{ "id": "nexus-sen-1-0007-969573", "citation": "Res. 06692-2020 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Municipalidad omisa en construir planta de tratamiento de aguas en Residencial Caribe", "title_en": "Municipality fails to build wastewater treatment plant in Residencial Caribe", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un amparo de una vecina del Residencial Caribe, en Nueve Millas de Limón, contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Limón por la persistencia de aguas residuales sin tratar. La recurrente alegó que desde hace más de diez años la comunidad convive con aguas negras al aire libre, malos olores y contaminación, lo que afecta el derecho a un ambiente sano y a la salud. La Sala constató que el problema ya había sido objeto de dos amparos anteriores (expedientes 08-006699-0007-CO y 14-004560-0007-CO), en los que se ordenó a la municipalidad construir el alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento, pero esta última nunca se ejecutó por alegadas razones presupuestarias. El tribunal determinó que la Municipalidad de Limón incurrió en una omisión violatoria de los artículos 50 (ambiente sano) y 21 (vida) de la Constitución Política, ya que la persistencia del problema sanitario demuestra insuficiencia de acciones y responsabilidad por omisión. Por ello, declaró parcialmente con lugar el recurso: ordenó a la municipalidad construir la planta de tratamiento en un plazo máximo de seis meses, incluyendo la gestión de una modificación presupuestaria si fuera necesario, bajo apercibimiento de desobediencia. Además, condenó a la municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios. Respecto al Ministerio de Salud, desestimó el recurso porque la autoridad sanitaria sí realizó las gestiones de su competencia: emitió órdenes sanitarias, verificó incumplimientos y denunció penalmente. El fallo incluye notas separadas de dos magistrados que reflexionan sobre los límites de la competencia de la Sala en materia ambiental, subrayando que, aunque en general los asuntos ambientales deben ser conocidos por la jurisdicción contencioso-administrativa, la Sala debe intervenir cuando están en riesgo directo la salud o el acceso al agua.", "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo filed by a resident of Residencial Caribe, in Nueve Millas de Limón, against the Ministry of Health and the Municipality of Limón regarding persistent untreated wastewater. The plaintiff alleged that for over ten years the community has been exposed to open-air blackwater, foul odors, and pollution, violating the right to a healthy environment and health. The Chamber noted the problem had already been addressed in two prior amparos (files 08-006699-0007-CO and 14-004560-0007-CO), which ordered the municipality to build a sanitary sewer system and a treatment plant, but the latter was never executed due to alleged budget constraints. The court found the Municipality of Limón in breach of Articles 50 (healthy environment) and 21 (life) of the Constitution, since the ongoing sanitary problem demonstrated insufficient action and liability by omission. It partially granted the amparo: ordered the municipality to build the treatment plant within six months, including a budget reallocation if necessary, under warning of contempt penalties. It also ordered the municipality to pay costs, damages, and losses. As for the Ministry of Health, the claim was dismissed because the health authority had taken actions within its competence: issued sanitary orders, verified noncompliance, and filed criminal complaints. The ruling includes separate opinions by two justices reflecting on the limits of the Chamber's jurisdiction in environmental matters, arguing that while ordinary administrative courts should generally handle environmental cases, the Chamber must intervene when health or water access is directly at risk.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "03/04/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "art-50-constitution" ], "primary_topic_id": "art-50-constitution", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "aguas negras y servidas", "planta de tratamiento de aguas", "orden sanitaria", "responsabilidad por omisión", "apercibimiento de desobediencia", "jurisdicción contencioso-administrativa", "ambiente sano y ecológicamente equilibrado" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 21", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 7", "law": "Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "aguas residuales", "planta de tratamiento", "Municipalidad de Limón", "Artículo 50 Constitución Política", "derecho a la salud", "omisión municipal", "órdenes sanitarias", "Ministerio de Salud", "ambiente sano y ecológicamente equilibrado" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "wastewater", "treatment plant", "Municipality of Limón", "Article 50 Constitution", "right to health", "municipal omission", "sanitary orders", "Ministry of Health", "healthy and ecologically balanced environment" ], "excerpt_es": "En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesionan el derecho constitucional de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces.", "excerpt_en": "In repeated case law, the Chamber has stated that it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the relevant public authorities to effectively exercise the oversight powers and the solution to problems granted by law. The persistence of the problem shows that the few actions taken have been clearly insufficient, thus incurring liability for omission in the exercise of those powers, which, in turn, violate the constitutional right of citizens to receive efficient and effective public services.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The Constitutional Chamber partially granted the amparo solely against the Municipality of Limón, ordering it to build the wastewater treatment plant in Residencial Caribe within a maximum of six months, under warning of contempt, and ordered it to pay costs, damages, and losses; as for the Ministry of Health, the claim was dismissed.", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo exclusivamente contra la Municipalidad de Limón, ordenándole construir la planta de tratamiento de aguas residuales en el Residencial Caribe en un plazo máximo de seis meses, bajo apercibimiento de desobediencia, y condenó al pago de costas, daños y perjuicios; en cuanto al Ministerio de Salud, declaró sin lugar el recurso." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the relevant public authorities to effectively exercise the oversight powers and the solution to problems granted by law.", "quote_es": "no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The persistence of the problem shows that the few actions taken have been clearly insufficient, thus incurring liability for omission in the exercise of those powers.", "quote_es": "La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades." }, { "context": "Nota separada de la Magistrada Hernández López", "quote_en": "Today, we face a “dense framework” of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: […] the increasing juridification […] brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction.", "quote_es": "Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: […] la creciente juridificación […] trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria." }, { "context": "Nota separada de la Magistrada Hernández López", "quote_en": "the decision to step aside in environmental matters by this Court should not be seen as an abandonment of environmental matters, but rather, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity.", "quote_es": "la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [ { "ref_id": "nexus-sen-1-0007-1056841", "url": "", "kind": "related_voto", "label": "", "nexus_id": "sen-1-0007-1056841" }, { "ref_id": "nexus-sen-1-0007-1095528", "url": "", "kind": "related_voto", "label": "", "nexus_id": "sen-1-0007-1095528" } ] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-969573", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [ "sen-1-0007-1056841", "sen-1-0007-1095528" ], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 06692 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 03 de Abril del 2020 a las 09:20\n\nExpediente: 20-003430-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nControl constitucional: Sentencia estimatoria\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencias Relacionadas\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nMUNICIPALIDAD. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, EJECUTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE SE REQUIERE, EN EL RESIDENCIAL CARIBE, UBICADO EN NUEVE MILLAS DE LIMÓN.\n\n“(…) En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesionan el derecho constitucional de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces. En razón de lo anterior, procede declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. (…)” VCG04/2020\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nArtículo 50 de la Constitución Política\n\n“(…) IV. Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. (…)” VCG04/2020\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nNOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.\n\n              1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.\n\n              2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que  los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.\n\n              3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.\n\n              4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.\n\n              5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en  la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.\n\n              6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-\n\n              7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50  de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.\n\n              8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su salud e integridad física; así como en la de todas las personas que habitan en el Residencial Caribe en Limón. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones  que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.\n\nVCG07/2020\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nNOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que tanto el Ministerio de Salud como la municipalidad recurrida no han solventado el problema de aguas negras y servidas de larga data que existe en su comunidad, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.\n\nVCG07/2020\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n*200034300007CO*\n\nExp: 20-003430-0007-CO\n\nRes. Nº 2020006692\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del tres de abril de dos mil veinte .\n\n              Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-003430-0007-CO, interpuesto por ISABEL ASCENSION DIAZ RIVEL, cédula de identidad 0502370960, contra MINISTERIO DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE LIMON.\n\nResultando:\n\nPor escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:56 horas del 20 de febrero de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Limón y el Ministerio de Salud, y manifiesta que es vecina del Residencial Caribe en Nueve Millas de Limón, lugar donde hace muchos años tienen problemas de aguas residuales (negras) y servidas, lo cual se ha agravado. Indica que anteriormente, por dicha problemática se interpuso un recurso de amparo (véase el expediente Nº 14-004560-0007-CO), en el que se ordenó -a la municipalidad recurrida- construir el alcantarillado sanitario del residencial y la planta de tratamiento de aguas. No obstante, alega, que la municipalidad recurrida se limitó a construir el alcantarillado sanitario, pero no así la planta de tratamiento de aguas. Acusa que tal omisión, implica que las aguas negras y servidas no estén siendo tratadas, por lo que permanecen al aire libre, generando malos olores y una laguna de agua contaminada en la zona. Enuncia que, en lo que respecta al Ministerio de Salud, pese a que es conocedor de la situación, lo único que ha hecho es remitir al Ministerio Público la denuncia por desobediencia. Sin embargo, la problemática de fondo continúa sin resolución integral. Discute que, dada la contaminación, los niños, las personas adultas mayores y demás vecinos del residencial, se encuentran viviendo desde hace más de 10 años, en condiciones deplorables, alrededor de aguas negras que son un foco de contaminación. Considera que los hechos expuestos, resultan violatorios de sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.\nMediante resolución de las 16:53 horas del 24 de febrero de 2020 se dio curso al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en fecha 13 de marzo de 2020.\nInforma bajo juramento Guiselle Lucas Bolivar, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud en Limón, que este caso tiene como antecedente el recurso de amparo que se tramitó en el expediente Nº 08-006699-007-CO, y en el cual se ordenó solucionar en forma integral el problema de tratamiento de aguas residuales y negras en la Urbanización El Caribe. Refiere que mediante varias órdenes sanitarias, se ordenó al Alcalde presentar un informe de avances de las acciones desarrolladas para solventar dicha problemática, gestión que fue reiterada en otras ocasiones, pero ante la falta de respuesta se procedió trasladar el caso al Ministerio Público (por incumplimiento de órdenes sanitarias). Mediante informe AML-0861-2019, el Municipio informó que se realizó el diseño del sistema y la estimación financiera, y que se está en adquisición de recurso financiero para el sistema final de tratamiento de aguas residuales del Residencial Caribe. Se solicitó criterio técnico respecto de la documentación remitida, y tras las deficiencias encontradas se procedió a girar una nueva orden sanitaria (MS-DRRSHC-ARSL-0351-2019-OS), la cual tampoco fue cumplida y por la cual se procedió con la denuncia respectiva ante la Fiscalía. Considera que se han realizado todas las acciones técnicas y administrativas para el seguimiento del caso, y solicita se desestime el recurso planteado.\nInforma bajo juramento Nestor Mattis Williams y Margina Reid Reid, en su condición de Alcalde y Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Limón, que el alcantarillado sanitario se construyó, con un costo aproximado de cien millones de colones. Señala que para la construcción de la planta de tratamiento ya se cuenta con informes y diseños, pero se requieren ciento cincuenta millones más, con los cuales el municipio no cuenta en estos momentos. Solicita se desestime el recurso planteado.\nEn los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n              Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\nConsiderando:\n\nObjeto del recurso. La recurrente considera lesivo de sus derechos fundamentales el que, a pesar de haber planteado varios recursos y gestiones, no se haya resuelto la problemática de aguas residuales (negras) y servidas en el Residencial Caribe; por lo que los vecinos conviven expuestos a malos olores y contaminación.\nHechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)  La amparada es vecina del Residencial Caribe, en Nueve Millas de Limón (hecho no controvertido).\n\nb)  La problemática denunciada en el presente recurso fue conocida por este Tribunal en los recursos de amparo tramitados en los expedientes Nº 08-006699-0007-CO y 14-004560-0007-CO (Sistema Integrado de Gestión de Despachos Judiciales)\n\nc)  La Municipalidad construyó el sistema de alcantarillado sanitario, con un costo aproximado de cien millones de colones (informe del Alcalde y Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Limón).\n\nd)  Mediante varias órdenes sanitarias, las autoridades sanitarias ordenaron al Alcalde de Limón presentar un informe de avances de las acciones desarrolladas para solventar la problemática denunciada, gestión que fue reiterada en otras ocasiones, pero ante la falta de respuesta se procedió trasladar el caso al Ministerio Público por incumplimiento de órdenes sanitarias (informe de la Directora del Área Rectora de Salud en Limón).\n\ne)  Mediante informe AML-0861-2019, el Municipio informó que se realizó el diseño del sistema y la estimación financiera, y que se está en adquisición de recurso financiero para el sistema final de tratamiento de aguas residuales del Residencial Caribe (informe de la Directora del Área Rectora de Salud en Limón).\n\nf)  Se solicitó criterio técnico respecto de la documentación remitida, y tras las deficiencias encontradas se procedió a girar una nueva orden sanitaria (MS-DRRSHC-ARSL-0351-2019-OS), la cual tampoco fue cumplida y por la cual se procedió con la denuncia respectiva ante la Fiscalía (informe de la Directora del Área Rectora de Salud en Limón).\n\nHechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:\n\na)  Que se haya construido una planta de tratamiento en el Residencial Caribe, en Nueve Millas de Limón.\n\nb)  Que se haya resuelto la problemática de aguas residuales (negras) y servidas en dicha urbanización.\n\nSobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.\nSobre las actuaciones de las autoridades municipales. En el presente asunto, se denuncia que la Municipalidad de Limón no ha cumplido las órdenes de esta Sala de resolver el problema de aguas residuales y servidas en el residencial Caribe en Nueve Millas de Limón; y que a pesar de las denuncias penales tramitadas por las autoridades sanitarias, el problema se mantiene. El Código Municipal obliga a las Municipalidades de cada cantón velar porque al administrado se le garantice el disfrute real y efectivo del derecho a la salud y a un ambiente sano.Es un hecho incontrovertido que la problemática denunciada ya fue conocida por esta Sala en los expedientes Nº 08-006699-0007-CO y 14-004560-0007-CO, y que en ambos se constató el incumplimiento a lo ordenado y se llegó incluso a testimoniar piezas al Ministerio Público. Del análisis de los autos se constata que, a la fecha, la Municipalidad de Limón no ha tomado ninguna acción concreta tendente a construir la planta de tratamiento que se requiere, aduciendo razones presupuestarias. A juicio de esta Sala, en la especie nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad, y se constata quela Municipalidad de Limón ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesionan el derecho constitucional de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces. En razón de lo anterior, procede declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo.\nSobre las actuaciones de las autoridades sanitarias. Por su parte, las autoridades sanitarias, teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores del sector, se han encargado de brindar seguimiento al caso, constatar su existencia, emitir las órdenes sanitarias procedentes, verificar su incumplimiento y denunciar la inejecución en sede penal. Así las cosas, procede desestimar el recurso en cuanto a este extremo, puesto que no se constata actuación u omisión alguna por parte de las autoridades del Área Rectora de Salud que amenace o violente los derechos fundamentales de la amparada; y más bien se desprende que ha procedido de manera diligente en el marco de sus competencias.\nCorolario.En este contexto se constata que a pesar de haber transcurrido más de once años desde la primera sentencia, las autoridades municipales recurridas no han realizado acciones concretas oportunas para mitigar o controlar la problemática denunciada. Por las razones expuestas, se impone la estimatoria de este recurso contra la Municipalidad de Limón, por las violación a los artículos 50 y 21 de la Constitución Política en perjuicio de la recurrente y demás vecinos de la zona\nNOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.\n\n              1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.\n\n              2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que  los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.\n\n              3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.\n\n              4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.\n\n              5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en  la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.\n\n              6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-\n\n              7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50  de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.\n\n              8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su salud e integridad física; así como en la de todas las personas que habitan en el Residencial Caribe en Limón. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones  que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.\n\nNOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que tanto el Ministerio de Salud como la municipalidad recurrida no han solventado el problema de aguas negras y servidas de larga data que existe en su comunidad, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.\nDOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso únicamente contra la Municipalidad de Limón. Se ordena a Nestor Mattis Williams y Margina Reid Reid, en su condición de Alcalde y Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Limón, o a quien en su lugar ocupe el cargo, adoptar inmediatamente, dentro del ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias para darle una solución integral al problema de disposición de aguasen el Residencial Caribe; gestionando incluso y de ser necesario, una modificación presupuestaria si no se contara con los recursos en este momento, con el fin que, dentro del plazo máximo de SEIS MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, se ejecute la construcción de la planta de tratamiento que se requiere. Se le advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Limón al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Para lo anterior, se ordena a quien ejerza el cargo de Gerente del Área de Servicios Públicos Remunerados de la Contraloría General de la República que no autorice ningún presupuesto ni modificación a éste, si no incluye la partida respectiva para solucionar el problema existente en el cantón Central de la provincia de Limón. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese la presente resolución a Nestor Mattis Williams y Margina Reid Reid, en su condición de Alcalde y Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Limón, o a quien en su lugar ocupe el cargo, así como a la persona que ocupe el cargo de Gerente del Área de Servicios Públicos Remunerados de la Contraloría General de la República, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, en forma personal.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*TVARPQ18VGA61*\n\nTVARPQ18VGA61\n\nEXPEDIENTE N° 20-003430-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 23:07:51.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 06692 - 2020\n\nResolution Date: April 3, 2020, at 09:20\n\nCase File: 20-003430-0007-CO\n\nDrafted by: Anamari Garro Vargas\n\nType of Matter: Amparo Appeal\n\nConstitutional Control: Granting Judgment\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\nJudgment with Separate Opinion\n\nRelevance Indicators\n\nRelevant Judgment\n\nRelated Judgments\n\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: MUNICIPALITY\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\nMUNICIPALITY. THE MUNICIPALITY OF LIMÓN IS ORDERED TO, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, EXECUTE THE CONSTRUCTION OF A TREATMENT PLANT THAT IS REQUIRED, IN RESIDENCIAL CARIBE, LOCATED IN NUEVE MILLAS DE LIMÓN.\n\n\"(…) In reiterated jurisprudence, the Chamber has stated that it cannot be accepted that human beings are denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the corresponding public authorities to effectively exercise the powers of oversight and solution to problems granted by law. The persistence of the problem demonstrates that the few actions taken have been clearly insufficient, thus incurring responsibility by omission in the exercise of those powers which, in turn, violate the constitutional right of the administered to receive efficient and effective public services. By virtue of the foregoing, it is appropriate to grant the appeal with respect to this point. (…)\" VCG04/2020\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 050- Environment\n\nSubtopics:\n\nDOES NOT APPLY.\n\nArticle 50 of the Political Constitution\n\n\"(…) IV. On the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. Environmental protection is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of the Public Powers over factors that can alter its balance and hinder a person's development and unfolding in a healthy environment. The State is constituted as the guarantor in the protection and guardianship of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitute an essential function of the State; therefore, regarding environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, under the charge of the various administrative dependencies. (…)\" VCG04/2020\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Separate Opinion\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: MUNICIPALITY\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\nNOTE FROM MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.\n\n1. The historical context that at the time motivated the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone considerable variation, which imposes on this body the need to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected under Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation – characterized by an extremely broad legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter – is radically different from the former one, in which the absence of regulations and state instances with appropriate competence imposed upon the Chamber a leading role, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.\n\n2. Today, we find ourselves facing a \"dense framework\" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all regulated, as well as the creation of state bodies with powers of oversight and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon consists of the fact that this growing juridification – predominantly legislative and regulatory – brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and the ordinary jurisdiction – primarily the administrative contentious jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. Within them, in accordance with the importance of environmental law, procedural channels and inclusive avenues of legal standing have been broadly regulated, so that the administered can assert what is established in that broad legal order related to environmental matters.\n\n3. In this context, it is neither legally appropriate nor appropriate from a functional standpoint for the Constitutional Chamber to displace, or – even worse – substitute, the ordinary justice bodies in the performance of their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interprets and enforces legal and regulatory norms, thereby risking an overlap of its competencies with those of other jurisdictional bodies that – they indeed – have been created to execute such tasks. It is also functionally incorrect because the design of its processes poorly accommodates the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and legally complex facts and acts. Regarding both matters, there are well-known examples in which the Chamber has delivered a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and an affectation of legal certainty have been generated.\n\n4. As part of the technical aspects I have evaluated, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence execution judges to allow for adequate follow-up of the same – generally complex –, which sometimes involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and monitoring lasting months and even years.\n\n5. From this perspective, the decision to step aside in environmental matters on the part of this Court should not be seen as an abandonment of environmental matters, but on the contrary, as a step towards its adequate protection in the instance that best accommodates the nature of its complexity and diversity. Likewise, it also should not be seen as a declination by this instance of its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Ley Orgánica, which from my point of view, remains reserved in this area for specific cases. Rather, it is an exercise of readjustment of the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as an exercise of establishing its own competence, as established by Article 7 of its Ley Orgánica.\n\n6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the work of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that although every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of Constitutional law. It is then a matter of ensuring that the Chamber becomes a protagonist alongside others, so that – among all and each in its own space – the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that the citizen loses not an iota of protection but gains substantially in scope, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, as it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system like ours.-\n\n7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber should abstain from hearing the claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, in order to leave their hearing in the hands of administrative justice and the administrative contentious jurisdiction. The foregoing is affirmed in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my judgment, would still be better protected by this Chamber and therefore should be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infractions that also put the health of individuals, or the access to or quality of water, at direct risk; cases of gross and direct violations of the environment in which a clear absence of protection on the part of state authorities is verified, always provided that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also believe that the amparo should not be \"ordinaried\" to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately attended to within it.\n\n8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the appellant could eventually affect her health and physical integrity, as well as that of all the people residing in Residencial Caribe in Limón. Consequently, it is clear that we are before the exceptions mentioned, and for this reason, I have considered it necessary for the Chamber to exercise its competence to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the amparo beneficiaries.\n\nVCG07/2020\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Separate Opinion\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: MUNICIPALITY\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\nNOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also this undersigned's criterion that, if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its hearing and resolution corresponds to the administrative contentious jurisdiction. Nevertheless, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the appellant accuses that both the Ministry of Health and the appealed municipality have not resolved the long-standing problem of blackwater and wastewater in their community, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life.\n\nVCG07/2020\n\n... See more\nText of the resolution\n\n*200034300007CO*\n\nExp: 20-003430-0007-CO\n\nRes. Nº 2020006692\n\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on April 3, two thousand twenty.\n\nAmparo appeal processed in case file number 20- Su identificación es 003430-0007-CO, filed by ISABEL ASCENSION DIAZ RIVEL, identity card 0502370960, against MINISTRY OF HEALTH, MUNICIPALITY OF LIMON.\n\nWhereas:\n\nBy a writing received at the Secretariat of the Chamber at 16:56 hours on February 20, 2020, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Limón and the Ministry of Health, and states that she is a resident of Residencial Caribe in Nueve Millas de Limón, a place where for many years they have had problems with residual (black) water and wastewater, which has worsened. She indicates that previously, due to this problem, an amparo appeal was filed (see case file No. 14-004560-0007-CO), in which the appealed municipality was ordered to build the sanitary sewer system and the water treatment plant for the residential area. However, she alleges that the appealed municipality merely built the sanitary sewer system, but not the water treatment plant. She accuses that such omission implies that the blackwater and wastewater are not being treated, so they remain in the open air, generating bad odors and a lagoon of contaminated water in the area. She states that, with respect to the Ministry of Health, despite being aware of the situation, the only thing it has done is refer the complaint for disobedience to the Public Prosecutor's Office. However, the underlying problem remains without a comprehensive resolution. She argues that, given the contamination, the children, elderly persons, and other residents of the residential area have been living for more than 10 years in deplorable conditions, surrounded by blackwater which is a source of contamination. She considers that the stated facts violate her fundamental rights. She requests that the appeal be granted.\nBy a resolution at 16:53 hours on February 24, 2020, this appeal was processed, which was notified to the respondents on March 13, 2020.\nGuiselle Lucas Bolivar, in her capacity as Director of the Health Governing Area in Limón, reports under oath that this case has as its background the amparo appeal processed in case file No. 08-006699-007-CO, in which it was ordered to comprehensively solve the problem of wastewater and blackwater treatment in Urbanización El Caribe. She refers that, through several sanitary orders, the Mayor was ordered to present a progress report on the actions developed to resolve said problem, a measure reiterated on other occasions, but given the lack of response, the case was referred to the Public Prosecutor's Office (for non-compliance with sanitary orders). Through report AML-0861-2019, the Municipality reported that the system design and financial estimate were completed, and that the financial resource for the final wastewater treatment system for Residencial Caribe is being acquired. A technical opinion was requested regarding the documentation submitted, and given the deficiencies found, a new sanitary order was issued (MS-DRRSHC-ARSL-0351-2019-OS), which was also not complied with and for which the respective complaint was filed with the Prosecutor's Office. She considers that all technical and administrative actions for monitoring the case have been carried out, and requests that the filed appeal be dismissed.\nNestor Mattis Williams and Margina Reid Reid, in their capacity as Mayor and President of the Council, respectively, both of the Municipality of Limón, report under oath that the sanitary sewer system was built, at an approximate cost of one hundred million colones. They indicate that reports and designs are already available for the construction of the treatment plant, but an additional one hundred and fifty million are required, which the municipality does not currently have. They request that the filed appeal be dismissed.\nIn the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Garro Vargas; and,\n\nConsidering:\n\nObject of the appeal. The appellant considers that her fundamental rights are harmed by the fact that, despite having filed several appeals and steps, the problem of residual (black) water and wastewater in Residencial Caribe has not been resolved; therefore, the residents live exposed to bad odors and contamination.\nProven facts. The following facts are deemed duly demonstrated as important for the decision in this matter, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) The amparo beneficiary is a resident of Residencial Caribe, in Nueve Millas de Limón (uncontroverted fact).\n\nb) The problem denounced in this appeal was known by this Court in the amparo appeals processed in case files No. 08-006699-0007-CO and 14-004560-0007-CO (Integrated Judicial Offices Management System).\n\nc) The Municipality built the sanitary sewer system, at an approximate cost of one hundred million colones (report of the Mayor and President of the Council, both of the Municipality of Limón).\n\nd) Through several sanitary orders, the health authorities ordered the Mayor of Limón to present a progress report on the actions developed to resolve the denounced problem, a measure reiterated on other occasions, but given the lack of response, the case was referred to the Public Prosecutor's Office for non-compliance with sanitary orders (report of the Director of the Health Governing Area in Limón).\n\ne) Through report AML-0861-2019, the Municipality reported that the system design and financial estimate were completed, and that the financial resource for the final wastewater treatment system for Residencial Caribe is being acquired (report of the Director of the Health Governing Area in Limón).\n\nf) A technical opinion was requested regarding the documentation submitted, and given the deficiencies found, a new sanitary order was issued (MS-DRRSHC-ARSL-0351-2019-OS), which was also not complied with and for which the respective complaint was filed with the Prosecutor's Office (report of the Director of the Health Governing Area in Limón).\n\nUnproven facts. The following facts of relevance for this resolution are not deemed demonstrated:\n\na) That a treatment plant has been built in Residencial Caribe, in Nueve Millas de Limón.\n\nb) That the problem of residual (black) water and wastewater in said residential development has been resolved.\n\nOn the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. Environmental protection is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of the Public Powers over factors that can alter its balance and hinder a person's development and unfolding in a healthy environment. The State is constituted as the guarantor in the protection and guardianship of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitute an essential function of the State; therefore, regarding environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, under the charge of the various administrative dependencies.\nOn the actions of the municipal authorities. In this matter, it is alleged that the Municipality of Limón has not complied with this Chamber's orders to resolve the problem of wastewater and blackwater in Residencial Caribe in Nueve Millas de Limón; and that despite the criminal complaints processed by the health authorities, the problem persists. The Código Municipal obliges the Municipalities of each canton to ensure that the administered are guaranteed the real and effective enjoyment of the right to health and a healthy environment. It is an incontrovertible fact that the denounced problem was already known by this Chamber in case files No. 08-006699-0007-CO and 14-004560-0007-CO, and that in both, non-compliance with what was ordered was verified, and certified copies were even sent to the Public Prosecutor's Office. From the analysis of the proceedings, it is verified that, to date, the Municipality of Limón has not taken any concrete action aimed at building the treatment plant that is required, citing budgetary reasons. In the judgment of this Chamber, in this case, we are faced with a serious sanitary problem affecting the environment and the health of the community's inhabitants, and it is verified that the Municipality of Limón has demonstrated an inability to enforce the laws on the matter and its obligation to guarantee the enjoyment of the area's inhabitants of a healthy and ecologically balanced environment, with the consequences for the health of those persons due to the nature of the sanitary problem afflicting them. In reiterated jurisprudence, the Chamber has stated that it cannot be accepted that human beings are denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the corresponding public authorities to effectively exercise the powers of oversight and solution to problems granted by law. The persistence of the problem demonstrates that the few actions taken have been clearly insufficient, thus incurring responsibility by omission in the exercise of those powers which, in turn, violate the constitutional right of the administered to receive efficient and effective public services. By virtue of the foregoing, it is appropriate to grant the appeal with respect to this point.\nOn the actions of the health authorities. For their part, the health authorities, having full knowledge of the problem affecting the residents of the sector, have been responsible for providing follow-up to the case, verifying its existence, issuing the appropriate sanitary orders, verifying their non-compliance, and denouncing the non-execution in the criminal jurisdiction. Thus, it is appropriate to dismiss the appeal with respect to this point, since no action or omission on the part of the authorities of the Health Governing Area that threatens or violates the fundamental rights of the amparo beneficiary is verified; rather, it is inferred that they have acted diligently within the framework of their competencies.\nCorollary. In this context, it is verified that despite more than eleven years having passed since the first judgment, the appealed municipal authorities have not carried out timely concrete actions to mitigate or control the denounced problem. For the reasons set forth, the granting of this appeal against the Municipality of Limón is imposed, for the violation of Articles 50 and 21 of the Political Constitution to the detriment of the appellant and other residents of the area.\nNOTE FROM MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.\n\n1. The historical context that at the time motivated the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone considerable variation, which imposes on this body the need to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected under Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation – characterized by an extremely broad legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter – is radically different from the former one, in which the absence of regulations and state instances with appropriate competence imposed upon the Chamber a leading role, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.\n\n2. Today, we find ourselves facing a \"dense framework\" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all regulated, as well as the creation of state bodies with powers of oversight and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon consists of the fact that this growing juridification – predominantly legislative and regulatory – brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and the ordinary jurisdiction – primarily the administrative contentious jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. Within them, in accordance with the importance of environmental law, procedural channels and inclusive avenues of legal standing have been broadly regulated, so that the administered can assert what is established in that broad legal order related to environmental matters.\n\n3. In this context, it is neither legally appropriate nor appropriate from a functional standpoint for the Constitutional Chamber to displace, or – even worse – substitute, the ordinary justice bodies in the performance of their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interprets and enforces legal and regulatory norms, thereby risking an overlap of its competencies with those of other jurisdictional bodies that – they indeed – have been created to execute such tasks. It is also functionally incorrect because the design of its processes poorly accommodates the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and legally complex facts and acts. Regarding both matters, there are well-known examples in which the Chamber has delivered a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and an affectation of legal certainty have been generated.\n\n4. As part of the technical aspects I have evaluated, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence execution judges to allow for adequate follow-up of the same – generally complex –, which sometimes involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and monitoring lasting months and even years.\n\n5. From this perspective, the decision to step aside in environmental matters on the part of this Court should not be seen as an abandonment of environmental matters, but on the contrary, as a step towards its adequate protection in the instance that best accommodates the nature of its complexity and diversity. Likewise, it also should not be seen as a declination by this instance of its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Ley Orgánica, which from my point of view, remains reserved in this area for specific cases. Rather, it is an exercise of readjustment of the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as an exercise of establishing its own competence, as established by Article 7 of its Ley Orgánica.\n\n6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the work of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that although every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of Constitutional law. It is then a matter of ensuring that the Chamber becomes a protagonist alongside others, so that – among all and each in its own space – the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that the citizen loses not an iota of protection but gains substantially in scope, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, as it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system like ours.-\n\n7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber should abstain from hearing the claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, in order to leave their hearing in the hands of administrative justice and the administrative contentious jurisdiction. The foregoing is affirmed in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my judgment, would still be better protected by this Chamber and therefore should be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infractions that also put the health of individuals, or the access to or quality of water, at direct risk; cases of gross and direct violations of the environment in which a clear absence of protection on the part of state authorities is verified, always provided that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also believe that the amparo should not be \"ordinaried\" to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately attended to within it.\n\n8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the appellant could eventually affect her health and physical integrity, as well as that of all the people residing in Residencial Caribe in Limón. Consequently, it is clear that we are before the exceptions mentioned, and for this reason, I have considered it necessary for the Chamber to exercise its competence to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the amparo beneficiaries.\n\nVCG07/2020\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Separate Opinion\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: MUNICIPALITY\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\nNOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also this undersigned's criterion that, if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its hearing and resolution corresponds to the administrative contentious jurisdiction. Nevertheless, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the appellant accuses that both the Ministry of Health and the appealed municipality have not resolved the long-standing problem of blackwater and wastewater in their community, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life.\n\nVCG07/2020\n\nThe foregoing is stated as a general rule, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my judgment, would be even better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it. Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can indicate that the Chamber should reserve for itself the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also put people's health, or access to or quality of water, directly at risk; cases of gross and direct violations of the environment in which a glaring absence of protection by state authorities is verified, provided also that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural mechanism, since I also believe that amparo should not be \"ordinary-ized\" to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately handled within it.\n\n              8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the appellant party could potentially affect their health and physical integrity, as well as that of all the people residing in Residencial Caribe in Limón. Consequently, it is clear that we are dealing with the mentioned exceptions, and for that reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the protected persons.\n\nNOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that if intervention by the Public Administration has already occurred, I consider that its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the appellant party accuses that both the Ministry of Health and the respondent municipality have not resolved the long-standing problem of blackwater and wastewater in their community, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life.\n\nDOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the appellant party that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be removed from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, they will all be destroyed in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is partially granted solely against the Municipalidad de Limón. Nestor Mattis Williams and Margina Reid Reid, in their capacity as Mayor and President of the Council, both of the Municipalidad de Limón, or whomever holds the office in their place, are ordered to immediately adopt, within the scope of their powers, the necessary measures to provide a comprehensive solution to the water disposal problem in Residencial Caribe; even managing, if necessary, a budget modification if resources are not available at this time, so that, within a maximum period of SIX MONTHS from the notification of this judgment, the construction of the required treatment plant is carried out. They are warned that failure to comply with said order will constitute the crime of disobedience and that, pursuant to Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and does not comply with it or cause it to be complied with, provided the crime is not more severely penalized. The Municipalidad de Limón is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the contentious-administrative judgment. To this end, whoever holds the position of Gerente del Área de Servicios Públicos Remunerados of the Contraloría General de la República is ordered not to authorize any budget or modification thereto, if it does not include the respective item to solve the existing problem in the central canton of the province of Limón. In all other respects, the action is denied. Magistrate Hernández López sets down a note. Magistrate Salazar Alvarado sets down a note. Let this resolution be notified to Nestor Mattis Williams and Margina Reid Reid, in their capacity as Mayor and President of the Council, both of the Municipalidad de Limón, or whomever holds the office in their place, as well as to the person who holds the position of Gerente del Área de Servicios Públicos Remunerados of the Contraloría General de la República, or to whomever exercises those positions in their place, personally.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n*TVARPQ18VGA61*\n\nTVARPQ18VGA61\n\nCASE FILE No. 20-003430-0007-CO\n\n \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, calles 19 & 21, avenidas 8 & 6\n\nClassification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:07:51.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }