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  "id": "nexus-sen-1-0034-1000041",
  "citation": "Res. 00610-2020 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Revocatoria de condena por daño social por falta de congruencia",
  "title_en": "Revocation of social-damage award for lack of congruence",
  "summary_es": "Esta resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago resuelve un recurso de apelación contra una sentencia penal que condenó por usurpación de bienes de dominio público y usurpación de aguas, y que además impuso una condena civil resarcitoria por daño patrimonial y daño social. El tribunal de apelación revoca parcialmente la condena: mantiene la condena por daño patrimonial (fijada en abstracto, a liquidar en ejecución de sentencia), pero elimina la condena por daño social, por violación al principio de congruencia entre demanda y sentencia. La Procuraduría demandó únicamente por el lucro cesante derivado del no pago del canon de concesión de aguas (daño patrimonial), sin describir en qué consistió el daño social. El tribunal señala que la mera invocación genérica de un daño social es insuficiente; la demanda debió especificar la afectación concreta a intereses difusos o colectivos (ej. afectación al caudal, vida silvestre, etc.). Al no hacerlo, la condena por daño social fue incongruente y debe revocarse. La decisión analiza el concepto de daño social y el estándar de alegación requerido.",
  "summary_en": "This ruling by the Cartago Criminal Sentencing Appeals Tribunal decides an appeal against a criminal sentence for usurpation of public domain assets and water usurpation, which also imposed civil damages for patrimonial and social harm. The appeals tribunal partially revokes the award: it upholds the patrimonial damages (set in the abstract, to be liquidated during sentence execution), but eliminates the social harm award for violating the principle of congruence between claim and judgment. The State’s Attorney (Procuraduría) only claimed lost revenue from unpaid water concession fees (patrimonial harm), without describing in what the social harm consisted. The court holds that a generic invocation of social harm is insufficient; the claim must specify the concrete impact on diffuse or collective interests (e.g., effect on water flow, wildlife, etc.). Because it did not, the social harm award is incongruent and must be revoked. The decision analyzes the concept of social harm and the required pleading standard.",
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  "date": "16/10/2020",
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    "Criminal Sentencing Appeals Tribunal of Cartago"
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  "excerpt_es": "De acuerdo con lo anterior, por más que la Procuraduría General de la República reclame en sus pretensiones la existencia de un daño social, debió o atribuirlo de manera clara para que los demandados civiles pudieran ejercer adecuadamente su defensa y pudieran presentar las pruebas y alegatos que estimaran pertinentes en contra de dicha atribución. Al no proceder de esa manera la representación estatal, no podía existir una condena por daño social en la sentencia impugnada, pues ello implica una vulneración al principio de congruencia entre demanda y sentencia […]\n\nEn el presente asunto, los motivos invocados por la representación del Estado para reclamar una indemnización consistieron en la falta de pago del canon por la concesión de aguas por parte los demandados civiles, lo que habría generado un perjuicio importante al dejar de recibir las instituciones estatales los recursos para proteger adecuadamente el recurso hídrico, pero nunca se explicó entre dicha motivación en qué habría consistido ese daño social.",
  "excerpt_en": "In accordance with the foregoing, no matter how much the Attorney General's Office asserts the existence of social harm in its claims, it should have attributed it clearly so that the civil defendants could properly exercise their defense and present evidence and arguments they deemed relevant against that attribution. By not proceeding in that manner, the State’s representation could not obtain a social harm award in the challenged judgment, because that violates the principle of congruence between claim and judgment […]\n\nIn this case, the grounds invoked by the State’s representative to claim compensation consisted of the failure to pay the water concession fee by the civil defendants, which allegedly caused significant harm by depriving state institutions of resources to adequately protect water resources, but it was never explained within those grounds what that social harm would have consisted of.",
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    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The social-harm award is revoked for lack of congruence, but the abstract patrimonial damages award is upheld.",
    "summary_es": "Se revoca la condena por daño social por falta de congruencia, pero se mantiene la condena por daño patrimonial en abstracto."
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      "quote_en": "the concept of social harm refers to a loss of societal well-being due to unlawful human action",
      "quote_es": "el concepto de daño social hace referencia a una pérdida del bienestar de la sociedad por la acción humana contraria a derecho"
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      "quote_es": "al igual que ocurre con cualquier otro tipo de daño, este debe ser cierto y no eventual, por lo que la descripción del hecho que motiva el reclamo civil debe especificar en qué consiste el menoscabo"
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1000041",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago\n\nResolución Nº 00610 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 16 de Octubre del 2020 a las 10:50\n\nExpediente: 16-000019-0611-PE\n\nRedactado por: Christian Giovanni Fernández Mora\n\nClase de asunto: Recurso de apelación penal\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto unánime\n\nRama del Derecho: Derecho Procesal Penal\n\nTema: Acción civil por daño social\n\nSubtemas:\n\nConcepto de daño social.\nAnálisis sobre el principio de congruencia con relación a la acción civil resarcitoria.\n\nTema: Acción civil resarcitoria\n\nSubtemas:\n\nConcepto de daño social.\nAnálisis sobre el principio de congruencia con relación a la acción civil resarcitoria.\n\nTema: Principio de congruencia\n\nSubtemas:\n\nAnálisis sobre el principio de congruencia con relación a la acción civil resarcitoria.\n\n\"II.- [...] De acuerdo con lo anterior, por más que la Procuraduría General de la República reclame en sus pretensiones la existencia de un daño social, debió o atribuirlo de manera clara para que los demandados civiles pudieran ejercer adecuadamente su defensa y pudieran presentar las pruebas y alegatos que estimaran pertinentes en contra de dicha atribución. Al no proceder de esa manera la representación estatal, no podía existir una condena por daño social en la sentencia impugnada, pues ello implica una vulneración al principio de congruencia entre demanda y sentencia establecido por el artículo 61.2 del Código Procesal Civil, que dispone: “61.2. Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte”. Dicha norma encuentra relación con los requisitos de interposición de la acción civil resarcitoria, comprendidos por el artículo 112 del Código Procesal Penal, entre los que se encuentra: “d) Los motivos en que se basa, con indicación del carácter que se invoca y el daño cuya reparación se pretenda, aunque no precise el monto”. En el presente asunto, los motivos invocados por la representación del Estado para reclamar una indemnización consistieron en la falta de pago del canon por la concesión de aguas por parte los demandados civiles, lo que habría generado un perjuicio importante al dejar de recibir las instituciones estatales los recursos para proteger adecuadamente el recurso hídrico, pero nunca se explicó entre dicha motivación en qué habría consistido ese daño social. En ese sentido, debe señalarse que el concepto de daño social hace referencia a una pérdida del bienestar de la sociedad por la acción humana contraria a derecho, y por eso señala la doctrina que: [...]\"\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\n1*\n\n*160000190611PE**\n\n* *\n\nExpediente: 16-000019-0611-PE*\n\nContra: [Nombre1]    y otra *\n\nDelito: Usurpación de bienes de dominio público *\n\nParte ofendida: Los Recursos Naturales *\n\nRes: 2020-610*\n\nExp: 16-000019-0611-PE *\n\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Primera. A las diez horas cincuenta minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinte.*\n\nRecurso de apelación de sentencia penal interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]   ,* mayor, nacido el cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, con cédula de identidad número CED1 –     –    , y Truchas reales de Costa Rica Sociedad Anónima,* por el delito de Usurpación de bienes de dominio público en concurso ideal con un delito de usurpación de aguas, en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso los jueces Christian Fernández Mora, David Fallas Redondo y la jueza Ivette Carranza Cambronero. Se apersonaron en apelación el licenciado Adrián Fernández Rodríguez en calidad de defensor particular del imputado y representante de la demandada civil solidaria, así como, la licenciada Beatriz Sarmiento Chávez, en representación de la Procuraduría General de la República.*\n\nResultando:*\n\n* 1. Que mediante sentencia número 351-2020 de las siete horas cincuenta y cinco minutos del ocho de julio de dos mil veinte, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con lo expuesto artículos 39, 41 y 50 de la Constitución Política, numerales 1, 11, 18, 19, 20, 21, 30, 45, 50, 51, 59 al 63, 71, 75, 103, 106, 226 y 227 del Código Penal; artículos 122 al 125 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941; nominales 1 al 6, 9, 12, 13, 16, 37, 38, 40, 71, 111, 112, 142, 180 al 184, 265 al 270, 303, 341 al 368 del Código Procesal Penal; ordinales 1045 y 1046 del Código Civil; ordinales 1, 3, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículos 1al 3, 6, 9 al 11 de la Ley de Biodiversidad N° 7788, numerales 1 al 3, 17, 21, 27, 137, 175 al 185 Ley de Aguas, nominales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ambiente; habiéndose declarado al acusado [Nombre1]    autor responsable de un delito de USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO en concurso ideal con delito de USURPACIÓN DE AGUAS cometidos en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, y en tal carácter se le impuso la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, otorgándosele el Beneficio de Ejecución Condicional de la Pena por el plazo de tres años, este Tribunal resuelve: Se declara CON LUGAR la Acción Civil Resarcitoria incoada por el Estado en representación de la Procuraduría General de la República, en contra de los demandados civiles [Nombre1]    y TRUCHAS REALES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por lo que se condena a ambos demandados civiles al pago en forma solidaria a favor del Estado, por concepto de daño social provocado, el monto en TRES MILLONES DE COLONES (¢ 3000 000); además, se condena al pago del daño patrimonial provocado, el cual se condena en abstracto, debiendo recurrir el interesado a la vía civil correspondiente para su respectiva fijación. Aunado a lo anterior, los demandados civiles deberán cancelar los intereses legales y moratorios desde el momento de la firmeza del presente fallo y hasta su efectivo pago. Se condena a los demandados civiles en forma solidaria al pago de las costas civiles del proceso, las cuales serán fijadas en el respectivo proceso de ejecución de sentencia. Una vez firme la presente sentencia, comuníquese al Registro Judicial y Adaptación Social, para lo que corresponda, y expídasen (sic) los respectivos testimonios de sentencia. NOTIFÍQUESE MEDIANTE LECTURA.*- CÉSAR LARA FALLAS. JUEZ DE JUICIO DE [Nombre2] .\"  *\n\n* 2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Adrián Fernández Rodríguez interpuso el recurso de apelación. *\n\n* 3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.*\n\n* 4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.*\n\n* Redacta el Juez Fernández Mora, y;*\n\nConsiderando:* *\n\nI.- Por cumplir con los requisitos legales, se admite para su estudio de fondo el recurso de apelación incoado por Adrián Fernández Rodríguez, en representación del imputado [Nombre1]    y de la demandada civil solidaria Truchas Reales de Costa Rica S.A., pues fue interpuesto en tiempo, por un interviniente legitimado para ello, así como de la lectura de la impugnación, resulta posible comprender los reclamos realizados, en aras de proceder con el análisis integral del fallo. *\n\nII.- En el recurso* planteado* se alega que el juicio de reenvío ordenado por esta Cámara no versaba en términos genéricos sobre la responsabilidad civil de sus representados, sino solo sobre lo dispuesto en el voto 2019-420, que en concreto dice: “La anulación comprende el hecho quinto que se tuvo por acreditado en la querella, así como los hechos quinto y sexto de la acción civil resarcitoria que se consideraron demostrados, los que deberán ser nuevamente discutidos en el juicio de reenvío ordenado”. Señala que los hechos quinto y sexto de la acción civil lo que reclama es que su representado tomó agua del río Buenavista y no pagó el canon, lo cual según el Estado le generó un perjuicio. Por su parte, el hecho quinto de la querella indica lo mismo que el hecho quinto de la acción civil, relacionado con el no pago del canon. En ninguno de los hechos se hizo referencia a la existencia de un daño social o de un daño ambiental, sino que se limita únicamente al tema del daño por el no pago del canon por el uso del agua. Bajo esa premisa, lo único que podía discutirse en el debate era si el no pago del canon generó algún daño al Estado y cuál era el monto de este. En el objeto de discusión del nuevo debate no estaba incluido el cobro del daño social, de manera que el juez incurrió en una violación al principio de correlación entre acusación y sentencia, previsto por el artículo 365 del Código Procesal Penal. Considera que el juzgador violentó el artículo 170 de la Ley Orgánica del Poder Judicial porque entró en conflicto con su superior jerárquico, apartándose de lo resuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Señala que, pese a los esfuerzos de justificación del juzgador sobre el daño social, no existe prueba en el expediente de que se haya dado un daño ambiental. Era la Procuraduría la que tenía el deber de probar que existió este daño, pero eso no se demostró porque el hecho de que se tomara el agua por sí solo no constituye un daño, porque en el proyecto desarrollado por la empresa Truchas Reales de Costa Rica S.A., el agua no se consume, sino que entra por una compuerta y sale por otra, con el fin de oxigenar los estanques, sin generar ningún tipo de afectación o contaminación al cauce del río o del medio ambiente. Ni los testigos de la parte actora civil pudieron acreditar ese supuesto daño y no existe ninguna prueba científica que determine que la actividad de la empresa generó un daño. Para el recurrente no existe relación de causalidad entre los hechos por los que el señor [Nombre1]    fue condenado penalmente y por los que el Estado pretende una indemnización. En el caso concreto, el pago del canon no tiene incidencia en la producción o no de un daño social, pues independientemente de que se haya pagado, el agua siempre se utilizó, y señalar que porque se utilizó el agua se generó un daño social rompe con el análisis lógico de causalidad, pues habría que decir que si se hubiera pagado el canon también se hubiera dado un daño ambiental, pues en ambos supuestos se habría utilizado el agua. La sentencia no soporta ese análisis lógico de causalidad, por lo que debe ser anulada. En cuanto al daño patrimonial, que es lo que sí podría ser objeto del debate, considera que ese rubro tampoco podía ser cobrado porque el canon solo podía cobrarse si existía una concesión aprobada, tal como lo dijeron los testigos de la Dirección de Agua: [Nombre3]  , [Nombre4]  y [Nombre5] . Considera que la ilegalidad del cobro del canon obligaba a que se declarara con lugar la excepción de falta de derecho, pero no ya por falta de causalidad, sino por impedimento legal, pues no podría dársele al Estado como indemnización algo que el mismo Estado ha indicado que es ilegal y que el mismo Estado se negó a cobrar, pues consta que el imputado ofreció pagar al Estado, pero éste se negó a recibir ese pago en la audiencia preliminar como forma de conciliación. El recurrente considera que no es por medio de una acción civil como se podían cobrar dichos rubros, sino a través de un proceso cobratorio, pues no estamos en presencia de un daño, sino de una infracción administrativa por el no pago de un canon. Además, aunque se determinara que el Estado tenía derecho a cobrar el daño patrimonial, no existe forma alguna de cuantificarlo, por cuanto la Dirección de Aguas y la Procuraduría no siguieron el procedimiento matemático correcto para establecer la cantidad de agua que se consumió, para lo cual basta observar la declaración del testigo [Nombre4] , en relación con el documento DA-UHTPSOZ-0560-2017, de fecha 25 de octubre de 2017. Luego de hacer una serie de conclusiones en relación con dichos cálculos, el recurrente manifiesta que los aforos no pueden volver a realizarse, porque se trata de prueba irrepetible, ya que el proyecto tiene actualmente una concesión y está vigente, según palabras del señor [Nombre3]  , y según consta en la prueba documental aportada por la defensa. En otras palabras: es imposible medir en el año 2020 los caudales utilizados por el proyecto en el año 2015 y 2016, pero eso no lo entiende el juez penal, quien remitió al Estado a plantear un proceso de ejecución de sentencia para cuantificar esos rubros, obligando a la empresa Truchas Reales de Costa Rica S.A. a atender un proceso de ejecución de sentencia e incurrir en los costos que implica, cuando se sabe a priori que la cuantificación del daño pretendido es física y materialmente imposible. Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la condenatoria civil impuesta a sus representados y que en su lugar, se condene al Estado al pago de las costas personales generadas por la acción civil resarcitoria, condenatoria que debe ser en favor tanto del imputado como de la empresa Truchas Reales de Costa Rica. El recurso se declara parcialmente con lugar: El recurrente alega que el juicio de reenvío ordenado por esta Cámara mediante la resolución 2019-420 de las 14:00 horas del 6 de setiembre de 2019 no abarcaba la responsabilidad civil de sus representados en términos genéricos, sino únicamente lo relacionado con el daño patrimonial atribuido por el no pago del canon al Estado por la utilización de las aguas del río [Dirección1], por lo que no estaba incluido el cobro por el daño social y al hacerlo la sentencia incurrió en el vicio de falta de congruencia. Sin embargo, de la revisión de la mencionada resolución de este despacho, se observa que no lleva razón el impugnante, pues de forma clara se señaló que el juicio de reenvío debía versar sobre todo lo referente a la eventual responsabilidad civil de los demandados, al indicarse: “…corresponde anular parcialmente la sentencia y el debate respectivo, solo en cuanto a todo lo atinente a la declaratoria con lugar de la acción civil resarcitoria contra José [Nombre1]   y Truchas Reales de Costa Rica S.A. y los montos fijados, como consecuencia de ello, por daño patrimonial y daño social, así como la condenatoria en costas por dicha acción; se ordena el reenvío para que el mismo tribunal, con distinta integración, resuelva sobre este extremo. La anulación comprende el hecho quinto que se tuvo por acreditado en la querella, así como los hechos quinto y sexto de la acción civil resarcitoria que se consideraron demostrados, los que deberán ser nuevamente discutidos en el juicio de reenvío ordenado” (El resaltado es suplido). Como se observa, otra integración de este mismo Tribunal consideró que la sentencia que había dispuesto la condenatoria de los demandados civiles, carecía de la adecuada fundamentación y ordenó la realización de un juicio de reenvío para conocer todo lo atinente a la acción civil resarcitoria, lo que incluía la atribución del daño patrimonial y daño social. En lo que sí lleva razón el recurrente es que la sentencia estableció la existencia de un daño social en perjuicio del Estado, pese a que no se encuentra el debido correlato en la demanda planteada por la Procuraduría General de la República. En ese sentido, debe señalarse que los hechos cuarto, quinto y sexto de la acción civil resarcitoria son los que hacen referencia al daño que reclama esa entidad del Estado, pues señalan: “CUARTO: Así pues, con la finalidad de atender la solicitud [Nombre1] , los funcionarios [Nombre4]   y [Nombre5]   de la Dirección de Agua, se apersonaron en varias ocasiones a la finca de marras, encontrándose con la irregularidad de que el aquí encartado, a sabiendas de que no tenía concesión de aprovechamiento de agua y con el propósito de lucro, desvió y tomó a su favor, aguas públicas del rio Buenavista, tomándolas incluso, en mayor cantidad de la requerida por él, en la gestión número 2013822, cuyo fin es el cultivo de truchas, para lo cual tenía once estanques dentro de su propiedad. Dado lo anterior, se le hizo las advertencias legales al encartado, que era necesario la autorización del Estado para el aprovechamiento de aguas, no obstante, el encartado obvió estas advertencias y por el contrario continuó usurpando agua del río Buenavista, lo cual se logra corroborar mediante inspecciones que realiza la Dirección de Agua, en las fechas que a continuación se detallan. QUINTO: 26 de abril de 2016, aforo 676.7 litros por segundo;*  de setiembre del 201, aforo 00.9 litros por segundo; 10 de octubre del 201, aforo 124.3 litros por segundo; 02 de noviembre del 201, aforo 1.344. litros por segundo; 18 de enero del 2017, aforo 748. Litros por segundo; 30 de mayo del 2017, aforo 73.8 litros por segundo, con lo cual, el Estado dejó de percibir la suma de cinco millones doscientos cincuenta y un mil novecientos ochenta y cinco colones, por concepto de canon, en razón del agua tomada ilegalmente por [Nombre1]   . SEXTO: El demandado civil en conjunto con la empresa Truchas Reales de Costa Rica, ocasionaron un daño patrimonial al Estado, al tomar de manera ilegal agua del río Buenavista con fines de lucro y sin pagar el canon correspondiente por su aprovechamiento, con lo cual, contribuyen a que programas como SINAC, FONAFIFO, CONCURE perciban menor cantidad de dinero, a falta de ese canon, resultando por ende, un perjuicio importante, pues se deja de proteger adecuadamente el recurso hídrico por falta de presupuesto para cubrir esos programas específicos. Aunado que por tratarse el agua de un bien demanial y de interés social, todos nos vemos afectados si no se regula de manera racional y equilibrada, ya que su uso debe ser proporcional” (Así en el original). Como se observa, la acción civil resarcitoria lo que reclama con total claridad es la existencia de un daño patrimonial por la suma dejada de percibir por el Estado por concepto del canon correspondiente a la concesión de aguas, pero la atribución se vuelve abstracta en relación con el daño social, puesto que simplemente refiere que por ser el agua un bien de interés social, “todos nos vemos afectados” (sin indicar a quién hace referencia el sustantivo “todos”: los costarricenses, la comunidad cercana al río Buenavista, la especie humana, etc.), para seguidamente indicar que esa afectación existe si no se regula su uso de manera racional, equilibrada y proporcional. De acuerdo con lo anterior, por más que la Procuraduría General de la República reclame en sus pretensiones la existencia de un daño social, debió o atribuirlo de manera clara para que los demandados civiles pudieran ejercer adecuadamente su defensa y pudieran presentar las pruebas y alegatos que estimaran pertinentes en contra de dicha atribución. Al no proceder de esa manera la representación estatal, no podía existir una condena por daño social en la sentencia impugnada, pues ello implica una vulneración al principio de congruencia entre demanda y sentencia establecido por el artículo 61.2 del Código Procesal Civil, que dispone: “61.2. Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte”. Dicha norma encuentra relación con los requisitos de interposición de la acción civil resarcitoria, comprendidos por el artículo 112 del Código Procesal Penal, entre los que se encuentra: “d) Los motivos en que se basa, con indicación del carácter que se invoca y el daño cuya reparación se pretenda, aunque no precise el monto”. En el presente asunto, los motivos invocados por la representación del Estado para reclamar una indemnización consistieron en la falta de pago del canon por la concesión de aguas por parte los demandados civiles, lo que habría generado un perjuicio importante al dejar de recibir las instituciones estatales los recursos para proteger adecuadamente el recurso hídrico, pero nunca se explicó entre dicha motivación en qué habría consistido ese daño social. En ese sentido, debe señalarse que el concepto de daño social hace referencia a una pérdida del bienestar de la sociedad por la acción humana contraria a derecho, y por eso señala la doctrina que: “En este sentido, consideramos que debe definirse como aquel menoscabo, afectación, detrimento, disminución o pérdida del bienestar social (dentro del contexto del derecho a un ambiente sano), ocasionado como producto de un comportamiento humano contrario al ordenamiento o en apego a este (lícito o ilícito), el cual sufre injustamente una pluralidad de individuos, quienes pueden constituir desde un grupo determinado hasta la colectividad en general, al producirles una afectación material o inmaterial a sus intereses difusos o colectivos, relevantes para el ordenamiento y, ante el cual, surge el deber de reparar lo causado” ([Nombre7] , . & Sibaja López, I. (2011). El daño social: su conceptualización y posibles aplicaciones. Revista Judicial, Costa Rica, No. 101, pág. 140). Al igual que ocurre con cualquier otro tipo de daño, este debe ser cierto y no eventual, por lo que la descripción del hecho que motiva el reclamo civil debe especificar en qué consiste el menoscabo, afectación, detrimento, disminución o pérdida del bienestar social en el caso concreto. Es por eso que no resulta aceptable que pueda considerarse la existencia de una responsabilidad por daño social cuando la atribución no establece en qué habría consistido ese daño específico, sino que se indique de manera genérica que por ser el agua un bien de interés social, la generalidad de la población se ve afectada con la actuación del imputado al tomar agua de manera ilícita del cauce del río Buenavista. Es cierto que la acción civil resarcitoria indica que el imputado al no pagar el canon correspondiente a la concesión de aguas desfinanció programas dedicados a la protección del recurso hídrico, pero esto constituye una consecuencia inmediata de ese daño patrimonial reclamado y que fue concedido en sentencia, no una afectación al bienestar social de la comunidad, por lo que a lo sumo podría considerarse una manifestación material del daño social, que resulta equivalente al daño material que se concedió (una especie de lucro cesante para el Estado). En todo caso, de haber existido tal menoscabo a intereses difusos o colectivos, tenía que establecerse en específico en la demanda civil en qué habría consistido en el caso concreto esa lesión no patrimonial a los intereses de la colectividad, estipulando por ejemplo: cómo la utilización de las aguas del río Buenavista por parte de los demandados afectó su caudal y el abastecimiento de agua de otras personas de la comunidad, si dicho comportamiento afectó la vida silvestre o acuática, entre otras posibilidades reales que podrían haber generado un daño social a la colectividad, y no simplemente un argumento especulativo como el planteado en el último párrafo del hecho sexto de la acción civil resarcitoria, relacionado con la necesidad de regular adecuadamente el uso proporcional del agua por ser un bien de interés social. Lo anterior era sumamente importante de establecerlo entre los hechos de la acción civil resarcitoria, porque como lo indica el recurrente y consta en la resolución No. 0145-2013-SETENA (visible a folios 19-26 del tomo I del expediente principal) el proyecto desarrollado por la empresa Truchas Reales de Costa Rica S.A., solamente iba a utilizar el caudal de agua para oxigenar los estanques donde se reproducían las truchas y el agua regresaba al cauce del río sin incumplir los límites máximos permitidos del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (ver dictamen pericial DCF: 2017-01704-TOX de folios 626-628 del tomo II del expediente principal), por lo que no se entiende cuál habría sido el daño social que se causó con la actividad del imputado que se acreditó en sentencia, por lo que se evidencia el vicio de falta de congruencia señalado. De ahí que deba revocarse la sentencia en cuanto a la concesión de la condena por concepto de daño social en el caso concreto. En lo que no lleva razón el recurrente es con que tampoco procediera la condena por el daño patrimonial que se dispuso en sentencia, pues como ya se ha indicado, la actuación ilícita del imputado de tomar las aguas del cauce del río Buenavista sin contar con la concesión para ello, constituyó una suerte de lucro cesante para el Estado, porque de haber actuado el sentenciado conforme a derecho, debió haber pagado el canon respectivo a dicha concesión, por lo que le asiste el derecho al Estado para reclamar dichas sumas dejadas de percibir, sin que resulten de recibo los alegatos realizados por el recurrente en relación a que fuese ilegal dicho cobro, pues según lo dispone el artículo 171 de la Ley de Aguas No. 276 del 27 de agosto de 1942, dicho cobro obedece a un impuesto establecido para todos los aprovechamientos de agua, de forma tal que toda persona que aproveche las aguas públicas existe la obligación de cancelar dichos impuestos y haber seguido el procedimiento establecido para obtener una concesión. En este caso, lo que se acreditó fue que en el año 2013 el demandado civil [Nombre1]  inició con el procedimiento respectivo para obtener una concesión de aguas para aprovecharlas en la actividad lucrativa del cultivo de truchas, pero antes de obtener la autorización estatal para ello, realizó el aprovechamiento de las aguas en dicha actividad, con lo que la administración dejó de percibir el dinero correspondiente al canon o impuesto que debió haber cancelado durante dicho periodo. Como se aprecia, el comportamiento desplegado por el imputado además de constituir los delitos penales por los cuales ya fue sancionado, también constituían infracciones administrativas, cuyos efectos podrían determinarse en el procedimiento respectivo. Sin embargo, en ambos casos, la conducta ilícita en mención generaban una obligación pecuniaria en favor del Estado, por lo que no resultaba necesario que se iniciara el procedimiento administrativo para poder recuperar los dineros no percibidos, sino que estando abierta la vía penal, el daño patrimonial en cuestión resultaba perfectamente reclamable en esta sede. De igual forma, no porque las partes no hayan logrado acordar una salida alterna al proceso quiere decir que el reclamo por el daño patrimonial resulte improcedente, desde que dicho reclamo siempre ha figurado entre las pretensiones de la parte actora civil. Finalmente, en cuanto al tema de la cuantificación del daño material, cabe señalar que tampoco lleva razón el recurrente, puesto que el artículo 368 del Código Procesal Penal permite al tribunal acoger las partidas reclamadas por el actor civil en abstracto para ser liquidados en fase de ejecución de sentencia cuando los elementos probatorios no permitan establecer con certeza los montos solicitados. En ese sentido, la sentencia recurrida le dio la razón al impugnante en relación con el hecho de que los cálculos empleados por el Estado para el reclamo por el daño patrimonial no resultaban acertados, por lo que deberá la parte actora plantear los elementos de prueba para concretar y ejecutar el cobro por ese daño en la vía de ejecución de sentencia, sin que se evidencie algún perjuicio para la parte recurrente, desde que es la parte actora civil quien tendrá la carga de la prueba y podrán los demandados en dicho proceso realizar sus alegatos y oposiciones a cualquier tipo de elemento probatorio que no corresponda con los datos correspondientes al daño reclamado, tanto en lo referente a la actualidad como a la técnica de los cálculos empleados. De conformidad con lo expuesto, corresponde declarar parcialmente con lugar el recurso incoado, revocar parcialmente la sentencia impugnada, únicamente en cuanto a la condena por concepto de daño social dispuesta, manteniendo incólume la sentencia en los demás aspectos de la condena civil, incluyendo la condena en abstracto por el daño patrimonial provocado.*\n\n* *\n\nPor Tanto:*\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso incoado por el representante legal de los demandados civiles y se revoca parcialmente la sentencia impugnada, únicamente en cuanto a la condena por concepto de daño social dispuesta, manteniendo incólume la sentencia en los demás aspectos de la condena civil, incluyendo la condena en abstracto por el daño patrimonial provocado. Notifíquese.-*\n\n \n\n\t\n\n\n*DONDYCS3PCS61*\n[Nombre8]\nCHRISTIAN FERNANDEZ MORA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n*YZXVTZPK2V461*\nYZXVTZPK2V461\nDAVID FALLAS REDONDO - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n*G0UIBPMA3KW61*\nG0UIBPMA3KW61\nIVETTE CARRANZA CAMBRONERO - JUEZ/A DECISOR/A\n\n* *\n\nEXP: 16-000019-0611-PE*\n\n* *\n\nCircuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [...]\n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 23:53:32.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago\n\nResolution No. 00610 - 2020\n\nDate of Resolution: October 16, 2020 at 10:50\n\nFile: 16-000019-0611-PE\n\nDrafted by: Christian Giovanni Fernández Mora\n\nType of matter: Criminal appeal\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Unanimous vote\n\nBranch of Law: Criminal Procedural Law\n\nTopic: Civil action for social damage (daño social)\n\nSubtopics:\n\nConcept of social damage (daño social).\nAnalysis of the principle of congruence in relation to the civil action for damages (acción civil resarcitoria).\n\nTopic: Civil action for damages (acción civil resarcitoria)\n\nSubtopics:\n\nConcept of social damage (daño social).\nAnalysis of the principle of congruence in relation to the civil action for damages (acción civil resarcitoria).\n\nTopic: Principle of congruence\n\nSubtopics:\n\nAnalysis of the principle of congruence in relation to the civil action for damages (acción civil resarcitoria).\n\n\"II.- [...] Accordingly, however much the Procuraduría General de la República claims in its pleadings the existence of a social damage (daño social), it should have attributed it clearly so that the civil defendants could adequately exercise their defense and could present the evidence and arguments they deemed pertinent against such attribution. By the State representation not proceeding in that manner, there could be no award for social damage (daño social) in the impugned judgment, as this implies a violation of the principle of congruence between claim and judgment established by Article 61.2 of the Código Procesal Civil, which provides: '61.2. Content of the judgment. Judgments must resolve each and every point that has been the subject of debate, they cannot grant more than what was requested, unless otherwise provided by law, and they shall not include questions other than those claimed; excepting those for which the law does not require party initiative.' This rule is related to the requirements for filing the civil action for damages (acción civil resarcitoria), included in Article 112 of the Código Procesal Penal, among which is: 'd) The grounds on which it is based, indicating the capacity invoked and the damage (daño) whose reparation is sought, even if the amount is not specified.' In the present matter, the grounds invoked by the State's representation to claim compensation consisted of the failure to pay the fee (canon) for the water concession (concesión de aguas) by the civil defendants, which would have generated significant harm (perjuicio) by causing State institutions to stop receiving the resources to adequately protect the water resource, but it was never explained within said grounds what that social damage (daño social) would have consisted of. In that sense, it should be noted that the concept of social damage (daño social) refers to a loss of social welfare due to human action contrary to law, and therefore the doctrine states that: [...]\"\n\n... See more\nLegislation and Doctrine Citations\nText of the resolution\n\n1*\n\n*160000190611PE**\n\n* *\n\n*File: 16-000019-0611-PE*\n\n*Against: [Name1] and another *\n\n*Crime: Usurpation of public domain property *\n\n*Injured party: Natural Resources *\n\n*Res: 2020-610*\n\n*Exp: 16-000019-0611-PE *\n\n*Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, First Section. At ten hours and fifty minutes on October sixteen, two thousand twenty.*\n\n*Criminal appeal filed in the present case against [Name1] ,* of legal age, born on February four, nineteen sixty-nine, holding identity card number CED1 – – , and Truchas reales de Costa Rica Sociedad Anónima,* for the crime of Usurpation of public domain property in ideal concurrence with a crime of usurpation of waters, to the detriment of Natural Resources. Judges Christian Fernández Mora, David Fallas Redondo, and Judge Ivette Carranza Cambronero participate in the decision of the appeal. Appearing on appeal were Attorney Adrián Fernández Rodríguez in his capacity as private defender of the accused and representative of the joint and several civil defendant, as well as Attorney Beatriz Sarmiento Chávez, representing the Procuraduría General de la República.*\n\n*Whereas:*\n\n* 1. That by judgment number 351-2020 at seven hours fifty-five minutes on July eight, two thousand twenty, the Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, resolved: \"THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 39, 41, and 50 of the Constitución Política, numerals 1, 11, 18, 19, 20, 21, 30, 45, 50, 51, 59 to 63, 71, 75, 103, 106, 226, and 227 of the Código Penal; Articles 122 to 125 of the Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941; nominales 1 to 6, 9, 12, 13, 16, 37, 38, 40, 71, 111, 112, 142, 180 to 184, 265 to 270, 303, 341 to 368 of the Código Procesal Penal; ordinals 1045 and 1046 of the Código Civil; ordinals 1, 3, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Articles 1 to 3, 6, 9 to 11 of the Ley de Biodiversidad N° 7788, numerals 1 to 3, 17, 21, 27, 137, 175 to 185 Ley de Aguas, nominales 1 and 2 of the Ley Orgánica del Ambiente; having declared the accused [Name1] responsible as the perpetrator of a crime of USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY in ideal concurrence with the crime of USURPATION OF WATERS committed to the detriment of NATURAL RESOURCES, and in such capacity a sentence of ONE YEAR OF PRISON was imposed, granting him the Beneficio de Ejecución Condicional de la Pena for a period of three years, this Tribunal resolves: The Civil Action for Damages (Acción Civil Resarcitoria) brought by the State, represented by the Procuraduría General de la República, against the civil defendants [Name1] and TRUCHAS REALES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA is declared WITH MERIT, therefore both civil defendants are jointly and severally ordered to pay to the State, for the concept of social damage (daño social) caused, the amount of THREE MILLION COLONES (¢ 3,000,000); furthermore, they are ordered to pay the patrimonial damage (daño patrimonial) caused, which is ordered in abstracto, and the interested party must resort to the corresponding civil route for its respective determination. In addition to the foregoing, the civil defendants must pay legal and default interest from the moment this judgment becomes final and until its effective payment. The civil defendants are jointly and severally ordered to pay the civil costs of the proceeding, which shall be determined in the respective judgment execution process. Once this judgment is final, notify the Registro Judicial and Adaptación Social, for the appropriate purposes, and issue the respective certified copies of the judgment. NOTIFY BY READING.*- CÉSAR LARA FALLAS. TRIAL JUDGE OF [Name2].\" *\n\n* 2. That against the preceding ruling, Attorney Adrián Fernández Rodríguez filed the appeal. *\n\n* 3. That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 466 of the Código Procesal Penal, amended by Ley 8837 published on December nine, two thousand eleven (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), the Tribunal considered the issues raised in the appeal.*\n\n* 4. That in the proceedings, the pertinent legal prescriptions have been observed.*\n\n* Drafted by Judge Fernández Mora, and;*\n\n*Considering:* *\n\nI.- For meeting the legal requirements, the appeal filed by Adrián Fernández Rodríguez, representing the accused [Name1] and the joint and several civil defendant Truchas Reales de Costa Rica S.A., is admitted for substantive review, as it was filed on time, by a party with standing to do so, and from reading the challenge, it is possible to understand the claims made, in order to proceed with the comprehensive analysis of the judgment. *\n\nII.- In the filed* appeal* it is alleged that the retrial (juicio de reenvío) ordered by this Chamber did not relate in generic terms to the civil liability of his clients, but only to what was provided in vote 2019-420, which specifically states: “The annulment includes fact five that was considered proven in the criminal complaint, as well as facts five and six of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) that were considered demonstrated, which must be newly discussed in the ordered retrial (juicio de reenvío).” He points out that facts five and six of the civil action claim that his client took water from the Buenavista River and did not pay the fee (canon), which according to the State caused him harm (perjuicio). In turn, fact five of the criminal complaint indicates the same as fact five of the civil action, related to the non-payment of the fee (canon). None of the facts referenced the existence of a social damage (daño social) or environmental damage (daño ambiental), but rather it is limited solely to the issue of damage (daño) for non-payment of the fee (canon) for water use. Under that premise, the only thing that could be discussed in the debate was whether the non-payment of the fee (canon) generated any damage (daño) to the State and what the amount was. The collection for social damage (daño social) was not included in the subject of discussion of the new debate, so the judge incurred a violation of the principle of correlation between accusation and judgment, provided for by Article 365 of the Código Procesal Penal. He considers that the judge violated Article 170 of the Ley Orgánica del Poder Judicial because he came into conflict with his hierarchical superior, departing from what was resolved by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. He notes that, despite the judge's efforts to justify the social damage (daño social), there is no evidence in the file that environmental damage (daño ambiental) occurred. It was the Procuraduría that had the duty to prove that this damage (daño) existed, but that was not proven because the mere fact of taking the water by itself does not constitute damage (daño), since in the project developed by the company Truchas Reales de Costa Rica S.A., the water is not consumed, but rather enters through a floodgate and exits through another, in order to oxygenate the tanks, without generating any type of impact or contamination to the river channel or the environment. Neither the witnesses for the civil plaintiff could prove that supposed damage (daño), and there is no scientific evidence that determines that the company's activity generated damage (daño). For the appellant, there is no causal relationship between the acts for which Mr. [Name1] was criminally convicted and those for which the State seeks compensation. In the specific case, the payment of the fee (canon) has no impact on the production or non-production of a social damage (daño social), because regardless of whether it was paid, the water was always used, and stating that because the water was used a social damage (daño social) was generated breaks the logical analysis of causality, since one would have to say that if the fee (canon) had been paid, environmental damage (daño ambiental) would also have occurred, as in both scenarios the water would have been used. The judgment does not support this logical analysis of causality, so it must be annulled. Regarding the patrimonial damage (daño patrimonial), which is what could actually be the subject of debate, he considers that this item could also not be collected because the fee (canon) could only be collected if there was an approved concession (concesión), as stated by the witnesses from the Dirección de Agua: [Name3], [Name4], and [Name5]. He considers that the illegality of collecting the fee (canon) obligated that the exception of lack of right be declared with merit, not due to lack of causality, but due to a legal impediment, as the State could not be given as compensation something that the State itself has indicated is illegal and that the State itself refused to collect, since it is recorded that the accused offered to pay the State, but it refused to receive that payment at the preliminary hearing as a form of conciliation. The appellant believes that it is not through a civil action that said items could be collected, but rather through a collection proceeding, as we are not in the presence of damage (daño), but an administrative infraction for non-payment of a fee (canon). Furthermore, even if it were determined that the State had the right to collect the patrimonial damage (daño patrimonial), there is no way to quantify it, because the Dirección de Aguas and the Procuraduría did not follow the correct mathematical procedure to establish the quantity of water consumed, for which it suffices to observe the testimony of witness [Name4], in relation to document DA-UHTPSOZ-0560-2017, dated October 25, 2017. After making a series of conclusions regarding these calculations, the appellant states that the gauging (aforos) cannot be performed again, because it is non-repeatable evidence, since the project currently has a concession (concesión) and is in force, according to the words of Mr. [Name3], and as recorded in the documentary evidence provided by the defense. In other words: it is impossible to measure in the year 2020 the flows used by the project in the years 2015 and 2016, but the criminal judge does not understand that, who referred the State to file a judgment execution proceeding to quantify those items, obligating the company Truchas Reales de Costa Rica S.A. to attend a judgment execution proceeding and incur the costs that it entails, when it is known a priori that quantifying the alleged damage (daño) is physically and materially impossible. He requests that the appeal be granted, that the civil award imposed on his clients be set aside, and that in its place, the State be ordered to pay the personal costs generated by the civil action for damages (acción civil resarcitoria), a judgment that must be in favor of both the accused and the company Truchas Reales de Costa Rica. The appeal is partially granted: The appellant alleges that the retrial (juicio de reenvío) ordered by this Chamber through resolution 2019-420 at 14:00 hours on September 6, 2019, did not encompass the civil liability of his clients in generic terms, but only that related to the patrimonial damage (daño patrimonial) attributed for non-payment of the fee (canon) to the State for the use of the waters of the [Address1] river, so the collection for the social damage (daño social) was not included, and by doing so the judgment incurred the defect of lack of congruence. However, from the review of the aforementioned resolution from this office, it is observed that the appellant is not correct, as it was clearly stated that the retrial (juicio de reenvío) should address everything pertaining to the eventual civil liability of the defendants, by stating: “…it is appropriate to partially annul the judgment and the respective debate, only regarding everything related to the declaration with merit of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) against José [Name1] and Truchas Reales de Costa Rica S.A. and the amounts set, as a consequence thereof, for patrimonial damage (daño patrimonial) and social damage (daño social), as well as the award of costs for said action; the retrial (reenvío) is ordered so that the same court, with a different panel, rules on this matter. The annulment includes fact five that was considered proven in the criminal complaint, as well as facts five and six of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) that were considered demonstrated, which must be newly discussed in the ordered retrial (juicio de reenvío)” (Emphasis supplied). As can be observed, another panel of this same Tribunal considered that the judgment that had ordered the award against the civil defendants lacked adequate reasoning and ordered a retrial (juicio de reenvío) to hear everything pertaining to the civil action for damages (acción civil resarcitoria), which included the attribution of patrimonial damage (daño patrimonial) and social damage (daño social). The appellant is correct in that the judgment established the existence of a social damage (daño social) to the detriment of the State, despite the fact that the proper correlation is not found in the claim filed by the Procuraduría General de la República. In that sense, it should be noted that facts four, five, and six of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) are those that refer to the damage (daño) claimed by that State entity, as they state: “FOURTH: Thus, in order to attend to the request [Name1], officials [Name4] and [Name5] from the Dirección de Agua, appeared on several occasions at the property in question, encountering the irregularity that the defendant here, knowing that he did not have a water use concession (concesión de aprovechamiento de agua) and for the purpose of profit, diverted and took for his own benefit, public waters from the Buenavista river, taking them even in greater quantity than that required by him, in proceeding number 2013822, whose purpose is trout farming, for which he had eleven tanks within his property. Given the foregoing, legal warnings were given to the defendant that State authorization was necessary for the use of water, however, the defendant ignored these warnings and on the contrary continued usurping water from the Buenavista river, which is corroborated through inspections carried out by the Dirección de Agua, on the dates detailed below. FIFTH: April 26, 2016, gauging (aforo) 676.7 liters per second;* September of 201, gauging (aforo) 00.9 liters per second; October 10, 201, gauging (aforo) 124.3 liters per second; November 02, 201, gauging (aforo) 1,344. liters per second; January 18, 2017, gauging (aforo) 748. Liters per second; May 30, 2017, gauging (aforo) 73.8 liters per second, with which, the State stopped receiving the sum of five million two hundred fifty-one thousand nine hundred eighty-five colones, as a fee (canon), due to the water taken illegally by [Name1]. SIXTH: The civil defendant together with the company Truchas Reales de Costa Rica, caused patrimonial damage (daño patrimonial) to the State, by taking water illegally from the Buenavista river for profit and without paying the corresponding fee (canon) for its use, with which, they contribute to programs such as SINAC, FONAFIFO, CONCURE receiving less money, due to the lack of that fee (canon), resulting therefore, significant harm (perjuicio), since the water resource is not adequately protected due to a lack of budget to cover those specific programs. In addition, because water is a demanial (bien demanial) and socially valuable asset, we are all affected if it is not regulated in a rational and balanced manner, since its use must be proportional.” (As in the original). As can be observed, the civil action for damages (acción civil resarcitoria) claims with total clarity the existence of a patrimonial damage (daño patrimonial) for the sum the State stopped receiving as the fee (canon) corresponding to the water concession (concesión de aguas), but the attribution becomes abstract in relation to the social damage (daño social), since it simply refers that because water is a socially valuable asset, “we are all affected” (without indicating to whom the noun “all” refers: Costa Ricans, the community near the Buenavista river, the human species, etc.), to then indicate that this affectation exists if its use is not regulated in a rational, balanced, and proportional manner. Accordingly, however much the Procuraduría General de la República claims in its pleadings the existence of a social damage (daño social), it should have attributed it clearly so that the civil defendants could adequately exercise their defense and could present the evidence and arguments they deemed pertinent against such attribution. By the State representation not proceeding in that manner, there could be no award for social damage (daño social) in the impugned judgment, as this implies a violation of the principle of congruence between claim and judgment established by Article 61.2 of the Código Procesal Civil, which provides: “61.2. Content of the judgment. Judgments must resolve each and every point that has been the subject of debate, they cannot grant more than what was requested, unless otherwise provided by law, and they shall not include questions other than those claimed; excepting those for which the law does not require party initiative.” This rule is related to the requirements for filing the civil action for damages (acción civil resarcitoria), included in Article 112 of the Código Procesal Penal, among which is: “d) The grounds on which it is based, indicating the capacity invoked and the damage (daño) whose reparation is sought, even if the amount is not specified.” In the present matter, the grounds invoked by the State's representation to claim compensation consisted of the failure to pay the fee (canon) for the water concession (concesión de aguas) by the civil defendants, which would have generated significant harm (perjuicio) by causing State institutions to stop receiving the resources to adequately protect the water resource, but it was never explained within said grounds what that social damage (daño social) would have consisted of. In that sense, it should be noted that the concept of social damage (daño social) refers to a loss of social welfare due to human action contrary to law, and therefore the doctrine states that: “In this sense, we consider that it must be defined as that impairment, impact, detriment, diminution, or loss of social welfare (within the context of the right to a healthy environment), caused as a product of human behavior contrary to the legal order or in accordance with it (lawful or unlawful), which a plurality of individuals unjustly suffers, who may constitute from a specific group to the community in general, by producing a material or immaterial impact on their diffuse or collective interests, relevant to the legal order, and, for which, the duty arises to repair what was caused” ([Name7], . & Sibaja López, I. (2011). El daño social: su conceptualización y posibles aplicaciones. Revista Judicial, Costa Rica, No. 101, p. 140). Just as with any other type of damage (daño), it must be certain and not eventual, so the description of the fact that motivates the civil claim must specify what the impairment, impact, detriment, diminution, or loss of social welfare consists of in the specific case. That is why it is not acceptable that the existence of liability for social damage (daño social) can be considered when the attribution does not establish what that specific damage (daño) would have consisted of, but rather generically indicates that because water is a socially valuable asset, the general population is affected by the accused's action of taking water illicitly from the channel of the Buenavista river. It is true that the civil action for damages (acción civil resarcitoria) indicates that by not paying the fee (canon) corresponding to the water concession (concesión de aguas), the accused defunded programs dedicated to the protection of the water resource, but this constitutes an immediate consequence of that patrimonial damage (daño patrimonial) claimed and that was granted in the judgment, not an affectation to the social welfare of the community, so at most it could be considered a material manifestation of the social damage (daño social), which is equivalent to the material damage (daño material) that was granted (a sort of lost profits (lucro cesante) for the State). In any case, if such impairment to diffuse or collective interests had existed, it had to be specifically established in the civil claim what that non-patrimonial injury to the interests of the community would have consisted of in the specific case, stipulating for example: how the use of the waters of the Buenavista river by the defendants affected its flow and the water supply for other people in the community, whether such behavior affected wildlife and aquatic life, among other real possibilities that could have generated a social damage (daño social) to the community, and not simply a speculative argument like the one raised in the last paragraph of fact six of the civil action for damages (acción civil resarcitoria), related to the need to adequately regulate the proportional use of water because it is a socially valuable asset. The foregoing was extremely important to establish among the facts of the civil action for damages (acción civil resarcitoria), because as the appellant indicates and as recorded in Resolution No. 0145-2013-SETENA (visible on folios 19-26 of volume I of the main file) the project developed by the company Truchas Reales de Costa Rica S.A., was only going to use the water flow to oxygenate the tanks where the trout were raised and the water would return to the river channel without exceeding the maximum limits allowed by the Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (see expert opinion DCF: 2017-01704-TOX from folios 626-628 of volume II of the main file), so it is not understood what the social damage (daño social) caused by the accused's activity that was proven in the judgment would have been, thus evidencing the noted defect of lack of congruence. Hence, the judgment must be revoked regarding the granting of the award for social damage (daño social) in this specific case. The appellant is not correct that the award for the patrimonial damage (daño patrimonial) ordered in the judgment should also not proceed, as it has already been indicated, the illicit action of the accused in taking the waters from the channel of the Buenavista river without having the concession (concesión) for it, constituted a sort of lost profits (lucro cesante) for the State, because had the sentenced person acted in accordance with the law, he should have paid the respective fee (canon) for said concession (concesión), so the State has the right to claim said sums it stopped receiving, without the arguments made by the appellant regarding the illegality of said collection being admissible, because according to the provisions of Article 171 of the Ley de Aguas No. 276 of August 27, 1942, said collection is due to a tax established for all water uses, such that every person who uses public waters has the obligation to pay said taxes and to have followed the procedure established to obtain a concession (concesión). In this case, what was accredited was that in the year 2013, the civil defendant [Name1] began the respective procedure to obtain a water concession (concesión de aguas) for use in the lucrative activity of trout farming, but before obtaining the State authorization for it, he used the waters in said activity, with which the administration stopped receiving the money corresponding to the fee (canon) or tax that should have been paid during that period. As can be seen, the behavior displayed by the accused, besides constituting the criminal offenses for which he has already been punished, also constituted administrative infractions, whose effects could be determined in the respective proceeding. However, in both cases, the illicit conduct in question generated a pecuniary obligation in favor of the State, so it was not necessary for the administrative proceeding to be initiated in order to recover the uncollected monies, but rather, since the criminal route was open, the patrimonial damage (daño patrimonial) in question was perfectly claimable in this venue. Likewise, the fact that the parties did not manage to agree on an alternative resolution to the process does not mean that the claim for patrimonial damage (daño patrimonial) is improper, since said claim has always figured among the pleadings of the civil plaintiff. Finally, regarding the issue of the quantification of the material damage (daño material), it should be noted that the appellant is also not correct, since Article 368 of the Código Procesal Penal allows the tribunal to accept the items claimed by the civil plaintiff in abstracto to be liquidated in the judgment execution phase when the evidentiary elements do not allow establishing with certainty the amounts requested. In that sense, the appealed judgment agreed with the appellant in relation to the fact that the calculations used by the State for the claim for patrimonial damage (daño patrimonial) were not correct, so the plaintiff must present the evidentiary elements to specify and execute the collection for that damage (daño) in the judgment execution proceeding, without any harm (perjuicio) being evidenced for the appellant, since it is the civil plaintiff who will have the burden of proof and the defendants in said proceeding may present their arguments and objections to any type of evidentiary element that does not correspond to the data corresponding to the claimed damage (daño), both regarding the currency and the technique of the calculations used. In accordance with the foregoing, the filed appeal must be partially granted, partially revoking the impugned judgment, solely regarding the ordered award for social damage (daño social), keeping the judgment unaltered in all other aspects of the civil award, including the award in abstracto for the caused patrimonial damage (daño patrimonial).*\n\n* *\n\nTherefore:*\n\nThe appeal filed by the legal representative of the civil defendants is partially granted, and the impugned judgment is partially revoked, solely regarding the ordered award for social damage (daño social), keeping the judgment unaltered in all other aspects of the civil award, including the award in abstracto for the caused patrimonial damage (daño patrimonial). Notify.-*\n\n*DONDYCS3PCS61*\n[Name8]\nCHRISTIAN FERNANDEZ MORA - DECIDING JUDGE\n\n*YZXVTZPK2V461*\nYZXVTZPK2V461\nDAVID FALLAS REDONDO - DECIDING JUDGE\n\n*G0UIBPMA3KW61*\nG0UIBPMA3KW61\nIVETTE CARRANZA CAMBRONERO - DECIDING JUDGE\n\n* *\n\n*EXP: 16-000019-0611-PE*\n\n* *\n\nJudicial Circuit of Cartago Phones: 2551-2713 or 2553-0340. Fax: 2551-2355. Email: [...]\n\nClassification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial.\n\nReproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:53:32.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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