{ "id": "nexus-sen-1-0007-984963", "citation": "Res. 13523-2020 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Vulneración del derecho de petición por omisión de respuesta a solicitud de información ambiental", "title_en": "Violation of the right to petition for failure to respond to an environmental information request", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una ciudadana contra el Ministerio de Salud por la omisión de respuesta a una solicitud de información pública relacionada con un caso de contaminación por ruido proveniente de un establecimiento comercial denominado Pollo Granjero. La recurrente había presentado dos gestiones: una el 6 de junio de 2020, que fue respondida parcialmente, y otra el 9 de junio de 2020, respecto de la cual no recibió respuesta alguna hasta después de interpuesto el amparo. La Sala acredita que, al momento de la interposición del recurso, habían transcurrido veintidós días sin que la autoridad recurrida atendiera la segunda solicitud, lo que constituye una lesión al derecho fundamental de petición y acceso a la información. No obstante, dado que durante el trámite del amparo el funcionario respondió la gestión y remitió la documentación requerida, la Sala declara con lugar el recurso conforme al artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, al considerar que la conducta de la autoridad no generó un menoscabo patrimonial directo. Se acompañan dos votos salvados parciales que disienten sobre las consecuencias económicas de la decisión.", "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo action brought by a citizen against the Ministry of Health for failing to respond to a public information request related to a noise pollution case from a commercial establishment called Pollo Granjero. The petitioner submitted two requests: one on June 6, 2020, which was partially answered, and another on June 9, 2020, to which she received no response until after the amparo was filed. The Chamber finds that, at the time of filing, twenty-two days had elapsed without the respondent authority addressing the second request, violating the fundamental rights of petition and access to information. However, since the official answered and provided the documents during the amparo proceedings, the Chamber grants the appeal under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, but without awarding costs, damages, or losses, considering that the authority's conduct did not cause direct financial harm. Two partially dissenting votes disagree on the economic consequences of the ruling.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "17/07/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "amparo", "derecho de petición", "acceso a la información", "Ley de la Jurisdicción Constitucional", "artículo 52 LJC", "condenatoria en costas", "daños y perjuicios", "contaminación por ruido" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 27", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 30", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "derecho de petición", "acceso a la información", "ruido molesto", "Ministerio de Salud", "amparo", "Sala Constitucional", "contaminación sónica", "información administrativa" ], "keywords_en": [ "right to petition", "access to information", "noise pollution", "Ministry of Health", "amparo", "Constitutional Chamber", "noise complaint", "administrative information" ], "excerpt_es": "A partir de lo anterior, se constata la lesión del derecho de petición y del derecho de acceso a la información de la recurrente. Esto porque, aunque se constató la gestión que interpuso el 6 de junio de 2020 y se le entregó la información solicitada en esa oportunidad, lo cierto es que el accionado omitió dar respuesta (remitiendo la información solicitada) a la gestión que la recurrente presentó el 9 del mismo mes, lo que la obligó a acudir ante este Tribunal Constitucional. Fueron los actos procesales emitidos en este proceso, los que permitieron que la tutelada obtuviera la contestación correspondiente, así como la documentación correspondiente. Bajo tal estado de las cosas, corresponde estimar este proceso de amparo. No obstante, al comprobarse que el recurrido, con ocasión a la notificación de la resolución de curso, intentó remediar la vulneración supra citada por medio de la emisión de la respuesta a la gestión de la amparada, así como la remisión de los documentos correspondientes, la estimatoria de este proceso se dicta sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.", "excerpt_en": "Based on the above, the violation of the petitioner's rights of petition and access to information is confirmed. This is because, although her claim filed on June 6, 2020 was verified and the requested information was provided at that time, the respondent failed to respond (by sending the requested information) to the claim the petitioner submitted on the 9th of the same month, forcing her to turn to this Constitutional Court. It was the procedural actions taken in this process that allowed the petitioner to obtain the corresponding answer and documentation. Under these circumstances, this amparo proceeding must be granted. However, since it has been proven that the respondent, upon being served with the order granting the amparo, attempted to remedy the aforementioned violation by issuing a response to the petitioner's claim and sending the corresponding documents, the granting of this proceeding is ordered without special award of costs, damages, or losses.", "outcome": { "label_en": "Granted without award", "label_es": "Con lugar sin condenatoria", "summary_en": "The Chamber granted the appeal for violation of the right to petition and access to information, but without awarding costs, damages, or losses, since the authority rectified the omission during the amparo proceedings.", "summary_es": "La Sala declaró con lugar el recurso por violación al derecho de petición y acceso a la información, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, dado que la autoridad subsanó la omisión durante el trámite del amparo." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "Based on the above, the violation of the petitioner's rights of petition and access to information is confirmed.", "quote_es": "A partir de lo anterior, se constata la lesión del derecho de petición y del derecho de acceso a la información de la recurrente." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "While the law expressly states that the operative part of the judgment must declare the appeal granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is equally true that the same paragraph in fine states that the granting is “solely for purposes of damages and costs, if they are applicable.” It is emphasized that the Law says “if they are applicable,” which means that the applicability of damages and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court.", "quote_es": "Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal." }, { "context": "Voto salvado de la Magistrada Hernández López", "quote_en": "The constitutional jurisdiction of this Court in matters of amparo and habeas corpus—the jurisdiction of liberty as it is called—is special because its purpose is not that of a traditional judge who resolves a dispute between two parties involved in a legal conflict. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to individuals in the exercise of their fundamental rights.", "quote_es": "La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-984963", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 13523 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 17 de Julio del 2020 a las 09:15\n\nExpediente: 20-011805-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*200118050007CO*\n\nExp: 20-011805-0007-CO\n\nRes. Nº 2020013523\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte .\n\n              Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-011805-0007-CO, interpuesto por SARA ELENA ARGUETA RUIZ, cédula de identidad 0113550443, contra MINISTERIO DE SALUD.\n\nResultando:\n\n1.-Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 13:05 horas de 1 de julio de 2020, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta que mediante correo electrónico enviado el 6 de junio de 2020 a la dirección: eugenioandrovetto@misalud.go.cr, solicitó la siguiente información a la autoridad recurrida: \"(…) A. Todos los informes y documentos de semejante naturaleza a los informes aquí solicitados, emitidos por su persona u otro funcionario en ejercicio de esas funciones, con respecto al Caso de Ruido Molesto por Continuidad y/o Pollo Granjero (...)\". Explica que el 8 de junio del año en curso, la recurrida remitió a su correo electrónico, 3 documentos públicos relacionados con el caso indicado; no obstante, la información solicitada estaba incompleta, por esa razón el 9 de junio de 2020, solicitó al director recurrido, por el mismo medio electrónico, lo siguiente: \"(…) 1. El documento que motivó su visita in situ a las Hortensias ya sea por parte de la Sede Regional o cualquier autoridad o funcionario que motivó para la realización de esa visita del mes de mayo; 2. El informe de esa vista específica del mes de mayo posterior a la visita; 3. Al mismo tiempo, nos gustaría se nos hiciera llegar el documento en dónde el Ministerio de Salud (Sede Regional o quién ejerciera esas funciones) le pidió criterio para la visita de abril. (…)\". Sin embargo, alega que a la fecha que acude en amparo no ha recibido respuesta, razón por la cual estima lesionado sus derechos fundamentales.\n\n2.- Mediante resolución de las 11:07 horas de 2 de julio de 2020, se le dio curso a este proceso de amparo y se solicitó informe al Director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Además, se le indicó al recurrido que informara si el correo electrónico al cual la recurrente remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial de comunicación.\n\n3.-Rinde informe, bajo juramento, Eugenio Androvetto Villalobos, en condición de Director de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Manifiesta que el 6 de junio de 2020, se recibió correo electrónico remitido desde la dirección Justine Virieux jvlawcenter@gmail.com, con copia a los correos electrónicos de José Luis Rojas;eli0890@gmail.com;mauricio.argueta@hotmail.com y birco2009@gmail.com y renelarana1988@gmail.com; en el que se indicó lo siguiente: “(…) Saludos cordiales, don Eugenio, esperando se encuentre my (sic) bien. Por este medio, solicitamos con respeto los siguientes documentos públicos: A. Todos los informes y documentos de semejante naturaleza a los informes aquí solicitados, emitidos por su persona u otro funcionario en ejercicio de esas funciones, con respecto y en relación al Caso de Ruido Molesto por Continuidad y/o Pollo Granjero. Solicitamos se nos brinde esta información en tiempo de ley (…)”. Señala que, mediante correo electrónico de 8 junio de 2020, remitió la gestión de la recurrente al funcionario Ricardo Morales Vargas, Jefe de la Unidad de Salud Ambiental, con copia a todos los correos incluidos en la remisión de la petición. Expone que el mismo día, el funcionario de cita remitió un correo electrónico a todas las direcciones, con excepción a las direcciones de la Directora de Rectoría de la Salud Central Norte y de la Directora del Área Rectora de Salud de Heredia, adjuntó tres oficios, a saber: MS-DPRSA -USA-788-2020 23 de abril de 2020, MS-DPRSA-USA-688-2020 3 de abril de 2020 y MS-DPRSA-USA-707-2020 de 8 de abril de 2020. Estos, con el fin de atender la gestión de la recurrente. Señala que por correo emitido desde la dirección renelarana1988@gmail.com, el 8 de junio de 2020 se dio acuse de recibido a la respuesta anteriormente citada. Posteriormente, el 9 de junio de 2020, se recibió un nuevo correo por parte de la accionante, emitido desde la dirección Justine Virieux jvlawcenter@gmail.com, en los siguientes términos: “(…) Saludos cordiales don Eugenio, esperando se encuentre muy bien. Le saludamos con respeto. Según nos fue informado, nos corrige si nos equivocamos, durante el mes de mayo usted hizo una visita in situ a las Hortensias, por el asunto del Ruido Molesto por Continuidad del Extractor de Grasa de Pollo Granjero que como usted sabe, nos ha tenido con problemas de salud continuados y en vida predominantemente itinerante desde el 19 de diciembre de 2019 hasta la Actualidad, junio, año 2020, en curso. En los informes que nos hicieron llegar el día de ayer, que fueron 3 (TRES), no viene el informe de esa visita del mes de mayo, sino la del mes de abril. Favor hacernos llegar los siguientes documentos públicos: 1. El documento que motivó su visita in situ a las Hortensias, ya sea por parte de la Sede Regional, o cualquier autoridad o funcionario que motivó para la realización de esa visita del mes de mayo. 2. El informe de esa vista específica del mes de mayo posterior a la visita. 3. Al mismo tiempo, nos gustaría se nos hiciera llegar el documento en donde el Ministerio de Salud (Sede Regional o quién ejerciera esas funciones) le pidió criterio para la visita de abril (…)”. Explica que creyó haber remitido esta nueva gestión al Jefe de la Unidad de Salud Ambiental; empero, por error involuntario no colocó el destinatario, aunque sí las copias del correo, por lo que funcionario de cita no recibió el correo. Expone que, mediante correo electrónico de 3 de julio de 2020, dio respuesta a sus interrogantes, adjuntando copia de los oficios HT-211-2020 y MS-DGS-1064-2020. Por lo expuesto, considera que no se han violentado los derechos fundamentales de la amparada. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n              Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\n              I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que, el 6 de junio de 2020, interpuso ante la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud una petición solicitando información preconstituida, referente a una denuncia, caso de ruido molesto por continuidad y/o Pollo Granjero. No obstante, recibió la información de forma parcial, por lo que, el 9 de junio de 2020, reiteró la gestión, pero, a la fecha en que en interpone esto recurso de amparo, no ha recibido respuesta y la información solicitada.\n\nII.-HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes hechos:\n\n1.     Mediante correo electrónico enviado el 6 de junio de 2020 a la dirección eugenioandrovetto@misalud.go.cr, la recurrente solicitó información ante la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, en los siguientes términos: \"(…) A. Todos los informes y documentos de semejante naturaleza a los informes aquí solicitados, emitidos por su persona u otro funcionario en ejercicio de esas funciones, con respecto al Caso de Ruido Molesto por Continuidad y/o Pollo Granjero (...)\" (ver prueba aportada al expediente).\n\n2.     Mediante correo electrónico de 8 de junio de 2020, el Jefe de la Unidad de Salud Ambiental dio respuesta a la gestión de la recurrente, remitiendo oficios MS-DPRSA -USA-788-2020 23 de abril de 2020, MS-DPRSA-USA-688-2020 3 de abril de 2020 y MS-DPRSA-USA-707-2020 de 8 de abril de 2020. Dicha respuesta fue remitida a los correos electrónicos jvlawcenter@gmail.com y renelarana1988@gmail.com (ver prueba aportada al expediente).\n\n3.     Mediante correo electrónico emitido desde la dirección renelarana1988@gmail.com, la recurrente confirmó la recepción de la respuesta y los oficios citados (ver prueba aportada al expediente).\n\n4.     Por correo electrónico de 9 de junio de 2020, emitido desde la dirección Justine Virieux jvlawcenter@gmail.com, y que fue dirigido a la dirección eugenioandrovetto@misalud.go.cr, la recurrente presentó una nueva gestión ante la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, indicando: “(…) Saludos cordiales don Eugenio, esperando se encuentre muy bien. Le saludamos con respeto. Según nos fue informado, nos corrige si nos equivocamos, durante el mes de mayo usted hizo una visita in situ a las Hortensias, por el asunto del Ruido Molesto por Continuidad del Extractor de Grasa de Pollo Granjero que como usted sabe, nos ha tenido con problemas de salud continuados y en vida predominantemente itinerante desde el 19 de diciembre de 2019 hasta la Actualidad, junio, año 2020, en curso. En los informes que nos hicieron llegar el día de ayer, que fueron 3 (TRES), no viene el informe de esa visita del mes de mayo, sino la del mes de abril. Favor hacernos llegar los siguientes documentos públicos: 1. El documento que motivó su visita in situ a las Hortensias, ya sea por parte de la Sede Regional, o cualquier autoridad o funcionario que motivó para la realización de esa visita del mes de mayo. 2. El informe de esa vista específica del mes de mayo posterior a la visita. 3. Al mismo tiempo, nos gustaría se nos hiciera llegar el documento en donde el Ministerio de Salud (Sede Regional o quién ejerciera esas funciones) le pidió criterio para la visita de abril (…)” (ver prueba aportada al expediente).\n\n5.     A la fecha en que la recurrente interpuso este recurso de amparo, sea, 1 de julio de 2020, el recurrido no había respondido la gestión presentada por esta y por consiguiente, no había recibido la información solicitada (los autos).\n\n6.     La resolución de curso dictada en este proceso de amparo fue notificada al recurrido en fecha 2 de julio de 2020 (ver acta de notificación incorporada al expediente electrónico).\n\n7.     Con ocasión del acto procesal supra citado, en fecha 3 de julio de 2020, el recurrido dio respuesta a la gestión de la recurrente, indicando: “(…) Debido a un error involuntario, su correo del 9 de junio del 2020 creí haberlo mandado al Ing. Ricardo Morales, no obstante el espacio del remitente quedó en blanco, de allí que no se dio la respectiva respuesta a la solicitud de información. Con respecto a sus consultas desconozco a qué se refiere con la visita a las Hortensias, ya que la visita realizada por el Ing. Morales fue al pollo Granjero exclusivamente y en el correo del 8 de junio del 2020 se le remitió la información correspondiente. La inspección realizada fue el 22 de abril y se reporta en el oficio MS-DPRSA-USA-788-2020. Con respecto a su solicitud sobre quién nos pidió la visita realizada en abril, adjunto oficio MS-DGS-688-2020 Y HT-211-2020 (…)”. Esta respuesta fue remitida a los correos electrónicos jvlawcenter@gmail.com y renelarana1988@gmail.com, adjuntando los oficios HT-211-2020 y MS-DGS-1064-2020 (ver prueba aportada al expediente).\n\nIII.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN. El artículo 27, de la Constitución Política, refiere al derecho de petición, el cual se define como la potestad que tiene toda persona de dirigirse, de forma escrita, a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés. Este derecho, se complementa con el derecho de obtener una respuesta pronta, sin que signifique que el administrado deba obtener una respuesta favorable. De tal forma, se entiende que el derecho de petición es la potestad de pedir, pero, no necesariamente, de obtener, la información solicitada. Así, la Administración no puede coartar el derecho a las personas de dirigirse a los órganos públicos (ver en ese sentido, entre otras, sentencia N° 2016-003337 de las 11:23 horas de 4 de marzo de 2016).\n\nIV.- SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Es el contenido del artículo 30, de la Constitución Política, el que establece la posibilidad de acceso a los archivos y a los departamentos públicos, con el fin de que todas las personas puedan conocer la información que reviste de interés público. Esta Sala, en su jurisprudencia –v. gr. sentencia N° 2008-004460 de las 17:14 horas de 25 de marzo de 2008-, ha señalado que el numeral citado supra, garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, siendo que este derecho se constituye como un medio de control en manos de los administrados, puesto que, les permite ejercer un óptimo control de legalidad y de oportunidad, conveniencia o mérito, de las Administraciones Públicas. Asimismo, este Tribunal ha señalado que tal reconocimiento no es ilimitado, y como todo derecho constitucional, posee límites. Así, dentro de las excepciones al goce de este derecho, se encuentra el acceso a información calificada como secreto de Estado y a la información contemplada dentro de los procedimientos que se encuentran en fase de investigación o que se encuentran en desarrollo. Esto conlleva a la distinción entre el acceso a la información correspondiente a documentación administrativa y el acceso a documentos que forman parte de un procedimiento administrativo, siendo que en el primero de los casos, se le brindará lo requerido a quien lo solicite, al ser un sujeto ad extra; en el segundo caso,  solo se ofrecerá la información que soliciten las partes que se encuentran inmiscuidas en el proceso, es decir, ad intra. De esta forma, los diversos órganos de las Administraciones Públicas tienen la obligación de rendir la información pública requerida por los interesados, esto dentro del menor plazo posible.\n\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados a este proceso y del informe rendidos bajo juramento por el recurrido, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se acredita que la recurrente, mediante correo electrónico enviado el 6 de junio de 2020 a la dirección eugenioandrovetto@misalud.go.cr, solicitó información ante la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, en los siguientes términos: \"(…) A. Todos los informes y documentos de semejante naturaleza a los informes aquí solicitados, emitidos por su persona u otro funcionario en ejercicio de esas funciones, con respecto al Caso de Ruido Molesto por Continuidad y/o Pollo Granjero (...)\". La gestión de la amparada fue respondida por el Jefe de la Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, mediante correo electrónico de 8 de junio de 2020. En la respuesta, el funcionario de cita remitió oficios MS-DPRSA -USA-788-2020 23 de abril de 2020, MS-DPRSA-USA-688-2020 3 de abril de 2020 y MS-DPRSA-USA-707-2020 de 8 de abril de 2020. Además, la respuesta fue remitida a los correos electrónicos jvlawcenter@gmail.com y renelarana1988@gmail.com, medios señalados por la recurrente para ser notificada. Así, se tiene que sobre la gestión presentada el 6 de junio de 2020, la autoridad recurrida dio oportuna respuesta a la recurrente, remitiendo la información solicitada por esta y que corresponde a la documentación que consta en el expediente administrativo de la denuncia de contaminación por parte de negocio comercial denominado Pollo Granjero.\n\nAhora bien, el 9 de junio de 2020, por correo electrónico de 9 de junio de 2020, emitido desde la dirección Justine Virieux jvlawcenter@gmail.com, y que fue dirigido a la dirección eugenioandrovetto@misalud.go.cr, la recurrente presentó una nueva gestión ante la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, indicando: “(…) Saludos cordiales don Eugenio, esperando se encuentre muy bien. Le saludamos con respeto. Según nos fue informado, nos corrige si nos equivocamos, durante el mes de mayo usted hizo una visita in situ a las Hortensias, por el asunto del Ruido Molesto por Continuidad del Extractor de Grasa de Pollo Granjero que como usted sabe, nos ha tenido con problemas de salud continuados y en vida predominantemente itinerante desde el 19 de diciembre de 2019 hasta la Actualidad, junio, año 2020, en curso. En los informes que nos hicieron llegar el día de ayer, que fueron 3 (TRES), no viene el informe de esa visita del mes de mayo, sino la del mes de abril. Favor hacernos llegar los siguientes documentos públicos: 1. El documento que motivó su visita in situ a las Hortensias, ya sea por parte de la Sede Regional, o cualquier autoridad o funcionario que motivó para la realización de esa visita del mes de mayo. 2. El informe de esa vista específica del mes de mayo posterior a la visita. 3. Al mismo tiempo, nos gustaría se nos hiciera llegar el documento en donde el Ministerio de Salud (Sede Regional o quién ejerciera esas funciones) le pidió criterio para la visita de abril (…)” (el resaltado no es del original). No obstante, el funcionario recurrido en este proceso de amparo fue omiso en rendir la respuesta correspondiente en relación con la gestión de cita. De tal forma, a la fecha en que la amparada presentó este recurso de amparo, sea, 1 de julio de 2020, no había recibo respuesta su gestión, a pesar que habían transcurrido veintidós días desde la interposición de la misma. Esto, sin que medie justificación alguna para que el recurrido omitiera rendir la respuesta correspondiente y, por el contrario, como él mismo reconoce en escrito de respuesta, por error no remitió la gestión al funcionario competente, lo que impidió dar respuesta oportuna a la amparada. Fue con ocasión de la notificación de la resolución de curso, acto procesal efectuado el 2 julio de 2020, que el funcionario accionado, en fecha 3 de julio de 2020, dio respuesta a la gestión de la recurrente, indicando: “(…) Debido a un error involuntario, su correo del 9 de junio del 2020 creí haberlo mandado al Ing. Ricardo Morales, no obstante el espacio del remitente quedó en blanco, de allí que no se dio la respectiva respuesta a la solicitud de información. Con respecto a sus consultas desconozco a qué se refiere con la visita a las Hortensias, ya que la visita realizada por el Ing. Morales fue al pollo Granjero exclusivamente y en el correo del 8 de junio del 2020 se le remitió la información correspondiente. La inspección realizada fue el 22 de abril y se reporta en el oficio MS-DPRSA-USA-788-2020. Con respecto a su solicitud sobre quién nos pidió la visita realizada en abril, adjunto oficio MS-DGS-688-2020 Y HT-211-2020 (…)” (el resaltado no es del original) Esta respuesta fue remitida a los correos electrónicos jvlawcenter@gmail.com y renelarana1988@gmail.com, señalados por la recurrente al efecto, adjuntando los oficios HT-211-2020 y MS-DGS-1064-2020.\n\nA partir de lo anterior, se constata la lesión del derecho de petición y del derecho de acceso a la información de la recurrente. Esto porque, aunque se constató la gestión que interpuso el 6 de junio de 2020 y se le entregó la información solicitada en esa oportunidad, lo cierto es que el accionado omitió dar respuesta (remitiendo la información solicitada) a la gestión que la recurrente presentó el 9 del mismo mes, lo que la obligó a acudir ante este Tribunal Constitucional. Fueron los actos procesales emitidos en este proceso, los que permitieron que la tutelada obtuviera la contestación correspondiente, así como la documentación correspondiente.\n\nBajo tal estado de las cosas, corresponde estimar este proceso de amparo. No obstante, al comprobarse que el recurrido, con ocasión a la notificación de la resolución de curso, intentó remediar la vulneración supra citada por medio de la emisión de la respuesta a la gestión de la amparada, así como la remisión de los documentos correspondientes, la estimatoria de este proceso se dicta sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.\n\nLa jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.\n\nEsa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos  de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.\n\nEn lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos especiales del ejercicio de la función jurisdiccional en la protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nEn este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.\n\nDentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos como lo afirma la mayoría-la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.\n\nEn este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.\n\nPero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.\n\n              VIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n              Se declara con lugar el recurso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Paulino Hernández G.\n\n\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMauricio Chacón J.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*HXRABTCYLGK61*\n\nHXRABTCYLGK61\n\nEXPEDIENTE N° 20-011805-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 23:35:20.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 13523 - 2020\n\nDate of Resolution: July 17, 2020 at 09:15\n\nCase File: 20-011805-0007-CO\n\nDrafted by: Jorge Araya Garcia\n\nReviewed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nText of the resolution\n\n*200118050007CO*\n\nFile: 20-011805-0007-CO\n\nRes. No. 2020013523\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on July seventeenth, two thousand twenty.\n\nAn amparo remedy processed under case file number 20-011805-0007-CO, filed by SARA ELENA ARGUETA RUIZ, identity card number 0113550443, against MINISTERIO DE SALUD.\n\nConsidering:\n\n1.- By a brief filed with the Secretariat of this Chamber at 1:05 p.m. on July 1, 2020, the petitioner files an amparo remedy against the Caja Costarricense de Seguro Social. She states that by email sent on June 6, 2020, to the address: eugenioandrovetto@misalud.go.cr, she requested the following information from the respondent authority: \"(…) A. All reports and documents of a similar nature to the reports requested herein, issued by you or another official in the exercise of those functions, regarding the Case of Annoying Noise by Continuity and/or Pollo Granjero (...)\". She explains that on June 8 of the current year, the respondent sent 3 public documents related to the indicated case to her email; however, the information requested was incomplete, and for that reason on June 9, 2020, she requested the following from the respondent director, by the same electronic means: \"(…) 1. The document that motivated your in situ visit to las Hortensias, whether by the Sede Regional or any authority or official that motivated the carrying out of that visit in the month of May; 2. The report of that specific visit in the month of May subsequent to the visit; 3. At the same time, we would like to be sent the document in which the Ministerio de Salud (Sede Regional or whoever exercised those functions) asked for your criteria for the April visit. (…)\". However, she claims that as of the date she files this amparo, she has not received a response, which is why she considers her fundamental rights to be harmed.\n\n2.- By resolution issued at 11:07 a.m. on July 2, 2020, this amparo proceeding was given course and a report was requested from the Director of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministerio de Salud. In addition, the respondent was instructed to report whether the email address to which the petitioner sent the information request is provided for as an official communication mechanism.\n\n3.- Under oath, Eugenio Androvetto Villalobos, in his capacity as Director of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministerio de Salud, renders a report. He states that on June 6, 2020, an email was received sent from the address Justine Virieux jvlawcenter@gmail.com, with copies to the emails of José Luis Rojas; eli0890@gmail.com; mauricio.argueta@hotmail.com and birco2009@gmail.com and renelarana1988@gmail.com; in which the following was stated: \"(…) Cordial greetings, Mr. Eugenio, hoping you are very well. By this means, we respectfully request the following public documents: A. All reports and documents of a similar nature to the reports requested herein, issued by you or another official in the exercise of those functions, with respect to and in relation to the Case of Annoying Noise by Continuity and/or Pollo Granjero. We request this information be provided to us within the legal timeframe (…)\". He indicates that, by email dated June 8, 2020, he forwarded the petitioner's request to official Ricardo Morales Vargas, Head of the Environmental Health Unit, with a copy to all the emails included in the submission of the petition. He explains that on the same day, the cited official sent an email to all addresses, except for the addresses of the Director of the Rectoría de la Salud Central Norte and the Director of the Área Rectora de Salud de Heredia, attaching three official communications, namely: MS-DPRSA -USA-788-2020 April 23, 2020, MS-DPRSA-USA-688-2020 April 3, 2020, and MS-DPRSA-USA-707-2020 of April 8, 2020. These were intended to address the petitioner's request. He notes that by email sent from the address renelarana1988@gmail.com, on June 8, 2020, acknowledgment of receipt was given for the aforementioned response. Subsequently, on June 9, 2020, a new email was received from the plaintiff, sent from the address Justine Virieux jvlawcenter@gmail.com, in the following terms: \"(…) Cordial greetings Mr. Eugenio, hoping you are very well. We greet you with respect. According to what we were informed, correct us if we are wrong, during the month of May you made an in situ visit to las Hortensias, regarding the matter of the Annoying Noise by Continuity of the Grease Extractor from Pollo Granjero which, as you know, has kept us with continuous health problems and in a predominantly itinerant life since December 19, 2019, until the Present, June, year 2020, in course. In the reports that you sent to us yesterday, which were 3 (THREE), the report of that visit in the month of May is not included, but rather the one from the month of April. Please send us the following public documents: 1. The document that motivated your in situ visit to las Hortensias, whether by the Sede Regional, or any authority or official that motivated the carrying out of that visit in the month of May. 2. The report of that specific visit in the month of May subsequent to the visit. 3. At the same time, we would like to be sent the document in which the Ministerio de Salud (Sede Regional or whoever exercised those functions) asked for your criteria for the April visit (…)\". He explains that he believed he had forwarded this new request to the Head of the Environmental Health Unit; however, due to an involuntary error, he did not enter the recipient, but he did enter the copies of the email, so the cited official did not receive the email. He states that, by email on July 3, 2020, he responded to her questions, attaching a copy of official communications HT-211-2020 and MS-DGS-1064-2020. For the foregoing reasons, he considers that the fundamental rights of the amparo petitioner have not been violated. He requests that the remedy be dismissed.\n\n4.- In the substantiation of the proceeding, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioner claims that, on June 6, 2020, she filed a petition before the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministerio de Salud requesting pre-existing information referring to a complaint, a case of annoying noise by continuity and/or Pollo Granjero. However, she received the information partially, so on June 9, 2020, she reiterated the request, but as of the date she files this amparo remedy, she has not received a response or the requested information.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo remedy, the following facts are taken as accredited:\n\n1. Through an email sent on June 6, 2020, to the address eugenioandrovetto@misalud.go.cr, the petitioner requested information from the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministerio de Salud, in the following terms: \"(…) A. All reports and documents of a similar nature to the reports requested herein, issued by you or another official in the exercise of those functions, regarding the Case of Annoying Noise by Continuity and/or Pollo Granjero (...)\" (see evidence provided in the case file).\n\n2. Through an email on June 8, 2020, the Head of the Environmental Health Unit responded to the petitioner's request, sending official communications MS-DPRSA -USA-788-2020 April 23, 2020, MS-DPRSA-USA-688-2020 April 3, 2020, and MS-DPRSA-USA-707-2020 of April 8, 2020. Said response was sent to the emails jvlawcenter@gmail.com and renelarana1988@gmail.com (see evidence provided in the case file).\n\n3. Through an email sent from the address renelarana1988@gmail.com, the petitioner confirmed receipt of the response and the cited official communications (see evidence provided in the case file).\n\n4. By email on June 9, 2020, sent from the address Justine Virieux jvlawcenter@gmail.com, and which was addressed to eugenioandrovetto@misalud.go.cr, the petitioner filed a new request before the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministerio de Salud, stating: \"(…) Cordial greetings Mr. Eugenio, hoping you are very well. We greet you with respect. According to what we were informed, correct us if we are wrong, during the month of May you made an in situ visit to las Hortensias, regarding the matter of the Annoying Noise by Continuity of the Grease Extractor from Pollo Granjero which, as you know, has kept us with continuous health problems and in a predominantly itinerant life since December 19, 2019, until the Present, June, year 2020, in course. In the reports that you sent to us yesterday, which were 3 (THREE), the report of that visit in the month of May is not included, but rather the one from the month of April. Please send us the following public documents: 1. The document that motivated your in situ visit to las Hortensias, whether by the Sede Regional, or any authority or official that motivated the carrying out of that visit in the month of May. 2. The report of that specific visit in the month of May subsequent to the visit. 3. At the same time, we would like to be sent the document in which the Ministerio de Salud (Sede Regional or whoever exercised those functions) asked for your criteria for the April visit (…)\" (see evidence provided in the case file).\n\n5. As of the date the petitioner filed this amparo remedy, that is, July 1, 2020, the respondent had not responded to the request filed by her, and consequently, she had not received the requested information (the court record).\n\n6. The resolution giving course to this amparo proceeding was notified to the respondent on July 2, 2020 (see notification record incorporated into the electronic case file).\n\n7. On the occasion of the aforementioned procedural act, on July 3, 2020, the respondent responded to the petitioner's request, stating: \"(…) Due to an involuntary error, I believed I had sent your email of June 9, 2020, to Engineer Ricardo Morales, however the sender field was left blank, hence the corresponding response to the request for information was not given. Regarding your queries, I do not know what you are referring to with the visit to las Hortensias, since the visit made by Engineer Morales was to Pollo Granjero exclusively and in the email of June 8, 2020, the corresponding information was sent to you. The inspection carried out was on April 22 and is reported in official communication MS-DPRSA-USA-788-2020. Regarding your request about who asked us for the visit made in April, I attach official communications MS-DGS-688-2020 AND HT-211-2020 (…)\". This response was sent to the emails jvlawcenter@gmail.com and renelarana1988@gmail.com, attaching official communications HT-211-2020 and MS-DGS-1064-2020 (see evidence provided in the case file).\n\nIII.- ON THE RIGHT OF PETITION. Article 27 of the Political Constitution refers to the right of petition, which is defined as the power that every person has to address, in writing, any official or public entity, in order to present a matter of their interest. This right is complemented by the right to obtain a prompt response, without it meaning that the citizen must obtain a favorable response. Thus, it is understood that the right of petition is the power to request, but not necessarily to obtain, the requested information. Thus, the Administration cannot curtail the right of persons to address public bodies (see in this sense, among others, judgment No. 2016-003337 of 11:23 a.m. on March 4, 2016).\n\nIV.- ON THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION. It is the content of Article 30 of the Political Constitution that establishes the possibility of access to public archives and departments, so that all persons can know information that is of public interest. This Chamber, in its jurisprudence – e.g., judgment No. 2008-004460 of 5:14 p.m. on March 25, 2008 –, has indicated that the aforementioned numeral guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, this right being constituted as a means of control in the hands of the citizens, since it allows them to exercise optimal control of legality and of the opportunity, convenience, or merit of the Public Administrations. Likewise, this Tribunal has pointed out that such recognition is not unlimited, and like every constitutional right, it has limits. Thus, among the exceptions to the enjoyment of this right is access to information classified as a state secret and to information contemplated within procedures that are in the investigation phase or are underway. This leads to the distinction between access to information corresponding to administrative documentation and access to documents that form part of an administrative procedure, being that in the first case, what is required will be provided to whoever requests it, being an ad extra subject; in the second case, only the information requested by the parties that are involved in the process will be offered, that is, ad intra. In this way, the various bodies of the Public Administrations have the obligation to provide the public information required by interested parties, this within the shortest possible time.\n\nV.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided to this proceeding and the report rendered under oath by the respondent, with timely warning of the consequences provided for in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, it is accredited that the petitioner, through an email sent on June 6, 2020, to the address eugenioandrovetto@misalud.go.cr, requested information from the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministerio de Salud, in the following terms: \"(…) A. All reports and documents of a similar nature to the reports requested herein, issued by you or another official in the exercise of those functions, regarding the Case of Annoying Noise by Continuity and/or Pollo Granjero (...)\". The request of the amparo petitioner was answered by the Head of the Environmental Health Unit of the Ministerio de Salud, through an email on June 8, 2020. In the response, the cited official sent official communications MS-DPRSA -USA-788-2020 April 23, 2020, MS-DPRSA-USA-688-2020 April 3, 2020, and MS-DPRSA-USA-707-2020 of April 8, 2020. In addition, the response was sent to the emails jvlawcenter@gmail.com and renelarana1988@gmail.com, the means indicated by the petitioner to be notified. Thus, it is held that regarding the request filed on June 6, 2020, the respondent authority provided a timely response to the petitioner, sending the information requested by her, which corresponds to the documentation contained in the administrative case file for the complaint of contamination by the commercial business called Pollo Granjero.\n\nNow then, on June 9, 2020, by email on June 9, 2020, sent from the address Justine Virieux jvlawcenter@gmail.com, and which was addressed to eugenioandrovetto@misalud.go.cr, the petitioner filed a new request before the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministerio de Salud, stating: \"(…) Cordial greetings Mr. Eugenio, hoping you are very well. We greet you with respect. According to what we were informed, correct us if we are wrong, during the month of May you made an in situ visit to las Hortensias, regarding the matter of the Annoying Noise by Continuity of the Grease Extractor from Pollo Granjero which, as you know, has kept us with continuous health problems and in a predominantly itinerant life since December 19, 2019, until the Present, June, year 2020, in course. In the reports that you sent to us yesterday, which were 3 (THREE), the report of that visit in the month of May is not included, but rather the one from the month of April. Please send us the following public documents: 1. The document that motivated your in situ visit to las Hortensias, whether by the Sede Regional, or any authority or official that motivated the carrying out of that visit in the month of May. 2. The report of that specific visit in the month of May subsequent to the visit. 3. At the same time, we would like to be sent the document in which the Ministerio de Salud (Sede Regional or whoever exercised those functions) asked for your criteria for the April visit (…)\" (the highlighting is not from the original). However, the official respondent in this amparo proceeding failed to provide the corresponding response in relation to the cited request. Thus, as of the date the amparo petitioner filed this amparo remedy, that is, July 1, 2020, she had not received a response to her request, despite the fact that twenty-two days had elapsed since its filing. This, without any justification for the respondent to have omitted to provide the corresponding response and, on the contrary, as he himself acknowledges in his response brief, by mistake he did not forward the request to the competent official, which prevented a timely response from being given to the amparo petitioner. It was on the occasion of the notification of the resolution giving course to the proceeding, a procedural act carried out on July 2, 2020, that the respondent official, on July 3, 2020, responded to the petitioner's request, stating: \"(…) Due to an involuntary error, I believed I had sent your email of June 9, 2020, to Engineer Ricardo Morales, however the sender field was left blank, hence the corresponding response to the request for information was not given. Regarding your queries, I do not know what you are referring to with the visit to las Hortensias, since the visit made by Engineer Morales was to Pollo Granjero exclusively and in the email of June 8, 2020, the corresponding information was sent to you. The inspection carried out was on April 22 and is reported in official communication MS-DPRSA-USA-788-2020. Regarding your request about who asked us for the visit made in April, I attach official communications MS-DGS-688-2020 AND HT-211-2020 (…)\" (the highlighting is not from the original). This response was sent to the emails jvlawcenter@gmail.com and renelarana1988@gmail.com, indicated by the petitioner for this purpose, attaching official communications HT-211-2020 and MS-DGS-1064-2020.\n\nBased on the foregoing, the violation of the right of petition and the right of access to information of the petitioner is confirmed. This is because, although the request she filed on June 6, 2020, was verified and the information requested on that occasion was delivered to her, the truth is that the respondent omitted to give a response (sending the requested information) to the request that the petitioner filed on the 9th of the same month, which forced her to come before this Constitutional Tribunal. It was the procedural acts issued in this proceeding that allowed the protected party to obtain the corresponding reply, as well as the corresponding documentation.\n\nUnder this state of affairs, it is appropriate to grant this amparo proceeding. However, upon verifying that the respondent, on the occasion of the notification of the resolution giving course to the proceeding, tried to remedy the aforementioned violation by issuing the response to the amparo petitioner's request, as well as by sending the corresponding documents, the granting of this proceeding is ordered without special condemnation for costs, damages, and losses.\n\nVI.- ON THE CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Under a better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (\"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy will be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable\"), the granting must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the judgment to state that the remedy is declared with merit, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that this same paragraph in fine refers that the granting is ordered \"solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.\" It is underlined that the Law states \"if they are applicable,\" which means that the applicability or inapplicability of the compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Tribunal. In cases like this, the content of the claim of the amparo-protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: \"any resolution that upholds the remedy shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,\" where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not provided for. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party of the sub lite preserves the possibility of resorting, if she deems it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that she has suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this remedy without condemnation for costs, damages, and losses.\n\nVII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ, ON THE ECONOMIC CONSEQUENCES DERIVED FROM DECLARING THIS REMEDY WITH MERIT. I agree with the majority of the Chamber on the decision taken regarding the existence of an infringement of fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I separate myself from their decision in relation to the issue of the economic consequences of said declaration.\n\nThe constitutional jurisdiction under the charge of this Tribunal in matters of amparo and habeas corpus - the jurisdiction of liberty as it is called - is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties, confronted by a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to persons in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, de facto or de jure, carry out concrete exercises of authority, capable of violating them.\n\nThis protective vocation of the constitutional jurisdiction is materialized in a procedural design that is also peculiar, expeditious, and free of charge, where the respondent public authority is required simply to render \"a report\" on what was done in the denounced case (Articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). So technically it is not a lawsuit, and in accordance with this, the Constitutional Chamber is granted broad powers to guide the course of the amparo or habeas corpus proceeding, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad handling of evidence that may serve to clarify what occurred. Such a procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties opposed in such a way that what one gains the other loses, forces us to move away from the solutions that for these latter matters have been provided for in procedural systems such as civil, contentious, or labor law.\n\nIn what is relevant now, the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates in its Articles 46 and following, three special aspects of the exercise of the jurisdictional function in the protection of fundamental rights, under the charge of the Chamber: a) the first aspect is that pertaining to the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (Articles 46 and 47 LJC); b) the second, carefully regulates the powers that the Tribunal has to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective way, their exercise (Articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (Article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus proceedings, in such a way that – upon the verification of an injury by the Chamber – there exists a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, effective compensation for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the authorities that prove to be infringing, which are not only for the purposes of effective judicial protection for the plaintiff, but also with a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave basis to the granting of the remedy, a matter regulated in Article 50 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nIn this last aspect, the Law in its Article 51 orders the Chamber that \"any resolution that upholds the remedy shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy…\". This is the general system that regulates the matters of the compensatory sphere, for the cases that the majority identifies as the \"natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…\"; in such cases, among which is the one now being decided, the Chamber has found the grievance proven, and hence the need for a condemnation for costs, damages, and losses, which is supported by the aforementioned concept of effective protection of the rights of persons and by the notion that the Administration must take responsibility for the damages and expenses it causes with its unconstitutional actions. This conclusion is not changed in any way by the fact that upon hearing and resolving the amparo, \"the effects of the challenged act may have ceased\" (Article 50), as such a case forms an integral part of the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses, it being understood that the proceeding has ended normally and the violation has been verified.\n\nWithin this simple and clear general framework – and lacking in deficiencies or gaps as the majority affirms – the provision of Article 52 of the Law fits perfectly as an exceptional case, applicable only in cases where the Chamber has not heard, nor has it ruled on the merits of the claim, that is – as the majority says – in those situations of \"abnormal termination of the proceeding.\" But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with utmost precision by the legislator; in the first place, the factual prerequisites for the application of this norm are clearly described, so that the Chamber must verify: 1) that the amparo is in progress; 2) that there is an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that in such resolution the revocation, the detention, or the suspension of the challenged action is unquestionably ordered. These are highly delimited concepts, whose scope of application must also be interpreted restrictively, not only in attention to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but because the consequences of applying such an exception indisputably generate a diminution in the fundamental right of persons to achieve effective judicial protection against the damages received from the injury to their constitutional rights.\n\nIn conclusion, only in such limited cases and after the Court has confirmed all of the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we face the need to set aside the general system of automatic award of costs and damages (daños y perjuicios), and exercise—as judges—our legal discretion to decide whether to order payment of such items or not.\n\nIn this case, the foregoing exercise compels the conclusion that Article 52 of the LJC is inapplicable, since, on one hand, the Court has ruled on the merits of the matter, has recognized with its declaration an injury to fundamental rights, and has determined who caused it; the foregoing in no way resembles an “abnormal termination of the proceeding (terminación anormal del proceso).” On the other hand, the requirements of Article 52 just cited are also not met, since there is no “administrative or judicial resolution (resolución administrativa o judicial)” formally issued in which the act giving rise to the violation of constitutional rights is expressly revoked, stopped, or suspended. For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and to order—as a consequence of the violation having been proven—the award of damages, losses, and costs caused, as the economic consequences of the proceeding.\n\nBut even if we were to set aside the automatic award of damages, losses, and costs, disregarding the preceding reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impact on the exercise of the fundamental rights of the protected party (amparado), which, as a harmful action it is, carries with it a presumption of the emergence of economic damages and losses—whose concrete determination is not for the Chamber—and no merit whatsoever is apparent in the case file (expediente) to convince us to exonerate the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided in the law.\n\n              VIII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. Article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the recourse shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are procedurally appropriate (si fueren procedentes).”\n\nMy interpretation of that provision is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the infringed right. The phrase “if they are procedurally appropriate” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso-Administrativo), cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (Constitución Política, CP), the essential content of the right to the amparo recourse is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution granting the recourse shall award in the abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the recourse, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For that reason, an award in the abstract for these is appropriate. If it were not done so, if such an award were not given, in the event that they did arise, there would be no legal title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an award in the abstract, no damages and losses have arisen, the judge in the ordinary proceeding will so declare, since only he is responsible for establishing as proven the actual existence and magnitude thereof.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of an amparo recourse. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nFor the foregoing reasons, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.\n\nIX.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document has been submitted on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial” (“Regulation on Electronic Case File before the Judicial Branch”), approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore (Por tanto):\n\n              The recourse is granted with merit (se declara con lugar) in accordance with the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Law of the Constitutional Jurisdiction, without special award of costs, damages, or losses. Magistrate Hernández López partially dissents from the vote and orders the award of damages, losses, and costs in accordance with Articles 50 and 51 of the Law of the Constitutional Jurisdiction. Magistrate Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the award of damages and losses, but not costs. Let this be notified (Notifíquese).\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t \n\n \n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t \n\n\t\n\nJose Paulino Hernández G.\n\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\t \n\n\t\n\nMauricio Chacón J.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n*HXRABTCYLGK61*\n\nHXRABTCYLGK61\n\nEXPEDIENTE N° 20-011805-0007-CO\n\n \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:35:20.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }