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  "id": "nexus-sen-1-0007-970872",
  "citation": "Res. 07261-2020 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Construcción de alcantarillado pluvial y sanitario en Barrio San Juan de Cariari",
  "title_en": "Construction of storm and sanitary sewer in Barrio San Juan, Cariari",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara con lugar un recurso de amparo presentado por una vecina de Cariari de Guápiles contra la Municipalidad de Pococí y el Ministerio de Salud. La recurrente denunció que un zanjo que atraviesa su propiedad y otras viviendas recibe aguas residuales sin tratamiento, provocando inundaciones, malos olores y plagas. A pesar de las denuncias presentadas desde junio de 2019, las autoridades no tomaron medidas concretas hasta que se notificó el recurso. La Sala constata que la inacción municipal lesionó los derechos a un ambiente sano (artículo 50 constitucional) y la obligación de prestar servicios públicos efectivos (artículo 169 constitucional). Ordena a la Municipalidad construir, en doce meses, un tramo de alcantarillado pluvial con punto de desfogue y alcantarillado sanitario en la comunidad. También ordena coordinar con el Área Rectora de Salud para obligar a los vecinos a construir drenajes sanitarios adecuados. El Magistrado Salazar añade una nota separada, señalando que, en principio, estos casos deberían ser rechazados por ser asuntos de legalidad ordinaria, pero admite la excepción cuando hay violación de derechos fundamentales o afectación a grupos vulnerables.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber grants an amparo remedy filed by a resident of Cariari de Guápiles against the Municipality of Pococí and the Ministry of Health. The claimant reported that a ditch crossing her property and neighboring homes receives untreated wastewater, causing flooding, foul odors, and pests. Despite complaints filed since June 2019, the authorities took no concrete action until the amparo was notified. The Chamber finds that the municipal inaction violated the right to a healthy environment (Article 50 of the Constitution) and the obligation to provide effective public services (Article 169). It orders the Municipality to build, within twelve months, a storm sewer segment with an outfall and a sanitary sewer in the community. It also orders coordination with the Health Area to compel residents to build proper sanitary drains. Justice Salazar adds a separate note, stating that in principle such cases should be dismissed as ordinary legality matters, but admits an exception when fundamental rights are violated or vulnerable groups are affected.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "17/04/2020",
  "year": "2020",
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    "water-law",
    "procedural-environmental"
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  "es_concept_hints": [
    "amparo ambiental",
    "artículo 50 constitucional",
    "artículo 169 constitucional",
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    "derecho a un ambiente sano",
    "Servicios públicos municipales"
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    "zanjo",
    "aguas residuales",
    "contaminación ambiental",
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    "Municipalidad de Pococí",
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  "keywords_en": [
    "storm sewer",
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    "environmental pollution",
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    "Municipality of Pococí",
    "Ministry of Health",
    "municipal inaction"
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  "excerpt_es": "V.- EN REFERENCIA AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y SU TUTELA POR MEDIO DE LA FUNCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES. De previo al análisis de fondo de los hechos reclamados en este proceso de amparo, corresponde indicar que, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, los Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico y el desarrollo del ser humano y los pueblos. A partir de esto, se puede señalar un contenido subjetivo y otro objetivo de tales derechos. Así, en cuanto al sentido subjetivo, los derechos prestaciones demandan la actividad general del Estado para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas. Por su parte, el sentido objetivo configura a tales derechos como mínimos vitales que el Estado debe resguardar a favor de las personas. La satisfacción de esas necesidades supone la creación de condiciones necesarias y el compromiso de lograr progresivamente su goce. En el caso del bloque de constitucionalidad costarricense, encontramos tales derechos en el contenido del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el desarrollo, tutela y pleno disfrute de los derechos de cita, resulta de relevancia la función de las Municipalidades y sus órganos -incluyendo los concejos municipales de distrito-, las cuales, a partir del artículo 169 constitucional, se encuentran en la obligación de prestar en forma efectiva los servicios públicos que les han sido encomendados. Así, de aplicación en el caso concreto, tales obligaciones conllevan el efectivo mantenimiento de las vías públicas -caminos, acerás y alcantarillado-, por medio de las cuales se ejercitan y disfrutan otros derechos, tales como la libertad ambulatoria, la salud y el derecho a un ambiente sano.\n\nVI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, del estudio de los autos y a partir del cuadro de hechos probados, se tiene por demostrado que, en efecto, en la localidad en la que se ubica la vivienda de la amparada, a saber, Cariari de Guápiles, 200 oeste y 100 norte del Almacén El Mejor Precio, se presenta un problema con un zanjo que corre por varias propiedades, incluyendo en la que se encuentra la vivienda de la amparada. Esto, debido a que existen tuberías de aguas residuales provenientes de los diferentes inmuebles del lugar, las cuales se depositan directamente en el canal y en vía pública, sin tratamiento alguno y expidiendo malos olores. Estas condiciones conllevan problemas de contaminación ambiental, por lo que la recurrente interpuso denuncias ante la Municipalidad de Pococí y el Área Rectora de Salud de Pococí, en fechas 26 de junio y 3 de setiembre de 2019, respectivamente. (...) No obstante, a la fecha de interposición de este recurso de amparo, sea, 29 de enero de 2020, las autoridades de la Municipalidad de Pococí no habían dispuesto ni ejecutado actos con el fin de atender la problemática de cita. (...) Bajo tal estado de las cosas, este Tribunal concluye que en el caso concreto, la Municipalidad de Pococí no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales, de conformidad con lo estipulado en el artículo 169 de la Constitución Política y de conformidad con lo señalado en el considerando cuarto de esta sentencia, lesionando los derechos fundamentales de la acá amparada. En consecuencia, corresponde estimar este proceso de amparo, como en efecto se dispone y en los términos dispuestos en la parte dispositiva de este pronunciamiento.",
  "excerpt_en": "V.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND ITS PROTECTION THROUGH THE ROLE OF MUNICIPALITIES. Before analyzing the merits of the claims in this amparo proceeding, it must be noted that, within the framework of the Social and Democratic State of Law, Economic, Social and Cultural Rights have the fundamental objective of guaranteeing economic well-being and the development of individuals and peoples. From this, a subjective and an objective content of such rights can be identified. Thus, in the subjective sense, welfare rights demand general state activity to satisfy individual or collective needs. In the objective sense, they configure these rights as vital minimums that the State must safeguard for the people. Satisfying those needs requires creating the necessary conditions and the commitment to progressively achieve their enjoyment. In the Costa Rican constitutional block, we find such rights in the content of Article 50 of the Political Constitution and Article 26 of the American Convention on Human Rights. In developing, protecting, and fully enjoying these rights, the role of Municipalities and their bodies—including district municipal councils—is relevant; they are obligated under Article 169 of the Constitution to effectively provide the public services entrusted to them. Thus, applied to the specific case, these obligations include the effective maintenance of public roads—streets, sidewalks, and sewers—through which other rights are exercised and enjoyed, such as freedom of movement, health, and the right to a healthy environment.\n\nVI.- ON THE SPECIFIC CASE. In this case, from the study of the record and the proven facts, it has been demonstrated that, indeed, in the locality where the claimant's home is located, namely Cariari de Guápiles, 200 meters west and 100 meters north of the El Mejor Precio Store, there is a problem with a ditch that runs through several properties, including the one where the claimant's home is located. This is because there are wastewater pipes from various properties in the area that discharge directly into the channel and public road without any treatment, emitting foul odors. These conditions cause environmental pollution, leading the claimant to file complaints with the Municipality of Pococí and the Pococí Health Area on June 26 and September 3, 2019, respectively. (...) However, as of the date this amparo was filed, January 29, 2020, the authorities of the Municipality of Pococí had not ordered or executed any actions to address the cited problem. (...) Given this state of affairs, this Tribunal concludes that in the specific case, the Municipality of Pococí has not fulfilled its constitutional obligations under Article 169 of the Political Constitution and as stated in the fourth paragraph of this ruling, thereby violating the fundamental rights of the claimant here. Consequently, this amparo petition should be granted, as set forth in the operative part of this pronouncement.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered the Municipality of Pococí to build storm and sanitary sewers within twelve months, coordinating with the Ministry of Health to require neighbors to install drains.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional otorgó el amparo y ordenó a la Municipalidad de Pococí construir alcantarillado pluvial y sanitario en el plazo de doce meses, coordinando con el Ministerio de Salud para que los vecinos instalen drenajes."
  },
  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "The cited Article 50 also shapes the Social State of Law, so we can conclude that the Political Constitution emphasizes that environmental protection is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, making it necessary for public powers to intervene on factors that may alter its balance and hinder a person's development in a healthy environment.",
      "quote_es": "El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano."
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "In developing, protecting, and fully enjoying these rights, the role of Municipalities and their bodies—including district municipal councils—is relevant; they are obligated under Article 169 of the Constitution to effectively provide the public services entrusted to them.",
      "quote_es": "En el desarrollo, tutela y pleno disfrute de los derechos de cita, resulta de relevancia la función de las Municipalidades y sus órganos -incluyendo los concejos municipales de distrito-, las cuales, a partir del artículo 169 constitucional, se encuentran en la obligación de prestar en forma efectiva los servicios públicos que les han sido encomendados."
    },
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "Under this state of affairs, this Tribunal concludes that in the specific case, the Municipality of Pococí has not fulfilled its constitutional obligations under Article 169 of the Political Constitution and as stated in the fourth paragraph of this ruling, thereby violating the fundamental rights of the claimant here.",
      "quote_es": "Bajo tal estado de las cosas, este Tribunal concluye que en el caso concreto, la Municipalidad de Pococí no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales, de conformidad con lo estipulado en el artículo 169 de la Constitución Política y de conformidad con lo señalado en el considerando cuarto de esta sentencia, lesionando los derechos fundamentales de la acá amparada."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-970872",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 07261 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 17 de Abril del 2020 a las 09:20\n\nExpediente: 20-001792-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nALCANTARILLADO.\n\nAMBIENTE. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, QUE, EN EL PLAZO DE DOCE MESES, CONSTRUYA EL TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN BARRIO SAN JUAN DE CARIARI Y COORDINAR CON LOS VECINOS, PARA QUE CONSTRUYAN LOS DRENAJES. VCG04/2020\n\nOtras Referencias: Sentencia: 17552-07\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nArtículo 50 de la Constitución Política\n\n\"(...) De previo al análisis de fondo de los hechos reclamados en este proceso de amparo, corresponde indicar que, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, los Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico y el desarrollo del ser humano y los pueblos. A partir de esto, se puede señalar un contenido subjetivo y otro objetivo de tales derechos. Así, en cuanto al sentido subjetivo, los derechos prestaciones demandan la actividad general del Estado para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas. Por su parte, el sentido objetivo configura a tales derechos como mínimos vitales que el Estado debe resguardar a favor de las personas. La satisfacción de esas necesidades supone la creación de condiciones necesarias y el compromiso de lograr progresivamente su goce. En el caso del bloque de constitucionalidad costarricense, encontramos tales derechos en el contenido del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(...)\" VCG04/2020\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 169- Gobierno municipal\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nArtículo 169 de la Constitución Política\n\n\"(...) En el desarrollo, tutela y pleno disfrute de los derechos de cita, resulta de relevancia la función de las Municipalidades y sus órganos -incluyendo los concejos municipales de distrito-, las cuales, a partir del artículo 169 constitucional, se encuentran en la obligación de prestar en forma efectiva los servicios públicos que les han sido encomendados. Así, de aplicación en el caso concreto, tales obligaciones conllevan el efectivo mantenimiento de las vías públicas -caminos, acerás y alcantarillado-, por medio de las cuales se ejercitan y disfrutan otros derechos, tales como la libertad ambulatoria, la salud y el derecho a un ambiente sano. (...)\" VCG04/2020\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nALCANTARILLADO.\n\nVII. - NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la recurrente asegura que las autoridades de la Municipalidad de Pococí y el Ministerio de Salud no han atendido ni ejecutado los actos correspondientes con el fin de corregir un problema que se presenta con un zanjo que pasa por el terreno en el que se ubica su vivienda, así como por varios inmuebles de la comunidad en la que habita.\n\nVCG07/2020\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\nExp: 20-001792-0007-CO\n\nRes. N° 2020007261\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte.\n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente número 20-001792-0007- CO, interpuesto por DEIKELYN SULEY LÓPEZ UGALDE, cédula de identidad 0701860994, contra MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ Y MINISTERIO DE SALUD.\n\nResultando:\n\n1. -Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 10:00 horas de 29 de enero de 2020, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Pococí. Manifiesta, en resumen, que en su comunidad, Barrio La Cruz, existe un zanjo que pasa por varias propiedades (entre ellas la suya), invadiéndolas en la parte de atrás o al costado. Aduce que, en tiempos de lluvia, este zanjo recibe una gran cantidad de agua tanto de estos lotes como de una parte de la comunidad Barrio San Juan, lo cual genera inundaciones, inseguridad, plagas y malos olores en los lotes más bajos. Refiere que el problema es tal, que hasta los drenajes colapsan y no se pueden ni realizar las necesidades básicas. Indica que al parecer no puede tapar el zanjo porque supuestamente está en una calle pública; sin embargo, este se ubica en su propiedad, por ello acudió a la municipalidad recurrida para que solucionaran el problema y aclararan esta situación. Manifiesta que luego de varias visitas le indicaron que debe hacerse un replanteo de las propiedades, pero a la fecha no se ha realizado. Acusa que también acudió al Área Rectora de Salud de Pococí, la cual trasladó la denuncia a la municipalidad el 10 de setiembre de 2019. Por otro lado, luego de varios meses, la Unidad Hidrológica Caribe - Oficina Guápiles del MINAE realizó la inspección del zanjo, el 14 de enero de 2020; sin embargo, aún está en la espera de una respuesta real por parte de la municipalidad recurrida. Considera violentados sus derechos fundamentales, por lo que solicita se declare con lugar el recurso.\n\n2.  – En fecha 29 de enero de 2020, el Magistrado Rueda Leal presentó solicitud de inhibitoria.\n\n3.  - Por resolución de las 15:38 horas de 29 de enero de 2020, la Presidencia de esta Sala consideró que existen razones atendibles para tener por separado al Magistrado Rueda Leal del conocimiento de este amparo, por lo que aceptó la solicitud de inhibitoria presentada por este.\n\n4.  -Por resolución de las 11:55 horas de 3 de febrero de 2020 se le dio curso a este recurso de amparo y se le solicitó informe a la Alcaldesa y al Presidente del Concejo Municipal de Pococí, así como al Director del Área Rectora de Salud de Pococí y la Jefa de la Unidad Hidrológica Caribe - Oficina Guápiles del MINAE.\n\n5.  - Rinden              informe, bajo juramento, Edgar Villareal Ruiz y Fredy Hernández Miranda, por su orden, Vicealcalde de Pococí y Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Pococí. Manifiestan que el Departamento de Gestión Ambiental de esa municipalidad indicó que a pesar de que el canal fue habilitado para el transporte de aguas pluviales y, con ocasión de los hechos denunciados por la recurrente, el 11 de febrero de 2020 se realizó una inspección, pero en esa ocasión se encontraba sin caudal, pero expedía olores similares a aguas residuales de tipo ordinarias. Esto fue corroborado mediante un recorrido realizado por las casas vecinas a la de la recurrente. A partir de esto, se observaron tuberías de aguas residuales, provenientes de cada previo, depositadas directamente en el canal y en vía pública, sin tratamiento alguno. Se constató que la mayoría de las casas no cuentan con fosas sépticas o con algún tipo de tratamiento de aguas residuales, por lo que es necesaria la intervención inmediata en conjunto con el Ministerio de Salud, para que se emitan las ordenes sanitarias a las casas que no cumplan con la Ley General de Salud y con los criterios estipulados en el Reglamento de Construcciones, referentes a la obligaciones de cada vivienda de contar con un sistema sanitario aprobado por las autoridades de salud. De otra parte, indican que el Departamento de Obras Civiles advirtió que no se debe dejar de observar que el canal mencionado contiene aguas residuales, por lo que, al construir alcantarillado esas aguas se estarían disponiendo en otro punto, donde seguirá generando contaminación. Por tal motivo, es vital la intervención del Ministerio de Salud, como ente rector en el tema de salud pública, por lo que se debe revisar cuáles propiedades disponen inadecuadamente sus aguas residuales y obligarlos a construir drenajes, de conformidad con lo establecido en los artículos 285, 286 y 287 de la Ley General de Salud. Asimismo, se indicó que Barrio San Juan no cuenta con un punto de desfogue de aguas pluviales adecuado por lo que se debe hacer una inspección minuciosa con el fin de encontrar un cuerpo de aguas que pueda recibir la escorrentía de esta comunidad. Esa condición es consecuencia de la falta de planificación urbana y el crecimiento desmedido de la zona de Cariari, lo que se agrava por ser una zona extremadamente plana. Señalan que por su parte, el Coordinador del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la municipalidad, en calidad de Jefe de Gestión Ambiental Municipal y Obras Civiles, señaló que se debe realizar un estudio topográfico de la zona, con el fin de buscar puntos adecuados para la descarga de aguas pluviales, planteamiento del proyecto, designación de recurso económico, compra y contrataciones, inicio de construcción del proyecto, con el fin de construir el tramo de alcantarillado pluvial anteriormente descrito, obras que tienen un costo aproximado de ocho millones de colones, con un plazo de ejecución de ocho meses, una vez aprobado el contenido presupuestario. Por lo expuesto, alegan que se tiene que la gestión se inició como proyecto. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.\n\n6.       -              Rinde informe, bajo juramento, Nora Barrero Escobar, en su condición de Directora del Área de Salud de Pococí. Manifiesta que, según consta en los archivos de esa dependencia, en fecha 3 de setiembre de 2019, la recurrente interpuso una denuncia sanitaria, en la cual alegaba la existencia de contaminación en su propiedad como resultado de descarga de aguas pluviales provenientes de Barrio San José. Dicha denuncia se tramita bajo expediente administrativo No. 245-19. Expone que, en atención de lo denunciado por la accionante, se realizó, de forma prioritaria, una inspección en fecha 4 de setiembre de 2019. Menciona que, a partir de dicho acto, la funcionaria a cargo indicó que se observó la existencia de un zanjo no continuo, conformado por alcantarillas colocadas de forma separada, de aproximadamente cincuenta centímetros de diámetro, construido, aparentemente, por la Municipalidad de Pococí, para la recolección de las aguas pluviales. Afirma que, considerando el criterio técnico emitido por la funcionaria encargada de la inspección, se emitió el oficio MS-DRRSHC-ARSP-4850-2019 de 10 de setiembre de 2019, el cual fue remitido a la Alcaldesa Municipal de Pococí, exponiendo la situación que se presenta en la localidad donde vive la recurrente. Alega que la misma debe ser resuelta por las autoridades municipales, por tratarse del manejo de aguas pluviales y, además, existe un sistema aparentemente construido para brindar el flujo de aguas de Barrio San Juan.\n\n7.       -              Por constancia emitida por notificador de la Oficina de Comunicaciones Judicial del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Guápiles, se indica que en la Oficina del MINAE en Guápiles no existe Unidad Hidrológica Caribe (ver acta de notificación incorporada al expediente electrónico).\n\n8.        -              En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\nRedacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\nI- CUESTIONES DE PREVIO. Cuando un magistrado ha sido sustituido por alguna causal de inhibitoria o recusación, la práctica tradicionalmente utilizada ha sido la de nombrar a un magistrado suplente para el conocimiento de dicho caso. No obstante lo anterior, hay casos en los cuales el magistrado separado es sustituido temporalmente por otro (vacaciones, permiso, etc.) para el conocimiento general de sus asuntos y en esos casos, en aras de garantizar la celeridad que requieren los procesos constitucionales y dada la condición que tiene la Sala de ser un órgano protector de derechos fundamentales, interpreta este Tribunal que se debe de permitir que ese Magistrado Suplente que sustituye al titular por un período determinado y que no tiene razón de separación, pueda conocer de ese asunto respecto del cual, el Magistrado titular, está separado. Tal interpretación tiene asidero en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:\n\n“Cuando por impedimento, recusación o excusa, un funcionario que administra justicia haya sido reemplazado por otro, según las reglas del artículo anterior, el expediente, si hubiere sido enviado a otro despacho, volverá a la oficina de origen para su fenecimiento, al desaparecer el motivo que originó el reemplazo”.\n\nPartiendo de lo anterior, en el caso concreto, se tiene que el Magistrado Paul Rueda Lea está siendo sustituido por la Magistrada Alicia Salas Torres para que conociera de este amparo. No obstante, por razones ajenas a la voluntad de ambos, al momento de conocerse el asunto en votación, el Magistrado Rueda Leal está siendo sustituido temporalmente por la Magistrada Lucila Monge Pizarro. En razón de ello, y al tenor de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial esta última participa en la votación del caso concreto en vista de que no le asiste motivo alguno de separación.\n\nII.         -              OBJETO DEL RECURSO. La recurrente reclama que las autoridades de la Municipalidad de Pococí y el Ministerio de Salud no han atendido ni ejecutado los actos correspondientes con el fin de corregir un problema que se presenta con un zanjo que pasa por el terreno en el que se ubica su vivienda, así como por varios inmuebles de la comunidad en la que habita.\n\nIII. -              HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na)    La amparada es vecina de Cariari de Guápiles, propiamente, 200 oeste y 100 norte del Almacén El Mejor Precio (hecho no controvertido).\n\nb)    Mediante escrito fechado 26 de junio de 2019 y que fue recibido por el Concejo Municipal de Pococí el mismo día, interpuso denuncia en los siguientes términos, en lo que interesa: “(…) En tiempos de lluvia sufrimos inundación varios vecinos, esto debido a que por varias propiedades baja una gran cantidad de agua por detrás de varios lotes desde el barrio San Juan, pasando por mi lote y el de otros vecinos más, después de mi casa. Estas aguas bajan por un zanjo que actualmente en una de las propiedades sus recientes dueños decidieron tapar la salida del agua que pasa por su propiedad; ya que si no lo hacían se les inundaría muy rápido su casa. Pero que en consecuencia a eso nos inundamos tres casas antes que esa. Con esta situación han surgido otros problemas como la dispuesta de que si en zanjo es municipal o no; esto debido a que una de mis vecinas específicamente Nelly Solano Castro indica que ella fue a la municipalidad y le dijeron que el zanjo si es municipal y que por ende no se puede cerrar. En mi criterio yo considero que no lo es ya que este pasa por propiedades privadas y que en ningún momento lo especifica el plano, al menos en mi caso. Es por esto que necesito se aclare esta situación, ya que mi pensando es hacerle tapia a mi propiedad, lo que implicaría cerrar el zanjo en la parte que pasa por mi lote, y las personas que tiran las aguas de sus casas tendrían que buscar otra solución a sus aguas. La otra situación que existe es una controversia con la medida de los lotes, para mi vecina antes mencionada, mi cerca esta (sic) corrida, y que por eso el dicho zanjo no estaría completamente en mi propiedad, la mayoría de las casas en las que les pasa el zanjo echan las aguas de la casa en este y al estar este tapado actualmente en una de sus partes las aguas se estancan en mi lote y esto genera malos olores permanentes en mi casa, brotes de zancudos, cucarachas y de más (...)” (ver prueba aportada al expediente).\n\nc)   Por medio de oficio UTOP-MPL-370-2019 de 14 de agosto de 2019, el Jefe la Unidad de Topografía emitó respuesta a la gestión del a recurrente, indicando: “(…) referente al avance de caso de calle pública estrechada en Cariari Centro, le informo que hemos realizado una inspección de campo en la que hemos detectado varias inconsistencias en las medidas de los lotes y de los planes catastrados. Para determinar la posición inequívoca de los linderos, y en consecuencia, de la calle pública, es necesario hacer un levantamiento topográfico de todos los lotes del sector. Actualmente el equipo topográfico no está habilitado, or lo que no estamos programando este tipo de trabajos. Tan pronto como la Administración resuelva un tema de financiamiento para la compra de un dispositivo que hay que reemplazar, podremo agendar el trabajo seguir (...)” (ver prueba aportada al expediente).\n\nd)      En fecha 3 de setiembre de 2019, la amparada interpuso denuncia sanitaria ante el Área Rectora de Salud Pococí, en los siguientes términos: “(.) En tiempo lluvioso, las aguas que provienen de el (sic) barrio San Juan inunda varias propiedades en barrio la (sic) Cruz, provocando brotes de sancudos, moscas, sapos y más, desde incio de año solicitamos ayuda de la municipal (sic) a este problema que aqueja varios (sic) vecinos y hasta la fecha no hemos recibido respuesta concreta. Con este problemas de aguas nuestra integridad está siendo comprometida (...)”, siendo tramitada bajo expediente administrativo No. 245-19 (ver prueba aportada al expediente).\n\ne)   Las autoridades del Área Rectora de Salud Pococí, en atención a la denuncia interpuesta por la recurrente, en fecha 4 de setiembre de 2019 realizó una inspección en el lugar donde vive la recurrente, siendo que se indicó: “(…) hay un alcantarillado no continuo donde dincaron en la municipalidad que es pluvial. Sin embargo, a simple vista se obsrvan tuberías de desfogue hacia este alcantarillado de las casas vecinas. Indican que este zanjo viene desde el Barrio San Juan y explica que ha provocado inundaciones en su propiedad. La Municipalidad no les ha dado respuesta (...)” (ver prueba aportada al expediente).\n\nf)    Mediante oficio MS-DRRSHC-ARSP-4850-2019 de 10 de setiembre de 2019, la Directora del Área Rectora de Salud de Pococí trasladó la denucia de la amparada a la Alcaldesa Municipal de Pococí, indicando: “(...) esta Dirección de Area Rectora, le traslada a su despacho para lo que corresponda, interpuesta (sic) con su representada por la señora Deikelyn López Ugalde, vecina de Cariari, sita 200 oeste y 100 norte del Almacén el (sic) Mejor Precio, por alcantarillado pluvial por mal estado (...)” (ver prueba aportada al expediente).\n\ng)  A la fecha de interposición de este recurso de amparo, sea, 29 de enero de 2020,las autoridades de la Municipalidad de Pococí no habían dispuesto ni ejecutado actos con el fin de atender la denuncia interpuesta por la recurrente el 26 de junio de 2019, así como el traslado de denuncia realizado por el Área Rectora de Salud de Pococí con ocasión de denuncia que la amparada interpuso ante esa dependencia en fecha 3 de setiembre de 2019 (ver prueba aportada por al expediente, así como los informes rendidos por los recurridos).\n\nh)  Con ocasión de la notificación de la resolución de curso dictada en este proceso de amparo, acto procesal efectuado el 10 de febrero de 2020, autoridades del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pococí realizaron una inspección en el inmueble de la recurrente, así como en los terrenos y viviendas vecinas, a partir de la cual se constató que el zanjo en mención expide olores similares a aguas residuales de tipo ordinaria, se observaron tuberías de aguas residuales, provenientes de cada previo, depositadas directamente en el canal y en vía pública, sin tratamiento alguno. Además, se constató que la mayoría de las casas no cuentan con fosas sépticas o con algún tipo de tratamiento de aguas residuales, por lo que se recomendó la intervención inmediata en conjunto con el Ministerio de Salud (ver prueba aportada al expediente).\n\ni)         El Departamento de Obras Civiles de la Municipalidad de Pococí advirtió la existencia de contaminación con ocasión de las aguas que discurren por el zanjo que se menciona en este proceso. Por tal motivo, recomendó que es vital la intervención del Ministerio de Salud, con el fin de revisar cuáles propiedades disponen inadecuadamente sus aguas residuales y obligarlos a construir drenajes, de conformidad con lo establecido en los artículos 285, 286 y 287 de la Ley General de Salud. Además, indicó que Barrio San Juan no cuenta con un punto de desfogue de aguas pluviales adecuado por lo que se debe hacer una inspección minuciosa con el fin de encontrar un cuerpo de aguas que pueda recibir la escorrentía de esta comunidad (ver prueba aportada al expediente).\n\nj) El Coordinador del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Pococí, en calidad de Jefe de Gestión Ambiental Municipal y Obras Civiles, señaló que se debe realizar un estudio topográfico de la zona, con el fin de buscar puntos adecuados para la descarga de aguas pluviales, así como el planeamiento y ejecución del proyecto de construcción de un tramo de alcantarillado pluvial, siendo que existe un plan establecido al efecto (ver prueba aportada al expediente).\n\nIV.       -              HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, no se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na)     Que las autoridades de la Municipalidad de Pococí hayan ejecutado actos y obras con el fin de construcción de un tramo de alcantarillado pluvial, así actos con el fin de revertir el problema anteriormente descrito (los autos).\n\nb)    Que las autoridades de la Municipalidad de Pococí hayan ejecutado los actos correspondientes con el fin de determinar los linderos de propiedades y de la vía pública en la comunidad donde vive la tutelada (los autos).\n\nc)     Que las autoridades del Área Rectora de Salud Pococí hayan ejecutado actos con el fin de revertir el problema en discusión (los autos).\n\nV.      -              EN REFERENCIA AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y SU TUTELA POR MEDIO DE LA FUNCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES.\n\nDe previo al análisis de fondo de los hechos reclamados en este proceso de amparo, corresponde indicar que, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, los Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico y el desarrollo del ser humano y los pueblos. A partir de esto, se puede señalar un contenido subjetivo y otro objetivo de tales derechos. Así, en cuanto al sentido subjetivo, los derechos prestaciones demandan la actividad general del Estado para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas. Por su parte, el sentido objetivo configura a tales derechos como mínimos vitales que el Estado debe resguardar a favor de las personas. La satisfacción de esas necesidades supone la creación de condiciones necesarias y el compromiso de lograr progresivamente su goce. En el caso del bloque de constitucionalidad costarricense, encontramos tales derechos en el contenido del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el desarrollo, tutela y pleno disfrute de los derechos de cita, resulta de relevancia la función de las Municipalidades y sus órganos -incluyendo los concejos municipales de distrito-, las cuales, a partir del artículo 169 constitucional, se encuentran en la obligación de prestar en forma efectiva los servicios públicos que les han sido encomendados. Así, de aplicación en el caso concreto, tales obligaciones conllevan el efectivo mantenimiento de las vías públicas -caminos, acerás y alcantarillado-, por medio de las cuales se ejercitan y disfrutan otros derechos, tales como la libertad ambulatoria, la salud y el derecho a un ambiente sano. Respecto a este último, resulta de relevancia lo indicado por este Tribunal en su jurisprudencia. Así, en Sentencia N° 2007-017552 de las 12:22 horas de 30 de noviembre de 2007, indicó:\n\n“(...) El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. En la jurisprudencia constitucional el concepto de ‘ambiente’, no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto ‘macro-ambiental’, al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros: ‘Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental (...)”\n\nDicho lo anterior, se tiene que esta Sala, como garante de los Derechos Fundamentales, se erige como un controlador del cumplimiento de las obligaciones derivadas de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, los cuales constriñen al Estado a reconocer los derechos señalados y, además, a disponer a utilizar los medio materiales y jurídicamente legítimos para garantizarlos.\n\nVI.         - SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, del estudio de los autos y a partir del cuadro de hechos probados, se tiene por demostrado que, en efecto, en la localidad en la que se ubica la vivienda de la amparada, a saber, Cariari de Guápiles, 200 oeste y 100 norte del Almacén El Mejor Precio, se presenta un problema con un zanjo que corre por varias propiedades, incluyendo en la que se encuentra la vivienda de la amparada. Esto, debido a que existen tuberías de aguas residuales provenientes de los diferentes inmuebles del lugar, las cuales se depositan directamente en el canal y en vía pública, sin tratamiento alguno y expidiendo malos olores. Estas condiciones conllevan problemas de contaminación ambiental, por lo que la recurrente interpuso denuncias ante la Municipalidad de Pococí y el Área Rectora de Salud de Pococí, en fechas 26 de junio y 3 de setiembre de 2019, respectivamente. Tales problemas quedaron de manifiesto en inspección realizada por las autoridades del Área Rectora de Salud en fecha 4 de setiembre de 2019, en la que se indicó: “(...) hay un alcantarillado no continuo donde dincaron en la municipalidad que es pluvial. Sin embargo, a simple vista se obsrvan tuberías de desfogue hacia este alcantarillado de las casas vecinas. Indican que este zanjo viene desde el Barrio San Juan y explica que ha provocado inundaciones en su propiedad. La Municipalidad no les ha dado respuesta (...)”. A partir de esto, las autoridades competentes de esa entidad indicaron que lo dispuesto corresponde a un problema que debe ser atendido por la Municipalidad de Pococí, por lo que, mediante oficio MS-DRRSHC-ARSP-4850-2019 de 10 de setiembre de 2019, la Directora del Área Rectora de Salud de Pococí trasladó la denucia de la amparada a la Alcaldesa Municipal de Pococí, indicando: “(…) esta Dirección de Área Rectora, le traslada a su despacho para lo que corresponda, interpuesta (sic) con su representada por la señora Deikelyn López Ugalde, vecina de Cariari, sita 200 oeste y 100 norte del Almacén el (sic) Mejor Precio, por alcantarillado pluvial por mal estado (...)”. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso de amparo, sea, 29 de enero de 2020, las autoridades de la Municipalidad de Pococí no habían dispuesto ni ejecutado actos con el fin de atender la problemática de cita. Fue con ocasión de la notificación de la resolución de curso dictada en este proceso de amparo, acto procesal efectuado el 10 de febrero de 2020, que autoridades del Departamento de Gestión Ambiental de la corporación municipal recurrida realizaron una inspección en el inmueble de la recurrente, así como en los terrenos y viviendas vecinas, a partir de la cual se constató que el problema de contaminación supra citado, ocasionado con el mal funcionamiento del zanjo y de la falta de infraestructura y alcantarillado sanitario. Por tales motivos, ese departamento de la municipalidad recomendó la intervención inmediata en conjunto con el Ministerio de Salud. Asimismo, el Departamento de Obras Civiles de la Municipalidad de Pococí advirtió la existencia de contaminación con ocasión de las aguas que discurren por el zanjo que se menciona en este proceso, por lo que indicó que es vital la intervención del Ministerio de Salud, con el fin de revisar cuáles propiedades disponen inadecuadamente sus aguas residuales y obligarlos a construir drenajes, de conformidad con lo establecido en los artículos 285, 286 y 287 de la Ley General de Salud. Además, indicó que Barrio San Juan no cuenta con un punto de desfogue de aguas pluviales adecuado por lo que se debe hacer una inspección minuciosa con el fin de encontrar un cuerpo de aguas que pueda recibir la escorrentía de esta comunidad. De lo dicho anteriormente, se colige con meridiana claridad, la necesidad de realizar obras con el fin de dotar de infraestructura para la adecuada fluencia de aguas pluviales que discurren por Barrio San Juan, así como el adecuado manejo de aguas residuales -alcantarillado sanitario-, lo cual se reafirma con lo dicho por el Coordinador del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la municipalidad, en calidad de Jefe de Gestión Ambiental Municipal y Obras Civiles, quien señaló que se debe realizar un estudio topográfico de la zona, con el fin de buscar puntos adecuados para la descarga de aguas pluviales, así como el planeamiento y ejecución del proyecto de construcción de un tramo de alcantarillado pluvial. No obstante, a la fecha en que los recurridos rindieron los informes correspondientes, no se han ejecutado los actos pertinentes, a pesar de los dictámenes anteriormente señalados y que fueron emitidas por las autoridades municipales competentes, a pesar que existe un plan dispuesto al efecto. Únicamente consta que, por medio de oficio UT0P-MPL-370-2019 de 14 de agosto de 2019, el Jefe la Unidad de Topografía emitó respuesta a la gestión del a recurrente, indicando: “(…) referente al avance de caso de calle pública estrechada en Cariari Centro, le informo que hemos realizado una inspección de campo en la que hemos detectado varias inconsistencias en las medidas de los lotes y de los planes catastrados. Para determinar la posición inequívoca de los linderos, y en consecuencia, de la calle pública, es necesario hacer un levantamiento topográfico de todos los lotes del sector. Actualmente el equipo topográfico no está habilitado, or lo que no estamos programando este tipo de trabajos. Tan pronto como la Administración resuelva un tema de financiamiento para la compra de un dispositivo que hay que reemplazar, podremo agendar el trabajo seguir (...)”; empero, tampoco se han ejecutado los actos indicados en la respuesta parcialmente transcrita. De otro lado, no es de recibo lo dicho por las autoridades del Área Rectora de Salud de Pococí, en cuanto a que la solución del problema es competencia exclusiva de la municipalidad, pues queda demostrado que es necesaria su intervención para dar eficacia y operatividad a lo dispuesto en la Ley de Salud. Esto conlleva que esa institución deba coordinar con las autoridades municipales un plan remedial, el cual, tal como se ha indicado, en el caso concreto está ausente.\n\nBajo tal estado de las cosas, este Tribunal concluye que en el caso concreto, la Municipalidad de Pococí no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales, de conformidad con lo estipulado en el artículo 169 de la Constitución Política y de conformidad con lo señalado en el considerando cuarto de esta sentencia, lesionando los derechos fundamentales de la acá amparada. En consecuencia, corresponde estimar este proceso de amparo, como en efecto se dispone y en los términos dispuestos en la parte dispositiva de este pronunciamiento.\n\nVII.        - NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la recurrente asegura que las autoridades de la Municipalidad de Pococí y el Ministerio de Salud no han atendido ni ejecutado los actos correspondientes con el fin de corregir un problema que se presenta con un zanjo que pasa por el terreno en el que se ubica su vivienda, así como por varios inmuebles de la comunidad en la que habita.\n\nVIII.            - DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se\n\npreviene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Edgar Villareal Ruiz y Fredy Hernández Miranda, por su orden, Vicealcalde de Pococí y Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Pococí, o a quienes ejerzan tales cargos, que tomen las medidas correspondientes y en el ámbito de sus competencias para que, en el plazo de DOCE MESES, contado a partir del momento de notificación de esta sentencia, se construya el tramo de alcantarillado pluvial en Barrio San Juan de Cariari, incluyendo un punto de desfogue, para la adecuada canalización de aguas pluviales, así como el alcantarillado sanitario en la comunidad en la que vive la tutelada. Asimismo, deberán coordinar con Nora Barrero Escobar, en su condición de Directora del Área de Salud de Pococí, o con quien ejerza tal cargo, y demás instancias competentes del Área Rectora de Salud, las acciones correspondientes para que, dentro del mismo plazo, se obligue a los propietarios de viviendas ubicadas en la localidad donde habita la tutelada a que construyan los drenajes para la adecuada evacuación de aguas residuales.Se advierte a losrecurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de laJurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o deveinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacercumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir,siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Pococí alpago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base ala presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia delocontencioso administrativo. El Magistrado Salazar pone nota.\n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\n \n\nNancy Hernández L.                                                                                    Luis Fdo. Salazar A.\n\n \n\n \n\nJorge Araya G.                                                                                                  Anamari Garro V.\n\n \n\n \n\nAna María Picado B.                                                                                    Lucila Monge P.\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 23:09:38.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**File: 20-001792-0007-CO**\n\n**Res. No. 2020007261**\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes of the seventeenth of April of two thousand twenty.\n\nAmparo action processed in file number 20-001792-0007-CO, filed by DEIKELYN SULEY LÓPEZ UGALDE, cédula de identidad 0701860994, against the MUNICIPALITY OF POCOCÍ and the MINISTRY OF HEALTH.\n\n**Whereas:**\n\n1. -Through a brief filed with the Secretariat of this Chamber at 10:00 a.m. on January 29, 2020, the plaintiff filed an amparo action against the Municipality of Pococí. She states, in summary, that in her community, Barrio La Cruz, there is a ditch that runs through several properties (including hers), invading them in the back or on the side. She claims that, during rainy times, this ditch receives a large amount of water from these lots as well as from a part of the Barrio San Juan community, which generates flooding, insecurity, pests, and foul odors in the lowest lots. She states that the problem is such that even the drains collapse and basic needs cannot be attended to. She indicates that it seems she cannot fill the ditch because it is supposedly on a public street; however, it is located on her property, which is why she went to the respondent municipality so they could solve the problem and clarify this situation. She states that after several visits they told her that a re-plotting (*replanteo*) of the properties must be done, but to date it has not been carried out. She accuses that she also went to the Pococí Health Governing Area, which forwarded the complaint to the municipality on September 10, 2019. On the other hand, after several months, the Caribbean Hydrological Unit - Guápiles Office of MINAE conducted an inspection of the ditch on January 14, 2020; however, she is still waiting for a real response from the respondent municipality. She considers her fundamental rights violated, and therefore requests that the action be granted.\n\n2. – On January 29, 2020, Magistrate Rueda Leal filed a motion for recusal.\n\n3. - By resolution issued at 3:38 p.m. on January 29, 2020, the Presidency of this Chamber considered that there are reasonable grounds for the separation of Magistrate Rueda Leal from hearing this amparo action, and therefore accepted the motion for recusal filed by him.\n\n4. -By resolution issued at 11:55 a.m. on February 3, 2020, this amparo action was allowed to proceed, and a report was requested from the Mayoress and the President of the Municipal Council of Pococí, as well as from the Director of the Pococí Health Governing Area and the Head of the Caribbean Hydrological Unit - Guápiles Office of MINAE.\n\n5. - Edgar Villareal Ruiz and Fredy Hernández Miranda, Vice Mayor of Pococí and President of the Municipal Council, respectively, both of the Municipality of Pococí, render a report, under oath. They state that the Environmental Management Department of that municipality indicated that despite the channel being enabled for the transport of stormwater and, on the occasion of the events reported by the plaintiff, an inspection was conducted on February 11, 2020, but on that occasion it had no flow, but emitted odors similar to ordinary wastewater. This was corroborated by a walk-through of the houses neighboring that of the plaintiff. As a result of this, wastewater pipes coming from each property were observed, deposited directly into the channel and onto the public road, without any treatment. It was confirmed that most of the houses do not have septic tanks or any type of wastewater treatment, which is why immediate intervention is necessary in conjunction with the Ministry of Health, so that sanitary orders are issued to the houses that do not comply with the General Health Law and with the criteria stipulated in the Construction Regulations, regarding the obligation of each dwelling to have a sanitary system approved by the health authorities. On the other hand, they indicate that the Civil Works Department warned that one must not fail to observe that the mentioned channel contains wastewater, so that, by building a sewer system (*alcantarillado*) those waters would be disposed of at another point, where they will continue to generate contamination. For this reason, the intervention of the Ministry of Health is vital, as the governing body on the subject of public health, and therefore it must review which properties dispose of their wastewater improperly and force them to construct drains, in accordance with the provisions of articles 285, 286 and 287 of the General Health Law. Likewise, it was indicated that Barrio San Juan does not have an adequate stormwater discharge point, which is why a meticulous inspection must be conducted to find a body of water that can receive the runoff from this community. This condition is a consequence of the lack of urban planning and the unbridled growth of the Cariari area, which is aggravated by it being an extremely flat zone. They point out that for his part, the Coordinator of the Municipal Development and Urban Control Department, in his capacity as Head of Municipal Environmental Management and Civil Works, pointed out that a topographic study of the zone must be conducted, in order to find adequate points for the discharge of stormwater, project planning, designation of financial resources, purchasing and contracting, start of project construction, with the purpose of constructing the stretch of storm sewer system (*alcantarillado pluvial*) previously described, works that have an approximate cost of eight million colones, with an execution period of eight months, once the budgetary content is approved. For the foregoing reasons, they claim that the procedure has been initiated as a project. They request that the action be dismissed.\n\n6. - Nora Barrero Escobar, in her capacity as Director of the Pococí Health Area, renders a report, under oath. She states that, according to the files of that unit, on September 3, 2019, the plaintiff filed a health complaint, alleging the existence of contamination on her property as a result of stormwater discharge coming from Barrio San José. Said complaint is processed under administrative file No. 245-19. She explains that, in response to what was reported by the plaintiff, an inspection was conducted, on a priority basis, on September 4, 2019. She mentions that, based on said action, the official in charge indicated that the existence of a non-continuous ditch was observed, made up of sewers placed separately, approximately fifty centimeters in diameter, apparently built by the Municipality of Pococí for the collection of stormwater. She affirms that, considering the technical opinion issued by the official in charge of the inspection, official letter MS-DRRSHC-ARSP-4850-2019 of September 10, 2019 was issued, which was sent to the Municipal Mayoress of Pococí, explaining the situation occurring in the locality where the plaintiff lives. She claims that it must be resolved by the municipal authorities, as it concerns the management of stormwater and, moreover, there is a system apparently built to provide water flow from Barrio San Juan.\n\n7. - Through certification issued by a notifier of the Judicial Communications Office of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles seat, it is indicated that there is no Caribbean Hydrological Unit at the MINAE Office in Guápiles (see notification record attached to the electronic file).\n\n8. - The prescribed legal formalities have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\n**Considering:**\n\nI- PRELIMINARY MATTERS. When a magistrate has been substituted due to a ground for recusal or challenge, the practice traditionally used has been to appoint a substitute magistrate to hear said case. Notwithstanding the foregoing, there are cases in which the separated magistrate is temporarily substituted by another (vacation, leave, etc.) for the general hearing of his matters, and in those cases, in order to guarantee the speed required by constitutional proceedings and given the Chamber's condition as a body that protects fundamental rights, this Court interprets that it must allow that Substitute Magistrate who substitutes the permanent magistrate for a set period and who has no reason for separation, to hear that matter regarding which the permanent Magistrate is separated. Such interpretation is based on the provisions of Article 30 of the Organic Law of the Judicial Branch:\n\n\"When due to impediment, recusation (recusación), or excuse, a judicial official has been replaced by another, according to the rules of the preceding article, the file, if it was sent to another office, shall return to the originating office for its conclusion, once the reason that gave rise to the replacement disappears.\"\n\nBased on the foregoing, in the specific case, it is established that Magistrate Paul Rueda Leal is being substituted by Magistrate Alicia Salas Torres to hear this amparo action. However, for reasons beyond the control of both, at the time of hearing the matter in voting, Magistrate Rueda Leal is being temporarily substituted by Magistrate Lucila Monge Pizarro. Therefore, and in accordance with the provisions of Article 30 of the Organic Law of the Judicial Branch, the latter participates in the voting of the specific case given that no reason for separation applies to her.\n\nII. - OBJECT OF THE ACTION. The plaintiff claims that the authorities of the Municipality of Pococí and the Ministry of Health have not addressed nor executed the corresponding acts to correct a problem occurring with a ditch that runs through the land where her home is located, as well as through several properties in the community where she lives.\n\nIII. - PROVEN FACTS. The following facts are deemed duly proven, as relevant to the decision of this matter:\n\na) The protected party is a resident of Cariari de Guápiles, specifically, 200 meters west and 100 meters north of the Almacén El Mejor Precio (an uncontested fact).\n\nb) By a writing dated June 26, 2019, which was received by the Municipal Council of Pococí on the same day, she filed a complaint in the following terms, for the relevant part: “(…) In rainy times, several neighbors suffer flooding, due to the fact that a large amount of water flows through several properties behind several lots from the San Juan neighborhood, passing through my lot and that of other neighbors, beyond my house. These waters flow down a ditch that currently, on one of the properties, its recent owners decided to block the water outlet that passes through their property; since if they did not do it, their house would flood very quickly. But as a consequence of that, three houses before that one are flooded. With this situation, other problems have arisen, such as the dispute over whether the ditch is municipal or not; this is because one of my neighbors, specifically Nelly Solano Castro, indicates that she went to the municipality and they told her that the ditch is indeed municipal and therefore it cannot be closed. In my opinion, I consider that it is not, since it passes through private properties and the plat does not specify it, at least in my case. This is why I need this situation to be clarified, as my intention is to build a wall around my property, which would imply closing the ditch in the part that passes through my lot, and the people who discharge water from their houses would have to find another solution for their water. The other existing situation is a dispute over lot measurements, as for my previously mentioned neighbor, my fence is misaligned, and therefore said ditch would not be completely on my property. Most of the houses affected by the ditch discharge their household water into it, and since it is currently blocked in one of its parts, the waters stagnate in my lot and this generates permanent foul odors in my house, outbreaks of mosquitoes, cockroaches and more (...)” (see evidence provided to the file).\n\nc) Through official letter UTOP-MPL-370-2019 of August 14, 2019, the Head of the Topography Unit responded to the plaintiff's proceeding, stating: “(…) regarding the progress of the case of the narrowed public street in Cariari Centro, I inform you that we have conducted a field inspection in which we have detected several inconsistencies in the measurements of the lots and the cadastral plans. To determine the unequivocal position of the boundaries, and consequently, of the public street, it is necessary to conduct a topographic survey (*levantamiento topográfico*) of all the lots in the sector. Currently, the topographic equipment is not operational, which is why we are not scheduling this type of work. As soon as the Administration resolves a financing issue for the purchase of a device that needs to be replaced, we can schedule the work to continue (...)” (see evidence provided to the file).\n\nd) On September 3, 2019, the protected party filed a health complaint with the Pococí Health Governing Area, in the following terms: “(.) In rainy weather, the waters that come from the San Juan neighborhood flood several properties in the La Cruz neighborhood, causing outbreaks of mosquitoes, flies, toads, and more. Since the beginning of the year we have requested help from the municipality for this problem that afflicts several neighbors, and to date we have not received a concrete response. With this water problem our integrity is being compromised (...)”, being processed under administrative file No. 245-19 (see evidence provided to the file).\n\ne) In response to the complaint filed by the plaintiff, the authorities of the Pococí Health Governing Area conducted an inspection on September 4, 2019 at the place where the plaintiff lives, and it was reported: “(…) there is a non-continuous sewer system (*alcantarillado*) which the municipality indicated is for stormwater. However, discharge pipes leading to this sewer system from neighboring houses are plainly observed. They indicate that this ditch comes from Barrio San Juan and explains that it has caused flooding on her property. The Municipality has not responded to them (...)” (see evidence provided to the file).\n\nf) Through official letter MS-DRRSHC-ARSP-4850-2019 of September 10, 2019, the Director of the Pococí Health Governing Area forwarded the protected party's complaint to the Municipal Mayoress of Pococí, stating: “(...) this Health Governing Area Directorate forwards the complaint filed with your represented entity by Mrs. Deikelyn López Ugalde, a resident of Cariari, located 200 meters west and 100 meters north of the Almacén El Mejor Precio, regarding a storm sewer system (*alcantarillado pluvial*) in poor condition, to your office for appropriate action (...)” (see evidence provided to the file).\n\ng) As of the date of filing this amparo action, i.e., January 29, 2020, the authorities of the Municipality of Pococí had not ordered nor executed acts to address the complaint filed by the plaintiff on June 26, 2019, nor the complaint forwarded by the Pococí Health Governing Area on the occasion of the complaint that the protected party filed with that unit on September 3, 2019 (see evidence provided to the file, as well as the reports rendered by the respondents).\n\nh) On the occasion of the notification of the order to proceed issued in this amparo proceeding, a procedural act carried out on February 10, 2020, authorities of the Environmental Management Department of the Municipality of Pococí conducted an inspection of the plaintiff's property, as well as the neighboring lands and dwellings, from which it was confirmed that the mentioned ditch emits odors similar to ordinary wastewater; wastewater pipes coming from each property were observed, deposited directly into the channel and onto the public road, without any treatment. Furthermore, it was confirmed that most houses do not have septic tanks or any type of wastewater treatment, and therefore immediate intervention was recommended jointly with the Ministry of Health (see evidence provided to the file).\n\ni) The Civil Works Department of the Municipality of Pococí warned of the existence of contamination on the occasion of the waters flowing through the ditch mentioned in this proceeding. For this reason, it recommended that the intervention of the Ministry of Health is vital, in order to review which properties dispose of their wastewater improperly and force them to construct drains, in accordance with the provisions of articles 285, 286 and 287 of the General Health Law. Additionally, it indicated that Barrio San Juan does not have an adequate stormwater discharge point, which is why a meticulous inspection must be conducted to find a body of water that can receive the runoff from this community (see evidence provided to the file).\n\nj) The Coordinator of the Municipal Development and Urban Control Department of the Municipality of Pococí, in his capacity as Head of Municipal Environmental Management and Civil Works, pointed out that a topographic study (*estudio topográfico*) of the zone must be conducted, in order to find adequate points for the discharge of stormwater, as well as the planning and execution of the project to construct a stretch of storm sewer system (*alcantarillado pluvial*), and that an established plan exists for this purpose (see evidence provided to the file).\n\nIV. - UNPROVEN FACTS. The following facts are not deemed duly proven as relevant to the decision of this matter:\n\na) That the authorities of the Municipality of Pococí have executed acts and works for the purpose of constructing a stretch of storm sewer system (*alcantarillado pluvial*), or acts in order to reverse the problem previously described (the case file).\n\nb) That the authorities of the Municipality of Pococí have executed the corresponding acts in order to determine the boundaries of properties and the public road in the community where the protected party lives (the case file).\n\nc) That the authorities of the Pococí Health Governing Area have executed acts in order to reverse the problem under discussion (the case file).\n\nV. - REGARDING THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND ITS PROTECTION THROUGH THE FUNCTION OF MUNICIPALITIES.\n\nPrior to the analysis of the merits of the facts claimed in this amparo proceeding, it is pertinent to indicate that, within the framework of the Social and Democratic Rule of Law, the fundamental objective of Economic, Social and Cultural Rights is to guarantee the economic well-being and development of human beings and peoples. Based on this, a subjective and an objective content of such rights can be pointed out. Thus, regarding the subjective sense, service rights demand the general activity of the State for the satisfaction of individual or collective needs. For its part, the objective sense configures such rights as vital minimums that the State must safeguard in favor of individuals. The satisfaction of these needs implies the creation of necessary conditions and the commitment to progressively achieve their enjoyment. In the case of the Costa Rican constitutional block, we find such rights in the content of Article 50 of the Political Constitution and Article 26 of the American Convention on Human Rights. In the development, protection, and full enjoyment of the cited rights, the function of the Municipalities and their bodies—including the municipal district councils—is relevant, which, based on Article 169 of the Constitution, are obligated to effectively provide the public services that have been entrusted to them. Thus, in application to the specific case, such obligations entail the effective maintenance of public roads—roads, sidewalks, and sewer systems (*alcantarillado*)—through which other rights are exercised and enjoyed, such as freedom of movement, health, and the right to a healthy environment. Regarding the latter, what was indicated by this Court in its jurisprudence is relevant. Thus, in Judgment No. 2007-017552, of 12:22 p.m. on November 30, 2007, it stated:\n\n“(...) The cited Article 50 also shapes the Social Rule of Law, whereby we can conclude that the Political Constitution emphasizes that environmental protection is an adequate mechanism to protect and improve the quality of life for all, which makes necessary the intervention of Public Authorities on the factors that can alter its balance and hinder the person from developing and functioning in a healthy environment. The impact of the right to a healthy and ecologically balanced environment within State activity finds its primary reason for being, in that by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals, but also have transcendence in the very structure of the State, in its role as guarantor of these rights, and, secondly, because State activity is directed towards the satisfaction of collective interests. In constitutional jurisprudence, the concept of ‘environment’ has not been limited to the primary elements of nature, be it soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and the landscape; from which the environmental framework is constituted, without which basic demands—such as food, energy, housing, health, and recreation—would be impossible. It is important to highlight that this term has been understood in a more comprehensive way, establishing a ‘macro-environmental’ concept, by also encompassing aspects referring to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others: ‘For the foregoing reason, Environmental Law should not be associated only with nature, as nature is only part of the environment. The nature protection policy also extends to other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is a question, then, of a macro-environmental concept, so as not to leave out important concepts and thus achieve the unification of the legal framework we call Environmental Law (...)””\n\nThat said, it is understood that this Chamber, as the guarantor of Fundamental Rights, stands as a controller of compliance with the obligations derived from the provisions of Articles 21 and 50 of the Political Constitution, which constrain the State to recognize the indicated rights and, furthermore, to arrange for the use of materially and juridically legitimate means to guarantee them.\n\nVI. - ON THE SPECIFIC CASE. In the matter at hand, from the study of the case file and based on the list of proven facts, it is proven that, indeed, in the locality where the protected party's home is located, namely, Cariari de Guápiles, 200 meters west and 100 meters north of Almacén El Mejor Precio, there is a problem with a ditch that runs through several properties, including the one where the protected party's home is located. This is because there are wastewater pipes coming from the different properties in the place, which are deposited directly into the channel and onto the public road, without any treatment and emitting foul odors. These conditions entail environmental contamination problems, which is why the plaintiff filed complaints before the Municipality of Pococí and the Pococí Health Governing Area, on June 26 and September 3, 2019, respectively. Such problems were evidenced in an inspection conducted by the authorities of the Health Governing Area on September 4, 2019, in which it was stated: “(...) there is a non-continuous sewer system (*alcantarillado*) which the municipality indicated is for stormwater. However, discharge pipes leading to this sewer system from neighboring houses are plainly observed. They indicate that this ditch comes from Barrio San Juan and explains that it has caused flooding on her property. The Municipality has not responded to them (...)”.\n\nBased on that, the competent authorities of that entity indicated that the matter corresponds to a problem that must be addressed by the Municipality of Pococí, therefore, by means of official letter MS-DRRSHC-ARSP-4850-2019 of 10 September 2019, the Director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Pococí forwarded the complaint of the amparo petitioner to the Municipal Mayor of Pococí, stating: “(…) this Health Governing Area Directorate forwards to your office for whatever may be appropriate, filed (sic) with your represented party by Mrs. Deikelyn López Ugalde, resident of Cariari, located 200 west and 100 north of the Almacén el (sic) Mejor Precio, regarding a stormwater sewer in poor condition (...)”. However, as of the date this amparo action was filed, namely, 29 January 2020, the authorities of the Municipality of Pococí had not ordered or executed any actions to address the cited problem. It was on the occasion of the notification of the processing order issued in this amparo proceeding, a procedural act carried out on 10 February 2020, that authorities of the Environmental Management Department (Departamento de Gestión Ambiental) of the respondent municipal corporation conducted an inspection on the petitioner’s property, as well as on neighboring lands and homes, from which it was verified that the aforementioned pollution problem was caused by the malfunctioning of the ditch (zanjo) and the lack of sanitary sewer infrastructure. For these reasons, that municipal department recommended immediate intervention jointly with the Ministry of Health. Likewise, the Department of Civil Works (Departamento de Obras Civiles) of the Municipality of Pococí noted the existence of pollution caused by the waters flowing through the ditch mentioned in this proceeding, and therefore indicated that the intervention of the Ministry of Health is vital, in order to review which properties dispose of their wastewater inadequately and to compel them to build drainage systems, in accordance with the provisions of articles 285, 286, and 287 of the General Health Law (Ley General de Salud). Furthermore, it indicated that Barrio San Juan lacks an adequate stormwater discharge point, so a thorough inspection must be carried out to find a body of water that can receive the runoff from this community. From the foregoing, it is deduced with crystal clarity that there is a need to construct works to provide infrastructure for the proper flow of stormwater running through Barrio San Juan, as well as the proper management of wastewater—sanitary sewer system (alcantarillado sanitario)—which is reaffirmed by the statement of the Coordinator of the Department of Urban Development and Control (Departamento de Desarrollo y Control Urbano) of the municipality, in his capacity as Head of Municipal Environmental Management and Civil Works, who pointed out that a topographic study of the area must be carried out to find suitable points for stormwater discharge, as well as the planning and execution of the project for the construction of a section of stormwater sewer (alcantarillado pluvial). However, as of the date the respondents submitted their respective reports, the pertinent actions have not been executed, despite the opinions previously mentioned that were issued by the competent municipal authorities, despite there being a plan established for that purpose. It is only on record that, by means of official letter UT0P-MPL-370-2019 of 14 August 2019, the Head of the Topography Unit issued a response to the petitioner’s request, stating: “(…) regarding the progress of the narrowed public street case in Cariari Centro, I inform you that we have conducted a field inspection in which we have detected several inconsistencies in the lot measurements and the cadastral plans. To determine the unequivocal position of the boundaries, and consequently, of the public street, it is necessary to carry out a topographic survey of all the lots in the sector. Currently, the topographic equipment is not operational, so we are not scheduling this type of work. As soon as the Administration resolves a financing issue for the purchase of a device that needs to be replaced, we can schedule the following work (...)”; however, the actions indicated in the partially transcribed response have not been executed either. On the other hand, what was stated by the authorities of the Health Governing Area of Pococí is not acceptable, regarding that the solution to the problem is the exclusive competence of the municipality, since it is demonstrated that their intervention is necessary to give efficacy and operability to the provisions of the Health Law. This entails that this institution must coordinate a remedial plan with the municipal authorities, which, as has been indicated, is absent in the specific case.\n\nUnder this state of affairs, this Court concludes that in this specific case, the Municipality of Pococí has not fulfilled its constitutional obligations, in accordance with the provisions of Article 169 of the Political Constitution and with what is stated in Considerando IV of this judgment, violating the fundamental rights of the amparo petitioner herein. Consequently, this amparo proceeding must be granted, as is hereby ordered and in the terms set forth in the operative part of this ruling.\n\nVII. - NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure works must be dismissed, as such omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, more broadly, their disagreements. However, when that omissionary administrative conduct results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to hear the merits of the matter, this situation constituting an exception to my position on this subject, as is the case here, in which the petitioner asserts that the authorities of the Municipality of Pococí and the Ministry of Health have not addressed or executed the corresponding actions to correct a problem occurring with a ditch (zanjo) that passes through the land where her home is located, as well as through several properties in the community where she lives.\n\nVIII. - DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe amparo action is granted. Edgar Villareal Ruiz and Fredy Hernández Miranda, in their respective order, Deputy Mayor of Pococí and President of the Municipal Council, both of the Municipality of Pococí, or whoever holds those positions, are ordered to take the corresponding measures within their scope of competence so that, within a period of TWELVE MONTHS, counted from the moment of notification of this judgment, the section of stormwater sewer (alcantarillado pluvial) in Barrio San Juan de Cariari is constructed, including a discharge point, for the proper channeling of stormwater, as well as the sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) in the community where the protected person lives. Likewise, they must coordinate with Nora Barrero Escobar, in her capacity as Director of the Health Area of Pococí, or with whoever holds that position, and other competent bodies of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud), the corresponding actions so that, within the same period, the owners of homes located in the locality where the protected person lives are compelled to construct the drains for the proper evacuation of wastewater. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipality of Pococí are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the events giving rise to this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment phase of the contentious-administrative proceeding. Magistrate Salazar attaches a note.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nNancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G. Anamari Garro V.\n\nAna María Picado B. Lucila Monge P.\n\nClassification prepared by the Sala Constitucional of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:09:38.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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