{ "id": "nexus-sen-1-0007-953543", "citation": "Res. 24842-2019 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Ejecución de órdenes sanitarias por aguas negras", "title_en": "Enforcement of Sanitary Orders for Sewage Contamination", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una persona contra el Ministerio de Salud, ante la persistencia de filtraciones de aguas negras provenientes de una propiedad vecina. La recurrente denunció que, pese a haber presentado denuncias desde 2017 y a que el Área Rectora de Salud de Desamparados emitió múltiples órdenes sanitarias —incluida una declaratoria de inhabitabilidad y orden de desalojo—, el problema de salubridad continuaba sin solución efectiva. La Sala verifica que el ARS realizó inspecciones, pruebas de coloración con resultados positivos, y remitió el caso a la Fiscalía por desobediencia, pero no ejecutó materialmente el desalojo ordenado. Tras analizar los hechos y la jurisprudencia, concluye que se vulneraron los derechos a la salud, a una justicia pronta y cumplida, y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Declara parcialmente con lugar el recurso, ordenando al Director del ARS de Desamparados que en el plazo de un mes adopte todas las medidas necesarias para garantizar esos derechos, respetando el debido proceso de propietarios y ocupantes.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo filed against the Ministry of Health regarding persistent sewage leaks from a neighboring property. The petitioner had complained since 2017, and although the Desamparados Health Area issued multiple sanitary orders—including an uninhabitability declaration and eviction order—the health hazard remained unresolved. The Chamber finds that the Health Authority conducted inspections, dye tests returning positive results, and referred the case to the Prosecutor's Office for disobedience, but failed to carry out the eviction. Citing the rights to health, prompt and complete justice, and a healthy and ecologically balanced environment, the Chamber partially granted the amparo, ordering the Health Area Director to take all necessary measures within one month to protect those rights, while respecting due process for owners and occupants.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "13/12/2019", "year": "2019", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "orden sanitaria", "aguas negras", "declaratoria de inhabitabilidad", "debida diligencia", "Área Rectora de Salud", "Ley General de Salud", "amparo ambiental", "prueba de coloración" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 41", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Arts. 320-321", "law": "Ley General de Salud" }, { "article": "Art. 2", "law": "Ley Orgánica del Ministerio de Salud" } ], "keywords_es": [ "amparo", "orden sanitaria", "aguas negras", "derecho a la salud", "ambiente sano", "inhabitabilidad", "desalojo", "Sala Constitucional", "Ministerio de Salud" ], "keywords_en": [ "amparo", "sanitary order", "sewage", "right to health", "healthy environment", "uninhabitable", "eviction", "Constitutional Chamber", "Ministry of Health" ], "excerpt_es": "I. De previo. Consideraciones preliminares sobre los recursos de amparo presentados en materia ambiental. Esta Sala ha declarado, reiteradamente, que por la vía del amparo no puede sustituirse directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Por este motivo, de previo a admitir un amparo en materia ambiental o de salubridad pública, se requiere que la parte recurrente haya acudido ante las Autoridades competentes a plantear los reclamos y quejas que corresponda, y que la Administración no haya actuado con la debida diligencia para enfrentarlos, en el entendido de que lo anterior, no es lo mismo que exigir algún tipo de agotamiento de la vía administrativa, sino la simple admisión de que este Tribunal no es una Administración activa alternativa.", "excerpt_en": "I. Preliminary considerations on amparo appeals filed in environmental matters. This Chamber has repeatedly held that the amparo procedure may not be used to directly substitute the administrative will or to supplant public offices in managing matters within their competence. For this reason, before admitting an amparo in environmental or public health matters, it is required that the petitioner have previously approached the competent authorities to lodge the relevant claims and complaints, and that the Administration has failed to act with due diligence to address them. This is not equivalent to demanding any kind of exhaustion of administrative remedies; it is simply recognition that this Court is not an alternative active administration.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The amparo is partially granted, ordering the Desamparados Health Area to take all necessary measures to ensure the petitioner's rights to health, housing, and a healthy environment by enforcing the eviction and uninhabitability sanitary orders, with due respect for due process.", "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso, ordenando al Área Rectora de Salud de Desamparados adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos a la salud, vivienda y ambiente sano de la recurrente, ejecutando las órdenes sanitarias de desalojo e inhabitabilidad, respetando el debido proceso." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando I", "quote_en": "before admitting an amparo in environmental or public health matters, it is required that the petitioner have previously approached the competent authorities to lodge the relevant claims and complaints, and that the Administration has failed to act with due diligence to address them", "quote_es": "de previo a admitir un amparo en materia ambiental o de salubridad pública, se requiere que la parte recurrente haya acudido ante las Autoridades competentes a plantear los reclamos y quejas que corresponda, y que la Administración no haya actuado con la debida diligencia para enfrentarlos" }, { "context": "Considerando — Análisis del caso", "quote_en": "the truth is that it must not be overlooked that as of the date of issuance of this judgment, the health situation persists. Moreover, the legal system provides the Ministry of Health with possibilities—eviction—to prevent the contamination source from continuing.", "quote_es": "lo cierto, es que no debe perderse de vista que a la fecha de emisión de esta sentencia, la situación de salubridad persiste. Además, que el ordenamiento jurídico brinda posibilidades al Ministerio de Salud –el desalojo- para evitar que el foco de contaminación persista." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-953543", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 24842 - 2019\n\nFecha de la Resolución: 13 de Diciembre del 2019 a las 09:15\n\nExpediente: 19-021943-0007-CO\n\nRedactado por: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nControl constitucional: Sentencia estimatoria\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nCONTAMINACION.\n\n024842-19. SE REITERA QUE PARA LA ADMISIÓN DE AMPAROS EN MATERIA AMBIENTAL O DE SALUBRIDAD PÚBLICA, SE REQUIERE QUE LA PARTE HAYA ACUDIDO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y QUE LA ADMINISTRACIÓN NO HAYA ACTUADO. DERECHO A LA SALUD EN RELACIÓN CON EL DERECHO AL AMBIENTE.\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\n024842-19. ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. \"...Consideraciones preliminares sobre los recursos de amparo presentados en materia ambiental. Esta Sala ha declarado, reiteradamente, que por la vía del amparo no puede sustituirse directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Por este motivo, de previo a admitir un amparo en materia ambiental o de salubridad pública, se requiere que la parte recurrente haya acudido ante las Autoridades competentes a plantear los reclamos y quejas que corresponda, y que la Administración no haya actuado con la debida diligencia para enfrentarlos, en el entendido de que lo anterior, no es lo mismo que exigir algún tipo de agotamiento de la vía administrativa, sino la simple admisión de que este Tribunal no es una  administración activa alternativa...\" (Sentencia 024842-19)\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n*190219430007CO*\n\nExp: 19-021943-0007-CO\n\nRes. Nº 2019024842\n\n\n\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve .\n\n                  \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente número 19-021943-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de residencia [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de residencia [Valor 002], contra el MINISTERIO DE SALUD.\nResultando\n\n\nPor escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 16 de noviembre de 2019, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud, y manifiesta que: desde el 12 de febrero de 2017 interpuso ante el ministerio recurrido una denuncia ambiental por filtración de aguas negras en la propiedad del amparado, por parte de [Nombre 028]. Indica que las aguas servidas, los malos olores y las plagas que emergen de un orificio que hay en la parte interior de la casa habitación representan un peligro tanto para las personas que viven en esta -en cuanta una persona menor de edad-, como para los vecinos aledaños, se pidió la intervención de la autoridad recurrida. Detalla que en atención a la denuncia No. CS-ARS-D-DE-0069-2018 planteada el 6 de febrero de 2018, el ministerio ordenó la inspección ocular No. CS-ARS-D-ERS-AI-0243-18, la cual se realizó el 28 de febrero de 2018, a propósito de la cual se emitió el informe técnico No. CS-ARS-D-ERS-IT-0147-2018 de 2 de marzo de 2018. Posterior a esto, se giró la orden sanitaria No. CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018 al denunciado [Nombre 016], la cual le fue notificada el 9 de marzo de 2018. Señala que ante el incumplimiento del denunciado a la orden sanitaria, se gestionó nuevamente la intervención del ministerio, el cual emitió la orden sanitaria de desalojo No. CSARS-D-ERS-OS-0088-2018 de fecha 23 de abril de 2018, notificada el 10 de mayo de 2018. Acota que en seguimiento al caso, la autoridad recurrida realizó el 22 de noviembre de 2018 la inspección ocular No. CS-ARS-D-ERS-AI-1709-2018 que comprobó que la situación denunciada continuaba. Discute que el ministerio recurrido, ante el incumplimiento del denunciado en acatar las órdenes sanitarias mencionadas, dispuso plantear por medio del oficio No. CS-ARS-D-1119-19 de fecha 28 de noviembre de 2018 una denuncia penal por el delito de desobediencia a la autoridad ante la Fiscalía de Desamparados (véase la documentación adjunta como prueba). Reclama que pese a los hechos descritos, la problemática ambiental que afecta su propiedad aún persiste, sin solución efectiva alguna que determine la ejecución obligatoria de las órdenes sanitarias. Considera lesionados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.\nInforma bajo juramento Guillermo Flores Galindo, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud Central Sur del Ministerio de Salud, que en  relación con los hechos alegados por la recurrente. mediante constancia requerida por esta Dirección Regional a la Unidad de Atención al Cliente, se hace constar que revisada que fuera la base de Datos de Denuncias, NO APARECE DENUNCIA ADMINISTRATIVA ALGUNA PLANTEADA por la recurrente [Nombre 001] con antelación a los hechos descritos en recurso de marras. Por lo cual, esta Autoridad Regional, le indica a esta honorable Sala, que de conformidad con e numeral 43 del Decreto Ejecutivo 40724-S. Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud le corresponde brindar la supervisión capacitante en relación con los asuntos cuyo abordaje sea regional o multilocal, siendo que para el caso de marras, tal condición no se cumple, puesto que las denuncias planteadas por el recurrente. fueron al tenor de lo señalado por la Autoridad de Salud Local, esto es, la Dirección de Área Rectora de Salud de Desamparados, presentada directamente ante dicha instancia, por lo que no existe participación alguna de esta Dirección Regional en la atención de dichos asuntos administrativos (….) En razón de lo anterior, al no existir ninguna actuación de parte de esta Dirección Regional. Sea en la atención, tramitación y respuesta a la denuncia presentada por la recurrente, la misma considera que no ha violentado de forma alguna los derechos subjetivos de la recurrente, sin embargo tal y como se acotó supra, se considera desde esta instancia administrativa, que las actuaciones que ha desarrollado el Área Rectora de Salud de Desamparados, han sido las adecuadas para tratar los problemas que aquejan a la recurrente, llevando inclusive las actuaciones a la jurisdicción penal como ultima ratio para intentar resolver de forma definitiva los hechos que motivan la interposición de este amparo, razón por la cual se solicita respetuosamente a esta honorable Sala, se sima declarar sin lugar en todos sus extremos la presente articulación”.\nInforma bajo juramento Jimmy Vargas Charpentier, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Desamparados, que “con fecha 06 de febrero del 2018 se recibe en el Área Rectora de Salud Desamparados denuncia contra [Nombre 028], la cual indica que el drenaje del tanque séptico de la propiedad del denunciado está drenando a propiedades vecinas filtrando aguas residuales, así como olores insoportables. Se asigna consecutivo de denuncia CS-ARS-D-DE-0069-2018. • Con fecha 28 de febrero del 2018 se realizó visita de inspección por parte de la Técnico Liliam Rivera Romero según consta en el Acta CS-ARS-D-ERS-AI-0243-2018. Se realizó prueba de coloración en la vivienda del Sr. [Nombre 028] y se obtuvo un resultado positivo por contaminación de aguas negras hacia la vivienda del señor [Nombre 002] .  • Con fecha 09 de marzo se notificó del 2018 se emitió la Orden Sanitaria CS-ARS-ERS-OS-0035-2018 para  que en un plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación el Sr. [Nombre 028] realice lo siguiente: 1. Disponer adecuada y sanitariamente las aguas negras que actualmente se vierten de forma inadecuada a las propiedades vecinas. 2. Dichas aguas deberán ser eliminadas de forma adecuada y sanitariamente a un sistema autorizado por el Ministerio de Salud, el cual deberá mantener en buenas condiciones de funcionamiento. 3. Posteriormente se realizará visita de inspección para verificar el subsane de la deficiencia, en caso de incumplir la orden sanitaria y no haber ejecutado las correcciones señaladas el Área Rectora procederá a actuar en apego a lo establecido en los Artículos 320, 321 y 356 de la Ley General de Salud. 4. Se le previene que de incumplir lo antes ordenado una vez vencido el plazo indicado, incurre en el presunto delito de desobediencia, elevándose el caso a la autoridad correspondiente, para la aplicación de ser necesario del artículo 314 del Código Penal. • El 18 de abril del 2018, se realizó visita de seguimiento según consta en el Acta CS-ARS-D-ERS-AI-0444-2018. Se efectuó prueba de coloración en el sistema de aguas negras de la propiedad del Sr. [Nombre 028] y se obtuvo un resultado positivo a la propiedad del señor [Nombre 002]. • Ante el incumplimiento de la orden sanitaria CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018, el 10 de mayo del 2018 se notificó la Orden Sanitaria CS-ARS-ERS-OS-0088-2018 con la declaratoria de inhabitabilidad y orden de desalojo en un plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación. Detalla dicha ordenanza: 1. Desalojar la vivienda en un plazo de 20 días hábiles, ya que la misma se encuentra declarada inhabitable por insalubre. 2. En caso de efectuar las mejoras indicadas en la orden sanitaria CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018, podrá solicitar el levantamiento de la declaratoria de inhabitabilidad al Área Rectora de Salud Desamparados presentando nota donde se indique el cumplimiento total de la orden sanitaria, para posteriormente verificar a través de la visita de inspección el subsane total del problema sanitario, así mismo de no efectuar las mejoras y de no realizar el desalojo de la vivienda, se procederá a realizar el mismo con el acompañamiento de fuerza pública. 3. Se le previene que de incumplir lo antes ordenado una vez vencido el plazo indicado, incurre en el presunto delito de desobediencia, elevándose el caso a la autoridad correspondiente, para la aplicación de ser necesario del artículo 314 del Código Penal • Con fecha 14 de junio del 2018 se realizó visita de inspección según Acta CS-ARS-D-ERS-AI-0687-2018 y se comprueba incumplimiento de las ordenes sanitarias, ya que continúa el vertido de aguas negras y la propiedad no ha sido desalojada. • Con fecha 20 de julio del 2018 se realizó visita de seguimiento al caso según Acta CS-ARS-D-ERS-AI-0880-2018, se indica que la situación continúa, el agua se encuentra estancada y presenta olores y vectores. • Con fecha 24 de julio del 2018 se tramita por parte de esta Área Rectora ante la Fiscalía de Desamparados denuncia penal CS-ARS-D-DMP-0004-2018 en perjuicio de la salud pública en contra del Sr. [Nombre 028] por aparente delito de desobediencia a la autoridad por incumplimiento a las órdenes sanitarias CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018 y CS-ARS-D-ERS-OS-0088-2018. • Con fecha 22 de noviembre del 2018 se realizó visita de inspección según Acta CS-ARS-D-ERS-AI-1709-2018. En dicha inspección los funcionarios de salud fueron atendidos por la Sra. [Nombre 001] y se constató que la situación persistía, por lo que el 28 de noviembre del 2018 mediante Oficio CS-ARS-D-1119-18 suscrito por el Dr. Jimmy Vargas Charpentier, se solicitó a la Fiscalía de Desamparados informar sobre el avance del caso de la denuncia penal N° CS-ARS-D-DMP-004-2018. • Con fecha 07 de febrero del 2019 se realizó visita de inspección según consta en Acta CS-ARS-D-ERS-AI0169-2019 e Informe Técnico CS-ARS-D-ERS-IT-0222-2019, donde se constató que continúa el problema sanitario y las ordenes sanitarias CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018 y CS-ARS-D-ERS-OS-0088-2018 siguen incumplidas por lo que mediante el Oficio CS-ARS-D-349-19 se solicitó nuevamente a la Fiscalía de Desamparados informar sobre el estado actual de la denuncia penal CS-ARS-D-DMP-004-2018 contra el Sr. [Nombre 028], siendo que a la fecha las condiciones denunciadas no han variado, persistiendo la problemática detectada. • Con fecha 14 de agosto del 2019 se recibió en el Área Rectora nota del Sr. [Nombre 016] indicando que ya ha solucionado el problema, por lo cual solicitó se realice inspección. • Con fecha 21 de agosto del 2019 se realizó visita de inspección para verificar el cumplimiento de las ordenes sanitarias referidas, según consta en el Acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0069-2019. En dicha inspección no fue posible realizar prueba de coloración, ya que no se logró ingresar a la vivienda denunciada, no obstante, el 03 de octubre del 2019 se realizó visita de seguimiento según Acta MS-DRRSCSARS-D-ERS-AI-1544-2019 y se efectuó prueba de coloración en el sistema de aguas negras de la propiedad del Sr. [Nombre 028], en la que se obtuvo un resultado positivo a la propiedad vecina, por lo cual continúa el incumplimiento de las órdenes sanitarias. • Con fecha 02 de diciembre del 2019 se brinda seguimiento al caso según Acta de Inspección MS-DRRSCSARS-ERS-AI-1912-2019, se observa que la vivienda se encuentra alquilada y habita una familia de cinco miembros, se efectúa prueba de coloración y se obtiene resultado positivo por contaminación de aguas residuales, por lo cual se debe proceder a notificar a los inquilinos de la situación sanitaria que enfrenta la vivienda y las medidas sanitarias que deben aplicarse para solucionar el problema. Como se puede apreciar, el Área Rectora ha atendido la denuncia CS-ARS-D-DE-0069-2018, emitiendo los actos que en sede administrativa resultan pertinentes, inclusive se ha brindado un seguimiento constante en el que una vez verificado el incumplimiento del denunciado [Nombre 016] a las ordenanzas dictadas por esta Área Rectora de Salud, tras evidenciarse que continúa la filtración de aguas negras, se procedió a tramitar la denuncia por desobediencia a la Autoridad ante la Fiscalía de Desamparados, sin que a la fecha se tenga una respuesta de la instancia judicial para lograr compeler al administrado a solventar el problema de marras. En el caso concreto, se aprecia que administrativamente esta Autoridad Local ha realizado todas las gestiones pertinentes dentro del ámbito de competencias y según la normativa legal vigente para solventar el problema sanitario de marras. Para este momento, se está a la espera de lo que determine el aparato judicial con relación a la gestión de desobediencia referida y a notificar la orden de desalojo de los actuales inquilinos del inmueble propiedad del señor [Nombre 028] ”. Solicita se declare sin lugar el recurso.\nEn los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\nRedacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,\n\n  Considerando:\n\n           De previo. Consideraciones preliminares sobre los recursos de amparo presentados en materia ambiental. Esta Sala ha declarado, reiteradamente, que por la vía del amparo no puede sustituirse directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Por este motivo, de previo a admitir un amparo en materia ambiental o de salubridad pública, se requiere que la parte recurrente haya acudido ante las Autoridades competentes a plantear los reclamos  y quejas que corresponda, y que la Administración no haya actuado con la debida diligencia para enfrentarlos, en el entendido de que lo anterior, no es lo mismo que exigir algún tipo de agotamiento de la vía administrativa, sino la simple admisión de que este Tribunal no es una Administración activa alternativa. De allí que la Sala se haya negado a conocer directamente denuncias en materia ambiental o salubridad pública, en los siguientes términos:\n“(…) OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que los oficiales de la Delegación de la Fuerza Pública de Paso Canoas, laboran en condiciones infrahumanas, pues detrás de la cocina del inmueble se ubica el tanque séptico, el cual se rebalsa y ocasiona olores insoportables. Dicha contaminación, señala, afecta a los funcionarios y a las personas que transitan por el sitio, motivo por el cual solicita la clausura de ese establecimiento.\nII.- CASO CONCRETO. Sobre los agravios expuestos por la parte recurrente, según su propio dicho, la problemática acusada no ha sido puesta en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Salud. Lo anterior, hace inadmisible este recurso, pues no podría la Sala entrar a determinar la existencia o no de una lesión a un derecho fundamental, si, a la fecha de interposición del amparo, las instituciones recurridas ni siquiera han recibido una denuncia o reclamo por el presunto problema sanitario acusado. Por tal motivo, no podría alegarse una denegatoria de parte de las autoridades accionadas en resolver la gestión, o bien, que la denuncia se haya resuelto de manera negativa y en menoscabo de los derechos fundamentales de los tutelados. Ante tales condiciones, bajo una mejor ponderación de este tipo de casos, estima la Sala, no le corresponde conocer sobre tales cuestiones...” (sentencia No. 2016-005854 de las 14:30 hrs. del 3 de mayo de 2016. Véase, en el mismo sentido, el fallo N° 2012-18538 de las 9:05 hrs. del 21 de diciembre de 2012).\n En este sentido, recuérdese que el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo—  y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. De allí que esta vía no sea apta para hacer amplias investigaciones en estas materias, puesto que éstas harían necesario abrir el proceso a pruebas. Ahora, en el presente caso sí consta que la recurrente presentó la respectiva denuncia ante el Ministerio de Salud, por lo que se dispone conocer por el fondo el recurso.\nObjeto del recurso. El recurrente reclama la vulneración a sus derechos fundamentales, pues acusa que desde el 12 de febrero de 2017 interpuso ante el ministerio recurrido una denuncia ambiental por filtración de aguas negras en la propiedad del amparado, por parte de [Nombre 028]. Reclama que pese a los hechos descritos, la problemática ambiental que afecta su propiedad aún persiste, sin solución efectiva alguna que determine la ejecución obligatoria de las órdenes sanitarias\nHechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\nEl 06 de febrero de 2018, se recibió en el Área Rectora de Salud Desamparados denuncia contra [Nombre 028], la cual indica que el drenaje del tanque séptico de la propiedad del denunciado está drenando a propiedades vecinas filtrando aguas residuales, así como olores insoportables (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nA propósito de la denuncia interpuesta, se le asignó el consecutivo No. CN-ARS-D-DE-0069-2018 (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nEl 28 de febrero del 2018, la autoridad recurrida realizó visita de inspección por parte de la Técnico Liliam Rivera Romer,  según consta en el Acta CS-ARS-D-ERS-AI-0243-2018. Se realizó prueba de coloración en la vivienda del Sr. [Nombre 028] y se obtuvo un resultado positivo por contaminación de aguas negras hacia la vivienda del señor [Nombre 002] (véase informe del ARS de Desamparados).\n\n El 09 de marzo de 2018, se emitió la Orden Sanitaria No. CS-ARS-ERS-OS-0035-2018, para  que en un plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación el Sr. [Nombre 028] realizara lo siguiente: “1. Disponer adecuada y sanitariamente las aguas negras que actualmente se vierten de forma inadecuada a las propiedades vecinas. 2. Dichas aguas deberán ser eliminadas de forma adecuada y sanitariamente a un sistema autorizado por el Ministerio de Salud, el cual deberá mantener en buenas condiciones de funcionamiento. 3. Posteriormente se realizará visita de inspección para verificar el subsane de la deficiencia, en caso de incumplir la orden sanitaria y no haber ejecutado las correcciones señaladas el Área Rectora procederá a actuar en apego a lo establecido en los Artículos 320, 321 y 356 de la Ley General de Salud. 4. Se le previene que de incumplir lo antes ordenado una vez vencido el plazo indicado, incurre en el presunto delito de desobediencia, elevándose el caso a la autoridad correspondiente, para la aplicación de ser necesario del artículo 314 del Código Penal”   (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nEl 18 de abril del 2018, el ARS de Desamparados realizó visita de seguimiento según consta en el Acta CS-ARS-D-ERS-AI-0444-2018 y se efectuó prueba de coloración en el sistema de aguas negras de la propiedad del Sr. [Nombre 028] y se obtuvo un resultado positivo a la propiedad del señor [Nombre 002] (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nEl 10 de mayo del 2018, el ARS de Desamparados notificó la Orden Sanitaria CS-ARS-ERS-OS-0088-2018 con la declaratoria de inhabitabilidad y orden de desalojo en un plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación - ante el incumplimiento de la orden sanitaria CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018-. Detalla que dicha ordenanza dispuso: “1. Desalojar la vivienda en un plazo de 20 días hábiles, ya que la misma se encuentra declarada inhabitable por insalubre. 2. En caso de efectuar las mejoras indicadas en la orden sanitaria CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018, podrá solicitar el levantamiento de la declaratoria de inhabitabilidad al Área Rectora de Salud Desamparados presentando nota donde se indique el cumplimiento total de la orden sanitaria, para posteriormente verificar a través de la visita de inspección el subsane total del problema sanitario, así mismo de no efectuar las mejoras y de no realizar el desalojo de la vivienda, se procederá a realizar el mismo con el acompañamiento de fuerza pública. 3. Se le previene que de incumplir lo antes ordenado una vez vencido el plazo indicado, incurre en el presunto delito de desobediencia, elevándose el caso a la autoridad correspondiente, para la aplicación de ser necesario del artículo 314 del Código Penal” (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nEl 14 de junio del 2018, la autoridad recurrida realizó visita de inspección según Acta CS-ARS-D-ERS-AI-0687-2018 y se comprobó el incumplimiento de las órdenes sanitarias, ya que continúa el vertido de aguas negras y la propiedad no había sido desalojada (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nEl 20 de julio del 2018, el ARS de Desamparados  realizó visita de seguimiento al caso, según Acta CS-ARS-D-ERS-AI-0880-2018 y se consignó que la situación continuaba, el agua se encuentra estancada y presenta olores y vectores  (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nEl 24 de julio del 2018, se tramitó por parte de esta Área Rectora ante la Fiscalía de Desamparados denuncia penal CS-ARS-D-DMP-0004-2018 en perjuicio de la salud pública en contra del Sr. [Nombre 028] por aparente delito de desobediencia a la autoridad por incumplimiento a las órdenes sanitarias CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018 y CS-ARS-D-ERS-OS-0088-2018 (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nEl 22 de noviembre del 2018, la autoridad recurrida realizó visita de inspección según Acta CS-ARS-D-ERS-AI-1709-2018. En dicha inspección los funcionarios de salud fueron atendidos por la Sra. [Nombre 001] y se constató que la situación persistía (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nEl 28 de noviembre del 2018, mediante Oficio No. CS-ARS-D-1119-18 suscrito por el Dr. Jimmy Vargas Charpentier, se solicitó a la Fiscalía de Desamparados informar sobre el avance del caso de la denuncia penal N° CS-ARS-D-DMP-004-2018 (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nEl 07 de febrero del 2019, el ARS de Desamparados realizó visita de inspección, según consta en Acta CS-ARS-D-ERS-AI0169-2019 e Informe Técnico CS-ARS-D-ERS-IT-0222-2019, donde se constató que continúa el problema sanitario y las ordenes sanitarias CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018 y CS-ARS-D-ERS-OS-0088-2018 siguen incumplidas por lo que mediante el Oficio CS-ARS-D-349-19 se solicitó nuevamente a la Fiscalía de Desamparados informar sobre el estado actual de la denuncia penal CS-ARS-D-DMP-004-2018 contra el Sr. [Nombre 028], siendo que a la fecha las condiciones denunciadas no han variado, persistiendo la problemática detectada (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nEl 14 de agosto del 2019, se recibió en el Área Rectora de Salud recurrida, una nota del Sr. [Nombre 016] –denunciado- indicando que ya había solucionado el problema, por lo cual solicitó se realizara inspección (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nEl 21 de agosto del 2019, el ARS de Desamparados realizó visita de inspección para verificar el cumplimiento de las ordenes sanitarias referidas, según se hizo constar en el Acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0069-2019. En dicha inspección no fue posible realizar prueba de coloración, ya que no se logró ingresar a la vivienda denunciada (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nEl 03 de octubre del 2019, el ARS de Desamparados realizó visita de seguimiento según Acta MS-DRRSCSARS-D-ERS-AI-1544-2019 y se efectuó prueba de coloración en el sistema de aguas negras de la propiedad del Sr. [Nombre 028], en la que se obtuvo un resultado positivo a la propiedad vecina, por lo cual continúa el incumplimiento de las órdenes sanitarias (véase informe del ARS de Desamparados).\n\nEl 02 de diciembre del 2019, el ARS de Desamparados brindó seguimiento al caso según Acta de Inspección MS-DRRSCSARS-ERS-AI-1912-2019 y se observó que la vivienda se encuentra alquilada y habita una familia de cinco miembros. En esa oportunidad, se realizó prueba de coloración y se obtuvo resultado positivo por contaminación de aguas residuales, por lo cual se debe proceder a notificar a los inquilinos de la situación sanitaria que enfrenta la vivienda y las medidas sanitarias que deben aplicarse para solucionar el problema (véase informe del ARS de Desamparados).\n\n SOBRE EL DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA. La Administración, a la luz del artículo 41, constitucional, tiene la obligación de garantizar a las personas el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicar a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter \"razonable\" de la duración de la actividad administrativa se determina, casuísticamente, con base en diversos elementos, tales como: la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino, más bien, un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa  (véase en ese sentido el voto 2016-7158 de las nueve horas veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis).\nSobre el derecho a la salud en relación con el derecho a un ambiente sano. De previo a conocer el fondo de este proceso de amparo, resulta conveniente indicar, brevemente, algunas consideraciones sobre el derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano. Al respecto, se tiene que ambos se encuentran reconocidos constitucionalmente, el primero a partir del contenido del artículo 21 y el segundo en el numeral 50. El derecho a la salud contempla la obligación de tutelar el derecho a las personas de tener salud física y mental, lo que se logra mediante la obtención de condiciones que permitan tener calidad de vida, siendo que la calidad ambiental se convierte en un parámetro de esta. De tal forma, a partir del contenido del citado artículo 50, de la Carta Fundamental, se impone al Estado la obligación de proteger el ambiente, siendo que debe disponer, a través de las instituciones designadas al efecto, de todo lo necesario, dentro del ámbito de legalidad, para impedir que daños irreversibles al medio ambiente y, además, promover las medidas necesarias para que cada persona disfrute de su derecho a la salud en todas sus vertientes. Así y a partir de la Ley General de Salud, el Ministerio de Salud tiene la facultad de adoptar las medidas y disposiciones que aseguren la aplicación y cumplimiento de normas dictadas en materia de salud, así como la protección del medio ambiente, para lo cual, en caso de ser necesario, deberá coordinar con otras instituciones las medidas correspondientes –véanse en ese sentido, entre otras, la sentencia No. 2012-013372 de las 14:30 hrs. de 25 de setiembre de 2012, la sentencia No. 2013-012201 de las 9:05 hrs. de 13 de setiembre de 2013 y la sentencia No. 2017-020838 de las 9:15 hrs. del 22 de diciembre de 2017-.\nSobre las competencias del Ministerio de Salud y su relación al derecho a la salud. En la sentencia No. 2018-6080 de las 11:20 hrs. del 17 de abril de 2018, esta Sala desarrolló las competencias del Ministerio de Salud, específicamente sobre las ordenes sanitarias e inclusive, de ordenar un desalojo. En esa oportunidad, se resolvió:\n“Sobre las competencias del Ministerio de Salud y el dictado de la orden sanitaria a que se hace referencia. En primer término, conviene señalar que dentro del ámbito de su competencia, las autoridades del Ministerio de Salud, actúan como responsables de ordenar aquellas medidas y disposiciones, ordinarias y extraordinarias que, técnicamente, procedan en protección, conservación y mejoramiento de la salud de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, lo que incluye la posibilidad de declarar inhabitables aquellos edificios que por su estado ruinoso constituyan un peligro latente para la salud y seguridad de sus moradores e, incluso, ordenar su desalojo, con sustento en los artículos 320 y 321, de la Ley General de Salud. En este sentido, la Administración ha actuado de conformidad a su deber ineludible de velar por la tutela eficiente y rápida de la salud de sus pobladores, misma que deriva del artículo 21, de la Constitución Política. Además, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que las órdenes sanitarias dictadas por las autoridades del Ministerio de Salud no son cuestionables en esta jurisdicción. Lo anterior, en virtud que la orden sanitaria se erige como el acto inicial del procedimiento administrativo correspondiente, de forma tal, que debe ser en la propia vía administrativa donde se discutan aspectos relacionados con la validez de los criterios técnicos de las autoridades competentes. Al respecto, y para ilustrar las potestades con las que cuenta el Ministerio de Salud, conviene citar un antecedente de esta Sala, que en lo conducente, resolvió: “(...) La recurrente alega que se han violentado sus derechos fundamentales, pues el Ministerio de Salud dispuso mediante orden sanitaria número GA-082-01- RQJ del dos de mayo de este año declarar inhabitable el inmueble que ha alquilado por casi treinta años y ordenar su demolición, medida que estima excesiva y que carece de sustento técnico serio y objetivo. Sin embargo, de lo indicado en el propio escrito de interposición se desprende que las autoridades del Ministerio recurrido ordenaron la inhabitabilidad, desalojo y demolición del inmueble al tener por probado -de conformidad al estudio técnico número UCP-D-328 del dos de abril anterior- que su instalación eléctrica estaba en mal estado, que las bases que la soportaban estaban deterioradas, así como el techo y cielo raso de la edificación, lo que resultaba peligrosa para sus moradores. Lo que se confirma con lo indicado por la propia recurrente; quien manifiesta que los trabajos de demolición realizados alrededor de la edificación han generado peligro y algunos daños en la integridad estructural de la unidad. En este contexto, no estima esta Sala que las autoridades recurridas hayan actuado arbitrariamente,  por el contrario, han actuado dentro del ámbito de su competencia como responsables de ordenar aquellas medidas y disposiciones, ordinarias y extraordinarias, que técnicamente procedan en protección, conservación y mejoramiento de la salud de las personas, de conformidad al artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, lo que incluye la posibilidad de declarar inhabitables aquellos edificios que por su estado ruinoso constituyan un peligro latente para la salud y seguridad de sus moradores y ordenar su desalojo, con sustento en los artículos 320 y 321 de la Ley General de Salud. En este sentido, la Administración ha actuado de conformidad a su deber ineludible de velar por la tutela eficiente y rápida de la salud de sus pobladores, que se deriva del artículo 21 de la Constitución Política. (...) En todo caso, si la accionante estima que la orden sanitaria adolece de la fundamentación técnica apropiada o está disconforme con la valoración probatoria realizada, ello es un aspecto que escapa del ámbito de competencia de esta Sala, pues en el fondo, el contradictorio sobre los criterios técnicos que sustentan la orden sanitaria no es propio de esta sede. En consecuencia, la disconformidad de la recurrente con la misma deberá plantearse, previo agotamiento de la fase anterior, en la vía jurisdiccional correspondiente, en la que se podrá resolver en definitiva sobre su procedencia, validez y sustento fáctico, e incluso podrá solicitarse la suspensión provisional de la misma” (Al respecto, ver la resolución No. 2016-09671 de las 09:45 horas del 8 de julio de 2016).\nPRECEDENTE APLICABLE AL CASO EN ESTUDIO. En la sentencia No. 2016-12020 de las 09:30 hrs. del 26 de agosto de 2016, esta Sala Constitucional conoció de un asunto similar al caso en estudio y en esa oportunidad, resolvió:\n\n“V.  ANÁLISIS DEL CASO.   En el caso bajo estudio, la recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales y de su hijo menor de edad, pues acusa que en noviembre de 2015 interpuso una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Curridabat por la presencia de aguas negras en la vivienda colindante, sin embargo, a la fecha de interposición del recurso la problemática no ha sido resuelta. Ahora bien, esta Sala Constitucional tiene por comprobado que el 12 de noviembre de 2015 la recurrente interpuso una denuncia en el Área Rectora de Salud de Curridabat por una filtración de aguas negras provenientes del tanque séptico de la vivienda colindante. Bajo ese mismo orden de ideas, la Sala tiene por constatada la existencia de la problemática, pues el 30 de noviembre de 2015 el Área Rectora de Salud recurrido inspeccionó el sitio denunciado y comprobó la filtración de aguas residuales (véase acta de inspección 653-15 del Área Rectora de Salud de Curridabat). Ante la existencia de la problemática, la autoridad recurrida, primeramente emitió el acto CS-ARS-CU-RS-OS-095-15, para que en el plazo de 25 días hábiles la propietaria de la vivienda denunciada (madre de la recurrente) procediera con el arreglo del tanque séptico, ante la falta de cumplimiento de la orden, el 17 de marzo el Área Rectora de Salud notificó las ordenes sanitarias CS-ARS-CU-RS-OS-12-2016 y CS-ARS-CU-RS-OS-013-16, a la propietaria del inmueble denunciado, así como a su ocupante, otorgando un plazo de diez días hábiles para que la situación fuera corregida. Sin embargo, el 08 de abril de 2016, se dio seguimiento a esas órdenes sanitarias y se determinó que las condiciones en el lugar denunciado persistían las condiciones sanitarias, por lo que se emitieron los actos CS-ARS-CU-RS-OS-025-2016 y CS-ARS-CU-RS-OS- declarando la inhabitabilidad con orden de desalojo a la propietaria del inmueble, así como a la ocupante de la vivienda. Sin embargo, posterior a la emisión de las órdenes sanitarias, la autoridad recurrida coordinó con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que se le diera una solución a la adulta mayor –ocupante de la vivienda declarada como inhabitable-. Ahora bien, una vez analizados los informes de las autoridades recurridas, así como la prueba aportada para la resolución de este asunto, la Sala Constitucional constata la violación a los derechos fundamentales de la amparada, por las razones que a continuación serán expuestas.\n\nVI.- La Sala Constitucional, verifica que en el caso concreto el Área Rectora de Salud de Curridabat dio el seguimiento a la denuncia, donde realizó inspecciones y emitió los actos respectivos para dar solución al problema. El punto que no comparte este Tribunal Constitucional, es la descoordinación que se dio entre el Área Rectora de Salud recurrido con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), pues una vez emitidos los actos CS-ARS-CU-RS-OS-025-2016 y CS-ARS-CU-RS-OS-026-2016 con la  declaratoria de vivienda inhabitable con orden de desalojo a la ocupante del bien inmueble (notificado a la adulta mayor el 05 de mayo de 2016), el Área Rectora de Salud de Curridabat puso en conocimiento del CONAPAM la solicitud de apoyo a favor de la adulta mayor (18 de mayo de 2016), sin embargo, fue hasta el 28 de julio de 2016 –con ocasión de la notificación de la resolución de ampliación de curso- que el CONAPAM contestó la gestión del Área Rectora de Salud y le dio posibles soluciones a la adulta mayor. Bajo ese mismo orden de ideas, la tardanza indebida del CONAPAM en resolver esta solicitud del Área Rectora de Salud en buscar una solución a la adulta mayor, violentó los derechos de la recurrente a una justicia administrativa pronta y cumplida, así como su derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nVII. Este Tribunal Constitucional, no desconoce que en el caso concreto se deben ponderar los derechos a una justicia administrativa pronta y cumplida, el derecho a la salud, así como un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con el respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores. Por lo anterior, lo que procede es declarar con lugar el recurso de amparo, ordenando que se cumplan los actos administrativos emitidos por el Área Rectora de Salud de Curridabat, siempre y cuando se le dé una solución integral a la persona adulta mayor a desalojar, todo con una debida coordinación entre el Área Rectora de Salud de Curridabat y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). Esta Sala Constitucional ha reconocido que antes de desalojar a un adulto mayor, se debe coordinar entre instituciones para el resguardo de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, empero, eso no es excusa para que una institución –como lo es el CONAPAM- dure más de dos meses en haber contestado la gestión del Área Rectora de Salud de Curridabat y con ello, poniendo en peligro otros derechos constitucionales de la recurrente y su hijo menor de edad”.\n\nAnálisis del caso. Después de haber analizado los  informes y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala  verifica la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas. Primeramente, debe señalarse que el 06 de febrero de 2018, se recibió en el Área Rectora de Salud Desamparados denuncia contra [Nombre 028], la cual indicó que el drenaje del tanque séptico de la propiedad del denunciado está drenando a propiedades vecinas filtrando aguas residuales, así como olores insoportables. En virtud de ello, el 28 de febrero del 2018, la autoridad recurrida realizó visita de inspección por parte de la Técnico Liliam Rivera Romer,  según consta en el Acta CS-ARS-D-ERS-AI-0243-2018 y se realizó prueba de coloración en la vivienda del Sr. [Nombre 028] y se obtuvo un resultado positivo por contaminación de aguas negras hacia la vivienda del señor [Nombre 002] . A propósito de ello, el 09 de marzo de 2018, se emitió la Orden Sanitaria No. CS-ARS-ERS-OS-0035-2018, para  que en un plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación el Sr. [Nombre 028] realizara lo siguiente: “ 1. Disponer adecuada y sanitariamente las aguas negras que actualmente se vierten de forma inadecuada a las propiedades vecinas. 2. Dichas aguas deberán ser eliminadas de forma adecuada y sanitariamente a un sistema autorizado por el Ministerio de Salud, el cual deberá mantener en buenas condiciones de funcionamiento. 3. Posteriormente se realizará visita de inspección para verificar el subsane de la deficiencia, en caso de incumplir la orden sanitaria y no haber ejecutado las correcciones señaladas el Área Rectora procederá a actuar en apego a lo establecido en los Artículos 320, 321 y 356 de la Ley General de Salud. 4. Se le previene que de incumplir lo antes ordenado una vez vencido el plazo indicado, incurre en el presunto delito de desobediencia, elevándose el caso a la autoridad correspondiente, para la aplicación de ser necesario del artículo 314 del Código Penal” . En seguimiento de la orden sanitaria, el 18 de abril del 2018, el ARS de Desamparados realizó visita de seguimiento, según  así consta en el Acta No. CS-ARS-D-ERS-AI-0444-2018 y se efectuó prueba de coloración en el sistema de aguas negras de la propiedad del Sr. [Nombre 028] y se obtuvo un resultado positivo a la propiedad del señor [Nombre 002]. A propósito del incumplimiento verificado, el 10 de mayo del 2018, el ARS de Desamparados notificó la Orden Sanitaria No. CS-ARS-ERS-OS-0088-2018 con la declaratoria de inhabitabilidad y orden de desalojo en un plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación - ante el incumplimiento de la orden sanitaria CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018-. En esa orden se indicó: “1. Desalojar la vivienda en un plazo de 20 días hábiles, ya que la misma se encuentra declarada inhabitable por insalubre. 2. En caso de efectuar las mejoras indicadas en la orden sanitaria CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018, podrá solicitar el levantamiento de la declaratoria de inhabitabilidad al Área Rectora de Salud Desamparados presentando nota donde se indique el cumplimiento total de la orden sanitaria, para posteriormente verificar a través de la visita de inspección el subsane total del problema sanitario, así mismo de no efectuar las mejoras y de no realizar el desalojo de la vivienda, se procederá a realizar el mismo con el acompañamiento de fuerza pública. 3. Se le previene que de incumplir lo antes ordenado una vez vencido el plazo indicado, incurre en el presunto delito de desobediencia, elevándose el caso a la autoridad correspondiente, para la aplicación de ser necesario del artículo 314 del Código Penal”. El 14 de junio del 2018, la autoridad recurrida realizó visita de inspección, según el Acta No. CS-ARS-D-ERS-AI-0687-2018 y se comprobó el incumplimiento de las órdenes sanitarias, ya que continúa el vertido de aguas negras y la propiedad no había sido desalojada. Seguidamente, el 20 de julio del 2018, el ARS de Desamparados  realizó visita de seguimiento al caso, según Acta CS-ARS-D-ERS-AI-0880-2018 y se consignó que la situación continuaba, el agua se encuentra estancada y presenta olores y vectores. En seguimiento de la orden sanitaria, el 24 de julio del 2018, se tramitó por parte de esta Área Rectora ante la Fiscalía de Desamparados denuncia penal CS-ARS-D-DMP-0004-2018 en perjuicio de la salud pública en contra del Sr. [Nombre 028] por aparente delito de desobediencia a la autoridad por incumplimiento a las órdenes sanitarias CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018 y CS-ARS-D-ERS-OS-0088-2018. Posterior a ello, se realizaron diversas inspecciones –p.ej. el 22 de noviembre de 2018, el 07 de febrero del 2019, el 21 de agosto del 2019, el 03 de octubre de 2019 y 02 de diciembre de 2019- en el que se detectó el incumplimiento a las ordenes sanitarias y por ende, un potencial peligro real e inminente al derecho a la salud de la parte recurrente. Inclusive, de la inspección del 02 de diciembre del 2019, el ARS de Desamparados brindó seguimiento al caso según Acta de Inspección MS-DRRSCSARS-ERS-AI-1912-2019 y se observó que la vivienda se encuentra alquilada y habita una familia de cinco miembros. En esa oportunidad, se realizó prueba de coloración y se obtuvo resultado positivo por contaminación de aguas residuales, por lo cual se debe proceder a notificar a los inquilinos de la situación sanitaria que enfrenta la vivienda y las medidas sanitarias que deben aplicarse para solucionar el problema.\n\nEs decir, en el caso en estudio, desde el 10 de mayo del 2018, el ARS de Desamparados notificó la Orden Sanitaria No. CS-ARS-ERS-OS-0088-2018 con la declaratoria de inhabitabilidad y orden de desalojo en un plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación - ante el incumplimiento de la orden sanitaria CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018-. En esa orden se indicó: “1 . Desalojar la vivienda en un plazo de 20 días hábiles, ya que la misma se encuentra declarada inhabitable por insalubre(…)”. Así las cosas, nótese que el Área Rectora de Salud de Desamparados previno y posteriormente, ordenó la declaratoria de inhabitabilidad, sin embargo, esta Sala no tuvo por demostrado que se haya ejecutado el acto administrativo de desalojo. Todo lo contrario, se aprecia, que inclusive, a la fecha, hay una familia de cinco personas habitando el inmueble y también poniéndosele en un claro riesgo, por estar en una situación insalubre. Adviértase que la justificación del Área Rectora de Salud es que sí han dado seguimiento e inclusive, remitido el asunto ante la Fiscalía. No obstante, lo cierto, es que no debe perderse de vista que a la fecha de emisión de esta sentencia, la situación de salubridad persiste. Además, que el ordenamiento jurídico brinda posibilidades al Ministerio de Salud –el desalojo- para evitar que el foco de contaminación persista. En consecuencia, se procede a declarar con lugar el recurso y en consecuencia, se le ordena al ARS de Desamparados que en un plazo no mayor a UN MES, tome todas las medidas necesarias, que le brinda el ordenamiento jurídico –p.ej. La Ley General de Salud-, para garantizar el derecho a la salud, vivienda y un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la parte recurrente, claro está, en estricta observancia del debido proceso del propietario registral y los ocupantes de la vivienda, así, como los sendos pronunciamientos de este Tribunal Constitucional, en materia de procedimientos administrativos y/o desalojos.\n\nEn cuanto a la responsabilidad de [Nombre 028]. En el escrito de interposición, el accionante acusó que interponía este proceso de amparo contra el señor [Nombre 028], sin embargo, es evidente que la legitimación pasiva en materia de amparo contra sujeto de derecho privado es limitada y por ende, no cumple con los criterios de admisibilidad del artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. De ahí que podrá el recurrente, discutir –si a bien lo tiene- la responsabilidad  del Sr. [Nombre 016] ante la vía civil, penal y/o bien, ante cualquier otra que estime corresponda.\nDocumentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\nPor tanto:\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Jimmy Vargas Charpentier, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Desamparados, o a quien ocupe ese cargo, que en un plazo no mayor a UN MES, tome todas las medidas necesarias, que le brinda el ordenamiento jurídico –p.ej. La Ley General de Salud-, para garantizar el derecho a la salud, vivienda y un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la parte recurrente, claro está, en estricta observancia del debido proceso del propietario registral y los ocupantes de la vivienda, así, como los sendos pronunciamientos de este Tribunal Constitucional, en materia de procedimientos administrativos y/o desalojos. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a [Nombre 028], se declara sin lugar el recurso. Notifíquese esta resolución al Director del Área Rectora de Salud de Desamparados, en forma personal.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nPaul Rueda L.\n\t\n \n\t\nNancy Hernández L.\n\n\nJorge Araya G.\n\t\n \n\t\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nAlejandro Delgado F.\n\n\n\n\n\n\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*XOT47MOA8B5Q61*\n\n XOT47MOA8B5Q61\n\nEXPEDIENTE N° 19-021943-0007-CO\n\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 05:49:42.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**SALA CONSTITUCIONAL OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes on December thirteenth, two thousand nineteen.\n\nAmparo action processed in case file number 19-021943-0007-CO, filed by [Name 001], identity card number [Value 001], on behalf of [Name 002], identity card number [Value 002], against the MINISTERIO DE SALUD (Ministry of Health).\n\n**Whereas:**\n\nBy a brief received at the Secretariat of the Chamber on November 16, 2019, the petitioner files an amparo action against the Ministry of Health, and states that: since February 12, 2017, she filed an environmental complaint with the respondent ministry for blackwater seepage (filtración de aguas negras) on the protected party's property, caused by [Name 028]. She indicates that the wastewater, foul odors, and pests emerging from a hole in the interior part of the dwelling represent a danger both to the people living there—including a minor—and to the neighboring residents; the intervention of the respondent authority was requested. She details that in response to complaint No. CS-ARS-D-DE-0069-2018 filed on February 6, 2018, the ministry ordered ocular inspection No. CS-ARS-D-ERS-AI-0243-18, which was carried out on February 28, 2018, concerning which technical report No. CS-ARS-D-ERS-IT-0147-2018 of March 2, 2018, was issued. Following this, sanitary order No. CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018 was issued to the respondent [Name 016], which was notified to him on March 9, 2018. She points out that given the respondent's non-compliance with the sanitary order, the ministry's intervention was again requested, and it issued eviction sanitary order No. CSARS-D-ERS-OS-0088-2018 dated April 23, 2018, notified on May 10, 2018. She notes that in following up on the case, the respondent authority carried out ocular inspection No. CS-ARS-D-ERS-AI-1709-2018 on November 22, 2018, which confirmed that the reported situation continued. She argues that the respondent ministry, faced with the respondent's failure to comply with the aforementioned sanitary orders, decided to file, by means of official letter No. CS-ARS-D-1119-19 dated November 28, 2018, a criminal complaint for the crime of disobedience to authority before the Desamparados Prosecutor's Office (see the documentation attached as evidence). She complains that despite the described facts, the environmental problem affecting her property still persists, without any effective solution that mandates the compulsory execution of the sanitary orders. She considers her fundamental rights violated. She requests that the action be granted.\n\nUnder oath, Guillermo Flores Galindo, in his capacity as Director Regional de Rectoría de la Salud Central Sur (Central South Regional Health Directorate) of the Ministerio de Salud, reports that in relation to the facts alleged by the petitioner, by means of a certification requested by this Regional Directorate from the Customer Service Unit, it is certified that upon review of the Complaints Database, NO ADMINISTRATIVE COMPLAINT WHATSOEVER FILED by the petitioner [Name 001] PRIOR to the events described in the instant action APPEARS. Therefore, this Regional Authority indicates to this honorable Chamber that, in accordance with numeral 43 of Decreto Ejecutivo 40724-S, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, it is responsible for providing capacitating supervision in relation to matters whose approach is regional or multi-local, and in the instant case, such condition is not met, since the complaints filed by the petitioner were, as noted by the Local Health Authority, that is, the Área Rectora de Salud (Governing Health Area) of Desamparados, presented directly before that instance, so there is no participation whatsoever by this Regional Directorate in the handling of said administrative matters (...). By reason of the foregoing, as there is no action whatsoever on the part of this Regional Directorate, whether in the attention, processing, or response to the complaint filed by the petitioner, it considers that it has in no way violated the subjective rights of the petitioner; however, as noted supra, this administrative instance considers that the actions taken by the Área Rectora de Salud of Desamparados have been appropriate to address the problems afflicting the petitioner, even taking the actions to the criminal jurisdiction as a last resort to attempt to definitively resolve the facts motivating the filing of this amparo, for which reason this honorable Chamber is respectfully requested to declare this filing without merit in all its aspects.\n\nUnder oath, Jimmy Vargas Charpentier, in his capacity as Director of the Área Rectora de Salud of Desamparados, reports that \"on February 6, 2018, a complaint was received at the Área Rectora de Salud Desamparados against [Name 028], which indicates that the drainage of the septic tank (tanque séptico) on the respondent's property is draining onto neighboring properties, filtering wastewater (aguas residuales), as well as unbearable odors. Complaint tracking number CS-ARS-D-DE-0069-2018 is assigned. • On February 28, 2018, an inspection visit was conducted by Technician Liliam Rivera Romero as recorded in Record CS-ARS-D-ERS-AI-0243-2018. A dye test (prueba de coloración) was performed at the residence of Mr. [Name 028] and a positive result was obtained for contamination from blackwater (aguas negras) flowing towards the residence of Mr. [Name 002]. • On March 9, 2018, Sanitary Order CS-ARS-ERS-OS-0035-2018 was issued so that within a period of 20 business days from notification, Mr. [Name 028] would perform the following: 1. Adequately and sanitarily dispose of the blackwater currently being discharged inadequately onto neighboring properties. 2. Said water must be adequately and sanitarily eliminated into a system authorized by the Ministerio de Salud, which must be kept in good working order. 3. Subsequently, an inspection visit will be conducted to verify the correction of the deficiency; in the event of non-compliance with the sanitary order and failure to execute the indicated corrections, the Área Rectora will proceed to act in accordance with the provisions of Articles 320, 321, and 356 of the Ley General de Salud. 4. You are warned that failure to comply with the foregoing once the indicated period has expired will result in the presumed crime of disobedience, with the case being elevated to the corresponding authority for the application, if necessary, of Article 314 of the Código Penal. • On April 18, 2018, a follow-up visit was conducted as recorded in Record CS-ARS-D-ERS-AI-0444-2018. A dye test was performed on the blackwater system of the property of Mr. [Name 028] and a positive result was obtained for the property of Mr. [Name 002]. • Given non-compliance with sanitary order CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018, on May 10, 2018, Sanitary Order CS-ARS-ERS-OS-0088-2018 was notified with the declaration of uninhabitability and eviction order within a period of 20 business days from notification. Said order details: 1. Evict the dwelling within a period of 20 business days, as it is declared uninhabitable due to being unsanitary. 2. In the event of making the improvements indicated in sanitary order CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018, you may request the lifting of the uninhabitability declaration from the Área Rectora de Salud Desamparados by submitting a note indicating full compliance with the sanitary order, to subsequently verify through an inspection visit the total correction of the sanitary problem; likewise, if the improvements are not made and the dwelling is not evicted, the eviction will be carried out with the accompaniment of the public force (fuerza pública). 3. You are warned that failure to comply with the foregoing once the indicated period has expired will result in the presumed crime of disobedience, with the case being elevated to the corresponding authority for the application, if necessary, of Article 314 of the Código Penal. • On June 14, 2018, an inspection visit was conducted as per Record CS-ARS-D-ERS-AI-0687-2018 and non-compliance with the sanitary orders was confirmed, as the discharge of blackwater continues and the property had not been evicted. • On July 20, 2018, a follow-up visit to the case was conducted as per Record CS-ARS-D-ERS-AI-0880-2018, indicating that the situation continues, the water is stagnant and presents odors and vectors (vectores). • On July 24, 2018, this Área Rectora filed criminal complaint CS-ARS-D-DMP-0004-2018 with the Desamparados Prosecutor's Office, to the detriment of public health, against Mr. [Name 028] for the apparent crime of disobedience to authority for non-compliance with sanitary orders CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018 and CS-ARS-D-ERS-OS-0088-2018. • On November 22, 2018, an inspection visit was conducted as per Record CS-ARS-D-ERS-AI-1709-2018. At said inspection, the health officials were attended by Mrs. [Name 001] and it was confirmed that the situation persisted, so on November 28, 2018, by means of Official Letter CS-ARS-D-1119-18 signed by Dr. Jimmy Vargas Charpentier, the Desamparados Prosecutor's Office was requested to report on the progress of criminal complaint case No. CS-ARS-D-DMP-004-2018. • On February 7, 2019, an inspection visit was conducted as recorded in Record CS-ARS-D-ERS-AI0169-2019 and Technical Report CS-ARS-D-ERS-IT-0222-2019, where it was confirmed that the sanitary problem continues and sanitary orders CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018 and CS-ARS-D-ERS-OS-0088-2018 remain unfulfilled, so by means of Official Letter CS-ARS-D-349-19, the Desamparados Prosecutor's Office was again requested to report on the current status of criminal complaint CS-ARS-D-DMP-004-2018 against Mr. [Name 028]; as of this date, the reported conditions have not changed, and the detected problem persists. • On August 14, 2019, a note was received at the Área Rectora from Mr. [Name 016] indicating that he had already solved the problem, for which he requested an inspection be conducted. • On August 21, 2019, an inspection visit was conducted to verify compliance with the referenced sanitary orders, as recorded in Record MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0069-2019. At said inspection, it was not possible to perform a dye test, as entry to the reported dwelling could not be gained; however, on October 3, 2019, a follow-up visit was conducted as per Record MS-DRRSCSARS-D-ERS-AI-1544-2019 and a dye test was performed on the blackwater system of the property of Mr. [Name 028], yielding a positive result for the neighboring property, thus non-compliance with the sanitary orders continues. • On December 2, 2019, follow-up was provided to the case as per Inspection Record MS-DRRSCSARS-ERS-AI-1912-2019; it was observed that the dwelling is rented and inhabited by a family of five members; a dye test was performed and a positive result was obtained for contamination from wastewater, for which reason the tenants must be notified of the sanitary situation facing the dwelling and the sanitary measures that must be applied to solve the problem. As can be seen, the Área Rectora has attended to complaint CS-ARS-D-DE-0069-2018, issuing the acts that are pertinent in the administrative venue; constant follow-up has even been provided in which, once the non-compliance of the respondent [Name 016] with the orders issued by this Área Rectora de Salud was verified, upon evidence that the blackwater seepage continued, the complaint for disobedience to Authority was processed before the Desamparados Prosecutor's Office, without to date having a response from the judicial instance to compel the administered party to resolve the instant problem. In the specific case, it is evident that administratively this Local Authority has undertaken all pertinent actions within its scope of competence and in accordance with current legal regulations to resolve the instant sanitary problem. At this time, we are awaiting the determination of the judicial apparatus regarding the referenced disobedience proceeding and are about to notify the eviction order to the current tenants of the property owned by Mr. [Name 028]\". He requests that the action be declared without merit.\n\nIn the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Esquivel Rodríguez; and,\n\n**Considering:**\n\n**Preliminarily. Preliminary considerations on amparo actions filed in environmental matters.** This Chamber has declared, repeatedly, that through the amparo remedy, the administrative will cannot be directly substituted, nor can public offices be supplanted in the management of matters within their competence. For this reason, prior to admitting an amparo in environmental or public health matters, it is required that the petitioner has approached the competent Authorities to raise the corresponding claims and complaints, and that the Administration has not acted with due diligence to address them, on the understanding that the foregoing is not the same as requiring some type of exhaustion of administrative remedies (agotamiento de la vía administrativa), but rather the simple admission that this Court is not an alternative active Administration. Hence, the Chamber has refused to directly hear complaints in environmental or public health matters, in the following terms:\n\n\"(…) SUBJECT OF THE ACTION. The petitioner states that the officers of the Delegation of the Public Force (Fuerza Pública) of Paso Canoas work in subhuman conditions, because behind the building's kitchen the septic tank is located, which overflows and causes unbearable odors. Such contamination, he indicates, affects the officials and the people who transit the site, for which reason he requests the closure of that establishment.\nII.- SPECIFIC CASE. Regarding the grievances expressed by the petitioner, according to his own account, the accused problem has not been brought to the attention of the authorities of the Ministry of Public Security and the Ministerio de Salud. The foregoing makes this action inadmissible, because the Chamber could not determine the existence or not of a violation of a fundamental right if, as of the date of filing the amparo, the respondent institutions have not even received a complaint or claim regarding the alleged sanitary problem. For this reason, one could not allege a denial by the respondent authorities in resolving the matter, or that the complaint was resolved negatively and to the detriment of the fundamental rights of those protected. Under such conditions, upon better consideration of these types of cases, the Chamber considers that it does not correspond to it to hear such matters...\" (Judgment No. 2016-005854 of 14:30 hrs. on May 3, 2016. See, in the same sense, ruling No. 2012-18538 of 9:05 hrs. on December 21, 2012).\n\nIn this sense, it should be recalled that the amparo process is of an eminently summary nature—that is, brief and simple—and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to previously examine—with a declaratory character—whether the rights of infra-constitutional rank that the parties cite as part of the factual ensemble of the amparo action or the legal report, as the case may be, actually exist. Hence, this avenue is not suitable for conducting broad investigations in these matters, since these would necessitate opening the process to evidence. Now, in the present case, it is evidenced that the petitioner filed the respective complaint with the Ministerio de Salud, and therefore it is ordered that the action be heard on its merits.\n\n**Subject of the action.** The petitioner claims the violation of her fundamental rights, as she alleges that since February 12, 2017, she filed an environmental complaint with the respondent ministry for blackwater seepage on the protected party's property, caused by [Name 028]. She complains that despite the described facts, the environmental problem affecting her property still persists, without any effective solution that mandates the compulsory execution of the sanitary orders.\n\n**Proven facts.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent party has omitted referring to them as provided in the initial order:\n\nOn February 6, 2018, a complaint against [Name 028] was received at the Área Rectora de Salud Desamparados, indicating that the drainage of the septic tank on the respondent's property is draining onto neighboring properties, filtering wastewater, as well as unbearable odors (see report of the ARS of Desamparados).\n\nRegarding the filed complaint, tracking number No. CN-ARS-D-DE-0069-2018 was assigned to it (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn February 28, 2018, the respondent authority conducted an inspection visit by Technician Liliam Rivera Romer, as recorded in Record CS-ARS-D-ERS-AI-0243-2018. A dye test was performed at the residence of Mr. [Name 028] and a positive result was obtained for contamination from blackwater flowing towards the residence of Mr. [Name 002] (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn March 9, 2018, Sanitary Order No. CS-ARS-ERS-OS-0035-2018 was issued, so that within a period of 20 business days from notification, Mr. [Name 028] would perform the following: \"1. Adequately and sanitarily dispose of the blackwater currently being discharged inadequately onto neighboring properties. 2. Said water must be adequately and sanitarily eliminated into a system authorized by the Ministerio de Salud, which must be kept in good working order. 3. Subsequently, an inspection visit will be conducted to verify the correction of the deficiency; in the event of non-compliance with the sanitary order and failure to execute the indicated corrections, the Área Rectora will proceed to act in accordance with the provisions of Articles 320, 321, and 356 of the Ley General de Salud. 4. You are warned that failure to comply with the foregoing once the indicated period has expired will result in the presumed crime of disobedience, with the case being elevated to the corresponding authority for the application, if necessary, of Article 314 of the Código Penal\" (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn April 18, 2018, the ARS of Desamparados conducted a follow-up visit as recorded in Record CS-ARS-D-ERS-AI-0444-2018, and a dye test was performed on the blackwater system of the property of Mr. [Name 028], yielding a positive result for the property of Mr. [Name 002] (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn May 10, 2018, the ARS of Desamparados notified Sanitary Order CS-ARS-ERS-OS-0088-2018 with the declaration of uninhabitability and eviction order within a period of 20 business days from notification—given non-compliance with sanitary order CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018. It details that said order provided: \"1. Evict the dwelling within a period of 20 business days, as it is declared uninhabitable due to being unsanitary. 2. In the event of making the improvements indicated in sanitary order CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018, you may request the lifting of the uninhabitability declaration from the Área Rectora de Salud Desamparados by submitting a note indicating full compliance with the sanitary order, to subsequently verify through an inspection visit the total correction of the sanitary problem; likewise, if the improvements are not made and the dwelling is not evicted, the eviction will be carried out with the accompaniment of the public force. 3. You are warned that failure to comply with the foregoing once the indicated period has expired will result in the presumed crime of disobedience, with the case being elevated to the corresponding authority for the application, if necessary, of Article 314 of the Código Penal\" (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn June 14, 2018, the respondent authority conducted an inspection visit as per Record CS-ARS-D-ERS-AI-0687-2018 and non-compliance with the sanitary orders was confirmed, as the discharge of blackwater continues and the property had not been evicted (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn July 20, 2018, the ARS of Desamparados conducted a follow-up visit to the case, as per Record CS-ARS-D-ERS-AI-0880-2018, and it was recorded that the situation continued, the water is stagnant and presents odors and vectors (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn July 24, 2018, this Área Rectora filed criminal complaint CS-ARS-D-DMP-0004-2018 with the Desamparados Prosecutor's Office, to the detriment of public health, against Mr. [Name 028] for the apparent crime of disobedience to authority for non-compliance with sanitary orders CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018 and CS-ARS-D-ERS-OS-0088-2018 (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn November 22, 2018, the respondent authority conducted an inspection visit as per Record CS-ARS-D-ERS-AI-1709-2018. At said inspection, the health officials were attended by Mrs. [Name 001] and it was confirmed that the situation persisted (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn November 28, 2018, by means of Official Letter No. CS-ARS-D-1119-18 signed by Dr. Jimmy Vargas Charpentier, the Desamparados Prosecutor's Office was requested to report on the progress of criminal complaint case No. CS-ARS-D-DMP-004-2018 (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn February 7, 2019, the ARS of Desamparados conducted an inspection visit, as recorded in Record CS-ARS-D-ERS-AI0169-2019 and Technical Report CS-ARS-D-ERS-IT-0222-2019, where it was confirmed that the sanitary problem continues and sanitary orders CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018 and CS-ARS-D-ERS-OS-0088-2018 remain unfulfilled, so by means of Official Letter CS-ARS-D-349-19, the Desamparados Prosecutor's Office was again requested to report on the current status of criminal complaint CS-ARS-D-DMP-004-2018 against Mr. [Name 028]; as of this date, the reported conditions have not changed, and the detected problem persists (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn August 14, 2019, a note was received at the respondent Área Rectora de Salud from Mr. [Name 016]—the respondent—indicating that he had already solved the problem, for which he requested an inspection be conducted (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn August 21, 2019, the ARS of Desamparados conducted an inspection visit to verify compliance with the referenced sanitary orders, as recorded in Record MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0069-2019. At said inspection, it was not possible to perform a dye test, as entry to the reported dwelling could not be gained (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn October 3, 2019, the ARS of Desamparados conducted a follow-up visit as per Record MS-DRRSCSARS-D-ERS-AI-1544-2019, and a dye test was performed on the blackwater system of the property of Mr. [Name 028], yielding a positive result for the neighboring property, thus non-compliance with the sanitary orders continues (see report of the ARS of Desamparados).\n\nOn December 2, 2019, the ARS of Desamparados provided follow-up to the case as per Inspection Record MS-DRRSCSARS-ERS-AI-1912-2019, and it was observed that the dwelling is rented and inhabited by a family of five members. On that occasion, a dye test was performed and a positive result was obtained for contamination from wastewater, for which reason the tenants must be notified of the sanitary situation facing the dwelling and the sanitary measures that must be applied to solve the problem (see report of the ARS of Desamparados).\n\n**ON THE RIGHT TO PROMPT AND FULFILLED JUSTICE.** The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee persons the fulfillment of prompt and fulfilled justice, which implies, in the sphere of administrative justice, its obligation to decide with diligence and celerity the claims raised by the administered parties, in such a way that its resolution is congruent with the alleged points, as well as to communicate to the interested parties what is ordered, all within a reasonable period. In this sense, the \"reasonable\" character of the duration of the administrative activity is determined, on a case-by-case basis, based on various elements, such as: the technical complexity of the administrative matter, the extent of the evidence to be gathered, or the degree of impact on the person or the environment from the contested act, from which it is inferred that there is no strict right to the constitutionalization of deadlines, but rather a right to the application of constitutional control over those actions of the Administration in which there are no sufficient reasons to justify the time taken in solving some type of administrative proceeding (see in this sense vote 2016-7158 of nine hours twenty minutes on May twenty-seventh, two thousand sixteen).\n\n**On the right to health in relation to the right to a healthy environment.** Prior to hearing the merits of this amparo process, it is convenient to indicate, briefly, some considerations on the right to health and the right to a healthy environment. In this regard, it is understood that both are constitutionally recognized, the first based on the content of Article 21 and the second in numeral 50. The right to health contemplates the obligation to protect the right of persons to have physical and mental health, which is achieved through obtaining conditions that allow for a quality of life, with environmental quality becoming a parameter of this. Thus, based on the content of the cited Article 50 of the Fundamental Charter, the State is obligated to protect the environment, and it must provide, through the institutions designated for this purpose, everything necessary, within the scope of legality, to prevent irreversible damage to the environment and, furthermore, promote the necessary measures so that each person enjoys their right to health in all its aspects. Thus, and based on the Ley General de Salud, the Ministerio de Salud has the authority to adopt the measures and provisions that ensure the application and fulfillment of norms issued in health matters, as well as the protection of the environment, for which, if necessary, it must coordinate with other institutions the corresponding measures—see in this sense, among others, Judgment No. 2012-013372 of 14:30 hrs. on September 25, 2012, Judgment No. 2013-012201 of 9:05 hrs. on September 13, 2013, and Judgment No. 2017-020838 of 9:15 hrs. on December 22, 2017.\n\n**On the competencies of the Ministerio de Salud and its relation to the right to health.** In Judgment No. 2018-6080 of 11:20 hrs.\n\nof April 17, 2018, this Chamber developed the powers of the Ministry of Health, specifically regarding health orders and even ordering an eviction (desalojo). On that occasion, it resolved:\n“Regarding the powers of the Ministry of Health and the issuance of the health order (orden sanitaria) in question. First, it should be noted that within the scope of their authority, officials of the Ministry of Health act as those responsible for ordering ordinary and extraordinary measures and provisions that are technically appropriate for the protection, conservation, and improvement of people's health, in accordance with Article 2 of the Organic Law of the Ministry of Health (Ley Orgánica del Ministerio de Salud). This includes the possibility of declaring uninhabitable those buildings that, due to their dilapidated state, constitute a latent danger to the health and safety of their inhabitants, and even ordering their eviction, based on Articles 320 and 321 of the General Health Law (Ley General de Salud). In this sense, the Administration has acted in accordance with its unavoidable duty to ensure the efficient and rapid protection of the health of its inhabitants, which derives from Article 21 of the Political Constitution. Furthermore, this Court in repeated jurisprudence has indicated that health orders issued by Ministry of Health authorities are not challengeable in this jurisdiction. The foregoing, by virtue of the fact that a health order is established as the initial act of the corresponding administrative procedure, such that aspects related to the validity of the technical criteria of the competent authorities must be discussed in the administrative channel itself. In this regard, and to illustrate the powers vested in the Ministry of Health, it is appropriate to cite a precedent from this Chamber, which, where pertinent, resolved: ‘(...) The appellant alleges that her fundamental rights have been violated, because the Ministry of Health ordered, through health order number GA-082-01-RQJ of May 2 of this year, to declare uninhabitable the property she has rented for nearly thirty years and to order its demolition, a measure she deems excessive and lacking serious and objective technical support. However, from what is indicated in the filing brief itself, it follows that the authorities of the respondent Ministry ordered the uninhabitability, eviction, and demolition of the property after having established—in accordance with technical study number UCP-D-328 of April 2 of last year—that its electrical installation was in poor condition, that the bases supporting it were deteriorated, as were the roof and ceiling of the building, making it dangerous for its inhabitants. This is confirmed by what the appellant herself indicates, stating that demolition work carried out around the building has generated danger and some damage to the structural integrity of the unit. In this context, this Chamber does not consider that the respondent authorities have acted arbitrarily; on the contrary, they have acted within the scope of their authority as those responsible for ordering ordinary and extraordinary measures and provisions that are technically appropriate for the protection, conservation, and improvement of people's health, in accordance with Article 2 of the Organic Law of the Ministry of Health, which includes the possibility of declaring uninhabitable those buildings that, due to their dilapidated state, constitute a latent danger to the health and safety of their inhabitants and ordering their eviction, based on Articles 320 and 321 of the General Health Law. In this sense, the Administration has acted in accordance with its unavoidable duty to ensure the efficient and rapid protection of the health of its inhabitants, which derives from Article 21 of the Political Constitution. (...) In any case, if the petitioner believes that the health order lacks appropriate technical grounding or disagrees with the evidentiary assessment made, this is an aspect that falls outside the scope of this Chamber’s jurisdiction, because, in substance, a contradiction regarding the technical criteria supporting the health order is not proper to this venue. Consequently, the petitioner's disagreement with it must be raised, after exhausting the previous phase, in the corresponding jurisdictional channel, where its appropriateness, validity, and factual basis can be definitively resolved, and even its provisional suspension may be requested’ (In this regard, see resolution No. 2016-09671 of 09:45 hours on July 8, 2016).\nPRECEDENT APPLICABLE TO THE CASE UNDER STUDY. In judgment No. 2016-12020 of 09:30 hrs. on August 26, 2016, this Constitutional Chamber heard a matter similar to the case under study and on that occasion, resolved:\n\n“V. CASE ANALYSIS. In the case under study, the petitioner claims a violation of her fundamental rights and those of her minor child, accusing that in November 2015 she filed a complaint before the Health Governing Area of Curridabat (Área Rectora de Salud de Curridabat) regarding the presence of sewage (aguas negras) in the adjacent dwelling; however, as of the date of filing the appeal, the problem had not been resolved. Now, this Constitutional Chamber finds it proven that on November 12, 2015, the petitioner filed a complaint with the Health Governing Area of Curridabat regarding a sewage leak from the septic tank of the adjacent dwelling. In that same vein, the Chamber finds the existence of the problem proven, because on November 30, 2015, the respondent Health Governing Area of Curridabat inspected the reported site and confirmed the sewage leak (see inspection report 653-15 of the Health Governing Area of Curridabat). Faced with the existence of the problem, the respondent authority first issued act CS-ARS-CU-RS-OS-095-15, for the owner of the reported dwelling (the petitioner’s mother) to proceed with repairing the septic tank within 25 business days. Due to non-compliance with the order, on March 17, the Health Governing Area of Curridabat notified health orders CS-ARS-CU-RS-OS-12-2016 and CS-ARS-CU-RS-OS-013-16 to the owner of the reported property, as well as to its occupant, granting a period of ten business days for the situation to be corrected. However, on April 8, 2016, follow-up on those health orders was conducted, and it was determined that the sanitary conditions at the reported location persisted. Consequently, acts CS-ARS-CU-RS-OS-025-2016 and CS-ARS-CU-RS-OS- were issued, declaring uninhabitability with an eviction order for the property owner and the dwelling’s occupant. However, after the issuance of the health orders, the respondent authority coordinated with the National Council for the Elderly (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM) and the Mixed Institute of Social Assistance (Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS) to find a solution for the older adult—occupant of the dwelling declared uninhabitable. Now, having analyzed the reports of the respondent authorities, as well as the evidence provided for the resolution of this matter, the Constitutional Chamber finds a violation of the fundamental rights of the protected party, for the reasons that will be set forth below.\n\nVI.- The Constitutional Chamber verifies that, in the specific case, the Health Governing Area of Curridabat followed up on the complaint, conducting inspections and issuing the respective acts to solve the problem. The point with which this Constitutional Court disagrees is the lack of coordination that occurred between the respondent Health Governing Area of Curridabat and the National Council for the Elderly (CONAPAM). This is because, once acts CS-ARS-CU-RS-OS-025-2016 and CS-ARS-CU-RS-OS-026-2016 were issued, declaring the dwelling uninhabitable with an eviction order for the occupant of the property (notified to the older adult on May 5, 2016), the Health Governing Area of Curridabat informed CONAPAM of the request for support in favor of the older adult (May 18, 2016). However, it was not until July 28, 2016—on the occasion of the notification of the resolution expanding the proceedings—that CONAPAM responded to the Health Governing Area’s request and provided possible solutions for the older adult. In that same vein, CONAPAM's undue delay in resolving this request from the Health Governing Area to find a solution for the older adult violated the petitioner's rights to prompt and complete administrative justice, as well as her right to health and to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nVII. This Constitutional Court does not ignore that, in this specific case, the rights to prompt and complete administrative justice, the right to health, and the right to a healthy and ecologically balanced environment must be weighed against the respect for and protection of the fundamental rights of older adults. Therefore, the appropriate action is to grant the amparo appeal, ordering compliance with the administrative acts issued by the Health Governing Area of Curridabat, provided that a comprehensive solution is given to the older adult to be evicted, all with proper coordination between the Health Governing Area of Curridabat and the National Council for the Elderly (CONAPAM). This Constitutional Chamber has recognized that, before evicting an older adult, coordination between institutions is necessary to safeguard the fundamental rights of older adults. However, that is no excuse for an institution—such as CONAPAM—to take more than two months to respond to the request of the Health Governing Area of Curridabat, thereby endangering other constitutional rights of the petitioner and her minor child.”\n\nCase Analysis. Having analyzed the reports and evidence provided by the parties, this Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the petitioner, for the reasons that will be set forth below. First, it must be noted that on February 6, 2018, a complaint against [Name 028] was received at the Health Governing Area of Desamparados (Área Rectora de Salud Desamparados), indicating that the septic tank drain of the reported party's property was draining into neighboring properties, leaking sewage and causing unbearable odors. By virtue of this, on February 28, 2018, the respondent authority conducted an inspection visit by Technician Liliam Rivera Romer, as recorded in Report CS-ARS-D-ERS-AI-0243-2018, and a dye test was performed at the dwelling of Mr. [Name 028], obtaining a positive result for sewage contamination towards the dwelling of Mr. [Name 002]. In response to this, on March 9, 2018, Health Order No. CS-ARS-ERS-OS-0035-2018 was issued, requiring Mr. [Name 028], within a period of 20 business days from notification, to do the following: \"1. Adequately and sanitarily dispose of the sewage currently being improperly discharged onto neighboring properties. 2. Said sewage must be adequately and sanitarily eliminated through a system authorized by the Ministry of Health, which must be kept in good working condition. 3. Subsequently, an inspection visit will be conducted to verify the remediation of the deficiency. In case of non-compliance with the health order and failure to execute the indicated corrections, the Governing Area will proceed to act in accordance with Articles 320, 321, and 356 of the General Health Law. 4. You are warned that failure to comply with the above once the indicated period has expired constitutes the presumed crime of disobedience, with the case being referred to the corresponding authority for the application, if necessary, of Article 314 of the Penal Code.\" In follow-up to the health order, on April 18, 2018, the ARS of Desamparados conducted a follow-up visit, as recorded in Report No. CS-ARS-D-ERS-AI-0444-2018, and a dye test was performed on the sewage system of Mr. [Name 028]'s property, obtaining a positive result for contamination at Mr. [Name 002]'s property. Regarding the confirmed non-compliance, on May 10, 2018, the ARS of Desamparados notified Health Order No. CS-ARS-ERS-OS-0088-2018 with a declaration of uninhabitability and an eviction order effective within 20 business days from notification—due to non-compliance with health order CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018. That order stated: \"1. Evacuate the dwelling within 20 business days, as it has been declared uninhabitable due to unsanitary conditions. 2. In the event that the improvements indicated in health order CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018 are made, you may request the lifting of the uninhabitability declaration from the Health Governing Area of Desamparados by submitting a note indicating full compliance with the health order, to subsequently verify through an inspection visit the complete remediation of the sanitary problem. Likewise, if the improvements are not made and the dwelling is not evacuated, the eviction will be carried out with the accompaniment of public force. 3. You are warned that failure to comply with the above once the indicated period has expired constitutes the presumed crime of disobedience, with the case being referred to the corresponding authority for the application, if necessary, of Article 314 of the Penal Code.\" On June 14, 2018, the respondent authority conducted an inspection visit, according to Report No. CS-ARS-D-ERS-AI-0687-2018, and non-compliance with the health orders was confirmed, as the sewage discharge continued and the property had not been evacuated. Subsequently, on July 20, 2018, the ARS of Desamparados conducted a follow-up visit to the case, according to Report CS-ARS-D-ERS-AI-0880-2018, and it was recorded that the situation continued; the water was stagnant and presented odors and vectors. In follow-up to the health order, on July 24, 2018, this Governing Area filed criminal complaint CS-ARS-D-DMP-0004-2018 with the Desamparados Prosecutor's Office for harm to public health against Mr. [Name 028] for the apparent crime of disobedience to authority due to non-compliance with health orders CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018 and CS-ARS-D-ERS-OS-0088-2018. After that, various inspections were conducted—e.g., on November 22, 2018, February 7, 2019, August 21, 2019, October 3, 2019, and December 2, 2019—in which non-compliance with the health orders was detected and, therefore, a potential real and imminent danger to the right to health of the petitioner. Notably, from the inspection on December 2, 2019, the ARS of Desamparados provided follow-up to the case according to Inspection Report MS-DRRSCSARS-ERS-AI-1912-2019, and it was observed that the dwelling was rented and inhabited by a family of five members. On that occasion, a dye test was performed, obtaining a positive result for sewage contamination, making it necessary to proceed to notify the tenants of the sanitary situation facing the dwelling and the sanitary measures that must be implemented to solve the problem.\n\nThat is to say, in the case under study, since May 10, 2018, the ARS of Desamparados notified Health Order No. CS-ARS-ERS-OS-0088-2018 with a declaration of uninhabitability and an eviction order effective within 20 business days from notification—due to non-compliance with health order CS-ARS-D-ERS-OS-0035-2018. That order stated: \"1. Evacuate the dwelling within 20 business days, as it has been declared uninhabitable due to unsanitary conditions (...).\" Thus, note that the Health Governing Area of Desamparados first warned and subsequently ordered the declaration of uninhabitability; however, this Chamber did not find it proven that the administrative act of eviction has been executed. On the contrary, it appears that, even to date, a family of five people is inhabiting the property, also placing themselves at clear risk by being in an unsanitary situation. Note that the justification of the Health Governing Area is that it has provided follow-up and even referred the matter to the Prosecutor's Office. Nevertheless, the reality is that one must not lose sight of the fact that, as of the date of issuance of this judgment, the health situation persists. Furthermore, the legal system provides the Ministry of Health with possibilities—eviction—to prevent the source of contamination from persisting. Consequently, the appeal is granted, and as a result, the ARS of Desamparados is ordered, within a period not exceeding ONE MONTH, to take all necessary measures provided by the legal system—e.g., the General Health Law—to guarantee the right to health, housing, and a healthy and ecologically balanced environment for the petitioner, clearly in strict observance of the due process (debido proceso) of the registered owner and the occupants of the dwelling, as well as the various pronouncements of this Constitutional Court on matters of administrative procedures and/or evictions.\n\nRegarding the liability of [Name 028]. In the filing brief, the petitioner accused that he was filing this amparo proceeding against Mr. [Name 028]; however, it is evident that passive standing in amparo matters against a subject of private law is limited and, therefore, does not meet the admissibility criteria of Article 57 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional). Hence, the petitioner may discuss—if he deems it appropriate—the liability of Mr. [Name 016] in the civil, criminal, and/or any other venue he considers applicable.\nDocumentation provided to the case file. This Chamber must warn the petitioner that if any paper documents were provided, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means, or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment. Otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\nTherefore (Por tanto):\n\nThe appeal is partially granted. Consequently, Jimmy Vargas Charpentier, in his capacity as Director of the Health Governing Area of Desamparados, or whoever holds that position, is ordered, within a period not exceeding ONE MONTH, to take all necessary measures provided by the legal system—e.g., the General Health Law—to guarantee the right to health, housing, and a healthy and ecologically balanced environment for the petitioner, clearly in strict observance of the due process of the registered owner and the occupants of the dwelling, as well as the various pronouncements of this Constitutional Court on matters of administrative procedures and/or evictions. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or have it complied with, provided that the crime is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment by the contentious-administrative court. Regarding [Name 028], the appeal is dismissed. Notify this resolution personally to the Director of the Health Governing Area of Desamparados.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresident\n\t\n \n\nPaul Rueda L.\n\t\n \n\t\nNancy Hernández L.\n\n\nJorge Araya G.\n\t\n \n\t\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nAlejandro Delgado F.\n\n\n\n\n\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*XOT47MOA8B5Q61*\n\n XOT47MOA8B5Q61\n\nEXPEDIENTE N° 19-021943-0007-CO\n\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 05:49:42.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }