{ "id": "nexus-sen-1-0007-998962", "citation": "Res. 19825-2020 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Renovación de licencia de pesca de camarón con redes de arrastre y omisión de estudios técnicos", "title_en": "Renewal of shrimp trawling license and omission of technical studies", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un pescador contra el INCOPESCA por la negativa a renovar su licencia de pesca de camarón con redes de arrastre. El recurrente alega que el instituto no resolvió su solicitud del 18 de marzo de 2020 y que no ha realizado los estudios técnicos y científicos necesarios para reactivar esa modalidad de pesca, conforme lo ordenado por la propia Sala en sentencias anteriores. La Sala declara sin lugar el recurso. Respecto a la falta de estudios, señala que la sentencia 2013-10540 no ordenó realizar estudios, sino que declaró inconstitucionales las normas que permitían esa pesca, y que los estudios ya fueron presentados a la Asamblea Legislativa, que tramita un proyecto de ley sobre el tema. En cuanto a la falta de respuesta, la solicitud fue resuelta mediante oficio PRI-295-2020 del 24 de agosto de 2020, notificado el 25 de agosto, y el fondo es un asunto de legalidad ordinaria que debe discutirse en la vía contencioso-administrativa. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara con lugar el recurso en cuanto a los estudios.", "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a fisherman against INCOPESCA for refusing to renew his shrimp trawling license. The plaintiff argues that the institute did not resolve his request of March 18, 2020, and that it has not carried out the technical and scientific studies necessary to reactivate this fishing method, as ordered by the Chamber itself in previous rulings. The Chamber dismisses the amparo. Regarding the lack of studies, it notes that ruling 2013-10540 did not order studies, but rather declared unconstitutional the provisions that allowed trawling, and that the studies have already been submitted to the Legislative Assembly, which is processing a bill on the subject. As for the lack of response, the request was resolved by official letter PRI-295-2020 on August 24, 2020, and the merits constitute an ordinary legality matter to be discussed in the contentious-administrative jurisdiction. Judge Garro Vargas dissents and upholds the amparo regarding the studies.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "16/10/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "Sala Constitucional", "INCOPESCA", "pesca de camarón con redes de arrastre", "estudios técnicos y científicos", "Ley de Pesca y Acuicultura 8436", "vía contencioso-administrativa" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 2 d) 27, Art. 43 d), Art. 47 a) y b)", "law": "Ley de Pesca y Acuicultura 8436" }, { "article": "", "law": "Resolución 2013-10540 Sala Constitucional" }, { "article": "", "law": "Resolución 2018-14168 Sala Constitucional" }, { "article": "", "law": "Resolución 277-2018-I Tribunal Contencioso Administrativo" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "INCOPESCA", "pesca de camarón", "redes de arrastre", "licencia de pesca", "estudios técnicos y científicos", "Sala Constitucional", "sentencia 2013-10540", "proyecto de ley", "desarrollo sostenible" ], "keywords_en": [ "amparo appeal", "INCOPESCA", "shrimp fishing", "trawl nets", "fishing license", "technical and scientific studies", "Constitutional Chamber", "ruling 2013-10540", "bill", "sustainable development" ], "excerpt_es": "En este punto, se impone aclarar que lo dispuesto por este Tribunal en la sentencia de cita, fue que la frase “del camarón con red de arrastre”, del punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005 es inconstitucional. Ello implica que a partir de ese momento no se pueden otorgar permisos, autorizaciones, licencias nuevas, renovar vencidos o reactivar inactivos para pesca de camarón con redes de arrastre, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, bajo ciertas condiciones y hasta su vencimiento; y que -a futuro- se pueden reinstaurar las categorías anuladas bajo algunas condiciones, previa reforma legal “y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico”.", "excerpt_en": "At this point, it is necessary to clarify that what this Court provided in the cited judgment was that the phrase \"of shrimp with trawl nets\" in point d), subsection 27 of article 2, and in subsection d) of article 43, as well as subsections a) and b) of article 47, all of the Fishing and Aquaculture Law, Law 8436 of March 1, 2005, is unconstitutional. This implies that from that moment on, no permits, authorizations, new licenses, renewals of expired ones, or reactivation of inactive ones for shrimp trawling can be granted, without prejudice to rights acquired in good faith, under certain conditions and until their expiration; and that—in the future—the annulled categories may be reinstated under certain conditions, after a legal reform \"and with the corresponding scientific and technological support\".", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The amparo appeal is dismissed regarding the omission of studies and INCOPESCA's lack of response.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de amparo en cuanto a la omisión de estudios y la falta de respuesta de INCOPESCA." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "this implies that from that moment on, no permits, authorizations, new licenses, renewals of expired ones, or reactivation of inactive ones for shrimp trawling can be granted", "quote_es": "ello implica que a partir de ese momento no se pueden otorgar permisos, autorizaciones, licencias nuevas, renovar vencidos o reactivar inactivos para pesca de camarón con redes de arrastre" }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "it was not that studies were ordered, but rather that, to reinstate the licenses, a legal reform with adequate support was required", "quote_es": "no fue que se ordenó realizar estudios, sino que se indicó que, para reinstaurar las licencias, debía mediar una reforma de ley con sustento adecuado" }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "the discussion as to whether the Public Administration complies or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (...) is a matter of ordinary legality that must be claimed in the contentious-administrative jurisdiction", "quote_es": "la discusión sobre si la Administración Pública cumple o no con los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (...) es una cuestión de legalidad ordinaria que deberá ser reclamada en la jurisdicción contencioso administrativa" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-54688", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley de Pesca y Acuicultura 8436 Art. 2 d) 27, Art. 43 d), Art. 47 a) y b)" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-998962", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 19825 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 16 de Octubre del 2020 a las 09:30\n\nExpediente: 20-014292-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*200142920007CO*\n\nExp: 20-014292-0007-CO\n\nRes. Nº 2020019825\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciseis de octubre de dos mil veinte .\n\n              Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-014292-0007-CO, interpuesto por JOSÉ FERNANDO VEGA FIGUEROA, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA.\n\nResultando:\n\nPor escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:42 horas del 10 de agosto de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el presidente ejecutivo y el jefe del departamento de Protección y Registro, ambos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), y manifiesta que mediante resolución de la presidencia ejecutiva de INCOPESCA No. PEP-0202-04-2011-H-00991-01-PTS-1306-11, de las 11:00 horas de 24 de marzo de 2011 se le otorgó la licencia No. H-0091-01-PTS-1210-10, de tipo comercial semi industrial camaronero. Agrega que el Departamento de Protección y Registro de INCOPESCA, a través del oficio No. RPRI-03-01-2012 N° H-0091-01-PTS-1903-12, de las 8:15 horas de 3 de diciembre de 2012, le renovó por última vez su licencia de pesca, otorgándole el nuevo consecutivo de licencia N° H-0091-01-PTS-1903-12, con vigencia hasta el 27 de enero de 2018. Acusa que el 3 de enero de 2018, presentó ante el Departamento de Protección y Registro, solicitud de renovación de su licencia de pesca N° H- 0091-01-PTS-1903-12, sin embargo, le fue denegada, debido a que el INCOPESCA no había realizado los estudios técnicos y científicos que ordenó la Sala Constitucional a través de la sentencia No. 2013-10540 de 07 de agosto de 2013. Añade que el jefe del Departamento de Protección y Registro mediante el oficio No. PRI-058-02-2018 de 9 de febrero de 2018, le indicó que al no existir reforma legal ni respaldo tecnológico, no era posible autorizar la renovación. Alega que su actividad económica ha sido afectada y que actualmente se encuentra condicionado a que el INCOPESCA realice los estudios técnicos y científicos que se necesitan para proceder con la reforma legal requerida. Agrega que lo indicado es el único medio para reactivar la pesca de camarón con redes de arrastre por el fondo, que es de gran importancia socio económica para su persona y los puntarenenses. Refiere que el 18 de marzo de 2020 nuevamente solicitó ante el Departamento de Protección y Registro, la renovación de su licencia de pesca No. H-0091-01-PTS-1903-12, para la pesca de camarón con redes de arrastre, pero no ha recibido respuesta y el trámite está pendiente de resolver así como tampoco se han realizado los estudios técnicos y científicos antes referidos para su resolución. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.\nMediante resolución de las 14:17 horas del 14 de agosto de 2020 se dio curso al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en fechas 20 y 21 de agosto de 2020.\nInforma bajo juramento Heiner Jorge Méndez Barrientos, en su condición de Apoderado Especial Judicial del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), que el 24 de agosto de 2020, mediante oficio PRI-295-2020, el jefe del Departamento de Protección y Registro de Incopesca, dio respuesta a la solicitud de renovación de Licencia de Pesca Nº H-0091-01-PTS-1903-12, para la embarcación camaronera de nombre Luis Guillermo, rechazando la misma con base en la resolución de 07 de agosto de 2013, que declaró inconstitucional la pesca de camarón con red de arrastre y porque no existe una reforma legal para autorizar la renovación solicitada. Apunta que el accionante no señaló medio para notificaciones en su escrito, y que el 25 de agosto se intentó realizar la notificación en forma personal en su casa de habitación, pero fue imposible pues no había nadie en la vivienda. En cuanto a los estudios técnicos y científicos que ordenó la Sala Constitucional (sentencia Nº 2013040540), estos fueron realizados y sometidos a conocimiento de la Asamblea Legislativa, para lo de su competencia. Señala que el recurrente tiene pleno conocimiento de los procesos que se siguen con el proyecto de ley que existe en la Asamblea Legislativa sobre la pesca de camarón, por lo que su gestión resulta innecesaria. Solicita se desestime el recurso planteado.\nPor escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:01 horas del 31 de agosto de 2020, la parte recurrente reitera sus manifestaciones y replica el informe rendido por la autoridad recurrida. Afirma que la obligación y compromiso de realizar los estudios necesarios está establecida desde el 06 de diciembre de 2013, lo cual no se ha cumplido. Señala que la entidad menciona haber hecho los informes, pero no menciona la fecha, a pesar de que es noticia de dominio público el que se realizaron a finales de 2019, tras seis largos años. Acusan que la contestación se dio con posterioridad a la notificación del presente recurso.\nPor constancia extendida el 02 de setiembre de 2020, la Secretaría de la Sala Constitucional, hace constar que el presidente ejecutivo y el jefe del Departamento de Protección y Registro, ambos del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), no presentaron escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en el auto inicial del amparo.\nInforma bajo juramento Daniel Carrasco Sánchez y Edwin Salazar Serrano, en su condición de presidente ejecutivo y jefe del Departamento de Protección y Registro, ambos del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), y lo hacen en el mismo sentido que el apoderado especial judicial del Instituto.\nEn los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n              Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\nObjeto del recurso. El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales.  Acusa que: A-  el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) no ha resuelto su gestión del 18 de marzo de 2020, mediante la cual solicitó la renovación de su licencia de pesca No. H-0091-01-PTS-1903-12 -para la pesca de camarón con redes de arrastre- y además; B- que el instituto recurrido no ha realizado los estudios técnicos y científicos para su respectiva resolución -renovación de su licencia de pesca-.\nHechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)  El recurrente es propietario del barco camaronero denominado Luis Guillermo, registrado con la matrícula P-006896 (folio 12 del expediente electrónico).\n\nb)  El 12 de marzo de 2019, el presidente ejecutivo del Incopesca presentó a la Asamblea Legislativa el informe final de una investigación dirigida a valorar los factores de exclusión en la pesca de camarones (consulta al proyecto de ley Nº 21478 en el sitio de internet de la Asamblea Legislativa).\n\nc)  El 18 de marzo de 2020 el recurrente solicitó ante el Departamento de Protección y Registro, la renovación de su licencia de pesca No. H-0091-01-PTS-1903-12, para la pesca de camarón con redes de arrastre, sin señalar medio para recibir notificaciones  (folio 29 del expediente electrónico).\n\nd)  Mediante oficio PRI-295-2020, de 24 de agosto de 2020, el jefe del Departamento de Protección y Registro de Incopesca, dio respuesta a la solicitud de renovación de Licencia de Pesca Nº H-0091-01-PTS-1903-12, para la embarcación camaronera de nombre Luis Guillermo, rechazando la misma, y el 25 de agosto de 2020, se intentó notificar al amparado en su domicilio, pero no fue posible (folios 50 y 59 del expediente electrónico).\n\nSOBRE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS. En el presente asunto, el accionante considera que el Instituto recurrido no ha cumplido con la realización de los estudios técnicos y científicos que fueron exigidos para poder reactivar la pesca de camarón con redes de arrastre por el fondo. Por su parte, las autoridades recurridas informan, bajo fe de juramento, que los estudios técnicos y científicos que ordenó la Sala Constitucional en la sentencia Nº 2013010540, fueron realizados y sometidos a conocimiento de la Asamblea Legislativa, para lo de su competencia.\n\n              En este punto, se impone aclarar que lo dispuesto por este Tribunal en la sentencia de cita, fue que la frase “del camarón con red de arrastre”, del punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005 es inconstitucional. Ello implica que a partir de ese momento no se pueden otorgar permisos, autorizaciones, licencias nuevas, renovar vencidos o reactivar inactivos para pesca de camarón con redes de arrastre, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, bajo ciertas condiciones y hasta su vencimiento; y que -a futuro- se pueden reinstaurar las categorías anuladas bajo algunas condiciones, previa reforma legal “y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico”. Dicho de otro modo, no fue que se ordenó realizar estudios, sino que se indicó que, para reinstaurar las licencias, debía mediar una reforma de ley con sustento adecuado.\n\n              En resoluciones posteriores, esta Sala Constitucional (voto 2018014168) y el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo (resolución N° 277-2018-I) ordenaron al Instituto recurrido realizar los “estudios técnicos y científicos necesarios que demuestren una reducción significativa en la captura incidental que fuera compatible con un desarrollo sostenible democrático” y concluir “definitivamente los estudios de tipo técnico-ambiental que determinen la viabilidad de la pesca sostenible de camarón, a fin de que pueda someterse a la Asamblea Legislativa con vistas a la regulación legal de la temática”.\n\n              Más recientemente, esta Sala mediante la resolución No. 2020013837 de las 18:30 horas del 22 de julio de 2020, evacuó una consulta legislativa facultativa referente a la aprobación de la “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA” y en relación a los estudios técnicos y científicos señaló:\n\n“…Sobre la violación de los artículos 6 y 7 constitucionales y las normas internacionales que procuran la protección de los recursos naturales. Los consultantes cuestionan el proyecto en estudio, al estimar que no existen estudios técnicos, que determinen con seguridad, que la actividad de pesca de arrastre semiindustrial por el fondo pueda realizarse de manera sostenible y evitar graves daños ambientales y sociales. Para estos efectos, refieren nuevamente a lo dispuesto en la sentencia n.° 2013-10540. Tal como se desarrolló en el considerando IV.a, el expediente legislativo número 21.478 tiene fundamento en el estudio denominado “Evaluación de los porcentajes de exclusión de la fauna de acompañamiento del camarón (FACA) en la pesca de arrastre de los camarones a profundidad Pinki, Farfantedepenaus brevirostris y Fidel, Solenocera agassizii, utilizando diferentes tipos de luces de malla y aditamentos (DEP’s, DET’s, Y DOBLE RELINGA), en el Océano Pacífico costarricense”(visible a folios 96 a 188 del expediente legislativo), que fue elaborado por INCOPESCA a raíz de las órdenes emitidas por la Sala Constitucional en la sentencia n.° 2018-14168 y la resolución interlocutoria y cautelar 277-2018-I de la Sección Primera del Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo, cuya descripción fue citada en el acápite referido. Así las cosas, se reitera que, contrario a lo señalado por los consultantes, se denota que el proyecto de ley no carece de sustento técnico, pues se basa en los resultados de una investigación debidamente fundamentada. En efecto, algunas instituciones cuestionan los estándares utilizados para el estudio de cita; sin embargo, lo cierto es que el estudio en cuestión demostró que se cumple con los criterios mínimos fijados por la FAO, y, por otro lado, el otorgamiento de las licencias está condicionado a la realización de otros estudios técnicos-científicos. De esta forma, y bajo una mejor ponderación, no solo resulta improcedente que este Tribunal revise la pericia con la cual fue realizado un estudio técnico, lo cual ameritaría una discusión de legalidad en el que diferentes expertos deban tener la amplia oportunidad para sostener sus criterios y debatirlos, lo que no es propio de un proceso de constitucionalidad, sino que, lo más importante, es que el proyecto de ley consultado igualmente sujeta el otorgamiento de eventuales licencias  a la realización de futuros estudios técnicos complementarios que deberán contemplar los aspectos que reclaman los consultantes relativos a la biomasa, fondo marino, de orden social y económico y todos aquellos que aseguren la sostenibilidad del recurso marino y que procuren un desarrollo sostenible democrático. No se aprecia la inconstitucionalidad apuntada en cuanto a la observancia de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, toda vez que lo actuado por el legislador se ajusta al principio precautorio, al tomar todas las medidas posibles, sin que ello implique necesariamente la prohibición absoluta de una actividad, bajo un nuevo escenario en el que su ejecución puede ser llevada a cabo bajo parámetros de un desarrollo sostenible, donde no solo se protege al ambiente, sino también a los sectores sociales y productivos inmersos, sin dejar de prever el futuro de esos recursos para las futuras generaciones. Así las cosas y ante la factibilidad técnica en la que sustentaron los legisladores su decisión por optar en autorizar nuevamente la pesca de camarón con la técnica de arrastre; empero, sujeta a varias condiciones que aseguren el cumplimiento de todos los instrumentos internacionales y nacionales, tal como la complementariedad de otros estudios, no se advierte vicio de inconstitucionalidad alguno. Debe quedar debidamente claro, que el propio legislador ha definido el marco jurídico en el que tal recurso puede ser aprovechado; el cual como ya se indicó, está condicionado no solo al uso de eficientes dispositivos excluidores, sino también al resultado de los estudios faltantes que sean llevados a cabo, y no podría autorizarse, en modo alguno, esas licencias, independientemente de los plazos concedidos, si no se asegura previamente INCOPESCA de cumplir con los estándares de protección señalados, no solo por protección al ambiente, sino también de los sectores inmersos en esa economía y los derechos de las futuras generaciones. En consecuencia, el proyecto no prescinde de la exigencia constitucional de contar con estudios técnicos como requisito previo a la autorización de las licencias de pesca, sino que, ante la necesidad de resolver también una problemática de fondo, una mayoría de legisladores optó por trasladar la responsabilidad de controlar la sujeción de la licencia de pesca, a la ciencia y a la técnica, en un ente especializado de la Administración. Tal mecanismo por el que optó el legislador se alberga dentro de los límites de la discrecionalidad política de que goza, para elegir la medida que estime más oportuna y adecuada para satisfacer una determinada necesidad social, sin poner en riesgo los recursos marinos y, procurando un desarrollo sostenible, al que también están llamados los Estados a cumplir en esos mismos instrumentos internacionales. En este caso los legisladores han optado por sentar ese marco jurídico que resguarde las bases en las cuales deberían expedirse en el futuro las licencias, reservando al reglamento el desarrollo del procedimiento y demás requisitos, lo que resulta totalmente razonable, en la medida que se está en presencia de materia técnica y en un ámbito dinámico y sujeto al cambio, que podría abordar de una forma más eficiente y oportuna los mismos objetivos impuestos. De igual modo, esa regulación y los propios estudios en que se base, son controlables a través de diferentes garantías procesales, en las que también existe la posibilidad de dictar eventuales medidas cautelares, en caso de resultar pertinentes. Por todo lo expuesto, no se estima que el proyecto de estudio contenga el vicio apuntado por los consultantes (…)  POR TANTO: En cuanto al expediente No. 20-006822-0007-CO, por unanimidad se declara inevacuable la consulta, por cuanto los diputados consultantes omiten formular alguna duda u objeción de constitucionalidad en los términos del artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  Se evacua la consulta legislativa n.° 19-023057-0007-CO. Por mayoría, se resuelve que el expediente legislativo n.° 21.478, proyecto de \"Ley  para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica\", no contiene vicios de constitucionalidad de carácter sustancial de procedimiento ni fondo, siempre y cuando, en el último caso,  se interpreta que la reforma al artículo 46 de  la Ley de Pesca y Acuicultura preserva de manera intacta las competencias que le corresponden a los órganos del Ministerio de Ambiente y Energía  (MINAE) de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. El magistrado Castillo Víquez pone nota. La magistrada Hernández López da razones separadas. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Los Magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y resuelven la consulta formulada en el expediente 19-23057-007-CO en el sentido de que el proyecto de Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica que se tramita en el expediente legislativo No. 21.478 contiene dos vicios sustanciales del procedimiento legislativo por infracción a los principios de objetivación de la tutela medio ambiental y de desarrollo sostenible democrático; así como de publicidad y transparencia. Por el fondo, declaran que la reforma propuesta al artículo 46 de Ley de Pesca y Acuicultura implica una violación a los principios de progresividad y no regresividad en la protección ambiental.  Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, y la magistrada Garro Vargas ponen nota separadas.  Notifíquese esta sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados consultantes…”.  (El resaltado no corresponde al original)\n\nEn este contexto, el agravio referente a la omisión del instituto recurrido de no realizar los estudios técnicos y científicos para su respectiva resolución -renovación de su licencia de pesca-, tal como acusa la parte recurrente en el líbelo de interposición del recurso de amparo, debe ser desestimada. Nótese, que de conformidad con lo expuesto, tal como estimó este Tribunal en la consulta legislativa de la Asamblea Legislativa sometida a su conocimiento, mediante la sentencia No.  2020013837 de las 18:30 horas del 22 de julio de 2020 determinó que “…el proyecto de ley no carece de sustento técnico, pues se basa en los resultados de una investigación debidamente fundamentada…” y siendo que dichos estudios técnicos y científicos para la reactivación de la pesca de arrastre de camarón, fueron presentados ante la Asamblea Legislativa, se descarta la acusada omisión y lo procedente es declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo como en efecto se dispone.\n\nIV.- SOBRE LA ACUSADA FALTA DE RESOLUCIÓN DE LA GESTIÓN PRESENTADA POR EL AMPARADO EN FECHA 18 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE LA CUAL SOLICITÓ LA RENOVACIÓN DE SU LICENCIA DE PESCA NO. H-0091-01-PTS-1903-12 -PARA LA PESCA DE CAMARÓN CON REDES DE ARRASTRE. Al respecto, acusa el recurrente que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INFOPESCA) no ha resuelto su gestión del 18 de marzo de 2020, mediante la cual solicitó la renovación de su licencia de pesca No. H-0091-01-PTS-1903-12.  En cuanto a la posible violación de lo dispuesto en el artículo 41, constitucional por la falta de pronunciamiento reclamada, se debe advertir que a efecto de resolver dicho extremo, la Administración requiere de un proceso investigativo y de estudio que la lleve a dictar un criterio técnico de manera fundada. A partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala consideró que la discusión sobre si la Administración Pública cumple o no con los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una cuestión de legalidad ordinaria que deberá ser reclamada en la jurisdicción contencioso administrativa. De otra parte, el fondo de la queja interpuesta, es un asunto de legalidad ordinaria, puesto que está relacionada con una solicitud de licencia de pesca, que debe resolverse ante la administración o en la vía judicial correspondiente. Por lo tanto, deberá la parte recurrente, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.  En consecuencia, el recurso es improcedente y así debe declararse.\n\nV. VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. La suscrita Magistrada declara con lugar el presente recurso respecto la realización de los estudios pertinentes, conforme lo ha explicado en su voto salvado a la resolución de la consulta legislativa 2020-13837.\n\nVI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto de la acusada falta de estudios pertinentes como requisito del otorgamiento de las licencias para la pesca de camarón con redes de arrastre y declara con lugar el recurso, con todas sus consecuencias.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRonald Salazar Murillo\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*Z4MMECJASNA61*\n\nZ4MMECJASNA61\n\nEXPEDIENTE N° 20-014292-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 23:52:24.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 19825 - 2020\n\nResolution Date: October 16, 2020 at 09:30\n\nCase File: 20-014292-0007-CO\n\nDrafted by: Anamari Garro Vargas\n\nReviewed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\n\n\n\nResolution Text\n\n*200142920007CO*\n\nExp: 20-014292-0007-CO\n\nRes. No. 2020019825\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the sixteenth of October of two thousand twenty.\n\n              Amparo action processed in case file number 20-014292-0007-CO, filed by JOSÉ FERNANDO VEGA FIGUEROA, against THE COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE.\n\nWhereas:\n\nBy brief received at the Secretariat of the Chamber at 17:42 hours on August 10, 2020, the petitioner files an amparo action against the executive president and the head of the Department of Protection and Registration, both of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA), and states that through resolution of the executive presidency of INCOPESCA No. PEP-0202-04-2011-H-00991-01-PTS-1306-11, at 11:00 hours on March 24, 2011, he was granted license No. H-0091-01-PTS-1210-10, of a semi-industrial commercial shrimp boat type. He adds that the Department of Protection and Registration of INCOPESCA, through official letter No. RPRI-03-01-2012 N° H-0091-01-PTS-1903-12, at 8:15 hours on December 3, 2012, last renewed his fishing license, granting him the new consecutive license No. H-0091-01-PTS-1903-12, valid until January 27, 2018. He accuses that on January 3, 2018, he submitted to the Department of Protection and Registration a request for renewal of his fishing license No. H-0091-01-PTS-1903-12, but it was denied because INCOPESCA had not carried out the technical and scientific studies ordered by the Constitutional Chamber through judgment No. 2013-10540 of August 7, 2013. He adds that the head of the Department of Protection and Registration, through official letter No. PRI-058-02-2018 of February 9, 2018, indicated that since no legal reform or technological backing existed, it was not possible to authorize the renewal. He claims that his economic activity has been affected and that he is currently conditioned on INCOPESCA carrying out the necessary technical and scientific studies to proceed with the required legal reform. He adds that the foregoing is the only means to reactivate shrimp bottom trawling (pesca de camarón con redes de arrastre por el fondo), which is of great socio-economic importance for him and the people of Puntarenas. He relates that on March 18, 2020, he again requested before the Department of Protection and Registration the renewal of his fishing license No. H-0091-01-PTS-1903-12 for shrimp trawling (pesca de camarón con redes de arrastre), but he has received no response and the proceeding is pending resolution, nor have the technical and scientific studies referred to above been carried out for its resolution. For the reasons stated, he appeals to the Chamber in protection of his fundamental rights and requests that the action be granted.\n\nBy resolution at 14:17 hours on August 14, 2020, this action was admitted, which was notified to the respondents on August 20 and 21, 2020.\n\nHeiner Jorge Méndez Barrientos reports under oath, in his capacity as Special Judicial Representative of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA), that on August 24, 2020, through official letter PRI-295-2020, the head of the Department of Protection and Registration of Incopesca responded to the request for renewal of Fishing License No. H-0091-01-PTS-1903-12, for the shrimp boat named Luis Guillermo, rejecting it based on the resolution of August 7, 2013, which declared shrimp bottom trawling unconstitutional and because no legal reform exists to authorize the requested renewal. He notes that the plaintiff did not indicate a means for notifications in his brief, and that on August 25, an attempt was made to notify him personally at his home, but it was impossible because no one was at the residence. As for the technical and scientific studies ordered by the Constitutional Chamber (judgment No. 2013040540), these were carried out and submitted to the Legislative Assembly for its consideration. He points out that the petitioner is fully aware of the processes being followed with the bill before the Legislative Assembly on shrimp fishing, so his claim is unnecessary. He requests that the action filed be dismissed.\n\nBy brief received at the Secretariat of the Chamber at 15:01 hours on August 31, 2020, the petitioner reiterates his statements and replies to the report submitted by the respondent authority. He affirms that the obligation and commitment to carry out the necessary studies has been established since December 6, 2013, which has not been fulfilled. He points out that the entity mentions having done the reports but does not mention the date, despite it being public news that they were carried out at the end of 2019, after six long years. They accuse that the response was given after the notification of this action.\n\nBy certification issued on September 2, 2020, the Secretariat of the Constitutional Chamber certifies that the executive president and the head of the Department of Protection and Registration, both of the National Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA), did not submit any brief or document to render the report requested in the initial amparo order.\n\nDaniel Carrasco Sánchez and Edwin Salazar Serrano report under oath, in their capacity as executive president and head of the Department of Protection and Registration, respectively, both of the National Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA), and they do so in the same sense as the Special Judicial Representative of the Institute.\n\nThe legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\n              Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nObject of the action. The petitioner considers his fundamental rights have been harmed. He accuses that: A- the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA) has not resolved his claim of March 18, 2020, through which he requested the renewal of his fishing license No. H-0091-01-PTS-1903-12 -for shrimp trawling- and also; B- that the respondent institute has not carried out the technical and scientific studies for its respective resolution -renewal of his fishing license-.\n\nProven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) The petitioner is the owner of the shrimp boat named Luis Guillermo, registered with license plate P-006896 (folio 12 of the electronic case file).\n\nb) On March 12, 2019, the executive president of Incopesca presented to the Legislative Assembly the final report of an investigation aimed at assessing bycatch (factores de exclusión) reduction in shrimp fishing (consultation of bill No. 21478 on the Legislative Assembly website).\n\nc) On March 18, 2020, the petitioner requested before the Department of Protection and Registration the renewal of his fishing license No. H-0091-01-PTS-1903-12 for shrimp trawling, without indicating a means to receive notifications (folio 29 of the electronic case file).\n\nd) Through official letter PRI-295-2020, dated August 24, 2020, the head of the Department of Protection and Registration of Incopesca responded to the request for renewal of Fishing License No. H-0091-01-PTS-1903-12 for the shrimp boat named Luis Guillermo, rejecting it, and on August 25, 2020, an attempt was made to notify the amparo petitioner at his domicile, but it was not possible (folios 50 and 59 of the electronic case file).\n\nREGARDING THE TECHNICAL STUDIES. In the present matter, the plaintiff considers that the respondent Institute has not complied with carrying out the technical and scientific studies that were required to reactivate shrimp bottom trawling. For their part, the respondent authorities report, under oath, that the technical and scientific studies ordered by the Constitutional Chamber in judgment No. 2013010540 were carried out and submitted to the Legislative Assembly for its consideration.\n\n              On this point, it is necessary to clarify that what this Court ordered in the cited judgment was that the phrase “del camarón con red de arrastre” (\"for shrimp with bottom trawl\"), from point d) subsection 27 of article 2 and from subsection d) of article 43, as well as subsections a) and b) of section 47, all of the Fisheries and Aquaculture Law, Ley 8436 of March 1, 2005, is unconstitutional. This implies that from that moment on, no new permits, authorizations, or licenses may be granted, or expired ones renewed, or inactive ones reactivated for shrimp bottom trawling, without prejudice to rights acquired in good faith, under certain conditions and until their expiration; and that -in the future- the annulled categories could be reinstated under certain conditions, subject to prior legal reform “and with the corresponding scientific and technological backing.” In other words, it was not that studies were ordered to be carried out, but rather that it was indicated that, to reinstate the licenses, a law reform with adequate support must take place.\n\n              In subsequent resolutions, this Constitutional Chamber (vote 2018014168) and the Administrative Appeals Court (resolution No. 277-2018-I) ordered the respondent Institute to carry out the “necessary technical and scientific studies that demonstrate a significant reduction in bycatch (captura incidental) compatible with democratic sustainable development” and to conclude “definitively the technical-environmental studies that determine the viability of sustainable shrimp fishing, so that it may be submitted to the Legislative Assembly for the legal regulation of the topic.”\n\n              More recently, this Chamber, through resolution No. 2020013837 at 18:30 hours on July 22, 2020, issued an opinion on a facultative legislative consultation regarding the approval of the “LAW FOR THE SUSTAINABLE USE OF SHRIMP FISHING IN COSTA RICA” and regarding the technical and scientific studies, stated:\n\n“…Regarding the violation of Constitutional Articles 6 and 7 and international norms aimed at protecting natural resources. The consultants question the project under study, considering that no technical studies exist that determine with certainty that the semi-industrial bottom trawling activity can be carried out sustainably and avoid serious environmental and social damage. For these purposes, they again refer to what was ordered in judgment No. 2013-10540. As developed in Considering IV.a, legislative file number 21.478 is based on the study called “Assessment of the exclusion percentages of shrimp bycatch fauna (Fauna de Acompañamiento del Camarón, FACA) in bottom trawling for deep-water shrimp Pinki, Farfantedepenaus brevirostris, and Fidel, Solenocera agassizii, using different mesh sizes and devices (TEDs, BRDs, AND DOUBLE MESH), in the Costa Rican Pacific Ocean” (visible at folios 96 to 188 of the legislative file), which was prepared by INCOPESCA as a result of the orders issued by the Constitutional Chamber in judgment No. 2018-14168 and the interlocutory and precautionary resolution 277-2018-I of the First Section of the Administrative Appeals Court, whose description was cited in the referred section. Thus, it is reiterated that, contrary to what was indicated by the consultants, it is evident that the bill does not lack technical support, as it is based on the results of a duly founded investigation. Indeed, some institutions question the standards used for the cited study; however, the fact is that the study in question demonstrated that the minimum criteria set by the FAO are met, and, on the other hand, the granting of licenses is conditioned on the completion of other technical-scientific studies. In this way, and upon better weighting, it is not only inappropriate for this Court to review the expertise with which a technical study was conducted, which would merit a legality discussion in which different experts must have ample opportunity to uphold and debate their criteria, which is not characteristic of a constitutionality process, but rather, most importantly, the consulted bill also subjects the granting of eventual licenses to the completion of future complementary technical studies that must contemplate the aspects claimed by the consultants regarding biomass, the seabed, social and economic matters, and all those that ensure the sustainability of the marine resource and promote democratic sustainable development. No unconstitutionality is observed regarding compliance with the international treaties signed by our country, since the legislator's actions conform to the precautionary principle, by taking all possible measures, without this necessarily implying the absolute prohibition of an activity, under a new scenario in which its execution can be carried out under parameters of sustainable development, where not only the environment is protected, but also the social and productive sectors involved, without failing to provide for the future of those resources for future generations. Thus, given the technical feasibility on which the legislators based their decision to opt for re-authorizing shrimp bottom trawling; however, subject to various conditions that ensure compliance with all international and national instruments, such as the complementarity of other studies, no defect of unconstitutionality is seen. It must be duly clear that the legislator himself has defined the legal framework within which such a resource may be exploited; which, as already indicated, is conditioned not only on the use of efficient bycatch reduction devices (dispositivos excluidores) but also on the results of the remaining studies to be carried out, and these licenses could not be authorized in any way, regardless of the granted deadlines, if INCOPESCA does not first ensure compliance with the indicated protection standards, not only for environmental protection but also for the sectors involved in that economy and the rights of future generations. Consequently, the project does not dispense with the constitutional requirement of having technical studies as a prerequisite for the authorization of fishing licenses; rather, faced with the need to also resolve a substantive problem, a majority of legislators chose to transfer the responsibility of controlling the subjection of the fishing license to science and technique, in a specialized administrative body. Such a mechanism chosen by the legislator falls within the limits of the political discretion it enjoys to choose the measure it deems most opportune and adequate to satisfy a specific social need, without putting marine resources at risk and seeking sustainable development, which States are also called upon to fulfill under those same international instruments. In this case, the legislators have chosen to establish that legal framework that safeguards the bases under which licenses should be issued in the future, reserving to the regulation the development of the procedure and other requirements, which is entirely reasonable, to the extent that we are in the presence of technical matter and in a dynamic sphere subject to change, which could address the same imposed objectives more efficiently and timely. Likewise, that regulation and the very studies on which it is based are controllable through various procedural guarantees, in which there is also the possibility of issuing eventual precautionary measures, if pertinent. For all the reasons stated, it is not considered that the project under study contains the defect pointed out by the consultants (…) THEREFORE: Regarding case file No. 20-006822-0007-CO, the consultation is unanimously declared inevaluable, since the consulting deputies omit to formulate any doubt or objection of constitutionality in the terms of Article 99 of the Constitutional Jurisdiction Law. The legislative consultation No. 19-023057-0007-CO is issued. By majority, it is resolved that legislative file No. 21.478, the project \\\"Law for the sustainable use of shrimp fishing in Costa Rica\\\", does not contain substantial procedural or substantive defects of constitutionality, provided that, in the latter case, it is interpreted that the reform to Article 46 of the Fisheries and Aquaculture Law preserves intact the competencies corresponding to the bodies of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) in accordance with the current legal system. Magistrate Castillo Víquez notes. Magistrate Hernández López gives separate reasons. Magistrate Salazar Alvarado notes. Magistrates Cruz Castro, Rueda Leal, and Garro Vargas dissent and resolve the consultation formulated in case file 19-23057-007-CO in the sense that the bill for the Law for the sustainable use of shrimp fishing in Costa Rica, processed in legislative file No. 21.478, contains two substantial defects of the legislative procedure due to infringement of the principles of objectivation of environmental protection and democratic sustainable development; as well as publicity and transparency. On the merits, they declare that the proposed reform to Article 46 of the Fisheries and Aquaculture Law implies a violation of the principles of progressivity and non-regression in environmental protection. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal, and Magistrate Garro Vargas note separately. Notify this judgment to the Directorate of the Legislative Assembly and to the consulting deputies…”. (The highlighting does not correspond to the original)\n\nIn this context, the grievance referring to the omission by the respondent institute for not carrying out the technical and scientific studies for its respective resolution -renewal of his fishing license-, as the petitioner accuses in the filing brief of the amparo action, must be dismissed. Note that, in accordance with the foregoing, as this Court considered in the legislative consultation of the Legislative Assembly submitted to its knowledge, through judgment No. 2020013837 at 18:30 hours on July 22, 2020, it determined that “…the bill does not lack technical support, as it is based on the results of a duly founded investigation…” and since said technical and scientific studies for the reactivation of shrimp bottom trawling were presented to the Legislative Assembly, the accused omission is discarded, and it is appropriate to declare the action without merit regarding this point, as is hereby ordered.\n\nIV.- REGARDING THE ACCUSED LACK OF RESOLUTION OF THE CLAIM FILED BY THE PROTECTED PARTY ON MARCH 18, 2020, THROUGH WHICH HE REQUESTED THE RENEWAL OF HIS FISHING LICENSE NO. H-0091-01-PTS-1903-12 -FOR SHRIMP TRAWLING. In this regard, the petitioner accuses that the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA) has not resolved his claim of March 18, 2020, through which he requested the renewal of his fishing license No. H-0091-01-PTS-1903-12. Regarding the possible violation of Article 41 of the Constitution due to the claimed lack of pronouncement, it must be noted that in order to resolve this point, the Administration requires an investigative process and study leading it to issue a duly founded technical criterion. From vote No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has considered that the discussion on whether the Public Administration complies with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectorial laws for special administrative procedures, whether to resolve by final act an administrative procedure -initiated ex officio or at the request of a party- or to hear the appropriate administrative remedies, is a matter of ordinary legality that must be claimed in the administrative litigation jurisdiction. Moreover, the substance of the complaint filed is a matter of ordinary legality, since it is related to a fishing license application, which must be resolved before the administration or in the corresponding judicial venue. Therefore, the petitioner must, if he deems it appropriate, file his objections or claims before the respondent authorities or in the competent jurisdictional venue, venues where he may fully discuss the substance of the matter and assert his claims. Consequently, the action is inadmissible and must be declared as such.\n\nV. DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. The undersigned Magistrate grants the present action regarding the completion of the pertinent studies, as she has explained in her dissenting vote to the resolution of legislative consultation 2020-13837.\n\nVI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the petitioner that if any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, have been provided, they must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, they will all be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is declared without merit. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the accused lack of pertinent studies as a requirement for granting licenses for shrimp bottom trawling and grants the action, with all its consequences.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\nNancy Hernández L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nMarta Eugenia Esquivel R.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRonald Salazar Murillo\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n*Z4MMECJASNA61*\n\nZ4MMECJASNA61\n\nCASE FILE No. 20-014292-0007-CO\n\n \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 23:52:24.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }