prior medical consultation, they transported her by air via the Air Surveillance Service of the Ministry of Public Security. He adds that the protected person complained of pain from the chain placed over her belly; she was later placed in a vehicle for transporting persons deprived of liberty, belonging to the Ministry of Public Security, license plate No. 3409. He argues that the physical integrity of his client was put at risk and, without any justification, they filmed her with a camera from the moment she got off the plane until she was placed in the vehicle for transporting detainees, video that was later given to the media. He explains that at the Narcotics Prosecution Office, the protected person suffered a health breakdown, for which she was transferred to Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia Hospital for care, without having the opportunity to be informed of the facts and evidence, while the investigating prosecutor decided to request a hearing before the Criminal Court and pretrial detention was imposed. He adds that on August 22, 2019, he received notification from the prosecution indicating that his client might be able to testify before the appealed ministry until September 30, 2019, at 9:00 a.m., which leaves her defenseless.\n\n**2.-** By ruling at 1:16 p.m. on August 26, 2019, this appeal was processed and the appealed authorities were notified on August 27, 2019.\n\n**3.-** By written brief filed on August 28, 2019, DANIEL CALDERÓN RODRÍGUEZ reports under oath, in his capacity as General Director of the Public Force (Fuerza Pública) of the Ministry of Public Security, that based on official letter No. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSBRUN-DPCO-DDPAL-256-2019, signed by officer José Díaz Flores in his capacity as Post Chief of the Osa Police Delegation, it is recorded, and I transcribe the parts relevant to the resolution of this matter: \"In response to the habeas corpus appeal, appellant [Name 001], respondent judicial branch, case file No. 19-015376-0007-CO. I inform you about the actions of the Public Force (Fuerza Pública) of the Canton of Osa on Tuesday, August 20, 2019, at eight hours and thirty minutes, a joint operation began with the Judicial Investigation Agency (OIJ) with investigators Walter Vargas Quiel, Emilio Fallas Jiménez, Diego Duran Rivera, and Mario Camacho Campos in unit 3-24 together with the Public Force (Fuerza Pública) with officers Sub Intendente Elías Barquero Castro, Félix Campos Matarrita, and Olman Quesada Venegas to execute pending arrest warrants in the canton of Osa. At eight hours and forty minutes, officers Félix Campos Matarrita, accompanied by Sub Intendente Elías Barquero Castro, and Judicial Investigation Agency (OIJ) officers Mario Camacho Campos and Diego Duran Rivera left in unit 2339, and in unit 3-24 of the Judicial Investigation Agency (OIJ), Walter Vargas Quiel and Emilio Fallas Jiménez left accompanied by Public Force (Fuerza Pública) officer Olman Quesada Venegas, initiating the operation to execute the pending arrest warrants. At ten hours and forty minutes, officer Olman Quesada Venegas reported that they had detained [Name 002], identification card 6 0421 0414, for the crime of violation of the psychotropic substances law, case file [Value 002], known as the Queen of the South, located in Palmar Norte in the shopping center where the Banco Popular is, specifically in a store next to the business La Casa del Color, indicating that the Judicial Investigation Agency (OIJ) officers entered and detained [Name 002], who they handcuffed, while Public Force (Fuerza Pública) officer Olman Quesada Venegas provided security at the entrance of the store, since there were two men providing security and who apparently were bodyguards of the detainee [Name 002], so mobile unit 2359 with David Calderón Badilla and Yessenia Rodríguez Mora was immediately requested to assist. Immediately, and for security reasons, [Name 002] was transferred to the facilities of the Judicial Investigation Agency (OIJ) in Ciudad Cortés in unit 3-24 with the Judicial Investigation Agency (OIJ) officers Walter Vargas Quiel, Emilio Fallas Jiménez, accompanied by Public Force (Fuerza Pública) officer Yessenia Rodríguez Mora, since the detainee was a woman, while unit 2359 with officers David Calderón Badilla and Olman Quesada Venegas provided custody, following continuously during the transfer to the facilities in Ciudad Cortés, where she was placed in Judicial Investigation Agency (OIJ) cells under the custody of Public Force (Fuerza Pública) officer Yessenia Rodríguez Mora, while unit 2359 with officers David Calderón Badilla and Olman Quesada Venegas remained outside providing perimeter security. At twelve hours and thirty minutes, [Name 002] was transferred in a Judicial Investigation Agency (OIJ) vehicle to the Quepos airstrip; during this transfer, the Public Force (Fuerza Pública) only provided custody with personnel and vehicles. At thirteen hours and thirty-six minutes, Intendente José Díaz Flores reported that aircraft MSP 010 took off heading for B1, Captain Gustavo Abarca Amador, with detainee [Name 002], ID 6 0421 0414, alias the Queen of the South, and the custodians from the Public Ministry who were on the plane for custody were Adrián Rodríguez, Fabiola Rodríguez, Eddy Ulate Naranjo, and Verónica Moya; no official from the Ministry of Public Security was on the plane...\". In the same vein, he transcribes what is indicated in official letter No. MSP-DM-DVURFP-DSVA-DOA-0709-2019, signed by officer Juan Carlos Guerrero Castro, Chief of Aeronautical Operations of the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea) of the Ministry of Public Security: \"In the case of the Directorate of the Surveillance Service, this report will solely and exclusively refer to what was done by the officers of our Directorate during the transfer of Mrs. Cristel Varíela [Name 002], in order to respect the actions of other participating entities, since they follow the protocols established for addressing these situations within the framework of their competencies. In this same vein, it should be noted that on August 20, 2019, a request was received from Mr. Walter Espinoza, Director of the Judicial Investigation Agency (OIJ), for the air transfer of Mrs. [Name 002] from La Managua Airport in Quepos to the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea) at Juan Santamaría International Airport. Participating in said flight from the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea) were two pilots, two officers from the Special Operations Group, and four officers from the Judicial Investigation Agency (OIJ) as custodians, of whom three were women; the flight was carried out in a VI2 type aircraft with a capacity for 13 passengers, which departed from La Managua Airport in Quepos at 13:35 hours and arrived at the facilities at 13:55 hours. It is important to note that during the boarding, transfer, and disembarkation of Mrs. [Name 002], her rights were always guaranteed within the framework of legality; likewise, it is necessary to indicate once again that during the time in which the officers intervened, Mrs. Gómez at no time stated that she felt any health discomfort. Once the flight was received at the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea) facilities, the transfer was made from the plane to a vehicle for the transport of detainees, in which she left the facilities under the charge and custody of the Judicial Investigation Agency (OIJ)...\". The police actions of the Public Force (Fuerza Pública) were in compliance with a joint operation with the Judicial Investigation Agency (OIJ) to execute arrest warrants against persons in the canton of Osa. At 10:40 hours, Judicial Investigation Agency (OIJ) officers arrested Mrs. [Name 002], since she had an arrest warrant under case file No. [Value 003]. Thus, the Public Force (Fuerza Pública) officers only assisted the judicial agents with perimeter security. Regarding the participation of the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea), it was in compliance with a request from Mr. Walter Espinoza, Director of the Judicial Investigation Agency (OIJ), to carry out the air transfer of Mrs. [Name 002] from La Managua Airport in Quepos to the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea) at Juan Santamaría International Airport. He requests that the appeal be dismissed.\n\n**4.-** By written brief filed on August 29, 2019, the appellant ([Name 001] and [Name 001]) attaches a copy of the new scheduling notice from the Narcotics Prosecution Office (Fiscalía de Narcotráfico), indicating that the scheduling was erroneously recorded for September 30, when the correct date was August 30, both in 2019.\n\n**5.-** By written brief filed on August 29, 2019, MARIO CAMACHO CAMPOS reports under oath, in his capacity as Chief of the OIJ Regional Office of Osa, that the participation of this Regional Office was limited solely to the procedures carried out from the detention of the protected person in Palmar Norte, Osa, until the moment she was handed over to the personnel of the OIJ Section against Organized Crime at the Quepos airport, who received her for transfer by plane to San José. Therefore, once the personnel of this office handed over the said detained person at the Quepos airport, they had no participation in any other procedure related to this matter. For several months, this office had been informed by the personnel of the Specialized Section against Organized Crime of this Agency that the arrest of Mrs. [Name 002] was required (who could be in the Osa area) to be presented before the Organized Crime Prosecution Office (Fiscalía Contra el Crimen Organizado) of San José; additionally, an alert for Pending Matters (Communicate A) had been placed in the Unified Criminal Case System against said person. In compliance with the above, personnel from this office, together with the Public Force (Fuerza Pública) of Osa, after verifying that said person was indeed still being sought by the Section against Organized Crime, carried out her arrest in the town of Palmar Norte de Osa at 10:20 hours on August 20, 2019. Once said person was informed of the reason for her arrest, they proceeded to transfer her immediately to this office for the respective Detention Registry procedures. At the same time, Mr. Cristian Montenegro Guevara, Chief of the Specialized Section against Organized Crime of the Judicial Investigation Agency (OIJ), informed me by telephone that Mrs. [Name 002] had to be transferred immediately to San José, for which he was coordinating a transfer by plane from the Quepos airport. Once the young woman [Name 002] entered this office, the Detainee Conductor who was guarding her, Ericka Segura Soto, informed that said detainee stated she was pregnant. Therefore, immediately and in compliance with the obligation to verify and ensure the health status of detained persons, and having the news that the detained person was stating at that moment that she was pregnant, I appeared at the Prison Section of this office where they were holding the said detained person. Being present at that place were officers Ericka Segura Soto, Carlos Arrieta Ugalde, Henry Segura Pereira, Walter Vargas Quiel, as well as Public Force (Fuerza Pública) Officer Yesenia Rodríguez Mora, I proceeded to ask the detainee [Name 002] about her health status, asking her if she felt well or had any discomfort, if she required any medication, and if she required medical attention, to which she clearly and out loud indicated, in front of all present, that she was in good health and did not require any medical attention or medication. I then informed said detained person that, by order of the Specialized Section against Organized Crime, she needed to be transferred immediately to San José where she would be attended to, and I indicated that there was the possibility of her transfer by two means: either by car or by plane. Considering her pregnant condition, I asked her to assess, taking into account her health and her pregnancy, which means was most suitable for her to be transferred, in order to make the trip as appropriate as possible for her person, to which she replied that she has traveled on many planes, and much larger than those, so she preferred to be transferred by small plane as it was faster, since traveling by car would be more uncomfortable. Subsequently, at 12:02 minutes, I informed Mr. Cristian Montenegro Guevara that the said detainee stated she was pregnant with five months of gestation. Therefore, respecting the said detained person's request that she preferred to be transferred by plane, and not manifesting any discomfort nor requiring any type of medical assessment or attention, given that she herself pointed out that making the trip by car would be more tedious and harmful to her health and pregnancy, the requirement of the Specialized Section against Organized Crime was met to transfer her to the Quepos airport. Additionally, considering that she is a woman who stated she was pregnant, she was not transferred by us in any detainee transport vehicle, but rather in a normal investigation vehicle, specifically Unit PJ 436, which is a four-door Isuzu D-Max pickup truck. Said transfer was carried out at 12:35 hours on the same day, August 20, 2019, as recorded in the Electronic Incident Logbook of this office, in the incident entry shown below. Once at the Quepos airport, the detained person was received by personnel from the Specialized Section against Organized Crime of this Agency; at the moment of handing over said detainee to the personnel of the cited Section, they were informed that the said detainee stated she was pregnant. (See contribution from Investigator Carlos Arrieta Ugalde, who informed the Organized Crime personnel who received the detainee about her pregnancy status). Subsequently, the cited personnel proceeded to board her onto an Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea) plane and proceeded with her transfer to San José. Once the handover of the said detained person was completed, the personnel from this office returned to this Regional Office, as recorded in incident number 18 of the electronic incident logbook of this office. Based on the foregoing, since the participation of this office ended at the moment the said detained person was transferred to the Quepos airport, all events alleged from that moment onward must be consulted with the authorities and personnel who continued attending to said detained person. Given the above, it is clear, first, that the Osa OIJ Regional Office attended to the said detained person at all times with dignified treatment, as humanely as possible, providing said person with the greatest possible comfort, respecting her request to travel by plane and not by car, and also in compliance with all norms governing the transfer of detained persons. Contrary to what the appellant states, the special condition of the detained person's pregnancy was indeed taken into account; upon learning of this situation, we immediately verified her health status by asking her about it, considering her pregnancy and anticipating any special situation due to her condition, and she clearly and openly stated that she was fine, did not need medical attention or medication, but also requested aloud to be transferred by plane and not by car, citing greater speed and comfort by plane and mentioning her habit of traveling on planes. Therefore, if the transfer had been done by car, contrary to the detainee's request, besides the trip being more tiring and tedious for said person, it is very likely she would have also complained about being transferred by car and not by plane as she requested. Likewise, regarding the appellant's claim that handcuffs or Marshall immobilization devices were placed on the defendant, it is important to clarify that the Judicial Investigation Agency (OIJ) Regional Office of Osa does not currently have devices of that type; therefore, this office does not place such devices on any detained person, least of all on Mrs. [Name 002]. So, if Marshall devices were put on her, it was not by the personnel of this office but after the handover of the said detained person at the Quepos airport; thus, this situation cannot be attributed to this office. Regarding all other facts mentioned by the appellant, for the reasons stated, this office has no knowledge thereof, as they apparently occurred during the plane transfer and thereafter, procedures in which this office had no participation. He requests that the appeal be dismissed.\n\n**6.-** By written brief filed on August 29, 2019, FABIÁN SERRANO SOTO reports under oath, in his capacity as Criminal Judge of the First Judicial Circuit of San José, that the criminal investigation [Value 002] against [Name 002] was heard by the Criminal Court of San José, and the hearing for the imposition of precautionary measures solely regarding Mrs. Gómez was heard by him in his capacity as criminal judge. Currently, and since the day after the hearing on August 22, it was ordered to send the case file to the Criminal Trial Court of the locality to hear the appeal filed by the defense regarding the pretrial detention. All logistics for the defendant's transfer to the judicial headquarters correspond to the police and the prosecution, so he could not refer to topics he only observed in the media that broadcast the news. From the moment the accused was placed at the order of the criminal court, a medical assessment was ordered, which was first carried out by the forensic doctor in the judicial cells, who determined that it was necessary for her to be sent to a local hospital, a task that the prison section carried out immediately without indicating to which center she would be transferred for security reasons. Given the proximity of the 24-hour deadline's expiration, the prosecution placed the defendant at the order of the criminal court, and an oral hearing was immediately scheduled to hear the prosecution's and defense's requests. However, medical attention for the pregnant defendant always prevailed, and upon being sent back to the judicial headquarters, the Emergency Section of Hospital Dr. Calderón Guardia indicated that there was no health problem. Therefore, the hearing continued, and time was granted to the defense attorney to speak with his client, without there being any request from the defense for additional time, so the hearing continued until the defendant's legal situation was resolved. Pretrial detention was ordered, and the defense appealed the decision, so it will be up to the Trial Court to decide whether or not to uphold the ruling. Due to the mention made by the defense attorney in the hearing about the Marshall-type handcuffs and his client's improper exposure to the press, the defense attorney and his client were asked, prior to the end of the hearing, if they wanted to be transferred immediately to file a criminal complaint for the alleged torture, to which they replied no. Furthermore, the medical reports did not indicate that she had any injury, mark, or sign regarding the handcuffs used during the transfer; the defendant was not handcuffed during the hearing, and that type of device was not used in the presence of the judge. Thus, other details of the appellant's claims refer to tasks of the prosecution and the police, about which he could not give an account as a criminal judge. According to consultations made, the prosecution and the court have already sent copies of the pertinent folios of the case file, which is extremely voluminous (7 volumes) and is being processed against other persons (close to 50, according to the prosecution's indications).\n\n**7.-** By written brief filed on August 30, 2019, LAURA MARÍA MÉNDEZ PORRAS reports under oath, in her capacity as Assistant Prosecutor of the Adjutant Prosecution Office against Drug Trafficking and Related Crimes (Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos) of the Public Ministry, that indeed, the defendant [Name 005] is an accused within summary investigation [Value 002]. The Criminal Court of the First Judicial Circuit of San José, through a resolution at 4:27 p.m. on August 21, 2019, imposed pretrial detention on the defendant for a period of three months, expiring on November 20, 2019, after holding an oral hearing and having heard the Public Ministry, the defense, and the defendant. The defendant was arrested in a shopping center in Palmar Norte, as detailed in the II extension of report No. 004-SECCRO/CI-2018, visible on folio 11 of certified copies and folio 3157 of the Investigation File. It was not until the defendant was presented at the Prosecution Office against Drug Trafficking and Related Crimes (Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos) in the First Judicial Circuit of San José, as recorded on folio 8 of certified copies and folio 3155 of the Investigation File, that she was asked if she had a trusted lawyer, and she indicated that attorney [Name 001] would represent her in the process. Therefore, Mr. [Name 001] was located, who communicated through Lic. Michael Castillo Delgado that he would appear for the investigative statement (declaración indagatoria) the following day, August 21, 2019, at 7:30 a.m., despite being told that he could be received at the office during the night. They have no involvement in the transport of detainees. At 8:07 a.m. on August 21, 2019, attorney [Name 001] appeared at the Prosecution Office against Drug Trafficking and Related Crimes (Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos) to handle the defendant's investigative statement (declaración indagatoria). He was initially informed of the facts for which the defendant is being investigated and the evidence contained in the case file (see record on folio 30 of certified copies and folio 3170 of the Investigation File). However, at nine hours and nineteen minutes on August twenty-first, two thousand nineteen, the taking of the investigative statement (declaración indagatoria) was suspended, as recorded on folio 3168 of the Investigation File, because the defendant reported feeling unwell, and her attorney required more time. She was consequently sent to the Cells of the First Judicial Circuit of San José to be assessed by the Forensic Doctor, as requested by the undersigned, as recorded on folios 3165 and 3166 of the Investigation File. Since the defendant was presented to the office, her health condition was inquired about, and she stated that she felt well and did not require medical attention (see record on folio 3167). Additionally, considering that the time of arrest was 10:06 a.m. on August 20, 2019, and the first twenty-four hours from her detention were about to expire, the case file was sent to the Criminal Court of the First Judicial Circuit of San José, received at 9:59 a.m. on August 21, 2019, and the defendant was placed at the order of said court, so that the Public Ministry's request for imposition of pretrial detention could be heard, considering that an international arrest warrant was outstanding against the defendant, thus resolving her legal situation within the legal deadlines. This was done taking into consideration rulings 2001-11842, 2001-8952, 9536-2012 of the Constitutional Chamber and ruling No. 2015-010074, of nine hours and twenty minutes on July third, two thousand fifteen. The defendant reported having a health crisis, and by recommendation of the forensic doctor (see folio 90 of certified copies or folio 936 of the Precautionary Measures File), she was sent to Hospital Calderón Guardia for assessment (see folio 92 of certified copies or folio 937 of the Precautionary Measures File). This even prevented, once the pretrial detention hearing concluded, continuing and concluding the investigative statement (declaración indagatoria), because her attorney stated that the defendant still felt unwell, a circumstance witnessed by coordinating prosecutor Gustavo Nájera Picado. This demonstrates that it has been the defense itself that has delayed the continuation of the investigative statement (declaración indagatoria). As the Public Ministry has stated in preceding lines, the defense was informed that the defendant was in the Cells of the First Judicial Circuit of San José and that her presence was required from August 20, 2019, at approximately three hours and twenty minutes, but she did not appear until August 21, 2019, at approximately eight o'clock, only to indicate, after one hour with her client, that the defendant felt unwell, and the same after the conclusion of the pretrial detention request hearing. That is, the Public Ministry has been fully available to conclude the investigated person's investigative statement (declaración indagatoria) with the greatest promptness. After the hearing in which the protected person was placed under pretrial detention concluded, attorney [Name 001] was asked to wait to finalize the investigative procedure (indagatoria). However, he stated that the defendant did not feel well, despite having already been assessed by the forensic doctor and doctors at Hospital Calderón Guardia; therefore, he requested to do it another day. Furthermore, it is important to indicate that the criminal judge who imposed the pretrial detention ordered that the defendant be assessed by a Gynecology specialist at Hospital Calderón Guardia within the following 24 hours. For this reason, on the morning of August 22, 2019, Judicial Technician Gabriela Fernández Aguilera was asked to prepare the referral and notify the defense attorney of the continuation of the investigative statement (declaración indagatoria) for August 30, 2019, at 9:00 a.m., taking into account the days required by the Prison Section of the Judicial Investigation Agency (OIJ) for the transfer of the detainee. However, according to a record from Gabriela Fernández Aguilera, judicial technician of the Prosecution Office against Drug Trafficking and Related Crimes (Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos), dated August 27, 2019, visible on folio 35 of certified copies and 3174 of the Investigation File, due to an involuntary error by the judicial technician, the investigative statement (indagatoria) date was erroneously recorded as September 30, 2019, at 9:00 a.m. This circumstance was corrected by the judicial technician and myself, making the corresponding corrections and notifying the defense again with the correct date of August 30, 2019, at 9:00 a.m. (see folios 36 through 41 of certified copies and 3175 through 3179 verso of the Investigation File).\n\nRegarding the setting of a date for the preliminary statement (indagatoria), it is important to reaffirm that it was requested to be carried out with the greatest promptness and that, due to a material and involuntary error, an incorrect date was entered. That said, this does not limit the technical and material defense, so that at the moment it wishes, it may offer evidence and testify, in relation to the facts. Being that even, during the hearing in which the pretrial detention (prisión preventiva) was ordered, the criminal judge told the defense attorney [Name 001] that he could take all the time he needed, including to review the case file piece by piece, pointing out to the accused her right to testify regarding the facts, and it was by a decision of the technical and material defense that they did not wish to testify at that moment. Having the opportunity, which was also provided by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) to review the entire case file, but that, in the case of the Public Prosecutor's Office, due to a legal imperative to resolve the legal situation of the accused within a 24-hour period, the continuation of the preliminary statement (indagatoria) was suspended, her statement remaining pending as to whether or not she wished to testify, given that she had already been informed of the facts and evidence contained in the case file. During the hearing for the request for pretrial detention (prisión preventiva), the judge expressly stated the following: (audio of Part II of the hearing from minute 00:00, to approximately 04:18). The foregoing proves that a right to defense, both technical and material, did exist with respect to this investigation, in which the accused even testified during the referenced hearing, as indicated previously. Which demonstrates that she has had the opportunity both before the Public Prosecutor's Office and before the jurisdictional body to exercise her right to defense. It is not true that her statement must be taken exclusively at the office of the Public Prosecutor's Office, given that Article 91 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal) effectively states in its final paragraph that the accused person shall have the right to testify whenever they deem it necessary, provided that their testimony is pertinent and does not constitute a dilatory measure of the proceeding, which appears to be the defense's intention. Likewise, in the investigation file and in this office, no action has been taken by the technical or material defense regarding its desire to provide evidence or testify in relation to the facts. This constitutes a right that has not been restricted by the Public Prosecutor's Office, nor by the jurisdictional entity. It requests that the appeal be dismissed.\n 8.- By means of a resolution of the Instructing Magistrate at 3:00 p.m. on September 6, 2019, a report was requested from the Director of the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea) of the Ministry of Public Security (Ministerio de Seguridad Pública), so that he may refer to the facts alleged in the present appeal, principally, to indicate whether Marshall handcuffs were used during the transfer of the protected party and, if the answer is affirmative, to clearly report the reasons for said action.\n 9.- In response to the hearing granted, Juan Luis Vargas Castillo, in his capacity as Director General of the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea), reports under oath that, in effect, handcuffs were used for the transfer of the appellant. However, the protocols established in the General Manual of Aeronautical Operations (Manual General de Operaciones Aeronáuticas) of the Department of Aeronautical Operations (Departamento de Operaciones Aeronáuticas) of the General Directorate of the Air Surveillance Service were followed, in Chapter 8. Operating Procedures in Section 8.2.1, Safety Procedures (SAFETY) for the Handling of the Aircraft, Passengers and Cargo, subsection b) Safety Procedures for Passenger Handling; point 3 Transport of Inadmissible Passengers or Persons in Custody, which states: \"The SVA will transport inadmissible passengers, deportees, or persons in custody.\" Likewise, chapter 10 (SECURITY) 10.1 Authority and Responsibility of Operations Personnel; Policies and Procedures for Illegal Actions, 10.1.2 Passenger Conduct Disorder; in point 3 which states: \"During the Flight, the required measures will be taken so that the passenger's attitude does not affect flight safety due to the difficulty that this may entail in single-pilot aircraft, as the prevention of passenger boarding is very important.\" He argues that in the case of two-pilot aircraft, it is recommended that one of them make the passenger aware of the threat their attitude poses to safety and, if necessary, must impose physical restrictions. He comments that these measures are taken in order to provide the required safety during the flight, in order to develop a satisfactory flight for the transported persons, custodians, the crew, and the aircraft. Given this, he indicates that the decision to handcuff falls under a discretionary criterion of the police in charge of the custody, combined with the previous procedures and the risk assessment of the person, who, in the specific case, was wanted by justice for a crime considered \"high risk,\" and it was done with the intention of avoiding any risky situation during the flight. In addition to the foregoing, he mentions that the custody of Mrs. Gómez during the boarding, deboarding, and transfer was carried out by the Officers of the Judicial Investigation Organization (Organismo de Investigación Judicial, OIJ), who remained with her at all times and during her transfer she was consulted on several occasions about her condition and comfort considering her condition and the use of the handcuffs.\n 10.- In the processing of this proceeding, the prescriptions of law have been observed.\n Drafted by Drafted by Magistrate Picado Brenes; and,\n\n\n\nConsidering:\n\n\n I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant files a writ of habeas corpus (hábeas corpus) and states that case No. [Value 002] is being processed against her represented party. On August 22, 2019, the appealed court imposed the precautionary measure of pretrial detention (prisión preventiva) for a period of 3 months that expires on November 22, 2019. She indicates that the protected party was detained in Palmar Norte de Osa by OIJ agents who were warned that she was in her fifth month of pregnancy. Despite the protected party's condition, the agents of the Prisons and Transport Sections of the OIJ used an immobilizer called Marshall, which they placed over her abdomen and on her hands. Additionally, they placed a cloth over her head. She reports that, without prior medical consultation, she was transported by air via the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea) of the Ministry of Public Security (Ministerio de Seguridad Pública). She adds that the protected party complained of pain from the chain placed on her belly; she was subsequently placed in a vehicle for transporting persons deprived of liberty from the Ministry of Public Security, license plate No. 3409. She argues that the physical integrity of her protected party was put at risk and, without any justification, they filmed her with a camera from the moment she descended from the plane until she was placed in the vehicle for transporting detainees, a video that was subsequently delivered to the media. She states that at the Narcotics Prosecutor's Office (Fiscalía de Narcotráfico), the protected party suffered a health breakdown, for which she was transferred to the Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia Hospital for treatment, without having the opportunity to be informed of the facts and evidence, while the instructing prosecutor arranged to request a hearing before the Criminal Court and pretrial detention (prisión preventiva) was imposed. She adds that on August 22, 2019, she received notification from the Prosecutor's Office in which it sets the possibility for her represented party to testify before the appealed ministry until September 30, 2019 at 9:00 a.m., which leaves her defenseless.\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly demonstrated, either because they have been proven or because the appealed authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\nThe protected party is an accused in the summary proceeding [Value 002] for the crime of violation of the psychotropic substances law (an uncontested fact).\nAt 10:20 a.m. on August 20, 2019, the protected party was detained in a joint operation of the Public Force (Fuerza Pública) and the Judicial Investigation Organization (Organismo de Investigación Judicial) carried out in Palmar Norte de Osa (see report provided by the respondent authorities).\nAfter the detention and for security reasons, the protected party was transferred to the facilities of the Judicial Investigation Organization of Ciudad Cortes in unit 3-24 with the officers of the Judicial Investigation Organization to the facilities in Ciudad Cortes, where she was held in cells of the Judicial Investigation Organization (see report provided by the respondent authorities).\nAt the time of the detention, the protected party advised of her five-month pregnancy status, so upon arriving at the OIJ cells, she was consulted about her health condition and whether she required medical attention or medication, to which she replied that she did not require medical attention or any medication. Immediately thereafter, she was informed that by order of the Specialized Section Against Organized Crime (Sección Especializada Contra el Crimen Organizado), she was required to be transferred immediately to San José, where she would be attended to, and she was informed that there was the possibility of transferring her by car or by plane, and the protected party chose to be transferred by plane (see report provided by the respondent authorities).\nThe protected party was transferred to the airport in Unit PJ 436, which is an Isuzu D-Max four-door pick-up, and not in a vehicle for detained persons due to her pregnancy status (see report provided by the respondent authorities).\nThe air transfer took place on the same day, August 20, 2019, on a plane of the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea), which took off from La Managua airport in Quepos at 1:35 p.m. and arrived at the Juan Santamaría airport at 1:55 p.m.; during the boarding, transfer, and deboarding of Mrs. [Name 002], her rights were always guaranteed under the framework of legality, and during the time in which the officers intervened, Mrs. Gómez did not at any time state that she felt any health impairment (see report provided by the respondent authorities).\nFrom the moment the defendant was placed at the order of the criminal court, a medical assessment was ordered, which was first performed by the forensic doctor in judicial cells, who determined that it was necessary for her to be referred to a hospital (see report provided by the respondent authorities).\nBy a resolution at 4:27 p.m. on August 21, 2019, pretrial detention (prisión preventiva) was imposed on the accused for a period of three months, which expires on November 20, 2019 (see report provided by the respondent authorities).\nIt was indicated on behalf of the Dr. Calderón Guardia Hospital, emergency section, that there was no health problem with the protected party; the medical reports did not indicate that she had any injury, mark, or sign regarding the handcuffs used during the transfer (see report provided by the respondent authorities).\nThe private defense attorney filed an appeal against the resolution that decided on the precautionary measures ordered, so the matter was transferred to the Tribunal so that it may resolve accordingly (see report provided by the respondent authorities).\nDue to the mention that the defense attorney made in the hearing about the Marshall-type handcuffs and the improper exposure of his represented party to the press, the defense attorney and his represented party were consulted before concluding the hearing if they wanted to be transferred immediately to file a criminal complaint for the alleged torture, to which they indicated no; moreover, the medical reports did not indicate that she had any injury, mark, or sign regarding the handcuffs used during the transfer; the accused was not handcuffed during the hearing (see report provided by the respondent authorities).\nDue to an involuntary error by the Assistant Prosecutor's Office against Narcotrafficking and Related Crimes (Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos) of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), the date of the preliminary statement (indagatoria) for the protected party was erroneously entered as September 30, 2019, at 9:00 a.m. A circumstance that was corrected, making the corresponding corrections and notifying the defense again, with the correct date of August 30, 2019, at 9:00 a.m. (see folios 36 to 41 of certified copies and 3175 to 3179 verso of the Investigation File and report provided by the respondent authorities).\nIII.- UNDEMONSTRATED FACTS. Of importance for the present tutela proceeding, the following facts are not considered proven:\nThat the video published on the page https://www.crhoy.com/nacionales/videos-asi-trasladaron-a-la-reina-del-sur-hasta-san-jose/ was provided by some official of the respondent authorities.\nThat from the moment of the protected party's detention until her transfer before the jurisdictional authority, she suffered any injury or impairment to her health resulting from the air transport or the use of security handcuffs.\nIV.- REGARDING THE WRIT OF HABEAS CORPUS. In accordance with articles 48 of the Political Constitution (Constitución Política), 15, and 23 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), it is the competence of this Chamber to ensure that all authorities, including the judicial authority, respect personal liberty. This oversight implies enforcing what is postulated mainly in numerals 37 and 39 of the Constitution, 7 of the American Convention on Human Rights, and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, among other instruments of International Human Rights Law, in the sense that state intervention in personal liberty is only possible when it is supported by the prior causes defined in the Constitution and the laws. It is for this reason that article 24 of the Law of Constitutional Jurisdiction details specific supervisory actions that the Chamber must apply, such as the competence of the authority to restrict liberty (subsection a), respect for constitutional article 37 - already mentioned - (subsection b), whether there is a resolution that legally orders pretrial detention (prisión preventiva) (subsection c), whether a penalty is being deducted by a final judgment (subsection c), whether the measure depriving liberty is undue, for any reason (subsection d), whether the detention is being served in legally prohibited conditions (subsection g), whether the act charged is provided for by a pre-existing law (subsection h).\nV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the present matter, the appellant files a writ of habeas corpus (hábeas corpus) and states that case No. [Value 002] is being processed against her represented party. On August 22, 2019. In effect, the appellant claims four grievances in the writ of filing for the present appeal. Three of the grievances are related to the detention and transfer of the protected party - the competence of the police authorities - which refer to the placement of Marshall-type handcuffs, the transfer by plane despite her pregnancy condition, and a video disseminated to the media. On the other hand, the last of the grievances refers to the date on which the representative of the Narcotics Prosecutor's Office (Fiscalía de Narcotráfico) sets a date for the preliminary statement (indagatoria), which she estimates is a disproportionate time period injurious to the right of defense of the protected party. In the following considerandos, the matter will be resolved in accordance with the actions of the respondent authorities.\nVI.- REGARDING THE ACTIONS OF THE POLICE OF THE PUBLIC FORCE AND THE JUDICIAL INVESTIGATION ORGANIZATION IN THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal cannot prove any violation of the fundamental rights of the protected party. From the report provided by the representatives of the respondent authorities - which is given under oath with the consequences, including criminal ones, set forth in article 44 of the Law that governs this Jurisdiction - and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that the protected party appears as an accused within summary proceeding [Value 002] for the crime of violation of the psychotropic substances law. Therefore, at 10:20 a.m. on August 20, 2019, the protected party was detained in a joint operation of the Public Force (Fuerza Pública) and the Judicial Investigation Organization (Organismo de Investigación Judicial) carried out in Palmar Norte de Osa. After the detention and for security reasons, the protected party was transferred to the facilities of the Judicial Investigation Organization of Ciudad Cortes in unit 3-24 with the officers of the Judicial Investigation Organization to the facilities in Ciudad Cortes, where she was held in cells of the Judicial Investigation Organization. At the time of the detention, the protected party advised of her five-month pregnancy status, so upon arriving at the OIJ cells, she was consulted about her health condition and whether she required medical attention or medication, to which she replied that she did not require medical attention or any medication. Immediately thereafter, she was informed that by order of the Specialized Section Against Organized Crime (Sección Especializada Contra el Crimen Organizado), she was required to be transferred immediately to San José, where she would be attended to, and she was informed that there was the possibility of transferring her by car or by plane, and the protected party chose to be transferred by plane. The protected party was transferred to the airport in Unit PJ 436, which is an Isuzu D-Max four-door pick-up, and not in a vehicle for detained persons due to her pregnancy status. The air transfer took place on the same day, August 20, 2019, on a plane of the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea), which took off from La Managua airport in Quepos at 1:35 p.m. and arrived at the Juan Santamaría airport at 1:55 p.m.; during the boarding, transfer, and deboarding of Mrs. [Name 002], her rights were always guaranteed under the framework of legality, and during the time in which the officers intervened, Mrs. Gómez did not at any time state that she felt any health impairment. From the factual basis proven for the purposes of resolving this proceeding, this Constitutional Tribunal deems that the detention of the protected party was not arbitrary, as it occurred within the framework of a criminal investigation in which she appears as an accused and in which an arrest warrant had been issued against her. Likewise, it was proven that the respondent police authorities had knowledge of the protected party's state of pregnancy and acted in accordance with that condition. It is on record that the appellant was consulted if she needed medical attention or medication and if she wanted to carry out her transfer to San José by plane or in a vehicle, and the protected party replied that she did not require medical attention or medication and preferred to travel by plane for her transfer (see report provided by the Head of the Regional Office of the OIJ of Osa). Additionally, as indicated in the Legal Medical Opinion of the Forensic Medicine Department (Departamento de Medicatura Forense), as well as by the Dr. Calderón Guardia Hospital, emergency section, there was no health problem with the protected party; the medical reports did not indicate that she had any injury, mark, or sign regarding the handcuffs used during the transfer (see report provided by the Criminal Judge of the First Judicial Circuit of San José and evidence provided in the court records). Finally, in relation to the video of the protected party, it was not possible to prove that this was taken by the police authorities and shared with the media. In that sense, it should be noted that the judge, at the end of the precautionary measures hearing, and in response to the mention the private defender made in the hearing about the Marshall-type handcuffs and the improper exposure of his represented party to the press, the defense attorney and his represented party were consulted before concluding the hearing if they wanted to be transferred immediately to file a criminal complaint for the alleged torture, to which they indicated no. Pursuant to the foregoing, since it was not possible to prove that which was alleged by the appellant regarding the grievances related to the police authorities and the transfer of the appellant from the southern zone to San José, it is appropriate to dismiss the appeal insofar as these grievances are concerned.\n VII.- REGARDING THE ACTIONS OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE IN THE SPECIFIC CASE. In relation to the grievances stated connected to the actions of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), it is a fact that, from the report provided by the representatives of the respondent authorities - which is given under oath with the consequences, including criminal ones, set forth in article 44 of the Law that governs this Jurisdiction - and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that the legal situation of the protected party was resolved by the Criminal Court of the First Judicial Circuit of San José, through a resolution at 4:27 p.m. on August 21, 2019, which imposed pretrial detention (prisión preventiva) on the accused for a period of three months, expiring on November 20, 2019, after holding an oral hearing and having heard the Public Prosecutor's Office, the defense, and the accused. Likewise, it is on record that after the conclusion of the hearing in which the pretrial detention (prisión preventiva) was imposed on the protected party, the attorney [Name 001] was asked to wait to conclude the preliminary statement (indagatoria) process; however, he stated that the accused did not feel well in terms of health, even though she had already been assessed by the forensic doctor and doctors of the Calderón Guardia Hospital, so he requested to hold it another day. It is on record that, due to an involuntary error by the Assistant Prosecutor's Office against Narcotrafficking and Related Crimes (Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos) of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), the date of the preliminary statement (indagatoria) for the protected party was erroneously entered as September 30, 2019, at 9:00 a.m. A circumstance that was corrected, making the corresponding corrections and notifying the defense again, with the correct date of August 30, 2019, at 9:00 a.m. (see folios 36 to 41 of certified copies and 3175 to 3179 verso of the Investigation File and report provided by the respondent authorities). Although the representative of the Public Prosecutor's Office indicated that an incorrect date for the preliminary statement (indagatoria) was given due to an involuntary error, the truth is that said authority corrected said error and notified the defense to perform the indicated proceeding. From the foregoing, this Chamber considers that the indicated error does not constitute a violation of the fundamental rights of the protected party because her legal situation was already resolved by the competent jurisdictional authority. Additionally, this Chamber considers that the error was amended by the respondent authority without causing any harm that warrants the protection of this proceeding. By reason of the foregoing, the dismissal of the appeal is appropriate also for these facts, as indicated in the operative part of this resolution. VIII.- REGARDING THE CONDITIONS OF THE ACCUSED DURING HER TRANSFER. USE OF HANDCUFFS: As to this point, it is important to clarify that the use of handcuffs is conditioned upon the fulfillment and observance of criteria to define the cases in which it is necessary to resort to them, basically, for a security reason. In this regard, the Director General of the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea) indicated in his report that the trip lasted approximately 20 minutes and that for her transfer, the protocols established in the General Manual of Aeronautical Operations (Manual General de Operaciones Aeronáuticas) of the General Directorate of the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea) were followed, regarding Operating Procedures, Safety Procedures, and Handling of Inadmissible Passengers or Persons in Custody. He indicated that Chapter 10 (SECURITY) 10.1.2, point 3 provides \"During the Flight, the required measures will be taken so that the passenger's attitude does not affect flight safety, due to the difficulty (sic) that this may entail in single-pilot aircraft (...)\". Furthermore, he indicated that these measures are taken in order to provide the required safety during the flight and to develop a satisfactory flight for the persons transported, custodians, the crew, and the aircraft. Therefore, the decision to handcuff an accused person within a criminal case falls under a discretionary criterion of the police in charge of the custody, combined with the previous procedures and the risk assessment that is made. Given this situation, it is not apparent that the means of restraining the protected party with the use of handcuffs had been used in an unreasonable or disproportionate manner, given that such a disposition was necessary to safeguard the safety, not only of the protected party, but also of the rest of the passengers. The foregoing is reinforced by the fact that the accused is wanted by justice for a crime considered \"high risk.\" Thus, even though the appellant may find the measure objectionable, the appealed measure must bear in mind that it is part of the containment procedures that Police agents may use for the purpose of providing security. Therefore, the measure objected to is not arbitrary, nor contrary to the dignity of the protected party, since, as was indicated - under oath - during her transfer she was constantly consulted about her \"comfort\" and state of health, and at no time did she state that the handcuffs should be removed, and much less did she indicate needing medical attention.\n IX.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE MONGE PIZARRO. I disagree with the majority vote and I partially grant the appeal filed, regarding the use of the handcuffs or immobilizer called \"Marshall\" placed on the abdomen and hands of the protected party, during the transfer that was carried out by air on August 20, 2019, from the \"La Managua\" airport, located in the town of Quepos, to the Juan Santamaría Airport, located in Alajuela. I do not share the criterion expressed by the majority in Considerando VIII indicating that the decision to handcuff the accused person in a criminal case is \"discretionary of the police who are in charge of the custody.\" Likewise, the statement that the measure was necessary to safeguard the safety of the protected party and the rest of the passengers lacks evidentiary support. The foregoing, for the following reasons. In the report provided under oath by Juan Luis Vargas Castillo, in his capacity as Director General of the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea), it is indicated that handcuffs were used for said transfer, which can be clearly seen in the video published on the digital media outlet crhoy.com https://www.crhoy.com/nacionales/videos-asi-trasladaron-a-la-reina-del-sur-hasta-san-jose/ where the moment when they were removed as she got off the plane and the manner of their placement on those parts of the accused's body are observed. Said authority argues that, to proceed in that manner, they were based on the General Manual of Aeronautical Operations (Manual General de Operaciones Aeronáuticas) of the Department of Aeronautical Operations of the General Directorate of the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea) which indicates that the Air Surveillance Service (SVA) will transport \"inadmissible passengers, deportees, or persons in custody\" and also provides that: \"During the flight, the required measures will be taken so that the passenger's attitude does not affect flight safety\"; furthermore, \"Due to the difficulty that this may entail in single-pilot aircraft, the prevention of passenger boarding is very important... In the case of two-pilot aircraft, it is recommended that one of the pilots make the passenger aware of the threat that their attitude poses to safety and, if necessary, impose physical restrictions on the passenger.\" In the case under study, there is no evidentiary element that demonstrates that the use of handcuffs or immobilizers was required, given that none of the reports give an account of an aggressive, violent, or evasive attitude on the part of the protected party, nor of any other that would endanger the safety of the occupants and crew of the aircraft. The individual deprived of liberty traveled in the custody of several officers of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), namely, Adrián Rodríguez, Fabiola Rodríguez, Eddy Ulate Naranjo, and Verónica Moya (report by Daniel Calderón Rodríguez in his capacity as Director General of the Public Force (Fuerza Pública) of the Ministry of Public Security (Ministerio de Seguridad Pública)). Even in official communication No. MSP-DM-DVURFP-DSVA-DOA-0709-2019, signed by Officer Juan Carlos Guerrero Castro, Chief of Aeronautical Operations of the Air Surveillance Service (Servicio de Vigilancia Aérea) of the Ministry of Public Security (Ministerio de Seguridad Pública), he stated: \"In said flight, two pilots, two officers from the Special Operations Group, and four officers from the Judicial Investigation Organization (Organismo de Investigación Judicial) participated as custodians from the Air Surveillance Service, of whom three were women; the flight was conducted in a V12 type aircraft with a capacity for 13 passengers, which departed from the La Managua airport in Quepos at 1:35 p.m. and arrived at the facilities at 1:55 p.m....\". The aforementioned facts demonstrate that the immobilization of the individual deprived of liberty during that transfer was completely unnecessary and therefore disproportionate, in addition to being in violation of her human dignity and physical integrity. The Inter-American Court of Human Rights has recognized that the state of pregnancy constitutes a condition of particular vulnerability for women, such that violations of their rights that occur during detention have a differentiated impact (Case of Gelman vs. Uruguay, judgment of 02-24-11). As a comparative law fact, approximately 24 States in the United States of America have prohibited the use of any object that restricts movement on the wrists or legs of pregnant women during their transport, labor, and recovery.\n\nIn that sense, the Legal Aid Society has pointed out that “Shackling women during pregnancy and during the postpartum period increases the risk of medical complications and endangers the life of the mother and her child.” https://eldiariony.com/2015/12/23/nueva-ley-prohibe-atar-a-prisioneras-durante-el-embarazo/. https://eldiariony.com/2015/10/05/piden-terminar-con-grilletes-para-prisioneras-embarazadas/ https://www.ameliarueda.com/nota/embarazadas-prisioneras-en-nueva-york-no-seran-encadenadas. The organization Amnesty International has expressed great concern about the treatment received by women deprived of liberty and specifically in the case of “handcuffs” or restraints (inmovilizadores) has stated: “Use of physical means of restraint on sick and pregnant women: handcuffs and shackles are often used on women both during their transfer and during their stay in the hospital, even when they have no history of violence or escape attempts. In the case of pregnant women, means of restraint constitute a serious threat to their health. Amnesty International has called for the use of means of restraint to be limited to cases where the conduct of the inmate makes it necessary.” https://www.amnesty.org/download/Documents/144000/amr510321999es.pdf. For their part, the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, known as the “Bangkok Rules,” provide that women deprived of liberty must be given treatment respectful of their dignity and also in accordance with their special vulnerability, which in this case is accentuated by the state of 5 months of pregnancy.\n\nThe Judicial Branch established in the Procedures Manual for the restraint, transport, and physical interventions of detainees (Manual de Procedimientos para la contención, conducción e intervenciones corporales de detenidos), in Article 52, that: “Persons deprived of liberty may not be handcuffed when being transported in closed vehicles, except in exceptional cases where there are objectively verifiable reasons that make this measure necessary to maintain their security and custody, as well as their physical integrity and that of third parties.”\n\nIn addition to the above, this Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in judgment number 1995-000277 of 10:57 a.m. on January 13, 1995, clearly provided: “II. Regarding the first point, from the reports rendered it is proven, on the one hand, that the use of handcuffs was indeed ordered inside the closed vehicles called \\\"perreras\\\" (v. folio 27) and to go out to make a phone call when outside the respective area. The Chamber considers that the operation of the penitentiary system requires measures to maintain both the security and custody of persons deprived of liberty and their own integrity or that of third parties. The use of metal handcuffs, in certain exceptional circumstances, is not only convenient but necessary. However, that generalized use inside closed vehicles, apart from being an attack on human dignity and, particularly, on the security of the inmates, since in the event of an accident or emergencies, wearing handcuffs can have serious consequences for their security and even for their lives, is also unreasonable and disproportionate, as is the obligation to wear them to go out of the respective area to make phone calls while within the same Penal Center […] V. Consequently, to ensure the dignity of women deprived of liberty is respected, as well as their security and integrity: a) in principle, they may not be handcuffed when being transported in closed vehicles nor to go out of the respective area to make phone calls as long as they are within the same Penal Center, except in exceptional cases where there are objectively verifiable reasons that make this measure necessary to maintain their security and custody, as well as their own physical integrity or that of third parties, which may give rise to favorable judgments if the measure were unreasonable, without justified cause, or disproportionate; b) the internal security of the living areas of the women deprived of liberty cannot be entrusted to male personnel; and; c) the searches of the personal belongings of the women deprived of liberty, within their areas, must be carried out by the female personnel of the Penal Center.”\n\nIn the case under analysis, there was no reasonable justification for the use of restraints or Marshall-type handcuffs on the body of the protected person, at the time of being transferred in the aircraft—a closed vehicle—and the measure was disproportionate and arbitrary, putting her physical integrity and that of her baby at risk, because in the event of turbulence or movements of the vehicle, she could not brace herself with her hands to avoid being struck. The fact that the woman deprived of liberty is being investigated and was detained for a crime related to illicit drug trafficking does not mean she should be given different treatment, as she was the only woman deprived of liberty traveling on the plane, sufficiently guarded, and there was no evasive or aggressive conduct on her part that would have endangered security and warranted that restraint. The violation of her rights and human dignity is not diluted by the fact that she had no visible marks on her wrists nor by the circumstance that the journey was short. Men and women deprived of liberty only have their freedom of movement restricted, retaining all their other rights and freedoms intact.\n\nIn light of the foregoing, I partially grant the appeal filed and order the State to pay the damages caused.\n\nX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any document in paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE (POR TANTO):\nThe appeal is declared WITHOUT MERIT. Judge Monge Pizarro dissents and declares the appeal with merit, solely, regarding the use of the handcuffs. Notify.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFernando Castillo V.\nActing Presiding Judge (Presidente a.i)\n\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.\n\n\n\n\n\nMarta Esquivel R. Ana María Picado B.\n\n\n\n\n\nMauricio Chacón J. Lucila Monge P.\n\n\n \nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 31-03-2026 05:15:44.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }