{ "id": "nexus-sen-1-0007-996079", "citation": "Res. 18580-2020 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo contra despido de funcionario de SETENA rechazado por vía sumaria laboral", "title_en": "Amparo against dismissal of SETENA official dismissed due to labor summary procedure", "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano el recurso de amparo interpuesto por un profesional de SETENA contra el Tribunal del Servicio Civil, que había acogido su despido del Ministerio de Ambiente y Energía. El recurrente alegaba vicios en el procedimiento administrativo que afectaron su derecho de defensa y solicitaba separar a los integrantes del tribunal. La Sala considera que, tras la Reforma Procesal Laboral (Ley 9343), las controversias sobre estabilidad laboral y fueros especiales deben ventilarse mediante el nuevo proceso sumarísimo laboral o la jurisdicción contencioso-administrativa, vías que ofrecen tutela judicial efectiva. Se reitera el criterio de la sentencia 2017-017948, que desplaza el amparo como mecanismo principal cuando existen procesos ordinarios céleres y eficaces. El magistrado Rueda Leal salva el voto, estimando prematuro negar el amparo sin evaluar la efectividad real del nuevo proceso sumario.", "summary_en": "The Constitutional Chamber flatly dismissed the amparo filed by a SETENA professional against the Civil Service Tribunal, which had upheld his dismissal from the Ministry of Environment and Energy. The claimant argued procedural defects that violated his right to defense and sought to disqualify the tribunal members. The Chamber held that, after the Labor Procedural Reform (Law 9343), disputes over employment stability and special protections must be resolved through the new summary labor procedure or the administrative contentious jurisdiction, which provide effective judicial protection. The Chamber reiterated the doctrine from decision 2017-017948, which limits amparo when ordinary, swift, and effective remedies exist. Judge Rueda Leal dissented, considering it premature to deny amparo without assessing the actual effectiveness of the new summary process.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "25/09/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "Tribunal del Servicio Civil", "Reforma Procesal Laboral", "Ley 9343", "proceso sumarísimo", "fueros especiales", "vía ordinaria", "voto salvado" ], "concept_anchors": [ { "article": "Reforma Procesal Laboral", "law": "Ley 9343" }, { "article": "Art. 9", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 25", "law": "Convención Americana sobre Derechos Humanos" } ], "keywords_es": [ "amparo", "despido", "SETENA", "Tribunal del Servicio Civil", "Reforma Procesal Laboral", "Ley 9343", "proceso sumarísimo", "derecho de defensa", "estabilidad laboral", "fueros especiales", "vía ordinaria", "voto salvado" ], "keywords_en": [ "amparo", "dismissal", "SETENA", "Civil Service Tribunal", "Labor Procedural Reform", "Law 9343", "summary procedure", "right to defense", "employment stability", "special protections", "ordinary courts", "dissenting opinion" ], "excerpt_es": "De conformidad con las razones expuestas en el precedente citado, el presente amparo debe, de igual forma, rechazarse. El recurrente podrá acudir a la vía ordinaria en resguardo de sus derechos.\n\nIII.- EL MAGISTRADO RUEDA LEAL SALVA EL VOTO Y ORDENA CURSAR EL AMPARO. Ciertamente, la Reforma Procesal Laboral, aprobada mediante Ley N° 9343 de 25 de enero de 2016 y vigente desde el 26 de julio de 2017, contempla un procedimiento sumarísimo en sede ordinaria para tutelar cierto tipo de derechos laborales, algunos de los cuales tienen la particularidad de estar contemplados de modo expreso en la Constitución Política. No obstante, aun cuando tal procedimiento sumarísimo pretenda ser una vía procesal sencilla, rápida y efectiva para la defensa de tales derechos constitucionales, en consonancia con lo que dispone artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no menos cierto es que a estas alturas resulta prematuro afirmar que tal efectividad acaecerá.", "excerpt_en": "In accordance with the reasons set forth in the cited precedent, this amparo must be dismissed in the same manner. The claimant may resort to the ordinary courts to protect his rights.\n\nIII.- JUDGE RUEDA LEAL DISSENTS AND ORDERS THE AMPARO TO BE HEARD. True, the Labor Procedural Reform, adopted by Law No. 9343 of 25 January 2016 and in force since 26 July 2017, establishes a summary ordinary proceeding to protect certain labor rights, some of which are expressly recognized in the Political Constitution. 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Nº 2020018580\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte .\n\n              Recurso de amparo interpuesto por EDUARDO MURILLO MARCHENA, cédula de identidad número 5-0283-0328 contra el TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el día 22 de setiembre de 2020, el recurrente presenta recurso de amparo y manifiesta que desde el año 2007, labora para la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) y actualmente se desempeña como Profesional de Servicio Civil 3 en la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. El día 17 de agosto del 2017, fue notificado por medio de la resolución AJDRES-420-2017 de las 10:00 horas del 09 de agosto del 2017, emitida por la Dirección General de Servicio Civil, sobre la gestión de despido suscrita por el Ministerio de Ambiente y Energía. Acota que, a pesar de los planteamientos formulados, tendientes a resguardar su derecho de defensa y la posibilidad de ejercer esa prerrogativa de forma plena y adecuada, el Tribunal recurrido integrado por los funcionarios: Ruth Solano Montero (Presidenta). Joyce Ugalde Huezo (Vicepresidenta) y Johnny Alberto Pérez Vargas (Secretario), emitió la resolución final número 12954 de las 20:35 horas del 15 de mayo de 2019, en la que se acogió la gestión de despido en su contra, contra la cual presentó recurso de revocatoria el cual fue conocido por el Tribunal recurrido y mediante la resolución 029-2019 TASC de las 10:20 horas del 31 de julio de 2019, se acogió la solicitud de decretar nula la resolución emitida por el Tribunal señalado. Indica que pese a lo anterior, el tribunal a sabiendas del vicio que perjudicaba su derecho de defensa, decidió emitir la resolución final del procedimiento, y en virtud de la integración del tribunal, formuló gestión de recusación, la cual fue rechazada. Solicita la intervención de la Sala a fin de ordenar a la recurrida separar del conocimiento de la gestión de despido a los integrantes del tribunal recurrido.\n\n2.- El artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n              Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,\n\nConsiderando:\n\n              I.- OBJETO DEL RECURSO. Señala el recurrente que desde el año 2007, labora para la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) y actualmente se desempeña como Profesional de Servicio Civil 3 en la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. El día 17 de agosto del 2017, fue notificado por medio de la resolución AJDRES-420-2017 de las 10:00 horas del 09 de agosto del 2017, emitida por la Dirección General de Servicio Civil, sobre la gestión de despido suscrita por el Ministerio de Ambiente y Energía. Acota que, a pesar de los planteamientos formulados, tendientes a resguardar su derecho de defensa y la posibilidad de ejercer esa prerrogativa de forma plena y adecuada, el Tribunal recurrido integrado por los funcionarios: Ruth Solano Montero (Presidenta). Joyce Ugalde Huezo (Vicepresidenta) y Johnny Alberto Pérez Vargas (Secretario), emitió la resolución final número 12954 de las 20:35 horas del 15 de mayo de 2019, en la que se acogió la gestión de despido en su contra, contra la cual presentó recurso de revocatoria el cual fue conocido por el Tribunal recurrido y mediante la resolución 029-2019 TASC de las 10:20 horas del 31 de julio de 2019, se acogió la solicitud de decretar nula la resolución emitida por el Tribunal señalado. Indica que, pese a lo anterior, el tribunal a sabiendas del vicio que perjudicaba su derecho de defensa, decidió emitir la resolución final del procedimiento, y en virtud de la integración del tribunal, formuló gestión de recusación, la cual fue rechazada. Solicita la intervención de la Sala a fin de ordenar a la recurrida separar del conocimiento de la gestión de despido a los integrantes del tribunal recurrido.\n\nII.- EL CASO CONCRETO. Recientemente, esta Sala en Sentencia N° 2017-017948 de las 9:15 horas del 8 de noviembre de 2017, se pronunció sobre el tipo de reclamos como el aquí planteado, en los siguientes términos:\n\n“(…) Ciertamente, la tutela de la Sala Constitucional, en tratándose de la materia laboral, deriva de la aplicación del Título V, Capítulo Único, de la Constitución Política, denominado Derechos y Garantías Sociales. Es allí, donde encuentran protección constitucional, por medio del recurso de amparo, el derecho al trabajo, al salario mínimo, a la jornada laboral, al descanso semanal, a vacaciones anuales remuneradas, a la libre sindicalización, al derecho de huelga, a la celebración de convenciones colectivas de trabajo, entre otros; todo ello, con ocasión del trabajo. Sin embargo, bajo una nueva ponderación, dada la promulgación de la Reforma Procesal Laboral, Ley N° 9343 de 25 de enero de 2016, vigente desde el 25 de julio de 2017, esta Sala considera que ahora todos los reclamos relacionados con esos derechos laborales, derivados de un fuero especial (por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica, así como cualquier otra causal discriminatoria contraria a la dignidad humana), tienen un cauce procesal expedito y célere, por medio de un proceso sumarísimo y una jurisdicción plenaria y universal, para su correcto conocimiento y resolución, en procura de una adecuada protección de esos derechos y situaciones jurídicas sustanciales, con asidero en el ordenamiento jurídico infra constitucional, que tiene una relación indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Iguales razones caben aplicar para las personas servidoras del Estado, respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento jurídico, así como las demás personas trabajadoras del Sector Público para la tutela del debido proceso o fueros semejantes a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal. En fin, el proceso sumarísimo será de aplicación, tanto del sector público como del privado, en virtud de un fuero especial, con goce de estabilidad en el empleo o de procedimientos especiales para su tutela, con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, por violación de fueros especiales de protección o de procedimientos, autorizaciones y formalidades a que tienen derecho, las mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia, las personas trabajadoras adolescentes, las personas cubiertas por el artículo 367, del Código de Trabajo, las personas denunciantes de hostigamiento sexual, las personas trabajadoras indicadas en el artículo 620, y en fin, de quienes gocen de algún fuero semejante mediante ley, normas especiales o instrumentos colectivos de trabajo. Esta nueva legislación incorpora, en el ordenamiento jurídico, una serie de novedosos mecanismos procesales: como plazos más cortos para la realización de los actos procesales, una tutela jurisdiccional más eficaz, asistencia legal gratuita, implementa la oralidad en los procedimientos; y, como consecuencia, incluye los sub-principios de concentración, inmediación y celeridad, tasa de forma expresa las situaciones en las que cabe ejercer los medios de impugnación, entre otros institutos, todo lo cual tiende a la realización de una eficaz tutela judicial en materia laboral, como garantía de protección de los derechos laborales constitucionales, dadas las nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud de los procesos laborales, lo que constituye una mayor garantía para la efectiva protección de las situaciones jurídicas sustanciales que involucren aspectos laborales y en las que, para su debida tutela, se requiera recabar elementos probatorios o zanjar cuestiones de mera legalidad. De modo, que las pretensiones deducidas en este recurso de amparo, son propias de ser conocidas a través de los nuevos mecanismos procesales que prevé la citada Reforma Procesal Laboral o, en su caso, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo resuelto por esta Sala en la Sentencia N° 2008-002545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, motivo por el cual, lo procedente es rechazar de plano el recurso y remitir a la parte interesada a la jurisdicción competente, para que sea allí donde reciba, en forma plena, la tutela judicial que pretende..”.\n\nDe conformidad con las razones expuestas en el precedente citado, el presente amparo debe, de igual forma, rechazarse. El recurrente podrá acudir a la vía ordinaria en resguardo de sus derechos. \n\nIII.- EL MAGISTRADO RUEDA LEAL SALVA EL VOTO Y ORDENA CURSAR EL AMPARO. Ciertamente, la Reforma Procesal Laboral, aprobada mediante Ley N° 9343 de 25 de enero de 2016 y vigente desde el 26 de julio de 2017, contempla un procedimiento sumarísimo en sede ordinaria para tutelar cierto tipo de derechos laborales, algunos de los cuales tienen la particularidad de estar contemplados de modo expreso en la Constitución Política. No obstante, aun cuando tal procedimiento sumarísimo pretenda ser una vía procesal sencilla, rápida y efectiva para la defensa de tales derechos constitucionales, en consonancia con lo que dispone artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no menos cierto es que a estas alturas resulta prematuro afirmar que tal efectividad acaecerá. Precisamente, la implementación de esta normativa exige la puesta en práctica de una serie de medidas de carácter administrativo y procesal, cuyo funcionamiento efectivo y eficiente debe estar asegurado y consolidado previo a denegar la vía del amparo al tipo de reclamo objeto del sub examine. De ahí que estime más adecuado aguardar un plazo prudente a fin de evaluar qué tan efectivo es el nuevo proceso sumario regulado en la Reforma Procesal Laboral, y, en el ínterin, admitir los amparos correspondientes para su estudio.\n\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena cursar el amparo.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\nPresidente a.i\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nAlicia Salas T.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRonald Salazar Murillo\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*YZXZINMXBTQ61*\n\nYZXZINMXBTQ61\n\nEXPEDIENTE N° 20-017331-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 23:48:22.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 18580 - 2020\n\nResolution Date: September 25, 2020 at 09:15\n\nCase File: 20-017331-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Cruz Castro\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nText of the resolution\n\n*200173310007CO*\n\nExp: 20-017331-0007-CO\n\nRes. No. 2020018580\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on September twenty-fifth, two thousand twenty.\n\n              Amparo petition filed by EDUARDO MURILLO MARCHENA, identity card number 5-0283-0328 against the CIVIL SERVICE TRIBUNAL.\n\nWhereas:\n\n1.- By brief filed with the Secretariat of the Chamber on September 22, 2020, the petitioner files an amparo petition and states that since 2007, he has worked for the Technical Environmental Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental, SETENA) and currently serves as a Civil Service Professional 3 in the Directorate of Environmental Quality Management of the Ministry of Environment and Energy. On August 17, 2017, he was notified by means of resolution AJDRES-420-2017 at 10:00 hours on August 9, 2017, issued by the General Directorate of Civil Service, regarding the dismissal proceeding filed by the Ministry of Environment and Energy. He notes that, despite the arguments made, aimed at safeguarding his right of defense and the possibility of exercising that prerogative fully and adequately, the respondent Tribunal composed of the officials: Ruth Solano Montero (President). Joyce Ugalde Huezo (Vice-president) and Johnny Alberto Pérez Vargas (Secretary), issued the final resolution number 12954 at 20:35 hours on May 15, 2019, in which the dismissal proceeding against him was upheld, against which he filed a motion for revocation (recurso de revocatoria) which was heard by the respondent Tribunal and by means of resolution 029-2019 TASC at 10:20 hours on July 31, 2019, the request to declare the resolution issued by the aforementioned Tribunal null and void was upheld. He indicates that, despite the foregoing, the tribunal, knowingly aware of the defect that prejudiced his right of defense, decided to issue the final resolution of the proceeding, and by virtue of the composition of the tribunal, he filed a recusal motion (gestión de recusación), which was rejected. He requests the intervention of the Chamber in order to order the respondent to separate the members of the respondent tribunal from hearing the dismissal proceeding.\n\n2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law empowers the Chamber to summarily reject or reject on the merits, at any time, even from its filing, any petition submitted for its consideration that turns out to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient grounds for judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previously rejected identical or similar petition.\n\n              Drafted by Magistrate Salazar Murillo; and,\n\nWhereas:\n\n              I.- PURPOSE OF THE PETITION. The petitioner states that since 2007, he has worked for the Technical Environmental Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental, SETENA) and currently serves as a Civil Service Professional 3 in the Directorate of Environmental Quality Management of the Ministry of Environment and Energy. On August 17, 2017, he was notified by means of resolution AJDRES-420-2017 at 10:00 hours on August 9, 2017, issued by the General Directorate of Civil Service, regarding the dismissal proceeding filed by the Ministry of Environment and Energy. He notes that, despite the arguments made, aimed at safeguarding his right of defense and the possibility of exercising that prerogative fully and adequately, the respondent Tribunal composed of the officials: Ruth Solano Montero (President). Joyce Ugalde Huezo (Vice-president) and Johnny Alberto Pérez Vargas (Secretary), issued the final resolution number 12954 at 20:35 hours on May 15, 2019, in which the dismissal proceeding against him was upheld, against which he filed a motion for revocation (recurso de revocatoria) which was heard by the respondent Tribunal and by means of resolution 029-2019 TASC at 10:20 hours on July 31, 2019, the request to declare the resolution issued by the aforementioned Tribunal null and void was upheld. He indicates that, despite the foregoing, the tribunal, knowingly aware of the defect that prejudiced his right of defense, decided to issue the final resolution of the proceeding, and by virtue of the composition of the tribunal, he filed a recusal motion (gestión de recusación), which was rejected. He requests the intervention of the Chamber in order to order the respondent to separate the members of the respondent tribunal from hearing the dismissal proceeding.\n\nII.- THE SPECIFIC CASE. Recently, this Chamber, in Judgment No. 2017-017948 at 9:15 hours on November 8, 2017, ruled on the type of claims such as the one raised here, in the following terms:\n\n“(…) Certainly, the protection afforded by the Constitutional Chamber, in matters of labor law, derives from the application of Title V, Sole Chapter, of the Political Constitution, denominated Social Rights and Guarantees. It is there where the right to work, minimum wage, working hours, weekly rest, paid annual vacations, free unionization, the right to strike, the negotiation of collective bargaining agreements, among others, find constitutional protection by means of the amparo petition; all of this, on the occasion of work. However, upon a new assessment, given the enactment of the Labor Procedural Reform, Law No. 9343 of January 25, 2016, in force since July 25, 2017, this Chamber considers that now all claims related to those labor rights, derived from a special protection (fuero especial) (for reasons of age, ethnicity, sex, religion, race, sexual orientation, marital status, political opinion, national ancestry, social origin, filiation, disability, union affiliation, economic situation, as well as any other discriminatory cause contrary to human dignity), have an expeditious and speedy procedural channel, by means of a summary proceeding (proceso sumarísimo) and a plenary and universal jurisdiction, for their proper hearing and resolution, in pursuit of adequate protection of those rights and substantial legal situations, grounded in the infra-constitutional legal system, which has an indirect relationship with fundamental rights and Constitutional Law. The same reasons apply to public servants, regarding the procedure before the Civil Service Tribunal that the legal system guarantees them, as well as to other workers in the Public Sector for the protection of due process or similar protections to which they are entitled according to the constitutional or legal system. In short, the summary proceeding will apply to both the public and private sectors, by virtue of a special protection, with enjoyment of employment stability or special procedures for their protection, on the grounds of dismissal or any other disciplinary or discriminatory measure, for violation of special protections or of procedures, authorizations, and formalities to which they are entitled: women in a state of pregnancy or breastfeeding, adolescent workers, persons covered by Article 367 of the Labor Code, persons who report sexual harassment, the workers referred to in Article 620, and in short, those who enjoy any similar protection by law, special regulations, or collective labor instruments. This new legislation incorporates, into the legal system, a series of novel procedural mechanisms: such as shorter deadlines for conducting procedural acts, more effective jurisdictional protection, free legal assistance, it implements orality in the proceedings; and, as a consequence, it includes the sub-principles of concentration, immediacy, and speed, it expressly assesses the situations in which challenges may be filed, among other institutes, all of which tends toward the realization of effective judicial protection in labor matters, as a guarantee of protection of constitutional labor rights, given the new characteristics of simplicity, speed, and promptness of labor proceedings, which constitutes a greater guarantee for the effective protection of substantial legal situations that involve labor aspects and in which, for their due protection, it is necessary to gather evidentiary elements or settle matters of mere legality. Thus, the claims brought in this amparo petition are proper to be heard through the new procedural mechanisms provided for by the aforementioned Labor Procedural Reform or, as applicable, before the administrative litigation jurisdiction, in accordance with what was resolved by this Chamber in Judgment No. 2008-002545 at 8:55 hours on February 22, 2008, for which reason, the appropriate course is to summarily reject the petition and refer the interested party to the competent jurisdiction, so that it is there that they receive, in full form, the judicial protection they seek..”.\n\nIn accordance with the reasons set forth in the cited precedent, the present amparo petition must, likewise, be rejected. The petitioner may resort to the ordinary courts in defense of his rights.\n\nIII.- MAGISTRATE RUEDA LEAL DISSENTS AND ORDERS THE AMPARO PETITION TO BE PROCESSED. Certainly, the Labor Procedural Reform, approved by Law No. 9343 of January 25, 2016, and in force since July 26, 2017, contemplates a summary proceeding in the ordinary jurisdiction to protect certain types of labor rights, some of which have the peculiarity of being expressly contemplated in the Political Constitution. However, even when such summary proceeding seeks to be a simple, rapid, and effective procedural avenue for the defense of such constitutional rights, consistent with the provisions of Article 25 of the American Convention on Human Rights, it is no less true that at this point it is premature to affirm that such effectiveness will occur. Precisely, the implementation of this regulation requires the putting into practice of a series of administrative and procedural measures, whose effective and efficient functioning must be ensured and consolidated prior to denying the amparo avenue to the type of claim subject to the sub examine. Hence, I deem it more appropriate to wait a prudent period in order to evaluate how effective the new summary proceeding regulated in the Labor Procedural Reform is, and, in the interim, to admit the corresponding amparo petitions for their study.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The petitioner is warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe petition is summarily rejected. Magistrate Rueda Leal dissents and orders the amparo petition to be processed.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\nActing President\n\n\t\n\n \n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\nAlicia Salas T.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRonald Salazar Murillo\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n*YZXZINMXBTQ61*\n\nYZXZINMXBTQ61\n\nCASE FILE No. 20-017331-0007-CO\n\n \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6\n\nIs a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 23:48:22.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }