{ "id": "nexus-sen-1-0007-984094", "citation": "Res. 13387-2020 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Torres de telefonía en zona residencial no requieren consulta ciudadana previa", "title_en": "Cell towers in residential zones do not require prior public consultation", "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar un recurso de amparo presentado por vecinos de San Ramón de La Unión contra la SETENA y la Municipalidad de La Unión, por el otorgamiento de la viabilidad ambiental para una torre de telefonía celular. Los recurrentes alegaron que el proyecto, al ubicarse en zona residencial, generaría un alto impacto visual y ambiental, y que no se les había consultado adecuadamente sobre el mismo. La Sala reitera su jurisprudencia consolidada en el sentido de que la instalación de torres de telecomunicaciones, por su declarado interés público nacional, no requiere la realización de audiencias públicas previas ni modifica los planes reguladores municipales. Asimismo, señala que no existe evidencia científica que demuestre que estas estructuras representen un riesgo para la salud o el medio ambiente. La Sala aclara que las disconformidades con los permisos otorgados, como el posible incumplimiento de requisitos municipales o la tala de árboles, deben discutirse en la vía administrativa o jurisdiccional ordinaria, no en sede constitucional.", "summary_en": "The Constitutional Chamber denies an amparo filed by neighbors of San Ramón de La Unión against SETENA and the Municipality of La Unión, regarding the environmental viability granted for a cell phone tower. The plaintiffs argued that the project, located in a residential area, would cause a high visual and environmental impact, and that they were not properly consulted. The Chamber reiterates its settled case law that the installation of telecommunications towers, given their declared national public interest, does not require prior public hearings nor does it modify municipal regulatory plans. It further notes that there is no scientific evidence showing that these structures pose a risk to health or the environment. The Chamber clarifies that any disagreements with the permits granted, such as possible non-compliance with municipal requirements or tree felling, must be discussed through ordinary administrative or judicial channels, not in constitutional court.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "17/07/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "procedural-environmental", "environmental-law-7554", "forestry-law-7575" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "SETENA", "viabilidad ambiental", "participación ciudadana", "interés público nacional", "plan de comunicación a las comunidades", "Formulario D2", "Plan Regulador", "uso de suelo", "jurisdicción contenciosa administrativa" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 121 inciso 14 subinciso c", "law": "Constitución Política" }, { "article": "No. 8642", "law": "Ley General de Telecomunicaciones" }, { "article": "No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC", "law": "Decreto Ejecutivo" }, { "article": "No. 7554, Arts. 17, 22", "law": "Ley Orgánica del Ambiente" }, { "article": "No. 7575, Arts. 27, 33, 34", "law": "Ley Forestal" } ], "keywords_es": [ "torres de telefonía celular", "recurso de amparo", "SETENA", "viabilidad ambiental", "participación ciudadana", "audiencia pública", "interés público nacional", "impacto visual", "salud pública", "campos electromagnéticos", "telecomunicaciones", "municipalidad", "La Unión", "Documento de Evaluación D2", "Sala Constitucional" ], "keywords_en": [ "cell phone towers", "amparo", "SETENA", "environmental viability", "citizen participation", "public hearing", "national public interest", "visual impact", "public health", "electromagnetic fields", "telecommunications", "municipality", "La Unión", "D2 Assessment Document", "Constitutional Chamber" ], "excerpt_es": "III.- CASO CONCRETO : Al respecto, la Sala reitera la jurisprudencia parcialmente transcrita en el considerando tercero de esta resolución y reitera a los recurrentes que las disconformidades con la decisión de la SETENA y la Municipalidad de La Unión referentes al otorgamiento o no de un permiso para la instalación de una torre de telefonía en San Ramón de la Unión, es un tema que debe discutirse en la vía de administrativa o de legalidad ordinaria en razón de su competencia. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.", "excerpt_en": "III.- SPECIFIC CASE: In this regard, the Chamber reiterates the case law partially transcribed in the third recital of this ruling and reiterates to the plaintiffs that disagreements with the decision of SETENA and the Municipality of La Unión regarding the granting or denial of a permit for the installation of a telephone tower in San Ramón de La Unión is a matter that must be discussed through ordinary administrative or legality channels based on their jurisdiction. Consequently, it is appropriate to deny the petition for amparo.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The amparo petition is denied as it constitutes an ordinary legality issue that must be discussed through administrative or judicial channels, not in constitutional court.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de amparo por ser un asunto de legalidad ordinaria que debe discutirse en la vía administrativa o jurisdiccional, no en sede constitucional." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III — Sentencia No. 2016-007163", "quote_en": "this Court has repeatedly stated that there is no evidence that they endanger people's health or the environment.", "quote_es": "ha dicho ya, reiteradamente, este Tribunal que no hay evidencia que pongan en peligro la salud de las personas o el medio ambiente." }, { "context": "Considerando III — Sentencia No. 2013-003121", "quote_en": "the provision of telecommunications services throughout the country has been declared by this same Chamber as a fundamental right; under this approach, it is up to the Local Governments to grant the permits for the establishment of the urban furniture required for the provision of that service.", "quote_es": "la prestación del servicio de telecomunicaciones en todo el país, ha sido declarada por esta misma Sala, como un derecho fundamental, bajo esta tesitura, corresponde a los Gobiernos Locales, el otorgamiento de los permisos para el establecimiento del mobiliario urbano, que se ha de requerir para la prestación del servicio." }, { "context": "Considerando III — Sentencia No. 2016-007163", "quote_en": "everything related to public hearings provided for in infra-constitutional norms is a matter that must be heard in the administrative contentious jurisdiction and not in the constitutional court.", "quote_es": "todo lo relacionado con las audiencias públicas dispuestas en la normativa infraconstitucional, es un asunto que debe ser conocido en la jurisdicción contenciosa administrativa y no en la sede constitucional." }, { "context": "Informe del Alcalde de La Unión, Considerando II", "quote_en": "it is not possible to build or request a construction permit on the right-of-way with this application, as it does not belong to nor is it part of the property.", "quote_es": "no se puede construir ni solicitar permiso de construcción en la servidumbre de paso con la presente solicitud, la misma no pertenece ni es parte de la propiedad." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-984094", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 13387 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 17 de Julio del 2020 a las 09:15\n\nExpediente: 20-010801-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nControl constitucional: Sentencia desestimatoria\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: SERVICIOS PÚBLICOS\n\nSubtemas:\n\nTELEFONIA.\n\n013387-20. SE REITERA EL CRITERIO SOBRE LA VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA EN ZONAS POBLADAS. BINOMIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE E INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. \n\n\nLBH08/20\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Constitución Política\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: SERVICIOS PÚBLICOS\n\nSubtemas:\n\nTELEFONIA.\n\n013387-20. SE REITERA EL CRITERIO SOBRE LA VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA EN ZONAS POBLADAS. BINOMIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE E INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. \n\n\nLBH08/20\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: PODER EJECUTIVO\n\nSubtemas:\n\nQUEJA.\n\n013387-20. SE REITERA EL CRITERIO SOBRE LA VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA EN ZONAS POBLADAS. BINOMIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE E INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. \n\n\nLBH08/20\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: PODER EJECUTIVO\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\n013387-20. SE REITERA EL CRITERIO SOBRE LA VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA EN ZONAS POBLADAS. BINOMIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE E INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. \n\n\nLBH08/20\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 121- Atribuciones de la Asamblea Legislativa\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCUO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. \"El artículo 121, inciso 14), subinciso c), de la Constitución se indica que los ‘servicios inalámbricos’ o el espectro electromagnético forma parte del dominio público constitucional y concretamente es un bien propio de la Nación, siendo que no puede ser desafectado o salir del dominio del Estado.\"\n\n\nLBH08/20\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n*200108010007CO*\n\nExp: 20-010801-0007-CO\n\nRes. Nº 2020013387\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte .\nRECURSO DE AMPARO interpuesto por [Nombre 001], mayor, divorciada, cédula de identidad No. [Valor 001], vecina de San Ramón de La Unión  y [Nombre 002], mayor, soltero, cédula de identidad No. [Valor 002], vecino de San Ramón de La Unión contra la SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL Y EL ALCALDE DE LA UNIÓN.\nRESULTANDO:\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:03 horas del 17 de junio de 2020, los recurrentes interponen recurso de amparo contra la Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Alcalde de La Unión y expresan que la autoridad recurrida aprobó la viabilidad ambiental del proyecto \"Torre Celular sitio [Valor 005] San Ramón, La Unión\" asunto que se tramita en el expediente No. [Valor 006]. Alegan que el proyecto será ubicado en una zona residencial donde hay 3 fincas, las cuales hacen uso común de una servidumbre. Añaden que el 15 de mayo de 2020 se ubicó en el portón de la entrada común el rotulo del proyecto, el cual carece de información indispensable como lo es el número de resolución ambiental y la fecha de cuando se otorgó el permiso, información que es para el conocimiento público. Manifiestan que al ubicarse el proyecto mencionado en zona residencial, donde se encuentra su propiedad, la construcción incumpliría con lo establecido en el artículo 2 punto 3 del Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones para el cantón de La Unión, que indica: \"Propiciar razonablemente la minimización del impacto visual y ambiental sin perjuicio de la legislación nacional vigente para lo cual se autorizará la construcción únicamente de la infraestructura necesaria para lograr la cobertura y calidad del servicio que requiere la población en el ámbito de las telecomunicaciones, rechazando toda gestión que no forme parte de este principio\". Agregan que su propiedad es la finca número 242435, se ubica en el área de influencia directa, aproximadamente 27,71 metros de distancia del proyecto y para la construcción de la torre se requiere la tala de al menos 3 árboles de Nogal (Juglans neofropica) entre los 20 metros a 30 metros de altura, los cuales son parte del ecosistema, ya que alberga diversidad de aves como por ejemplo el Yigüirro (Turdus grayi), diversas espadas de colibrí como el Alas de Sable (Campylopterus ensipennis), insectos polinizadores como las abejas y mariposas entre otros mamíferos. Detallan que el espacio que actualmente ocupan estos árboles será remplazado por una torre de 35 metros de altura, lo que incurre en un fuerte impacto visual y a la vez ambiental. Señalan que la autoridad recurrida no les ha brindado información de la fecha, sobre los estudios técnicos ni de las valoraciones técnicas sobre el impacto a la salud. Acotan que, ni la SETENA ni la Municipalidad de La Unión, tomaron en consideración la consulta ciudadana para dar la viabilidad del proyecto, sobre el impacto social y ambiental que este puede generar, particularmente por la distribución de las fincas y las propiedades cercanas al proyecto. Añaden que según las disposiciones del formulario D2, se debe considerar el punto 8 del Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones para el cantón de La Unión, que hace referencia a la Política Ambiental para uso racional de recursos, que dice: \"8.2.1 1. Se promoverá el mejor y más eficiente y efectivo uso del paisaje, produciendo el menor impacto ambiental negativo. Para ello. durante la fase de planeamiento y de diagnóstico del terreno, siempre que las condiciones del terreno lo permitan, se deberán incorporar dentro del paisaje natural del espacio geográfico donde se ubicará la actividad, obra o proyecto, aquellas obras que busquen, aprovechar al máximo la presencia de barreras visuales, sean estas vegetales o rocosas. Dichas obras deberán armonizarse con el paisaje de la zona, de forma tal, que no genere contrastes visuales y paisajísticos desagradables\". Consideran los recurrentes que la construcción de la torre de telecomunicaciones genera un alto impacto visual y paisajístico desagradable al entorno común de los vecinos cercanos, así como un impacto ambiental al cortar los árboles que forman parte la comunidad y el equilibrio del ecosistema y la biodiversidad de la zona. Por las razones expuestas, estiman lesionados sus derechos fundamentales.\n2.- Mediante resolución de las 08:35 horas del 18 de junio de 2020, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se les solicitó informe al Secretario Técnico Ambiental y al Alcalde de La Unión, sobre los hechos alegados por los recurrentes.\n3.- Informa bajo juramento Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (escrito presentado a las 14:45 horas del 24 de junio de 2020), que los procesos de Evaluación Ambiental para los proyectos de torres de telecomunicaciones se tramitan de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, requeridos para los proyectos tramitados con el Documento de Evaluación D2, según lo determinado el artículo 9 Bis, que estipula los requisitos que detalla. El 01 de mayo de 2020 es recibido en esa Secretaría el Formulario D2 del proyecto “Torre Celular Sitio [Valor 005] San Ramón La Unión”, presentado por el señor [Nombre 007], documento de identidad número [Valor 003], representante legal de la sociedad GTP TORRES CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con cédula jurídica número 3-102-635301, al cual se le asignó el expediente número [Valor 004]. El 27 de mayo de 2020, mediante la resolución No. 0983-2020-SETENA, se otorga la licencia de Viabilidad Ambiental al proyecto supra por un plazo de cinco años para el inicio de obras, actividades o proyectos, cumpliendo con todos los requisitos legales correspondientes. En cuanto a la tala de árboles, esa Secretaría, como parte de la Evaluación Ambiental, previene al Desarrollador en la Resolución No. 0983-2020-SETENA, de las 11:06 horas del 27 de mayo de 2020, donde se otorgó la Viabilidad Ambiental en el Por Tanto Sexto lo siguiente: “SEXTO: Prevenir al Desarrollador, que si el proyecto requiere la eliminación de árboles se deberá contar de previo, con el respectivo permiso (art. 27 de la Ley Forestal), además se previene que debe respetar las Áreas de Protección (art. 33 y 34 Ley Forestal), debiendo incluir en el desarrollo del proyecto buenas prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque según sea la categoría que manejo.”  Es el Sistema Nacional de Conservación (SINAC) el ente competente para brindar los permisos respectivos para dicha activada, según corresponda según la especie, indicando si son o no aptos para la tala según lo establecido por el Decreto 25700-MINAE, debiendo proceder el desarrollador según corresponda. En cuanto a la participación ciudadana no lleva razón el recurrente, puesto que el Desarrollador cumplió con los requisitos y documentación necesarias para que fuese otorgada la Viabilidad Ambiental presentando el Plan de Comunicación, el cual hace referencia a la consulta ciudadana, así consta en el expediente administrativo de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, requeridos para los proyectos tramitados con el Documento de Evaluación D2. La forma establecida para los proyectos de bajo impacto se apega por completo según lo determinado el artículo 9 Bis sobre los Documentos de Evaluación Ambiental para proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones en el inciso ocho: 8. Los resultados del Plan de Comunicación a las comunidades cuyo contenido mínimo es el siguiente: - Objetivo (Debe indicar en qué consistirá el proyecto y que implicaciones posee). - Grupo meta (comunidades debe ser indicado cuál es el AID y justificarse). - Estrategia o mecanismo de divulgación a emplear en las comunidades ubicadas en el Área de Influencia Directa (AID) (incluir impactos) con el fin de informar sobre el proyecto a desarrollar, que incluya como mínimo los siguientes aspectos: - Periodo de divulgación. - Mensaje a transmitir (debe brindarse una descripción del proyecto explicando los impactos que generará). - Cronograma de actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación. - Formato de respuesta a las comunidades sobre inquietudes relacionadas con la divulgación del proyecto. - Costos de la divulgación. Dentro de los requisitos que se le solicitan, por normativa, a un desarrollador para que se le pueda otorgar la licencia de la Viabilidad Ambiental, está la responsabilidad de informar a la ciudadanía del proyecto que está proponiendo y que está siendo evaluado, así lo dispone el artículo 33 del Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que indica: Artículo 33. “Proceso de comunicación con la sociedad civil y autoridades locales. Las directrices fundamentales de este proceso que le corresponde al desarrollador y al equipo consultor responsable de la elaboración del EsIA, son las siguientes:  1. Presentación de la actividad, obra o proyecto en cuestión, dentro de un procedimiento de interacción con la comunidad y las autoridades locales. 2. Encuesta o sondeo de opinión a las comunidades que se localicen dentro del área de influencia directa de dicha actividad, obra o proyecto.” Así las cosas, es claro que es total responsabilidad del desarrollador, como interesado directo, y no de la SETENA, informar a la población sobre el proyecto que está en evaluación. La Secretaría verifica que el plan cumpla con lo normado y sea cumplido por parte del desarrollador. En el caso en marras, el Plan de Comunicación al inicio del procedimiento administrativo ante SETENA, fue presentado a satisfacción de lo requerido por el reglamento. Es importante mencionar que la información presentada ante esta Secretaría es de carácter público, y todo el procedimiento administrativo ha estado abierto a consultas, apersonamientos y observaciones de la ciudadanía, así lo establece la Constitución Política en su artículo 30 que indica: “Se garantiza el libre acceso de los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público…”. Así también en la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 22 hace referencia a lo anterior: “ Artículo 22.- Expediente de la evaluación. Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración”. La Evaluación Ambiental para torres de telecomunicaciones, es un proceso especial donde se ha considerado el componente de participación ciudadana por medio del plan de comunicación y componentes ambientales especiales para este tipo de proyectos, de manera que la SETENA se constata claramente la no afectación al ambiente, apegándose al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, la aprobación de dicha Viabilidad Ambiental, la cual señala textualmente: Artículo 17.- “Evaluación de impacto ambiental . Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.” La Evaluación Ambiental es un acto administrativo preparatorio de un acto final, como por ejemplo el permiso de Construcción de las Municipalidades y otros entes, de manera que, en relación a su ubicación, estructura, etc., es un asunto propio de las regulaciones de los municipios para este tipo de obras, en donde esta Secretaría no tiene inherencia y corresponde a procesos posteriores a la Viabilidad Ambiental. En relación a la posible afectación a la salud pública, ya el Tribunal Constitucional se ha referido en múltiples ocasiones, en el sentido que no existe una evidencia de afectación a la salud por este tipo de infraestructura y, en todo caso, es un tema propio del Ministerio de Salud, que a la fecha no ha emitido ninguna contraindicación al respecto. Solicita declarar sin lugar el recurso.\n4.- Informa bajo juramento Cristian Torres Garita, en su condición de Alcalde de La Unión (escritos presentados a las 09:05 horas del  03 de julio de 2020 y a las 11:55 horas del 08 de julio de 2020), que sobre los hechos alegados por los recurrentes, la Licda. Alejandra Jiménez Carbonell, Coordinadora Comercial y Servicio al Cliente, en oficio MLU-CCSC-033-2020, fechado 1 de julio de 2020, indica: “...En seguimiento al oficio MLU-DJUR-751-2020, se le informa, verificando los registros que mantiene el Sistema Municipal, a nombre de la señora [Nombre 001], cédula de identidad 0113510276 y del señor [Nombre 002], cédula de identidad 0712810663, no existe ningún trámite presentado a la denuncia indicada en el Recurso de Amparo…”. El Ing. Mario Portuguez Castro, Director de la DIDECU, mediante oficio MLUDIDECU-194-2020, fechado 01 de julio del 2020 señala: “Sirva la presente para saludarle atentamente y a la vez enviarle la información contenida en nuestros expedientes sobre el caso particular del recurso de amparo contra la Municipalidad de La Unión Exp. 20-010801-0007-CO. Sobre los hechos alegados por los recurrentes se puede determinar que el caso corresponde a una solicitud de permiso de construcción de Torre de Telecomunicaciones que fuera revisado por esta Dirección y que a la fecha se encuentra rechazado por falla de requisitos mismos que le fueron notificados al solicitante del permiso para que realice los debido subsanes con el fin de continuar con el trámite según corresponda. El expediente de la solicitud del permiso y del rechazo se adjunta de manera digital en el correo respuesta de este oficio, mismo que corresponde a la finca No. 242437-000 de San Ramón. Esto se obtiene al identificar que en el recurso se menciona la finca No. 242435-000 de San Ramón y que cerca de ella (aproximadamente a 25 metros) se desea consumir una torre. Sobre el particular la Municipalidad rechaza el permiso por los siguientes motivos:\nNúmero de finca\n\t\nNúmero de cita\n\t\nDescripción de proyecto\n\t\nFecha de rechazo\n\t\nIngeniero municipal\n\n\n2.242437-000\n\t\n925667\n\tTorre de telecomunicaciones\n[Valor 005] San Ramón de La Unión\n\t\n01-jun-2020\n\t\nJosé Carlos Barrantes Cubillo\n \nPara proseguir con el trámite, es necesario realizar las siguientes correcciones:\nConsecutivo\n\t\nDetalle del motivo\n\n\n1\n\t1-No se anexa formulario municipal de solicitud de permiso de construcción debidamente llena y firmada por el propietario Iiteral o representante legal y el profesional responsable\n2-No se indica altura de torre en planos constructivos.\n3-EI Ingreso o camino de lastre propuesto a construir no se ubica o no corresponde al frente de la propiedad según plano de catastro. Ver en plano de catastro cual es el frente de la propiedad puntos 1-2. Ese es el ingreso.\n4-Coordenadas de ubicación de la torre indicados en planos constructivos no coinciden con los aprobados e indicados en uso del suelo permitido.\n5-No se puede construir ni solicitar permiso de construcción en la servidumbre de paso con la presente solicitud, la misma no pertenece ni es parte de la propiedad C-1613801-2012. Es un ingreso.\nLa ubicación de la finca del denunciante y la finca de intención de ubicación de la Torre de Telecomunicaciones es la siguiente: (…)”. El Ing. Ricardo Laurent Aguilar, Gestor Ambiental, en oficio MLU-GESA-751-2020, fechado 01 de julio de 2020, manifiesta: “Sirva la presente para saludarlo y a la vez dar respuesta al oficio citado en el asunto, mismo que refiere a Recurso de Amparo interpuesto por la Sra. [Nombre 001] y el Sr. [Nombre 002], con número de expediente 20-010801-0007-CO, el cual indica en resumen lo siguiente: “(...) que la autoridad recurrida aprobó la viabilidad ambiental del proyecto \"Torre Celular sitio [Valor 005] San Ramón, La Unión asunto que se tramita en el expediente No. [Valor 006]\". El subrayado no es del original. AI respecto es importante indicar lo siguiente: 1. Revisados los registros con que cuenta la Unidad Ambiental, no se evidencia de alguna gestión o consulta realizada por los recurrentes. 2. Aunado a lo anterior, tampoco se ha determinado ningún tipo de consulta realizada a la Unidad Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 3. A su vez, la Unidad Ambiental no es la entidad competente para la aprobación del trámite de viabilidad ambiental. El artículo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente establece la creación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) como un órgano desconcentrado, cuyo objetivo es armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. 4. Asimismo, el artículo 84 de la misma ley, establece las competencias de este público, entre las cuales se cita: \"a) Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública. b) Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo. (...)\". 5. Por lo anterior, y dejando clara la competencia de la SETENA en la aprobación de viabilidad ambiental, no se comprende el por qué los recurrentes afirman que la Municipalidad de La Unión no tomó en consideración la consulta ciudadana para dar la viabilidad del proyecto, pues este aspecto no es una competencia definida para esta corporación municipal. 6. Por otro lado, y con referencia a lo descrito \"(…) se ubicó en el portón de la entrada común el rótulo (sic) del proyecto, el cual carece de información indispensable como lo es el número de resolución ambiental y la fecha de cuando se otorgó el permiso (...)\", es necesario mencionar también que es la SETENA la encargada de dictaminar y regular los lineamientos relativos a la rotulación de proyectos de viabilidad ambiental, tal y como lo describe la Resolución No. 1834-2016-SETENA. 7. Finalmente, se menciona, que la especie arbórea citada por los recurrentes, a saber, Nogal (Juglas neofropica) no se encuentra incluida dentro de las especies determinadas en el Decreto Ejecutivo No. 25700-MINAE denominado Declara veda total el aprovechamiento de árboles en peligro extinción, pese a esto, la competencia en esta materia recae sobre la Administración Forestal del Estado, así definido en Ley Forestal No. 7575 y no sobre la Unidad Ambiental”. Así las cosas, esa representación solicita se declare sin lugar el recurso de amparo incoado por los señores [Nombre 001] y [Nombre 002].\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n              Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\nCONSIDERANDO:\nI.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes alegan que ni la SETENA ni la Municipalidad de La Unión, tomaron en consideración la consulta ciudadana para dar la viabilidad del proyecto \"Torre Celular sitio [Valor 005] San Ramón, La Unión \", a pesar del impacto social y ambiental que puede generar, particularmente por la distribución de las fincas en zona residencial, donde se encuentra su propiedad. Consideran que la construcción de la torre de telecomunicaciones genera un alto impacto visual y paisajístico desagradable al entorno común de los vecinos cercanos, así como un impacto ambiental al cortar los árboles que forman parte la comunidad y el equilibrio del ecosistema y la biodiversidad de la zona.\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\na)El 01 de mayo de 2020, se recibió en la SETENA el Formulario D2 del proyecto “Torre Celular Sitio [Valor 005] San Ramón La Unión”, presentado por el señor [Nombre 007] , representante legal de la sociedad GTP TORRES CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con cédula jurídica número 3-102-635301, al cual se le asignó el expediente número [Valor 004] (informe de la Secretaria General de la SETENA y prueba documental aportada).\nb)Mediante la resolución No. 0983-2020-SETENA, de las 11:06 horas del 27 de mayo de 2020, la SETENA otorga la licencia de Viabilidad Ambiental al proyecto supra  por un plazo de cinco años para el inicio de obras, actividades o proyectos (informe de la Secretaria General de la SETENA y prueba documental aportada).\nc)El 01 de junio de 2020, la Municipalidad de La Unión rechazó la solicitud de permiso de construcción de la torre de telecomunicaciones del proyecto \"Torre Celular sitio [Valor 005] San Ramón, La Unión\", por el incumplimiento de los siguientes requisitos: 1- No se anexa formulario municipal de solicitud de permiso de construcción debidamente llena y firmada por el propietario Iiteral o representante legal y el profesional responsable. 2- No se indica altura de torre en planos constructivos. 3- EI Ingreso o camino de lastre propuesto a construir no se ubica o no corresponde al frente de la propiedad según plano de catastro. 4- Coordenadas de ubicación de la torre indicados en planos constructivos no coinciden con los aprobados e indicados en uso del suelo permitido. 5- No se puede construir ni solicitar permiso de construcción en la servidumbre de paso con la presente solicitud, la misma no pertenece ni es parte de la propiedad C-1613801-2012. Es un ingreso. (informe del Alcalde de La Unión y prueba documental aportada).\nIII.- ANTECEDENTES: Esta Sala en su jurisprudencia ha analizado la viabilidad de la instalación de torres de telefonía en zonas pobladas, desarrollando los temas referentes al derecho a la salud, ambiente y la participación ciudadana.  Así en la sentencia No. 2016-007163, de las 09:20 nueve del 27 de mayo de 2016, indicó lo siguiente:\n  “… III.- SOBRE EL BINOMIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE E INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. En relación con torres de  telecomunicaciones, ha dicho ya, reiteradamente, este Tribunal que no hay evidencia que pongan en peligro la salud de las personas o   el medio ambiente. Por ejemplo, en la sentencia No. 2010-014449 de las 8:54 hrs. del 31 de agosto de 2010, se indicó:\n“… en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes -que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud…”.\n  Además, en la sentencia No. 2003-003419 de las 15:54 hrs. del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó:\n“…En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la  torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud. . . \"\nPosición que se reiteró en sentencias No. 2004-007890 de las 15:37 hrs. del 20 de julio del 2004 y No. 2006-014550 de las 10:35 hrs. del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente. (Véase, en este sentido, la   sentencia No. 2011-002545 de las 15:55 hrs. del primero de marzo del 2011). Aparte de que en el presente asunto, ha informado el alcalde de Tibás que la torre que objetan los recurrentes cuenta con todos los permisos de las Instituciones involucradas, así como con el permiso constructivo correspondiente.\n  IV. SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA APROBACIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TELECOMUNICACIONES. Esta Sala ha dispuesto, entre otras, en la sentencia No. 2011-015763 de las 9:46 hrs. del 16 de noviembre de 2011, que en el otorgamiento de una licencia municipal de construcción de una torre o antena de telecomunicaciones  o el otorgamiento de un certificado de uso de suelo de acuerdo con la zonificación existente, no implican una modificación o reforma del Plan Regulador o de la zonificación establecida en los reglamentos de desarrollo urbano que forman parte del primero, pues en virtud del carácter estratégico y primordial de las  telecomunicaciones para el desarrollo social y económico, existe un declarado interés público nacional, situación que legitima  a las corporaciones municipales para otorgar certificados de uso de suelo y, con fundamento en éstos y otros requisitos, licencias de construcción de infraestructura de  telecomunicaciones, sin necesidad de modificar o reformar los Planes Reguladores y Reglamentos municipales previos que forman parte del primero. Así, se ha considerado que en la instalación de torres de antenas de telecomunicación no se requiere la realización de una audiencia pública previa en la que participen los ciudadanos de la comunidad.   Además, en el presente asunto, ha indicado la autoridad recurrida que la finca, donde se ubica la torre, es comercial, según consta en los Registros Municipales, y cuenta con cuatro locales, razón por la cual no necesitan de firma de los vecinos para explotar una actividad comercial, pues el uso de suelo es comercial. A mayor abundamiento, la mayoría de este Tribunal enfatiza que la última jurisprudencia de esta Sala ha sido que todo lo relacionado con las audiencias públicas dispuestas en la normativa infraconstitucional, es un asunto que debe ser conocido en la jurisdicción contenciosa administrativa y no en la sede constitucional”.\nPor otra parte en la sentencia 2016005857 de las catorce horas treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis, dispuso lo siguiente:\n“II.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL.- En el presente caso, los recurrentes acusan -entre otros- que la instalación de una torre telefónica en el residencial donde habitan que no fue sometido a consulta de previo a su implantación.   No obstante, la Sala se ha referido al problema de la participación ciudadana en los procedimientos para la instalación de torres de telecomunicaciones, en los siguientes términos:\n\"[...] Si bien es cierto esta Sala ha reconocido la existencia del derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad. Tratándose de un principio constitucional, resulta consecuente su adoptación también en otra normativa de índole legal, incluso abarcando mayores ámbitos a los que constitucionalmente se tutelen vía amparo, lo cual es acorde al ordenamiento jurídico, sin embargo la verificación de estas audiencias o comunicaciones, no corresponde ser verificada en todos los casos por esta jurisdicción, sino únicamente en aquéllos en que éstas resulten indispensables por su grado de afectación, como los casos considerados técnicamente de alto impacto ambiental, supuesto que no es al que nos enfrentamos en el presente caso, ya que   se trata de una obra que se encuentra calificada como de 'bajo impacto ambiental potencial'. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental por resolución número 02031-2009-SETENA de las nueve horas del veintiséis de agosto de dos mil nueve, dispuso que la instalación de la  torre de telecomunicaciones en este caso concreto, genera impactos ambientales negativos de baja significancia y mitigables por medio de medidas ambientales de implementación sencilla, lo cual se ha verificado en otros casos sometidos bajo consideración de este Tribunal:\n'(...) los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud.   Asimismo, la institución recurrida realizó los estudios de impacto ambiental en la zona donde se construiría dicha  torre celular, reafirmando la seguridad del proyecto (informe visible a folios 20-30). (...)' (sentencia No. 2003-3419)\n   No obstante lo anterior, por resolución número 0123-2010-SETENA de las ocho horas del veinte de enero de dos mil diez, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en todo caso solicitó a la empresa un 'Plan de Comunicación a las Comunidades', exigiendo el siguiente contenido mínimo:\n'(…) Objetivo (Debe indicar en qué consistirá el proyecto y que implicaciones posee), Grupo meta (comunidades, debe ser indicado cuál es el AID y justificarse), Estrategia o mecanismo de divulgación a emplear en las comunidades ubicadas en el Área de Influencia Directa (AID) (incluir impactos) con el fin de informar sobre el proyecto a desarrollar, que incluya como mínimo los siguientes aspectos: período de divulgación, mensaje a transmitir (debe brindarse una descripción del proyecto explicando los impactos que generará), cronograma de actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación, formato de respuesta a las comunidades sobre inquietudes relacionadas con la divulgación del proyecto, destacar un cronograma de las actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación, costos de la divulgación (…)', lo cual fue aportado por la empresa. Posteriormente, y dentro del marco de fiscalización, por resolución número 2898-2010-SETENA de las nueve horas diez minutos del treinta de noviembre de dos mil diez, SETENA le solicitó a la empresa Costa Pacífico Operaciones Ltda. que presentara un informe del avance y aplicación del 'Plan de Comunicación a la Comunidad', por lo cual la empresa recurrida presentó el veintiuno de febrero de dos mil once el 'Informe de Resultados del Plan de Divulgación' ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sobre el cual incluso SETENA ha solicitado la corrección de algunas imprecisiones a nivel de nomenclatura de la empresa responsable. De manera que, no estima este Tribunal que se haya lesionado derecho fundamental alguno de la recurrente, pues como se indicó la verificación del cumplimiento de requisitos legales de la comunicación a la comunidad de un proyecto de esta índole, no corresponde ser dilucidada en esta jurisdicción y en todo caso, según quedó acreditado, la autoridad recurrida ha dado seguimiento al derecho legal reclamado por la amparada, la cual de considerar en todo caso, que no se ajusta a los parámetros legales, deberá acudir, si a bien lo tiene, a la vía contenciosa correspondiente. Así las cosas, procede declarar sin lugar el recurso.\" (Sentencia N° 2011-005516 de las doce horas y treinta y uno minutos del veintinueve de abril de dos mil once, véase en el mismo sentido la resolución Nº 2012-007661 de las nueve horas cinco minutos del ocho de junio de dos mil doce; el resaltado y subrayado no es del original).\nA lo que puede añadirse lo dicho en la resolución Nº 2013-003121 de las nueve horas veinte minutos del ocho de marzo de dos mil trece:\n “[…] Después de analizar los elementos probatorios aportados,    este Tribunal descarta  la lesión a los derechos fundamentales   del recurrente. En efecto, del estudio de los autos y del informe aportado bajo la solemnidad del juramento por la autoridad recurrida, la Sala tiene por acreditado que la Municipalidad de Moravia no modificó el Plan Regulador para otorgar el uso de suelo para la instalación de la  torre de telecomunicaciones en el sitio indicado por el recurrente. Como bien aluden los accionados, la prestación del servicio de telecomunicaciones en todo el país, ha sido declarada por esta misma Sala, como un derecho   fundamental, bajo esta    tesitura, corresponde   a los Gobiernos Locales, el otorgamiento de los permisos para el establecimiento del mobiliario urbano, que se ha de requerir para la prestación del servicio ese servicio. Es por lo anterior que, los gobiernos    locales, contrario   de verse inhibidos de dar dichos   permisos, se ven compelidos a otorgarlos, claro está, de manera válida y legal, mediante el otorgamiento  de certificados   de uso y de permisos de construcción, previa verificación del cumplimiento de requisitos. Y es por ello mismo, que   no resulta  lesivo de  los  derechos fundamentales del recurrente, el hecho de que se otorgue un  permiso    de   construcción  para    una torre   de telecomunicaciones, independiente de la  ubicación donde ésta se pretenda instalar, siempre y cuando, no se encuentre dentro de una zona legalmente restringida, como lo serían las áreas de protección, ya que, tal y como se informa    bajo   juramento,    las telecomunicaciones   no atienden a criterios de zonificación urbanística, si se cumple con la legislación vigente ”.\nIII.- SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES Y EL DERECHO A LA SALUD. - Los recurrentes acusan, asimismo, que la torre de telecomunicaciones cuestionada violenta su derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, el tema de la instalación de torres de telecomunicaciones y telefonía celular, al ser de interés público, ya ha sido ampliamente tratado por esta Sala. De esta manera, en el pronunciamiento N° 2013-006649 de las diez horas veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil trece, la Sala dispuso lo siguiente:\n“SOBRE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. Tratándose de la instalación de torres transmisoras  de señal celular, la Sala Constitucional ha determinado que se trata de un tema de interés público que excede la esfera de lo local o cantonal que atañe a la órbita de lo nacional e incluso se proyecta al terreno del Derecho Internacional Público. Así, este Tribunal en la sentencia    número 015763-2011   de las nueve horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil once, indicó lo siguiente:\n  V.- IMPORTANCIA, INTERÉS PÚBLICO Y VOCACIÓN NACIONAL    DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES   EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. A partir de un análisis   sistemático del ordenamiento  jurídico constitucional e infraconstitucional  vigente,   es  factible concluir que la infraestructura,   en  materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el terreno del Derecho Internacional Público al suponer su desarrollo el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales asumidas previamente por el Estado costarricense. En primer término, como lo ha indicado este Tribunal Constitucional, el tema de las    telecomunicaciones   tiene gran relevancia constitucional, tanto que en   el artículo 121, inciso 14), subinciso c), de la Constitución se indica que los ‘servicios inalámbricos’ o el espectro electromagnético forma parte del dominio público constitucional y concretamente es un bien propio de la Nación, siendo que no puede ser desafectado o salir del dominio del    Estado.  La  Ley   General  de Telecomunicaciones No. 8642 de 4 de junio de 2008 -en adelante LGT-, al enunciar los principios rectores en este sector, indica en su artículo 3°, inciso i), que debe haber una ‘optimización de los recursos escasos’, destacando   que la utilización de las infraestructuras de telecomunicaciones debe ser ‘(«) objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios’.   Precisamente, la   optimización, utilización ponderada, expansión y mejora de la infraestructura y redes en materia de  telecomunicaciones, obedece a los fines manifiestos de ese cuerpo normativo, tales como los de asegurar la aplicación de los principios de acceso universal, eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura y solidaridad en las  telecomunicaciones (artículo 2° LGT). De otra parte, el artículo 32, inciso d), LGT establece con claridad meridiana que el objetivo del acceso y servicio universales y de la solidaridad, se logra, entre otros medios, a través del ‘desarrollo de la infraestructura’, dado que, sólo con una infraestructura robusta y plenamente desarrollada logra reducir la brecha digital, disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del   Conocimiento, la conectividad y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. Por su parte la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1993,  en  su  artículo 74,   modificado  por  la   Ley  de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector  Telecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008,  hizo  una  declaratoria   de  interés  público   de  la infraestructura y las redes en telecomunicaciones al preceptuar lo siguiente: ‘Considerase una actividad de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones  o de cualquiera de sus elementos’. Tal declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que el tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco interés público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo interno del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al permitirle al Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público. Cabe advertir que el interés público es definido por el artículo 113, párrafo 1°, de la Ley General de la    Administración Pública de 1978 “como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados’, por su parte, el párrafo 2 del numeral citado de la LGAP de 1978 dispone, claramente, que ‘El  interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto”. Una consecuencia de lo anterior es que los intereses    de   cualquier   ente    público   descentralizado costarricense, como podrían ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público de la infraestructura en telecomunicaciones  así  declarado,  expresamente,   por  el legislador nacional a través de una ley que manifiesta la voluntad   general     (artículos    105  y    121,  inciso   1°,   de  la Constitución), el que debe prevalecer sobre los intereses de carácter local, dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse    de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional, de lo contrario se pervierte  la  autonomía  territorial   transformando  a  los municipios   en  micro  estados,   abstraídos  de  la   dirección intersubjetiva o tutela que pueda ejercer el Estado, a través de los órganos constitucionales,   mediante la emisión de leyes válidas y eficaces, la celebración de convenios y tratados internacionales por el Poder Ejecutivo y aprobados  por la Asamblea Legislativa (artículos 7°, 121, inciso 4°, y 140, inciso 10°, de la Constitución Política). La declaratoria de interés público efectuada por el artículo 74 de la Ley de la ARESEP, tiene, a su vez, asidero constitucional suficiente y legítimo en el numeral 45, párrafo 1°, de la Constitución Política, al establecer el principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, al admitir la figura de la expropiación ‘por interés público    legalmente comprobado’.   Una   segunda consecuencia   que se extrae de la declaratoria de interés público, es que el   tema de construcción, ampliación o desarrollo y    mejora de la   infraestructura   en materia de telecomunicaciones tiene una clara e inequívoca vocación nacional. De modo que es el Estado y sus órganos los que asumen la rectoría y dirección en la materia a la que deben someterse   todos  los  entes públicos  menores  para lograr objetivos como el acceso y servicios universales, la reducción de la brecha digital por razones de  solidaridad,  la interconexión y conectividad necesarias que le permitan a todos los costarricenses, independientemente de la localidad, distrito,   cantón  o  región   donde  habiten,  gozar   de  los beneficios y ventajas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El legislador nacional, lejos de ‘localizar’ el tema de la infraestructura   en telecomunicaciones lo nacionalizó expresa e inequívocamente. Reflejo de lo anterior, son la creación del ‘Sector Telecomunicaciones previsto por el artículo 38   de la citada   Ley de Fortalecimiento   y Modernización de las Entidades Públicas del Sector   de Telecomunicaciones, al disponer lo siguiente: Créase el Sector de Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización del Estado. Estará constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las  telecomunicaciones a tenor de esta norma el   sector de las   telecomunicaciones   tiene un carácter transversal y, por ende, nacional, por cuanto, incluye a todo el universo de los entes públicos, incluidos, los descentralizados territorialmente como las municipalidades. Es así, como los ayuntamientos no pueden sustraerse de tal sector. El carácter nacional    de   las  telecomunicaciones,  en   general,  y, particularmente, de su infraestructura queda más patente al considerar el artículo 39 de la Ley citada, en cuanto establece que el rector del sector lo será el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones,   al que le corresponde,  en ejercicio de una función general de dirección intersubjetiva o tutela administrativa, entre otras, las siguientes: a) Formular las políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones; b) Coordinar («) la elaboración del Plan nacional de desarrollo de las  telecomunicaciones («)’; c) Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones’;   e)  Dictar  el   Plan  nacional  de telecomunicaciones, así como los reglamentos ejecutivos que correspondan; h) Coordinar las políticas de desarrollo de las  telecomunicaciones con otras políticas públicas destinadas a promover la sociedad de la información i) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones  en armonía con la naturaleza. Por último, el carácter evidentemente nacional   de   las telecomunicaciones y    sus diversos componentes, queda de manifiesto, cuando el artículo 40 de la Ley precitada   regula el ‘Plan nacional de desarrollo    de las telecomunicaciones’, el cual es definido en el párrafo 1° de ese numeral como («) el instrumento de planificación y orientación general del Sector y define las metas, los objetivos y las prioridades    de éste. El legislador optó, entonces, por planificar a nivel nacional y no meramente local o regional el tema de las  telecomunicaciones. De otra parte, la naturaleza nacional de las telecomunicaciones queda reforzada al crearse la Superintendencia  de Telecomunicaciones (SUTEL),  a la que le corresponde una serie de competencias de inequívoca índole nacional, así, conforme a los artículos 59 y 60 de la Ley de Creación de la ARESEP,   le corresponde («) regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento  jurídico de las telecomunicaciones («)   para  todo  lo   cual  actuará  en concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las  telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables’. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones    2009-2014, por su parte, establece que ‘Para avanzar en el aprovechamiento de los beneficios de la Sociedad    de Información y Conocimiento, el país debe hacer un esfuerzo importante de inversión en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de manera que permita contar con más y mejores servicios de  telecomunicaciones para todos los sectores de la población. En este sentido,  el desarrollo de la infraestructura   en ese sector constituye una condición necesaria e indispensable a la que deberá brindarse una prioridad especial en cualquier proyecto país en materia de TIC («)’ y luego especifica que para lograr el desarrollo de la infraestructura nacional de telecomunicación deberá atender los siguientes lineamientos: a.1 Tomar las medidas necesarias para garantizar que el país cuente con una infraestructura moderna de  telecomunicaciones, y al mismo tiempo asegurar la prestación de servicios de calidad y la generación de aplicaciones de valor agregado, permitiendo la convergencia, la interoperabilidad entre los sistemas,   la incorporación de tecnologías de avanzada y la seguridad en las comunicaciones y a.6 Garantizar el desarrollo de una infraestructura que permita llevar los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del país, cumpliendo con los objetivos y metas de acceso universal, servicio universal y solidaridad («). Se trata, entonces, de un plan que, por disposición expresa de ley, vincula u obliga, entre otros, a los entes municipales y que les conmina a contar con una infraestructura de  telecomunicaciones, robusta, moderna, óptima, adecuada y desarrollada para disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El logro de esta meta u objetivo, se verá, necesariamente, frustrado si cada corporación territorial, en un tema de clara vocación nacional, pretende establecer su propia orientación y requerimientos, por sobre la legislación nacional y los instrumentos del Derecho Internacional Público que obligan a todos los entes que conforman el Estado en sentido amplio...” (El resaltado y subrayado no es del original).\nA lo que se suma que, en la actualidad, simplemente no hay suficiente evidencia para estimar que las torres de telefonía celular representen un peligro para la salud pública. De esta manera, en sentencia N.º 2010-014449 de las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, se dijo:\n“[…] en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes –que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud. Esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones respecto a este tema, y en el caso específico de la sentencia número 2003-03419 de las 15:54 horas del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó:\n‘(…) En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud...’\nPosición que se reiteró en sentencias número 2004-07890 de las 15:37 horas del 20 de julio del 2004 y 2006-14550 de las 10:35 horas del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torre de telefonía celular no implica una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente”.\nIV.- SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA OBRA. Por último, visto que los recurrentes aseguran que no existe evidencia del proyecto objetado cuente con los permisos de ley, debe indicarse que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no está llamada revisar si una  torre de telecomunicaciones cumple o no los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, pues se trata de una labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional.  De esta forma al pronunciarse sobre un caso análogo, en sentencia N° 2012-006792 de las quince horas cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil doce, este Tribunal dispuso lo siguiente:\n“En cuanto a lo alegado por los recurrentes en relación con el supuesto irrespeto de la autoridad recurrida en cuanto a la distancia que debe haber entre una torre de telefonía celular y otra, pues ambas estructuras se encuentran a menos de 250 metros de distancia. Cabe indicar    que esta Sala no puede entrar a determinar si la Municipalidad de Alajuela ha cumplido o no con lo establecido en el Plan Regulador de la zona al momento de otorgar los permisos de construcción a la empresa Claro para levantar una  torre de telefonía celular, pues ello constituye un asunto de legalidad que deberá ser alagado ante la propia corporación municipal recurrida a través de los recursos que la ley les prevé al efecto.  Por lo que el recurso es inadmisible en este sentido”.\n Por ello, deberán los recurrentes plantear su inconformidad o reclamo ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrán, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara”.\n   III.- CASO CONCRETO : Al respecto, la Sala reitera la jurisprudencia parcialmente transcrita en el considerando tercero de esta resolución y reitera a los recurrentes que las disconformidades con la decisión de la SETENA y la Municipalidad de La Unión referentes al otorgamiento o no de un permiso para la instalación de una torre de telefonía en San Ramón de la Unión, es un tema que debe discutirse en la vía de administrativa o de legalidad ordinaria en razón de su competencia.  En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE.  Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\nPOR TANTO:\nSe declara sin lugar el recurso.\n \n\n \n\n \n\n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nNancy Hernández L.\n\t\n \n\t\nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nJose Paulino Hernández G.\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\t\n \n\t\nMauricio Chacón J.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*UBN0SV543B3C61*\n\nUBN0SV543B3C61\n\nEXPEDIENTE N° 20-010801-0007-CO\n \nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 23:31:47.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 13387 - 2020\n\nDate of Resolution: July 17, 2020 at 09:15\n\nCase File: 20-010801-0007-CO\n\nDrafted by: Anamari Garro Vargas\n\nType of Matter: Amparo Appeal\n\nConstitutional Control: Dismissal Judgment\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: PUBLIC SERVICES\n\nSubtopics:\n\nTELEPHONY.\n\n013387-20. THE CRITERION REGARDING THE VIABILITY OF INSTALLING TELEPHONY TOWERS IN POPULATED AREAS IS REITERATED. THE BINOMIAL OF HEALTH AND ENVIRONMENT AND THE INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONY TOWERS.\n\n\nLBH08/20\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nStrategic Topics: Political Constitution\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: PUBLIC SERVICES\n\nSubtopics:\n\nTELEPHONY.\n\n013387-20. THE CRITERION REGARDING THE VIABILITY OF INSTALLING TELEPHONY TOWERS IN POPULATED AREAS IS REITERATED. THE BINOMIAL OF HEALTH AND ENVIRONMENT AND THE INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONY TOWERS.\n\n\nLBH08/20\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: EXECUTIVE BRANCH\n\nSubtopics:\n\nCOMPLAINT.\n\n013387-20. THE CRITERION REGARDING THE VIABILITY OF INSTALLING TELEPHONY TOWERS IN POPULATED AREAS IS REITERATED. THE BINOMIAL OF HEALTH AND ENVIRONMENT AND THE INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONY TOWERS.\n\n\nLBH08/20\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: EXECUTIVE BRANCH\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\n013387-20. THE CRITERION REGARDING THE VIABILITY OF INSTALLING TELEPHONY TOWERS IN POPULATED AREAS IS REITERATED. THE BINOMIAL OF HEALTH AND ENVIRONMENT AND THE INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONY TOWERS.\n\n\nLBH08/20\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 121- Powers of the Legislative Assembly\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLE 121 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. \\\"Article 121, subsection 14), sub-subsection c), of the Constitution states that 'wireless services' or the electromagnetic spectrum form part of the constitutional public domain and are concretely a good belonging to the Nation, meaning they cannot be unencumbered or removed from the domain of the State.\\\"\n\n\nLBH08/20\n\n... See more\nText of the resolution\n\n*200108010007CO*\n\nExp: 20-010801-0007-CO\n\nRes. No. 2020013387\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on July seventeenth, two thousand twenty.\nAMPARO APPEAL filed by [Name 001], of legal age, divorced, identity card No. [Value 001], resident of San Ramón de La Unión, and [Name 002], of legal age, single, identity card No. [Value 002], resident of San Ramón de La Unión against the SECRETARY GENERAL OF THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT AND THE MAYOR OF LA UNIÓN.\nWHEREAS:\n1.- By means of a document received at the Secretariat of the Chamber at 11:03 a.m. on June 17, 2020, the appellants file an amparo appeal against the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) and the Mayor of La Unión and state that the respondent authority approved the environmental viability (viabilidad ambiental) of the project \\\"Cellular Tower site [Value 005] San Ramón, La Unión,\\\" a matter processed under case file No. [Value 006]. They allege that the project will be located in a residential zone where there are 3 farms, which make common use of an easement (servidumbre). They add that on May 15, 2020, the project sign was placed on the gate of the common entrance, which lacks indispensable information such as the environmental resolution number and the date on which the permit was granted, information that is for public knowledge. They state that since the aforementioned project is located in a residential zone, where their property is situated, the construction would fail to comply with the provisions of article 2, point 3 of the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses for the canton of La Unión, which states: \\\"Reasonably promote the minimization of visual and environmental impact without prejudice to current national legislation, for which the construction of only the infrastructure necessary to achieve the coverage and quality of service required by the population in the field of telecommunications will be authorized, rejecting any action that does not form part of this principle.\\\" They add that their property is farm number 242435, located in the area of direct influence (área de influencia directa), approximately 27.71 meters from the project, and the construction of the tower requires the felling of at least 3 Nogal trees (Juglans neofropica) between 20 meters and 30 meters in height, which are part of the ecosystem, as they shelter a diversity of birds such as the Yigüirro (Turdus grayi), various species of hummingbirds such as the Alas de Sable (Campylopterus ensipennis), pollinating insects such as bees and butterflies, among other mammals. They detail that the space currently occupied by these trees will be replaced by a tower 35 meters high, which incurs a strong visual and, at the same time, environmental impact. They point out that the respondent authority has not provided them with information on the date, nor on the technical studies or technical assessments regarding the impact on health. They note that neither SETENA nor the Municipality of La Unión took into consideration the citizen consultation (consulta ciudadana) to grant the project's viability (viabilidad), regarding the social and environmental impact it may generate, particularly due to the distribution of the farms and the properties near the project. They add that according to the provisions of form D2, point 8 of the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses for the canton of La Unión must be considered, which refers to the Environmental Policy for the rational use of resources, stating: \\\"8.2.1 1. The best, most efficient, and effective use of the landscape will be promoted, producing the least negative environmental impact. To this end, during the planning and land diagnosis phase, whenever the terrain conditions allow it, those works that seek to make the most of the presence of visual barriers, whether vegetal or rocky, must be incorporated into the natural landscape of the geographical space where the activity, work, or project will be located. Said works must harmonize with the landscape of the area, in such a way that they do not generate unpleasant visual and landscape contrasts.\\\" The appellants consider that the construction of the telecommunications tower generates a high visual impact and an unpleasant landscape to the common environment of the nearby neighbors, as well as an environmental impact by cutting down the trees that form part of the community and the balance of the ecosystem and the biodiversity of the area. For the reasons stated, they believe their fundamental rights have been violated.\n2.- By resolution at 08:35 a.m. on June 18, 2020, the Presidency of the Chamber admitted this amparo appeal and requested a report from the National Environmental Technical Secretary and the Mayor of La Unión regarding the facts alleged by the appellants.\n3.- Cynthia Barzuna Gutiérrez, in her capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, reports under oath (written statement submitted at 2:45 p.m. on June 24, 2020) that the Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) processes for telecommunications tower projects are handled in accordance with the provisions of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and its amendments, required for projects processed with the D2 Assessment Document (Documento de Evaluación D2), as determined by Article 9 Bis, which stipulates the detailed requirements. On May 1, 2020, the D2 Form for the project “Cellular Tower Site [Value 005] San Ramón La Unión” was received by this Secretariat, submitted by Mr. [Name 007], identity document number [Value 003], legal representative of the company GTP TORRES CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, with legal identification number 3-102-635301, to which case file number [Value 004] was assigned. On May 27, 2020, through resolution No. 0983-2020-SETENA, the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) license was granted for the aforementioned project for a period of five years for the start of works, activities, or projects, complying with all corresponding legal requirements. Regarding tree felling, this Secretariat, as part of the Environmental Assessment (Evaluación Ambiental), cautioned the Developer in Resolution No. 0983-2020-SETENA, at 11:06 a.m. on May 27, 2020, where Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) was granted, in the Sixth Por Tanto, the following: “SIXTH: Caution the Developer that if the project requires the elimination of trees, the respective permit must be obtained beforehand (Art. 27 of the Ley Forestal), and furthermore, it is cautioned that Areas of Protection must be respected (Art. 33 and 34 Ley Forestal), including in the project development good practices aimed at favoring the optimal balance of natural resources and sustainable forest use according to the management category.” The National System of Conservation (SINAC) is the competent entity to grant the respective permits for said activity, as appropriate according to the species, indicating whether or not they are suitable for felling as established by Decree 25700-MINAE, and the developer must proceed accordingly. Regarding citizen participation (participación ciudadana), the appellant is incorrect, since the Developer complied with the necessary requirements and documentation for the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) to be granted, presenting the Communication Plan (Plan de Comunicación), which refers to the citizen consultation (consulta ciudadana), as recorded in the administrative file in accordance with the provisions of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and its amendments, required for projects processed with the D2 Assessment Document (Documento de Evaluación D2). The form established for low-impact projects fully complies with the provisions of Article 9 Bis on Environmental Assessment Documents (Documentos de Evaluación Ambiental) for telecommunications tower installation projects, subsection eight: 8. The results of the Communication Plan (Plan de Comunicación) to the communities, whose minimum content is as follows: - Objective (Must indicate what the project will consist of and what implications it has). - Target group (communities, the AID must be indicated and justified). - Disclosure strategy or mechanism to be used in the communities located in the Area of Direct Influence (AID) (include impacts) in order to inform about the project to be developed, including as a minimum the following aspects: - Disclosure period. - Message to convey (a description of the project must be provided, explaining the impacts it will generate). - Schedule of activities to carry out in the communication plan. - Response format to the communities regarding concerns related to project disclosure. - Disclosure costs. Among the requirements requested by regulation from a developer in order to be granted the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) license is the responsibility to inform the citizenry about the project being proposed and under evaluation, as stipulated in Article 33 of Executive Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which states: Article 33. “Communication process with civil society and local authorities. The fundamental guidelines of this process, which is the responsibility of the developer and the consulting team responsible for preparing the EsIA, are as follows: 1. Presentation of the activity, work, or project in question, within an interaction procedure with the community and local authorities. 2. Opinion survey or poll of the communities located within the area of direct influence of said activity, work, or project.” Thus, it is clear that it is the total responsibility of the developer, as the direct interested party, and not of SETENA, to inform the population about the project under evaluation. The Secretariat verifies that the plan complies with regulations and is fulfilled by the developer. In the case at hand, the Communication Plan (Plan de Comunicación) at the beginning of the administrative procedure before SETENA was submitted to the satisfaction of what was required by the regulation. It is important to mention that the information submitted to this Secretariat is public, and the entire administrative procedure has been open to consultations, appearances, and observations by the citizenry, as established by the Political Constitution in Article 30, which states: “Free access to administrative departments is guaranteed for purposes of information on matters of public interest…” Likewise, the Organic Law of the Environment, in Article 22, refers to the above: “Article 22.- Assessment file. Individuals or legal entities, public or private, shall have the right to be heard by the National Environmental Technical Secretariat at any stage of the assessment process and during the operational phase of the work or project. The observations of interested parties shall be included in the file and assessed for the final report. Within five business days following receipt of an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), the National Environmental Technical Secretariat shall send an extract thereof to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out. Likewise, it shall widely disseminate the list of studies submitted for its consideration through mass media.” The Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) for telecommunications towers is a special process where the component of citizen participation (participación ciudadana) has been considered through the communication plan and special environmental components for this type of project, so that SETENA clearly verifies the non-affectation of the environment, adhering to Article 17 of the Organic Law of the Environment, the approval of said Environmental Viability (Viabilidad Ambiental), which literally states: Article 17.- “Environmental impact assessment (Evaluación de impacto ambiental). Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste, materials, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval by this entity shall be an indispensable requirement to begin the activities, works, or projects. Laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).” The Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) is a preparatory administrative act for a final act, such as the Construction Permit from the Municipalities and other entities, so that, regarding its location, structure, etc., it is a matter pertaining to the municipalities' regulations for this type of works, in which this Secretariat has no involvement and corresponds to processes subsequent to the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental). Regarding the possible impact on public health, the Constitutional Court has already ruled on multiple occasions, to the effect that there is no evidence of harm to health from this type of infrastructure and, in any case, it is a matter specific to the Ministry of Health, which to date has not issued any contraindication in this regard. It requests that the appeal be dismissed.\n4.- Cristian Torres Garita, in his capacity as Mayor of La Unión, reports under oath (documents submitted at 09:05 a.m. on July 3, 2020, and at 11:55 a.m. on July 8, 2020) that regarding the facts alleged by the appellants, Ms. Alejandra Jiménez Carbonell, Commercial and Customer Service Coordinator, in official communication MLU-CCSC-033-2020, dated July 1, 2020, indicates: “...In follow-up to official communication MLU-DJUR-751-2020, you are informed, after verifying the records maintained by the Municipal System, that in the name of Mrs. [Name 001], identity card 0113510276, and Mr. [Name 002], identity card 0712810663, there is no procedure filed related to the complaint indicated in the Amparo Appeal…” Eng. Mario Portuguez Castro, Director of DIDECU, through official communication MLUDIDECU-194-2020, dated July 1, 2020, states: “This serves to cordially greet you and at the same time send you the information contained in our files regarding the particular case of the amparo appeal against the Municipality of La Unión Exp. 20-010801-0007-CO. Regarding the facts alleged by the appellants, it can be determined that the case corresponds to an application for a construction permit for a Telecommunications Tower that was reviewed by this Directorate and which to date has been rejected due to a lack of requirements, the same that were notified to the permit applicant so that they make the necessary corrections in order to continue with the procedure accordingly. The file for the permit application and the rejection is attached digitally in the reply email for this official communication, which corresponds to farm No. 242437-000 of San Ramón. This is obtained by identifying that the appeal mentions farm No. 242435-000 of San Ramón and that near it (approximately 25 meters) there is a desire to construct a tower. Regarding the matter, the Municipality rejects the permit for the following reasons:\n| Farm Number | Citation Number | Project Description | Rejection Date | Municipal Engineer |\n| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |\n| 2.242437-000 | 925667 | Telecommunications Tower [Value 005] San Ramón de La Unión | 01-jun-2020 | José Carlos Barrantes Cubillo |\n \nTo proceed with the procedure, it is necessary to make the following corrections:\n| Consecutive | Detail of the Reason |\n| :--- | :--- |\n| 1 | 1-The municipal construction permit application form, duly completed and signed by the owner or legal representative Iiteral and the responsible professional, is not attached. 2-Tower height is not indicated in construction plans. 3-The proposed access or gravel road to be built is not located or does not correspond to the front of the property according to the cadastral plan. See in the cadastral plan which is the front of the property points 1-2. That is the access. 4-Location coordinates of the tower indicated in construction plans do not coincide with those approved and indicated in the permitted land use. 5-It is not possible to build or apply for a construction permit on the right-of-way easement (servidumbre de paso) with the present application; it does not belong to nor is it part of property C-1613801-2012. It is an access. |\n \nThe location of the complainant's farm and the farm intended for the location of the Telecommunications Tower is as follows: (…)”. Eng. Ricardo Laurent Aguilar, Environmental Manager, in official communication MLU-GESA-751-2020, dated July 1, 2020, states: “This serves to greet you and at the same time respond to the official communication cited in the subject line, which refers to an Amparo Appeal filed by Mrs. [Name 001] and Mr. [Name 002], with case file number 20-010801-0007-CO, which states in summary the following: “(...) that the respondent authority approved the environmental viability (viabilidad ambiental) of the project 'Cellular Tower site [Value 005] San Ramón, La Unión,' a matter processed under case file No. [Value 006]”. The underlining is not from the original. In this regard, it is important to indicate the following: 1. Having reviewed the records held by the Environmental Unit, there is no evidence of any procedure or consultation made by the appellants. 2. In addition to the above, no type of consultation made to the Environmental Unit by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) has been determined either. 3. In turn, the Environmental Unit is not the competent entity for approving the environmental viability procedure. Article 83 of the Organic Law of the Environment establishes the creation of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) as a deconcentrated body, whose objective is to harmonize the environmental impact with productive processes. 4. Likewise, Article 84 of the same law establishes the powers of this public body, among which is cited: \\\"a) Analyze the environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) and resolve them within the deadlines provided by the General Law of Public Administration. b) Recommend the necessary actions to minimize the impact on the environment, as well as those technically convenient to recover it. (...)\\\". 5. Therefore, and having clarified SETENA's competence in approving environmental viability, it is not understood why the appellants affirm that the Municipality of La Unión did not take citizen consultation into consideration to grant the project's viability (viabilidad), since this aspect is not a defined competence for this municipal corporation. 6. On the other hand, and with reference to what was described \\\"(…) the project sign (sic) was placed on the gate of the common entrance, which lacks indispensable information such as the environmental resolution number and the date on which the permit was granted (...)\\\", it is also necessary to mention that it is SETENA that is responsible for issuing and regulating the guidelines related to the signage of environmental viability projects, as described in Resolution No. 1834-2016-SETENA. 7. Finally, it is mentioned that the tree species cited by the appellants, namely, Nogal (Juglas neofropica) is not included among the species determined in Executive Decree No. 25700-MINAE called Declares a total ban on the harvesting of trees in danger of extinction, despite this, the competence in this matter falls to the State Forestry Administration, as defined in the Ley Forestal No. 7575 and not to the Environmental Unit”. Thus, this representation requests that the amparo appeal filed by Mr. [Name 001] and Mr. [Name 002] be dismissed.\n5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\n Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,\n\nWHEREAS:\nI.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellants allege that neither SETENA nor the Municipality of La Unión took citizen consultation (consulta ciudadana) into consideration to grant the viability (viabilidad) of the project \\\"Cellular Tower site [Value 005] San Ramón, La Unión\\\", despite the social and environmental impact it may generate, particularly due to the distribution of the farms in a residential zone, where their property is located. They consider that the construction of the telecommunications tower generates a high visual impact and an unpleasant landscape to the common environment of the nearby neighbors, as well as an environmental impact by cutting down the trees that form part of the community and the balance of the ecosystem and the biodiversity of the area.\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order:\na) On May 1, 2020, the D2 Form for the project “Cellular Tower Site [Value 005] San Ramón La Unión” was received by SETENA, submitted by Mr. [Name 007], legal representative of the company GTP TORRES CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, with legal identification number 3-102-635301, to which case file number [Value 004] was assigned (report of the Secretary General of SETENA and documentary evidence provided).\nb) Through resolution No. 0983-2020-SETENA, at 11:06 a.m. on May 27, 2020, SETENA grants the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) license for the aforementioned project for a period of five years for the start of works, activities, or projects (report of the Secretary General of SETENA and documentary evidence provided).\nc) On June 1, 2020, the Municipality of La Unión rejected the application for a construction permit for the telecommunications tower of the project \\\"Cellular Tower site [Value 005] San Ramón, La Unión\\\", due to non-compliance with the following requirements: 1- The municipal construction permit application form, duly completed and signed by the owner or legal representative Iiteral and the responsible professional, was not attached. 2- Tower height was not indicated in construction plans. 3- The proposed access or gravel road to be built was not located or did not correspond to the front of the property according to the cadastral plan. 4- The location coordinates of the tower indicated in the construction plans did not coincide with those approved and indicated in the permitted land use. 5- It is not possible to build or apply for a construction permit on the right-of-way easement (servidumbre de paso) with that application; it does not belong to nor is it part of property C-1613801-2012. It is an access. (report of the Mayor of La Unión and documentary evidence provided).\nIII.- BACKGROUND: This Chamber in its jurisprudence has analyzed the viability of installing telephony towers in populated areas, developing the themes referring to the right to health, the environment, and citizen participation (participación ciudadana). Thus, in judgment No. 2016-007163, at 09:20 on May 27, 2016, it stated the following:\n “… III.- ON THE BINOMIAL OF HEALTH AND ENVIRONMENT AND THE INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONY TOWERS. In relation to telecommunications towers, this Court has already repeatedly stated that there is no evidence that they endanger the health of people or the environment. For example, in judgment No. 2010-014449 at 8:54 a.m. on August 31, 2010, it was stated:\n“… regarding the possible impact that the installation and commissioning of such towers could have on the health of the population, both the Costa Rican Electricity Institute and the National Environmental Technical Secretariat coincide in their reports - which are rendered under the solemnity of an oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction - that, according to the scientific studies that have been carried out, both internationally and nationally, there is no evidence that the operation of such towers poses a risk or threat to the health of people and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are harmless to health…”.\n Furthermore, in judgment No. 2003-003419 at 3:54 p.m. on April 29, 2003, this Court stated:\n“…In the present matter, the petitioner does not challenge a specific administrative act, but rather the possible effects that the installation of the cellular tower at Cerro Plano de Monteverde may have on the health of the population and the environment. However, it must be taken into consideration that the work carried out is based on the exercise of the public service that corresponds to the respondent entity. Additionally, from the documentation in the record, it was not reliably demonstrated that there are risks to the health of the population or the environment deriving from exposure to those electromagnetic fields, since the Costa Rican Electricity Institute, in the report it renders under oath, has stated that the base stations are low power and comply with the technical specifications contained in Executive Decree No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, therefore the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this matter, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephony base station antennas is too low to produce health risks. . . \\\"\nA position that was reiterated in judgments No. 2004-007890 at 3:37 p.m. on July 20, 2004, and No. 2006-014550 at 10:35 a.m. on September 29, 2006. Therefore, this Court concludes, in light of the elements of conviction provided to the process and the scientific information that exists to date, that, in general, the installation of cellular telephony towers does not imply an undue threat or risk to the health of people or to the environment. (See, in this sense, judgment No. 2011-002545 at 3:55 p.m. on March first, 2011). Apart from the fact that in the present matter, the mayor of Tibás has reported that the tower objected to by the appellants has all the permits from the Institutions involved, as well as the corresponding construction permit.\n IV. ON CITIZEN PARTICIPATION IN THE APPROVAL OF PERMITS OR LICENSES FOR THE CONSTRUCTION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE. This Chamber has ordered, among others, in judgment No. 2011-015763 at 9:46 a.m.\n\nof November 16, 2011, which established that the granting of a municipal construction license for a telecommunications tower or antenna, or the granting of a certificate of land use (certificado de uso de suelo) according to existing zoning, does not imply a modification or reform of the Regulating Plan (Plan Regulador) or of the zoning established in the urban development regulations that form part of the former, since by virtue of the strategic and essential nature of telecommunications for social and economic development, there is a declared national public interest, a situation that legitimizes municipal corporations to grant land-use certificates and, based on these and other requirements, construction licenses for telecommunications infrastructure, without the need to modify or reform the previous Regulating Plans and municipal Regulations that form part of the former. Thus, it has been considered that the installation of telecommunication antenna towers does not require a prior public hearing in which the community's citizens participate. Furthermore, in the present matter, the appealed authority has indicated that the property where the tower is located is commercial, as recorded in the Municipal Registries, and has four commercial premises, which is why they do not need neighbors' signatures to operate a commercial activity, as the land use is commercial. For greater abundance, the majority of this Court emphasizes that the latest jurisprudence of this Chamber has been that everything related to public hearings provided for in infra-constitutional regulations is a matter that must be heard in the contentious-administrative jurisdiction and not in the constitutional venue.\"\n\nOn the other hand, in judgment 2016005857 of fourteen hours thirty minutes of May third, two thousand sixteen, it ordered the following:\n\"II.- REGARDING CITIZEN PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL MATTERS.- In the present case, the appellants allege—among other things—that the installation of a telephone tower in the residential area where they live was not subjected to consultation prior to its implementation. However, the Chamber has addressed the issue of citizen participation in procedures for the installation of telecommunications towers, in the following terms:\n\"[...] While it is true that this Chamber has recognized the existence of the right to citizen participation in matters of an environmental nature, this right must be understood, at least to be cognizable by this jurisdiction, for those projects that, due to their special nature and great significance or impact, could significantly affect a community. Being a constitutional principle, its adoption is also consistent in other legal regulations, even covering broader areas than those constitutionally protected via amparo (constitutional complaint), which is in accordance with the legal system; however, the verification of these hearings or communications does not correspond to be verified in all cases by this jurisdiction, but only in those where they are indispensable due to their degree of impact, such as cases technically considered high environmental impact (alto impacto ambiental), a scenario which we are not facing in the present case, since it is a project qualified as of 'low potential environmental impact'. The National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), by resolution number 02031-2009-SETENA of nine hours of August twenty-six, two thousand nine, ordered that the installation of the telecommunications tower in this specific case generates negative environmental impacts of low significance and mitigable through simple implementation environmental measures, which has been verified in other cases submitted for consideration of this Court:\n'(...) the work performed is based on the exercise of the public service that corresponds to the defendant entity. Additionally, from the documentation that appears in the record, it was not reliably demonstrated that risks exist for the population's health or the environment deriving from exposure to these electromagnetic fields, as the Costa Rican Electricity Institute (Instituto Costarricense de Electricidad, ICE), in the report rendered under oath, has indicated that the base stations are low-power and comply with the technical specifications contained in Executive Decree No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, therefore the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this matter, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile phone base station antennas is too low to produce health risks. Likewise, the appealed institution conducted the environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) in the area where said cellular tower would be built, reaffirming the project's safety (report visible on folios 20-30). (...)' (judgment No. 2003-3419)\n Notwithstanding the foregoing, by resolution number 0123-2010-SETENA of eight hours of January twenty, two thousand ten, the National Environmental Technical Secretariat, in any case, requested from the company a 'Community Communication Plan' (Plan de Comunicación a las Comunidades), demanding the following minimum content:\n'(...) Objective (Must indicate what the project will consist of and what implications it has), Target group (communities, must indicate what the AID is and justify it), Dissemination strategy or mechanism to be used in the communities located in the Direct Influence Area (AID) (include impacts) in order to inform about the project to be developed, which includes at least the following aspects: dissemination period, message to be transmitted (a description of the project must be provided explaining the impacts it will generate), schedule of activities to be carried out in the communication plan, response format to the communities regarding concerns related to the project's dissemination, highlight a schedule of activities to be carried out in the communication plan, dissemination costs (...) ', which was provided by the company. Subsequently, and within the oversight framework, by resolution number 2898-2010-SETENA of nine hours ten minutes of November thirty, two thousand ten, SETENA requested that the company Costa Pacífico Operaciones Ltda. submit a progress and application report on the 'Community Communication Plan', for which the appealed company presented on February twenty-first, two thousand eleven, the 'Report on Results of the Dissemination Plan' to the National Environmental Technical Secretariat, on which even SETENA has requested the correction of some imprecisions at the nomenclature level of the responsible company. Thus, this Court does not consider that any fundamental right of the appellant has been harmed, since, as indicated, the verification of compliance with legal requirements for communication to the community of a project of this nature does not correspond to be elucidated in this jurisdiction, and in any case, as has been accredited, the appealed authority has followed up on the legal right claimed by the protected party, who, if they consider in any case that it does not conform to legal parameters, should resort, if they see fit, to the corresponding contentious route. Thus, the appeal should be declared without merit.\" (Judgment No. 2011-005516 of twelve hours and thirty-one minutes of April twenty-ninth, two thousand eleven, see in the same sense resolution No. 2012-007661 of nine hours five minutes of June eighth, two thousand twelve; the highlighting and underlining is not from the original).\nTo which can be added what was said in resolution No. 2013-003121 of nine hours twenty minutes of March eighth, two thousand thirteen:\n “[...] After analyzing the evidentiary elements provided, this Court rules out harm to the fundamental rights of the appellant. Indeed, from the study of the record and the report provided under the solemnity of oath by the appealed authority, the Chamber considers it accredited that the Municipality of Moravia did not modify the Regulating Plan to grant land use for the installation of the telecommunications tower at the site indicated by the appellant. As the defendants rightly allude, the provision of telecommunications service throughout the country has been declared by this same Chamber as a fundamental right; under this perspective, it corresponds to Local Governments to grant permits for the establishment of urban furniture required for the provision of that service. It is for this reason that local governments, far from being inhibited from granting such permits, are compelled to grant them, clearly, in a valid and legal manner, through the granting of land-use certificates and construction permits, after verifying compliance with requirements. And it is precisely for this reason that it is not harmful to the fundamental rights of the appellant that a construction permit is granted for a telecommunications tower, regardless of the location where it is intended to be installed, provided that it is not within a legally restricted zone, such as protection areas (áreas de protección), since, as reported under oath, telecommunications do not adhere to urban zoning criteria, if current legislation is complied with.”\n\nIII.- REGARDING TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND THE RIGHT TO HEALTH. - The appellants also allege that the questioned telecommunications tower violates their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. However, the topic of installing telecommunications and cellular phone towers, being of public interest, has already been extensively addressed by this Chamber. Thus, in pronouncement No. 2013-006649 of ten hours twenty minutes of May seventeenth, two thousand thirteen, the Chamber ordered the following:\n“REGARDING THE INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONE TOWERS. In the case of the installation of cellular signal transmission towers, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has determined that it is a matter of public interest that exceeds the local or cantonal sphere, pertaining to the national orbit and even projecting into the field of Public International Law. Thus, this Court, in judgment number 015763-2011 of nine hours forty-six minutes of November sixteenth, two thousand eleven, indicated the following:\n V.- IMPORTANCE, PUBLIC INTEREST, AND NATIONAL VOCATION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE IN THE CONSTITUTIONAL AND INFRACONSTITUTIONAL ORDER. From a systematic analysis of the current constitutional and infraconstitutional legal order, it is feasible to conclude that infrastructure in telecommunications matters has a relevance that exceeds the local or cantonal sphere, assuming a clear public interest and, of course, standing as a question that pertains to the national orbit, with even projections in the field of Public International Law, as its development implies the fulfillment of a series of international obligations previously assumed by the Costa Rican State. In the first place, as this Constitutional Court has indicated, the topic of telecommunications has great constitutional relevance, so much so that Article 121, subsection 14), sub-subsection c), of the Constitution indicates that 'wireless services' or the electromagnetic spectrum forms part of the constitutional public domain and is concretely a good belonging to the Nation, and it cannot be disaffected or leave the State's domain. The General Telecommunications Law (Ley General de Telecomunicaciones) No. 8642 of June 4, 2008—hereinafter LGT—, when enunciating the guiding principles in this sector, indicates in its Article 3, subsection i), that there must be an 'optimization of scarce resources', highlighting that the use of telecommunications infrastructure must be '(«) objective, timely, transparent, non-discriminatory, and efficient, with the dual objective of ensuring effective competition, as well as the expansion and improvement of networks and services'. Precisely, the optimization, weighted use, expansion, and improvement of infrastructure and networks in telecommunications matters obeys the manifest purposes of that normative body, such as ensuring the application of the principles of universal access, efficiency, equality, continuity, quality, greater and better coverage, and solidarity in telecommunications (Article 2 LGT). On the other hand, Article 32, subsection d), LGT clearly establishes that the objective of universal access and service and solidarity is achieved, among other means, through the 'development of infrastructure', given that only with robust and fully developed infrastructure can the digital divide be reduced, and the benefits of the Information and Knowledge Society, connectivity, and the availability of access devices and broadband services be enjoyed. For its part, the Law of the Regulatory Authority for Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), No. 7593 of August 9, 1993, in its Article 74, amended by the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector (Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones) No. 8660 of August 8, 2008, made a declaration of public interest of telecommunications infrastructure and networks by prescribing the following: 'The establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements is considered an activity of public interest'. Such a declaration has great repercussions, in that it is recognized, by law, that the topic of infrastructure in this matter holds a clear and unequivocal public or general interest that transcends the local or regional sphere within the country, to project itself nationally and internationally, by allowing the Costa Rican State to fulfill, in good faith, a series of obligations and commitments assumed in the context of Public International Law. It should be noted that public interest is defined by Article 113, paragraph 1, of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) of 1978 'as the expression of the coinciding individual interests of the administered', for its part, paragraph 2 of the cited numeral of the LGAP of 1978 clearly provides that 'The public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when they may conflict'. A consequence of the foregoing is that the interests of any decentralized Costa Rican public entity, such as municipalities, cannot be put before the clear public interest of telecommunications infrastructure thus declared, expressly, by the national legislator through a law that manifests the general will (Articles 105 and 121, subsection 1, of the Constitution), which must prevail over interests of a local nature, given that municipal autonomy does not allow town councils to withdraw from what has been declared as a national interest; otherwise, territorial autonomy is perverted, transforming municipalities into micro-states, abstracted from the inter-subjective direction or tutelage that the State may exercise, through constitutional organs, by issuing valid and effective laws, the celebration of international conventions and treaties by the Executive Branch and approved by the Legislative Assembly (Articles 7, 121, subsection 4, and 140, subsection 10, of the Political Constitution). The declaration of public interest made by Article 74 of the ARESEP Law has, in turn, sufficient and legitimate constitutional basis in numeral 45, paragraph 1, of the Political Constitution, by establishing the principle of relative intangibility of patrimony, admitting the figure of expropriation 'for legally proven public interest'. A second consequence extracted from the declaration of public interest is that the topic of construction, expansion, or development and improvement of telecommunications infrastructure has a clear and unequivocal national vocation. Thus, it is the State and its organs that assume the stewardship and direction in the matter to which all lesser public entities must submit to achieve objectives such as universal access and services, the reduction of the digital divide for reasons of solidarity, the interconnection and connectivity necessary that allow all Costa Ricans, regardless of the locality, district, canton, or region where they live, to enjoy the benefits and advantages of the Information and Knowledge Society. The national legislator, far from 'localizing' the topic of telecommunications infrastructure, nationalized it expressly and unequivocally. A reflection of the foregoing is the creation of the 'Telecommunications Sector' provided for by Article 38 of the cited Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector, by providing the following: The Telecommunications Sector is created, within the framework of the State's sectorization. It will be constituted by the Public Administration, both centralized and decentralized, as well as by public companies that carry out functions or activities related to telecommunications. According to this norm, the telecommunications sector has a transversal and, therefore, national character, in that it includes the entire universe of public entities, including those decentralized territorially such as municipalities. Thus, town councils cannot withdraw from such a sector. The national character of telecommunications, in general, and, particularly, of its infrastructure becomes more evident when considering Article 39 of the cited Law, insofar as it establishes that the sector's rector will be the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications (Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), to whom it corresponds, in exercise of a general function of inter-subjective direction or administrative tutelage, among others, the following: a) Formulate policies for the use and development of telecommunications; b) Coordinate (') the elaboration of the National Telecommunications Development Plan (Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones) ('); c) Ensure that the Sector's policies are executed by public and private entities that participate in the Telecommunications Sector'; e) Issue the National Telecommunications Plan, as well as the corresponding executive regulations; h) Coordinate telecommunications development policies with other public policies aimed at promoting the information society; i) Ensure compliance with applicable national environmental regulations and the sustainable development of telecommunications in harmony with nature. Finally, the evidently national character of telecommunications and its various components is made clear when Article 40 of the aforementioned Law regulates the 'National Telecommunications Development Plan', which is defined in paragraph 1 of that numeral as (') the instrument for planning and general guidance of the Sector and defines the goals, objectives, and priorities thereof. The legislator chose, then, to plan the topic of telecommunications at a national and not merely local or regional level. On the other hand, the national nature of telecommunications is reinforced by the creation of the Telecommunications Superintendence (Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL), which is responsible for a series of powers of an unequivocal national nature; thus, in accordance with Articles 59 and 60 of the ARESEP Creation Law, it corresponds to '(«) regulate, apply, monitor, and control the legal order of telecommunications (') for all of which it will act in concordance with the Sector's policies, what is established in the National Telecommunications Development Plan, the General Telecommunications Law, the provisions established in this Law, and other applicable legal and regulatory provisions'. The National Telecommunications Development Plan 2009-2014, for its part, establishes that 'To advance in harnessing the benefits of the Information and Knowledge Society, the country must make a significant investment effort in developing telecommunications infrastructure in a way that allows for more and better telecommunications services for all sectors of the population. In this sense, the development of infrastructure in this sector constitutes a necessary and indispensable condition to which special priority should be given in any national ICT project (')' and then specifies that to achieve the development of the national telecommunications infrastructure, the following guidelines must be followed: a.1 Take the necessary measures to guarantee that the country has modern telecommunications infrastructure, and at the same time ensure the provision of quality services and the generation of value-added applications, allowing convergence, interoperability between systems, the incorporation of advanced technologies, and communications security; and a.6 Guarantee the development of infrastructure that allows bringing telecommunications services to all the country's inhabitants, fulfilling the objectives and goals of universal access, universal service, and solidarity ('). It is, then, a plan that, by express provision of law, binds or obligates, among others, municipal entities and urges them to have robust, modern, optimal, adequate, and developed telecommunications infrastructure to enjoy the benefits of the Information and Knowledge Society. The achievement of this goal or objective will necessarily be frustrated if each territorial corporation, in a matter of clear national vocation, intends to establish its own orientation and requirements, over and above national legislation and instruments of Public International Law that obligate all entities that make up the State in a broad sense...” (The highlighting and underlining is not from the original).\nIn addition to this, currently, there simply is not enough evidence to deem that cellular telephone towers represent a danger to public health. Thus, in judgment No. 2010-014449 of eight hours and fifty-four minutes of August thirty-first, two thousand ten, it was stated:\n“[...] regarding the potential impact that the installation and operation of such towers could have on the population's health, both the Costa Rican Electricity Institute and the National Environmental Technical Secretariat coincide in their reports—which are rendered under the solemnity of oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional)—that, according to scientific studies that have been carried out, both internationally and nationally, there is no evidence that the operation of such towers poses a risk or threat to people's health, and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are harmless to health. This Chamber has already had the opportunity to pronounce itself on various occasions regarding this topic, and in the specific case of judgment number 2003-03419 of 15:54 hours of April 29, 2003, this Court indicated:\n‘(…) In the present matter, the complainant does not challenge a specific administrative act, but the possible effects that the installation of the cellular tower of Cerro Plano de Monteverde could have on the population's health and the environment. However, it must be taken into consideration that the work performed is based on the exercise of the public service that corresponds to the defendant entity. Additionally, from the documentation that appears in the record, it was not reliably demonstrated that risks exist for the population's health or the environment deriving from exposure to these electromagnetic fields, as the Costa Rican Electricity Institute, in the report rendered under oath, has indicated that the base stations are low-power and comply with the technical specifications contained in Executive Decree No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, therefore the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this matter, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile phone base station antennas is too low to produce health risks...’\nA position reiterated in judgments number 2004-07890 of 15:37 hours of July 20, 2004, and 2006-14550 of 10:35 hours of September 29, 2006. Therefore, this Court concludes, in light of the elements of conviction provided to the process and the scientific information existing to date, that, in general, the installation of a cellular telephone tower does not imply an undue threat or risk to people's health or to the environment.”\n\nIV.- REGARDING THE GRANTING OF PERMITS FOR THE PROJECT. Finally, given that the appellants claim there is no evidence that the objected project has the legal permits, it must be indicated that this Chamber is not a comptroller of the legality of the Administration's actions or resolutions, and is therefore not called upon to review whether a telecommunications tower complies or not with the requirements established in current legal regulations, as this is a task proper to the ordinary administrative or jurisdictional route. Thus, in ruling on an analogous case, in judgment No. 2012-006792 of fifteen hours five minutes of May twenty-second, two thousand twelve, this Court ordered the following:\n“Regarding what is alleged by the appellants concerning the alleged disrespect by the appealed authority regarding the distance that must exist between one cellular telephone tower and another, since both structures are located less than 250 meters apart. It should be noted that this Chamber cannot determine whether the Municipality of Alajuela has complied or not with what is established in the area's Regulating Plan when granting construction permits to the company Claro to erect a cellular telephone tower, as this constitutes a legality matter that must be raised before the appealed municipal corporation itself through the remedies provided by law to that effect. Therefore, the appeal is inadmissible in this regard.”\n Consequently, the appellants must raise their disagreement or claim before the appealed authorities or in the competent jurisdictional venue, forums in which they will be able to fully discuss the merits of the matter and assert their claims. Accordingly, the appeal is inadmissible and is so declared.”\n\n III.- SPECIFIC CASE: In this regard, the Chamber reiterates the jurisprudence partially transcribed in the third considering clause (considerando) of this resolution and reiterates to the appellants that disagreements with the decision of SETENA and the Municipality of La Unión regarding the granting or not of a permit for the installation of a telephone tower in San Ramón de la Unión is a matter that must be discussed in the administrative or ordinary legality route by reason of competence. Consequently, the appropriate course is to declare the appeal without merit.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO (THEREFORE):\nThe appeal is declared without merit.\n \n\n \n\n \n\n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente (President)\n\t\n \n\n \nNancy Hernández L.\n\t\n \n\t\nJorge Araya G.\n\n \nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nJose Paulino Hernández G.\n\n \nMarta Eugenia Esquivel R.\n\t\n \n\t\nMauricio Chacón J.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente (Digitally Signed Document)\n\n-- Código verificador (Verification code) --\n\n*UBN0SV543B3C61*\n\nUBN0SV543B3C61\n\nEXPEDIENTE N° 20-010801-0007-CO (CASE FILE No. 20-010801-0007-CO)\n \nTeléfonos (Telephones): 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nReception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, 19th and 21st Streets, 8th and 6th Avenues\n\nClassification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:31:47.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }