{ "id": "nexus-sen-1-0007-981662", "citation": "Res. 11758-2020 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Disponibilidad de agua para permiso de construcción en proyecto privado", "title_en": "Water availability requirement for construction permit in a private development", "summary_es": "La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo presentado por una persona beneficiaria de un bono de vivienda contra la Municipalidad de Nicoya, que rechazó su solicitud de permiso de construcción en el proyecto \"Bosques Don José\" por no contar con carta de disponibilidad de agua potable emitida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) o una ASADA autorizada. La recurrente alegaba que había presentado una carta emitida por el desarrollador privado del proyecto, quien le suministra el servicio de agua, y que la municipalidad le había otorgado previamente una certificación de uso de suelo conforme, vulnerando así su confianza legítima. La Sala determina que los requisitos municipales, publicados en 2016, exigen claramente la disponibilidad de agua emitida por el ente competente, y que desde el 2017 el ICAA indicó que el desarrollador no estaba autorizado para administrar el acueducto. Además, el ICAA certificó en mayo de 2020 que no existe disponibilidad de agua potable frente a la propiedad. Se concluye que la denegatoria no fue arbitraria, sino basada en el incumplimiento de requisitos legales, sin que exista acto declaratorio que exima a la recurrente. Se declara sin lugar el recurso.", "summary_en": "The Constitutional Court examines an amparo action filed by a housing subsidy beneficiary against the Municipality of Nicoya, which denied her construction permit in the \"Bosques Don José\" development because she lacked a water availability certificate from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) or an authorized local water board (ASADA). The petitioner argued she had submitted a letter from the private developer who supplies water to the project, and that the municipality had previously granted a conforming land-use certificate, frustrating her legitimate expectations. The Court finds that the municipal requirements, published in 2016, expressly demand water availability certification from the competent authority; since 2017, the ICAA had informed the municipality that the private developer was not authorized to manage the water system, and in May 2020 the ICAA certified that no potable water was available at the property. The denial was therefore not arbitrary but based on the petitioner's failure to meet mandatory legal requirements, with no prior act exempting her. The amparo is denied.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "26/06/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "disponibilidad de agua", "permiso de construcción", "ASADA", "confianza legítima", "bono de vivienda", "acueducto privado", "ICAA", "BANHVI" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 15, 33, 34", "law": "Ley de Planificación Urbana" }, { "article": "Art. 169", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 3", "law": "Código Municipal" }, { "article": "Arts. 2.g, 18", "law": "Ley Constitutiva del ICAA" } ], "keywords_es": [ "disponibilidad de agua", "permiso de construcción", "bono de vivienda", "confianza legítima", "ASADA", "Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados", "acueducto privado", "Municipalidad de Nicoya", "vivienda de interés social", "BANHVI" ], "keywords_en": [ "water availability", "construction permit", "housing subsidy", "legitimate expectations", "rural water board", "Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers", "private water system", "Municipality of Nicoya", "social housing", "BANHVI" ], "excerpt_es": "Así las cosas, no se constata algún acto arbitrario, ilegítimo y contrario al Derecho de la Constitución por parte de la Municipalidad de Nicoya y que lesione los derechos fundamentales de la amparada. La denegatoria de los permisos constructivos no ha sido arbitrario y, por el contrario, obedece a la falta de cumplimiento de requisitos. ... No debe perderse de vista que los requisitos exigidos a la amparada constan establecidos previamente en la normativa institucional correspondiente. Bajo tal estado de las cosas, en la especie, se descarta la lesión de los derechos fundamentales de la amparada y, en consecuencia, se declara sin lugar el recurso.", "excerpt_en": "Thus, no arbitrary, illegitimate act contrary to the Constitution by the Municipality of Nicoya that violates the fundamental rights of the petitioner is established. The denial of the construction permits was not arbitrary; on the contrary, it is due to the failure to comply with requirements. ... It should not be overlooked that the requirements demanded of the petitioner were previously established in the corresponding institutional regulations. Under this state of affairs, in the present case, the violation of the petitioner's fundamental rights is ruled out, and consequently the amparo action is denied.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Constitutional Court denies the amparo action, finding no arbitrary action by the Municipality of Nicoya, since the construction permit denial was based on the petitioner's failure to comply with the potable water availability requirements mandated by law.", "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo, al no constatarse actuación arbitraria de la Municipalidad de Nicoya, pues la denegatoria del permiso de construcción se debió al incumplimiento de los requisitos de disponibilidad de agua potable exigidos por la normativa." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The denial of the construction permits was not arbitrary; on the contrary, it is due to the failure to comply with requirements.", "quote_es": "La denegatoria de los permisos constructivos no ha sido arbitrario y, por el contrario, obedece a la falta de cumplimiento de requisitos." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "It should not be overlooked that the requirements demanded of the petitioner were previously established in the corresponding institutional regulations.", "quote_es": "No debe perderse de vista que los requisitos exigidos a la amparada constan establecidos previamente en la normativa institucional correspondiente." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "This Court lacks jurisdiction to determine whether or not water availability should be granted, as this depends on technical criteria issued by the ICAA authorities.", "quote_es": "Este Tribunal no cuenta con la competencia para determinar si procede o no otorgar la disponibilidad de agua, pues esto obedece a criterios técnicos emitidos por las autoridades del ICAA." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-981662", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 11758 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 26 de Junio del 2020 a las 09:05\n\nExpediente: 20-008439-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*200084390007CO*\n\nExp: 20-008439-0007-CO\n\nRes. Nº 2020011758\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veintiseis de junio de dos mil veinte .\n\n              Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-008439-0007-CO, interpuesto por ANYEL VICTORIA HIDALGO MATARRITA, cédula de identidad 0503880031, contra MUNICIPALIDAD DE NICOYA.\n\nResultando:\n\n              1.-Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 10:30 horas de 15 de mayo de 2020, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Nicoya. Manifiesta que, el 31 de marzo de 2020, el BANHVI le notificó la aprobación del bono de vivienda; empero, el 30 de abril de 2020, la municipalidad recurrida le comunicó el rechazo del permiso de construcción, previamente solicitado. Comenta que, como justificación de la denegatoria en cuestión, el ayuntamiento consignó que la propiedad no cuenta con la carta de disponibilidad de agua emitida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o la ASADA autorizada. No obstante, asevera que en su momento adjuntó la carta de disponibilidad de agua emitida por José Roberto Zumbado, desde hace más de tres años. Acota que, además, la propia Municipalidad de Nicoya le otorgó la certificación de uso de suelo para la construcción de la vivienda de interés social. Sostiene que cada mes paga los recibos del servicio de agua, incluso, en la factura electrónica consta que el administrador está regulado por la ARESEP y la Dirección de Tributación. Explica que requiere del permiso de construcción, pues el BANHVI le ha otorgado un tiempo prudencial para la edificación de la casa. Considera que lo actuado por la Municipalidad de Nicoya violenta su derecho a una vivienda propia y digna. Solicita la intervención de esta Sala.\n\n2.- Por resolución de las 16:05 horas de 15 de mayo de 2020 se le dio curso a este recurso de amparo y se le solicitó informe al Alcalde y al Jefe del Departamento de Control Constructivo y Obra Pública, ambos de la Municipalidad de Nicoya.\n\n3.-Rinden informe, bajo juramento, Carlos Armando Martínez Arias y Josué Ruiz Guerrero, por su orden, Alcalde Municipal y Coordinador del Departamento de Control Constructivo, ambos de la Municipalidad de Nicoya. Manifiestan que, desde el año 2018, el Departamento de Control Constructivo y Obra Pública no aprueba permisos de construcción para las solicitudes recibidas en el proyecto Bosques Don José, que presenten cartas de disponibilidad de agua emitidas por el señor Roberto Zumbado Arias. Debido a que ese señor no cuenta con la condición legal ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para administrar el servicio de agua potable. Indican que el señor Zumbado es conocedor directo de la situación, especialmente después de todo el trabajo realizado por la Comisión de Urbanismo de la Municipalidad de Nicoya, la cual fue creada para analizar los casos de las urbanizaciones de Bosques Don José, Los Ángeles y El Caimito. Explican que, en el caso de Bosques Don José, el objetivo del diagnóstico presentado ante el Concejo Municipal, recomendó las acciones a seguir para poder realizar la entrega de derechos de vías en el proyecto y poder terminar los procesos descritos en la Ley de Planificación Urbana, necesarios para el proceso de regulación del acueducto. Indican que, a partir del 1 de julio del 2016, según Acuerdo No 19, aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria Nº 276 de 10 de agosto del 2015, emitido por oficio No. SM-455-08-2015, a solicitud del ingeniero Josué Ruiz Guerrero mediante oficio IM-310-2015, se acordó adoptar la plataforma digital Administrador de Proyectos de Construcción (APC) del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), como única forma de tramitar solicitudes de licencias de construcción en la Municipalidad de Nicoya, por lo que ya no se reciben solicitudes ni planos de construcción en físico, solamente en digital. Exponen que todas las solicitudes presentadas han pasado el proceso de revisión de los documentos presentados en la solicitud de permiso de construcción mediante la plataforma APC del CFIA. Explican que el documento presentado como carta de disponibilidad de agua, consiste en un documento de un administrador privado del acueducto no autorizado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, a nombre de Roberto Zumbado Arias, cédula 2- 0209-0844. Por lo que se genera un rechazo mediante la plataforma APC del CFIA, con la siguiente especificación: “(…) Para proseguir con el trámite, es necesario realizar las siguientes correcciones: 1. Observaciones generales 2. Aportar carta de disponibilidad de agua directamente de AyA (sic). El documento aportado corresponde a un administrador no autorizado por AyA (…)”. Indican que corresponde al ICAA, como ente rector, intervenir en todos los asuntos relativos a la administración, conservación y explotación racional de las aguas necesarias para las poblaciones, control de su contaminación o alteración, definición de las medidas y acciones necesarias para la protección de las cuencas hidrográficas y la estabilidad ecológica. Asimismo, velar porque todos los sistemas públicos o privados y sus instalaciones de acueductos o alcantarillados sanitarios, cumplan los principios básicos del servicio público, tanto en calidad como en cantidad. Los costos que ello implique deberán de ser sufragados por las entidades bajo cuya administración se encuentra el sistema. Alegan que, de conformidad con las facultades conferidas mediante los artículos 2.g y 18 de la Ley Constitutiva del ICAA, se conviene delegar la administración del referido sistema a la asociación de la junta administradora de la comunidad. La asociación requiere ser debidamente constituida al amparo de: “(…) la Ley 218 de 8-8-39, reformada por leyes 4583 (3-5-70), 5116 (20-11-72) y 6020 (3-1-77) y su respectivo reglamento Decreto 32529-MINAE publicado en La Gaceta Nº 150 del 05 de agosto del año dos mil cinco (…)”, por lo que se conviene delegar la administración, operación, mantenimiento y desarrollo del Acueducto. Señalan que la lista de los entes autorizados para la administración del recurso hídrico en el cantón de Nicoya, facilitada por el ICAA, incluye a las siguientes entidades: Barco Quebrado, Lago Ecológico, Belén De Nosarita, Caballito, Caimital, Cangrejal, Samara, Cañal De Pozo De Agua, Copal, Nicoya, Corralillo, Delicias De Garza, Dulce Nombre, El Obispo, Esperanza Sur De Nosara, Florida, lguanita, La Esperanza Norte Juan Diaz, Las Pozas, Loma Bonita, Millal, Moracia y San Martín, Naranjal, Playa Nosara, Playa Samara, Pozo De Agua(Conguera), Quebrada Honda , San Fernando, San Vicente, Santa Elena, Santa Marta de Nosara, Santo Domingo, Torito, Barillal, Zaragoza y Gamalotal. Indican que en la Gaceta #93 de 16 de mayo del 2016, se publicaron, oficialmente, los requisitos para solicitud de permiso de construcción para la Municipalidad de Nicoya: “(…) 1.              Plano catastrado con el Visado Municipal. Artículo 15,33 y 34 de la Ley de Planificación Urbana, Artículo 169 de la Constitución Política. DictamenC-172-2007 de la Procuraduría de la República. 2. Informe registra! de la propiedad. Artículo 169 de la Constitución Política, Articulo 3 del Código Municipal. Potestad certificadora: 1. Artículo 34, 11O Código Notarial. 2.368 y 368 del Código Procesal Civil. 3. Copia de la Cédula de Identidad del dueño de la propiedad. En caso que el propietario del terreno o solicitante sea una persona jurídica, debe adjuntar una personería jurídica con menos de dos meses de emitida. Artículo 169 de la Constitución Política, artículo 3 Código Municipal, artículo 20, 182 y 12 incisos 11, 12 del Código de Comercio, artículo 627 del Código Civil. 4.              Disponibilidad de agua potable, emitido por el Acueducto de la localidad donde se ubica el terreno en que se construirá. Es obligatorio una de las cuatro siguientes opciones: a- Disponibilidad de agua del A y A o de la institución encargada de dar el servicio de agua potable. b- Para el caso de pozos, se tienen pruebas físicas, químicas y bacteriológicas de la calidad y cantidad del agua, que demuestran la potabilidad de la misma. Además registro del pozo ante la Dirección de Aguas. c- En caso de ASADAS constancia de capacidad Hídrica del A y A o de la Institución encargada. d­ ASADAS adjuntar certificación de estar inscrita como tal en el A y A, y criterio técnico de la Dirección de Acueductos Rurales, lo anterior según oficio DAR 1679-2007. Artículo 169 de la Constitución Política, Articulo 3 Código Municipal. 5. Resolución uso de suelo aprobada por la Municipalidad de Nicoya. 6. Certificación del INS, de la suscripción de la Póliza de Riesgos de Trabajo. Artículo 195, 202 Código de trabajo. 7. Viabilidad Ambiental aprobada por SETENA, para construcciones que así la requieran. - Artículo 3 inc. 64, 12 (territorios con plan regulador aprobado por SETENA), Articules 30 y 67 del DECRETO31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 8. Si el terreno colinda con ríos, quebradas, acequias, nacientes, traer el alineamiento en los planos catastrados y de construcción, emitido por la Dirección de Urbanismo del INVU. - Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones: 111.3.7.4, Artículos 261,262 del Código Civil, artículo 121 Constitución Política. 9. Si la construcción se realizará frente a una Ruta Nacional, traer el debido alineamiento emitido por el Departamento de Previsión Vial del MOPT. Artículo 19 Ley General de Caminos Nº 5060, - Artículo IV.7 Reglamento de Construcciones. 10. Permiso de accesos del MOPT, cuando así se requiera. 11. Visto bueno de la oficina Zona Marítimo Terrestre cuando el inmueble se encuentre en la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la marea baja. Artículo 33 de la Ley Forestal Nº 7575 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento (Resolución de la Sala Constitucional No 447-91) No. 6043 (…)”. Alegan que el 7 de diciembre de 2017, el ICAA envió a la Municipalidad de Nicoya el oficio GSP-RCHO-2017-04057, solicitando frenar toda clase de permisos de construcción debido a las irregularidades que se estaban presentando con el servicio de agua. Argumentan que, aunque el ICAA considera que se hizo caso omiso de la solicitud, debido a construcciones nuevas, lo cierto es que no se ha aprobado licencia de construcción alguna desde finales del año 2017. Por otro lado, se ha convertido en un problema sin fin, la atención de proyectos ilegales que se construyen los fines de semana, sin licencias de construcción, así como conflictos personales entre vecinos. Indica que el citado señor de apellido Zumbado construyó una iglesia totalmente ilegal, sin importarle la situación legal del proyecto. De tal forma, la municipalidad se ha visto en la obligación de realizar la denuncia penal respectiva contra el señor Zumbado en la fiscalía. El hecho más grave es que, los servicios de pajas de agua nuevas (necesarias para el proceso de construcción) son otorgadas por la persona de cita, convirtiendo el problema de la construcción ilegal en un círculo sin fin. Sumado a lo anterior, no existe claridad de la capacidad hídrica del sistema de distribución de agua del proyecto Bosques Don José, siendo esta la principal razón por la que el ICAA no echa mano de la administración del sistema. Manifiestan que los vecinos de Bosques Don José, bajo expediente 19-006634-0007-CO de esta Sala, interpusieron un recurso de amparo contra el ICAA, la Municipalidad de Nicoya y Roberto Zumbado Arias, buscando una solución al problema descrito. Dicho proceso de amparo fue declarado sin lugar, por medio de Sentencia Nº 2019-019680 de las 09:20 horas veinte de 11 de octubre de 2019, de la cual se extrae el siguiente texto de interés: “(…) De los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tienen dados bajo fe de juramento, con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y las pruebas aportadas para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que, el residencial  Bosques don José, se refiere a un proyecto de Fraccionamiento y lotificación, fuera del área de cobertura del acueducto de Nicoya que administra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En ese sentido, el desarrollador del proyecto Barrio Bosques Don José, en Nicoya de Guanacaste, es quien suministra, vende, controla y administra el recurso hídrico, lo cual es de conocimiento del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), según estudio GSP-RCHO-2017-03097. Sin embargo y a pesar de las pretensiones de la parte recurrente, las condiciones actuales de desarrollo del acueducto existente, carecen de estudios hidrogeológicos de las zonas de protección de cada pozo, por lo que no es posible para las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, determinar la oferta hídrica del proyecto, ni asegurar la continuidad, cantidad y calidad para los usuarios actuales; este último punto, unido al hecho de que las construcciones realizadas en el proyecto habitacional en disputa, se han ejecutado sin contar con los estudios de disponibilidad de agua, ni con las respectivas concesiones autorizadas, nos lleva a la conclusión de que la accionada, no ha negado el servicio público, o en este caso, no se ha negado de manera arbitraria a ejecutar las acciones pertinentes en el problema que aqueja a la comunidad de la parte recurrente; todo lo contrario, es la carencia de los requisitos legales que deben de reunir los interesados, lo que por el momento impide que sus problemas de abastecimiento sean solventados. Si bien es cierto, la comunidad amparada y la Corporación Municipal de Nicoya, han realizado acciones para lograr que, el Instituto Costarricense de Acueductos, asuma la administración del acueducto privado, lo cierto del caso es que, tales circunstancias no eliminan el  hecho de que, actualmente no cuentan con los requisitos normativos establecidos para su otorgamiento, ni con los estudios técnicos necesarios para determinar la oferta hídrica del proyecto, ni asegurar la continuidad, cantidad y  calidad  para los  usuarios actuales.  Las anteriores condiciones, imposibilitan que este Tribunal, acceda a las pretensiones de la comunidad amparada. En razón de lo anterior, se declara sin lugar el recurso (…)”. En cuando a las solicitudes de disponibilidad, indican que según Oficio GSP-RCHO-2017-04057 emitido por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados el 30 de noviembre del 2017, se tiene que el documento legal que acredita la administración del acueducto a terceros se denomina Convenio de Delegación. De tal forma, las ASADAS que no cuenten con el convenio de delegación firmado entre el ICAA y estas, no se encuentran facultadas para emitir la carta de disponibilidad de agua para solicitud de permiso de construcción. Mencionan que las personas que requieren solicitar la disponibilidad de agua y cuenten con una ASADA sin convenio de delegación, deben de hacer la solicitud directamente en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y cumplir con el que esa institución les indique. Respecto a la forma en la que el Departamento de Planificación Urbana ha venido emitiendo las resoluciones municipales de ubicación (uso de suelo conforme, para casos similares), pese a que se resuelve como corresponde, el criterio vertido por el arquitecto Hernández Dorado, en su nota enfatiza: \"(…) Al haber aprobado la Resolución de Ubicación Municipal eso NO implica que se están dando el permiso para movimiento de tierra, cortes, rellenos, construcción , desfogue Fluvial, todo lo relacionado con obras civiles por lo que deberán ser tramitados en el momento que se requiera dicho permiso y también si la Resolución Municipal (Uso de Suelo) es positivo, no obliga a la Municipalidad a otorgar la respectiva patente, esta debe de ser solicitado de conformidad con la normativa establecido por esta institución para estos efectos (...)”