{ "id": "nexus-sen-1-0007-948404", "citation": "Res. 22684-2019 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Aprehensión administrativa de extranjero por irregularidad migratoria y alegato de víctima de trata de personas", "title_en": "Administrative detention of a foreigner for immigration irregularity and claim of being a trafficking victim", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció de un recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de un ciudadano chino detenido por la Policía de Migración desde mayo de 2019 por permanencia irregular y uso de visa falsa. El recurrente alegó que el amparado llevaba cinco meses aprehendido, era víctima del delito de trata de personas y el Consulado de China no había emitido su documentación de viaje, solicitando cambio de medida cautelar. La Sala verificó que las autoridades migratorias fundamentaron debidamente la medida de aprehensión administrativa, prorrogándola dentro de los plazos legales. Asimismo, ante la manifestación del amparado sobre una posible trata, se activaron los protocolos correspondientes, se dio intervención a la Fiscalía Adjunta contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA), que desestimó la causa por inconsistencias en el relato y falta de indicadores objetivos. La Sala concluyó que no hubo violación de derechos fundamentales, que la solicitud de cambio de medida fue resuelta fundadamente y que la demora en la documentación consular es atribuible al Consulado de China y no a la autoridad migratoria, por lo que declaró sin lugar el recurso.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed a habeas corpus petition filed on behalf of a Chinese citizen detained by the Immigration Police since May 2019 for irregular stay and use of a false visa. The petitioner argued that the detainee had been held for five months, was a victim of human trafficking, and that the Chinese Consulate had not issued travel documents, requesting a change in the precautionary measure. The Chamber found that immigration authorities had properly justified the administrative detention and extended it within legal timeframes. Moreover, after the detainee claimed to be a trafficking victim, authorities activated the relevant protocols, involving the Trafficking and Illicit Migrant Smuggling Prosecutor's Office (FACTRA), which dismissed the case due to inconsistencies in the account and lack of objective indicators. The Chamber concluded that no fundamental rights were violated, the request to change the measure was reasonably resolved, and the delay in consular documentation was attributable to the Chinese Consulate, not the immigration authority. The petition was denied.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "15/11/2019", "year": "2019", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "recurso de hábeas corpus", "aprehensión administrativa", "medida cautelar", "Ley General de Migración y Extranjería 8764", "trata de personas", "Fiscalía Adjunta de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA)", "debido proceso administrativo", "prórroga de detención migratoria" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 211", "law": "Ley 8764 (Ley General de Migración y Extranjería)" }, { "article": "Art. 31", "law": "Ley 8764" }, { "article": "Art. 39", "law": "Ley 9095 (Ley contra la Trata de Personas)" } ], "keywords_es": [ "hábeas corpus", "aprehensión administrativa", "migración", "trata de personas", "medida cautelar", "Derecho migratorio", "Sala Constitucional", "extranjero indocumentado", "visa falsa", "documentación consular", "FACTRA", "derechos fundamentales", "debido proceso" ], "keywords_en": [ "habeas corpus", "administrative detention", "immigration", "human trafficking", "precautionary measure", "immigration law", "Constitutional Chamber", "undocumented foreigner", "false visa", "consular documentation", "FACTRA", "fundamental rights", "due process" ], "excerpt_es": "III.- Sobre el caso concreto. Según quedó acreditado en autos, desde el 20 de mayo de 2019, el amparado está a las órdenes de la Policía Profesional de Migración, al haberse verificado en un operativo, que el amparado, de nacionalidad China, no había realizado trámites tendentes a regularizar su condición migratoria, y registraba un movimiento migratorio de entrada desde el 18 de junio de 2018. En consecuencia, mediante resolución número DG-751-2019-UPAP-DPPM de las 8:00 horas del 21 de mayo de 2019, la dirección recurrida dictó la medida cautelar de aprehensión administrativa del amparado por 30 días, la cual se ha venido prorrogando a la fecha. Dicha medida incluso ha sido objeto de revisión por parte de este Tribunal. [...] En consecuencia, en lo que respecta a esta jurisdicción, no se constata la violación de los derechos del tutelado. En razón de lo expuesto, procede desestimar el recurso.", "excerpt_en": "III. Regarding the specific case. According to what is proven in the record, since May 20, 2019, the petitioner has been under the orders of the Professional Immigration Police, after it was verified in an operation that the petitioner, a Chinese national, had not carried out procedures to regularize his immigration status and had an entry record since June 18, 2018. Consequently, through resolution number DG-751-2019-UPAP-DPPM at 8:00 a.m. on May 21, 2019, the respondent authority ordered the precautionary measure of administrative detention for 30 days, which has been extended to date. This measure has even been reviewed by this Chamber. [...] Consequently, within this jurisdiction, no violation of the protected person's rights is found. For the reasons stated, the petition must be dismissed.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The habeas corpus petition is denied, as no violation of the protected person's fundamental rights was found during the immigration administrative detention.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de hábeas corpus, al no constatarse violación de derechos fundamentales del amparado durante su aprehensión administrativa migratoria." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "it is not appropriate to review in this venue what has been done by the administration and grant the protected person temporary stay or order a change of measure, as the petitioner intends; any disagreement with what was decided may be raised before the respondent authorities, or failing that, in court.", "quote_es": "no corresponde revisar en esta vía lo actuado por la administración y otorgar al amparado la permanencia temporal ni disponer cambio de medida, tal y como lo pretende el recurrente; quien podrá plantear cualquier disconformidad con lo resuelto ante las autoridades recurridas, o en su defecto, en sede judicial." }, { "context": "Sentencia anterior citada en Considerando III", "quote_en": "when we are dealing with immigration matters, the strictness required in criminal proceedings does not apply, especially when the irregular stay of the protected person in the country has been verified.", "quote_es": "cuando estamos en presencia de materia migratoria, no resulta aplicable la rigidez que se exige en el proceso penal, máxime cuando se tiene por constatada la permanencia irregular del amparado en el país." }, { "context": "Sentencia anterior citada en Considerando III", "quote_en": "the request for a change of the precautionary measure filed by the petitioner was rejected –precisely– while waiting for the Public Prosecutor's Office to determine the corresponding matter.", "quote_es": "la solicitud de cambio de medida cautelar planteada por el recurrente fue desestimada –precisamente- mientras se espera que el Ministerio Público determine lo correspondiente." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-66139", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 8764 (Ley General de Migración y Extranjería) Art. 211" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-948404", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 22684 - 2019\n\nFecha de la Resolución: 15 de Noviembre del 2019 a las 09:15\n\nExpediente: 19-020712-0007-CO\n\nRedactado por: Ana María Picado Brenes\n\nClase de asunto: Recurso de hábeas corpus\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*190207120007CO*\n\nExp: 19-020712-0007-CO\n\nRes. Nº 2019022684\n\n\n\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del quince de noviembre de dos mil diecinueve .\n\n                 Recurso de hábeas corpus que se tramita en expediente número 19-020712-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , a favor de [Nombre 002], contra la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA y MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA.  \n\nResultando:\n\n                1.- Por escrito remitido a la Secretaría de la Sala el 31 de octubre de 2019, el recurrente interpone recurso de habeas corpus. Indica que la Policía de Migración realizó un operativo en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social y otras policías, en las inmediaciones del antiguo mercado de Heredia en horas de la mañana de 20 de mayo de 2019. Indica que, producto del operativo, fue detenido el tutelado, quien estaba indocumentado y en apariencia realizando trabajos de cocina. Manifiesta que en razón de esta situación, el tutelado fue remitido al Centro de Aprehensión de Heredia donde permanece en la actualidad. Indica que el representante legal de aquel momento presentó recurso de hábeas corpus el 7 de agosto a favor del tutelado, argumentando entre otras cosas que poseía trámite abierto en la Dirección General de Migración con fines de obtención de permiso laboral; empero, por resolución de la Sala se rechazó el recurso interpuesto, con fundamento en la respuesta de la Policía de Migración, donde se indicó que el tutelado, si bien mantuvo expediente abierto para realizar gestiones para obtener un permiso de trabajo, el mismo le fue rechazado, debido a que, al verificar su visa norteamericana esta era falsa. Indica que en la actualidad el tutelado espera su deportación, pero no ha sido documentado por el consulado chino, encontrándose privado de libertad por espacio de 5 meses. Manifiesta que en declaración realizada el 21 de mayo de 2019, el tutelado manifestó que hasta esa fecha no había presentado trámites migratorios en esa dirección o en alguna de sus oficinas regionales para legalizarse en el país, además, agregó en su declaración, que le habían robado su pasaporte en el Barrio Chino. Refiere que, a petición del tutelado, en su presencia, y del traductor de nombre [Nombre 012], se realizó una nueva apertura de audiencia en el área legal de la Policía Profesional de Migración el 1o. de octubre de 2019, en la cual el tutelado hizo una manifestación en la que denotó que su caso no es una situación de irregularidad migratoria, sino que más bien su condición se enmarca como víctima del delito de trata o tráfico de personas y que por temor a atentados contra su vida, no había querido hablar sobre las verdaderas razones de su permanencia en el país, ya que manifestó haber sido amenazado. En su declaración agregó elementos descriptivos en donde evidenció un posible caso de tráfico y trata de personas, haciendo mención el tutelado a rutas y contactos realizados, la exigencia del trabajo, engaño, maltrato y abuso laboral en lo que respecta a la servidumbre. Indica que, luego de ampliar su versión y conocer su condición de víctima, su eventual deportación genera irrespeto a sus derechos humanos y riesgo para su integridad física y su vida, por encontrarse en condición de vulnerabilidad. Agrega que el 1 de octubre de 2019 presentó en el Departamento Legal de la Policía de Migración una solicitud de cambio de medidas, sin que a la fecha se haya resuelto, obviando los protocolos que se tienen que aplicar de forma inmediata en este tipo de casos, según la Ley de Trata y Tráfico de Personas, No. 9095, artículo 39. Indica que el 5 de setiembre de 2019 presentó un recurso de hábeas corpus; sin embargo, en el transcurso de su resolución, la Policía de Migración enmendó su actuar y procedió a realizar las diligencias apuntadas, por lo cual se enmendaron las falencias administrativas y el recurso de hábeas corpus fue rechazado. Manifiesta que, entre las diligencias solicitadas, el 9 de octubre de 2019, el tutelado fue trasladado a la Fiscalía Adjunta de Trata y Tráfico de Personas con la finalidad de ser entrevistado y así determinar si podría ser víctima de ese delito. Refiere que a folio 163 del expediente administrativo de la Policía de Migración, se constató que la Fiscalía contra el Tráfico y Trata de Personas abrió una investigación bajo el No. [Valor 002], la cual no está concluida, según lo indicado por el licenciado José Ángel Fallas Palacios, Fiscal Adjunto, por lo que en la actualidad no se puede descartar que el tutelado sea víctima del delito, pese a lo cual no se ha producido ningún cambio de medidas, violando con esta actuación sus derechos fundamentales. Agrega que, según folio 164 del expediente administrativo, el tutelado fue trasladado al Consulado de China el 10 de octubre de 2019, donde aceptaron realizar el trámite de documentación y la entrega de un pasaporte provisional o salvoconducto para el tutelado, pero dicho trámite quedó sujeto a la aprobación de varios procesos administrativos que el consulado tiene que realizar sin concretar el tiempo para resolver la situación. Indica que, en virtud que el tutelado es parte de un proceso penal que no ha concluido, donde figura como posible víctima y que no ha sido documentado conforme lo establece el artículo 212 de la Ley General de Migración y Extranjería, aunado al tiempo que se ha mantenido privado de su libertad (cinco meses), es un tiempo más que razonable para definir su situación, lo cual no se ha hecho, por lo que el 28 de octubre de 2019 solicitó por escrito a la Policía de Migración, que se valorara el cambio de medida cautelar por una menos gravosa, se estimara caución y firma periódica para garantizar su sometimiento al procedimiento administrativo, lo cual, al día de interposición de este recurso no había sido resuelto, perpetuando administrativamente una privación de libertad del tutelado en condiciones irregulares e ilegítimas. Solicita que se declare con lugar el recurso, y se le cambie la medida cautelar por otras menos gravosas, hasta que sea resuelta su situación consular, penal y administrativa.\n2.-Mediante resolución de las 19:15 horas del 4 de noviembre de 2019, se dio curso al asunto y se solicitó informe a la Directora General y al Jefe de la Policía Profesional, ambos de la Dirección General de Migración y Extranjería.\n3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 8 de noviembree de 2019, informan bajo juramento Daguer Hernández Vásquez y Stephen Madden Barrientos, por su orden Sub Director General  y Director de la Policía Profesional, ambos de la Dirección de Migración y Extranjería, que de acuerdo con el informe policial número IP-277-05-2018-DPPM-UD de fecha 20 de mayo de 2019, suscrito por la oficial Grettell González Ríos oficial de la Policía Profesional de Migración, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 15, 16 y 18 de la Ley de Migración y Extranjería número 8764, durante una mega inspección solicitada por el Ministerio de Trabajo a la Caja Costarricense de Seguro Social, Policía de Control Fiscal, Policía Municipal, Fuerza Pública, Ministerio de Hacienda y Policía profesional de Migración, en los alrededores del antiguo Mercado Municipal de Heredia, se detectó específicamente en el restaurante Yud Fad, al señor [Nombre 010 009] con camiseta color negra, pantalón gris y sandalias en la zona de la cocina; a quien se le solicitó su documento de identidad, manifestando que no lo portaba ya que se lo habían robado en el Barrio Chino y que nunca puso la denuncia, se procedió a indicarle que sería trasladado a la Dirección de la Policía Profesional de Migración, indicándole sus derechos y se le señaló a la señora Feng, quien se había identificado como encargada del restaurante, que podía presentarse con un abogado a la Dirección de la Policía Profesional de Migración. Al momento de verificar en los sistemas informáticos de esta Dirección General, no se registraron trámites tendientes a regularizar su condición migratoria, y registró un movimiento migratorio de entrada del 18 de junio de 2018. En virtud de lo anterior, quedó a las órdenes de la Policía Profesional de Migración. Indican que, al ser las 7:54 horas del 21 de mayo de 2019, el señor de apellido [Nombre 009] de nombre [Nombre 010] rindió declaración número 135-44258-Mayor, en presencia de su representante legal Licenciado Marco Vinicio Calvo Amador y la intérprete [Nombre 023] indicando lo siguiente: \"TERCERO: Hasta la fecha no he presentado trámites migratorios en esta Dirección o en algunas de sus oficinas regionales, para legalizarme en este país.” Mediante resolución número DG-751-2019-UPAP-DPPM, de las 8:00 horas del 21 de mayo de 2019, se dictó la medida cautelar de Aprehensión Administrativa al citado extranjero, notificada personalmente el 21 de mayo de 2019, al ser las 9:20 horas, en presencia de la intérprete [Nombre 017] , cédula de identidad número [Valor 005] . Desde esta perspectiva, la aplicación de la aprehensión administrativa impuesta al amparado, es una atribución que ostenta esta Dirección, autorizada por el ordenamiento jurídico para realizar la investigación y determinar la situación migratoria de los extranjeros en Costa Rica, ostentando la facultad de aprehender a quienes se encuentran en situación irregular por el tiempo estrictamente necesario. Al respecto, el artículo 211 de la Ley General de Migración y Extranjería, establece las medidas cautelares que se pueden acordar para garantizar la tramitación del procedimiento administrativo, específicamente el inciso 2) faculta la detención de la persona extranjera en condición irregular en el país, al determinar: \"La Dirección General, durante la tramitación del procedimiento administrativo, podrá acordar la aplicación de alguna de las siguientes medidas cautelares: (...) 2) Orden de aprehensión de la persona extranjera, de conformidad con los tiempos y plazos establecidos en la presente Ley...\". En este mismo sentido, mediante voto N° 2011-005200 de las 15:54 horas del 26 de abril de 2012, tramitado mediante expediente número [Valor 004], la Sala Constitucional dispuso: “la legislación contempla la posibilidad de que las autoridades de la Dirección General de Migración y detengan a las personas extranjeras indocumentadas y que no puedan demostrar status migratorio, para los efectos de identificarlos y proceder conforme a derecho; plazo que será el estrictamente necesario para llevar a cabo el procedimiento (ver en ese sentido sentencias números 2000-11076 de las nueve horas ocho minutos del quince de diciembre del dos mil y 2000-002459 de las quince horas cuarenta y ocho minutos del veintiuno de marzo del dos mil).” Señalan que de tales votos se desprende claramente que esta Dirección General puede restringir la libertad de una persona extranjera que se encuentre en el territorio nacional con una permanencia migratoria irregular, durante el período que sea estrictamente indispensable, a fin de garantizar el efectivo proceso de investigación y verificación de datos que sean necesarios para determinar la condición migratoria de la persona detenida, tal y como se viene desarrollando en este caso, en ese sentido consideran importante mencionar que al amparado se le han respetado sus derechos fundamentales en todo momento, ya que como se consignó en la declaración, estuvo presente su representante legal e intérprete. Aducen que el 21 de junio de 2019, el licenciado Marco Vinicio Calvo Amador, en calidad de representante legal del amparado presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución número DG-751-2019-UPAP-DPPM y la Dirección General mediante resolución número 132-05-2019-UPAP-DPPM de las 10:15 horas del 30 de mayo de 2019, resolvió rechazar por improcedente el recurso de revocatoria; asimismo, el Tribunal Administrativo Migratorio mediante resolución número 311-2019-TAM de las 9:15 horas del 18 de junio de 2019, resolvió declarar sin lugar el recurso presentado, notificado mediante acta de notificación, medio señalado al ser las 14:10 horas del 18 de junio de 2019, confirmando la resolución de Aprehensión número DG-751-2019-UPAP-DPPM. En ese orden de ideas, el Licenciado Marco Vinicio Calvo Amador en calidad de representante legal del señor de apellido [Nombre 009] de nombre [Nombre 010] presentó recurso de apelación contra la resolución número DG-930-2019-UPAP-DPPM de las 13:45 horas del 18 de junio de 2019; asimismo, el Tribunal Administrativo Migratorio mediante resolución número 345-2019-TAM de las 10:00 horas del 28 de junio de 2019, resolvió declarar sin lugar el recurso presentado, notificado mediante acta de notificación, al ser las 10:32 horas del 28 de junio de 2019, confirmando la resolución número DG-930-2019-UPAP-DPPM. La parte recurrente presentó recurso de hábeas corpus contra la Dirección General de Migración y Extranjería en el mes de agosto, tramitado en la Sala Constitucional mediante expediente número 19-014116-007-CO; no obstante, por resolución número N° 2019015532 de las 9:45 horas del 20 de agosto de 2019, se declaró sin lugar el recurso anteriormente indicado. En ese orden, el recurrente interpuso un nuevo recurso de hábeas corpus contra la Dirección General de Migración y Extranjería mediante expediente N° 19-018623-0007-CO, dentro de la audiencia conferida mediante resolución de las 14:41 horas del 8 de octubre de 2019, declarado sin lugar mediante resolución número N° 2019020337. Indican que los recursos citados en los párrafos anteriores presentados por la parte recurrente, han provocado algunas dilaciones dentro del proceso, y la administración migratoria respetuosa del debido proceso, ha debido esperar la resolución de los mismos para garantizar los derechos fundamentales de la persona extranjera. El amparado ingresó al Centro de Aprehensión Región Central el 20 de mayo de 2019, con fundamento en su permanencia irregular en el país y mediante resolución DG-751-2019-UPAPDPPM, de las 8:00 horas del 21 de mayo de 2019, esta Dirección General dictó la medida cautelar de aprehensión administrativa al tutelado, misma que fue notificada personalmente al interesado el 21 de mayo de 2019, al ser las 14:50 horas. El tutelado presentó ante la Dirección General de Migración y Extranjería una solicitud de Trabajador de Ocupación Específica, Empleada Doméstica mediante expediente número 135-617S34, del 23 de mayo de 2019, una vez que ya el extranjero se encontraba aprehendido y a la orden de la Policía Profesional de Migración. Refieren que, debido a la solicitud del extranjero ante la Gestión de Extranjería, la Unidad Policial de Apoyo Profesional de la Dirección de la Policía Profesional de Migración envió el 27 de mayo de 2019 una consulta, vía correo electrónico, a la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, donde solicitó información para verificar si a nombre del amparado constaba visa emitida por parte de los Estados Unidos de América, y la respuesta de la señora Vicky Aguilar H, Investigadora de Fraudes Criminales de la Embajada de los Estados Unidos, fue que de acuerdo a las bases de datos no se le ha emitido visa a [Nombre 011], fecha de nacimiento 30 de noviembre de 1997 y pasaporte E38051656. Mediante resolución 135-805146-ADMINSITRATIVA-JRM, de las 10:28 horas del 8 de julio de 2019, esta Dirección General rechazó por inadmisible la solicitud de permanencia legal pretendida por el tutelado, quien aportó copia certificada de la visa de los Estados Unidos de Norteamérica utilizada para ingresar al país el día 18 de junio de 2018, la cual no fue válidamente otorgada. En virtud de lo anterior, esta Dirección General ordenó prorrogar la medida cautelar de aprehensión administrativa al señor de apellido [Nombre 009] de nombre [Nombre 010] mediante resolución DG-1090-2019-UPAP-DPPM, de las 13:39 horas del 16 de julio de 2019, debidamente notificada. El Tribunal Administrativo Migratorio resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Marco Vinicio Calvo Amador, en su condición de apoderado administrativo del tutelado, contra la resolución número 135-805146-Administrativa-JRM, que denegó la solicitud de Categoría Especial como Trabajador de Ocupación Específica, como servidor doméstico, de las 10:28 horas del 8 de julio de 2019, según resolución del Tribunal Administrativo Migratorio número 416-2019-TAM, de las 10:45 horas del 23 de julio de 2019. Esta Dirección General, con fundamento en los hechos expuestos y citas de Ley, resolvió mediante resolución número 135-2019-849-DPL-DPPM de las 8:00 horas del 9 de agosto de 2019, declarar la ilegalidad del ingreso y la permanencia en el país del amparado y ordenar su deportación, la cual fue notificada al medio aportado por su representante legal el día 22 de agosto de 2019, al ser las 12:52 horas. Señalan que el fundamento para la orden de deportación se ha ajustado a los lineamientos emitidos por esta Sala Constitucional. En el expediente administrativo consta que desde el ingreso del amparado se iniciaron las diligencias pertinentes con el Consulado de China en Costa Rica para documentar al extranjero, según consta en el correo electrónico del 20 de mayo de 2019, suscrito por el oficial de la Policía Profesional de Migración Cristhian Sánchez Benavidez; de igual forma el oficial Bryan Quesada Guerrero del Centro de Aprehensión Región Central, indicó que el 8 de agosto de 2019, el tutelado fue trasladado al Consulado de China, donde le entregaron unos formularios para completar  que ya fueron entregados; sin embargo, aún se encuentra pendiente la documentación por parte del Consulado. El oficial Bryan Quesada Guerrero, colaborador del Centro de Aprehensión Región Central, el 12 de septiembre de 2019 envió un correo electrónico dirigido al señor Song Yanbin de la Embajada de la República Popular de China en San José, solicitando su colaboración para la respectiva documentación del amparado. El 19 de septiembre de 2019, el señor Bryan Quesada Guerrero, en su condición de Coordinador a.i. del Centro de Aprehensión Región Central, entregó el oficio número 418-09-2019-CARC-DPPM a la Embajada de la República Popular de China, donde planteó una nueva solicitud de colaboración y /o autorización para deportar al tutelado hacia China con un documento de identidad emitido por la Dirección General de Migración, cuando por algún motivo una persona extranjera no pueda documentarse, teniendo certeza de su nacionalidad. Mediante oficio número 452-10-2019-DPPM-CARC de fecha 11 de octubre de 2019, el oficial Bryan Quesada Guerrero informó todas las diligencias llevadas a cabo con el fin de obtener un documento válido de viaje para el amparado, y manifestó que el 10 de octubre logró ser atendido y obtener una respuesta positiva por parte del consulado, en la cual por primera vez desde que inició el proceso de su documentación, se aceptó realizar el trámite de documentación y la entrega de un pasaporte provisional o salvo conducto para el ciudadano chino, el cual sería entregado luego de varios procesos administrativos que el consulado necesitaba realizar. Refieren que el recurrente lleva razón al indicar que la oficina diplomática de la República China aceptó realizar el trámite de documentación del amparado, y que el señor cónsul general de China Wang Hao le indicó vía telefónica a la licenciada Diana Padilla Flores, Gestora del Centro de Aprehensión de la Región Central, que el sistema que se utiliza para la emisión de documentos está presentando algunos problemas, por lo que no se ha podido expedir el mismo. Una vez listo el documento de viaje del tutelado, esta dirección ejecutará el procedimiento administrativo correspondiente. Aducen que esta autoridad migratoria ha realizado todas las diligencias necesarias tendientes a materializar el procedimiento respectivo. El 1 de octubre de 2019, el amparado solicitó rendir una ampliación de audiencia en compañía del intérprete [Nombre 030] y como representante legal el recurrente, donde consignó textualmente: \"Canton, Shangay a Nicaragua, cuando llegué a Nicaragua, me trasladaron a Costa Rica, en la frontera me toparon dos personas, uno delgado, alto, pelo largo con canas y uno con tatuaje de un águila, uno que se llama John y el otro no sé el nombre, nos trasladaron a una bodega en un carro blanco marca Toyota, me esperaba una mujer. Al día siguiente me llevaron a un sitio donde trabajaba más de dieciséis horas, desde ese momento no dormía bien no comía bien y cada día me llevaba a hacer trabajos diferentes en lugares diferentes, yo no sabía qué hacer cuando llegué a Costa Rica, me quitaron mi pasaporte y no me dejaban hablar con personas ajenas y para que me devolvieran el pasaporte debía cumplir con el trabajo que me decían. Tengo miedo de hablar del caso por amenaza. El día que me detuvieron en el restaurante nosotros estábamos comiendo en el sitio, ellos tienen la costumbre de comer en ese restaurante y las dos personas que andaban conmigo huyeron\". Es Todo.” . Indican que llama poderosamente la atención a esta Dirección General, que la manifestación del amparado contradice lo dicho expresamente en la Declaración número 135-44258-Mayor del 21 de mayo de 2019, donde en lo que interesa indicó: \"PRIMERO: Ingresé al país por última vez el 18/06/2018, por el lugar denominado Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en forma legal. SEGUNDO: Al momento de ingresar al país sí cumplí con presentar el boleto o tiquete de regreso\". Verificados los sistemas informáticos de la Dirección General de Migración y Extranjería consta movimiento migratorio de ingreso del 18 de junio de 2018, por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, con el pasaporte ordinario número E38051656, en calidad de turista, en contraposición con lo expresado líneas atrás sobre un ingreso terrestre por la frontera con Nicaragua. Denotan que el tutelado presentó ante la Dirección General de Migración y Extranjería trámite de solicitud de Trabajador de Ocupación Específica, Empleada Doméstica mediante expediente número 135-617S34, del 23 de mayo de 2019, una vez que ya el extranjero se encontraba aprehendido y a la orden de la Policía Profesional de Migración, para realizar dicho trámite de regularización en la Gestión de Extranjería la persona extranjera canceló la multa establecida por el artículo 91 de la Ley General de Migración y Extranjería, de esto se extrae que la persona extranjera mantenía la tesis de su ingreso legal como turista por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en virtud de ello presentó trámite de regularización, lo que evidencia una gran inconsistencia con lo manifestado posteriormente el 1 de octubre de 2019. Por otra parte, al momento de ser detectado, el extranjero manifestó estar indocumentado y que le habían robado el pasaporte en el Barrio Chino y no había interpuesto la respectiva denuncia, contradiciendo lo expresado en la manifestación del primero de octubre donde menciona textualmente: “...me quitaron mi pasaporte y no me dejaban hablar con personas ajenas y para que me devolvieran el pasaporte debía cumplir con el trabajo que me decían...\". Indican que el artículo 39 de la Ley 9095 establece la obligación de informar sobre posibles casos de víctimas de trata, por ello y luego de la manifestación del amparado al ser las 13:10 horas del 1 de octubre de 2019, se iniciaron las diligencias pertinentes para la debida atención de la persona extranjera, y en razón de ello se coordinó por medio de la Gestión de Investigaciones, Análisis e Inteligencia Policial de la Policía Profesional de Migración, Gestión encargada del tema para activar los mecanismos necesarios e informar a la Fiscalía contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA) sobre los hechos alegados. De esta manera, el 8 de octubre de 2019, el señor Michalli Jiménez recibió mediante correo electrónico del Lic. José Ángel Fallas Palacios Fiscal Coordinador FACTRA, la solicitud para presentar el día 9 de octubre de 2019 al amparado a las 08:00 horas, a los efectos del abordaje necesario; y según se desprende del informe número 452-10-2019-DPPM-CARC de fecha 11 de octubre de 2019, los oficiales Bryan Quesada Guerrero y Tatiana Muller trasladaron a la citada persona extranjera al Primer Circuito Judicial, específicamente a la Fiscalía Adjunta de Trata para la debida atención. Mediante correo electrónico del 11 de octubre de 2019, remitido por el Lic. José Ángel Fallas Palacios, Fiscal Coordinador de la Fiscalía Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes a la Gestión de Investigaciones se indicó, en lo que interesa con respecto al abordaje del amparado lo siguiente: “(...) Al analizar el relato del mismo con la versión de la noticia criminis me permito indicar que desde mi punto de vista profesional no tengo actualmente ningún indicador real, ni objetivo que me permita tener en grado probable que esta persona es víctima del delito de Trata de Personas, esto por cuanto su relato presentó muchas inconsistencias, e incluso omisiones por parte de dicha persona.\"  “(....) Otro punto para que lo tenga en consideración es que el interés de dicho Individuo es regresar a China, y al no tener indicios de que sea víctima del delito de Trata de Personas se lo informó para lo que en derecho corresponda...”. Es de especial mención que la Policía Profesional de Migración ha realizado todas las diligencias conforme lo establece la Ley Contra la Trata de Personas número 9095, respetando los derechos humanos de la persona extranjera y garantizando el debido proceso. Señalan que no lleva razón el recurrente al indicar que la causa no está concluida en la Fiscalía Adjunta Contra el Tráfico y la Trata de Personas, ya que el fiscal coordinador licenciado José Ángel Fallas Palacios informó mediante correo electrónico del 6 de noviembre de 2019, en lo que interesa, lo siguiente: \"…por medio de la presente procedo a indicarle que en relación con la causa [Valor 002] , la misma se encuentre desestimada y egresada del sistema desde el 30 de octubre de 2019.\" En ese sentido, el licenciado Fallas indicó que el amparado NO es requerido para ningún trámite o diligencia en la Fiscalía Adjunta Contra el Tráfico y la Trata de Personas, lo que deja en evidencia que no lleva razón el recurrente al manifestar que la causa en la fiscalía no está concluida, asimismo lo resuelto por el Ministerio Público diluye lo argumentado por el recurrente en cuanto a que el tutelado sea una posible víctima del delito de Tráfico y la Trata de Personas. De acuerdo con la solicitud de cambio de medida presentada por el recurrente, mediante oficio 315-11-2019-DPPM-UPAP, se informó que en razón de que la Fiscalía Adjunta Contra el Tráfico y la Trata de Personas, gestionó formal desestimación de la causa por el supuesto delito de Trata de Personas, se rechazó el cambio de medida. De todo lo anteriormente mencionado, se colige indubitablemente, que no existe violación alguna de los derechos fundamentales de debido proceso, derecho de defensa, en todas sus manifestaciones, toda vez que se respalda en normas de derecho positivo vigentes. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n                 Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,\n\nConsiderando:\n\n                I.- Objeto del recurso. El recurrente acusa lesionados los derechos fundamentales del amparado, por cuanto tiene 5 meses de estar aprehendido, a pesar de ser víctima en un proceso penal de trata de personas y por el atraso del Consulado de China en tramitar su documentación. Indica que por ello solicitó el cambio de medida cautelar, pero no ha sido resuelta. Solicita que se le cambie la medida cautelar por otras menos gravosa, hasta que sea resuelta su situación consular, penal y administrativa.\nII.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\nEl 20 de mayo de 2019, se llevó a cabo una mega inspección solicitada por el Ministerio de Trabajo a la Caja Costarricense de Seguro Social, Policía de Control Fiscal, Policía Municipal, Fuerza Pública, Ministerio de Hacienda y Policía profesional de Migración, en los alrededores del antiguo Mercado Municipal de Heredia, donde se detectó específicamente en el restaurante Yud Fad, al amparado; a quien se le solicitó su documento de identidad, y manifestó que no lo portaba, ya que se lo habían robado en el Barrio Chino y que nunca puso la denuncia, por lo que se le trasladó a la Dirección de la Policía Profesional de Migración, luego de indicarle sus derechos (ver informe policial número IP-277-05-2018-DPPM-UD).\n\nAl verificarse en los sistemas informáticos de la Dirección General recurrida que el amparado no había realizado trámites tendentes a regularizar su condición migratoria, y que registró un movimiento migratorio de entrada desde el 18 de junio de 2018, el 20 de mayo de 2019 quedó a las órdenes de la Policía Profesional de Migración (ver informe rendido bajo juramento).\n\nAl ser las 7:54 horas del 21 de mayo de 2019, el amparado rindió la declaración número 135-44258-Mayor, en presencia de su representante legal y de una intérprete, en la que indicó: \"PRIMERO: Ingresé al país por última vez el 18/06/2018, por el lugar denominado Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en forma legal. SEGUNDO: Al momento de ingresar al país sí cumplí con presentar el boleto o tiquete de regreso. TERCERO: Hasta la fecha no he presentado trámites migratorios en esta Dirección o en algunas de sus oficinas regionales, para legalizarme en este país.” (ver informe rendido bajo juramento).\n\nMediante resolución número DG-751-2019-UPAP-DPPM, de las 8:00 horas del 21 de mayo de 2019, la dirección recurrida dictó la medida cautelar de aprehensión administrativa del amparado, la cual le fue notificada personalmente ese mismo día (ver informe rendido bajo juramento). \n\nEl 23 de mayo de 2019, el tutelado presentó ante la Dirección General de Migración y Extranjería una solicitud de Trabajador de Ocupación Específica, Empleada Doméstica mediante expediente número 135-617S34, cuando ya se encontraba aprehendido (ver informe rendido bajo juramento y copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nEl 23 de mayo de 2019, el licenciado Marco Vinicio Calvo Amador, en su condición de representante legal del amparado presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución número DG-751-2019-UPAP-DPPM, el cual fue desestimado por la Dirección General recurrida mediante resolución número 132-05-2019-UPAP-DPPM de las 10:15 horas del 30 de mayo de 2019 (ver informe rendido bajo juramento y copia certificada del expediente administrativo adjunto). \n\nEl 27 de mayo de 2019, la Unidad Policial de Apoyo Profesional de la Dirección de la Policía Profesional de Migración consultó a la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, si el amparado contaba con la visa norteamericana, cuya copia había aportado; sin embargo, la respuesta de la Investigadora de Fraudes Criminales de la Embajada de los Estados Unidos, fue que de acuerdo a las bases de datos no se le había emitido visa a [Nombre 011], fecha de nacimiento 30 de noviembre de 1997 y pasaporte E38051656 (ver informe rendido bajo juramento y copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nEl Tribunal Administrativo Migratorio mediante resolución número 311-2019-TAM de las 9:15 horas del 18 de junio de 2019, declaró sin lugar el recurso de apelación presentado, lo que fue notificado ese mismo día al amparado (ver informe rendido bajo juramento y copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nPor resolución número DG-930-2019-UPAP-DPPM de las 13:45 horas del 18 de junio de 2019, la recurrida prorrogó la aprehensión administrativa del amparado por el plazo de 30 días (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nEl 21 de junio de 2019, el defensor del amparado presentó recurso de apelación contra la resolución número DG-930-2019-UPAP-DPPM de las 13:45 horas del 18 de junio de 2019; y el Tribunal Administrativo Migratorio mediante resolución número 345-2019-TAM de las 10:00 horas del 28 de junio de 2019, resolvió declarar sin lugar el recurso presentado (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nMediante resolución 135-805146-ADMINSITRATIVA-JRM, de las 10:28 horas del 8 de julio de 2019, la Dirección General recurrida rechazó por inadmisible la solicitud de permanencia legal pretendida por el tutelado, y se advirtió que la copia certificada de la visa de los Estados Unidos de Norteamérica utilizada para ingresar al país el día 18 de junio de 2018, no fue válidamente otorgada (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nPor resolución DG-1090-2019-UPAP-DPPM de las 13:39 horas del 16 de julio de 2019, la recurrida prorrogó la medida cautelar de aprehensión administrativa al amparado por 30 días. En dicha resolución de indica que se han debido resolver varios recursos y que estaba pendiente de resolución, el recurso de revocatoria con apelación interpuesto en contra de lo resuelto respecto de la solicitud de trabajo planteada por el amparado en el expediente 135-617534  (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nPor resolución No. 416-2019-TAM, de las 10:45 horas del 23 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo Migratorio declaró sin lugar el recurso de apelación planteado por el amparado contra la resolución número 135-805146-Administrativa-JRM, que denegó la solicitud de Categoría Especial como Trabajador de Ocupación Específica, como servidor doméstico (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nMediante resolución número 135-2019-849-DPL-DPPM de las 8:00 horas del 9 de agosto de 2019, la dirección recurrida declaró la ilegalidad del ingreso y la permanencia en el país del amparado y ordenó su deportación, lo cual le fue notificado al medio aportado por su representante legal el 22 de agosto de 2019 (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nEl 8 de agosto de 2019, el tutelado fue trasladado al Consulado de China, donde le entregaron unos formularios para completar  que  fueron entregados por la recurrida (ver informe rendido bajo juramento).\n\nPor resolución DG-1205-2019-UPAP-DPPM de las 16:00 horas del 14 de agosto de 2019, la recurrida prorrogó la medida cautelar de aprehensión administrativa al amparado por 30 días. En dicha resolución de indica que estaba pendiente de resolución un hábeas corpus planteado por el tutelado y que este había ingresado de forma fraudulenta al país (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nEl 20 de agosto de 2019, esta Sala declaró sin lugar el recurso de hábeas corpus interpuesto a favor del amparado y tramitado en el expediente No. 19-014116-0007-CO (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nEl 12 de septiembre de 2019, el colaborador del Centro de Aprehensión Región Central envió un correo electrónico dirigido al señor Song Yanbin de la Embajada de la República Popular de China en San José, solicitando su colaboración para la respectiva documentación del amparado (ver informe rendido bajo juramento).\n\nPor resolución DG-1379-2019-UPAP-DPPM de las 11:00 horas del 13 de setiembre de 2019, la recurrida prorrogó la medida cautelar de aprehensión administrativa al amparado por 30 días. En dicha resolución se indica que el amparado se había negado a colaborar con el trámite de documentación en la Embajada de la República Popular de China, razón por la cual estaba pendiente el trámite administrativo de asignación de custodios y compra de tiquetes aéreos para ejecutar la deportación (ver copia certificada del expediente adjunto).\n\nEl 19 de septiembre de 2019, el Coordinador a.i. del Centro de Aprehensión Región Central entregó el oficio número 418-09-2019-CARC-DPPM a la Embajada de la República Popular de China, donde planteó una nueva solicitud de colaboración y /o autorización para deportar al tutelado hacia China con un documento de identidad emitido por la Dirección General de Migración, a pesar de que el tutelado no quería brindar toda la información requerida (ver copia certificada del expediente adjunto).\n\nEl 1 de octubre de 2019, el amparado solicitó rendir una ampliación de audiencia ante la dirección recurrida, donde consignó textualmente: \"Canton, Shangay a Nicaragua, cuando llegué a Nicaragua, me trasladaron a Costa Rica, en la frontera me toparon dos personas, uno delgado, alto, pelo largo con canas y uno con tatuaje de un águila, uno que se llama John y el otro no sé el nombre, nos trasladaron a una bodega en un carro blanco marca Toyota, me esperaba una mujer. Al día siguiente me llevaron a un sitio donde trabajaba más de dieciséis horas, desde ese momento no dormía bien no comía bien y cada día me llevaba a hacer trabajos diferentes en lugares diferentes, yo no sabía qué hacer cuando llegué a Costa Rica, me quitaron mi pasaporte y no me dejaban hablar con personas ajenas y para que me devolvieran el pasaporte debía cumplir con el trabajo que me decían. Tengo miedo de hablar del caso por amenaza. El día que me detuvieron en el restaurante nosotros estábamos comiendo en el sitio, ellos tienen la costumbre de comer en ese restaurante y las dos personas que andaban conmigo huyeron\". Es Todo.” (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nEl 1 de octubre de 2019, la dirección recurrida coordinó por medio de la Gestión de Investigaciones, Análisis e Inteligencia Policial de la Policía Profesional de Migración, el informar a la Fiscalía contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA) sobre los hechos alegados por el amparado (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nEl 4 de octubre de 2019, el recurrente solicitó el cambio de cambio de medida cautelar para el amparado (hecho incontrovertido).\n\nEl 6 de octubre de 2019, el recurrente planteó el recurso de hábeas corpus tramitado en el expediente No. 19-18623-0007-CO, ya que no había sido documentado por el Consulado Chino y tenía 4 meses de estar aprehendido (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nEl 8 de octubre de 2019, el Fiscal Coordinador FACTRA solicitó presentar al amparado el día 9 de octubre de 2019 a las 08:00 horas en su despacho para recibirle denuncia, lo cual se hizo efectivo y se abrió la causa [Valor 002] (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nMediante correo electrónico del 11 de octubre de 2019, remitido por el Fiscal Coordinador de la Fiscalía Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes a la dirección recurrida se indicó, en lo que interesa con respecto al abordaje del amparado lo siguiente: “(...) Al analizar el relato del mismo con la versión de la noticia criminis me permito indicar que desde mi punto de vista profesional no tengo actualmente ningún indicador real, ni objetivo que me permita tener en grado probable que esta persona es víctima del delito de Trata de Personas, esto por cuanto su relato presentó muchas inconsistencias, e incluso omisiones por parte de dicha persona.\"  “(....) Otro punto para que lo tenga en consideración es que el interés de dicho Individuo es regresar a China, y al no tener indicios de que sea víctima del delito de Trata de Personas se lo informó para lo que en derecho corresponda...” (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nMediante oficio número 452-10-2019-DPPM-CARC de fecha 11 de octubre de 2019, el oficial Bryan Quesada Guerrero informó al Director de la Policía Profesional de Migración lo siguiente: “Primero: El 02 de octubre del presente año, los Oficiales Tatiana Muller y el suscrito realizan el traslado del señor [Nombre 010] al consulado de China por tercera ocasión, esto con el fin de que se reanuden los intentos para obtener un documento de viaje con el cual pueda ejecutarse su deportación, lamentablemente el consulado no pudo recibirnos debido a que se encontraba celebrando actividades durante toda la semana y nos indicaron que reanudarían funciones hasta el 07 de octubre. Con base en lo anterior se envía correo electrónico en el cual se solicita formalmente una cita para que sea atendido el señor Weijan, dicho correo no fue respondido en ningún momento. Segundo: El 09 de octubre del presente año se traslada al señor Weijan por parte de los oficiales Tatiana Muller y el suscrito al Primer Circuito Judicial, específicamente a la Fiscalía Adjunta de Trata…Tercero: El 10 de octubre del presente año y en vista de que el consulado de China no respondió el correo para la obtención de una cita, se decide trasladar nuevamente al aprehendido Weijan hacia el consulado para su proceso de documentación, en esta ocasión si es atendido y se logra obtener una respuesta positiva por parte del consulado, en la cual por primera vez desde que inició el proceso de su documentación, se acepta realizar el trámite de documentación y la entrega de un pasaporte provisional o salvo conducto para el ciudadano chino, el documento será entregado posterior a varios procesos administrativos que el consulado necesita realizar.” (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nMediante resolución DG-1545-2019-UPAP-DPPM de las 18:00 horas del 11 de octubre de 2019, la dirección recurrida prorrogó la aprehensión administrativa del amparado por 30 días más, la cual justificó adicionalmente por la pendencia de resolución del recurso de hábeas corpus tramitado en el expediente 19-018623-0007-CO y estar a la espera del documento que debía emitir la Embajada de la República Popular de China  (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\n El 18 de octubre de 2019, el recurso de hábeas corpus tramitado en el expediente No. 19-018623-0007-CO fue desestimado (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nEl 29 de octubre de 2019, el recurrente solicitó el cambio de medidas del amparado, ante el cambio de circunstancias por considerarlo víctima en el proceso penal pendiente (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nEl 31 de octubre de 2019, el recurrente interpuso este recurso, el cual fue notificado a los recurridos el 5 de noviembre de 2019 (ver actas adjuntas).\n\nAnte la falta de respuesta del Consulado de China, el  5 de noviembre de 2019, la  Gestora del Centro de Aprehensión de la Región Central realizó una llamada telefónica al Cónsul General de China, quien indicó que la autorización por parte de China para la emisión del documento del amparado ya había sido recibida; sin embargo, debido a problemas en los sistemas que se utilizan para la emisión de dichos documentos, no se había podido tramitar el mismo, y estaban en espera de que fueran reparados desde China (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nEl 6 de noviembre de 2019, la dirección recurrida indagó el estado de la causa [Valor 002] y si el amparado era requerido para alguna diligencia (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\n  El 6 de noviembre de 2019, la fiscalía informó a la dirección recurrida, que la causa [Valor 002] se encontraba desestimada y egresada del sistema desde el 30 de octubre de 2019. Ya había sido remitida al Juzgado penal de Heredia desde esa fecha y el tutelado no era requerido para ningún trámite (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nMediante oficio 315-11-2019-DPPM-UPAP del 6 de noviembre de 2019, la dirección recurrida rechazó la solicitud de cambio de medida solicitada, vista la información recibida por la Fiscalía Adjunta Contra el Tráfico y la Trata de Personas, de haber gestionado la formal desestimación de la causa por el supuesto delito de Trata de Personas. Lo anterior fue notificado al amparado ese mismo día (ver copia certificada del expediente administrativo adjunto).\n\nIII.- Sobre el caso concreto. Según quedó acreditado en autos, desde el 20 de mayo de 2019, el amparado está a las órdenes de la Policía Profesional de Migración, al haberse verificado en un operativo, que el amparado, de nacionalidad China, no había realizado trámites tendentes a regularizar su condición migratoria, y registraba un movimiento migratorio de entrada desde el 18 de junio de 2018. En consecuencia, mediante resolución número DG-751-2019-UPAP-DPPM de las 8:00 horas del 21 de mayo de 2019, la dirección recurrida dictó la medida cautelar de aprehensión administrativa del amparado por 30 días, la cual se ha venido prorrogando a la fecha. Dicha medida incluso ha sido objeto de revisión por parte de este Tribunal. En sentencia No. 2019-15532 de las 9:45 horas de 20 de agosto de 2019, se desestimó un recurso de hábeas corpus a favor del tutelado, con base en las siguientes consideraciones:\n“Sobre el fondo. Esta Sala estima que si bien, aún cuando está justificado por la legislación y la jurisprudencia nacional, la actuación de las autoridades migratorias, también es lo cierto que este Tribunal en reiteradas sentencias, ha venido indicando que es obligación de las autoridades migratorias, al momento de ordenar la detención de un extranjero que se encuentre en condición irregular, a realizar un escrutinio más riguroso de la orden de detención, la cual no puede limitarse a la mera verificación mecánica de la condición irregular, del extranjero y de la emisión formal de una orden de aprehensión, sino que se debe profundizar tanto en la forma como en los motivos y justificación de esa privación de libertad, sobre todo cuando el propio legislador, en los artículos 31 y 211 de la Ley General de Migración y Extranjería vigente, ha reconocido la titularidad de los derechos y garantías constitucionales a las personas extranjeras, la excepcionalidad de la medida de aprehensión administrativa y un abanico de opciones sustitutivas a la privación de libertad. Lo anterior obliga a este Tribunal a velar porque este tipo de restricciones a ese derecho, sean debidamente fundamentadas y justifiquen las razones por las cuales se ordena  (véanse por ejemplo los votos 2017-5323, 2016-0790, 2015-19792, 2014-2030 y 2014-02425).\nIV.- Sobre el caso concreto. En el caso concreto, se constata que  mediante resolución Nº DG-751-2019-UPAP-DPPM, de las 08:00 horas del 21 de mayo de 2019, se indica textualmente lo siguiente:\n“Cuarto: Analizados los elementos que constan en el expediente administrativo del señor de apellido [Nombre 009] de nombre [Nombre 012] y revisados los sistemas informáticos de esta Dirección General, consta que permanece de manera irregular en el país, como se consigna en los movimientos migratorios, no registra trámite pendiente para regularizar su situación migratoria, en razón de lo anterior, es notorio el desinterés del extranjero para regularizar su situación migratoria en el país, tomando en cuenta que según registros migratorios, el extranjero ingresó al territorio nacional desde el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por los motivos anteriormente expuestos, y siendo que no presenta pasaporte, es evidente que existe la probabilidad de evasión del trámite migratorio pendiente y procede aplicar una medida cautelar administrativa tendiente a imponer las sanciones pertinentes, en este mismo sentido, esta Dirección General considera improcedente aplicar alguna de las medidas cautelares como lo son, el Decomiso Temporal de Documento, Detención Domiciliaria o Presentación y Firma Periódica, y con fundamento en lo anterior lo pertinente es dictar la medida cautelar de Aprehensión Administrativa en contra del señor de apellido [Nombre 009] de nombre [Nombre 012] con la finalidad de asegurar su presencia para la tramitación del trámite pendiente.”\nSe verificó entonces la existencia de elementos que permiten a la Dirección recurrida constatar la infracción migratoria acusada, puesto que el amparado a) “permanece de manera irregular en el país”, b) “no registra trámite pendiente para regularizar su situación migratoria” y c) “no presenta pasaporte”. Se estimó que, por ello, se evidencia “la probabilidad de evasión del trámite migratorio pendiente” y se justifica la aplicación de una medida cautelar administrativa de aprehensión administrativa, “con la finalidad de asegurar su presencia” en tanto se dispone el trámite pertinente. Con fundamento en dicho criterio, esta Sala estima que la detención que sufre el tutelado no es ilegítima ni improcedente, y se encuentra debidamente fundamentada en los términos indicados supra. De un mejor análisis, este Tribunal determina que cuando estamos en presencia de materia migratoria, no resulta aplicable la rigidez que se exige en el proceso penal, máxime cuando se tiene por constatada la permanencia irregular del amparado en el país. Por ello, esta Sala Constitucional considera que la fundamentación realizada resulta suficiente para justificar la medida de aprehensión administrativa cuestionada, en tanto incluye un análisis de los aspectos elementales que motivan la imposición de esa medida cautelar en concreto. Aunado a ello, posteriormente se determinó que la visa con que había ingresado el tutelado al país era falsa, lo cual ocasionó el rechazo de su solicitud de permiso de trabajo. Analizada la prueba aportada allegada los autos, estima esta Sala que no lleva razón la recurrente al afirmar que el tutelado ha sido privado de su libertad ilegítimamente, pues es evidente que existen razones suficientes, debidamente fundamentadas, para mantener al tutelado privado de libertad mientras se realiza el procedimiento administrativo correspondiente. En consecuencia, lo procedente es desestimar el recurso.” (El resaltado no es del original)\nDe forma más reciente, en sentencia No. 2019-20337 de las 9:20 horas del 18 de octubre de 2019, nuevamente este Tribunal se pronunció sobre la medida de aprehensión del amparado y desestimó el recurso, en el siguiente sentido:\n“II. Objeto del recurso . El recurrente considera lesionados los derechos fundamentales del amparado, debido a que no se han activado los protocolos correspondientes ni se ha modificado la medida cautelar de aprehensión tras conocerse que el tutelado podría ser víctima de trata de personas…\n…V. Sobre el caso concreto . El recurrente reclama que a favor del tutelado, quien se encuentra en aprehensión administrativa por su condición migratoria irregular, no se han activado los protocolos correspondientes ni se ha modificado la medida cautelar de aprehensión tras conocerse que el tutelado podría ser víctima de trata de personas. Del estudio de los autos se tiene por acreditado que, a raíz de las manifestaciones del amparado del 01 de octubre de 2019, y la posibilidad de que el tutelado fuera víctima del delito de Trata de Personas, las autoridades migratorias activaron los protocolos establecidos, remitiendo el caso a la Fiscalía contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA). Al efecto, el tutelado fue presentado ante esa autoridad el 09 de octubre de 2019, a fin de que se investigue lo denunciado, y la solicitud de cambio de medida cautelar planteada por el recurrente fue desestimada –precisamente- mientras se espera que el Ministerio Público determine lo correspondiente. En este contexto, no aprecia esta Sala ninguna actuación u omisión de la autoridad recurrida que lesione los derechos fundamentales del amparado. Por ello, se impone reiterar que no corresponde revisar en esta vía lo actuado por la administración y otorgar al amparado la permanencia temporal ni disponer cambio de medida, tal y como lo pretende el recurrente; quien podrá plantear cualquier disconformidad con lo resuelto ante las autoridades recurridas, o en su defecto, en sede judicial. En consecuencia, con sustento en las consideraciones expuestas se impone desestimar el recurso.”\nLuego del 9 de octubre de 2019, fecha en la cual el tutelado fue llevado a interponer denuncia por el aparente delito de trata y tráfico ilícito de migrantes, mediante correo electrónico del 11 de octubre de 2019, el Fiscal Coordinador de la Fiscalía Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes le indicó a la dirección recurrida, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) Al analizar el relato del mismo con la versión de la noticia criminis me permito indicar que desde mi punto de vista profesional no tengo actualmente ningún indicador real, ni objetivo que me permita tener en grado probable que esta persona es víctima del delito de Trata de Personas, esto por cuanto su relato presentó muchas inconsistencias, e incluso omisiones por parte de dicha persona.\"  “(....) Otro punto para que lo tenga en consideración es que el interés de dicho Individuo es regresar a China, y al no tener indicios de que sea víctima del delito de Trata de Personas se lo informo para lo que en derecho corresponda...” . Por consiguiente, mediante resolución DG-1545-2019-UPAP-DPPM de las 18:00 horas del 11 de octubre de 2019, la dirección recurrida prorrogó la aprehensión administrativa del amparado por 30 días más, la cual justificó adicionalmente por la pendencia de resolución del recurso de hábeas corpus tramitado en el expediente 19-018623-0007-CO y estar a la espera del documento que debía emitir la Embajada de la República Popular de China. Como ya fue indicado, el 18 de octubre de 2019, el recurso de hábeas corpus tramitado en el expediente No. 19-018623-0007-CO fue desestimado. Igualmente, el 6 de noviembre de 2019, la dirección recurrida indagó el estado de la causa [Valor 002] y si el amparado era requerido para alguna diligencia. Ese mismo día, la fiscalía informó a la dirección recurrida, que la causa [Valor 002] se encontraba desestimada y egresada del sistema desde el 30 de octubre de 2019. Ya había sido remitida al Juzgado penal de Heredia desde esa fecha y el tutelado no era requerido para ningún trámite.\n                Por otro lado, mediante oficio número 452-10-2019-DPPM-CARC de fecha 11 de octubre de 2019, el oficial Bryan Quesada Guerrero informó al Director de la Policía Profesional de Migración, el trámite dado a la solicitud de los papeles del amparado para lograr su deportación, la cual está en firme. Según indicó, el 2 de octubre de 2019, los oficiales trasladaron al amparado al Consulado de China por tercera ocasión, con el fin de que se reanudaran los intentos para obtener un documento de viaje con el cual pudiera ejecutarse su deportación; empero, el consulado no pudo recibirlos, debido a que se encontraba celebrando actividades durante toda la semana y les indicaron que reanudarían funciones hasta el 7 de octubre. Con base en lo anterior, enviaron un correo electrónico en el cual se solicitó formalmente una cita para que fuera atendido el tutelado; sin embargo, dicho correo no fue respondido en ningún momento. El 9 de octubre pasado lo trasladaron a la Fiscalía Adjunta, y el  10 de octubre de este año, en vista de que el consulado de China no respondió el correo para la obtención de una cita, los oficiales de la dirección recurrida decidieron trasladar nuevamente al aprehendido al consulado para su proceso de documentación, ocasión en la que sí fue atendido y se logró obtener una respuesta positiva por parte del consulado. El 5 de noviembre de 2019, ante la falta de respuesta del Consulado de China, la Gestora del Centro de Aprehensión de la Región Central realizó una llamada telefónica al Cónsul General de China, quien indicó que la autorización por parte de China para la emisión del documento del amparado ya había sido recibida; sin embargo, debido a problemas en los sistemas que se utilizan para la emisión de dichos documentos, no se había podido emitir el mismo, y estaban en espera de que fueran reparados desde China. De manera que lo anterior evidencia que los recurridos han actuado proactivamente en procura del documento de identificación del amparado para hacer efectiva su deportación; no obstante, han sido cuestiones ajenas a la recurrida lo que ha impedido que dicho trámite se concrete. Ciertamente el 29 de octubre de 2019, el recurrente solicitó el cambio de medidas del amparado, al estimar que el proceso penal pendiente lo coloca en una situación de víctima. Sin embargo, mediante oficio 315-11-2019-DPPM-UPAP del 6 de noviembre de 2019, la dirección recurrida rechazó la solicitud de cambio de medida solicitada, fundamentado en la información recibida por la Fiscalía Adjunta Contra el Tráfico y la Trata de Personas, quien aseguró haber gestionado la formal desestimación de la causa por el supuesto delito de Trata de Personas. Al respecto, este Tribunal observa que dicha gestión fue resuelta en un plazo razonable. En cuanto a lo ahí resuelto, se reitera lo señalado en la sentencia No. 2019-20337: “Al efecto, el tutelado fue presentado ante esa autoridad el 09 de octubre de 2019, a fin de que se investigue lo denunciado, y la solicitud de cambio de medida cautelar planteada por el recurrente fue desestimada –precisamente- mientras se espera que el Ministerio Público determine lo correspondiente. En este contexto, no aprecia esta Sala ninguna actuación u omisión de la autoridad recurrida que lesione los derechos fundamentales del amparado. Por ello, se impone reiterar que no corresponde revisar en esta vía lo actuado por la administración y otorgar al amparado la permanencia temporal ni disponer cambio de medida, tal y como lo pretende el recurrente; quien podrá plantear cualquier disconformidad con lo resuelto ante las autoridades recurridas, o en su defecto, en sede judicial”.\nEn consecuencia, en lo que respecta a esta jurisdicción, no se constata la violación de los derechos del tutelado. En razón de lo expuesto, procede desestimar el recurso. \n\n                IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n                 Se declara sin lugar el recurso.\n\n                                                                       \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\t\nLuis Fdo. Salazar A.\nPresidente a.i\n\t\n \n\n\nJorge Araya G.\n\t\n \n\t\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\nAna María Picado B.\n\t\n \n\t\nAlicia Salas T.\n\n\nAlejandro Delgado F.\n\t\n \n\t\nLucila Monge P.\n\n\n\n\n\n\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*ABN47WVJ2PKI61*\n\n ABN47WVJ2PKI61\n\nEXPEDIENTE N° 19-020712-0007-CO\n\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 04-04-2026 04:43:12.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the fifteenth of November, two thousand nineteen.\n\nHabeas corpus petition processed under case file number 19-020712-0007-CO, filed by [Name 001], identification number [Value 001], in favor of [Name 002], against the DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA and MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA.\n\nWhereas:\n\n1.- By a written submission sent to the Secretariat of the Chamber on October 31, 2019, the petitioner files a habeas corpus petition. He states that the Immigration Police conducted an operation jointly with the Caja Costarricense de Seguro Social and other police forces, in the vicinity of the old Heredia market during the morning hours of May 20, 2019. He states that, as a result of the operation, the protected person was detained, as he was undocumented and apparently performing kitchen work. He states that because of this situation, the protected person was sent to the Centro de Aprehensión de Heredia where he currently remains. He states that the legal representative at that time filed a habeas corpus petition on August 7 in favor of the protected person, arguing, among other things, that he had an open proceeding with the Dirección General de Migración for the purpose of obtaining a work permit; however, by a ruling of this Chamber, the filed petition was dismissed, based on the Immigration Police's response, which indicated that the protected person, although he had maintained an open file to carry out steps to obtain a work permit, it was rejected because, upon verifying his U.S. visa, it was found to be false. He states that the protected person is currently awaiting his deportation, but has not been documented by the Chinese consulate, having been deprived of liberty for a period of 5 months. He states that in a statement given on May 21, 2019, the protected person declared that up to that date he had not submitted immigration proceedings before that office or any of its regional offices to legalize his status in the country, and he also added in his declaration that his passport had been stolen in the Barrio Chino (Chinatown). He reports that, at the request of the protected person, in his presence and that of the translator named [Name 012], a new hearing was opened in the legal area of the Policía Profesional de Migración on October 1, 2019, in which the protected person made a statement indicating that his case is not a situation of migratory irregularity, but rather that his condition is framed as a victim of the crime of trafficking (trata) or smuggling (tráfico) of persons and that, for fear of attacks against his life, he had not wanted to speak about the true reasons for his stay in the country, as he stated he had been threatened. In his statement, he added descriptive elements evidencing a possible case of smuggling and trafficking of persons, with the protected person mentioning routes and contacts made, the demand for work, deception, mistreatment, and labor abuse regarding servitude (servidumbre). He states that, after expanding his account and learning of his condition as a victim, his eventual deportation generates disrespect for his human rights and a risk to his physical integrity and his life, given his state of vulnerability. He adds that on October 1, 2019, he filed a request for a change of measures in the Legal Department of the Immigration Police, which to date has not been resolved, disregarding the protocols that must be applied immediately in this type of case, according to the Ley de Trata y Tráfico de Personas, No. 9095, Article 39. He states that on September 5, 2019, he filed a habeas corpus petition; however, during the course of its resolution, the Immigration Police corrected their actions and proceeded to carry out the indicated diligences, thereby rectifying the administrative deficiencies and the habeas corpus petition was dismissed. He states that, among the requested diligences, on October 9, 2019, the protected person was transferred to the Fiscalía Adjunta de Trata y Tráfico de Personas (Assistant Prosecutor's Office for Trafficking and Smuggling of Persons) for the purpose of being interviewed to determine if he could be a victim of that crime. He reports that on folio 163 of the Immigration Police's administrative file, it was verified that the Fiscalía Contra el Tráfico y Trata de Personas opened an investigation under No. [Value 002], which is not concluded, as indicated by Licenciado José Ángel Fallas Palacios, Assistant Prosecutor, so that currently it cannot be ruled out that the protected person is a victim of the crime, despite which no change of measures has been ordered, thereby violating his fundamental rights through this action. He adds that, according to folio 164 of the administrative file, the protected person was transferred to the Consulate of China on October 10, 2019, where they agreed to process the documentation and delivery of a provisional passport or safe-conduct for the protected person, but said process remained subject to the approval of several administrative procedures that the consulate has to carry out without specifying the time to resolve the situation. He states that, given that the protected person is part of a criminal proceeding that has not concluded, where he appears as a possible victim, and that he has not been documented as established by Article 212 of the Ley General de Migración y Extranjería, coupled with the time he has been deprived of his liberty (five months), it is more than a reasonable time to define his situation, which has not been done. Therefore, on October 28, 2019, he requested in writing to the Immigration Police that the change of the precautionary measure to a less burdensome one be evaluated, and that bail (caución) and regular signing-in be considered to guarantee his submission to the administrative procedure. As of the date of filing this petition, this request had not been resolved, administratively perpetuating a deprivation of liberty for the protected person under irregular and illegitimate conditions. He requests that the petition be granted, and that the precautionary measure be changed to other less burdensome ones, until his consular, criminal, and administrative situation is resolved.\n\n2.- By ruling at 7:15 p.m. on November 4, 2019, the matter was admitted for processing and a report was requested from the Director General and the Chief of the Policía Profesional, both of the Dirección General de Migración y Extranjería.\n\n3.- By a written submission received at the Secretariat of the Chamber on November 8, 2019, Daguer Hernández Vásquez and Stephen Madden Barrientos, in their order Subdirector General and Director of the Policía Profesional, both of the Dirección de Migración y Extranjería, report under oath that according to police report number IP-277-05-2018-DPPM-UD dated May 20, 2019, signed by officer Grettell González Ríos, an officer of the Policía Profesional de Migración, in exercise of the powers conferred by Articles 15, 16, and 18 of the Ley de Migración y Extranjería number 8764, during a mega-inspection requested by the Ministerio de Trabajo to the Caja Costarricense de Seguro Social, Policía de Control Fiscal, Municipal Police, Fuerza Pública, Ministerio de Hacienda, and Policía Profesional de Migración, in the surroundings of the old Mercado Municipal de Heredia, it was detected specifically in the Yud Fad restaurant, the man [Name 010 009] with a black shirt, gray pants, and sandals in the kitchen area; who was asked for his identity document, stating that he did not carry it as it had been stolen in the Barrio Chino and that he never filed the complaint. He was told that he would be transferred to the Dirección de la Policía Profesional de Migración, informing him of his rights, and Mrs. Feng, who had identified herself as the restaurant manager, was told she could appear with a lawyer at the Dirección de la Policía Profesional de Migración. Upon checking the computer systems of this Dirección General, no proceedings aimed at regularizing his migratory status were registered, and an entry migratory movement on June 18, 2018, was registered. By virtue of the foregoing, he was placed under the orders of the Policía Profesional de Migración. They indicate that, at 7:54 a.m. on May 21, 2019, the man surnamed [Name 009], first name [Name 010], gave statement number 135-44258-Mayor, in the presence of his legal representative Licenciado Marco Vinicio Calvo Amador and the interpreter [Name 023], stating the following: \"THIRD: To date I have not submitted immigration proceedings before this Office or any of its regional offices to legalize my stay in this country.\" By ruling number DG-751-2019-UPAP-DPPM, at 8:00 a.m. on May 21, 2019, the precautionary measure of Administrative Apprehension (Aprehensión Administrativa) was ordered against the aforementioned foreigner, personally notified on May 21, 2019, at 9:20 a.m., in the presence of the interpreter [Name 017], identification number [Value 005]. From this perspective, the application of the administrative apprehension imposed on the protected person is an authority held by this Office, authorized by the legal system to conduct the investigation and determine the migratory situation of foreigners in Costa Rica, holding the power to apprehend those who are in an irregular situation for the time strictly necessary. In this regard, Article 211 of the Ley General de Migración y Extranjería establishes the precautionary measures that can be agreed upon to guarantee the processing of the administrative procedure, specifically subsection 2) authorizes the detention of a foreign person in an irregular condition in the country, determining: \"The Dirección General, during the processing of the administrative procedure, may agree to apply any of the following precautionary measures: (...) 2) Apprehension order for the foreign person, in accordance with the times and deadlines established in this Law...\" In this same sense, by vote No. 2011-005200 at 3:54 p.m. on April 26, 2012, processed under case file number [Value 004], the Constitutional Chamber ruled: \"the legislation contemplates the possibility that the authorities of the Dirección General de Migración detain undocumented foreign persons who cannot prove their migratory status, for the purpose of identifying them and proceeding according to the law; a period that will be strictly necessary to carry out the procedure (see in that sense rulings numbers 2000-11076 at nine hours eight minutes on December fifteenth, two thousand, and 2000-002459 at fifteen hours forty-eight minutes on March twenty-first, two thousand).\" They note that from such votes it is clearly evident that this Dirección General may restrict the liberty of a foreign person who is in the national territory with an irregular migratory stay, during the period that is strictly indispensable, in order to guarantee the effective process of investigation and verification of data necessary to determine the migratory condition of the detained person, as has been developing in this case. In that sense, they consider it important to mention that the protected person's fundamental rights have been respected at all times, since, as recorded in the statement, his legal representative and interpreter were present. They allege that on June 21, 2019, Licenciado Marco Vinicio Calvo Amador, in his capacity as legal representative of the protected person, filed a motion for reconsideration and appeal in subsidy against ruling number DG-751-2019-UPAP-DPPM, and the Dirección General, through ruling number 132-05-2019-UPAP-DPPM at 10:15 a.m. on May 30, 2019, decided to dismiss the reconsideration motion as inadmissible; likewise, the Tribunal Administrativo Migratorio, through ruling number 311-2019-TAM at 9:15 a.m. on June 18, 2019, decided to dismiss the filed petition, notified via notification record, by the indicated means at 2:10 p.m. on June 18, 2019, upholding the Apprehension ruling number DG-751-2019-UPAP-DPPM. In this line of thought, Licenciado Marco Vinicio Calvo Amador, in his capacity as legal representative of the man surnamed [Name 009], first name [Name 010], filed an appeal against ruling number DG-930-2019-UPAP-DPPM at 1:45 p.m. on June 18, 2019; likewise, the Tribunal Administrativo Migratorio, through ruling number 345-2019-TAM at 10:00 a.m. on June 28, 2019, decided to dismiss the filed petition, notified via notification record at 10:32 a.m. on June 28, 2019, upholding ruling number DG-930-2019-UPAP-DPPM. The petitioner filed a habeas corpus petition against the Dirección General de Migración y Extranjería in August, processed in the Constitutional Chamber under case file number 19-014116-007-CO; however, by ruling number N° 2019015532 at 9:45 a.m. on August 20, 2019, the aforementioned petition was dismissed. In that order, the petitioner filed a new habeas corpus petition against the Dirección General de Migración y Extranjería under case file N° 19-018623-0007-CO, within the hearing granted by ruling at 2:41 p.m. on October 8, 2019, dismissed by ruling number N° 2019020337. They indicate that the petitions cited in the preceding paragraphs filed by the petitioner have caused some delays within the process, and the immigration administration, respectful of due process, has had to wait for their resolution to guarantee the fundamental rights of the foreign person. The protected person entered the Centro de Aprehensión Región Central on May 20, 2019, based on his irregular stay in the country, and through ruling DG-751-2019-UPAPDPPM, at 8:00 a.m. on May 21, 2019, this Dirección General ordered the precautionary measure of administrative apprehension for the protected person, which was personally notified to the interested party on May 21, 2019, at 2:50 p.m. The protected person filed an application for Specific Occupation Worker, Domestic Employee before the Dirección General de Migración y Extranjería under case file number 135-617S34, on May 23, 2019, once the foreigner was already apprehended and under the order of the Policía Profesional de Migración. They report that, due to the foreigner's application before the Gestión de Extranjería, the Unidad Policial de Apoyo Profesional of the Dirección de la Policía Profesional de Migración sent a consultation on May 27, 2019, via email, to the United States Embassy in Costa Rica, requesting information to verify whether a visa issued by the United States of America was on record for the protected person, and the response from Mrs. Vicky Aguilar H, Criminal Fraud Investigator for the United States Embassy, was that according to their databases, no visa has been issued to [Name 011], date of birth November 30, 1997, and passport E38051656. Through ruling 135-805146-ADMINISTRATIVA-JRM, at 10:28 a.m. on July 8, 2019, this Dirección General rejected as inadmissible the application for legal permanence sought by the protected person, who provided a certified copy of the United States of America visa used to enter the country on June 18, 2018, which was not validly granted. By virtue of the foregoing, this Dirección General ordered the extension of the precautionary measure of administrative apprehension for the man surnamed [Name 009], first name [Name 010], through ruling DG-1090-2019-UPAP-DPPM, at 1:39 p.m. on July 16, 2019, duly notified. The Tribunal Administrativo Migratorio decided to dismiss the appeal filed by Mr. Marco Vinicio Calvo Amador, in his capacity as administrative representative of the protected person, against ruling number 135-805146-Administrativa-JRM, which denied the Special Category application as Specific Occupation Worker, as a domestic servant, at 10:28 a.m. on July 8, 2019, according to Tribunal Administrativo Migratorio ruling number 416-2019-TAM, at 10:45 a.m. on July 23, 2019. This Dirección General, based on the facts presented and legal citations, decided through ruling number 135-2019-849-DPL-DPPM at 8:00 a.m. on August 9, 2019, to declare the illegality of the entry and permanence in the country of the protected person and to order his deportation, which was notified to the address provided by his legal representative on August 22, 2019, at 12:52 p.m. They note that the basis for the deportation order has been adjusted to the guidelines issued by this Constitutional Chamber. The administrative file shows that from the protected person's entry, the relevant steps were initiated with the Consulate of China in Costa Rica to document the foreigner, as recorded in the email of May 20, 2019, signed by the officer of the Policía Profesional de Migración Cristhian Sánchez Benavidez; similarly, officer Bryan Quesada Guerrero of the Centro de Aprehensión Región Central indicated that on August 8, 2019, the protected person was transferred to the Consulate of China, where they gave him some forms to complete, which have already been delivered; however, the documentation from the Consulate is still pending. Officer Bryan Quesada Guerrero, collaborator at the Centro de Aprehensión Región Central, on September 12, 2019, sent an email addressed to Mr. Song Yanbin of the Embassy of the People's Republic of China in San José, requesting his collaboration for the respective documentation of the protected person. On September 19, 2019, Mr. Bryan Quesada Guerrero, in his capacity as Acting Coordinator of the Centro de Aprehensión Región Central, delivered official letter number 418-09-2019-CARC-DPPM to the Embassy of the People's Republic of China, where he made a new request for collaboration and/or authorization to deport the protected person to China with an identity document issued by the Dirección General de Migración, when for some reason a foreign person cannot be documented, having certainty of their nationality. Through official letter number 452-10-2019-DPPM-CARC dated October 11, 2019, officer Bryan Quesada Guerrero reported all the steps taken to obtain a valid travel document for the protected person, and stated that on October 10 he managed to be attended to and obtain a positive response from the consulate, in which, for the first time since the documentation process began, they agreed to process the documentation and deliver a provisional passport or safe-conduct for the Chinese citizen, which would be delivered after various administrative processes that the consulate needed to carry out. They report that the petitioner is correct in indicating that the diplomatic office of the Republic of China agreed to process the documentation for the protected person, and that Consul General of China Wang Hao indicated by telephone to Licenciada Diana Padilla Flores, Manager of the Centro de Aprehensión de la Región Central, that the system used for issuing documents is experiencing some problems, so it has not been possible to issue it. Once the protected person's travel document is ready, this office will execute the corresponding administrative procedure. They argue that this immigration authority has taken all necessary measures aimed at finalizing the respective procedure. On October 1, 2019, the protected person requested to give an expanded hearing in the company of the interpreter [Name 030] and with the petitioner as legal representative, where he textually recorded: \"Canton, Shangay to Nicaragua, when I arrived in Nicaragua, they transferred me to Costa Rica, at the border two people met me, one thin, tall, long hair with gray streaks and one with a tattoo of an eagle, one named John and the other I don't know the name, they transferred us to a warehouse in a white Toyota brand car, a woman was waiting for me. The next day they took me to a place where I worked more than sixteen hours, from that moment I did not sleep well, I did not eat well, and every day they took me to do different jobs in different places, I did not know what to do when I arrived in Costa Rica, they took my passport and did not let me talk to other people, and to get my passport back I had to fulfill the work they told me. I am afraid to talk about the case because of threats. The day I was detained in the restaurant, we were eating there, they have the custom of eating in that restaurant, and the two people who were with me fled.\" That is all.\" They indicate that it powerfully draws the attention of this Dirección General that the protected person's statement contradicts what was expressly said in Statement number 135-44258-Mayor of May 21, 2019, where, in what is relevant, he indicated: \"FIRST: I last entered the country on 06/18/2018, through the place called Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, legally. SECOND: When entering the country, I did comply with presenting the return ticket.\" Upon checking the computer systems of the Dirección General de Migración y Extranjería, there is an entry migratory movement on June 18, 2018, through the Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, with ordinary passport number E38051656, as a tourist, in contrast to what was expressed above about an overland entry through the border with Nicaragua. They denote that the protected person filed an application for Specific Occupation Worker, Domestic Employee before the Dirección General de Migración y Extranjería under case file number 135-617S34, on May 23, 2019, once the foreigner was already apprehended and under the order of the Policía Profesional de Migración. To carry out this regularization process in Gestión de Extranjería, the foreign person paid the fine established by Article 91 of the Ley General de Migración y Extranjería. From this, it is inferred that the foreign person maintained the thesis of his legal entry as a tourist through the Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. By virtue of this, he filed a regularization application, which shows a major inconsistency with what was subsequently stated on October 1, 2019. On the other hand, when detected, the foreigner stated he was undocumented and that his passport had been stolen in the Barrio Chino and he had not filed the corresponding complaint, contradicting what was expressed in the statement of October first where he textually mentions: \"...they took my passport and did not let me talk to other people, and to get my passport back I had to fulfill the work they told me...\" They indicate that Article 39 of Law 9095 establishes the obligation to report possible cases of trafficking victims. Therefore, and after the protected person's statement at 1:10 p.m. on October 1, 2019, the relevant steps were initiated for the proper attention of the foreign person. And for this reason, coordination was made through the Gestión de Investigaciones, Análisis e Inteligencia Policial of the Policía Profesional de Migración, the Unit in charge of the matter, to activate the necessary mechanisms and inform the Fiscalía Contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA) about the alleged facts. In this way, on October 8, 2019, Mr. Michalli Jiménez received, via email from Lic. José Ángel Fallas Palacios, Coordinating Prosecutor of FACTRA, the request to present the protected person on October 9, 2019, at 8:00 a.m., for the necessary approach; and as is evident from report number 452-10-2019-DPPM-CARC dated October 11, 2019, officers Bryan Quesada Guerrero and Tatiana Muller transferred the cited foreign person to the Primer Circuito Judicial, specifically to the Fiscalía Adjunta de Trata for proper attention. By email on October 11, 2019, sent by Lic. José Ángel Fallas Palacios, Coordinating Prosecutor of the Fiscalía Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, to the Gestión de Investigaciones, it was indicated, in what is relevant regarding the approach to the protected person, the following: \"(...) Upon analyzing his account against the version of the criminis news, I must indicate that from my professional point of view I currently do not have any real or objective indicator that allows me to determine to a probable degree that this person is a victim of the crime of Trafficking of Persons (Trata de Personas), this because his account presented many inconsistencies, and even omissions on the part of said person.\" \"(....) Another point for your consideration is that the interest of said Individual is to return to China, and having no indications that he is a victim of the crime of Trafficking of Persons, I inform you for whatever is legally appropriate...\" It is especially noteworthy that the Policía Profesional de Migración has carried out all the steps as established by Law Against the Trafficking of Persons number 9095, respecting the human rights of the foreign person and guaranteeing due process. They note that the petitioner is not correct in stating that the case is not concluded in the Fiscalía Adjunta Contra el Tráfico y la Trata de Personas, since the coordinating prosecutor, Licenciado José Ángel Fallas Palacios, reported by email on November 6, 2019, in what is relevant, as follows: \"...through this communication I proceed to inform you that in relation to case [Value 002], the same is dismissed and cleared from the system as of October 30, 2019.\" In that sense, Licenciado Fallas indicated that the protected person is NOT required for any proceeding or diligence in the Fiscalía Adjunta Contra el Tráfico y la Trata de Personas, which clearly shows that the petitioner is incorrect in stating that the case in the prosecutor's office is not concluded. Likewise, the resolution by the Ministerio Público dissolves the petitioner's argument that the protected person is a possible victim of the crime of Smuggling and Trafficking of Persons (Tráfico y la Trata de Personas). In accordance with the request for a change of measure submitted by the petitioner, through official letter 315-11-2019-DPPM-UPAP, it was reported that because the Fiscalía Adjunta Contra el Tráfico y la Trata de Personas formally processed the dismissal of the case for the alleged crime of Trafficking of Persons, the change of measure was rejected. From all the aforementioned, it is undoubtedly inferred that there is no violation whatsoever of the fundamental rights to due process, the right to defense, in all its manifestations, as it is backed by norms of valid positive law. They request that the petition be dismissed.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Picado Brenes; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Object of the petition. The petitioner alleges that the fundamental rights of the protected person have been violated, given that he has been apprehended for 5 months, despite being a victim in a criminal proceeding for trafficking of persons (trata de personas) and due to the delay of the Consulate of China in processing his documentation. He states that he therefore requested a change of the precautionary measure, but it has not been resolved. He requests that the precautionary measure be changed to other less burdensome ones, until his consular, criminal, and administrative situation is resolved.\n\nII.- Proven facts.\n\nOf importance to the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the appealed authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\nOn May 20, 2019, a mega-inspection requested by the Ministry of Labor was carried out with the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social), Fiscal Control Police, Municipal Police, Public Force, Ministry of Finance, and Professional Migration Police, in the surroundings of the old Heredia Municipal Market, where the petitioner was specifically detected at the Yud Fad restaurant; he was asked for his identity document, and he stated that he was not carrying it because it had been stolen in Barrio Chino and that he never filed a complaint, for which reason he was transferred to the Office of the Professional Migration Police (Dirección de la Policía Profesional de Migración), after being informed of his rights (see police report number IP-277-05-2018-DPPM-UD).\n\nUpon verification in the computer systems of the appealed General Directorate (Dirección General) that the petitioner had not carried out procedures aimed at regularizing his migratory status, and that he registered an entry migratory movement as of June 18, 2018, on May 20, 2019, he was placed at the orders of the Professional Migration Police (see report rendered under oath).\n\nAt 7:54 a.m. on May 21, 2019, the petitioner gave statement number 135-44258-Mayor, in the presence of his legal representative and an interpreter, in which he stated: \"FIRST: I last entered the country on 06/18/2018, through the place called Juan Santamaría International Airport, legally. SECOND: Upon entering the country, I did present the return ticket or ticketing. THIRD: To date, I have not filed migratory procedures with this Directorate or any of its regional offices to legalize myself in this country.\" (see report rendered under oath).\n\nBy resolution number DG-751-2019-UPAP-DPPM, at 8:00 a.m. on May 21, 2019, the appealed directorate issued the precautionary measure of administrative apprehension (aprehensión administrativa) of the petitioner, which was personally notified to him that same day (see report rendered under oath).\n\nOn May 23, 2019, the petitioner filed before the General Directorate of Migration and Immigration (Dirección General de Migración y Extranjería) a request for Specific Occupation Worker, Domestic Employee under case file number 135-617S34, when he was already apprehended (see report rendered under oath and certified copy of the attached administrative file).\n\nOn May 23, 2019, attorney Marco Vinicio Calvo Amador, in his capacity as legal representative of the petitioner, filed a motion for revocation and appeal in the alternative against resolution number DG-751-2019-UPAP-DPPM, which was dismissed by the appealed General Directorate through resolution number 132-05-2019-UPAP-DPPM at 10:15 a.m. on May 30, 2019 (see report rendered under oath and certified copy of the attached administrative file).\n\nOn May 27, 2019, the Professional Support Police Unit (Unidad Policial de Apoyo Profesional) of the Office of the Professional Migration Police consulted with the Embassy of the United States in Costa Rica whether the petitioner had a U.S. visa, a copy of which he had provided; however, the response from the Criminal Fraud Investigator of the United States Embassy was that, according to the databases, no visa had been issued to [Name 011], date of birth November 30, 1997, and passport E38051656 (see report rendered under oath and certified copy of the attached administrative file).\n\nThe Administrative Migratory Tribunal (Tribunal Administrativo Migratorio), through resolution number 311-2019-TAM at 9:15 a.m. on June 18, 2019, declared the filed appeal without merit, which was notified that same day to the petitioner (see report rendered under oath and certified copy of the attached administrative file).\n\nBy resolution number DG-930-2019-UPAP-DPPM at 1:45 p.m. on June 18, 2019, the appealed party extended the administrative apprehension of the petitioner for a period of 30 days (see certified copy of the attached administrative file).\n\nOn June 21, 2019, the petitioner's defender filed an appeal against resolution number DG-930-2019-UPAP-DPPM at 1:45 p.m. on June 18, 2019; and the Administrative Migratory Tribunal, through resolution number 345-2019-TAM at 10:00 a.m. on June 28, 2019, resolved to declare the filed appeal without merit (see certified copy of the attached administrative file).\n\nBy resolution 135-805146-ADMINISTRATIVE-JRM, at 10:28 a.m. on July 8, 2019, the appealed General Directorate rejected as inadmissible the request for legal stay sought by the petitioner, and it was noted that the certified copy of the United States of America visa used to enter the country on June 18, 2018, was not validly issued (see certified copy of the attached administrative file).\n\nBy resolution DG-1090-2019-UPAP-DPPM at 1:39 p.m. on July 16, 2019, the appealed party extended the precautionary measure of administrative apprehension of the petitioner for 30 days. Said resolution indicates that several appeals have had to be resolved and that the motion for revocation with appeal filed against the decision regarding the work request filed by the petitioner in case file 135-617534 was pending resolution (see certified copy of the attached administrative file).\n\nBy Resolution No. 416-2019-TAM, at 10:45 a.m. on July 23, 2019, the Administrative Migratory Tribunal declared without merit the appeal filed by the petitioner against resolution number 135-805146-Administrative-JRM, which denied the request for Special Category as a Specific Occupation Worker, as a domestic servant (see certified copy of the attached administrative file).\n\nBy resolution number 135-2019-849-DPL-DPPM at 8:00 a.m. on August 9, 2019, the appealed directorate declared the illegality of the petitioner's entry and stay in the country and ordered his deportation, which was notified to the address provided by his legal representative on August 22, 2019 (see certified copy of the attached administrative file).\n\nOn August 8, 2019, the petitioner was transferred to the Consulate of China, where they gave him some forms to complete that were submitted by the appealed party (see report rendered under oath).\n\nBy resolution DG-1205-2019-UPAP-DPPM at 4:00 p.m. on August 14, 2019, the appealed party extended the precautionary measure of administrative apprehension of the petitioner for 30 days. Said resolution indicates that a habeas corpus filed by the petitioner was pending resolution and that he had entered the country fraudulently (see certified copy of the attached administrative file).\n\nOn August 20, 2019, this Chamber declared without merit the habeas corpus appeal filed in favor of the petitioner and processed in file No. 19-014116-0007-CO (see certified copy of the attached administrative file).\n\nOn September 12, 2019, a collaborator of the Central Region Apprehension Center (Centro de Aprehensión Región Central) sent an email addressed to Mr. Song Yanbin of the Embassy of the People's Republic of China in San José, requesting his collaboration for the respective documentation of the petitioner (see report rendered under oath).\n\nBy resolution DG-1379-2019-UPAP-DPPM at 11:00 a.m. on September 13, 2019, the appealed party extended the precautionary measure of administrative apprehension of the petitioner for 30 days. Said resolution indicates that the petitioner had refused to collaborate with the documentation procedure at the Embassy of the People's Republic of China, for which reason the administrative procedure for assigning custodians and purchasing airline tickets to execute the deportation was pending (see certified copy of the attached file).\n\nOn September 19, 2019, the Acting Coordinator of the Central Region Apprehension Center delivered official letter number 418-09-2019-CARC-DPPM to the Embassy of the People's Republic of China, where he raised a new request for collaboration and/or authorization to deport the petitioner to China with an identity document issued by the General Directorate of Migration, despite the fact that the petitioner did not want to provide all the required information (see certified copy of the attached file).\n\nOn October 1, 2019, the petitioner requested to give an expanded hearing before the appealed directorate, where he literally stated: \"Canton, Shangay to Nicaragua, when I arrived in Nicaragua, they moved me to Costa Rica, at the border two people accosted me, one thin, tall, long hair with gray streaks and one with a tattoo of an eagle, one named John and the other I don't know the name, they moved us to a warehouse in a white Toyota car, a woman was waiting for me. The next day they took me to a site where I worked more than sixteen hours, from that moment on I didn't sleep well, I didn't eat well and every day they took me to do different jobs in different places, I didn't know what to do when I arrived in Costa Rica, they took my passport and wouldn't let me talk to outsiders and to get my passport back I had to complete the work they told me. I am afraid to talk about the case because of threats. The day they detained me at the restaurant we were eating at the place, they are accustomed to eating at that restaurant and the two people who were with me fled.\" Is All.” (see certified copy of the attached administrative file).\n\nOn October 1, 2019, the appealed directorate coordinated, through the Management of Investigations, Analysis, and Police Intelligence (Gestión de Investigaciones, Análisis e Inteligencia Policial) of the Professional Migration Police, to inform the Prosecutor's Office against Trafficking in Persons and Illicit Smuggling of Migrants (Fiscalía contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes, FACTRA) about the facts alleged by the petitioner (see certified copy of the attached administrative file).\n\nOn October 4, 2019, the appellant requested the change of precautionary measure for the petitioner (undisputed fact).\n\nOn October 6, 2019, the appellant filed the habeas corpus appeal processed in file No. 19-18623-0007-CO, since he had not been documented by the Chinese Consulate and had been apprehended for 4 months (see certified copy of the attached administrative file).\n\nOn October 8, 2019, the Coordinating Prosecutor of FACTRA requested to present the petitioner on October 9, 2019, at 8:00 a.m. at his office to receive his complaint, which was carried out and case [Value 002] was opened (see certified copy of the attached administrative file).\n\nBy email of October 11, 2019, sent by the Coordinating Prosecutor of the Prosecutor's Office against Trafficking in Persons and Illicit Smuggling of Migrants to the appealed directorate, the following was indicated, with respect to the approach of the petitioner: \"(...) Upon analyzing his account with the version of the criminis report, I must indicate that from my professional point of view I currently have no real or objective indicator that allows me to hold, to a probable degree, that this person is a victim of the crime of Trafficking in Persons, this because his account presented many inconsistencies, and even omissions on the part of said person.\" \"(....) Another point for you to consider is that said Individual's interest is to return to China, and having no indications that he is a victim of the crime of Trafficking in Persons, I inform you so for whatever is legally appropriate...\" (see certified copy of the attached administrative file).\n\nBy official letter number 452-10-2019-DPPM-CARC dated October 11, 2019, officer Bryan Quesada Guerrero informed the Director of the Professional Migration Police as follows: \"First: On October 2 of this year, Officers Tatiana Muller and the undersigned carried out the transfer of Mr. [Name 010] to the Consulate of China for the third time, this with the purpose of renewing attempts to obtain a travel document with which his deportation may be executed, unfortunately the consulate could not receive us because it was holding activities throughout the week and they indicated that they would resume functions until October 7. Based on the foregoing, an email was sent formally requesting an appointment for Mr. Weijan to be seen, said email was not answered at any time. Second: On October 9 of this year, Mr. Weijan was transferred by officers Tatiana Muller and the undersigned to the First Judicial Circuit, specifically to the Deputy Prosecutor's Office Against Trafficking… Third: On October 10 of this year and in view of the fact that the Consulate of China did not respond to the email to obtain an appointment, the decision was made to transfer the apprehendee Weijan again to the consulate for his documentation process, on this occasion he was indeed seen and a positive response was obtained from the consulate, in which for the first time since the process of his documentation began, they agreed to carry out the documentation procedure and the issuance of a provisional passport or safe-conduct for the Chinese citizen, the document will be delivered subsequent to several administrative processes that the consulate needs to carry out.\" (see certified copy of the attached administrative file).\n\nBy resolution DG-1545-2019-UPAP-DPPM at 6:00 p.m. on October 11, 2019, the appealed directorate extended the administrative apprehension of the petitioner for an additional 30 days, which it additionally justified due to the pending resolution of the habeas corpus appeal processed in file 19-018623-0007-CO and awaiting the document to be issued by the Embassy of the People's Republic of China (see certified copy of the attached administrative file).\n\nOn October 18, 2019, the habeas corpus appeal processed in file No. 19-018623-0007-CO was dismissed (see certified copy of the attached administrative file).\n\nOn October 29, 2019, the appellant requested the change of measures for the petitioner, due to the change in circumstances considering him a victim in the pending criminal process (see certified copy of the attached administrative file).\n\nOn October 31, 2019, the appellant filed this appeal, which was notified to the respondents on November 5, 2019 (see attached records).\n\nGiven the lack of response from the Consulate of China, on November 5, 2019, the Manager of the Central Region Apprehension Center made a telephone call to the Consul General of China, who indicated that the authorization from China for the issuance of the petitioner's document had already been received; however, due to problems in the systems used for the issuance of said documents, it had not been possible to process it, and they were waiting for them to be repaired from China (see certified copy of the attached administrative file).\n\nOn November 6, 2019, the appealed directorate inquired about the status of case [Value 002] and whether the petitioner was required for any proceeding (see certified copy of the attached administrative file).\n\nOn November 6, 2019, the Prosecutor's Office informed the appealed directorate that case [Value 002] had been dismissed and released from the system as of October 30, 2019. It had already been referred to the Heredia Criminal Court since that date and the petitioner was not required for any procedure (see certified copy of the attached administrative file).\n\nBy official letter 315-11-2019-DPPM-UPAP of November 6, 2019, the appealed directorate rejected the request for a change of measure, in view of the information received from the Deputy Prosecutor's Office against Smuggling and Trafficking in Persons, that it had processed the formal dismissal of the case for the alleged crime of Trafficking in Persons. The foregoing was notified to the petitioner that same day (see certified copy of the attached administrative file).\n\nIII.- On the specific case. As accredited in the case file, since May 20, 2019, the petitioner has been at the orders of the Professional Migration Police, having been verified in an operation that the petitioner, of Chinese nationality, had not carried out procedures aimed at regularizing his migratory condition, and registered an entry migratory movement as of June 18, 2018. Consequently, by resolution number DG-751-2019-UPAP-DPPM at 8:00 a.m. on May 21, 2019, the appealed directorate issued the precautionary measure of administrative apprehension of the petitioner for 30 days, which has been extended to date. Said measure has even been subject to review by this Court. In Judgment No. 2019-15532 at 9:45 a.m. on August 20, 2019, a habeas corpus appeal in favor of the petitioner was dismissed, based on the following considerations:\n\"On the merits. This Chamber considers that although, even when justified by national legislation and jurisprudence, the action of the migratory authorities is, it is also true that this Court in reiterated judgments has been indicating that it is the obligation of the migratory authorities, when ordering the detention of a foreigner who is in an irregular condition, to carry out a more rigorous scrutiny of the detention order, which cannot be limited to the mere mechanical verification of the irregular condition of the foreigner and the formal issuance of an apprehension order, but must delve into both the form and the reasons and justification for that deprivation of liberty, especially when the legislator itself, in Articles 31 and 211 of the current General Law of Migration and Immigration (Ley General de Migración y Extranjería), has recognized the entitlement of constitutional rights and guarantees to foreign persons, the exceptional nature of the administrative apprehension measure, and a range of alternative options to the deprivation of liberty. The foregoing obliges this Court to ensure that this type of restrictions on that right are duly reasoned and justify the reasons for which it is ordered (see for example votes 2017-5323, 2016-0790, 2015-19792, 2014-2030 and 2014-02425).\nIV.- On the specific case. In the specific case, it is verified that by resolution No. DG-751-2019-UPAP-DPPM, at 8:00 a.m. on May 21, 2019, the following is literally indicated:\n\"Fourth: Having analyzed the elements contained in the administrative file of the gentleman with last name [Name 009] first name [Name 012] and reviewed the computer systems of this General Directorate, it is recorded that he remains irregularly in the country, as recorded in the migratory movements, he does not register any pending procedure to regularize his migratory situation, by reason of the foregoing, the foreigner's lack of interest in regularizing his migratory situation in the country is notorious, taking into account that according to migratory records, the foreigner entered the national territory on June eighteenth, two thousand eighteen, for the reasons set forth above, and given that he lacks a passport, it is evident that there is a probability of evasion of the pending migratory procedure and it is appropriate to apply an administrative precautionary measure aimed at imposing the pertinent sanctions, in this same sense, this General Directorate considers it inappropriate to apply any of the precautionary measures such as, Temporary Confiscation of Document, House Arrest or Periodic Presentation and Signature, and based on the foregoing, the pertinent action is to issue the precautionary measure of Administrative Apprehension against the gentleman with last name [Name 009] first name [Name 012] with the purpose of ensuring his presence for the processing of the pending procedure.\"\nIt was verified then the existence of elements that allow the appealed Directorate to confirm the alleged migratory infraction, since the petitioner a) \"remains irregularly in the country,\" b) \"does not register any pending procedure to regularize his migratory situation,\" and c) \"lacks a passport.\" It was considered that, therefore, \"the probability of evasion of the pending migratory procedure\" is evidenced and the application of an administrative precautionary measure of administrative apprehension is justified, \"with the purpose of ensuring his presence\" while the pertinent procedure is ordered. Based on said criterion, this Chamber considers that the detention suffered by the petitioner is not illegitimate or inappropriate, and it is duly reasoned in the terms indicated supra. Upon further analysis, this Court determines that when we are in the presence of migratory matters, the rigidity required in the criminal process is not applicable, especially when the irregular stay of the petitioner in the country has been verified. For this reason, this Constitutional Chamber considers that the reasoning provided is sufficient to justify the questioned administrative apprehension measure, as it includes an analysis of the elementary aspects that motivate the imposition of that specific precautionary measure. In addition to this, it was subsequently determined that the visa with which the petitioner had entered the country was false, which caused the rejection of his work permit request. Having analyzed the evidence provided in the case file, this Chamber considers that the appellant is not correct in affirming that the petitioner has been deprived of his liberty illegitimately, as it is evident that there are sufficient, duly reasoned reasons to keep the petitioner deprived of liberty while the corresponding administrative procedure is carried out. Consequently, the appropriate course is to dismiss the appeal.\" (Highlighting is not from the original)\nMore recently, in Judgment No. 2019-20337 at 9:20 a.m. on October 18, 2019, this Court again ruled on the apprehension measure of the petitioner and dismissed the appeal, in the following sense:\n\"II. Object of the appeal. The appellant considers the fundamental rights of the petitioner injured, because the corresponding protocols have not been activated nor has the precautionary measure of apprehension been modified after it became known that the petitioner could be a victim of trafficking in persons…\n…V. On the specific case. The appellant claims that, in favor of the petitioner, who is in administrative apprehension due to his irregular migratory condition, the corresponding protocols have not been activated nor has the precautionary measure of apprehension been modified after it became known that the petitioner could be a victim of trafficking in persons. From the study of the case file, it is accredited that, as a result of the petitioner's statements of October 1, 2019, and the possibility that the petitioner was a victim of the crime of Trafficking in Persons, the migratory authorities activated the established protocols, referring the case to the Prosecutor's Office against Trafficking in Persons and Illicit Smuggling of Migrants (FACTRA). To this effect, the petitioner was presented before that authority on October 9, 2019, so that the complaint may be investigated, and the request for change of precautionary measure filed by the appellant was dismissed - precisely - while awaiting the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) to determine the appropriate action. In this context, this Chamber does not appreciate any action or omission by the appealed authority that injures the fundamental rights of the petitioner. Therefore, it is necessary to reiterate that it is not appropriate to review in this venue the actions of the administration and grant the petitioner temporary stay or order a change of measure, as the appellant intends; who may raise any disagreement with the decision before the appealed authorities, or failing that, in judicial venue. Consequently, based on the exposed considerations, it is appropriate to dismiss the appeal.\"\nAfter October 9, 2019, the date on which the petitioner was taken to file a complaint for the apparent crime of trafficking in persons and illicit smuggling of migrants, by email of October 11, 2019, the Coordinating Prosecutor of the Prosecutor's Office against Trafficking in Persons and Illicit Smuggling of Migrants indicated to the appealed directorate, in pertinent part, the following: \"(...) Upon analyzing his account with the version of the criminis report, I must indicate that from my professional point of view I currently have no real or objective indicator that allows me to hold, to a probable degree, that this person is a victim of the crime of Trafficking in Persons, this because his account presented many inconsistencies, and even omissions on the part of said person.\" \"(....) Another point for you to consider is that said Individual's interest is to return to China, and having no indications that he is a victim of the crime of Trafficking in Persons, I inform you so for whatever is legally appropriate...\" . Consequently, by resolution DG-1545-2019-UPAP-DPPM at 6:00 p.m. on October 11, 2019, the appealed directorate extended the administrative apprehension of the petitioner for an additional 30 days, which it additionally justified due to the pending resolution of the habeas corpus appeal processed in file 19-018623-0007-CO and awaiting the document to be issued by the Embassy of the People's Republic of China. As already indicated, on October 18, 2019, the habeas corpus appeal processed in file No. 19-018623-0007-CO was dismissed. Likewise, on November 6, 2019, the appealed directorate inquired about the status of case [Value 002] and whether the petitioner was required for any proceeding. That same day, the Prosecutor's Office informed the appealed directorate that case [Value 002] had been dismissed and released from the system as of October 30, 2019. It had already been referred to the Heredia Criminal Court since that date and the petitioner was not required for any procedure.\n\nOn the other hand, by official letter number 452-10-2019-DPPM-CARC dated October 11, 2019, officer Bryan Quesada Guerrero informed the Director of the Professional Migration Police about the procedure given to the request for the petitioner's papers to achieve his deportation, which is final. According to what he indicated, on October 2, 2019, the officers transferred the petitioner to the Consulate of China for the third time, with the purpose of renewing attempts to obtain a travel document with which his deportation could be executed; however, the consulate could not receive them because it was holding activities throughout the week and they indicated that they would resume functions until October 7. Based on the foregoing, they sent an email formally requesting an appointment for the petitioner to be seen; however, said email was not answered at any time. On October 9, they transferred him to the Deputy Prosecutor's Office, and on October 10 of that year, in view of the fact that the Consulate of China did not respond to the email to obtain an appointment, the officers of the appealed directorate decided to transfer the apprehendee again to the consulate for his documentation process, an occasion on which he was indeed seen and a positive response was obtained from the consulate. On November 5, 2019, given the lack of response from the Consulate of China, the Manager of the Central Region Apprehension Center made a telephone call to the Consul General of China, who indicated that the authorization from China for the issuance of the petitioner's document had already been received; however, due to problems in the systems used for the issuance of said documents, it had not been possible to issue it, and they were waiting for them to be repaired from China. Thus, the foregoing demonstrates that the respondents have acted proactively in pursuit of the petitioner's identification document to effect his deportation; however, it has been matters beyond the appealed party's control that have prevented said procedure from materializing. Certainly, on October 29, 2019, the appellant requested the change of measures for the petitioner, considering that the pending criminal process places him in a victim situation. However, by official letter 315-11-2019-DPPM-UPAP of November 6, 2019, the appealed directorate rejected the request for a change of measure, based on the information received from the Deputy Prosecutor's Office against Smuggling and Trafficking in Persons, which assured having processed the formal dismissal of the case for the alleged crime of Trafficking in Persons. In this regard, this Court observes that said proceeding was resolved within a reasonable time. As for what was resolved therein, the ruling in Judgment No. 2019-20337 is reiterated: \"To this effect, the petitioner was presented before that authority on October 9, 2019, so that the complaint may be investigated, and the request for change of precautionary measure filed by the appellant was dismissed - precisely - while awaiting the Public Prosecutor's Office to determine the appropriate action. In this context, this Chamber does not appreciate any action or omission by the appealed authority that injures the fundamental rights of the petitioner.\"\n\nFor this reason, it must be reiterated that it is not appropriate to review in this venue the actions taken by the administration and to grant the protected party temporary permanence or to order a change of measure, as requested by the appellant; who may raise any disagreement with the decision before the respondent authorities, or failing that, in the judicial venue.”\n\nConsequently, with respect to this jurisdiction, no violation of the protected party's rights is verified. Given the foregoing, the appeal must be dismissed.\n\n                IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n                 The appeal is declared without merit.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\nPresidente a.i\n\nJorge Araya G.\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\nAna María Picado B.\n\nAlicia Salas T.\n\nAlejandro Delgado F.\n\nLucila Monge P.\n\n\n\n\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*ABN47WVJ2PKI61*\n\nABN47WVJ2PKI61\n\nEXPEDIENTE N° 19-020712-0007-CO\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 04-04-2026 04:43:12.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }