{ "id": "nexus-sen-1-0007-969646", "citation": "Res. 06676-2020 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Sala Constitucional rechaza amparo contra prórroga de concesión minera en río Chirripó", "title_en": "Constitutional Court denies amparo against mining concession renewal in Chirripó River", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo interpuesto por una vecina contra la prórroga de la concesión de extracción de materiales en el cauce del río Chirripó a favor de Tajo Chirripó S.A. La recurrente alegó que la prórroga era ilegal y que la explotación causaba inundaciones en Matina, poniendo en riesgo la vida humana. La Sala determinó que las objeciones legales (normativa aplicable, consulta a SETENA, plazo de resolución, requisitos) son propias de la jurisdicción contencioso-administrativa. En cuanto al riesgo para la vida, consideró que no existía prueba: la Dirección de Geología y Minas y la Comisión Nacional de Emergencias indicaron que la extracción no agrava las inundaciones, propias de las condiciones de la región. También se demostró que el área concesionada fue reducida para evitar traslape con territorio indígena. La sentencia incluye dos votos salvados que abogan por una intervención más limitada de la Sala en materia ambiental, remitiendo los conflictos a la vía ordinaria salvo riesgos directos a la salud o al agua.", "summary_en": "The Constitutional Court denied an amparo filed by a resident against the renewal of a mining concession for extracting materials from the Chirripó River channel. The plaintiff argued the renewal was illegal and that exploitation caused flooding in Matina, endangering human life. The Court held that legal objections (applicable regulations, SETENA consultation, resolution timeframe, requirements) belong in the administrative court. Regarding the risk to life, it found no evidence: the Directorate of Geology and Mines and the National Emergency Commission stated that extraction does not worsen flooding, which is typical of the region. It also noted the concession area was reduced to avoid overlap with indigenous territory. Two dissenting votes advocate for a more limited role of the Court in environmental matters, deferring to ordinary courts except for direct risks to health or water.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "03/04/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "concesión minera", "cauce de dominio público", "amparo ambiental", "artículo 50 constitucional", "control de legalidad", "jurisdicción contencioso-administrativa", "voto salvado", "in dubio pro natura", "principio precautorio", "viabilidad ambiental" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 36", "law": "Ley 6797" }, { "article": "", "law": "Ley 9647" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "concesión minera", "río Chirripó", "Sala Constitucional", "derecho a la vida", "artículo 50 Constitución", "control de legalidad", "jurisdicción contencioso-administrativa", "viabilidad ambiental", "inundaciones", "territorio indígena", "voto salvado", "principio de legalidad", "Dirección de Geología y Minas", "SETENA" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "mining concession", "Chirripó River", "Constitutional Court", "right to life", "Article 50 Constitution", "legality review", "administrative jurisdiction", "environmental viability", "flooding", "indigenous territory", "dissenting vote", "principle of legality", "Directorate of Geology and Mines", "SETENA" ], "excerpt_es": "En suma, esta Sala conoce lo planteado solo en la medida en que se lesionen derechos fundamentales. Las objeciones de orden legal sobre la procedencia o no de la prórroga otorgada se deben plantear en la vía administrativa y, eventualmente ordinaria. De igual forma, se pueden interponer las denuncias respectivas contra los funcionarios, si hay razones para considerar que actuaron indebidamente. En lo que a esta Sala concierne, no hay razón para estimar el recurso, puesto que no hay prueba que demuestre que la prórroga otorgada ponga en riesgo la vida humana. Por ende, se debe desestimar el recurso.", "excerpt_en": "In sum, this Court hears the matter only insofar as fundamental rights are violated. Legal objections regarding the appropriateness of the granted extension must be raised in administrative and, if necessary, ordinary proceedings. Likewise, the corresponding complaints against officials may be filed if there are reasons to believe they acted improperly. As far as this Court is concerned, there is no reason to grant the appeal, since there is no evidence showing the extension endangers human life. Therefore, the appeal must be dismissed.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Constitutional Court denied the amparo because the legality allegations concerning the extension must be addressed in the administrative court and there was no evidence the concession endangered human life.", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar el amparo porque las alegaciones sobre ilegalidad de la prórroga deben ventilarse en la vía contencioso-administrativa y no se demostró que la concesión pusiera en riesgo la vida humana." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VI", "quote_en": "This Court hears the matter only insofar as fundamental rights are violated. 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ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nCONCESION.\n\nAMBIENTE. SE CUESTIONA LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN MINERA A LA COMPAÑÍA TAJO CHIRRIPÓ S.A. SE DECLARA SIN LUGAR, POR CUANTO ES UN ASUNTO QUE DEBE VENTILARSE EN VÍA ORDINARIA.\n\n“(…) En suma, esta Sala conoce lo planteado solo en la medida en que se lesionen derechos fundamentales. Las objeciones de orden legal sobre la procedencia o no de la prórroga otorgada se deben plantear en la vía administrativa y, eventualmente ordinaria. De igual forma, se pueden interponer las denuncias respectivas contra los funcionarios, si hay razones para considerar que actuaron indebidamente. En lo que a esta Sala concierne, no hay razón para estimar el recurso, puesto que no hay prueba que demuestre que la prórroga otorgada ponga en riesgo la vida humana. Por ende, se debe desestimar el recurso. (…) VCG04/2020\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto salvado\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nCONCESION.\n\nVII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.\n\n1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual -caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.\n\n2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación -predominantemente legislativa y reglamentaria- trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.\n\n3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que - ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.\n\n4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.\n\n5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley 0rgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley 0rgánica.\n\n6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que -entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-\n\n7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.\n\n8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios, que requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto.\n\nVCG07/2020\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto salvado\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nCONCESION.\n\nVIII. - Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que entra a valorar el fondo de este asunto, con base en las siguientes razones:\n\nLa protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad -administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nVCG07/2020\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\nExp: 20-000164-0007-CO\n\nRes. N° 2020006676\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San\n\nJosé, a las nueve horas veinte minutos del tres de abril de dos mil veinte.\n\nRecurso de amparo interpuesto por Belinda de los Ángeles Jones Serrano,\n\ncédula de identidad número 1 0561 0963, contra el Ministerio de Ambiente y Energía.\n\nResultando:\n\n    - Por escrito agregado a este Sala el 7 de enero de 2020, la recurrente alegó, en resumen, lo siguiente: en febrero de 2019, por ley número 9647, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 36 del Código Minero, ley número 6797. Indica que la concesión de extracción de materiales en el cauce del Río Chirripó (expediente administrativo número 30-90), fue otorgada el 17 de marzo de 1993 y permaneció vigente hasta el 13 de noviembre 2018, acumulando una actividad de\n\n2018     años. Agrega que, en materia de concesión de bienes de dominio público, no existe un derecho subjetivo de los concesionarios a una prórroga obligada y, por tanto, la entrada en vigencia de la norma no altera ilegítimamente los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la normativa anterior. Detalla que la concesión número 30-90 venció el 13 de noviembre de 2018 y la solicitud de prórroga fue presentada el 12 de noviembre de 2018, por su parte, la ley número 9647 se publicó el 28 de febrero de 2019. Señala que en el escrito donde se solicitó la prórroga de la concesión se omitió requerir una convalidación de la prórroga de la viabilidad ambiental y tampoco las autoridades lo previeron en sus averiguaciones previas a dar trámite a la solicitud de prórroga. Sostiene que la Dirección de Geología y Minas dispuso de tres meses y medio, después de vencida la concesión, para resolver la solicitud de prórroga; sin embargo, no fue hasta que entró en vigencia la ley número 9647 que la citada dirección se dispuso a conocer del asunto. Es decir, esa dirección inaplicó el derecho vigente y no siguió el debido proceso, de forma tal que conoció y aprobó la prórroga cuando ya estaba vencido el plazo según el artículo 66 del Código Minero. Adicionalmente, aduce que en el expediente no consta la consulta a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como lo dispone el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, tampoco, consta la consulta a la Comisión Plenaria que es obligatoria según la normativa vigente y no se localiza en el expediente el uso de suelo actualizado. Alega, en relación con la resolución número 0638-2019 de 5 de noviembre de 2019, que no hay explicación para que ese órgano se pronunciara más de un año después de vencida la concesión. Asegura que las condiciones del Río Chirripó no permiten continuar su explotación. Considera que la ausencia de consulta a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental vicia de nulidad la resolución que extendió el plazo de la concesión, además, no consta ningún documento en el expediente que exponga el criterio de la Dirección de Agua. Añade que la Dirección de Geología y Minas amplió el área concesionada río arriba, modificando las coordenadas originales ya existentes, aunado a ello, sostiene que la operación de la concesión agrava la estabilidad social y económica de Limón, pone en riesgo la seguridad de las personas y también agrava el problema de inundaciones en Matina. Concluye que dado que la concesión carece de viabilidad ambiental, se debe anular la prórroga que se cuestiona. En consecuencia, solicita lo siguiente:\n\n                   “1. Solicito a su autoridad anular el acto administrativo y obligar al Ministerio de Ambiente Energía y Minas cumplir y acatar las directrices actuales del Código Minero y sus reformas vigentes a través de sus departamentos ambientales quienes son los que por ley debieron hacerlas cumplir\n\n                   2.               Solicito en carácter urgente una intervención de su autoridad: la viabilidad ambiental esta fuera de contexto y por su antigüedad nula.\n\n                   3.              Solicito se abra un proceso de investigación contra los funcionarios que intervinieron en la tramitología del expediente 30­90.\n\n                   4.-               Solicito a La Secretaría certificar la actualización de las garantías ambientales\n\n                   5.               Solicito que la Auditoría Ambiental presente el respectivo informe sobre el procedimiento.\n\n                   6.               Solicito a su autoridad ejercer los derechos constitucionales sobre el derecho a la vida y a la estabilidad familiar para los pobladores de Matina y de Limón ya que El Estado cometió un grave error de forma y fondo.\n\n                   7.               Solicito con todo respeto abrir un Órgano Director para valorar la nulidad del acto administrativo Setena. Resolución R- 0305-2019-Minae, o en su defecto anular todo lo actuado y exigir el debido proceso respetando la normativa legal vigente con medida cautelar de paralización de actividades modas a la explotación del Rio Chirripó. Expediente 30-90\n\n                   8.               Solicito a las autoridades ministeriales dar las directrices y aplicar sanciones disciplinarias para corregir tales actos que comprometen la función pública como lo establece la Constitución Política (La Procuraduría General de la República se ha referido en venas resoluciones)\n\n                   9.               Solicito se consulte a la Comisión Nacional de Emergencias para mejor proveer un informe para demostrar la afectación que ha tenido esta concesión que por más de 26 años ha causado daños irreparables y les están otorgando a esta empresa más área a explotar río arriba (ya que rio abajo lo saquearon al punto que hay áreas que tiene un profundidad de más de 3 metros)\n\n                   10.               Solicito se consulte a la Municipalidad de Matina sobre los recursos invertidos económicos en las poblaciones de Matina que se inundan a consecuencia del Río Chirripó. Parte de los recursos del estado y municipalidades de forma obligada se ha tenido que invertir para la protección de los ciudadanos de Matina. En este momento se está a la espera de construirse un dique para mitigar las inundaciones y de alguna manera la re ubicación del cauce del rio y lograr su natural tránsito. Será un trabajo paliativo mientras se continúe con la explotación del río al existir una concesión por más de 26 años que por sí sola está más que caduca. Lo más sensato es proteger al ser humano y aplicar lo que corresponde en esta concesión. Los antecedentes hablan por sí solos. Basta ver el historial de las emergencias en Matina para toma una sana decisión de una vez por todas que es cerrarla.\n\n                   11.              Solicito a la Cruz Roja presente un informe de los últimos eventos atendidos consecuencia de las inundaciones en Matina ocasionados por el Río Chirripó.\n\n                   12.              Solicito que la Dirección de Geología y Minas presente un mapeo de las áreas de concesión dada en los 26 años y un mapeo de las nuevas áreas que impactará la ampliación de área concesionada, incluida la viabilidad ambiental la cual a la fecha no se la ha aplicado modificación alguna en los últimos 26 años estando desautorizada con los nuevos decretos.\n\n                   13.              Solicito criterio técnico de la Secretaría Técnica Ambienta la cual no fue consultada para emitir su criterio.\n\n                   14.               Solicito criterio técnico de la Comisión Plenaria Setena a la cual no fue consultada para resolver la prórroga de la Resolución R-0305-2019-MINAE, Expediente 30- 90.\n\n                   15.              Solicito criterio técnico de la Dirección de Aguas-Minae\n\n                   16.              Solicito criterio técnico del Instituto Nacional de Transparencia en Tecnología Agropecuaria Departamento de Servicios Técnicos (INTA)\n\n                   17.               Solicito el derecho de propiedad que es inviolable\n\n                   18.               Solicito el derecho a la salud que es inviolable\n\n                   19.              Solicito e derecho a la seguridad que es inviolable\n\n                   20.              Solicito el derecho al libre transitorio que es inviolable”\n\n2.  -              Por resolución de las 17:52 horas del 14 de enero de 2020 se le dio curso al proceso, lo que se notificó a las autoridades recurridas el 20 de enero de 2020.\n\n3.   -              Por escrito agregado a este expediente el 22 de enero de 2020, Cynthia Barzuna Gutiérrez, secretaria general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, rindió el informe. Indicó lo siguiente:\n\n“Sobre los hechos alegados:\n\nSe informa que al proyecto denominado CDP Chirripó, tramitado bajo el expediente administrativo No. D1-30-1990 por medio del oficio No. SG-1428-2003-SETENA del 10 de diciembre del 2003, el cual consta a folio 63 del expediente, se le otorgó la Viabilidad Licencia Ambiental. En dicho oficio se indicó:\n\nse le comunica al interesado que de conformidad con el Artículo 1 7, 18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el proceso de Evaluación Ambiental, por lo que SE AVALA LA VIABILIDAD AMBIENTAL POR EL PLAZO REMANENTE DE LA CONCESIÓN OTORGADA AL PROYECTO CDO RIO CHIRRIPÓ, continuando con el seguimiento y monitoreo como parte de la etapa de Gestión Ambiental...”\n\nEs importante tener presente que las prórrogas de la vigencia de la Viabilidad Licencia Ambiental se otorgan de previo a que el desarrollador de un proyecto pueda iniciar obras. De conformidad con lo que establece el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública, por lo tanto, una vez que un proyecto haya iniciado obras no es procedente ni necesaria la solicitud ni el otorgamiento de prórrogas para la vigencia de la Viabilidad Ambiental, toda vez como ya se explicó cuando un proyecto inicia con las obras para las cuales gestionó la Evaluación Ambiental y que se aprobaron por parte de esta Secretaria. La vigencia de esa Viabilidad Licencia Ambiental permanece.\n\nAsí las cosas, en el caso del proyecto denominado CDP Chirripó.\n\nNo lleva razón la recurrente al indicar que “...la prórroga de la concesión se omitió requerir una convalidación de la prórroga de la viabilidad ambiental...”, ya que el tema propio de otorgamiento de prórrogas a concesiones mineras no son competencia de la SETENA y que no es necesario en el caso de marras que se haya solicitado ante esta Secretaria una prórroga de la vigencia de la Viabilidad Licencia Ambiental siendo que el mismo ya inició obras.\n\nSe aclara además que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente indica que Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares, como para los entes y organismos públicos, mas no establece ninguna obligación para que la institución encargada de las concesiones mineras por Ley, deba realizar a SETENA una consulta previa al otorgamiento de concesiones o prórrogas a las concesiones mineras. Se reitera que lo propio del tema de otorgamiento de concesiones o de las prórrogas de las mismas no son competencia de la SETENA, por lo que no es procedente que esta Secretaría se refiera a las mismas”.\n\nSolicita que se rechacen los alegatos contra esa Secretaría, pues considera que no hay actos que tengan relación directa con SETENA, y se declare sin lugar el recurso.\n\n4.       - Por escrito agregado a este expediente el 23 de enero de 2020, Ileana María Boschini López, directora de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía rindió el informe. En primer término, expuso los antecedentes del expediente número 30-90. Explicó que por resolución R-141-92- MIRENEM del 9 de abril de 1992 se otorgó la Concesión de Extracción de Materiales en Cauce de Dominio Público río Chirripó a favor de Consorcio Constructor los Quebradores de Costa Rica S.A., por un período de cinco años, contados a partir de la aprobación del estudio de impacto ambiental. La denominación social de la concesionaria se modificó, en el año 1996, a Tajo Chirripó S.A.. Por resolución número 366 del 8 de junio de 1998, la Dirección de Geología y Minas prorrogó la concesión por cinco años más. Posteriormente, el Poder Ejecutivo, por resolución R-418-2003-MINAE del 31 de julio de 2003 otorgó una prórroga por cinco años. En el año 2008, el Poder Ejecutivo por resolución R-CC-241-2008-MINAE del 19 de mayo de 2008, readecúa el plazo de\n\nvigencia de la concesión por diez años y establece como fecha de vencimiento el 13 de noviembre de 2018. El 12 de noviembre de 2018, la sociedad concesionaria solicita prórroga de la vigencia del plazo de la concesión. El 19 de diciembre de\n\n2018,    por ley número 9647 se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la ley número 6797, Código de Minería, del 4 de octubre de 1982, en los siguientes términos:\n\n“ARTICULO ÚNICO- Se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley N.° 6797, Código de Minería, de 4 de octubre de 1982, y se adiciona un transitorio. Los textos son los siguientes:\n\nArtículo 36- El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de explotación de materiales en cauces de dominio público por un plazo máximo de diez años, prorrogable de manera sucesiva por períodos hasta de cinco años, hasta completar un máximo de treinta años, plazo que incluye la etapa de cierre de la concesión.\n\nLo anterior, siempre y cuando las condiciones del río lo permitan, según criterio de la Dirección de Geología y Minas (DGM) y que el concesionario haya cumplido con sus obligaciones durante el período de vigencia de la concesión. Para solicitar la prórroga, el concesionario deberá mantener al día la viabilidad ambiental. El procedimiento y los requisitos serán establecidos en el reglamento de esta ley. El plazo se computará a partir de la inscripción del título en el Registro Nacional Minero.\n\n[ … ]\n\nTRANSITORIO ÚNICO- Todas aquellas concesiones de cauce de dominio público, otorgadas de previo a la aprobación de la presente ley y que se encuentren vigentes, podrán tramitar la prórroga respectiva, siempre que se ajusten a la normativa vigente y cuenten con la viabilidad ambiental para el nuevo período de concesión.\n\nRige a partir de su publicación.”\n\nA la solicitud se presentó una oposición por parte de Karol Dayana Sibaja Vargas, que fue rechazada por resolución número 0638-2019 del 5 de noviembre de 2019. Posteriormente, por resolución número R-0305-2019-MINAE del 27 de noviembre de 2019, el Poder Ejecutivo otorga prórroga del plazo de vigencia de la concesión por cinco años. En cuanto a los hechos alegados en el recurso la directora de la Dirección de Geología y Minas indicó lo siguiente:\n\n \n\n“II. Informe sobre los alegatos del recurso:\n\nDe seguido se procede a analizar por tema cada uno de los alegatos de la recurrente; cabe indicar que el análisis no se realiza de acuerdo a los “PUNTOS” de su escrito, ya que contienen ideas reiteradas en cada uno de ellos.\n\nPRIMERO: Sobre la normativa aplicable en solicitud de prórroga de concesión en CDP:\n\nEn el presente apartado se aclarará lo concerniente a la normativa vigente y aplicable en toda solicitud de prórroga de plazo de concesión en cauce de dominio público (CDP). Cabe aclarar que si bien indica la recurrente que la concesión ha disfrutado de un plazo de 26 años, ello no es correcto; lo que ha disfrutado la concesión No 30-90 es un plazo de 25 años, conforme lo indicado en los Resultandos Tercero, y Sexto a Octavo.\n\ni.  Reformas que ha sufrido la legislación minera:\n\nEn el ítem b. del PUNTO 2, la recurrente hace un recuento sobre las reformas que ha tenido el Código de Minería, irrelevantes para el caso. No obstante, indica que: “... su posible PRÓRROGA [de la concesión No 30-90] SE REGIRÁ POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, concluyendo que este expediente venció desde el 13 de noviembre de 2018, de acuerdo con el criterio vinculante de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente y Energía. La legislación que se aplicó para readecuar el plazo a los\n\n20              años que disfrutaron QUEDÓ DEROGADA POR SUPREMACÍA DE LEY UN AÑO DESPUÉS, por lo que no es posible seguir aplicando la MODIFICACIÓN DEL AÑO 2001...”.\n\nAl respecto, cabe hacer una serie de aclaraciones, pues existe una gran confusión de interpretación normativa por parte de la recurrente. Para ello, explicaremos brevemente la evolución que ha tenido el Código de Minería actual:\n\na.            El 16 de marzo de 1993 entra en vigencia el Decreto Ejecutivo Número 21910-MIRENEM, denominado “Reglamento Especial que regula la Extracción de Materiales en los Cauces de Dominio Público” que establecía, en su artículo 25, que el plazo de la concesiones en cauce de dominio público era de 5 años, con posibilidad de una prórroga de otros 5 años.\n\nb.            El 16 de marzo de 2001, fue publicado en la Gaceta No 54 el Decreto Ejecutivo No 29300-MINAE, denominado “Reglamento al Código de Minería”; el cual dispuso en el Transitorio II que, para los permisos y concesiones ya otorgados, esta Dirección comunicará a los titulares y concederá un plazo de hasta 3 meses, para que manifiesten su conformidad o no, de ser cubiertos por la nueva reglamentación. Se homologaron los plazos de las concesiones en canteras al de los cauces de dominio público, pasando a 25 años, prorrogables a 10 años.\n\nc.             El 28 de junio de 2002 fue publicada en la Gaceta No 124 la Ley No 8246 del 24 de abril de 2002, consistente en una reforma al Código de Minería, que introduce el Título V, que regula las concesiones en cauces de dominio público (antes regulada por el Decreto Ejecutivo No 21910-MIRENEM y por Decreto Ejecutivo No 29300-MINAE). El artículo 36 dispone que, en adelante, las concesiones de explotación de materiales en cauces de dominio público se otorgarán hasta por un plazo de 10 años, prorrogables hasta 5 años.\n\nd.            El 05 de marzo de 2012, la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE emite el Criterio DAJ-383-2012 del 05 de marzo de 2012, que dispone que “...La Ley 8246, desde el momento en que entró en vigencia, 28 de junio de 2002, fijó nuevos parámetros para el otorgamiento de plazos en concesiones de cauce de dominio público, y su aplicación es inmediata, por lo que si un concesionario de este tipo de concesión tenía vigente su concesión al momento de promulgarse esta Ley, al vencerse la misma, su posible prórroga se regirá por la legislación vigente, cual es la Ley No. 8246, que es la norma que determina los plazos; por ello, es que no existe ninguna lesión por aplicación retroactiva de la ley, menos en materia de concesión de bienes públicos, ya que no existe un derecho subjetivo ni un derecho consolidado a obtener la prórroga...”. Lo anterior implicaba que ya no era aplicable la interpretación de que los plazos de las concesiones en canteras se podían homologar al de los cauces de dominio público (CDP), sino que el plazo aplicable a las concesiones en CDP es de 10 años con una posible prórroga de 5 años, de acuerdo al artículo 36 del Código de Minería.\n\ne.             El 28 de febrero de 2019 fue publicada en la Gaceta No 47 la Ley No 9647 del 19 de diciembre de 2018, denominada “Reforma del primer párrafo del artículo 36 de la Ley No 6797, Código de Minería, de 4 de octubre de 19822. A través de dicha norma se reforma el artículo 36 del Código de Minería, estableciendo que el Poder Ejecutivo puede otorgar concesiones de explotación de materiales en cauce de dominio público por un plazo máximo de 10 años, prorrogable de manera sucesiva por períodos de hasta 05 años, hasta completar un máximo de 30 años.\n\nAhora bien, el concesionario del expediente No 30-90 presenta su solicitud de prórroga de la concesión el 12 de noviembre de 2018, un día antes del vencimiento de la concesión; lo cual implica que de acuerdo la ley, realizó su solicitud en tiempo.\n\nii.            Errores de interpretación de la recurrente sobre la normativa aplicable:\n\nEl grave error de interpretación en cuanto a los hechos y sus implicaciones jurídicas, podemos resumirlos de la siguiente manera:\n\na.            La solicitud de prórroga de la concesión que ocupa debía regirse por la legislación vigente.\n\nEn efecto, la solicitud de prórroga de la concesión que ocupa, su correspondiente análisis y resolución debe regirse por la legislación vigente, como en efecto lo fue. El 12 de noviembre de\n\n2019 el concesionario solicita prórroga del plazo de la concesión, el proceso de revisión y análisis se dio en los próximos meses: el concesionario aporta el Estudio de Conveniencia para el Estado y demás requerimientos, mediante memorándum DGM-CMRHA-040-2019 del 24 de junio de 2019, se solicita aclaraciones al mismo (folio 29 del expediente digital); mediante memorándum DGM- TOP-O-250-2019 del 06 de setiembre de 2019, el Departamento de Topografía se pronuncia respecto al plano de la concesión actualizado, aprobándolo (folio 36 del expediente digital).\n\nFinalmente, mediante memorándum DGM-CMRHA-061-2019 del 9 de agosto de 2019, la Geóloga Coordinadora Minera de la Región Huetar Atlántica, se pronuncia sobre el Estudio de Conveniencia para el Estado, aprobándolo.\n\nPor otra parte, el 28 de febrero de 2019 fue publicada en la Gaceta No 47 la Ley No 9647 del 19 de diciembre de 2018 que reforma los plazos aplicables a las concesiones en CDP. Cumplidos los requisitos técnicos y legales para optar por una prórroga del plazo de vigencia, esta Dirección emite la recomendación al Poder Ejecutivo mediante memorándum DGM-RNM-0464-2019 del 07 de noviembre de 2019.\n\nLa legislación vigente al momento de análisis y de la recomendación de prórroga al Poder Ejecutivo, fue la Ley No 9647, de acuerdo a la cual, aún el concesionario podría optar por una última prórroga por 5 años. Por ende, dicho alegato es improcedente, ya que contradice la realidad del procedimiento que consta en el expediente.\n\nb.            El plazo de la concesión venció el 13 de noviembre de 2018, y de acuerdo con el Criterio DAJ-383-2012 del 05 de marzo de 2012 de la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE, la legislación que esta DGM aplicó pará readecuar el plazo a los 20 años que disfrutaron quedó derogada por supremacía de ley un año después; por lo que no es posible seguir aplicando la modificación del año 2001.\n\nDicho alegato es confuso, pues refleja los errores de interpretación de la recurrente en muchos aspectos. El referido criterio DAJ-383- 2012 en realidad ordena a esta Dirección la aplicación inmediata de la Ley 8246, por lo que si un concesionario de CDP solicitaba prórroga del plazo de la concesión, su posible prórroga debía regirse por la legislación vigente en ese momento (Ley No 8246); independientemente si se haya otorgado con la legislación anterior, que contemplaba plazos más extensos.\n\nEn cuanto a que “... La legislación que esta DGM aplicó para readecuar el plazo a los 20 años que disfrutaron quedó derogada por supremacía de ley un año después; por lo que no es posible seguir aplicando la modificación del año 2001...”, no se comprende bien dicha afirmación; sin embargo, se tiene que mediante resolución R-CC-241-2008-MINAE de las 07 horas 19 minutos del 21 de mayo de 2008, el Poder Ejecutivo readecúa el plazo de vigencia de la concesión por 10 años, estableciendo como fecha de vencimiento el 13 de noviembre de 2018 (en ese momento no se había emitido el Criterio-DAJ-383-2012). Es decir, esa readecuación se otorgó en su momento a raíz de la puesta en vigencia del Decreto Ejecutivo No 29300-MINAE del 16 de marzo de 2001; donde se homologaron los plazos de las concesiones en canteras al de los cauces de dominio público, pasando a 25 años, prorrogables a 10 años. Ello no quiere decir, en modo alguno, que actualmente se esté aplicando esa legislación el decreto referido del año 2001, ya que sería completamente improcedente e ilegal; sino que lo que se ha aplicado es la norma vigente, Ley No 9647.\n\nOtro punto en el que insiste la recurrente es en que “... en materia de concesión de bienes de dominio público, no existe un derecho subjetivo de los concesionarios a una prórroga obligada y, por lo tanto, la entrada en vigencia de la norma no altera ilegítimamente los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la normativa anterior... ”.\n\nLa recurrente hace referencia a que no existe un derecho subjetivo de los concesionarios a una prórroga obligada (en efecto, solamente procedería si cumple con los requisitos técnicos y legales); así como alude al principio constitucional de irretroactividad de la ley. No obstante, ambos puntos son extraños a los demás alegatos del recurso, no fundamentan su posición en modo alguno.\n\niii.         Implicaciones de la Ley No 9647: Reforma al artículo 36 del Código de Minería:\n\nOtro de los alegatos contenidos en el “PUNTO 3”, es el siguiente:\n\n“... La Dirección de Geología y Minas tuvo TRES MESES Y MEDIO DESPUÉS DE VENCIDA LA CONCESIÓN, tiempo suficiente para que... gestionara su aprobación o su rechazo y no esperar que la Ley 9647 lograra firmeza aplicando sus reformas como lo estipula la Ley supra... no aplicó lo que en derecho corresponde, no siguió el debido proceso aprobándose la prórroga estando vencido el plazo según la normativa legal en el artículo 66 del Código Minero...”.\n\nEl concesionario presenta su solicitud de prórroga del plazo de la concesión en tiempo, el 12 de noviembre de 2018 (un día antes del vencimiento de la concesión), por lo que claramente al momento en que esta Dirección emite la respectiva recomendación de prórroga al Poder Ejecutivo, previo estricto cumplimiento de los procedimientos de ley, el plazo de la concesión ya estaba vencida. Lo anterior no acarrea nulidad en modo alguno, como lo sugiere la recurrente, lo que corresponde es que el concesionario, una vez vencido su plazo, suspenda inmediatamente las labores, como ocurrió en este caso.\n\nAhora bien, en este punto cabe hacer alusión a la Ley No 9647. El artículo 36 del Código de Minería ha sufrido una reforma a través de la Ley No 9647 del 19 de diciembre del 2018, estableciendo que el Poder Ejecutivo puede otorgar concesiones de explotación de materiales en cauce de dominio público por un plazo máximo de 10 años, prorrogable de manera sucesiva por períodos de hasta 05 años, hasta completar un máximo de 30 años.\n\nPor su parte, el Transitorio Único de la Ley No 9647 dispone lo siguiente:\n\n“TRANSITORIO ÚNICO- Todas aquellas concesiones de cauce de dominio público, otorgadas de previo a la aprobación de la presente ley y que se encuentren vigentes, podrán tramitar la prórroga respectiva, siempre que se ajusten a la normativa vigente y cuenten con la viabilidad ambiental para el nuevo período de concesión. ”\n\nEs decir, dicho transitorio brinda la posibilidad a aquellos concesionarios cuyo derecho minero le fuera otorgado de previo a la aprobación de la presente ley, de tramitar la prórroga respectiva, siempre que cumplan con la normativa correspondiente, y que la concesión se encuentre vigente al momento de solicitar la prórroga del plazo. Lo anterior armoniza con la posibilidad que brinda el ordenamiento jurídico, en casos específicos, de aplicar de manera retroactiva una ley en beneficio del administrado cuando existen derechos adquiridos.\n\nEn todo caso, no podría esta Dirección aplicar una norma que fue derogada, como lo pretende la gestionante en el caso que ocupa, sino que debe aplicarse la normativa vigente, atendiendo lo dispuesto en las disposiciones transitorias. El razonamiento anterior se aplica en general para las concesiones en CDP otorgadas previo a la aprobación de la Ley No 9647, no se está haciendo referencia únicamente al caso que ocupa. Claro está que cada caso particular conlleva un análisis técnico-legal para verificar su procedencia.\n\nAsimismo, nótese que el Transitorio citado se encuentra dirigido a los concesionarios (no a la Administración), cuyo título minero le haya sido otorgado previo a la aprobación de la ley; posibilitándoles tramitar la prórroga del plazo, mientras cumplan con la normativa vigente y demás requisitos, y dicha solicitud de prórroga sea presentada mientras la concesión se encuentre vigente. Tal como se indicó, la solicitud de prórroga fue presentada dentro del plazo de ley, es portal motivo que procede el análisis de su solicitud para verificar su procedencia.\n\nSe desprende de los alegatos de la recurrente; que ha malinterpretado el texto del Transitorio aludido, al considerar que es la Administración quien debe tramitar la prórroga respectiva mientras las concesiones encuentren vigentes, cuando es una posibilidad que dicho Transitorio otorga a los titulares de concesiones en CDP otorgadas de previo a la vigencia de la Ley No 9647, mientras se encuentren vigentes, pues la norma se dirige puntualmente a los concesionarios.\n\nPor ello, es que no es razonable ni lógico lo indicado por la recurrente, ya que: 1. Esta Dirección sí aplicó el Derecho vigente al momento de emitir la recomendación de prórroga de la concesión, 2. Se siguió el debido proceso, se analizó detalladamente el expediente y se verificó que el concesionario haya cumplido con todos los requerimientos técnicos y legales, 3. Era materialmente imposible conocer y resolver la solicitud de prórroga mientras estaba vigente, ya que la solicitud fue presentada en tiempo (12 de noviembre de 2018), y su vencimiento ocurrió un día después, sea el 13 de noviembre de 2018; pretende la recurrente que en un día se aprobara o desaprobara la solicitud de prórroga, cuando ni siquiera la ley lo dispone, sino que el requisito que debe cumplir todo concesionario, es solicitar la prórroga mientras aún se encuentre vigente su concesión.\n\nFinalmente, alude la recurrente que esta Dirección no siguió el debido proceso, al conocer y aprobar la prórroga cuando ya estaba vencido el plazo según el artículo 66 del Código Minero. Cabe indicar que el fundamento legal de sus alegatos sea el numeral 66 del Código Minero; lamentablemente demuestra un desconocimiento en materia de Derecho Minero, ya que esa norma se refiere puntualmente a los permisos, de explotación, no a las concesiones mineras, y regula el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de los permisionarios de las obligaciones dispuestas en el Código de Minería y su Reglamento, lo cual nada tiene de relación con el objeto del recurso de amparo que nos ocupa.\n\nSEGUNDO: Sobre los requisitos de índole ambiental de la concesión No 30-90\n\nEn este apartado se demostrará ampliamente el cumplimiento de requisitos ambientales previo al otorgamiento de la prórroga de la concesión No 30-90.\n\ni.                   Sobre la “convalidación\" y consulta a la SETENA y la Comisión Plenaria pretendida por la recurrente:\n\nAduce la recurrente en el PUNTO 3, segundo párrafo, lo siguiente:\n\n“... El escrito de solicitud... [de prórroga] omitió solicitar una convalidación de la prórroga de la viabilidad ambiental y tampoco las autoridades lo previeron en sus averiguaciones previas a dar trámite a la solicitud de prórroga... ”.\n\nLa recurrente arguye que el concesionario debía solicitar una “convalidación de la prórroga de la viabilidad ambiental” y que ante dicha omisión, esta Dirección debía requerirlo al concesionario; sin embargo, es claro que lo pretendido por la recurrente es improcedente, ya que esa figura o trámite legal que no existe: ese requerimiento no se encuentra dispuesto en ninguna Ley, sea Código de Minería y su Reglamento, la legislación de la SETENA, u otro cuerpo normativo. No es posible para esta Dirección prevenir un requisito que no se encuentra en la ley, ya que se encuentra sujeta al principio de legalidad, es decir, esta Administración Minera actúa sometida al ordenamiento jurídico y sólo puede realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento. Aunado a ello, de acuerdo a lo preceptuado en la Ley No 8220, “Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, sería inaceptable prevenir un requisito no contemplado en la ley, y que aún peor, vaya a dilatar el trámite considerablemente.\n\nCabe indicar que la Ley Orgánica del Ambiente y “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental” No. 31849 de 24 de mayo de 2004, no disponen que los estudios de impacto ambiental aprobados varios años atrás debían someterse a actualizaciones convalidaciones, ampliaciones, etc.; ni ser aprobados nuevamente por la SETENA. Por ende, prevenir lo que pretende la recurrente, sería una actuación sin fundamento legal alguno.\n\nOtros de los alegatos contenidos en el “PUNTO 3”, son los siguientes:\n\n“... En el expediente no consta la consulta a la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, como lo indica el artículo 19 de la Ley 7554: Ley Orgánica Ambiental...\n\n“... En el expediente NO CONSTA la Consulta a la Comisión Plenaria que de igual forma es obligatorio según la normativa legal vigente... ”.\n\nCabe indicar que esa “consulta” que alude la recurrente tampoco existe en la ley, no forma parte de los requisitos dispuestos en el Código de Minería y su Reglamento, en la legislación de SETENA, ni tampoco en la mencionada Ley Orgánica del Ambiente. Se reitera lo dicho líneas arriba, que no es posible imponer un requisito más dentro de cualquier trámite que no esté previsto en la Ley, de conformidad con lo expuesto en la Ley No 8220, “Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”.\n\nEsa pretensión de la recurrente de adicionar un requisito no contemplado en la Ley, causaría un menoscabo serio al importante esfuerzo, dedicación de recursos y avances que esta Dirección ha tenido en la participación del “Proyecto de la Ventanilla Única de Inversión” (VUI) liderado por PROCOMER y con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Dicho proyecto promueve y mejora la eficiencia del sector público, y brinda transparencia a los procesos a través de una adecuada coordinación interinstitucional de la administración pública; busca identificar y mejorar trámites críticos que impactan la competitividad del país, implementar procesos de sensibilización y capacitación de los funcionarios que se encuentran involucrados en los diferentes trámites. Todo ello va de la mano con Simplificación de Trámites y eliminación de aquellos que no se encuentran dispuestos en la ley.\n\nPor tal motivo es inadmisible lo pretendido por la recurrente, cada institución tiene sus funciones dadas por ley y no debe existir intromisión ni duplicidad de competencias, pues en las concesiones otorgadas, esta Dirección realiza Control Minero, y la Setena realiza una Gestión y Seguimiento Ambiental.\n\nii.                 Etapa de Gestión y Seguimiento Ambiental: competencia de SETENA\n\nTal como es competencia de la DGM realizar control minero de las concesiones, a efecto de verificar el cabal cumplimiento del Proyecto de Explotación y todas las normas y directrices técnicas; como es competencia de la SETENA realizar labores de monitoreo, a tenor de lo dispuesto en el numeral 46.2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental:\n\n“... Las actividades, obras o proyectos que se encuentren en operación o cuenten con EIA aprobado estarán sujetos, conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente y el presente reglamento, a un proceso de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos en el presente reglamento...”.\n\nEllo implica que es competencia de la SETENA llevar el control y seguimiento ambiental de toda actividad que pueda alterar o destruir elementos del ambiente o que generen residuos, tóxicos o peligrosos; como lo es requerir un responsable ambiental, bitácora ambiental, informes ambientales, inspecciones, auditorías u otros. También se encuentra facultada para ordenar la suspensión de las actividades, en caso de encontrar algún elemento que pueda menoscabar el equilibrio ambiental.\n\nEn efecto, como parte de ese seguimiento y control ambiental, la SETENA emite el oficio SG1428-2003-SETENA del 10 de setiembre de 2003 (se trascribe de seguido), en el cual ese Órgano indica que continuaría con el seguimiento y monitoreo como parte de la Etapa de Gestión Ambiental, tal como le corresponde conforme sus competencias.\n\niii.              Cumplimiento de requisitos ambientales de la concesión No\n\n30-90:\n\nA continuación podemos recapitular algunos de los actos administrativos o cumplimiento de requisitos más relevantes de índole ambiental:\n\n1)                 Por resolución No 337 de las 08 horas 36 minutos del 07 de octubre de 1992, esta Dirección comunica que mediante memorándum SEC-258-92 se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (folio 99 y 100, copia adjunta), por parte de la Comisión Gubernamental de Evaluación y Control de Estudios de Impacto Ambiental, en la sesión CGC-ElA-112 del 7 de setiembre de 1992.\n\nCabe indicar que en ese momento no existía la SETENA.(Folios 99 y 100)\n\n2)                 Por memorándum DGM-SA-054-96, esta Dirección le comunica a la SETENA un informe de inspección con la finalidad de: “... verificar si las labores de explotación se realizan conforme a los estudios técnicos presentados a la DGM y el ElA, específicamente evaluar las acciones implementadas en la zona objeto de explotación... ”; recomendando: “... al señor Director de Geología y Minas, elevar la garantía de recuperación ambiental de 160.000 colones a un millón de colones, para el período 96-97... ”. (Folios 194 a 196)\n\n3)                 Por oficio SG-1428-2003-Setena del 10 de setiembre de 2003:\n\n(oficio adjunto)\n\n“... En relación con la información presentada a esta Secretaría, - DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISOS AMBIENTALES, NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLE AMBIENTAL Y LIBRO DE BITÁCORA AMBIENTAL, con fecha 22 de agosto 2003 y (sic) de setiembre de 2003, la cual fue solicitada mediante Oficio SG-1341- 2003 (ASA), de fecha 14 de agosto de 2003; me permito comunicarle que, una vez revisada la información aportada a la SETENA, se determinó que la misma CUMPLE con lo requerido por esta Secretaría.\n\nPor lo tanto, se le comunica al interesado que, de conformidad con el Artículo 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el proceso de Evaluación Ambiental, por lo que SE AVALA LA VIABILIDAD AMBIENTAL POR EL PLAZO REMANENTE DE LA CONCESIÓN OTORGADA AL PROYECTO CDP RÍO CHIRRIPÓ, continuando con el seguimiento y monitoreo como parte de la Etapa de Gestión Ambiental... ”. (Énfasis agregado)\n\n4)                 Declaración Jurada rendida ante Notaria Pública de que el expediente administrativo en SETENA se encuentra vigente y al día; el cual en lo que interesa indica: “... Que declara bajo la gravedad del juramento y consciente dela responsabilidad que ello implica: ... que los Expedientes Administrativos número TREINTA- NOVENTA y TREINTA- MIL NOVECIENTOS NOVENTA- SETENA se encuentran vigentes y al día con los compromisos ambientales y con todas las obligaciones adquiridas, tanto en la DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS como en la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL respectivamente... ”. Es decir, que con dicha declaración jurada rendida ante notario de que su expediente en SETENA se encuentra al día con sus compromisos ambientales, se tiene por cumplido el requisito concerniente a la Viabilidad Ambiental. (Folios 2496 a 2502, subrayado agregado, adjunto copia)\n\n5)                 Por escrito presentado el 23 de mayo de 2019 el concesionario demostró que el monto de la Garantía Ambiental se encuentra vigente hasta el 09 de junio de 2020(folio 19 del expediente digital).\n\n2018,   Certificación SETENA-SG-1738-2019 del 06 de noviembre de 2019, emitida por la SETENA, la cual forma parte del expediente de dicho Órgano, certifica el estado del expediente que ocupa; y en el penúltimo párrafo indica que. “... Existe evidencia de que la concesión está vencida, hay en trámite una solicitud de estudio de conveniencia para optar por la prórroga de vigencia del plazo de la concesión con expediente minero 30-90, sin resolver al día de hoy...\n\n6)                 Por memorándum DGM-RNM-0012-2020 del 17 de enero de 2020, esta Dirección comunica a la SETENA que “... mediante resolución No R-0305-2019-MINAE de las 07 horas 30 minutos del 27 de noviembre de 2019, el Poder Ejecutivo otorga prórroga del plazo de la concesión No30-90, a favor de la sociedad TAJO CHIRRIPÓ SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3101-086468; ubicada en el distrito Matina, cantón Matina de la Provincia de Limón. Lo anterior, a efecto de que el Órgano bajo su digno cargo continúe con las funciones de seguimiento y monitoreo de la actividad minera, como parte de la Etapa de Gestión y Seguimiento Ambiental...”. Cabe enfatizar en que dicha comunicación fue realizada el 17 de enero de 2020, antes de la notificación del Recurso de Amparo que ocupa.\n\nCon lo anterior se desvirtúan los alegatos de la recurrente, donde indica que el expediente adolece de los requisitos de índole ambiental, quedando demostrado que tales requisitos fueron cumplidos a cabalidad por el concesionario.\n\nCabe hacer alusión a la Declaración Jurada rendida ante Notario Público de encontrarse al día y vigentes con los compromisos ambientales ante SETENA, que forma parte de los requisitos de toda solicitud de prórroga del plazo de vigencia, y que en este caso el concesionario cumplió a cabalidad. Cabe agregar que el concesionario también demostró que el monto de la Garantía Ambiental que se encuentra vigente hasta el 09 de junio de 2020 (folio 19 del expediente digital, adjunto copia).\n\nAsimismo, el contenido trascrito de la certificación SETENA-SG- 1738-2019 del 06 de noviembre de 2019, emitida por la SETENA, implica sin lugar a dudas, que la SETENA ha estado al tanto del trámite de prórroga, por lo que aparte de improcedente, hubiese sido innecesario hacer la “consulta” a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y a la Comisión Plenaria (como pretende la recurrente); puesto que SETENA ya tenía conocimiento de dicho trámite y en caso de haber requerido algo, sin duda lo hubiese prevenido al Desarrollador, y habría comunicado lo pertinente a esta Dirección, a efecto de suspender el trámite de prórroga, de ser procedente. (Adjunto copia de dicha resolución)\n\nEn todo caso, reiteramos que mediante oficio DGM-RNM-0012- 2020, esta Dirección comunica a SETENA el otorgamiento de la prórroga del plazo por parte del Poder Ejecutivo, a efecto de que continúe con las funciones de seguimiento y monitoreo de la actividad minera en el campo ambiental; lo anterior días antes de la notificación de este recurso de amparo al MINAE. Esta comunicación se ha realizado a partir de este año 2020, con los expedientes otorgados o prorrogados en el presente mes de enero.\n\nCon lo anterior, se desvirtúa los argumentos de la recurrente, ya que la viabilidad ambiental de la concesión se encuentra vigente y al día.\n\nTERCERO: Sobre el requisito de aprobación del INTA\n\nContinuamos con otro de los alegatos del “PUNTO 3” es el siguiente:\n\n“En el no consta el USO DE SUELO ACTUALIZADO, no consta si está vigente o en su defecto que se indique si el existente USO DE SUELO dado hace 26 años a la Concesión 30-90 está a derecho dentro de la normativa legal actual...”.\n\nAl respecto, cabe indicar que de conformidad con los numerales 25 del Código de Minería y 24 de su Reglamento, es requisito la aprobación del Estudio de Uso Conforme del Suelo por parte del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA); pero dicho requisito aplica solamente para “... solicitudes de permiso de exploración o concesión de explotación, excepto cauces de dominio público...” (artículo 24 del Reglamento al Código de Minería). Es decir, la norma es clara al indicar que dicho requisito no aplica para solicitudes de concesión en cauce de dominio público; de tal forma que dicho alegato es improcedente.\n\nCUARTO: Sobre el tiempo de resolución de la solicitud de prórroga del plazo de la concesión No 30-90\n\nRefiere la recurrente lo siguiente: “... Es inadmisible si la concesión se venció el 13 de noviembre del 2018 y se pronunció UN AÑO Y DÍAS DESPUÉS, teniendo en cuenta que la Ley 9647 quedó vigente el 28 de febrero del 2019. Tres meses y quince días fueron más que suficientes para otorgarle una prórroga condicionada o en su defecto anular el acto ya que la vida útil del río para explotarlo pasó hace 26 años. LAS CONDICIONES DEL RÍO NO LO PERMITEN por lo que se debe cumplir con lo establecido en el artículo 66 del Código Minero. Se evidencia un cambio de criterio no contemplado en el expediente original... ”.\n\nAl respecto, cabe indicar que el 12 de noviembre de 2018 el concesionario solicita prórroga del plazo de la concesión, y poco tiempo después entró a regir la reforma al artículo 36 del Código de Minería mediante Ley No 9647 del 19 de diciembre de 2018. En ese lapso de tiempo, el concesionario aporta el Estudio de Conveniencia para el Estado y demás requerimientos, y mediante memorándum DGM-CMRHA-040-2019 del 24 de junio de 2019, la Geóloga Coordinadora Minera de la Región Huetar: Atlántica, se pronuncia sobre el Estudio de Conveniencia para el Estado, solicitando aclaraciones (folio 29 del expediente digital). Luego, mediante memorándum DGM-TOP-0-250-2019 del 06 de setiembre de 2019, el Departamento de Topografía se pronuncia respecto al plano de la concesión actualizado, aprobándolo (folio 36 del expediente digital). Finalmente, mediante memorándum DGM- CMRHA-061-2019 del 09 de agosto de 2019, la Geóloga Coordinadora Minera de la Región Huetar Atlántica, se pronuncia sobre el Estudio de Conveniencia para el Estado, aprobándolo. Finalmente, mediante DGMRNM-0464-2019 del 07 de noviembre de 2019, esta Dirección emite la recomendación de otorgamiento de prórroga del plazo de vigencia de la concesión al Poder Ejecutivo.\n\nEl anterior es un recuento muy resumido del procedimiento en el área técnica que debe realizarse tras una solicitud de prórroga de una concesión, pero también conlleva un análisis legal exhaustivo a efecto de verificar si esa solicitud cumple con la totalidad de requisitos legales. Cabe indicar que el expediente No 30-90 consta de aproximadamente 2800 folios, los cuales deben ser revisados por el asesor legal del Registro Nacional Minero.\n\nEn todo caso, causa confusión el hecho que alegue “tardanza” en la resolución de la solicitud de prórroga, si lo que pretende es la “nulidad” de la concesión; lo cual parecen ser alegatos contradictorios.\n\nEn cuanto a su pretensión de que haya otorgado la prórroga condicionada, ya la Procuraduría General de la República se ha pronunciado respecto a la prohibición de hacerlo. En cuanto a que las condiciones del río no lo permiten, ese es un aspecto que se analizará más adelante, pero debe ver esa honorable Sala que la recurrente no aporta ningún estudio técnico emitido por un profesional competente que fundamente lo dicho. De igual manera, fundamenta su petición en el numeral 66 del Código Minero, el cual nada tiene que ver con sus argumentos,\n\nQUINTO: Sobre la modificación de coordenadas del área\n\nconcesionada\n\nContinuando con el análisis de los alegatos contenidos en el \"PUNTO 5”:\n\n“... la DGM amplió el área concesionada río arriba, por ende fueron cambiadas las coordenadas originales ya existentes en el expediente 30-90... ”.\n\nAl respecto, cabe hacer alusión al memorándum No DGM- CMRHA-040-2019 del 24 de junio de 2019, suscrito por la Geóloga Coordinadora Minera de la Región Huetar Atlántica, mediante el cual se pronuncia respecto al “Estudio de Conveniencia para el Estado para Prórroga del plazo del Expediente No 30-90”. En dicho informe dicha funcionaria no aprueba la propuesta de amojonamiento, asimismo indica que: “...Según el levantamiento topográfico aportado en el Estudio de Conveniencia y la ubicación del polígono actual de la concesión No 30-90 en el Catastro Nacional Minero se observa que el sector sur de la concesión (aproximadamente un 18% del área total) está traslapando con el Territorio Indígena Bajo Chirripó. Por lo que solicito presentar la autorización correspondiente o realizar la reducción del área traslapada... ”. (Folio 29 del expediente digital)\n\nEs decir, que como parte del análisis de la solicitud de prórroga del plazo de vigencia, la Geóloga Coordinadora Minera de esta Dirección detecta en el Estudio de Conveniencia para el Estado que existe un traslape con el territorio indígena indicado. Por tal motivo, es que mediante resolución No 517-2019 de las 09 horas del 08 de agosto de 2019 (aportada por la recurrente como prueba) se le previene al concesionario recortar el área indicada y aportar un nuevo amojonamiento. (Folios 29 y 31 del expediente digital)\n\nEn ese sentido, se reitera que mediante memorándum DGM-TOP- O-250-2019 del 06 de setiembre de 2019, el Departamento de Topografía se pronuncia respecto al plano Topográfico aportado por el concesionario, como parte del procedimiento de solicitud de prórroga de la concesión, indicando lo siguiente: (Folio 36 del expediente digital)\n\n“Con fecha 4 de septiembre de 2019, en atención a la resolución 517-2019, se aporta plano de la concesión actualizado.\n\nEl Plano delimita correctamente el área de cauce actual y contempla la protección de los diques desde el vértice 11 al 26.\n\nRespecto al área de traslape con la Reserva Indígena Bajo Chirripó, se eliminó el área de traslape según lo solicitado.\n\n-Por lo tanto, el plano aportado se aprueba y cumple con lo solicitado en resolución 5172019.”\n\nAsimismo, mediante memorándum DGM-CMRHA-004-2020 del 22 de enero de 2020, suscrito por la Geóloga Coordinadora Minera de la Región Huetar Atlántica, emite pronunciamiento en el ámbito de sus competencias sobre el recurso de amparo que ocupa. En el punto 3 de dicho documento, refiere lo siguiente: (Folio 61 del expediente digital)\n\n“...El área de concesión fue evaluada mediante oficio DGM- CMRHA-040-2019 del 24 de junio del 2019, donde se previene al concesionario que el sector sur de la concesión (aproximadamente un 18% del área total) está traslapando con el Territorio Indígena Bajo Chirripó, en consecuencia, se solicita una modificación del área total reduciendo hacia el sector sur (aguas arriba de la concesión) el área de concesión inicialmente otorgada.\n\nEsto genera una modificación de los límites o mojones de la concesión, pero no es necesario una evaluación ambiental ya que la modificación se encuentra contenida dentro del área inicial evaluada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental...”\n\nEs decir, no es cierto que esta Dirección haya ampliado el área concesionada río arriba, todo lo contrario, el área concesionada fue recortada en un 18%, de manera que se subsanó el traslape con el Territorio Indígena Bajo Chirripó, de previo a otorgar la prórroga del plazo de la concesión que ocupa. También es falso que existen nuevas coordenadas que no están contempladas en el estudio de impacto ambiental, ya que según se indicó ampliamente, el área que en su momento fue concesionada por el Poder Ejecutivo, fue disminuida, lo que deviene en que esos argumentos carecen de razonabilidad. En consecuencia, el argumento de la recurrente es improcedente y sin fundamento.\n\nSEXTO: Sobre el pronunciamiento de la Dirección de Agua\n\nContinuando con otro de los argumentos expuestos en el “PUNTO 5\":\n\nReitera la recurrente que en la concesión No 30-90 no existe pronunciamiento de la Dirección de Agua, lo cual es incorrecto, según se verá.\n\nCabe indicar que en el momento dela solicitud de la concesión que ocupa, aún no se había creado la Dirección de Agua. Desde su creación en 1942 hasta 1996, el Departamento de Aguas fue una dependencia del Servicio Nacional de Electricidad; fue hasta después que se trasladó el Departamento de Aguas a este Ministerio, hoy Dirección de Agua.\n\nEn relación a que no existe criterio de la Dirección de Agua, es falso. Según se indicó en el Resultando Primero, mediante oficio No 078-SAC-91 del 11 de setiembre de 1991, el Topógrafo de esta Dirección solicita al Departamento de Aguas del Servicio Nacional de Electricidad se pronuncie respecto a la solicitud de concesión de explotación de materiales en cauce de dominio público con expediente No 30-90, (Folios 30 y 31, oficio adjunto)\n\nSeguidamente, mediante oficio No 1438-DA-91 del 11 de setiembre de 1991, el Departamento de Aguas del Servicio Nacional de Electricidad brinda respuesta, indicando que luego del estudio correspondiente y de acuerdo a lo referido en él informe NO78- SAC-91, no hay objeción de que se otorgue el permiso solicitado.\n\n(Folio 29, oficio adjunto)\n\nEs importante indicar que mediante oficio DA-UHCAROC-0101- 2018 del 15 de marzo de 2018, la Dirección de Agua emite un informe técnico referente a lo solicitado por esta Dirección mediante resolución No 1169 sobre la definición de los márgenes del cauce del río Chirripó. Ello demuestra el compromiso interinstitucional continuo entre las distintas dependencias del MINAE para supervisar, monitorear, realizar estudios y emitir los informes necesarios dentro del ámbito de sus competencias. (Folios 2335 a 2341)\n\nSÉPTIMO: Sobre la supuesta “sobre explotación” del río Chirripó, supuesta generación de procesos de inundación en Matina producto de la concesión\n\nContinuando con el punto en mención, refiere la recurrente que el Estado ha gastado millones de colones en fondos públicos en diques y en salvaguardar la seguridad de los pobladores de Matina a causa de las inundaciones causadas por el río Chirripó. Lo cierto es que esta expresión sin prueba ni fundamento es completamente falsa, según se verá.\n\nInsiste la recurrente en el PUNTO 7 en que “... Es más que sabido que el río se desborda quedando la provincia de Limón incomunicada por semanas: la ruta 32 de inunda al punto que la economía en la provincia de paraliza... ”.\n\nEn ese sentido, mediante memorándum DGM-CMRHA-004-2020 del 22 de enero de 2020, la Geóloga Coordinadora Minera de la Región Huetar Atlántica se pronuncia sobre los alegatos del recurso de amparo en lo que es de su competencia; indicando lo siguiente:\n\n“... 1. Condiciones del área de concesión No 30-90.\n\nEl área de concesión bajo el expediente minero No 30-90 presenta una extensión aproximada de 191,6 ha, lo que corresponde con 4000 metros lineales en el cauce (aprox.), sus secciones hidráulicas se extienden entre los 100 metros y los 500 metros (ancho del cauce), esto lo caracteriza cómo uno de los principales colectores de la vertiente Caribe Sur.\n\nEste proyecto se ubica en una zona denominada llanura aluvial, la cual corresponde con áreas que presenta topografías relativamente planas y de poca elevación (entre los 3 y los 22 msnm) respecto al nivel del mar. En estas zonas los ríos son de poca pendiente, con mucha sinuosidad (comportamiento meándrico) y tienden a depositar sedimentos finos (limos — arcillas) los cuales impermeabilizan el suelo. La alta precipitación sumado a las cotas topográficas de la zona promueven que los ríos estén propensos a desbordarse con mayor regularidad por lo que las inundaciones en la zona históricamente son muy frecuentes.\n\nEsto queda evidenciado en el Mapa de Amenazas y Peligros Naturales el cantón de Matina de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, donde todas las secciones de los ríos que se ubican a la altura de la llanura aluvial presentan un área demarcada con potencial a inundaciones, quedando claro que el potencial se asocia a la altura o cota topográfica por la que discurre el flujo, haciendo históricamente vulnerables los sectores adyacentes al cauce.\n\nPor otra parte, los procesos de extracción minera en los cauces de dominio público buscan el aprovechamiento de manera sostenible de los bancos de material que son acumulados en las partes internas del cauce, así como los que se desarrollan hacia las márgenes. La correcta aplicación de la metodología de explotación fomenta una mejor canalización de las aguas (al aumentar la sección hidráulica del cauce, es decir se aumenta la profundidad del lecho del cauce) disminuyendo la sinuosidad del flujo (divagación propia de los ríos en zonas planas) y consecuentemente disminuyendo los procesos de desbordamiento en los sectores intervenidos con la actividad minera.\n\nCómo se observa en la figura No 1 el proyecto se ubica en una zona topográfica plana muy cercano al cambio topográfico hacia la parte alta (cordillera). Al confluir el río Chirripó con el Barbilla se forma el río Matina que desemboca en el Mar Caribe. Cómo se observa en el mapa topográfico los ríos son sinuosos en las partes topográficamente bajas.\n\n[...]\n\nPor lo tanto, desde el punto de vista técnico no es válido afirmar que la extracción de materiales en el proyecto Expediente Minero No 30-90 ha incidido en la generación de procesos de inundación en la región Matina, por el contrario, la metodología de extracción desarrollada por la empresa concesionaria del expediente No 30­90 ha sido acorde con lo que establece el Código de Minería y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, enfocado en realizar una correcta extracción laminar de los bancos producto de la recarga, conservar la pendiente natural del flujo y mantener el río en un cauce bien definido. Además, la escala de trabajo de los proyectos mineros es micro, se limita a pocas extensiones longitudinales en los ríos y se concentra en la extracción del componente sólido, lo cual no tiene relación con la cantidad de caudal (componente líquido) o precipitación que pueda afectar una zona geográfica determinada... ”.\n\nComo queda evidenciado, existen suficientes estudios técnicos que refutan cada uno de los alegatos de la recurrente, quien hace aseveraciones sin sustento técnico alguno. Atendiendo las recomendaciones de la CNE, el concesionario ha realizado una correcta extracción. laminar de los bancos producto de la recarga, conservar la pendiente natural del flujo, y mantener el cauce bien definido. Por ende, los alegatos concernientes a que la actividad minera de la concesión N” 30-90 causa inundaciones, son falsos y sin fundamento.\n\nTambién alega la recurrente en el PUNTO 6 que producto de la actividad minera “... saquearon el río aguas abajo al punto que se vieron obligados a trasladar la operación río arriba, agravando en un corto plazo la situación ya existente con las inundaciones... ”.\n\nDicho argumento es completamente infundado; pues de conformidad con el memorándum DGMCMRHA-004-2020del 22 de enero de 2020decita, la realidad es que:\n\n“... 2. Capacidad de material De acuerdo a la actualización de reservas realizadas en el 2018 se estima un volumen de 3.756.818,62 m3 de reservas estáticas de material presente en la concesión (bancos aluvionales de arena y piedra contenidos en la sección de río concesionada). Por otra parte, de acuerdo a la capacidad de recarga anual por procesos de crecida (potencial de arrastre) se estima que al cauce pueden llegar en promedio 1.830,000,00 m3 anuales de material.\n\nPor lo tanto, para un plazo de otorgamiento de 5 años y considerando solamente un 30% del material producto de la recarga (dato conservador) la tasa de extracción asignada de 4000 m3/día (104000 m3/mes) cumple a cabalidad con la capacidad de material que acarrea el río Chirripó. Por lo que desde el punto de vista técnico es viable la extracción , de material en el río Chirripó de acuerdo a la tasa de extracción asignada... ”.\n\nCon lo anterior, se desvirtúa completamente los alegatos trascritos.\n\nOtro punto que llama la atención, es que la recurrente asevera que la operación agrava la estabilidad social y económica de Limón, y pone en riesgo la seguridad de las personas. Todo lo contrario, dicha actividad genera desarrollo socio-económico sin lugar a dudas, tal como lo refiere la Coordinadora Minera en el memorándum de repetida cita:\n\nLa empresa concesionaria Tajo Chirripó emplea en promedio 90 personas en el desarrollo de su actividad comercial, siendo el porcentaje más alto empleados que residen en la provincia de Limón, específicamente en el poblado de Zent (perteneciente al distrito de Carrandí - Matina) donde se ubica el proyecto.\n\nAl realizar un análisis de toda la población del distrito de Carrandí (13455 personas aproximadamente) respecto al total de la masa trabajadora (7387 personas aproximadamente) la empresa concesionaria emplea el 1,2% del total de los pobladores con edad para laborar en Carrandí (Fuente: Estadísticas demográficas. 2011 — 2025. Proyecciones nacionales - INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos). Por lo que el proyecto constituye una fuente directa de empleo diversificado en una región donde las ocupaciones son limitadas y en su mayoría se concentran en la agroindustria.\n\nAsí las cosas, es criterio de esta Dirección que la recurrente no lleva razón en ninguno de sus alegatos, ya que no aporta prueba que respalde sus afirmaciones; asimismo se ha logrado refutar con prueba fehaciente cada uno de ellos”.\n\nSolicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n5.    - Por escrito agregado a este expediente el 23 de enero de 2020, José Miguel Zeledón Calderón, director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, rindió el informe. Indicó en resumen que, para la solicitud de renovación de la concesión de extracción de materiales del cauce del río Chirripó, expediente de la Dirección de Geología y Minas número 30-90 no se ha recibido audiencia en la Dirección de Agua. Añadió que la Dirección de Agua procedió a realizar un estudio técnico para definir los márgenes del cauce de ese río a lo largo de la sección longitudinal comprendida entre los puntos con coordenadas planas en proyección CRTM05 latitud 1103500 longitud 574500 y latitud 1106000 longitud 577100, según oficio DGM-TOP313-2015 del 27 de agosto del 2015. El estudio técnico fue realizado por el ingeniero Leonel Sanabria Méndez, funcionario de la Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Agua. El estudio consiste en una caracterización del cauce del río, asignándole el número de oficio DA- UHCAROC-0101-2018 del 15 de marzo de 2018, notificado a la Dirección de Geología y Minas el 4 de abril de 2018. Solicita que se declare sin lugar el recurso, por haber actuado la Dirección de Agua en apego al principio de legalidad, así como por haber realizado el estudio técnico sobre la caracterización del cauce del río en cumplimiento de sus competencias.\n\n6.       -              Por escrito agregado a este expediente el 23 de enero de 2020, Haydée Rodríguez Romero, Ministra a.i. de Ambiente y Energía, rindió el informe sobre los hechos alegados por la recurrente en los mismos términos que la Dirección de Geología y Minas, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Dirección de Agua. Solicita también que se declare sin lugar el recurso.\n\n7.       -              Por escrito agregado a este expediente el 3 de febrero de 2020, José Luis Sousa Maciel, quien indicó que es apoderado de Tajo Chirripó S.A. se apersonó a este amparo. Solicita que se tenga dicha compañía como parte. Considera que el planteamiento de la recurrente parce dirigido a un proceso administrativo y no a un recurso de amparo. En cuanto a sus alegatos, explicó con detalle, por qué, a su juicio, no tiene razón la recurrente en cuanto a la prórroga del plazo. Considera temerario afirmar que la Dirección de Geología y Minas no resolvió a tiempo, sino que esperó a que se reformara la ley, pues es lo usual que, por la carga de trabajo, se tome varios meses para analizar las solicitudes. En cuanto a la viabilidad ambiental, alegó que esta ha mantenido su vigencia desde que se otorgó hasta la fecha y se ha dado el seguimiento debido. La garantía ambiental debe renovarse anualmente y ha estado vigente. También ha estado vigente el nombramiento del regente o responsable ambiental, lo que certifica SETENA. De igual forma, agregó que la recurrente desconoce que en cuanto a cauces de dominio público el estudio de uso conforme del suelo no se solicita. Por otra parte, no es cierto que no se hubiera consultado a la Dirección de Agua, pues consta en el expediente que sí se han realizado consultas. También hizo un recuento de las inspecciones de las que ha sido objeto la concesionaria, por parte de distintos geólogos, que dan cuenta del impacto positivo que ha generado la actividad minera. Por otra lado, alegó que no  es cierto que el área de la concesión se hubiera extendido. Alegó también que no es cierto que la concesión agrave la estabilidad social y económica de Limón y ponga en riesgo a la población de Matina. El estudio de conveniencia para el Estado, muestra el beneficio económico y social para la zona. Al respecto, detalló las actividades de proyección social en que ha participado la empresa. Agregó que, conocedor del volumen del expediente número 30-90 y de su contenido (muchos informes técnico-geológico), solicita, si se considera pertinente, la celebración de una audiencia. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n8.   -              Por resolución de las 8:46 horas del 13 de febrero de 2020, se le dio traslado del proceso a José Luis Sousa Maciel, en calidad de apoderado generalísimo de la sociedad TAJO CHIRRIPÓ S.A.\n\n9.    -              Por escrito agregado a este expediente el 24 de febrero de 2020, la recurrente expuso lo siguiente:\n\n“PRIMERO: Inexacto dado en declaración jurada según oficio de descargo de la Directora M.Sc. Ileana Boschini López de la Dirección de Geología y Minas DGM-RNM0028-2020 del 23 de enero del 2020, páginas cuatro y cinco, en el Punto Décimo Cuarto:\n\nReformas que ha sufrido la Legislación Minera\n\nd.     El 05 de marzo de 2012, la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE emite el Criterio-DAJ-383-2012 del 05 de marzo de 2012, que dispone que ”...La Ley 8246, desde el momento en que entró en vigencia, 28 de junio de 2002, fijó nuevos parámetros para el otorgamiento de plazos en concesiones de cauce de dominio público, y su aplicación es inmediata, por lo que si un concesionario de este tipo de concesión tenia vigente su prórroga se regirá por la legislación vigente, cual es la Ley No. 8246, que es la norma que determina los plazos por ello, es que no existe ninguna lesión por aplicación retroactiva de la ley, menos en materia de concesión de bienes públicos, ya que no existe un derecho subjetivo ni un derecho consolidado a obtener la prórroga...”. Lo anterior implicaba que ya no era aplicable la interpretación de que los plazos de las concesiones en canteras se podían homologar al de los cauces de dominio público (CDP), sino que el plazo aplicable a las concesiones en CDP es de 10 años con una posible prórroga de 5 años, de acuerdo al artículo 36 del Código de Minería.\n\nEl criterio es más amplio ya que omitió concepto de fondo y deforma.\n\ne.             El 28 de febrero de 2019 fue publicada en la Gaceta No. 47 la Ley 9647 del 19 de diciembre del 2018, denominada ”Reforma del primer párrafo del artículo 36 de la Ley No. 6797, Código de Minería, de 4 de octubre de 1982. A través de dicha norma se reforma el artículo 36 del Código de Minarla, estableciendo que el Poder Ejecutivo puede otorgar concesiones de explotación de materiales en cauce de dominio público por un plazo máximo de 10 años, prorrogable de manera sucesiva por períodos de 05 años, hasta completar un máximo de 30 años.\n\nAhora bien, el concesionario del expediente No.30-90 presenta su solicitud de prórroga de la concesión el 12 de noviembre del 2018, un día antes de vencimiento de la concesión; lo cual implica que de acuerdo a la ley, realizó su solicitud en tiempo.\n\nSEGUNDO: Resolución DGM-RNM-0029-2020 del 22 de enero del 2020 dirigido a la Licda. Yency Villalobos Vindas, Directora\n\na.            i. de Asesoría Jurídica.\n\nEs totalmente inaceptable e improcedente la omisión de consulta a la Dirección Jurídica, ya que se le informó de la tramitología el 22 de enero del 2020, mismo día que le responde a la SALA CONSTITUCIONAL. Omitió el artículo 36 del Código Minero donde se aprobaron 4 kilómetros, variaron las coordenadas y los mojones existentes en la Viabilidad Ambiental. La normativa legal indica otra cosa.\n\nSeñores Magistrados, existe una concesión en las mismas condiciones que es el Expediente 144-94, 4 años menor que el expediente 30-90.\n\nEl expediente 144-94 presentó 4 días antes la solicitud de prórroga y le fue denegada.\n\nCon base en lo dicho por la Directora de Geología y Minas en Resolución DGM-RNM0148-2017 del 03 de abril del 2017, página 2, dirigida a la Ltda. Carla Murillo Solano Directora a.i. de la Asesoría Jurídica del MINAE, nuevamente no lleva razón por cuanto en el Punto Primero la letra indica:\n\n“... PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política; artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública No.6227; artículos 1, 36 y 63 del Código de Minería, Ley No. 6797 y sus reformas; artículo 104 del Reglamento del Código de Minería, Decreto Ejecutivo No 29300; se rechaza la solicitud de readecuación o reajuste del plazo de vigencia de la concesión con expediente minero número 144-94, presentado por la representación de la Sociedad Constructora MECO S.A., cédula jurídica número 3-101-035078...”\n\nEn el mismo oficio en cita, página 5, incisos f), g) y h) indican:\n\nf)              Si un concesionario de cauce de dominio público, tenía vigente su concesión al momento de promulgarse la Ley 8246, al vencerse la misma, su posible prórroga se regirá por la legislación vigente, cual es la Ley No. 8246.\n\ng)            En materia de concesiones de dominio público, no existe un derecho subjetivo de los concesionarios a una prórroga obligada, y por tanto, la entrada en vigencia de una norma no altera ilegítimamente los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la normativa anterior.\n\nh)            A efectos de unificar los criterios externados por esta Dirección de Asesoría Jurídica, se modifica cualquier criterio anterior que se oponga al presente. Se deja sin aplicación el criterio de considerar que la anuencia externada por un concesionario para acogerse a la Reglamentación 29300-MINAE del 16 de marzo del 2001 le permite obtener un plazo mayor al dispuesto en el artículo 36 del Código de Minería en materia de cauces de dominio público.\n\nEs menester destacar la importancia donde se aplicaron todas las leyes conexas de la normativa legal en el expediente 144-94, NO así en la concesión del expediente 30-90.\n\nEn el caso específico del expediente 144-94 la Dirección de Geología Minera aplicó todas las legislaciones existentes omitidas en el expediente 30-90, apartándose totalmente de la NORMATIVA LEGAL y demostrando de forma incorrecta un deplorable criterio legal de la Dirección de Geología Minera demostrando intereses difusos y una falta gravísima al ordenamiento jurídico. La omisión a la Sala Constitucional es grave, y más grave aún haber puesto en peligro toda una comunidad durante años por inundaciones y salud pública con antecedentes que la Comisión de Emergencia tiene conocimiento y así al salvaguardar una CONCESIÓN QUE YA CUMPLIÓ SU VIDA ÚTIL.\n\nSeñores Magistrados, queda evidenciada la falta grave de omisión, inexactitud y falsedad emitida por la Dirección de Geología y Minas, habiendo dado a la Sala Constitucional un criterio erróneo más personal que profesional viniendo de una autoridad ambiental como la SETENA. Nos asiste el derecho constitucional por la ley mal aplicada donde comprometieron todas las partes.\n\nPETITORIA:\n\nConforme a lo expuesto:\n\n1  Solicito a su autoridad en carácter urgente un Medida Cautelar a la operación del Tajo Chirripó mientras se resuelve el fondo de mi recurso. 2 Solicito nulidad del acto administrativo.\n\n2  Solicito nulidad del acto administrativo.\n\n3    Solicito la intervención de la Procuraduría de la Ética y abrir un proceso de investigación contra los funcionarios responsables de este acto indebido.\n\n4    Solicito acoger mi recurso y ordenar al Ministerio de Salud su intervención por cuanto esta dependencia dio el Visto Bueno Sanitario de funcionamiento, a la Comisión Nacional de Emergencias y a la Dirección de Aguas su inmediata injerencia en aras de subsanar la emergencia que por años ha sufrido la Zona de Zent en Matina.”\n\n10.   -              Por escrito agregado a este expediente el 24 de febrero de 2020, José Luis Sousa Maciel, quien indicó que es apoderado de Tajo Chirripó S.A., ratificó lo indicado anteriormente por él. Recapituló, además, lo indicado por las autoridades recurridas. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n11.    -              Por escrito agregado a este expediente el 9 de marzo de 2020, la recurrente aportó como prueba copia de la denuncia que ella misma presentó ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el 10 de febrero de 2020, y copia del oficio CNE-UAL-0F-0120-2020, fechado el 4 de marzo de 2020, por medio del cual esa Comisión le da respuesta.\n\n12.       - En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.\n\nRedacta la Magistrada Picado Brenes; y,\n\nConsiderando:\n\nI.         -              Objeto. La recurrente interpuso este amparo contra la decisión del Ministerio de Ambiente y Energía de prorrogar, a finales del año 2019, la concesión minera a la compañía Tajo Chirripó S.A., en el río Chirripó. Considera que esa decisión no se ajusta a las disposiciones legales que rigen la materia y, además, según alega, pone en peligro la vida humana de los pobladores de Matina.\n\n2020,      -              Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) Por resolución R-141-92-MIRENEM del 9 de abril de 1992, se otorgó la Concesión de Extracción de Materiales en Cauce de Dominio Público río Chirripó a favor de Consorcio Constructor los Quebradores de Costa Rica S.A., por un período de cinco años, contados a partir de la aprobación del estudio de impacto ambiental (informe de la Dirección de Geología y Minas). 2) En el año 1996, la denominación social de la compañía se modificó a Tajo Chirripó S.A. (informe de la Dirección de Geología y Minas). 3) Por resolución número 366 del 8 de junio de 1998, la Dirección de Geología y Minas prorrogó la concesión por cinco años más (informe de la Dirección de Geología y Minas). 4) El Poder Ejecutivo, por resolución R-418- 2003-MINAE del 31 de julio de 2003 otorgó una prórroga por cinco años (informe de la Dirección de Geología y Minas). 5) Por medio del oficio número SG-1428- 2003-SETENA del 10 de diciembre del 2003, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó la viabilidad licencia ambiental al proyecto denominado CDP Chirripó, tramitado bajo el expediente administrativo número D1-30-1990. En dicho oficio se indicó: se le comunica al interesado que de conformidad con el Artículo 1 7, 18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el proceso de Evaluación Ambiental, por lo que SE AVALA LA VIABILIDAD AMBIENTAL POR EL PLAZO REMANENTE DE LA CONCESIÓN OTORGADA AL PROYECTO CDO RÍO CHIRRIPÓ, continuando con el seguimiento y monitoreo como parte de la etapa de Gestión Ambiental ... ” (informe de SETENA). 6) Una vez que un proyecto haya iniciado obras no necesaria la solicitud ni el otorgamiento de prórrogas para la vigencia de la Viabilidad Ambiental, toda vez que cuando un proyecto inicia con las obras para las cuales gestionó la Evaluación Ambiental y que se aprobaron por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la vigencia de esa Viabilidad Licencia Ambiental permanece (informe de SETENA). 7) En el año 2008, el Poder Ejecutivo por resolución R-CC-241-2008-MINAE del 19 de mayo de 2008, readecuó el plazo de vigencia de la concesión por diez años y establece como fecha de vencimiento el 13 de noviembre de 2018 (informe de la Dirección de Geología y Minas). 8) La Dirección de Agua procedió a realizar un estudio técnico para definir los márgenes del cauce de ese río a lo largo de la sección longitudinal comprendida entre los puntos con coordenadas planas en proyección CRTM05 latitud 1103500 longitud 574500 y latitud 1106000 longitud 577100, según oficio DGM-T0P313-2015 del 27 de agosto del 2015. El estudio técnico fue realizado por el ingeniero Leonel Sanabria Méndez, funcionario de la Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Agua. El estudio consiste en una caracterización del cauce del río, asignándole el número de oficio DA-UHCAR0C-0101-2018 del 15 de marzo de 2018, notificado a la Dirección de Geología y Minas el 4 de abril de 2018 (informe de la Dirección de Agua). 9) El 12 de noviembre de 2018, la sociedad concesionaria solicita prórroga de la vigencia del plazo de la concesión (informe de la Dirección de Geología y Minas). 10) El 8 de agosto de 2019, la Dirección de Geología y Minas, por resolución 517-2019 se el previno al concesionario recortar el área indicada (aproximadamente en un 18%), por un traslape con el territorio indígena Bajo Chirripó y aportar un nuevo amojonamiento.(informe de la Dirección de Geología y Minas). 11) Mediante memorándum DGM-T0P-0-250-2019 del 06 de setiembre de 2019, el Departamento de Topografía se pronuncia respecto al plano topográfico aportado por el concesionario, como parte del procedimiento de solicitud de prórroga de la concesión, indicando lo siguiente: “Con fecha 4 de septiembre de 2019, en atención a la resolución 517-2019, se aporta plano de la concesión actualizado. El Plano delimita correctamente el área de cauce actual y contempla la protección de los diques desde el vértice 11 al 26. Respecto al área de traslape con la Reserva Indígena Bajo Chirripó, se eliminó el área de traslape según lo solicitado. Por lo tanto, el plano aportado se aprueba y cumple con lo solicitado en resolución 517-2019.” (informe de la Dirección de Geología y Minas). 12) Por resolución número R-0305-2019-MINAE del 27 de noviembre de 2019, el Poder Ejecutivo otorga prórroga del plazo de vigencia de la concesión por cinco años (informe de la Dirección de Geología y Minas). 13) El 22 de enero de 2020, mediante memorándum DGM-CMRHA-004-2020, la Geóloga Coordinadora Minera de la Región Huetar Atlántica del Ministerio de Ambiente y Energía indicó lo siguiente: “(...) La correcta aplicación de la metodología de explotación fomenta una mejor canalización de las aguas (al aumentar la sección hidráulica del cauce, es decir se aumenta la profundidad del lecho del cauce) disminuyendo la sinuosidad del flujo (divagación propia de los ríos en zonas planas) y consecuentemente disminuyendo los procesos de desbordamiento en los sectores intervenidos con la actividad minera (informe de la Dirección de Geología y Minas). 14) El 10 de febrero de 2020, la recurrente presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en relación con la concesión otorgada (copia de la denuncia). 15) El 4 de marzo de 2020, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias respondió a la recurrente por medio del oficio número CNE-UAL-0F-0120-2020, en el que le aclara lo siguiente: “… Al ver el escrito y la documentación presentada por la Sra. Jones se tomó la decisión de mediante oficio CNE-UAL- OF-0083-2020 suscrito por la Licda. Lupita Muñoz Bonilla de la Unidad Legal de la CNE,solicitar criterio técnico a la Unidad de Análisis y Riesgo de esta dependencia, y es mediante oficio CNEUIAR-OF-080-2020 del 20 de febrero suscrito por el Sr. Lidier Esquivel Valverde Jefe de la mencionada Unidad que se indica: “... efectivamente el Río Chirripo, según el mapa de amenazas de la CNE (Adjunto) se encuentra en condición de potencial riesgo por inundaciones en la parte baja. Sin embargo, esta condición es un denominador común para los ríos del Caribe incluso previo a cualquier explotación de material que se está realizando. Esta situación es propia más bien de las condiciones mortolágicas, hídricas y climáticas de esta región del país ...” (La negrita no es del original) (copia del oficio CNE-UAL-0F-0120-2020 aportado por la recurrente).\n\n              III.- Sobre el fondo. De manera muy clara, la recurrente pretende que esta Sala anule la resolución número R-0305-2019-MINAE del 27 de noviembre de 2019, por medio de la cual el Poder Ejecutivo otorga prórroga del plazo de vigencia de la concesión minera otorgada a la compañía Tajo Chirripó S.A. en dicho río. La recurrente ofrece argumento de orden legal, por los que, a su juicio, la prórroga es improcedente. Además, alega que la explotación pone en peligro la vida de los habitantes de Matina. Al respecto, se debe aclarar, en primer término, que este Tribunal no es un contralor de la legalidad de los actos administrativos. Esta tarea es competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, conforme lo preceptúa el artículo 49 de la Constitución Política. En consecuencia, esta Sala conoce lo planteado solo en la medida en que lesione derechos fundamentales, con independencia de si lo cuestionado se ajusta o no al bloque de legalidad. En consecuencia, no procede aquí pronunciarse ni a favor ni en contra de las objeciones de orden legal planteadas.\n\nIV.- De conformidad con lo expuesto, es improcedente determinar en esta sede cuál es la normativa legal aplicable a la solicitud de prórroga planteada por la compañía Tajo Chirripó S.A. en noviembre de 2018. Por esa misma razón, no es competencia de esta Sala determinar cuál era el plazo que tenía la Administración para pronunciarse sobre esa solicitud de prórroga. En cuanto a la consulta a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la Secretaria General de ese ente indico que, por oficio número SG-1428-2003-SETENA del 10 de diciembre del 2003, se otorgó la viabilidad licencia ambiental al proyecto denominado CDP Chirripó, tramitado bajo el expediente administrativo número D1-30-1990. En dicho oficio se indicó: se le comunica al interesado que de conformidad con el Artículo 1 7, 18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el proceso de Evaluación Ambiental, por lo que SE AVALA LA VIABILIDAD AMBIENTAL POR EL PLAZO REMANENTE DE LA CONCESIÓN OTORGADA AL PROYECTO CDO RÍO CHIRRIPÓ, continuando con el seguimiento y monitoreo como parte de la etapa de Gestión Ambiental ... ” La misma Secretaria General explicó lo siguiente: “Una vez que un proyecto haya iniciado obras no necesaria la solicitud ni el otorgamiento de prórrogas para la vigencia de la Viabilidad Ambiental, toda vez que cuando un proyecto inicia con las obras para las cuales gestionó la Evaluación Ambiental y que se aprobaron por parte de esta Secretaria, la vigencia de esa Viabilidad Licencia Ambiental permanece”. De igual forma, el Director de Agua también aclaró cuál fue la intervención de esa Dirección, que no presentó ninguna objeción. De igual forma, no es competencia de este Tribunal revisar el cumplimiento de otros requisitos legales aludidos por la recurrente o bien si la solicitud de prórroga se analizó con los mismos parámetros que otras solicitudes.\n\n              V.- En cuanto a que con la prórroga se amplío el área concesionada y se traslapa a una reserva indígena, sí resulta relevante para este Tribunal. Sin embargo, se demostró que, al contrario de lo alegado, la concesionaria debió reducir, en aproximadamente un 18% el área concesionada con el fin de que no se diera tal traslape.\n\n              VI.- Finalmente, la recurrente alegó que la explotación pone en peligro, por inundaciones, a la comunidad de Matina. Este es el aspecto de mayor relevancia para este Tribunal, puesto que si, en efecto, se demuestra que la explotación genera un riesgo para la vida humana, esta Sala puede intervenir, independientemente de las objeciones legales. Sin embargo, no hay prueba para sustentar este argumento de la recurrente. Al contrario, la Geóloga Coordinadora Minera de la Región Huetar Atlántica del Ministerio de Ambiente y Energía, mediante memorándum DGM-CMRHA-004-2020 del 22 de enero de 2020 claramente indicó lo siguiente: “(...) La correcta aplicación de la metodología de explotación fomenta una mejor canalización de las aguas (al aumentar la sección hidráulica del cauce, es decir se aumenta la profundidad del lecho del cauce) disminuyendo la sinuosidad del flujo (divagación propia de los ríos en zonas planas) y consecuentemente disminuyendo los procesos de desbordamiento en los sectores intervenidos con la actividad minera. En el mismo sentido se pronunció la Unidad de Análisis y Riesgo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. En efecto, ante la denuncia planteada por la misma recurrente, la Comisión solicitó informe al Jefe de dicha unidad quien respondió lo siguiente: efectivamente el Río Chirripo, según el mapa de amenazas de la CNE (Adjunto) se encuentra en condición de potencial riesgo por inundaciones en la parte baja. Sin embargo, esta condición es un denominador común para los ríos del Caribe incluso previo a cualquier explotación de material que se está realizando. Esta situación es propia más bien de las condiciones mortolágicas, hídricas y climáticas de esta región del país ...” Es muy claro que no hay una relación de causa efecto entre la explotación y las inundaciones. No hay, en consecuencia, en este expediente, prueba que sustente la objeción la recurrente.\n\nEn suma, esta Sala conoce lo planteado solo en la medida en que se lesionen derechos fundamentales. Las objeciones de orden legal sobre la procedencia o no de la prórroga otorgada se deben plantear en la vía administrativa y, eventualmente ordinaria. De igual forma, se pueden interponer las denuncias respectivas contra los funcionarios, si hay razones para considerar que actuaron indebidamente. En lo que a esta Sala concierne, no hay razón para estimar el recurso, puesto que no hay prueba que demuestre que la prórroga otorgada ponga en riesgo la vida humana. Por ende, se debe desestimar el recurso.\n\nVII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.\n\n1.   El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual -caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.\n\n2.   Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación -predominantemente legislativa y reglamentaria- trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.\n\n3.   En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que - ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.\n\n4.    Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.\n\n5.    Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley 0rgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley 0rgánica.\n\n6.    Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que -entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-\n\n7.      En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.\n\n8.     En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios, que requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto.\n\nVIII.         - Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que entra a valorar el fondo de este asunto, con base en las siguientes razones:\n\nLa protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de\n\n4    de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad -administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nIX.          - Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López salva el voto conforme a lo indicado en el considerando VII de esta resolución. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nPaul Rueda L.                                                                                                  Nancy Hernández L.\n\n \n\nLuis Fdo. Salazar A.                                                                                    Jorge Araya G.\n\n \n\nAnamari Garro V.                                                                                                  Ana María Picado B.\n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 01:04:17.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Constitutional Chamber**\n\n**Resolution No. 06676 - 2020**\n\n**Date of Resolution:** April 3, 2020 at 09:20\n**Case File:** 20-000164-0007-CO\n**Drafted by:** Ana María Picado Brenes\n**Type of Matter:** Amparo Appeal\n**Constitutional Review:** Dismissal Judgment\n**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n**Judgment with Dissenting Vote**\n**Judgment with Separate Opinion**\n\n**Relevance Indicators**\n**Relevant Judgment**\n\n**Content of Interest:**\n**Type of content:** Majority vote\n**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS\n**Topic:** ENVIRONMENT\n**Subtopics:**\nCONCESSION.\nENVIRONMENT. THE EXTENSION OF THE MINING CONCESSION TO THE COMPANY TAJO CHIRRIPÓ S.A. IS CHALLENGED. IT IS DECLARED WITHOUT MERIT, AS IT IS A MATTER THAT MUST BE RESOLVED IN ORDINARY PROCEEDINGS.\n\"(…) In summary, this Chamber hears what is raised only insofar as fundamental rights are violated. Objections of a legal nature regarding the appropriateness or not of the granted extension must be raised through administrative channels and, eventually, ordinary channels. Likewise, the respective complaints may be filed against the officials, if there are reasons to consider that they acted improperly. As far as this Chamber is concerned, there is no reason to uphold the appeal, since there is no evidence demonstrating that the granted extension puts human life at risk. Therefore, the appeal must be dismissed. (…) VCG04/2020\n\n... See more\n**Content of Interest:**\n**Type of content:** Dissenting vote\n**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS\n**Topic:** ENVIRONMENT\n**Subtopics:**\nCONCESSION.\nVII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR VIOLATION OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.\n1. The historical context that at the time motivated the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone a considerable variation which requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a very broad production of legal and regulatory provisions that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed upon the Chamber a role of protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.\n2. Today, we find ourselves facing a \"dense network\" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with oversight and control powers over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and the ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. Within these, in accordance with the importance of environmental law, procedural channels and inclusive standing mechanisms have been widely regulated so that individuals can enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.\n3. In this context, it is not appropriate legally, nor from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse still—substitute for, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interprets and enforces legal and regulatory norms, risking an overlap of its competences with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect because the design of its processes is poorly suited to the complexity present in numerous environmental conflicts composed of technically and legally complex series of facts and acts. Regarding both issues, there are known examples in which the Chamber has delivered a half-hearted or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and an impact on legal certainty have been generated.\n4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence enforcement judges to allow for adequate follow-up of these—generally complex—rulings, which sometimes involve following up on remedial plans, among other things, with inter-institutional coordination and monitoring for months and even years.\n5. From this perspective, the decision to take a step aside in environmental matters by this Court should not be seen as an abandonment of the environmental subject matter, but rather, as its adequate protection in the instance best suited to the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as this instance's declination of its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the ambit assigned to it, as well as an exercise of establishing its own competence, as set forth in Article 7 of its Organic Law.\n6. It is clear that the Chamber does not propose to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that although any claim for violation of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional level, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is therefore about ensuring that the Chamber becomes a protagonist together with others, in such a way that—among all and each in their own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and division of powers, this last principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.-\n7. In line with the above, I maintain that this Chamber must refrain from hearing the claims presented to it for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, in order to leave their hearing in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed as a general rule, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases which, in my opinion, would still be better protected by this Chamber and therefore should be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enunciation being considered a closed and definitive list, I may point out that the Chamber must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also place the health of individuals at direct risk, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations to the environment and in which a clear absence of protection by state authorities is verified, provided that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also believe that amparo should not be \"ordinary-ized\" to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately addressed within it.\n8. In the specific case, in accordance with the proven facts, none of the exceptions mentioned are present, and the situation raised is located within those cases in which the intervention of the protection means of the Administration and ordinary justice prove to be a broader and more complete avenue for the discussed issue, which involves a discussion on advantages and disadvantages and an assessment of benefits, requiring abundant evidence, follow-ups, and studies that exceed the scope of amparo. Thus, Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction should have been applied and the appeal flatly rejected; however, having not occurred as such, it is now appropriate to declare the filed amparo without merit.\n\nVCG07/2020\n\n... See more\n**Content of Interest:**\n**Type of content:** Dissenting vote\n**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS\n**Topic:** ENVIRONMENT\n**Subtopics:**\nCONCESSION.\nVIII. - Different reasons of Magistrate Salazar Alvarado. With due respect, I dissent from the majority vote that proceeds to evaluate the merits of this matter, based on the following reasons:\n\nThe protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Environmental Law, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate the control of constitutionality from the control of legality. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, by means of amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and that directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be raised and discussed through the legality channel. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard through the legality channel—administrative or jurisdictional—where, with much greater breadth, the non-compliances or omissions accused may be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its competences, and processes a procedure, issuing administrative acts, its hearing becomes alien to the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its correct assessment, a full cognizance process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of current legal or regulatory norms, or with the gathering of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or review of the criteria already on file in the administrative case file. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary full cognizance process, which would denaturalize it and render nugatory the purposes for which it has been designed, thereby losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its hearing and oversight corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality channel. Consequently, this appeal should have been flatly rejected, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved through the legality channel. However, since it was not done so, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised because it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform or not, in substance, to the provisions of the legal system of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nVCG07/2020\n\n... See more\n**Text of the resolution**\n\n**Case File:** 20-000164-0007-CO\n**Res. No.** 2020006676\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours and twenty minutes on April third, two thousand twenty.\n\nAmparo appeal filed by **Belinda de los Ángeles Jones Serrano**, identity card number 1 0561 0963, against the **Ministry of Environment and Energy**.\n\n**Whereas:**\n\n- By writing added to this Chamber on January 7, 2020, the petitioner alleged, in summary, the following: in February 2019, through Law Number 9647, the Legislative Assembly reformed Article 36 of the Mining Code, Law Number 6797. She indicates that the concession for the extraction of materials in the channel of the Chirripó River (administrative case file number 30-90), was granted on March 17, 1993 and remained in force until November 13, 2018, accumulating an activity of\n\n2018 years. She adds that, regarding the concession of public domain assets, there is no subjective right of concessionaires to a mandatory extension and, therefore, the entry into force of the rule does not illegitimately alter acquired rights or consolidated legal situations under the protection of the previous regulations. She details that concession number 30-90 expired on November 13, 2018 and the extension request was filed on November 12, 2018; meanwhile, Law Number 9647 was published on February 28, 2019. She points out that in the writing where the concession extension was requested, a request for validation of the extension of the environmental viability (viabilidad ambiental) was omitted, and neither did the authorities foresee it in their inquiries prior to processing the extension request. She maintains that the Directorate of Geology and Mines had three and a half months, after the concession expired, to resolve the extension request; however, it was not until Law Number 9647 entered into force that the cited directorate proceeded to hear the matter. That is, that directorate failed to apply the law in force and did not follow due process, such that it heard and approved the extension when the deadline according to Article 66 of the Mining Code had already expired. Additionally, she argues that the case file does not contain the consultation to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), as provided by Article 19 of the Organic Environmental Law, nor does it contain the consultation to the Plenary Commission (Comisión Plenaria) which is mandatory according to current regulations, and an updated land-use permit (uso de suelo) is not located in the case file. She alleges, in relation to resolution number 0638-2019 of November 5, 2019, that there is no explanation for that body to have issued a ruling more than a year after the concession expired. She asserts that the conditions of the Chirripó River do not allow for its continued exploitation. She considers that the absence of a consultation to SETENA renders null and void the resolution that extended the concession period; furthermore, no document in the case file sets forth the criterion of the Directorate of Water (Dirección de Agua). She adds that the Directorate of Geology and Mines expanded the concession area upriver, modifying the original existing coordinates; in addition to this, she maintains that the concession's operation aggravates the social and economic stability of Limón, puts the safety of persons at risk, and also aggravates the flooding problem in Matina. She concludes that given the concession lacks environmental viability (viabilidad ambiental), the challenged extension must be annulled. Consequently, she requests the following:\n\n \"1. I request your authority to annul the administrative act and compel the Ministry of Environment, Energy and Mines to comply with and abide by the current guidelines of the Mining Code and its reforms in force through its environmental departments, which are the ones who by law should have enforced them.\n\n 2. I urgently request an intervention by your authority: the environmental viability (viabilidad ambiental) is out of context and, due to its age, null and void.\n\n 3. I request that an investigation process be opened against the officials who intervened in the processing of case file 30-90.\n\n 4. I request the Secretariat [SETENA] to certify the updating of environmental guarantees.\n\n 5. I request that the Environmental Auditor present the respective report on the procedure.\n\n 6. I request your authority to exercise the constitutional rights regarding the right to life and family stability for the residents of Matina and Limón, since the State committed a serious error of form and substance.\n\n 7. I respectfully request opening a Directing Body (Órgano Director) to assess the nullity of the administrative act by SETENA, Resolution R-0305-2019-Minae, or failing that, annul everything that has been done and enforce due process, respecting the current legal regulations, with a precautionary measure to halt activities related to the exploitation of the Chirripó River in Case File 30-90.\n\n 8. I request the ministerial authorities to issue directives and apply disciplinary sanctions to correct such acts that compromise public function as established in the Political Constitution (The Office of the Attorney General of the Republic has referred to this in various resolutions).\n\n 9. I request consulting the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias, CNE) to better provide a report demonstrating the impact that this concession has had, which for more than 26 years has caused irreparable damages, and they are granting this company more area to exploit upriver (since downriver they plundered it to the point that there are areas that are more than 3 meters deep).\n\n 10. I request consulting the Municipality of Matina regarding the economic resources invested in the populations of Matina that flood as a consequence of the Chirripó River. Part of the state and municipal resources have been obligatorily invested for the protection of the citizens of Matina. At this moment, the construction of a dike is pending to mitigate the floods and somehow the relocation of the river channel and achieve its natural transit. This will be palliative work as long as the river exploitation continues, given the existence of a concession for more than 26 years that in itself is more than expired. The most sensible thing is to protect the human being and apply what is appropriate in this concession. The background speaks for itself. It suffices to see the history of emergencies in Matina to make a sound decision once and for all to close it.\n\n 11. I request that the Red Cross present a report of the latest events handled as a consequence of the floods in Matina caused by the Chirripó River.\n\n 12. I request that the Directorate of Geology and Mines present a mapping of the concession areas granted over the 26 years and a mapping of the new areas that the expansion of the concession area will impact, including the environmental viability (viabilidad ambiental), which to date has not undergone any modification in the last 26 years, being unauthorized under the new decrees.\n\n 13. I request the technical criterion of the Environmental Technical Secretariat [SETENA], which was not consulted to issue its criterion.\n\n 14. I request the technical criterion of the SETENA Plenary Commission, which was not consulted to resolve the extension of Resolution R-0305-2019-MINAE, Case File 30-90.\n\n 15. I request the technical criterion of the Directorate of Water [Dirección de Aguas]-Minae.\n\n 16. I request the technical criterion of the National Institute for Transparency in Agricultural Technology, Department of Technical Services (INTA).\n\n 17. I request the right to property, which is inviolable.\n\n 18. I request the right to health, which is inviolable.\n\n 19. I request the right to security, which is inviolable.\n\n 20. I request the right to free transit, which is inviolable.\"\n\n2. - By a resolution issued at 5:52 p.m. on January 14, 2020, the proceedings were admitted, which was notified to the respondent authorities on January 20, 2020.\n\n3. - By writing added to this case file on January 22, 2020, Cynthia Barzuna Gutiérrez, general secretary of SETENA, rendered the report. She indicated the following:\n\n\"Regarding the alleged facts:\n\nIt is reported that the project called CDP Chirripó, processed under administrative case file No. D1-30-1990 through official communication No. SG-1428-2003-SETENA of December 10, 2003, which is on file at folio 63 of the case file, was granted the Environmental License Viability [Viabilidad Licencia Ambiental]. Said official communication stated:\n\n'the interested party is informed that in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Organic Environmental Law, the Environmental Assessment Process has been completed, and therefore THE ENVIRONMENTAL VIABILITY [VIABILIDAD AMBIENTAL] IS ENDORSED FOR THE REMAINING PERIOD OF THE CONCESSION GRANTED TO THE CDO RIO CHIRRIPÓ PROJECT, continuing with the monitoring and follow-up as part of the Environmental Management stage...'\n\nIt is important to bear in mind that extensions of the validity of the Environmental License Viability are granted prior to a project developer being able to begin works. In accordance with the provisions of Article 258 of the General Law of Public Administration, therefore, once a project has begun works, it is not appropriate nor necessary to request or grant extensions for the validity of the Environmental Viability [Viabilidad Ambiental], since, as already explained, when a project begins the works for which it managed the Environmental Assessment and which were approved by this Secretariat, the validity of that Environmental License Viability remains.\n\nThus, in the case of the project called CDP Chirripó:\n\nThe petitioner is incorrect in indicating that '...the concession extension omitted to require a validation of the extension of the environmental viability (viabilidad ambiental)...', since the matter of granting extensions to mining concessions is not within the competence of SETENA, and it is not necessary in the instant case for an extension of the validity of the Environmental License Viability to have been requested before this Secretariat, given that it [the project] has already begun works.\n\nIt is also clarified that Article 19 of the Organic Environmental Law indicates that the resolutions of SETENA shall be founded and reasoned. They shall be binding both for individuals and for public entities and bodies, but it does not establish any obligation for the institution in charge of mining concessions by Law to carry out a prior consultation with SETENA before granting mining concessions or extensions thereof. It is reiterated that the matter of granting concessions or extensions thereof is not within the competence of SETENA, and therefore it is not appropriate for this Secretariat to refer to them.\"\n\nShe requests that the allegations against that Secretariat be rejected, as she considers there are no acts that have a direct relationship with SETENA, and that the appeal be declared without merit.\n\n4. - By writing added to this case file on January 23, 2020, Ileana María Boschini López, director of the Directorate of Geology and Mines of the Ministry of Environment and Energy, rendered the report. Firstly, she set forth the background of case file number 30-90. She explained that by resolution R-141-92-MIRENEM of April 9, 1992, the Concession for the Extraction of Materials in a Public Domain Channel [Concesión de Extracción de Materiales en Cauce de Dominio Público] of the Chirripó River was granted in favor of Consorcio Constructor los Quebradores de Costa Rica S.A., for a period of five years, counting from the approval of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental). The corporate name of the concessionaire was modified, in the year 1996, to Tajo Chirripó S.A. By resolution number 366 of June 8, 1998, the Directorate of Geology and Mines extended the concession for five more years. Subsequently, the Executive Branch, by resolution R-418-2003-MINAE of July 31, 2003, granted a five-year extension. In the year 2008, the Executive Branch, by resolution R-CC-241-2008-MINAE of May 19, 2008, readjusts the\n\nvalidity period of the concession to ten years and establishes November 13, 2018, as the expiration date. On November 12, 2018, the concessionaire company requests an extension of the validity period of the concession. On December 19, 2018, by Law Number 9647, the first paragraph of Article 36 of Law Number 6797, Mining Code, of October 4, 1982, is reformed in the following terms:\n\n\"SINGLE ARTICLE- The first paragraph of Article 36 of Law No. 6797, Mining Code, of October 4, 1982, is reformed, and a transitory provision is added. The texts are as follows:\n\nArticle 36- The Executive Branch may grant exploitation concessions for materials in public domain channels for a maximum period of ten years, successively extendable for periods of up to five years, up to a maximum of thirty years, a period that includes the closure stage of the concession.\n\nThe foregoing, provided that the river conditions allow it, according to the criterion of the Directorate of Geology and Mines (DGM) and that the concessionaire has complied with its obligations during the validity period of the concession. To request the extension, the concessionaire must keep the environmental viability (viabilidad ambiental) current. The procedure and requirements shall be established in the regulation of this law. The period shall be computed from the registration of the title in the National Mining Registry.\n\n[ … ]\n\nSINGLE TRANSITORY PROVISION- All those public domain channel concessions, granted prior to the approval of the present law and that are in force, may process the respective extension, provided they conform to current regulations and have the environmental viability (viabilidad ambiental) for the new concession period.\n\nIt becomes effective upon its publication.\"\n\nAn opposition from Karol Dayana Sibaja Vargas was filed against the request, which was rejected by resolution number 0638-2019 of November 5, 2019. Subsequently, by resolution number R-0305-2019-MINAE of November 27, 2019, the Executive Branch grants an extension of the validity period of the concession for five years. Regarding the facts alleged in the appeal, the director of the Directorate of Geology and Mines indicated the following:\n\n\"II. Report on the allegations of the appeal:\n\nThe analysis of each of the petitioner's allegations follows, organized by topic; it should be noted that the analysis is not conducted according to the 'POINTS' of her writing, as they contain ideas reiterated in each one.\n\nFIRST: Regarding the regulations applicable to the request for extension of a concession in a public domain channel:\n\nThis section will clarify matters concerning the regulations in force and applicable to any request for extension of a concession period in a public domain channel (cauce de dominio público, CDP). It should be clarified that although the petitioner indicates that the concession has enjoyed a period of 26 years, this is not correct; what Concession No. 30-90 has enjoyed is a period of 25 years, as indicated in the Whereas Clauses Three, and Six to Eight.\n\ni. Reforms undergone by mining legislation:\n\nIn item b. of POINT 2, the petitioner recounts the reforms the Mining Code has undergone, which are irrelevant to the case. However, she indicates that: '... its possible EXTENSION [of Concession No. 30-90] SHALL BE GOVERNED BY THE LEGISLATION IN FORCE, concluding that this case file expired on November 13, 2018, in accordance with the binding criterion of the Directorate of Legal Counsel (Dirección de Asesoría Jurídica) of the Ministry of Environment and Energy.\n\nThe legislation that was applied to readjust the term to the 20 years they enjoyed WAS REPEALED BY SUPREMACY OF LAW ONE YEAR LATER, so it is not possible to continue applying the 2001 AMENDMENT...\".\n\nIn this regard, a series of clarifications must be made, as there is great confusion in regulatory interpretation on the part of the appellant. To do so, we will briefly explain the evolution that the current Mining Code has undergone:\n\na. On March 16, 1993, Executive Decree Number 21910-MIRENEM, called \"Special Regulation governing the Extraction of Materials in Public Domain Watercourses,\" came into effect, which established, in its article 25, that the term of concessions in public domain watercourses was 5 years, with the possibility of a 5-year extension.\n\nb. On March 16, 2001, Executive Decree No. 29300-MINAE, called \"Regulation to the Mining Code,\" was published in Gazette No. 54; which provided in Transitional Provision II that, for permits and concessions already granted, this Directorate will notify the holders and grant a period of up to 3 months for them to state their agreement or not to be covered by the new regulations. The terms of concessions in quarries were made equivalent to those in public domain watercourses, changing to 25 years, extendable by 10 years.\n\nc. On June 28, 2002, Law No. 8246 of April 24, 2002, was published in Gazette No. 124, consisting of an amendment to the Mining Code, which introduces Title V, governing concessions in public domain watercourses (previously governed by Executive Decree No. 21910-MIRENEM and by Executive Decree No. 29300-MINAE). Article 36 provides that, henceforth, concessions for the exploitation of materials in public domain watercourses will be granted for a term of up to 10 years, extendable by up to 5 years.\n\nd. On March 05, 2012, the Legal Advisory Directorate of MINAE issued Opinion DAJ-383-2012 of March 05, 2012, which provides that \"...Law 8246, from the moment it came into effect, June 28, 2002, set new parameters for granting terms in public domain watercourse concessions, and its application is immediate, so if a concessionaire of this type of concession had their concession in force at the time of enacting this Law, upon its expiration, its possible extension will be governed by the legislation in force, which is Law No. 8246, which is the rule that determines the terms; therefore, there is no injury due to retroactive application of the law, even less in matters of public domain asset concessions, since there is no subjective right or consolidated right to obtain the extension...\". The foregoing implied that the interpretation that the terms of concessions in quarries could be made equivalent to those of public domain watercourses (CDP) was no longer applicable, but rather the term applicable to concessions in CDP is 10 years with a possible 5-year extension, in accordance with article 36 of the Mining Code.\n\ne. On February 28, 2019, Law No. 9647 of December 19, 2018, called \"Reform of the first paragraph of article 36 of Law No. 6797, Mining Code, of October 4, 19822,\" was published in Gazette No. 47. Through said rule, article 36 of the Mining Code is amended, establishing that the Executive Branch may grant concessions for the exploitation of materials in public domain watercourses for a maximum term of 10 years, successively extendable for periods of up to 05 years, up to a maximum of 30 years.\n\nNow, the concessionaire of file No. 30-90 submits their application for extension of the concession on November 12, 2018, one day before the expiration of the concession; which implies that according to the law, they submitted their application on time.\n\nii. Errors of interpretation by the appellant regarding the applicable regulations:\n\nThe serious error of interpretation regarding the facts and their legal implications can be summarized as follows:\n\na. The application for the extension of the concession in question had to be governed by the legislation in force.\n\nIndeed, the application for extension of the concession in question, its corresponding analysis and resolution must be governed by the legislation in force, as it indeed was. On November 12, 2019, the concessionaire requests an extension of the concession term; the review and analysis process took place in the following months: the concessionaire provides the Convenience Study for the State and other requirements; by memorandum DGM-CMRHA-040-2019 of June 24, 2019, clarifications are requested (folio 29 of the digital file); by memorandum DGM-TOP-O-250-2019 of September 06, 2019, the Topography Department issues its opinion regarding the updated concession plan, approving it (folio 36 of the digital file).\n\nFinally, by memorandum DGM-CMRHA-061-2019 of August 9, 2019, the Coordinating Mining Geologist of the Huetar Atlántica Region issues her opinion on the Convenience Study for the State, approving it.\n\nOn the other hand, on February 28, 2019, Law No. 9647 of December 19, 2018, which reforms the terms applicable to concessions in CDP, was published in Gazette No. 47. Having fulfilled the technical and legal requirements to opt for an extension of the validity term, this Directorate issues the recommendation to the Executive Branch by memorandum DGM-RNM-0464-2019 of November 07, 2019.\n\nThe legislation in force at the time of analysis and the recommendation of extension to the Executive Branch was Law No. 9647, according to which, the concessionaire could still opt for one last 5-year extension. Therefore, said allegation is unfounded, as it contradicts the reality of the procedure contained in the file.\n\nb. The term of the concession expired on November 13, 2018, and in accordance with Opinion DAJ-383-2012 of March 05, 2012, of the Legal Advisory Directorate of MINAE, the legislation that this DGM applied to readjust the term to the 20 years they enjoyed was repealed by supremacy of law one year later; so it is not possible to continue applying the 2001 amendment.\n\nSaid allegation is confusing, as it reflects the appellant's errors of interpretation in many aspects. The referenced opinion DAJ-383-2012 actually orders this Directorate to immediately apply Law 8246, so that if a CDP concessionaire requested an extension of the concession term, its possible extension had to be governed by the legislation in force at that time (Law No. 8246); regardless of whether it was granted under previous legislation that contemplated longer terms.\n\nRegarding that \"... The legislation that this DGM applied to readjust the term to the 20 years they enjoyed was repealed by supremacy of law one year later; so it is not possible to continue applying the 2001 amendment...\", this statement is not well understood; however, it is noted that through resolution R-CC-241-2008-MINAE at 07 hours 19 minutes on May 21, 2008, the Executive Branch readjusts the validity term of the concession by 10 years, establishing the expiration date as November 13, 2018 (at that time Opinion DAJ-383-2012 had not been issued). That is, that readjustment was granted at the time following the entry into force of Executive Decree No. 29300-MINAE of March 16, 2001; where the terms of concessions in quarries were made equivalent to those in public domain watercourses, changing to 25 years, extendable by 10 years. This does not mean, in any way, that said legislation—the referenced decree of 2001—is currently being applied, as that would be completely unfounded and illegal; rather, what has been applied is the current rule, Law No. 9647.\n\nAnother point on which the appellant insists is that \"... in matters of public domain asset concessions, there is no subjective right of the concessionaires to a mandatory extension and, therefore, the entry into force of the rule does not illegitimately alter acquired rights or legal situations consolidated under the protection of the previous regulations...\".\n\nThe appellant refers to the fact that there is no subjective right of concessionaires to a mandatory extension (indeed, it would only proceed if they meet the technical and legal requirements); as well as alluding to the constitutional principle of non-retroactivity of the law. However, both points are extraneous to the other allegations of the appeal and do not support their position in any way.\n\niii. Implications of Law No. 9647: Amendment to article 36 of the Mining Code:\n\nAnother allegation contained in \"POINT 3\" is the following:\n\n\"...The Directorate of Geology and Mines had THREE AND A HALF MONTHS AFTER THE CONCESSION EXPIRED, sufficient time for... to process its approval or its rejection and not wait for Law 9647 to achieve firmness applying its reforms as stipulated by the aforementioned Law... it did not apply what corresponds in law, it did not follow due process by approving the extension when the term had expired according to the legal regulations in article 66 of the Mining Code...\".\n\nThe concessionaire submits their application for extension of the concession term on time, on November 12, 2018 (one day before the expiration of the concession), so clearly at the time this Directorate issues the respective extension recommendation to the Executive Branch, after strict compliance with legal procedures, the concession term had already expired. The foregoing does not entail nullity in any way, as suggested by the appellant; what corresponds is that the concessionaire, once their term expired, immediately suspend the work, as occurred in this case.\n\nNow, at this point it is pertinent to allude to Law No. 9647. Article 36 of the Mining Code has undergone an amendment through Law No. 9647 of December 19, 2018, establishing that the Executive Branch may grant concessions for the exploitation of materials in public domain watercourses for a maximum term of 10 years, successively extendable for periods of up to 05 years, up to a maximum of 30 years.\n\nFor its part, the Sole Transitory Provision of Law No. 9647 provides the following:\n\n\"SOLE TRANSITORY PROVISION- All those public domain watercourse concessions, granted prior to the approval of this law and that are in force, may process the respective extension, provided they comply with the current regulations and have environmental viability (viabilidad ambiental) for the new concession period.\"\n\nThat is, said transitory provision offers the possibility to those concessionaires whose mining right was granted prior to the approval of this law, to process the respective extension, provided they comply with the corresponding regulations, and that the concession is in force at the time of requesting the term extension. The foregoing harmonizes with the possibility offered by the legal system, in specific cases, to retroactively apply a law for the benefit of the administered party when there are acquired rights.\n\nIn any case, this Directorate could not apply a rule that was repealed, as the petitioner intends in the case in question, but rather must apply the regulations in force, heeding the provisions set forth in the transitory provisions. The foregoing reasoning applies generally to concessions in CDP granted prior to the approval of Law No. 9647; it is not referring solely to the case in question. It is clear that each particular case entails a technical-legal analysis to verify its appropriateness.\n\nLikewise, note that the cited Transitory Provision is directed at the concessionaires (not the Administration), whose mining title was granted prior to the approval of the law; enabling them to process the term extension, as long as they comply with the current regulations and other requirements, and said extension application is submitted while the concession is in force. As indicated, the extension application was filed within the legal term, which is why the analysis of their application proceeds to verify its appropriateness.\n\nIt can be inferred from the appellant's allegations that they have misinterpreted the text of the alluded Transitory Provision, by considering that it is the Administration who must process the respective extension while the concessions are in force, when it is a possibility that said Transitory Provision grants to the holders of CDP concessions granted prior to the effectiveness of Law No. 9647, as long as they are in force, since the rule is aimed specifically at the concessionaires.\n\nTherefore, what the appellant states is neither reasonable nor logical, since: 1. This Directorate did apply the Law in force at the time of issuing the concession extension recommendation, 2. Due process was followed, the file was analyzed in detail, and it was verified that the concessionaire had fulfilled all technical and legal requirements, 3. It was materially impossible to know and resolve the extension application while it was in force, since the application was filed on time (November 12, 2018), and its expiration occurred one day later, i.e., November 13, 2018; the appellant intends that the extension application be approved or rejected in one day, when the law does not even provide for this; rather, the requirement that every concessionaire must fulfill is to request the extension while their concession is still in force.\n\nFinally, the appellant alludes that this Directorate did not follow due process by hearing and approving the extension when the term had already expired according to article 66 of the Mining Code. It is worth noting that the legal basis for their allegations is number 66 of the Mining Code; regrettably, it demonstrates a lack of knowledge in Mining Law matters, since that rule refers specifically to exploitation permits, not to mining concessions, and regulates the procedure to follow in case of non-compliance by permit holders with the obligations set forth in the Mining Code and its Regulation, which has nothing to do with the object of the amparo appeal (recurso de amparo) at hand.\n\nSECOND: Regarding the environmental requirements for concession No. 30-90\n\nThis section will extensively demonstrate compliance with environmental requirements prior to granting the extension of concession No. 30-90.\n\ni. Regarding the \"validation\" and consultation with SETENA and the Plenary Commission sought by the appellant:\n\nThe appellant alleges in POINT 3, second paragraph, the following:\n\n\"... The application document... [for extension] omitted to request a validation of the extension of the environmental viability (viabilidad ambiental) and the authorities also did not foresee it in their inquiries before processing the extension application...\".\n\nThe appellant argues that the concessionaire must request a \"validation of the extension of the environmental viability\" and that given said omission, this Directorate must have required it of the concessionaire; however, it is clear that what the appellant seeks is unfounded, as that figure or legal procedure does not exist: that requirement is not set forth in any Law, be it the Mining Code and its Regulation, the SETENA legislation, or another regulatory body. It is not possible for this Directorate to require a prerequisite that is not found in the law, as it is subject to the principle of legality, that is, this Mining Administration acts subject to the legal system and can only perform those acts that said system authorizes. In addition, in accordance with the provisions of Law No. 8220, \"Law for the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures,\" it would be unacceptable to require a prerequisite not contemplated in the law, and even worse, one that would considerably delay the process.\n\nIt is worth noting that the Organic Law of the Environment and \"General Regulation on Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) Procedures\" No. 31849 of May 24, 2004, do not provide that environmental impact studies approved several years ago must undergo updates, validations, expansions, etc.; nor be approved again by SETENA. Therefore, requiring what the appellant seeks would be an action without any legal basis.\n\nOther allegations contained in \"POINT 3\" are the following:\n\n\"... The file does not contain the consultation with the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, as indicated in article 19 of Law 7554: Organic Law of the Environment...\"\n\n\"... The file DOES NOT CONTAIN the Consultation with the Plenary Commission, which is also mandatory according to current legal regulations...\".\n\nIt is worth noting that this \"consultation\" the appellant alludes to does not exist in the law either; it is not part of the requirements set forth in the Mining Code and its Regulation, in the SETENA legislation, nor in the aforementioned Organic Law of the Environment. We reiterate what was stated above, that it is not possible to impose an additional requirement within any procedure that is not provided for in the Law, in accordance with the provisions of Law No. 8220, \"Law for the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures.\"\n\nThis claim by the appellant to add a requirement not contemplated in the Law would cause serious detriment to the significant effort, dedication of resources, and progress that this Directorate has made in participating in the \"Single Investment Window Project\" (Ventanilla Única de Inversión, VUI) led by PROCOMER and with the support of the Ministry of Economy, Industry and Commerce (MEIC). Said project promotes and improves the efficiency of the public sector, and provides transparency to processes through adequate inter-institutional coordination of the public administration; it seeks to identify and improve critical procedures that impact the country's competitiveness, and implement awareness and training processes for the officials involved in the different procedures. All of this goes hand in hand with the Simplification of Procedures and elimination of those not set forth in the law.\n\nFor this reason, what the appellant seeks is inadmissible; each institution has its functions given by law and there should be no interference or duplication of competencies, since in the concessions granted, this Directorate carries out Mining Control, and SETENA carries out Environmental Management and Monitoring (Gestión y Seguimiento Ambiental).\n\nii. Environmental Management and Monitoring Stage: jurisdiction of SETENA\n\nJust as it is the DGM's competence to carry out mining control of concessions, in order to verify full compliance with the Exploitation Project and all technical standards and guidelines; it is the competence of SETENA to carry out monitoring tasks, in accordance with the provisions of number 46.2 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures:\n\n\"... Activities, works, or projects that are in operation or have an approved EIA will be subject, in accordance with the provisions of the Organic Law of the Environment and this regulation, to an environmental control and monitoring process in the terms established in this regulation...\".\n\nThis implies that it is the competence of SETENA to carry out environmental control and monitoring of any activity that may alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste; such as requiring an environmental manager (responsable ambiental), an environmental logbook (bitácora ambiental), environmental reports, inspections, audits, or others. It is also empowered to order the suspension of activities if it finds any element that may undermine the environmental balance.\n\nIndeed, as part of this environmental monitoring and control, SETENA issues official communication SG1428-2003-SETENA of September 10, 2003 (transcribed below), in which that Body indicates that it would continue with monitoring and follow-up as part of the Environmental Management Stage, as corresponds to its competencies.\n\niii. Compliance with environmental requirements of concession No. 30-90:\n\nBelow we can recapitulate some of the most relevant administrative acts or compliance with environmental requirements:\n\n1) By resolution No. 337 at 08 hours 36 minutes on October 07, 1992, this Directorate communicates that, by memorandum SEC-258-92, the Environmental Impact Study is approved (folio 99 and 100, attached copy), by the Governmental Commission for the Evaluation and Control of Environmental Impact Studies, in session CGC-ElA-112 of September 7, 1992.\n\nIt is worth noting that at that time SETENA did not exist. (Folios 99 and 100)\n\n2) By memorandum DGM-SA-054-96, this Directorate communicates to SETENA an inspection report for the purpose of: \"... verifying if the exploitation work is carried out in accordance with the technical studies presented to the DGM and the EIA, specifically evaluating the actions implemented in the area subject to exploitation...\"; recommending: \"... to the Director of Geology and Mines, to increase the environmental recovery guarantee (garantía de recuperación ambiental) from 160,000 colones to one million colones, for the period 96-97...\". (Folios 194 to 196)\n\n3) By official communication SG-1428-2003-Setena of September 10, 2003:\n\n(attached communication)\n\n\"... In relation to the information presented to this Secretariat, - SWORN DECLARATION OF ENVIRONMENTAL COMMITMENTS, APPOINTMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGER AND ENVIRONMENTAL LOGBOOK, dated August 22, 2003 and (sic) September 2003, which was requested by Official Communication SG-1341-2003 (ASA), dated August 14, 2003; I am pleased to inform you that, once the information provided to SETENA was reviewed, it was determined that it COMPLIES with what was required by this Secretariat.\n\nTherefore, the interested party is informed that, in accordance with Articles 17, 18 and 19 of the Organic Law of the Environment, the Environmental Assessment process has been completed, whereby ENVIRONMENTAL VIABILITY IS ENDORSED FOR THE REMAINING TERM OF THE CONCESSION GRANTED TO THE CDP RÍO CHIRRIPÓ PROJECT, continuing with the monitoring and follow-up as part of the Environmental Management Stage...\". (Emphasis added)\n\n4) Sworn Declaration made before a Notary Public that the administrative file in SETENA is in force and up to date; which in the relevant part states: \"... That he declares under the gravity of oath and aware of the responsibility this implies: ... that the Administrative Files number THIRTY-NINETY and THIRTY-THOUSAND NINE HUNDRED NINETY- SETENA are in force and up to date with the environmental commitments and with all acquired obligations, both in the DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS and in the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL respectively...\". That is, with said sworn declaration made before a notary that its file in SETENA is up to date with its environmental commitments, the requirement concerning Environmental Viability is considered fulfilled. (Folios 2496 to 2502, underlining added, attached copy)\n\n5) By document filed on May 23, 2019, the concessionaire demonstrated that the amount of the Environmental Guarantee (Garantía Ambiental) is valid until June 09, 2020 (folio 19 of the digital file).\n\n2018, Certification SETENA-SG-1738-2019 of November 06, 2019, issued by SETENA, which forms part of the file of said Body, certifies the status of the file in question; and in the penultimate paragraph indicates that: \"... There is evidence that the concession is expired, an application for a convenience study to opt for the extension of the validity term of the concession with mining file 30-90 is in process, unresolved as of today...\n\n6) By memorandum DGM-RNM-0012-2020 of January 17, 2020, this Directorate informs SETENA that \"... by resolution No. R-0305-2019-MINAE at 07 hours 30 minutes on November 27, 2019, the Executive Branch grants an extension of the term of concession No. 30-90, in favor of the company TAJO CHIRRIPÓ SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID number 3101-086468; located in the Matina district, Matina canton of the Province of Limón. The foregoing, for the purpose that the Body under your worthy charge continues with the monitoring and follow-up functions of the mining activity, as part of the Environmental Management and Monitoring Stage...\". It is worth emphasizing that said communication was made on January 17, 2020, before the notification of the Amparo Appeal at hand.\n\nWith the foregoing, the allegations of the appellant are disproven, where they indicate that the file lacks the environmental requirements, it being demonstrated that such requirements were fully met by the concessionaire.\n\nIt is worth alluding to the Sworn Declaration made before a Notary Public of being up to date and in force with the environmental commitments before SETENA, which is part of the requirements for any application for extension of the validity term, and which in this case the concessionaire fully complied with. It should be added that the concessionaire also demonstrated that the amount of the Environmental Guarantee is valid until June 09, 2020 (folio 19 of the digital file, attached copy).\n\nLikewise, the transcribed content of certification SETENA-SG-1738-2019 of November 06, 2019, issued by SETENA, implies without a doubt that SETENA has been aware of the extension procedure, so that apart from being unfounded, it would have been unnecessary to make the \"consultation\" with the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Plenary Commission (as the appellant intends); since SETENA already had knowledge of said procedure and if it had required something, it would undoubtedly have advised the Developer and communicated the pertinent information to this Directorate, in order to suspend the extension procedure, if applicable. (Attached copy of said resolution)\n\nIn any case, we reiterate that by official communication DGM-RNM-0012-2020, this Directorate informs SETENA of the granting of the term extension by the Executive Branch, for the purpose of continuing with the monitoring and follow-up functions of the mining activity in the environmental field; the foregoing days before the notification of this amparo appeal to MINAE. This communication has been made starting this year 2020, with the files granted or extended in the present month of January.\n\nWith the foregoing, the arguments of the appellant are disproven, since the environmental viability of the concession is in force and up to date.\n\nTHIRD: Regarding the requirement for INTA approval\n\nWe continue with another allegation from \"POINT 3,\" which is the following:\n\n\"The file does not contain the UPDATED LAND USE (USO DE SUELO), it does not state if the existing LAND USE given 26 years ago for Concession 30-90 is in force or, failing that, if it is indicated whether it is lawful within the current legal regulations...\".\n\nIn this regard, it is worth noting that in accordance with numbers 25 of the Mining Code and 24 of its Regulation, approval of the Conforming Land Use Study (Estudio de Uso Conforme del Suelo) by the National Institute for Innovation and Transfer in Agricultural Technology (INTA) is a requirement; but said requirement applies only for \"... applications for exploration permits or exploitation concessions, except for public domain watercourses...\" (article 24 of the Regulation to the Mining Code). That is, the rule is clear in indicating that said requirement does not apply to concession applications in public domain watercourses; therefore, said allegation is unfounded.\n\nFOURTH: Regarding the resolution time of the application for extension of the term of concession No. 30-90\n\nThe appellant states the following: \"... It is inadmissible if the concession expired on November 13, 2018, and a ruling was issued ONE YEAR AND DAYS LATER, taking into account that Law 9647 became effective on February 28, 2019. Three months and fifteen days were more than enough to grant a conditional extension or, failing that, to annul the act since the useful life of the river for exploitation ended 26 years ago. THE CONDITIONS OF THE RIVER DO NOT ALLOW IT, therefore compliance with the provisions of article 66 of the Mining Code must be met. A change of criteria not contemplated in the original file is evident...\".\n\nIn this regard, it is worth noting that on November 12, 2018, the concessionaire requests an extension of the concession term, and shortly thereafter, the amendment to article 36 of the Mining Code through Law No. 9647 of December 19, 2018, came into effect. In that period of time, the concessionaire provides the Convenience Study for the State and other requirements, and by memorandum DGM-CMRHA-040-2019 of June 24, 2019, the Coordinating Mining Geologist of the Huetar: Atlántica Region issues her opinion on the Convenience Study for the State, requesting clarifications (folio 29 of the digital file). Then, by memorandum DGM-TOP-0-250-2019 of September 06, 2019, the Topography Department issues its opinion regarding the updated concession plan, approving it (folio 36 of the digital file). Finally, by memorandum DGM-CMRHA-061-2019 of August 09, 2019, the Coordinating Mining Geologist of the Huetar Atlántica Region issues her opinion on the Convenience Study for the State, approving it.\n\nFinally, through DGMRNM-0464-2019 of November 7, 2019, this Directorate issues the recommendation to grant the extension of the validity period of the concession to the Executive Branch.\n\nThe foregoing is a very summarized account of the procedure in the technical area that must be carried out following a request for extension of a concession, but it also entails an exhaustive legal analysis in order to verify whether that request meets all legal requirements. It should be noted that file No. 30-90 consists of approximately 2800 folios, which must be reviewed by the legal advisor of the Registro Nacional Minero.\n\nIn any case, it causes confusion that she alleges \"delay\" in resolving the extension request, if what she seeks is the \"nullity\" of the concession; these appear to be contradictory arguments.\n\nRegarding her claim that the extension was granted conditionally, the Procuraduría General de la República has already ruled on the prohibition of doing so. As for the fact that river conditions do not permit it, that is an aspect that will be analyzed later, but this honorable Chamber must see that the appellant does not provide any technical study issued by a competent professional to support what is stated. Likewise, she bases her petition on numeral 66 of the Código Minero, which has nothing to do with her arguments,\n\nFIFTH: Regarding the modification of coordinates of the concession\n\narea\n\nContinuing with the analysis of the arguments contained in \"POINT 5\":\n\n\"... the DGM expanded the concession area upriver, therefore the original coordinates already existing in file 30-90 were changed...\".\n\nIn this regard, it is pertinent to refer to memorandum No. DGM-CMRHA-040-2019 of June 24, 2019, signed by the Coordinating Mining Geologist of the Huetar Atlántica Region, through which she rules on the \"Convenience Study for the State for the Extension of the Term of File No. 30-90\". In said report, this official does not approve the boundary-marking (amojonamiento) proposal, and also indicates that: \"...According to the topographic survey provided in the Convenience Study and the location of the current polygon of concession No. 30-90 in the Catastro Nacional Minero, it is observed that the southern sector of the concession (approximately 18% of the total area) is overlapping with the Bajo Chirripó Indigenous Territory. Therefore, I request to submit the corresponding authorization or carry out the reduction of the overlapped area...\". (Folio 29 of the digital file)\n\nThat is to say, as part of the analysis of the request for extension of the validity period, the Coordinating Mining Geologist of this Directorate detects in the Convenience Study for the State that there is an overlap with the indicated indigenous territory. For this reason, it is through resolution No. 517-2019 at 9:00 a.m. on August 8, 2019 (provided by the appellant as evidence) that the concessionaire is warned to cut back the indicated area and provide a new boundary-marking (amojonamiento). (Folios 29 and 31 of the digital file)\n\nIn that sense, it is reiterated that through memorandum DGM-TOP-O-250-2019 of September 6, 2019, the Topography Department rules on the Topographic plan provided by the concessionaire, as part of the procedure for requesting the extension of the concession, indicating the following: (Folio 36 of the digital file)\n\n\"As of September 4, 2019, in response to resolution 517-2019, an updated concession plan is provided.\nThe Plan correctly delimits the current channel area and contemplates the protection of the dikes from vertex 11 to 26.\nRegarding the overlap area with the Bajo Chirripó Indigenous Reserve, the overlap area was eliminated as requested.\n-Therefore, the plan provided is approved and complies with what was requested in resolution 5172019.\"\n\nLikewise, through memorandum DGM-CMRHA-004-2020 of January 22, 2020, signed by the Coordinating Mining Geologist of the Huetar Atlántica Region, she issues a ruling within the scope of her competencies on the amparo appeal in question. In point 3 of said document, she states the following: (Folio 61 of the digital file)\n\n\"...The concession area was evaluated through official communication DGM-CMRHA-040-2019 of June 24, 2019, where the concessionaire is warned that the southern sector of the concession (approximately 18% of the total area) is overlapping with the Bajo Chirripó Indigenous Territory, consequently, a modification of the total area is requested, reducing the initially granted concession area towards the southern sector (upriver from the concession).\nThis generates a modification of the limits or boundary markers (mojones) of the concession, but an environmental evaluation is not necessary since the modification is contained within the initial area evaluated by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental...\"\n\nThat is to say, it is not true that this Directorate expanded the concession area upriver, quite the opposite, the concession area was cut back by 18%, so that the overlap with the Bajo Chirripó Indigenous Territory was corrected, prior to granting the extension of the term of the concession in question. It is also false that there are new coordinates that are not contemplated in the environmental impact study (estudio de impacto ambiental), since as was extensively indicated, the area that was at one time granted in concession by the Executive Branch was reduced, which results in these arguments lacking reasonableness. Consequently, the appellant's argument is improper and unfounded.\n\nSIXTH: Regarding the ruling of the Dirección de Agua\n\nContinuing with another of the arguments set forth in \"POINT 5\":\n\nThe appellant reiterates that in concession No. 30-90 there is no ruling from the Dirección de Agua, which is incorrect, as will be seen.\n\nIt should be noted that at the time of the request for the concession in question, the Dirección de Agua had not yet been created. From its creation in 1942 until 1996, the Departamento de Aguas was a dependency of the Servicio Nacional de Electricidad; it was only later that the Departamento de Aguas was transferred to this Ministry, today the Dirección de Agua.\n\nRegarding the claim that there is no criterion from the Dirección de Agua, it is false. As indicated in the First Resultando, through official communication No. 078-SAC-91 of September 11, 1991, the Surveyor of this Directorate requests that the Departamento de Aguas of the Servicio Nacional de Electricidad rule on the request for a concession for the exploitation of materials in a public-domain channel under file No. 30-90, (Folios 30 and 31, attached official communication)\n\nSubsequently, through official communication No. 1438-DA-91 of September 11, 1991, the Departamento de Aguas of the Servicio Nacional de Electricidad provides a response, indicating that after the corresponding study and according to what is stated in report NO78-SAC-91, there is no objection to granting the requested permit.\n(Folio 29, attached official communication)\n\nIt is important to indicate that through official communication DA-UHCAROC-0101-2018 of March 15, 2018, the Dirección de Agua issued a technical report regarding what was requested by this Directorate through resolution No. 1169 on the definition of the margins of the Chirripó river channel. This demonstrates the continuous inter-institutional commitment between the different dependencies of MINAE to supervise, monitor, carry out studies, and issue the necessary reports within the scope of their competencies. (Folios 2335 to 2341)\n\nSEVENTH: Regarding the alleged \"over-exploitation\" of the Chirripó River, alleged generation of flooding processes in Matina as a result of the concession\n\nContinuing with the point in question, the appellant states that the State has spent millions of colones in public funds on dikes and on safeguarding the safety of the inhabitants of Matina due to the floods caused by the Chirripó River. The truth is that this expression, without proof or foundation, is completely false, as will be seen.\n\nThe appellant insists in POINT 7 that \"...It is more than known that the river overflows, leaving the province of Limón cut off for weeks: Route 32 floods to the point that the province's economy is paralyzed...\".\n\nIn this regard, through memorandum DGM-CMRHA-004-2020 of January 22, 2020, the Coordinating Mining Geologist of the Huetar Atlántica Region rules on the allegations of the amparo appeal within her competence; indicating the following:\n\n\"... 1. Conditions of the concession area No. 30-90.\nThe concession area under mining file No. 30-90 has an approximate extension of 191.6 ha, which corresponds to 4000 linear meters in the channel (approx.), its hydraulic sections extend between 100 meters and 500 meters (channel width), this characterizes it as one of the main collectors of the South Caribbean slope.\nThis project is located in an area called alluvial plain, which corresponds to areas that present relatively flat topographies and low elevation (between 3 and 22 meters above sea level) relative to sea level. In these areas, rivers have little slope, high sinuosity (meandering behavior), and tend to deposit fine sediments (silts — clays) which waterproof the soil. High precipitation added to the topographic elevations of the area promote rivers being prone to overflow with greater regularity, so floods in the area historically are very frequent.\nThis is evidenced in the Hazard and Natural Threats Map of the canton of Matina from the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, where all sections of the rivers located at the level of the alluvial plain present an area demarcated with potential for flooding, making it clear that the potential is associated with the height or topographic elevation through which the flow runs, historically making the sectors adjacent to the channel vulnerable.\nOn the other hand, mining extraction processes in public-domain channels seek the sustainable use of material banks that are accumulated in the internal parts of the channel, as well as those that develop towards the margins. The correct application of the exploitation methodology promotes better channeling of the waters (by increasing the hydraulic section of the channel, that is, the depth of the channel bed is increased) decreasing the sinuosity of the flow (wandering typical of rivers in flat areas) and consequently decreasing the overflow processes in the sectors intervened with mining activity.\nAs observed in figure No. 1, the project is located in a flat topographic zone very close to the topographic change towards the upper part (mountain range). When the Chirripó River confluences with the Barbilla, the Matina River is formed, which flows into the Caribbean Sea. As observed on the topographic map, the rivers are sinuous in the topographically low parts.\n[...]\nTherefore, from a technical point of view it is not valid to affirm that the extraction of materials in the Mining File No. 30-90 project has influenced the generation of flooding processes in the Matina region; on the contrary, the extraction methodology developed by the concessionaire company of file No. 30-90 has been in accordance with what is established in the Código de Minería and the recommendations of the Comisión Nacional de Emergencias, focused on carrying out a correct laminar extraction of the banks resulting from recharge, conserving the natural slope of the flow, and keeping the river in a well-defined channel. Furthermore, the scale of work of mining projects is micro, it is limited to few longitudinal extensions in the rivers and concentrates on the extraction of the solid component, which has no relation to the flow quantity (liquid component) or precipitation that may affect a specific geographical area...\".\n\nAs is evidenced, there are sufficient technical studies that refute each of the appellant's allegations, who makes assertions without any technical support. Following the recommendations of the CNE, the concessionaire has carried out a correct laminar extraction of the banks resulting from recharge, conserved the natural slope of the flow, and maintained a well-defined channel. Therefore, the allegations concerning that the mining activity of concession No. 30-90 causes floods are false and unfounded.\n\nThe appellant also alleges in POINT 6 that as a result of the mining activity \"...they plundered the river downstream to the point that they were forced to move the operation upstream, aggravating in the short term the already existing situation with the floods...\".\nSaid argument is completely unfounded; because in accordance with the aforementioned memorandum DGMCMRHA-004-2020 of January 22, 2020, the reality is that:\n\"... 2. Material capacity According to the reserve update carried out in 2018, a volume of 3,756,818.62 m3 of static reserves of material present in the concession is estimated (alluvial banks of sand and stone contained in the concessioned river section). On the other hand, according to the annual recharge capacity from flood processes (drag potential), it is estimated that an average of 1,830,000.00 m3 of material can arrive in the channel annually.\nTherefore, for a granting period of 5 years and considering only 30% of the material product of recharge (conservative figure), the assigned extraction rate of 4000 m3/day (104000 m3/month) fully complies with the material capacity that the Chirripó River carries. So, from a technical point of view, the extraction of material in the Chirripó River is viable according to the assigned extraction rate...\".\nWith the foregoing, the transcribed allegations are completely distorted.\n\nAnother point that draws attention is that the appellant asserts that the operation aggravates the social and economic stability of Limón, and endangers people's safety. Quite the opposite, said activity generates socio-economic development without a doubt, as stated by the Mining Coordinator in the repeatedly cited memorandum:\nThe concessionaire company Tajo Chirripó employs on average 90 people in the development of its commercial activity, the highest percentage being employees who reside in the province of Limón, specifically in the town of Zent (belonging to the district of Carrandí - Matina) where the project is located.\nWhen performing an analysis of the entire population of the district of Carrandí (approximately 13455 people) with respect to the total workforce (approximately 7387 people), the concessionaire company employs 1.2% of the total inhabitants of working age in Carrandí (Source: Demographic statistics. 2011 — 2025. National projections - INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos). Therefore, the project constitutes a direct source of diversified employment in a region where occupations are limited and mostly concentrated in agro-industry.\nThus, it is the criterion of this Directorate that the appellant is not right in any of her allegations, since she does not provide evidence to support her affirmations; likewise, each and every one of them has been successfully refuted with reliable proof\".\nHe requests that the appeal be declared without merit.\n\n5. - By brief added to this file on January 23, 2020, José Miguel Zeledón Calderón, director of the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía, submitted the report. He indicated in summary that, for the renewal request of the concession for the extraction of materials from the Chirripó river channel, Dirección de Geología y Minas file number 30-90, no hearing has been received by the Dirección de Agua. He added that the Dirección de Agua proceeded to carry out a technical study to define the margins of the channel of that river along the longitudinal section comprised between the points with flat coordinates in CRTM05 projection latitude 1103500 longitude 574500 and latitude 1106000 longitude 577100, according to official communication DGM-TOP313-2015 of August 27, 2015. The technical study was carried out by engineer Leonel Sanabria Méndez, an official of the Caribbean Hydrological Unit of the Dirección de Agua. The study consists of a characterization of the river channel, assigning it official communication number DA-UHCAROC-0101-2018 of March 15, 2018, notified to the Dirección de Geología y Minas on April 4, 2018. He requests that the appeal be declared without merit, as the Dirección de Agua acted in adherence to the principle of legality, as well as for having carried out the technical study on the characterization of the river channel in compliance with its competencies.\n\n6. - By brief added to this file on January 23, 2020, Haydée Rodríguez Romero, Acting Minister of Ambiente y Energía, submitted the report on the facts alleged by the appellant in the same terms as the Dirección de Geología y Minas, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the Dirección de Agua. She also requests that the appeal be declared without merit.\n\n7. - By brief added to this file on February 3, 2020, José Luis Sousa Maciel, who indicated he is the legal representative of Tajo Chirripó S.A., appeared in this amparo. He requests that said company be considered a party. He considers that the appellant's approach seems directed at an administrative process and not at an amparo appeal. Regarding her allegations, he explained in detail why, in his opinion, the appellant is not right concerning the extension of the term. He considers it reckless to affirm that the Dirección de Geología y Minas did not resolve on time, but rather waited for the law to be reformed, as it is usual that, due to the workload, it takes several months to analyze the requests. Regarding environmental viability (viabilidad ambiental), he alleged that it has maintained its validity since it was granted to date and due follow-up has been given. The environmental guarantee must be renewed annually and has been in force. The appointment of the environmental regent or responsible person, which SETENA certifies, has also been in force. Likewise, he added that the appellant is unaware that regarding public-domain channels, the study of land-use conformity (estudio de uso conforme del suelo) is not requested. On the other hand, it is not true that the Dirección de Agua was not consulted, as it is recorded in the file that consultations have indeed been made. He also gave an account of the inspections to which the concessionaire has been subjected, by different geologists, which demonstrate the positive impact that the mining activity has generated. On the other hand, he alleged that it is not true that the concession area had been extended. He also alleged that it is not true that the concession aggravates the social and economic stability of Limón and endangers the population of Matina. The convenience study for the State (estudio de conveniencia para el Estado) shows the economic and social benefit for the area. In this regard, he detailed the social outreach activities in which the company has participated. He added that, knowing the volume of file number 30-90 and its content (many technical-geological reports), he requests, if deemed pertinent, the holding of a hearing. He requests that the appeal be declared without merit.\n\n8. - By resolution at 8:46 a.m. on February 13, 2020, the proceeding was transferred to José Luis Sousa Maciel, in his capacity as general attorney-in-fact of the company TAJO CHIRRIPÓ S.A.\n\n9. - By brief added to this file on February 24, 2020, the appellant stated the following:\n\"FIRST: Inaccuracy given in sworn statement according to the discharge official communication from the Director M.Sc. Ileana Boschini López of the Dirección de Geología y Minas DGM-RNM0028-2020 of January 23, 2020, pages four and five, in Point Fourteenth:\nReforms that the Mining Legislation has undergone\nd. On March 5, 2012, the Legal Advisory Directorate of MINAE issued Criterio-DAJ-383-2012 of March 5, 2012, which states that \"...Ley 8246, from the moment it entered into force, on June 28, 2002, set new parameters for the granting of terms in public-domain channel concessions, and its application is immediate, so if a concessionaire of this type of concession had its extension in force, it will be governed by the current legislation, which is Law No. 8246, which is the norm that determines the terms; therefore, there is no injury due to retroactive application of the law, especially in matters of public goods concessions, since there is no subjective right or consolidated right to obtain the extension...\". The above implied that the interpretation that the terms of concessions in quarries could be homologated to those of public-domain channels (CDP) was no longer applicable, but rather the term applicable to concessions in CDP is 10 years with a possible extension of 5 years, according to Article 36 of the Código de Minería.\nThe criterion is broader as it omitted the substantive concept and is distorted.\ne. On February 28, 2019, Law 9647 of December 19, 2018, called \"Reform of the first paragraph of Article 36 of Law No. 6797, Código de Minería, of October 4, 1982\" was published in Gazette No. 47. Through this norm, Article 36 of the Código de Minería is reformed, establishing that the Executive Branch may grant concessions for the exploitation of materials in public-domain channels for a maximum term of 10 years, successively extendable for periods of 05 years, up to a maximum of 30 years.\nNow, the concessionaire of file No.30-90 submits its request for extension of the concession on November 12, 2018, one day before the expiration of the concession; which implies that according to the law, it made its request on time.\nSECOND: Resolution DGM-RNM-0029-2020 of January 22, 2020 addressed to Licda. Yency Villalobos Vindas, Director\na. i. of Legal Advisory.\nThe omission of consultation to the Legal Directorate is totally unacceptable and improper, since she was informed of the processing on January 22, 2020, the same day she responds to the SALA CONSTITUCIONAL. She omitted Article 36 of the Código Minero where 4 kilometers were approved, the coordinates and the boundary-markers (mojones) existing in the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) were varied. The legal regulations indicate otherwise.\nHonorable Magistrates, there is a concession under the same conditions which is File 144-94, 4 years younger than file 30-90.\nFile 144-94 submitted the extension request 4 days prior and it was denied.\nBased on what was stated by the Director of Geología y Minas in Resolution DGM-RNM0148-2017 of April 3, 2017, page 2, addressed to Licda. Carla Murillo Solano Acting Director of the Legal Advisory of MINAE, she is again not right because in Point One, the letter indicates:\n\"... FIRST: That in accordance with Article 11 of the Constitución Política; Article 11 of the Ley General de la Administración Pública No.6227; Articles 1, 36 and 63 of the Código de Minería, Law No. 6797 and its reforms; Article 104 of the Reglamento del Código de Minería, Decreto Ejecutivo No 29300; the request for readjustment or readjustment of the validity period of the concession under mining file number 144-94, submitted by the representation of Sociedad Constructora MECO S.A., legal identification number 3-101-035078, is rejected...\"\nIn the same official communication cited, page 5, subsections f), g), and h) indicate:\nf) If a public-domain channel concessionaire had its concession in force at the time Law 8246 was enacted, upon its expiration, its possible extension will be governed by the current legislation, which is Law No. 8246.\ng) In matters of public-domain concessions, there is no subjective right of the concessionaires to a mandatory extension, and therefore, the entry into force of a norm does not illegitimately alter acquired rights or consolidated legal situations under the previous regulations.\nh) For the purpose of unifying the criteria expressed by this Legal Advisory Directorate, any previous criterion that opposes the present one is modified. The criterion of considering that the consent given by a concessionaire to accept Regulation 29300-MINAE of March 16, 2001 allows them to obtain a term greater than that provided in Article 36 of the Código de Minería regarding public-domain channels is set aside without application.\nIt is necessary to highlight the importance where all related laws of the legal framework were applied in file 144-94, NOT so in the concession of file 30-90.\nIn the specific case of file 144-94, the Dirección de Geología Minera applied all existing legislations omitted in file 30-90, departing completely from the LEGAL FRAMEWORK and incorrectly demonstrating a deplorable legal criterion from the Dirección de Geología Minera, showing diffuse interests and a very serious breach of the legal system. The omission to the Sala Constitucional is serious, and even more serious having endangered an entire community for years due to floods and public health with precedents that the Comisión de Emergencia is aware of, and thus safeguarding a CONCESSION THAT HAS ALREADY FULFILLED ITS USEFUL LIFE.\nHonorable Magistrates, the serious fault of omission, inaccuracy, and falsity issued by the Dirección de Geología y Minas is evidenced, having given the Sala Constitucional an erroneous criterion, more personal than professional, coming from an environmental authority such as SETENA. We are assisted by constitutional right due to the law poorly applied where all parties compromised.\nPETITION:\nIn accordance with the foregoing:\n1 I urgently request a Precautionary Measure against the operation of Tajo Chirripó from your authority while the merits of my appeal are resolved. 2 I request nullity of the administrative act.\n2 I request nullity of the administrative act.\n3 I request the intervention of the Procuraduría de la Ética and to open an investigation process against the officials responsible for this improper act.\n4 I request to grant my appeal and order the Ministerio de Salud to intervene because this dependency gave the Sanitary Approval for operation, the Comisión Nacional de Emergencias and the Dirección de Aguas their immediate intervention in order to remedy the emergency that the Zent Area in Matina has suffered for years.\"\n\n10. - By brief added to this file on February 24, 2020, José Luis Sousa Maciel, who indicated he is the legal representative of Tajo Chirripó S.A., ratified what was previously indicated by him. He also recapitulated what was indicated by the respondent authorities. He requests that the appeal be declared without merit.\n\n11. - By brief added to this file on March 9, 2020, the appellant provided as evidence a copy of the complaint that she herself filed before the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, on February 10, 2020, and a copy of official communication CNE-UAL-OF-0120-2020, dated March 4, 2020, through which that Commission responds to her.\n\n12. - In the processing of the proceeding, legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Picado Brenes; and,\n\nConsidering:\n\nI. - Purpose. The appellant filed this amparo against the decision of the Ministerio de Ambiente y Energía to extend, at the end of 2019, the mining concession to the company Tajo Chirripó S.A., on the Chirripó River. She considers that this decision does not comply with the legal provisions governing the matter and, furthermore, as she alleges, endangers the human life of the inhabitants of Matina.\n\n2020, - Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated: 1) By resolution R-141-92-MIRENEM of April 9, 1992, the Concession for the Extraction of Materials in the Public-Domain Channel of the Chirripó River was granted in favor of Consorcio Constructor los Quebradores de Costa Rica S.A., for a period of five years, starting from the approval of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) (report from the Dirección de Geología y Minas). 2) In 1996, the corporate name of the company was changed to Tajo Chirripó S.A. (report from the Dirección de Geología y Minas). 3) By resolution number 366 of June 8, 1998, the Dirección de Geología y Minas extended the concession for five more years (report from the Dirección de Geología y Minas). 4) The Executive Branch, by resolution R-418-2003-MINAE of July 31, 2003, granted an extension for five years (report from the Dirección de Geología y Minas). 5) Through official communication number SG-1428-2003-SETENA of December 10, 2003, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted the environmental viability (viabilidad) license to the project called CDP Chirripó, processed under administrative file number D1-30-1990. In said official communication, it was indicated: \"the interested party is notified that in accordance with Articles 17, 18 and 19 of the Ley Orgánica del Ambiente, the Environmental Evaluation process has been completed, therefore the ENVIRONMENTAL VIABILITY FOR THE REMAINING TERM OF THE CONCESSION GRANTED TO THE CDO RÍO CHIRRIPÓ PROJECT IS ENDORSED, continuing with the follow-up and monitoring as part of the Environmental Management stage ... \" (report from SETENA).\n\n6) Once a project has begun works, neither the request for nor the granting of extensions for the validity of the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) is necessary, given that when a project commences the works for which it processed the Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) and which were approved by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), the validity of that Environmental License (Licencia Ambiental) Viability remains in effect (report of SETENA). 7) In 2008, the Executive Branch, by resolution R-CC-241-2008-MINAE of May 19, 2008, readjusted the term of validity of the concession for ten years and establishes November 13, 2018 as the expiration date (report of the Directorate of Geology and Mines). 8) The Water Directorate proceeded to carry out a technical study to define the margins of the channel of that river along the longitudinal section comprised between the points with flat coordinates in CRTM05 projection latitude 1103500 longitude 574500 and latitude 1106000 longitude 577100, according to official communication DGM-T0P313-2015 of August 27, 2015. The technical study was conducted by engineer Leonel Sanabria Méndez, an official of the Caribbean Hydrological Unit of the Water Directorate. The study consists of a characterization of the river channel, assigned official communication number DA-UHCAR0C-0101-2018 of March 15, 2018, notified to the Directorate of Geology and Mines on April 4, 2018 (report of the Water Directorate). 9) On November 12, 2018, the concessionaire company requested an extension of the validity period of the concession (report of the Directorate of Geology and Mines). 10) On August 8, 2019, the Directorate of Geology and Mines, by resolution 517-2019, warned the concessionaire to reduce the indicated area (by approximately 18%), due to an overlap with the Bajo Chirripó Indigenous Territory and to provide a new survey and demarcation (amojonamiento) (report of the Directorate of Geology and Mines). 11) By memorandum DGM-T0P-0-250-2019 of September 6, 2019, the Topography Department issued its opinion regarding the topographic plan provided by the concessionaire, as part of the procedure for requesting the extension of the concession, stating the following: “On September 4, 2019, in response to resolution 517-2019, an updated plan of the concession was provided. The Plan correctly delimits the current channel area and includes the protection of the dikes from vertex 11 to 26. Regarding the overlap area with the Bajo Chirripó Indigenous Reserve, the overlap area was eliminated as requested. Therefore, the plan provided is approved and complies with what was requested in resolution 517-2019.” (report of the Directorate of Geology and Mines). 12) By resolution number R-0305-2019-MINAE of November 27, 2019, the Executive Branch granted an extension of the validity term of the concession for five years (report of the Directorate of Geology and Mines). 13) On January 22, 2020, by memorandum DGM-CMRHA-004-2020, the Coordinating Mining Geologist of the Huetar Atlántica Region of the Ministry of Environment and Energy stated the following: “(...) The correct application of the exploitation methodology promotes better channeling of the waters (by increasing the hydraulic section of the channel, that is, increasing the depth of the channel bed) decreasing the sinuosity of the flow (typical meandering of rivers in flat areas) and consequently decreasing the overflow processes in the sectors intervened by the mining activity (report of the Directorate of Geology and Mines). 14) On February 10, 2020, the appellant filed a complaint before the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias) in relation to the concession granted (copy of the complaint). 15) On March 4, 2020, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response responded to the appellant through official communication number CNE-UAL-0F-0120-2020, in which it clarifies the following: “… Upon seeing the writing and documentation presented by Mrs. Jones, the decision was made, by official communication CNE-UAL- OF-0083-2020 signed by Licda. Lupita Muñoz Bonilla of the Legal Unit of the CNE, to request a technical criterion from the Risk Analysis Unit of this agency, and it is by official communication CNEUIAR-OF-080-2020 of February 20 signed by Mr. Lidier Esquivel Valverde, Head of the aforementioned Unit, that it is indicated: ‘... indeed, the Chirripo River, according to the CNE threat map (Attached), is in a condition of potential flood risk in the lower part. However, this condition is a common denominator for the rivers of the Caribbean even prior to any material extraction that is being carried out. This situation is, rather, characteristic of the morphological (mortolágicas), water, and climatic conditions of this region of the country ...’” (The bold is not from the original) (copy of official communication CNE-UAL-0F-0120-2020 provided by the appellant).\n\nIII.- On the merits. Very clearly, the appellant seeks for this Chamber to annul resolution number R-0305-2019-MINAE of November 27, 2019, through which the Executive Branch grants an extension of the validity term of the mining concession granted to the company Tajo Chirripó S.A. in said river. The appellant offers legal arguments, for which, in her judgment, the extension is improper. Furthermore, she alleges that the exploitation endangers the lives of the inhabitants of Matina. In this regard, it must be clarified, in the first place, that this Court is not a controller of the legality of administrative acts. This task is the competence of the contentious-administrative jurisdiction, as prescribed by Article 49 of the Political Constitution. Consequently, this Chamber hears what has been raised only insofar as it harms fundamental rights, regardless of whether what is questioned conforms or not to the legality framework. Consequently, it is not appropriate here to rule either for or against the legal objections raised.\n\nIV.- In accordance with the foregoing, it is improper to determine in this venue which is the legal regulation applicable to the extension request filed by the company Tajo Chirripó S.A. in November 2018. For that same reason, it is not within the competence of this Chamber to determine what the deadline was for the Administration to rule on that extension request. Regarding the consultation with the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), the General Secretary of that entity indicated that, by official communication number SG-1428-2003-SETENA of December 10, 2003, the environmental viability license was granted to the project called CDP Chirripó, processed under administrative file number D1-30-1990. In said official communication, it was indicated: “the interested party is informed that, in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), the Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) process has been completed, therefore ENVIRONMENTAL VIABILITY IS ENDORSED FOR THE REMAINING TERM OF THE CONCESSION GRANTED TO THE CDO RÍO CHIRRIPÓ PROJECT, continuing with the follow-up and monitoring as part of the Environmental Management (Gestión Ambiental) stage ...” The same General Secretary explained the following: “Once a project has begun works, neither the request nor the granting of extensions for the validity of the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) is necessary, given that when a project commences the works for which it processed the Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) and which were approved by this Secretariat, the validity of that Environmental License (Licencia Ambiental) Viability remains in effect.” Likewise, the Water Director also clarified what the intervention of that Directorate was, which did not present any objection. Similarly, it is not within the competence of this Court to review compliance with other legal requirements alluded to by the appellant or whether the extension request was analyzed with the same parameters as other requests.\n\nV.- Regarding the fact that, with the extension, the concessioned area was expanded and overlaps an indigenous reserve, this is indeed relevant for this Court. However, it was demonstrated that, contrary to what was alleged, the concessionaire had to reduce the concessioned area by approximately 18% so that such an overlap would not occur.\n\nVI.- Finally, the appellant alleged that the exploitation endangers the community of Matina by flooding. This is the aspect of greatest relevance for this Court, since if, in effect, it is demonstrated that the exploitation generates a risk to human life, this Chamber may intervene, regardless of the legal objections. However, there is no evidence to support this argument of the appellant. On the contrary, the Coordinating Mining Geologist of the Huetar Atlántica Region of the Ministry of Environment and Energy, by memorandum DGM-CMRHA-004-2020 of January 22, 2020, clearly stated the following: “(...) The correct application of the exploitation methodology promotes better channeling of the waters (by increasing the hydraulic section of the channel, that is, increasing the depth of the channel bed) decreasing the sinuosity of the flow (typical meandering of rivers in flat areas) and consequently decreasing the overflow processes in the sectors intervened by the mining activity.” The Risk Analysis Unit of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response issued an opinion in the same vein. Indeed, given the complaint filed by the same appellant, the Commission requested a report from the Head of that unit, who responded as follows: “indeed, the Chirripo River, according to the CNE threat map (Attached), is in a condition of potential flood risk in the lower part. However, this condition is a common denominator for the rivers of the Caribbean even prior to any material extraction that is being carried out. This situation is, rather, characteristic of the morphological (mortolágicas), water, and climatic conditions of this region of the country ...” It is very clear that there is no cause-and-effect relationship between the exploitation and the floods. Consequently, there is no evidence in this file to support the appellant's objection.\n\nIn sum, this Chamber hears what has been raised only insofar as fundamental rights are harmed. The legal objections regarding the appropriateness or not of the extension granted must be raised in the administrative venue and, eventually, in the ordinary venue. Likewise, the respective complaints against the officials may be filed if there are reasons to consider that they acted improperly. As far as this Chamber is concerned, there is no reason to grant the appeal, since there is no evidence demonstrating that the extension granted puts human life at risk. Therefore, the appeal must be dismissed.\n\nVII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.\n\n1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of people to a healthy and balanced environment, as protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by an extremely broad production of legal and regulatory rules that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed upon the Chamber a leading role, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.\n\n2. Today, we find ourselves facing a “dense framework” of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose incidence on the environment was little or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this growing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily contentious-administrative, but also criminal. In these, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural avenues and inclusive means of standing have been regulated, so that the administered parties can enforce what is established in that broad legal order related to environmental issues.\n\n3. In this context, it is neither legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse still—substitute for the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect because the design of its processes poorly suits the complexity present in numerous environmental conflicts that are composed of series of technically and legally complex facts and acts. Regarding both issues, there are well-known examples in which the Chamber has issued a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and an affectation of legal certainty have been generated.\n\n4. As part of the technical aspects that I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence-execution judges to allow for adequate follow-up of generally complex judgments that sometimes involve the monitoring of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up of months and even years.\n\n5. From that perspective, the decision to step aside in environmental matters by this Court should not be seen as an abandonment of environmental matters, but on the contrary, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law (Ley Orgánica), which from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of setting its own competence, as established by Article 7 of its Organic Law (Ley Orgánica).\n\n6. It is clear that the Chamber does not propose to abandon to other jurisdictions the task of protecting people's rights in environmental matters. It is known that although any claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional realm, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of the Constitution's law. It is, then, about ensuring that the Chamber becomes a protagonist along with others, so that—all together and each in its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where there are also other equally pressing needs can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen loses not an iota of protection, but there is a substantial gain in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.-\n\n7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber must refrain from hearing the claims presented before it for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, in order to leave their adjudication in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is stated in general terms, without prejudice to recognizing the existence of specific cases or groups of cases which, according to my criteria, would still be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enunciation being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve for itself the adjudication of situations such as, for example, claims for environmental violations that also directly endanger people's health, or access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a manifest absence of protection by state authorities is verified, provided that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also consider that the amparo should not be made “ordinary” to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately dealt with within it.\n\n8. In the specific case, in accordance with the proven facts, none of the exceptions mentioned are present, and the situation raised falls within those cases in which the intervention of the protection means of the Administration and ordinary justice proves to be a broader and more complete avenue for the issue discussed, which involves a discussion on advantages and disadvantages and a valuation of benefits, which requires abundant evidence, follow-ups, and studies that exceed the scope of amparo. Thus, Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) should have been applied and the appeal dismissed outright; however, this not having occurred, it is now appropriate to declare the amparo filed without merit.\n\nVIII. - Different reasons of Judge Salazar Alvarado. With due respect, I dissent from the majority vote that proceeds to evaluate the merits of this matter, based on the following reasons:\n\nThe protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is protected not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of\n\n4 October 1995; the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Procedures for Environmental Impact Assessment (EIA) (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA), to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, through the amparo proceeding, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, of easy verification, of certain importance or seriousness, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality venue. Therefore, the simple non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard in the legality venue—administrative or jurisdictional—where, with much greater breadth, the non-compliances or omissions claimed can be scrutinized. It must be kept in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and fast process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its competencies, and processes a procedure, with the issuance of administrative acts, its adjudication becomes alien to the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of administrative actions carried out concerning an environmental matter that requires, for its correct assessment, a plenary proceeding, is only possible in the ordinary jurisdiction, given that the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of current legal or regulatory norms, or with the production of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or review of the criteria already appearing in the administrative file of the case. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary, plenary process, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it has been designed, whereby it would lose its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its adjudication and oversight corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter is the competence of the legality venue. Consequently, this appeal should have been dismissed outright, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality venue. However, as this was not done, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative, to determine whether the administrative actions and conduct accused conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system of legal rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nIX. - Documentation provided to the file. The appellant is warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must withdraw them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on Electronic Files before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore (Por tanto):\n\nThe appeal is declared without merit. Judge Hernández López dissents from the vote as indicated in recital VII of this resolution. Judge Salazar Alvarado gives different reasons.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n \n\nPaul Rueda L. Nancy Hernández L.\n\n \n\nLuis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.\n\n \n\nAnamari Garro V. Ana María Picado B.\n\n \n\nClassification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited.\n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 01:04:17.\n\nSCIJ of the Ministry of Finance (Hacienda)\nSCIJ of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República)" }