. Sobre el tema del otorgamiento de certificaciones sobre el uso de la tierra, señalan la Procuraduría General de la República, en su dictamen C 327-2001 del 28 de noviembre de 2001, indicó: “(…) Por medio de la certificación de uso del suelo no se decide cuál es el uso permitido, simplemente se acredita cuál es el uso debido según lo establecido reglamentariamente, además de hacer constar si el uso que se le está dando a un determinado terreno es o no conforme con dicha reglamentación. Como acto administrativo, el certificado de uso del suelo es meramente declarativo, en el sentido de que se limita a acreditar un hecho o situación jurídica sin crearla, modificarla o extinguirla, como sí ocurre con los actos administrativos constitutivos (En tal sentido, vid. , GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, T.!, /978, p.481, así como PAREJO ALFONSO , Luciano, JIMÉNEZ-BLANCO, A. y ORTEGA ÁLVAREZ, L., Manual de Derecho Administrativo, Vol. l , 1998, p.721.) . En el sentido anterior, el certificado de uso del suelo, como acto administrativo declarativo, acredita hechos o situaciones jurídicas que sirven de base para la adopción de actos administrativos por medio de los cuales si se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. Tal es el caso, por ejemplo, de las autorizaciones para construir o las patentes municipales para ejercer determinadas actividades, cuya adopción requiere de un certificado de uso del suelo. En tanto acto declarativo, el certificado de uso del suelo no puede ser discrecional sino reglado, porque no hay margen de discrecionalidad cuando se trata de acreditar hechos o situaciones jurídicas: o estos se dan y existen, aunque sea parcialmente, o no se dan. En el caso que nos ocupa, lo que se certifica es el uso permitido según lo establecido normativamente y eso no admite margen de discrecionalidad (…) \"En el dictamen citado esta Procuraduría ha indicado qué normativa debe ser considerada como parámetro para las certificaciones de uso del suelo: \"Los certificados de uso del suelo se han de emitir tomando en cuenta, en primer lugar, lo que al respecto disponen las leves y sus reglamentos sobre la materia. Particularmente, lo que dispone la Ley de Construcciones y su reglamento, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, y el Reglamento sobre el Régimen de Propiedad Horizontal, Decreto Ejecutivo número 26.259-MIVAH-MP. Esta es la normativa básica a aplicar por las municipalidades que no cuentan con plan regulador local ni regional al momento de certificar el uso del suelo permitido en relaci6n con un determinado terreno (…)\". A partir de lo anterior, alegan que el otorgamiento del certificado de uso de la tierra (uso de suelo) faculta a las municipalidades a otorgar licencias constructivas, tal como sucede en el caso que nos ocupa, únicamente a tenor del principio de legalidad, esto es de conformidad a un plan regulador o al cumplimiento de otros elementos que el marco jurídico establece con ocasión de aprobación de permisos de construcción, tal como el documento de disponibilidad de agua emitido por el Instituto de Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o bien, por la ASADA del sector donde se ubica el predio sobre el cual se pretende obligar a al ayuntamiento, por parte de la recurrente, a que se le otorgue una licencia aún y cuando la normativa citada ut supra ha enfatizado los presupuestos jurídicos por los cuales se le ha denegado a la recurrente su permiso constructivo. En razón de ello, manifiestan que debe tomarse en cuenta que el asunto ya fue discutido y declarado sin lugar por esta Sala, en un recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Bosques Don José contra el Instituto de Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Roberto Zumbado Arias y la Municipalidad de Nicoya. Por lo expuesto, solicitan que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n              Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\n              I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente asegura que el BANHVI le otorgó el bono de vivienda, por lo que interpuso ante la Municipalidad de Nicoya solicitud del respectivo permiso de construcción; empero, dicha corporación municipal rechazó la solicitud, alegando que la propiedad no cuenta con la carta de disponibilidad de agua emitida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o la ASADA autorizada. No obstante, asevera que en su momento adjuntó la carta de disponibilidad de agua emitida por José Roberto Zumbado, desde hace más de tres años.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\n1)    La amparada es propietaria del inmueble plano catastrado G-2141831-2019, finca 5-234022000, ubicado en el proyecto denominado Bosques Don José (hecho no controvertido).\n\n2)    A partir del 1 de julio del 2016, según Acuerdo No 19, aprobado por el Concejo Municipal de Nicoya en Sesión Ordinaria Nº 276 de 10 de agosto del 2015, emitido por oficio No. SM-455-08-2015, a solicitud del ingeniero Josué Ruiz Guerrero mediante oficio IM-310-2015, las solicitudes de licencias de construcción interpuestas ante la Municipalidad de Nicoya se tramitan por medio de la plataforma digital Administrador de Proyectos de Construcción (APC) del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), siendo que no se tramitan solicitudes presentadas de forma física (ver informe rendido por los recurridos).\n\n3)    A partir del 7 de diciembre de 2017, por indicación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dada por oficio GSP-RCHO-2017-04057, la Municipalidad de Nicoya suspendió el otorgamiento de permisos de construcción en los que, los interesados, presentaran carta de disponibilidad de agua emitida por Roberto Zumbado Arias -desarrollador del proyecto Bosques Don José- porque no cuenta con la condición legal ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para administrar el servicio de agua potable (ver prueba aportada al expediente).\n\n4)    En agosto de 2019, la amparada solicitó certificación de uso de suelo ante la Municipalidad de Nicoya, gestión se tramitó mediante trámite No. 0000079839 (ver prueba aportada al expediente).\n\n5)    Mediante resolución municipal de ubicación de uso de suelo, oficio DPU-RMU-1130-2019 de 29 de agosto de 2019, las autoridades de la Municipalidad de Nicoya indicaron lo siguiente: “(…) La zona donde se encuentra esta propiedad está fuera de los límites del Plan Regulador Vigente del Cantón de Nicoya. Acatando la resolución de la Procuraría (sic) General de la República bajo el dictamen C-312-2015 donde se manifiesta que la certificación de uso de suelo es de competencia municipal exista o no plan regulador (…) Se concluye: Uso de Suelo Conforme de Resolución Municipal de Ubicación con el proyecto de realizar, según resolución de recurso de apelación condicionado a contar con la disponibilidad de agua para el proyecto a realizar por parte de la entidad competente (Asada o AyA). Basado en el Decreto de Sequía N° 38642-MP-MAG (…)” (ver prueba aportada al expediente).\n\n6)    El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) otorgó bono de la vivienda a la amparada, por lo que pretende construir en el inmueble supra citado, por lo que el 31 de marzo de 2020, interpuso ante la Municipalidad de Nicoya permisos de construcción, aportando una carta de disponibilidad de agua emitida por el señor Roberto Zumbado Arias, desarrollador del proyecto Bosques Don José (ver prueba aportada al expediente).\n\n7)    Mediante documento de 30 de abril de 2020, emitido mediante la plataforma APC del CFIA, se rechazó la solicitud de la recurrente, con la siguiente especificación: “(…) Para proseguir con el trámite, es necesario realizar las siguientes correcciones: 1. Observaciones generales 2. Aportar carta de disponibilidad de agua directamente de AyA (sic). El documento aportado corresponde a un administrador no autorizado por AyA (…)”. (ver prueba aportada al expediente).\n\n8)    En mayo de 2020, la amparada solicitó ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados solicitud de disponibilidad de agua potable, siendo que, mediante oficio de 6 de mayo de 2020, esa institución señaló, en lo que interesa: “(…) le comunico que como resultado de los estudios básicos e informe técnico que consta en oficio (s): 2020-00025953-A-AP se determinó lo siguiente: La propiedad se encuentra ubicada en la lotificación con acueducto privado. NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD (…)” (ver prueba aportada al expediente).\n\nIII.- HECHOS NO PROBADOS. Para la resolución de este proceso de amparo, no se tiene por demostrado el siguiente hecho:\n\nÚnico. Que la Municipalidad de Nicoya, o cualquier otra institución, haya emitido algún acto declaratorio de derechos a favor de la amparada, en el sentido de que se le exime del cumplimiento de requisitos establecidos para obtener permisos constructivos (los autos).\n\nIV.- SOBRE EL FONDO. En el sub-examine, la recurrente reclama que las autoridades de la Municipalidad de Nicoya le han denegado, de forma ilegal, el permiso de construcción en un inmueble de su propiedad, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos solicitados al efecto, impidiéndole ejecutar el bono de vivienda otorgado por el BANHVI. De lo dicho por la accionante, se tiene que su reclamo se basa en la posible infracción al principio de confianza legítima en cuanto a los actos administrativos emitidos por la Municipalidad de Nicoya, siendo que, en caso de haber sido violada la confianza puesta en la acción de dicha institución, se crea una situación que debe ser reparada por este Tribunal Constitucional. Sobre el desarrollo de este principio, resulta de relevancia lo dicho por este Tribunal, entre otras, en Sentencia No. 2010-010171 de las 09:58 horas de 11 de junio de 2010:\n\n“(…) Este principio surge en la República Federal de Alemania y, luego, es recogido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, para definir una situación digna de ser amparada al haber sido violada la confianza puesta en la acción de la Administración Pública. El Tribunal Supremo Español, en su sentencia del 1º de febrero de 1990, consideró que este principio “… ha de ser aplicado, no tan sólo cuando se produzca cualquier tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, sino más bien cuanto se basa en signos externos producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa, unido a que, dada la ponderación de intereses en juego –interés individual e interés general- la revocación o dejación sin efectos del acto, hace crecer en el patrimonio del beneficiado que confió razonablemente en dicha situación administrativa, unos perjuicios que no tiene por qué soportar derivados de unos gastos o inversiones que solo pueden serle restituidos con graves perjuicios en su patrimonio”.  En cuanto a los requisitos del principio de confianza legítima, la doctrina española, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, ha establecido los siguientes:\n\nDebe mediar un acto de la administración lo suficientemente concluyente para provocar en el afectado uno de los tres tipos siguientes de confianza: a) confianza del afectado en que la Administración Pública actúa correctamente; b) confianza del afectado en que es lícita la conducta que mantiene en su relación con la Administración Pública, al existir un eventual error de prohibición; c) confianza del afectado en que sus expectativas como interesado son razonables.\nLa Administración Pública debe provocar signos (actos o hechos) externos que, incluso, sin necesidad de ser jurídicamente vinculantes, orienten al administrado hacia una determinada conducta que de no ser por la apariencia de legalidad creada no hubiere efectuado.\nUn acto de la Administración Pública –v. gr. un reglamento- que reconoce o constituye una situación jurídica individualizada en cuya estabilidad confía el administrado.\nLa causa idónea para provocar la confianza legítima del afectado no puede provocarse por la mera negligencia, tolerancia, ignorancia de la Administración Pública o lo irracional de lo pretendido por el administrado.\nEl administrado debe cumplir los deberes y obligaciones que le competen.\n\n    El quebranto del principio de la confianza legítima provoca, indudablemente, varios efectos jurídicos de importancia, veamos:\n\nActúa como límite al ejercicio de las potestades discrecionales.\nOpera como una garantía del principio de igualdad.\nProvoca el deber de la Administración pública de resarcir la frustración de las expectativas legítimas y los derechos subjetivos lesionados.\n\n    El principio de la confianza legítima, junto con el de la buena fe en las relaciones jurídico-administrativas, dimana del principio de igualdad jurídica, esto es, la certidumbre de las relaciones con los poderes públicos, saber, el administrado, a qué atenerse con éstos, quienes deben evitar las situaciones objetivamente confusas y mantener las situaciones jurídicas aunque no sean absolutamente conformes con el ordenamiento jurídico. Este principio, se concreta, entre otros supuestos, con la teoría de la intangibilidad de los actos propios declarativos de derechos para el administrado, la limitación de los actos de gravamen y la irretroactividad. Encuentra aplicación, también, cuando una administración pública dicta y realiza una serie de actos y de actuaciones, que aunque jurídicamente incorrectas, generan una serie de expectativas en el administrado creyendo que ostenta una situación jurídica conforme con el ordenamiento jurídico.” JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo –Parte General-, San José, IUSconsultec y Editorial Jurídica Continental, 2ª. Edición, 2009, pp. 294-296 (...)”.\n\nAhora bien, en el caso concreto, se tiene por demostrado que la amparada es propietaria del inmueble plano catastrado G-2141831-2019, finca 5-234022000, ubicado en el proyecto denominado Bosques Don José, Nicoya, Guanacaste. En dicho inmueble, esta pretende construir una casa, siendo que, al efecto, en marzo de 2020, el BANHVI le otorgó un bono de vivienda. Para dicho trámite, la tutelada debe gestionar los permisos municipales correspondientes. Así, la tutelada debe tramitar los permisos constructivos y cumplir con lo establecido por el plan regulador y demás normativa establecida al efecto. Así, se tiene que a la amparada, al igual que a toda persona interesada en desarrollar un proyecto constructivo en Nicoya, se le exigen los siguientes requerimientos establecidos por las autoridades de la municipalidad de esa localidad y que fueron publicados en la Gaceta No. 93 de 16 de mayo del 2016: “(…) 1. Plano catastrado con el Visado Municipal. Artículo 15,33 y 34 de la Ley de Planificación Urbana, Artículo 169 de la Constitución Política. DictamenC-172-2007 de la Procuraduría de la República. 2. Informe registra! de la propiedad. Artículo 169 de la Constitución Política, Articulo 3 del Código Municipal. Potestad certificadora: 1. Artículo 34, 11O Código Notarial. 2.368 y 368 del Código Procesal Civil. 3. Copia de la Cédula de Identidad del dueño de la propiedad. En caso que el propietario del terreno o solicitante sea una persona jurídica, debe adjuntar una personería jurídica con menos de dos meses de emitida. Artículo 169 de la Constitución Política, artículo 3 Código Municipal, artículo 20, 182 y 12 incisos 11, 12 del Código de Comercio, artículo 627 del Código Civil. 4. Disponibilidad de agua potable, emitido por el Acueducto de la localidad donde se ubica el terreno en que se construirá. Es obligatorio una de las cuatro siguientes opciones: a- Disponibilidad de agua del A y A o de la institución encargada de dar el servicio de agua potable. b- Para el caso de pozos, se tienen pruebas físicas, químicas y bacteriológicas de la calidad y cantidad del agua, que demuestran la potabilidad de la misma. Además registro del pozo ante la Dirección de Aguas. c- En caso de ASADAS constancia de capacidad Hídrica del A y A o de la Institución encargada. d­ ASADAS adjuntar certificación de estar inscrita como tal en el A y A, y criterio técnico de la Dirección de Acueductos Rurales, lo anterior según oficio DAR 1679-2007. Artículo 169 de la Constitución Política, Articulo 3 Código Municipal. 5. Resolución uso de suelo aprobada por la Municipalidad de Nicoya. 6. Certificación del INS, de la suscripción de la Póliza de Riesgos de Trabajo. Artículo 195, 202 Código de trabajo. 7. Viabilidad Ambiental aprobada por SETENA, para construcciones que así la requieran. - Artículo 3 inc. 64, 12 (territorios con plan regulador aprobado por SETENA), Articules 30 y 67 del DECRETO31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 8. Si el terreno colinda con ríos, quebradas, acequias, nacientes, traer el alineamiento en los planos catastrados y de construcción, emitido por la Dirección de Urbanismo del INVU. - Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones: 111.3.7.4, Artículos 261,262 del Código Civil, artículo 121 Constitución Política. 9. Si la construcción se realizará frente a una Ruta Nacional, traer el debido alineamiento emitido por el Departamento de Previsión Vial del MOPT. Artículo 19 Ley General de Caminos Nº 5060, - Artículo IV.7 Reglamento de Construcciones. 10. Permiso de accesos del MOPT, cuando así se requiera. 11. Visto bueno de la oficina Zona Marítimo Terrestre cuando el inmueble se encuentre en la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la marea baja. Artículo 33 de la Ley Forestal Nº 7575 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento (…)”. De lo anterior, queda claramente establecida la necesidad de aportar la constancia de disponibilidad de agua. No obstante, a la fecha en que los recurridos rindieron su informe, sea, 3 de junio de 2020, la amparada no ha cumplido con ese requisito, por lo que las autoridades de la Municipalidad de Nicoya rechazaron su solicitud de permisos constructivos. Tal requerimiento, además de estar claramente señalado en los requisitos supra citados, fue advertido a la amparada en el año 2019, siendo que, mediante resolución municipal de ubicación de uso de suelo, oficio DPU-RMU-1130-2019 de 29 de agosto de 2019, las autoridades de la Municipalidad de Nicoya indicaron lo siguiente: “(…) La zona donde se encuentra esta propiedad está fuera de los límites del Plan Regulador Vigente del Cantón de Nicoya. Acatando la resolución de la Procuraría (sic) General de la República bajo el dictamen C-312-2015 donde se manifiesta que la certificación de uso de suelo es de competencia municipal exista o no plan regulador (…) Se concluye: Uso de Suelo Conforme de Resolución Municipal de Ubicación con el proyecto de realizar, según resolución de recurso de apelación condicionado a contar con la disponibilidad de agua para el proyecto a realizar por parte de la entidad competente (Asada o AyA). Basado en el Decreto de Sequía N° 38642-MP-MAG (…)”. No obstante, la tutelada únicamente ha presentado una carta emitida por el señor Roberto Zumbado Arias, desarrollador del proyecto Bosques Don José; empero, a partir del 7 de diciembre de 2017, por indicación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dada por oficio GSP-RCHO-2017-04057, la Municipalidad de Nicoya suspendió el otorgamiento de permisos de construcción en los que, los interesados, presentaran carta de disponibilidad de agua emitida por Roberto Zumbado Arias -desarrollador del proyecto Bosques Don José- porque no cuenta con la condición legal ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para administrar el servicio de agua potable. De ahí, que las autoridades de la Municipalidad de Nicoya exigen que se aporte la certificación de disponibilidad de agua emitida por el ICAA, lo cual no ha sido cumplido por la recurrente. Si bien, esta tramitó ante esa institución la respectiva certificación en mayo de 2020, lo cierto es que no es posible otorgarle la certificación de disponibilidad, pues las autoridades del ICAA, mediante oficio de 6 de mayo de 2020, señalaron: “(…) le comunico que como resultado de los estudios básicos e informe técnico que consta en oficio (s): 2020-00025953-A-AP se determinó lo siguiente: La propiedad se encuentra ubicada en la lotificación con acueducto privado. NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD (…)”. Esto, porque se determinó que el proyecto Bosques Don José carece de estudios hidrogeológicos de las zonas de protección de cada pozo, por lo que no es posible determinar la oferta hídrica, ni asegurar la continuidad, la cantidad y la calidad del servicio. Es importante señalar que este Tribunal no cuenta con la competencia para determinar si procede o no otorgar la disponibilidad de agua, pues esto obedece a criterios técnicos emitidos por las autoridades del ICAA, institución con la potestad normativa para realizar tales actos y, en todo caso, entrar a analizar si procede o no el otorgamiento de disponibilidad, excede el carácter sumario del recurso de amparo.\n\nAsí las cosas, no se constata algún acto arbitrario, ilegítimo y contrario al Derecho de la Constitución por parte de la Municipalidad de Nicoya y que lesione los derechos fundamentales de la amparada. La denegatoria de los permisos constructivos no ha sido arbitrario y, por el contrario, obedece a la falta de cumplimiento de requisitos. A mayor abundamiento, se tiene que la gestión de la amparada, se tramitó por medio de la plataforma digital Administrador de Proyectos de Construcción (APC) del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), la cual opera en la Municipalidad de Nicoya desde el 1 de julio del 2016, según Acuerdo No 19, aprobado por el Concejo Municipal de Nicoya en Sesión Ordinaria Nº 276 de 10 de agosto del 2015, emitido por oficio No. SM-455-08-2015, a solicitud del ingeniero Josué Ruiz Guerrero mediante oficio IM-310-2015. Esta tramitación se aplica a todas las solicitudes de permisos de construcción que se presentan ante la municipalidad de cita, y no es un trámite diferenciado en el caso de la tutelada. Además, la tramitación por medio de la plataforma digital se realiza en la municipalidad desde el 2016, es decir, con antelación a que la tutelada presentara sus solicitudes de permisos constructivos. Además, en el Plan Regulador de la Municipalidad de Nicoya y en los requisitos establecidos por esa municipalidad desde el año 2016, se exige que para la aprobación de permisos de construcción, los interesados deben presentar certificación de disponibilidad de agua, emitida por entidad competente, sea el ICAA o cualquier otra entidad acreditada, conforme a derecho, por esta institución para la administración y prestación del servicio de agua potable; empero, este es un requisito que no ha cumplido la amparada, siendo que pretende que la municipalidad le otorgue los permisos de construcción por medio de una carta de disponibilidad de agua emitida por el administrador del proyecto Bosques Don José, quien no está acreditado ante el ICAA para la administración del servicio de agua potable y aunque este brinde a la tutelada acceso al agua (recibos aportados por la recurrente corresponden al pago que le hace a la persona en mención), lo cierto es que no consta autorización del ICAA al efecto. Por este motivo, desde el 7 de diciembre de 2017, la Municipalidad de Nicoya no está otorgando permisos constructivos a quienes presenten documento emitido por la persona en mención, sin que esta sea una restricción impuesta únicamente a la acá tutelada. Asimismo, si bien se constata que la vivienda de la amparada tiene interés social, lo cierto es que, de los alegatos, pruebas y demás elementos aportados a este proceso, no se constata que la Municipalidad de Nicoya, o cualquier otra institución, haya emitido algún acto declaratorio de derechos a favor de la amparada, en el sentido de que se le exime del cumplimiento de requisitos establecidos para obtener permisos constructivos. Además, no debe perderse de vista que los requisitos exigidos a la amparada constan establecidos previamente en la normativa institucional correspondiente.\n\nBajo tal estado de las cosas, en la especie, se descarta la lesión de los derechos fundamentales de la amparada y, en consecuencia, se declara sin lugar el recurso. Esto, sin perjuicio de que la amparada, si a bien lo tiene, acuda a la vía ordinaria -administrativa o jurisdiccional- donde podrá discutir ampliamente el fondo del asunto.\n\nV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n              Se declara sin lugar el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nJose Paulino Hernández G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLucila Monge P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*BJKIB56CWE461*\n\nBJKIB56CWE461\n\n1\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 23:27:56.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours five minutes on June twenty-six, two thousand twenty.\n\n              Amparo action processed under case file number 20-008439-0007-CO, filed by ANYEL VICTORIA HIDALGO MATARRITA, identification number 0503880031, against the MUNICIPALITY OF NICOYA.\n\nWhereas:\n\n              1.- By document submitted to the Secretariat of this Chamber at 10:30 a.m. on May 15, 2020, the petitioner filed an amparo action against the Municipality of Nicoya. She states that, on March 31, 2020, the BANHVI notified her of the approval of the housing bond (bono de vivienda); however, on April 30, 2020, the respondent municipality notified her of the denial of the construction permit she had previously requested. She mentions that, as justification for the denial in question, the municipal government stated that the property does not have the water availability letter (carta de disponibilidad de agua) issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados or the authorized ASADA. Nevertheless, she asserts that she had previously attached the water availability letter issued by José Roberto Zumbado, dated more than three years prior. She adds that, furthermore, the Municipality of Nicoya itself granted her the land use certification (certificación de uso de suelo) for the construction of the public interest housing. She maintains that she pays the water service bills each month, and the electronic invoice even states that the administrator is regulated by ARESEP and the Dirección de Tributación. She explains that she needs the construction permit because the BANHVI has given her a reasonable timeframe for building the house. She considers that the actions of the Municipality of Nicoya violate her right to adequate and own housing. She requests this Chamber's intervention.\n\n2.- By ruling at 4:05 p.m. on May 15, 2020, this amparo action was admitted and an report was requested from the Mayor and the Head of the Construction Control and Public Works Department, both of the Municipality of Nicoya.\n\n3.- Carlos Armando Martínez Arias and Josué Ruiz Guerrero, respectively, Municipal Mayor and Coordinator of the Construction Control Department, both of the Municipality of Nicoya, submit their report under oath. They state that, since 2018, the Construction Control and Public Works Department has not approved construction permits for applications received in the Bosques Don José project that present water availability letters issued by Mr. Roberto Zumbado Arias. The reason is that this gentleman does not have the legal standing before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to administer the potable water service. They indicate that Mr. Zumbado is directly aware of the situation, especially after all the work carried out by the Urban Planning Commission of the Municipality of Nicoya, which was created to analyze the cases of the Bosques Don José, Los Ángeles, and El Caimito developments. They explain that, in the case of Bosques Don José, the objective of the diagnostic presented to the Municipal Council recommended the actions to follow in order to carry out the transfer of rights-of-way in the project and to conclude the processes described in the Ley de Planificación Urbana, necessary for the process of regulating the aqueduct. They indicate that, as of July 1, 2016, according to Agreement No. 19, approved by the Municipal Council in Ordinary Session No. 276 of August 10, 2015, issued through Official Communication No. SM-455-08-2015, at the request of engineer Josué Ruiz Guerrero through Official Communication IM-310-2015, it was agreed to adopt the digital platform Administrador de Proyectos de Construcción (APC) of the Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), as the sole means for processing construction permit applications in the Municipality of Nicoya; therefore, applications and construction plans are no longer received in physical form, only digitally. They state that all applications submitted have gone through the review process for the documents presented with the construction permit application through the APC platform of the CFIA. They explain that the document presented as a water availability letter consists of a document from a private aqueduct administrator not authorized by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in the name of Roberto Zumbado Arias, identification number 2-0209-0844. Therefore, a rejection is issued through the APC platform of the CFIA, with the following specification: \"(…) To proceed with the procedure, it is necessary to make the following corrections: 1. General observations 2. Provide water availability letter directly from AyA (sic). The document provided corresponds to an administrator not authorized by AyA (…)\". They indicate that it corresponds to the ICAA, as the governing body, to intervene in all matters related to the administration, conservation, and rational exploitation of the waters necessary for populations, control of their contamination or alteration, definition of the measures and actions necessary for the protection of hydrographic basins and ecological stability. Likewise, to ensure that all public or private systems and their potable water or sanitary sewer installations comply with the basic principles of public service, both in quality and quantity. The costs this entails must be borne by the entities under whose administration the system is found. They allege that, in accordance with the powers conferred by Articles 2.g and 18 of the Constitutive Law of the ICAA, it is agreed to delegate the administration of the referred system to the association of the community's administrative board. The association must be duly constituted under: \"(…) Law 218 of August 8, 1939, amended by laws 4583 (May 3, 1970), 5116 (November 20, 1972) and 6020 (January 3, 1977) and its respective regulation Decreto 32529-MINAE published in La Gaceta No. 150 of August 5, two thousand five (…)\", thereby agreeing to delegate the administration, operation, maintenance, and development of the Aqueduct. They point out that the list of entities authorized for the administration of water resources in the canton of Nicoya, provided by the ICAA, includes the following entities: Barco Quebrado, Lago Ecológico, Belén De Nosarita, Caballito, Caimital, Cangrejal, Samara, Cañal De Pozo De Agua, Copal, Nicoya, Corralillo, Delicias De Garza, Dulce Nombre, El Obispo, Esperanza Sur De Nosara, Florida, Iguanita, La Esperanza Norte Juan Diaz, Las Pozas, Loma Bonita, Millal, Moracia and San Martín, Naranjal, Playa Nosara, Playa Samara, Pozo De Agua(Conguera), Quebrada Honda, San Fernando, San Vicente, Santa Elena, Santa Marta de Nosara, Santo Domingo, Torito, Barillal, Zaragoza, and Gamalotal. They indicate that in La Gaceta #93 of May 16, 2016, the requirements for a construction permit application for the Municipality of Nicoya were officially published: \"(…) 1. Cadastral plan with the Municipal Approval (Visado Municipal). Article 15, 33, and 34 of the Ley de Planificación Urbana, Article 169 of the Political Constitution. Legal Opinion C-172-2007 of the Procuraduría de la República. 2. Property registration report. Article 169 of the Political Constitution, Article 3 of the Código Municipal. Certifying authority: 1. Article 34, 110 Notarial Code. 2. 368 and 368 of the Code of Civil Procedure. 3. Copy of the Identity Card of the property owner. If the landowner or applicant is a legal entity, must attach legal representation certification (personería jurídica) issued within the last two months. Article 169 of the Political Constitution, Article 3 Código Municipal, Article 20, 182 and 12 subsections 11, 12 of the Commercial Code, Article 627 of the Civil Code. 4. Availability of potable water, issued by the Aqueduct of the locality where the land to be built on is located. One of the following four options is mandatory: a- Water availability from AyA or the institution responsible for providing potable water service. b- In the case of wells, physical, chemical, and bacteriological tests of the quality and quantity of the water, demonstrating its potability. Also, registration of the well with the Dirección de Aguas. c- In the case of ASADAS, certification of hydraulic capacity from AyA or the responsible Institution. d- ASADAS must attach certification of being registered as such with AyA, and the technical criteria of the Dirección de Acueductos Rurales, in accordance with Official Communication DAR 1679-2007. Article 169 of the Political Constitution, Article 3 Código Municipal. 5. Land use resolution (Resolución uso de suelo) approved by the Municipality of Nicoya. 6. INS certification of the subscription to the Occupational Risk Insurance Policy. Article 195, 202 Labor Code. 7. Environmental Viability approved by SETENA, for constructions that require it. - Article 3 subsection 64, 12 (territories with a regulatory plan approved by SETENA), Articles 30 and 67 of DECRETO 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 8. If the land borders rivers, streams, irrigation ditches, springs, bring the alignment on the cadastral and construction plans, issued by the Dirección de Urbanismo of the INVU. - Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones: 111.3.7.4, Articles 261, 262 of the Civil Code, Article 121 Political Constitution. 9. If the construction will be in front of a National Route, bring the due alignment issued by the Departamento de Previsión Vial of the MOPT. Article 19 Ley General de Caminos No. 5060, - Article IV.7 Reglamento de Construcciones. 10. Access permit from the MOPT, when required. 11. Approval (Visto bueno) from the Zona Marítimo Terrestre office when the property is located within the two-hundred-meter-wide strip along the entire length of the Atlantic and Pacific coasts of the Republic, whatever their nature, measured horizontally from the ordinary high-water mark and the lands and rocks left exposed by the sea at low tide. Article 33 of the Ley Forestal No. 7575 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre and its Regulation (Resolution of the Sala Constitucional No. 447-91) No. 6043 (…)\". They argue that on December 7, 2017, the ICAA sent the Municipality of Nicoya Official Communication GSP-RCHO-2017-04057, requesting that all types of construction permits be halted due to irregularities that were occurring with the water service. They argue that, although the ICAA believes the request was ignored due to new constructions, the truth is that no construction permit has been approved since the end of 2017. On the other hand, the handling of illegal projects that are built on weekends without construction permits, as well as personal conflicts between neighbors, has become an endless problem. He indicates that the aforementioned Mr. Zumbado built a totally illegal church, without caring about the legal situation of the project. Consequently, the municipality has been obliged to file the respective criminal complaint against Mr. Zumbado with the prosecutor's office. The most serious fact is that new water connections (needed for the construction process) are granted by the person cited, turning the illegal construction problem into an endless cycle. Added to the above, there is no clarity on the hydraulic capacity of the water distribution system of the Bosques Don José project, this being the main reason why the ICAA does not take over the system's administration. They state that the residents of Bosques Don José, under case file 19-006634-0007-CO of this Chamber, filed an amparo action against the ICAA, the Municipality of Nicoya, and Roberto Zumbado Arias, seeking a solution to the described problem. Said amparo proceeding was declared unfounded, through Judgment No. 2019-019680 at 09:20 a.m. on October 11, 2019, from which the following text of interest is extracted: \"(…) From the reports submitted by the representatives of the respondent authority—which are taken as given under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that the residential development Bosques Don José refers to a subdivision and lotification project (Fraccionamiento y lotificación), outside the coverage area of the Nicoya aqueduct administered by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In that sense, the developer of the Barrio Bosques Don José project, in Nicoya, Guanacaste, is the one who supplies, sells, controls, and administers the water resource, which is known to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), according to study GSP-RCHO-2017-03097. However, and despite the claims of the petitioner, the current development conditions of the existing aqueduct lack hydrogeological studies of the protection zones for each well, making it impossible for the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to determine the water supply (oferta hídrica) of the project, nor to ensure the continuity, quantity, and quality for current users; this last point, coupled with the fact that the constructions carried out in the disputed housing project have been executed without the water availability studies or the respective authorized concessions, leads us to the conclusion that the respondent has not denied the public service, or in this case, has not arbitrarily refused to carry out the pertinent actions regarding the problem afflicting the petitioner's community; quite the opposite, it is the lack of the legal requirements that the interested parties must meet which for the moment prevents their supply problems from being resolved. While it is true that the protected community and the Municipal Corporation of Nicoya have taken actions to ensure that the Instituto Costarricense de Acueductos takes over the administration of the private aqueduct, the truth of the matter is that such circumstances do not eliminate the fact that they currently do not meet the regulatory requirements established for its granting, nor do they have the technical studies necessary to determine the water supply of the project, or to ensure the continuity, quantity, and quality for current users. The foregoing conditions make it impossible for this Tribunal to grant the claims of the protected community. Based on the foregoing, the action is declared unfounded (…)\". Regarding availability requests, they indicate that according to Official Communication GSP-RCHO-2017-04057 issued by the Instituto de Acueductos y Alcantarillados on November 30, 2017, the legal document that certifies the administration of the aqueduct to third parties is called a Delegation Agreement (Convenio de Delegación). Therefore, ASADAS that do not have the delegation agreement signed between the ICAA and them are not authorized to issue the water availability letter for a construction permit application. They mention that persons who need to request water availability and have an ASADA without a delegation agreement must make the request directly to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and comply with what that institution tells them. Regarding the manner in which the Urban Planning Department has been issuing municipal location resolutions (conforming land use, for similar cases), although it resolves as appropriate, the criterion expressed by architect Hernández Dorado in his note emphasizes: \"(…) Having approved the Municipal Location Resolution does NOT imply that permission is being granted for earthworks (movimiento de tierra), cuts, fills, construction, stormwater drainage, everything related to civil works, which must be processed at the time such a permit is required, and also, if the Municipal Resolution (Land Use) is positive, it does not obligate the Municipality to grant the respective license; this must be requested in accordance with the regulations established by this institution for these purposes (...)\". On the subject of granting certifications on land use, they point out the Procuraduría General de la República, in its Legal Opinion C 327-2001 of November 28, 2001, indicated: \"(…) Through the land use certification, the permitted use is not decided; it simply certifies what the due use is according to what is established regulation-wise, in addition to attesting whether the use being given to a specific land is or is not in conformity with said regulation. As an administrative act, the land use certificate is merely declaratory, in the sense that it is limited to accrediting a fact or legal situation without creating, modifying, or extinguishing it, as occurs with constitutive administrative acts (In this sense, see GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, T.!, /978, p.481, as well as PAREJO ALFONSO, Luciano, JIMÉNEZ-BLANCO, A. and ORTEGA ÁLVAREZ, L., Manual de Derecho Administrativo, Vol. I, 1998, p.721.). In the aforementioned sense, the land use certificate, as a declaratory administrative act, certifies facts or legal situations that serve as a basis for the adoption of administrative acts through which legal situations are indeed created, modified, or extinguished. Such is the case, for example, of authorizations to build or municipal licenses to exercise certain activities, whose adoption requires a land use certificate. As a declaratory act, the land use certificate cannot be discretionary but rather regulated, because there is no margin of discretion when it comes to validating facts or legal situations: either they occur and exist, even partially, or they do not occur. In the case at hand, what is certified is the use permitted according to regulatory provisions, and that does not admit a margin of discretion (…)\". In the cited opinion, this Procuraduría has indicated what regulations must be considered as a parameter for land use certifications: \"Land use certificates must be issued taking into account, first of all, what the laws and their regulations on the matter provide. Particularly, what is provided in the Ley de Construcciones and its regulation, the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, and the Reglamento sobre el Régimen de Propiedad Horizontal, Decreto Ejecutivo number 26.259-MIVAH-MP. This is the basic regulation to be applied by municipalities that do not have a local or regional regulatory plan when certifying the land use permitted in relation to a specific land (…)\\\". Based on the foregoing, they argue that the granting of the land use certificate (uso de suelo) empowers municipalities to grant building permits, as happens in the case at hand, only under the principle of legality, that is, in accordance with a regulatory plan or with the fulfillment of other elements that the legal framework establishes on the occasion of approving construction permits, such as the water availability document issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or by the ASADA of the sector where the property on which the petitioner seeks to compel the local government to grant a license is located, even though the regulations cited above have emphasized the legal assumptions for which the petitioner's construction permit has been denied. For this reason, they state that it must be taken into account that the matter has already been discussed and declared unfounded by this Chamber, in an amparo action filed by the Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Bosques Don José against the Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Roberto Zumbado Arias, and the Municipality of Nicoya. Based on the foregoing, they request that the action be declared unfounded.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\n              Drafted by Judge Araya García; and,\n\nConsidering:\n\n              I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner claims that the BANHVI granted her the housing bond, for which she filed an application for the respective construction permit with the Municipality of Nicoya; however, said municipal corporation rejected the application, arguing that the property does not have the water availability letter issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados or the authorized ASADA. Nevertheless, she asserts that she had previously attached the water availability letter issued by José Roberto Zumbado, dated more than three years prior.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\n1) The protected party is the owner of the property on cadastral plan G-2141831-2019, farm 5-234022000, located in the project called Bosques Don José (undisputed fact).\n\n2) As of July 1, 2016, according to Agreement No. 19, approved by the Municipal Council of Nicoya in Ordinary Session No. 276 of August 10, 2015, issued through Official Communication No. SM-455-08-2015, at the request of engineer Josué Ruiz Guerrero through Official Communication IM-310-2015, construction permit applications filed with the Municipality of Nicoya are processed through the digital platform Administrador de Proyectos de Construcción (APC) of the Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), meaning that applications submitted in physical form are not processed (see report submitted by the respondents).\n\n3) As of December 7, 2017, by indication of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, given in Official Communication GSP-RCHO-2017-04057, the Municipality of Nicoya suspended the granting of construction permits in which the interested parties presented a water availability letter issued by Roberto Zumbado Arias—developer of the Bosques Don José project—because he does not have the legal standing before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to administer the potable water service (see evidence provided in the case file).\n\n4) In August 2019, the protected party requested land use certification from the Municipality of Nicoya, a procedure processed under Procedure No. 0000079839 (see evidence provided in the case file).\n\n5) Through municipal location resolution for land use, Official Communication DPU-RMU-1130-2019 of August 29, 2019, the authorities of the Municipality of Nicoya indicated the following: \"(…) The zone where this property is located is outside the limits of the Current Regulatory Plan of the Canton of Nicoya. Abiding by the resolution of the Procuraría General de la República under Legal Opinion C-312-2015 which states that the certification of land use is a municipal competence whether or not a regulatory plan exists (…) It is concluded: Conforming Land Use of Municipal Location Resolution with the project to be carried out, according to the appeal resolution conditioned upon having water availability for the project to be carried out from the competent entity (Asada or AyA). Based on the Drought Decree No. 38642-MP-MAG (…)\" (see evidence provided in the case file).\n\n6) The Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) granted a housing bond to the protected party, for which she intends to build on the aforementioned property, so on March 31, 2020, she filed construction permits with the Municipality of Nicoya, providing a water availability letter issued by Mr. Roberto Zumbado Arias, developer of the Bosques Don José project (see evidence provided in the case file).\n\n7) Through a document dated April 30, 2020, issued through the APC platform of the CFIA, the petitioner's application was rejected, with the following specification: \"(…) To proceed with the procedure, it is necessary to make the following corrections: 1. General observations 2. Provide water availability letter directly from AyA (sic). The document provided corresponds to an administrator not authorized by AyA (…)\". (see evidence provided in the case file).\n\n8) In May 2020, the protected party requested potable water availability from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and through Official Communication of May 6, 2020, that institution indicated, in relevant part: \"(…) I inform you that as a result of the basic studies and technical report contained in official communication(s): 2020-00025953-A-AP, the following was determined: The property is located in the lotification with a private aqueduct. THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY (…)\" (see evidence provided in the case file).\n\nIII.- UNPROVEN FACTS. For the resolution of this amparo proceeding, the following fact is not considered proven:\n\nSole. That the Municipality of Nicoya, or any other institution, has issued any act declaratory of rights in favor of the protected party, in the sense of exempting her from fulfilling the established requirements to obtain construction permits (the case file).\n\nIV.- ON THE MERITS. In the sub-examine, the claimant asserts that the authorities of the Municipality of Nicoya have illegally denied her the construction permit on a property she owns, despite having fulfilled all the requirements requested for that purpose, preventing her from executing the housing bond granted by the BANHVI. From what the complainant has said, it is understood that her claim is based on the possible infringement of the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima) regarding the administrative acts issued by the Municipality of Nicoya, in that, should the trust placed in said institution's action have been violated, a situation is created that must be remedied by this Constitutional Tribunal. Regarding the development of this principle, what was stated by this Tribunal is relevant, among others, in Judgment No. 2010-010171 at 09:58 a.m. on June 11, 2010:\n\n\"(…) This principle originated in the Federal Republic of Germany and was later adopted by the jurisprudence of the Court of Justice of the European Community, to define a situation worthy of protection after the trust placed in the action of the Public Administration was violated. The Spanish Supreme Court, in its judgment of February 1st, 1990, considered that this principle '… must be applied, not only when any type of psychological conviction arises in the benefited private individual, but rather when it is based on external signs produced by the Administration that are sufficiently conclusive to induce them to reasonably rely on the legality of the administrative action, coupled with the fact that, given the balancing of interests at stake – individual interest and general interest – the revocation or abandonment of the act causes to grow in the estate of the benefited party who reasonably relied on said administrative situation, certain damages that they should not have to bear, derived from expenses or investments that can only be restituted to them with severe harm to their estate'. Regarding the requirements of the principle of legitimate expectations, the Spanish doctrine, following the jurisprudence of the Spanish Supreme Court, has established the following:\n\nThere must be an act of the administration sufficiently conclusive to provoke in the affected party one of the following three types of trust: a) the affected party's trust that the Public Administration acts correctly; b) the affected party's trust that the conduct they maintain in their relationship with the Public Administration is lawful, in the event of a possible mistake of prohibition; c) the affected party's trust that their expectations as an interested party are reasonable.\nThe Public Administration must provoke external signs (acts or facts) that, even without needing to be legally binding, guide the individual towards a specific conduct that, were it not for the appearance of legality created, they would not have undertaken.\nAn act of the Public Administration – e.g.\n\n…a regulation that recognizes or establishes an individualized legal situation in whose stability the administrated person trusts.\n\nThe appropriate cause to provoke the legitimate expectations of the affected person cannot arise from mere negligence, tolerance, or ignorance of the Public Administration, or from the irrationality of what the administrated person seeks.\n\nThe administrated person must fulfill the duties and obligations incumbent upon them.\n\n    The breach of the principle of legitimate expectations undoubtedly produces several significant legal effects, as follows:\n\nIt acts as a limit on the exercise of discretionary powers.\nIt operates as a guarantee of the principle of equality.\nIt gives rise to the duty of the Public Administration to compensate for the frustration of legitimate expectations and injured subjective rights.\n\n    The principle of legitimate expectations, together with that of good faith in legal-administrative relations, derives from the principle of legal equality, that is, the certainty of relations with public authorities, such that the administrated person knows what to expect from them, and the latter must avoid objectively confusing situations and maintain legal situations even if they are not absolutely consistent with the legal order. This principle is embodied, among other instances, in the theory of the intangibility of one's own acts declaring rights for the administrated person, the limitation of burdensome acts, and non-retroactivity. It also finds application when a public administration issues and performs a series of acts and actions which, although legally incorrect, generate a set of expectations in the administrated person, leading them to believe they hold a legal situation consistent with the legal order.\" JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo –Parte General-, San José, IUSconsultec and Editorial Jurídica Continental, 2nd Edition, 2009, pp. 294-296 (...)\".\n\nNow then, in the specific case, it has been demonstrated that the petitioner (amparada) is the owner of the property with cadastral map G-2141831-2019, farm 5-234022000, located in the project called Bosques Don José, Nicoya, Guanacaste. On this property, she intends to build a house, and to that end, in March 2020, the BANHVI granted her a housing voucher (bono de vivienda). For this procedure, the protected party must process the corresponding municipal permits. Thus, the protected party must process construction permits and comply with the provisions of the regulatory plan (plan regulador) and other regulations established for this purpose. Thus, it is established that the petitioner, like any person interested in developing a construction project in Nicoya, is subject to the following requirements established by the authorities of the municipality of that locality and which were published in Gaceta No. 93 of May 16, 2016: \"(...) 1. Cadastral map with the Municipal Approval (Visado Municipal). Articles 15, 33 and 34 of the Ley de Planificación Urbana, Article 169 of the Constitución Política. Opinion C-172-2007 of the Procuraduría de la República. 2. Registry report (informe registral) of the property. Article 169 of the Constitución Política, Article 3 of the Código Municipal. Certifying power: 1. Article 34, 110 Código Notarial. 2. 368 and 368 of the Código Procesal Civil. 3. Copy of the Identity Card of the property owner. If the landowner or applicant is a legal entity, they must attach a legal entity certification (personería jurídica) issued less than two months prior. Article 169 of the Constitución Política, Article 3 Código Municipal, Article 20, 182 and 12 subsections 11, 12 of the Código de Comercio, Article 627 of the Código Civil. 4. Potable water availability, issued by the Aqueduct (Acueducto) of the locality where the land to be built upon is located. One of the following four options is mandatory: a- Water availability from the A y A or from the institution responsible for providing potable water service. b- In the case of wells, physical, chemical, and bacteriological tests of the quality and quantity of the water, demonstrating its potability. Additionally, registration of the well with the Dirección de Aguas. c- In the case of ASADAS, certification of water capacity (capacidad hídrica) from the A y A or the responsible Institution. d- ASADAS must attach certification of being registered as such with the A y A, and the technical opinion (criterio técnico) of the Dirección de Acueductos Rurales, the foregoing according to official letter DAR 1679-2007. Article 169 of the Constitución Política, Article 3 Código Municipal. 5. Land-use resolution (resolución de uso de suelo) approved by the Municipality of Nicoya. 6. Certification from the INS, of the subscription of the Occupational Risks Policy (Póliza de Riesgos de Trabajo). Article 195, 202 Código de Trabajo. 7. Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) approved by SETENA, for constructions that so require. - Article 3 inc. 64, 12 (territories with a regulatory plan approved by SETENA), Articles 30 and 67 of DECRETO 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 8. If the land borders rivers, streams (quebradas), ditches (acequias), springs (nacientes), bring the alignment on the cadastral and construction plans, issued by the Dirección de Urbanismo of the INVU. - Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones: 111.3.7.4, Articles 261, 262 of the Código Civil, Article 121 Constitución Política. 9. If the construction is facing a National Route (Ruta Nacional), bring the due alignment issued by the Departamento de Previsión Vial of the MOPT. Article 19 Ley General de Caminos Nº 5060, - Article IV.7 Reglamento de Construcciones. 10. Access permit (permiso de accesos) from the MOPT, when so required. 11. Approval (Visto bueno) from the Zona Marítimo Terrestre office when the property is located within the two-hundred-meter-wide strip along the entire length of the Atlantic and Pacific coasts of the Republic, whatever its nature, measured horizontally from the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria) and the lands and rocks left uncovered by the sea at low tide. Article 33 of the Ley Forestal Nº 7575 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre and its Reglamento (...)\". From the foregoing, the necessity of providing proof of water availability is clearly established. However, as of the date the respondents (recurridos) submitted their report, namely, June 3, 2020, the petitioner had not fulfilled this requirement, and therefore the authorities of the Municipality of Nicoya rejected her application for construction permits. This requirement, in addition to being clearly stated in the aforementioned requirements, was brought to the petitioner's attention in 2019, in that, through a municipal resolution on land-use location, official letter DPU-RMU-1130-2019 of August 29, 2019, the authorities of the Municipality of Nicoya indicated the following: \"(...) The area where this property is located is outside the limits of the Current Regulatory Plan (Plan Regulador Vigente) of the Canton of Nicoya. Complying with the resolution of the Procuraduría (sic) General de la República under opinion C-312-2015 which states that the certification of land use (certificación de uso de suelo) is a municipal competence whether or not a regulatory plan exists (...) It is concluded: Conforming Land Use (Uso de Suelo Conforme) of the Municipal Location Resolution with the intended project, according to the resolution of the appeal conditioned on having water availability for the intended project from the competent entity (Asada or AyA). Based on the Drought Decree (Decreto de Sequía) N° 38642-MP-MAG (...)\". However, the protected party has only presented a letter issued by Mr. Roberto Zumbado Arias, developer of the Bosques Don José project; however, as of December 7, 2017, by instruction of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, given in official letter GSP-RCHO-2017-04057, the Municipality of Nicoya suspended the granting of construction permits in which the interested parties presented letters of water availability issued by Roberto Zumbado Arias - developer of the Bosques Don José project - because he does not have the legal standing before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to administer the potable water service. Hence, the authorities of the Municipality of Nicoya require that the certification of water availability issued by the ICAA be provided, which has not been fulfilled by the appellant. While she processed the respective certification before that institution in May 2020, the truth is that it is not possible to grant her the availability certification, since the authorities of the ICAA, through an official letter of May 6, 2020, stated: \"(...) I inform you that as a result of the basic studies and technical report contained in official letter(s): 2020-00025953-A-AP, the following was determined: The property is located in the lot subdivision (lotificación) with a private aqueduct. THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY (...)\". This is because it was determined that the Bosques Don José project lacks hydrogeological studies of the protection zones for each well, making it impossible to determine the water supply (oferta hídrica) or ensure the continuity, quantity, and quality of the service. It is important to note that this Court does not have the jurisdiction to determine whether or not the granting of water availability is appropriate, as this is based on technical criteria issued by the authorities of the ICAA, an institution with the regulatory authority to perform such acts, and in any case, analyzing whether the granting of availability is appropriate exceeds the summary nature of the amparo remedy.\n\nThat being the case, no arbitrary, illegitimate, and unconstitutional act on the part of the Municipality of Nicoya that violates the fundamental rights of the petitioner is verified. The denial of construction permits has not been arbitrary and, on the contrary, is due to the failure to fulfill requirements. Furthermore, the petitioner's procedure was processed through the digital platform Administrador de Proyectos de Construcción (APC) of the Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), which has been operating in the Municipality of Nicoya since July 1, 2016, according to Agreement No 19, approved by the Municipal Council (Concejo Municipal) of Nicoya in Ordinary Session Nº 276 of August 10, 2015, issued by official letter No. SM-455-08-2015, at the request of engineer Josué Ruiz Guerrero through official letter IM-310-2015. This procedure applies to all construction permit applications submitted to the cited municipality, and it is not a differentiated process in the case of the protected party. Furthermore, processing through the digital platform has been carried out in the municipality since 2016, that is, prior to the protected party submitting her construction permit applications. Moreover, the Regulatory Plan (Plan Regulador) of the Municipality of Nicoya and the requirements established by that municipality since 2016 require that, for the approval of construction permits, interested parties must present certification of water availability, issued by a competent entity, be it the ICAA or any other entity accredited, in accordance with the law, by this institution for the administration and provision of potable water service; however, this is a requirement that the petitioner has not fulfilled, as she seeks that the municipality grant her construction permits by means of a letter of water availability issued by the administrator of the Bosques Don José project, who is not accredited before the ICAA for the administration of the potable water service, and even though he provides the protected party with access to water (receipts provided by the appellant correspond to payments made to the aforementioned person), the truth is that there is no record of authorization from the ICAA to that effect. For this reason, since December 7, 2017, the Municipality of Nicoya has not been granting construction permits to those who present a document issued by the aforementioned person, without this being a restriction imposed solely on the petitioner herein. Likewise, although it is confirmed that the petitioner's dwelling is of social interest, the truth is that, from the arguments, evidence, and other elements provided to this process, it is not verified that the Municipality of Nicoya, or any other institution, has issued any declaratory act of rights in favor of the petitioner, in the sense that she is exempted from fulfilling the requirements established to obtain construction permits. Furthermore, it must not be lost sight of that the requirements demanded of the petitioner were previously established in the corresponding institutional regulations.\n\nUnder this state of affairs, in this case, the violation of the fundamental rights of the petitioner is ruled out, and consequently, the remedy is declared without merit (sin lugar). This is without prejudice to the petitioner, if she so chooses, resorting to the ordinary route - administrative or jurisdictional - where she can discuss the merits of the matter extensively.\n\nVI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore (Por tanto):\n\nThe remedy is declared without merit (sin lugar).\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n \n\n \n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n \n\n \n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nJose Paulino Hernández G.\n\n \n\n \n\nLucila Monge P.\n\n\n\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n*BJKIB56CWE461*\n\nBJKIB56CWE461\n\n1\n\n \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 23:27:56.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }