{ "id": "nexus-sen-1-0034-1005092", "citation": "Res. 01118-2020 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Responsabilidad civil de empresa gasolinera por contaminación de pozo de abastecimiento de agua", "title_en": "Civil liability of gas station company for contamination of public water supply well", "summary_es": "La Resolución Nº 01118-2020 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, conoce del recurso de apelación de sentencia interpuesto por la empresa demandada civil Auto Servicios Zona Franca S.A. contra la decisión que la condenó al pago de lucro cesante en favor de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) por la no comercialización del agua del pozo AB-1089 entre 2014 y 2018, en el marco de un juicio de reenvío. El tribunal de apelación declara sin lugar el recurso, confirmando que ya existía firmeza sobre la responsabilidad civil extracontractual de la empresa por la contaminación del pozo con hidrocarburos ocurrida desde 2004, y que en el juicio de reenvío se acreditó debidamente la persistencia de la contaminación y la consecuente pérdida económica. Se rechazan los alegatos sobre falta de legitimación, indebida determinación del lucro cesante y necesidad de integrar a bancos fiduciarios, por considerarlos precluidos o improcedentes. La resolución reafirma la condena por ¢1.677.862.847,43 de lucro cesante, más indexación e intereses.", "summary_en": "This Resolution No. 01118-2020 by the Criminal Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, addresses an appeal brought by the civil defendant Auto Servicios Zona Franca S.A. against a judgment awarding lost profits (lucro cesante) to the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) for the period 2014–2018 due to the contamination of well AB-1089 by hydrocarbons, which prevented the commercialization of its water. The appeals court dismisses the appeal, holding that the company's extra-contractual civil liability was already established in prior final judgments, and the remanded trial correctly determined the ongoing contamination and resulting economic loss. Arguments concerning lack of standing, improper calculation of lost profits, and the failure to join fiduciaries as necessary parties are rejected as precluded or without merit. The court upholds the award of ¢1,677,862,847.43 plus indexation and interest.", "court_or_agency": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón", "date": "13/11/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "water-law" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "lucro cesante", "acción civil resarcitoria", "responsabilidad civil extracontractual", "manto acuífero", "cosa juzgada", "juicio de reenvío", "litis consorcio pasivo necesario" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 103, 106, 107, 109", "law": "Código Penal" }, { "article": "Arts. 37-41, 111-124, 267, 359, 366, 368, 465, 466", "law": "Código Procesal Penal" }, { "article": "Arts. 1045, 1046, 1048", "law": "Código Civil" }, { "article": "Art. 132 (hoy 128)", "law": "Ley de Aguas (Ley 276 de 1942)" }, { "article": "Arts. 1-6", "law": "Ley N° 7789 de Transformación de la ESPH" } ], "keywords_es": [ "contaminación de aguas", "lucro cesante", "acción civil resarcitoria", "responsabilidad civil extracontractual", "hidrocarburos", "pozo de abastecimiento", "ESPH", "Auto Servicios Zona Franca", "manto acuífero", "juicio de reenvío", "cosa juzgada", "apelación penal" ], "keywords_en": [ "water pollution", "lost profits", "civil restitution action", "extracontractual civil liability", "hydrocarbons", "water supply well", "ESPH", "gas station", "aquifer", "remand trial", "res judicata", "criminal appeal" ], "excerpt_es": "Como se ha indicado a lo largo de este fallo, la decisión jurisdiccional 2019-709, emitida por el Tribunal de Juicio, tiene su origen en un juicio de reenvío, para el cual ya existía un elenco fáctico relativo a la responsabilidad civil de la empresa Auto Servicios Zona Franca, fijado desde la sentencia número 2015-451, en el cual se acreditó que el pozo de agua AB1089, se contaminó con hidrocarburos y que en virtud de esa situación ese pozo de agua dejó de ser utilizado como fuente para suministro de agua por parte de la Empresa Servicios Públicos de Heredia. En el juicio de reenvío se partió de los hechos ya demostrados en el primer juicio, y en estos se estableció que la contaminación por hidrocarburos del manto acuífero Colima Superior cuyas aguas son captadas por el pozo AB1089, pertenecientes a la Empresa Servicios Públicos de Heredia, fue provocada por los trabajos de construcción que se realizaron en la Gasolinera Auto Servicios Zona Franca. Relacionado con el objeto de reenvío, el Tribunal de Juicio concluyó que el pozo AB-1089 fue contaminado en el año 2004 momento en que ceso su explotación; Así como que desde el año 2004 se realizaron labores de mitigación en aras de sanear el pozo con el fin de continuar con su explotación comercial. ... Debido a lo anteriormente indicado, el abastecimiento de esta agua para el consumo humano constituye un riesgo a la salud pública, razón que derivo en el cierre definitivo del pozo AB-1089. ... A diferencia de lo que propone el apelante, sí existe prueba documental y testimonial que dan cuenta del perjuicio económico causado a la actora civil Empresa de Servicios Públicos de Heredia, por la no utilización del agua que era captada en dicho pozo.", "excerpt_en": "As has been indicated throughout this ruling, the jurisdictional decision 2019-709 issued by the Trial Court originates from a remanded trial, for which there already existed a factual framework regarding the civil liability of the company Auto Servicios Zona Franca, established since judgment 2015-451, where it was proven that well AB-1089 was contaminated with hydrocarbons and that as a result, that well ceased to be used as a source of water supply by the Empresa Servicios Públicos de Heredia. The remanded trial was based on the facts already proven in the first trial, in which it was established that the hydrocarbon contamination of the Colima Superior aquifer, whose waters are captured by well AB-1089 belonging to the ESPH, was caused by the construction work carried out at the Gasolinera Auto Servicios Zona Franca. Regarding the subject of the remand, the Trial Court concluded that well AB-1089 was contaminated in 2004, the date its exploitation ceased; and that since 2004, mitigation efforts were undertaken to clean the well in order to resume its commercial exploitation. ... Due to the above, supplying this water for human consumption constitutes a risk to public health, which led to the permanent closure of well AB-1089. ... Contrary to what the appellant argues, there is in fact documentary and testimonial evidence that account for the economic harm caused to the civil plaintiff Empresa de Servicios Públicos de Heredia, arising from the inability to use the water captured by that well.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The appeal by Auto Servicios Zona Franca is denied, upholding the award of over 1.6 billion colones in lost profits for the contamination of well AB-1089.", "summary_es": "Se declara sin lugar la apelación de Auto Servicios Zona Franca, manteniendo la condena al pago de lucro cesante por más de 1.600 millones de colones por la contaminación del pozo AB-1089." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The fact of the matter is that the contamination of the well was verified, and consequently the shortfall of water that this well provided to the company in question to supply drinking water to the communities under its responsibility; not having this source of supply, it is logical to think that it had to provide it by another means. Precisely, that is the patrimonial harm that must be indemnified.", "quote_es": "Lo cierto del caso es que se constató la contaminación del pozo y consecuentemente el faltante del agua que este pozo proveía a la empresa en cuestión para surtir el agua potable a las comunidades que estaban a su cargo, al no contar con esta fuente de abastecimiento, lógico es pensar que tuvo que proveerla por otro medio. Precisamente, en eso consiste el menoscabo patrimonial que debe ser indemnizado." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "supplying this water for human consumption constitutes a risk to public health, which led to the permanent closure of well AB-1089.", "quote_es": "el abastecimiento de esta agua para el consumo humano constituye un riesgo a la salud pública, razón que derivo en el cierre definitivo del pozo AB-1089." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "According to tort doctrine and Article 1046 of the Civil Code on extracontractual civil liability, the injured victim has the right to be compensated for the damage and may for that purpose address whomever she considers to be the cause of it, so we are therefore dealing with a facultative personal claim.", "quote_es": "Según la doctrina de daños y el artículo 1046 Del Código Civil sobre la responsabilidad civil extracontractual el damnificado víctima tiene derecho a resarcir el daño y para ello puede dirigirse a quien considere es el causante del mismo, por lo que entonces estamos ante una pretensión personal facultativa." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-11950", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley de Aguas (Ley 276 de 1942) Art. 132 (hoy 128)" }, { "target_id": "norm-39919", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley N° 7789 de Transformación de la ESPH Arts. 1-6" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1005092", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [ { "idTipoVoto": 1, "nombreTipoVoto": "Voto de mayoría", "id": 1, "nombre": "Acción civil resarcitoria", "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "Responsabilidad de empresa de autoservicio que contamina pozo de abastecimiento de Empresa de Servicios Públicos de Heredia" } ] }, { "id": 2, "nombre": "Delitos contra la salud pública", "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "Contaminación de pozo de abastecimiento de Empresa de Servicios Públicos de Heredia por derrame de combustible" } ] }, { "id": 3, "nombre": "Corrupción de sustancias alimenticias o medicinales", "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "Contaminación de pozo de abastecimiento de Empresa de Servicios Públicos de Heredia por derrame de combustible" } ] }, { "id": 4, "nombre": "Lucro cesante", "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "Uso de medios distintos a los habituales para poder suplir servicio público debe considerarse a efectos indemnizatorios" } ] } ], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón\n\nResolución Nº 01118 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 13 de Noviembre del 2020 a las 13:48\n\nExpediente: 04-018440-0042-PE\n\nRedactado por: Adriana María Escalante Moncada\n\nClase de asunto: Recurso de apelación penal\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Acción civil resarcitoria\nSubtemas:\nResponsabilidad de empresa de autoservicio que contamina pozo de abastecimiento de Empresa de Servicios Públicos de Heredia.\nTemas (descriptores): Delitos contra la salud pública\nSubtemas:\nContaminación de pozo de abastecimiento de Empresa de Servicios Públicos de Heredia por derrame de combustible.\nTemas (descriptores): Corrupción de sustancias alimenticias o medicinales\nSubtemas:\nContaminación de pozo de abastecimiento de Empresa de Servicios Públicos de Heredia por derrame de combustible.\nTemas (descriptores): Lucro cesante\nSubtemas:\nUso de medios distintos a los habituales para poder suplir servicio público debe considerarse a efectos indemnizatorios.\nSentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n                          PODER JUDICIAL                                                            \nTRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN                         \n           Tel: 2456-9069                        [...]@                   Fax: 24569029    \n__________________________________________________________________________________________\nExp: 04-018440-0042-PE\nRes: 2020-001118\n            TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, a las trece horas cuarenta y ocho minutos del trece de noviembre de dos mil veinte.\n            RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]  , costarricense, cédula de identidad número CED1 y [Nombre2]   , costarricense, cédula de identidad número CED2, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE AGUAS en perjuicio de EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Adriana Escalante Moncada, José Alberto Rojas Chacón y Karina Redondo Gómez. Se apersona en apelación de sentencia, el licenciado Carlos Alberto Ramírez Aguilar, en condición de Apoderado Especial Judicial de la demandada civil.\n                                                        RESULTANDO:\n\n            1.- Que mediante sentencia número 709-2019 de las catorce horas del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, el Tribunal Penal de Heredia, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 103, 106, 107 y 109 del Código Penal, artículos del 37 al 41 y del 111 al 124, 267, 359, 366, 368, 466 del Código Procesal Penal, artículos 1045, 1046, 1048 del Código Civil; se declara con lugar la presente acción civil resarcitoria incoada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH) contra AUTOSERVICIOS ZONA FRANCA. S.A en el extremo petitorio de lucro cesante desde el año 2014 al año 2018, fijando por este concepto el monto de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE COLONES CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. (1.677.862.847,43). Por concepto de indexación sobre el monto antes mencionado se otorga el total de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN COLONES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (274.192.261,47). Por concepto de intereses se fija la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE COLONES CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.(271.024.689,72). Por concepto de costas procesales se otorga el monto de TRES MILLONES DE COLONES (3.000.000). Por concepto de costas personales según decreto de aranceles de honorarios número 32493 se otorga el monto de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE COLONES CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (222. 307. 979,84). NOTIFÍQUESE. [Nombre3]  . [Nombre4]   . [Nombre5]  \".\n\n            2.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Carlos Alberto Ramírez Aguilar, interpuso recurso de apelación de sentencia.\n\n            3.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso.\n            4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n            Redacta la Jueza de Apelación de Sentencia Escalante Moncada; y,\nCONSIDERANDO:\n\nI. El licenciado Carlos Alberto Aguilar Ramírez, en su condición de apoderado especial judicial de la demandada civil Auto Servicio Zona Franca, interpuso recurso de apelación de sentencia contra el fallo escrito número 709-2019 dictado por el Tribunal de Juicio de Juicio.\n\nII. En el primer motivo de apelación invoca violación a los artículos 142 y 363 inciso c) del Código Procesal Penal, en relación con el numeral 61.2 del Código Civil.  Indica que en el elenco de hechos probados se tuvo por demostrado que el 17 de marzo de 2013, [Nombre6]   solicitó a la Dirección General de Transporte de Comercialización de Combustible realizar mejoras en la [Dirección1]    , esto debido a que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte mediante oficio 3-704, peticionó realizar reformas en dicha gasolinera. Indica que en elenco de hechos probados se tuvo por acreditado que un operador vinculado con la empresa, realizó la sustitución de la capa asfáltica, para lo cual usó una maquinaria que se conoce como “back hoe” (copia textual folio 2256).  Indica que con base en esos hechos carentes de prueba se generó una responsabilidad objetiva para los nuevos personeros de la empresa, a saber, para el señor [Nombre2]  . Refiere que el Tribunal de Juicio supuso que [Nombre2]  , faltó al deber de vigilancia de los trabajos ejecutados. Cuestiona que se estableciera la responsabilidad civil de la empresa Auto Servicio Zona Franca, a pesar de que, para la época de los hechos, tampoco se analizó que era otra persona la que representaba al ente corporativo y no los imputados juzgados en este asunto. Asimismo, afirma que la fiscalización de las obras realizadas en esa estación de servicio era potestad de varias instituciones públicas. Critica que la sentencia originada en el juicio de reenvío incurrió en el error de tener por acreditados los hechos que se ventilaron en el primer debate, ello a pesar de que no se logró demostrar qué personas eran las que ejecutaron aquellos trabajos. Refiere que otro error de la sentencia, es que tuvo por establecido que la comercialización del agua del pozo AB 1089, generó un lucro cesante desde el año 2013. Refiere que en la sentencia se confundieron los conceptos de lucro cesante y daños, tampoco se analizó la prueba que determine la afectación al servicio público, así como los daños causados, por lo que estima que existe un lucro cesante sin motivar ni justificar. Refiere que tampoco se analizó que la Empresa Servicios Públicos de Heredia habilitó dos pozos de agua nuevos para suplir con la demanda, por lo que no podía generarse un lucro cesante. Afirma que el cierre de un pozo no implica una pérdida económica para la Empresa Servicios Públicos de Heredia. Indica que se concedieron sumas irracionales, que corresponden a un ingreso sin causa legítima. Indica que no se presentó prueba que acreditara la falta de servicio o la ausencia de ingresos provenientes de los abonados respecto al cobro del servicio de agua. Sostiene que la sentencia está indebidamente sustentada. En el segundo motivo, alega violación a los artículos 124 de la Ley número 4981 de 1971, así como a los numerales 1045 y 1048 del Código Civil.  Indica que carece de sustento jurídico y probatorio la decisión del Tribunal de Juicio de haber establecido la existencia de una responsabilidad objetiva por parte de la empresa Auto Servicio Zona Franca. Indica que se opuso al dictamen pericial, como sustento de la responsabilidad objetiva, pero sus alegatos no fueron entendidos en la sentencia. Indica que la Ley y la doctrina señalan como lucro cesante la pérdida de ingresos. Alega que el lucro cesante debe demostrarse con prueba idónea y no con expectativas aritméticas no comprobadas, ya que se debía demostrar que la empresa actora se vio perjudicada en el giro comercial del suministro de agua, y por ende en sus ingresos. Reitera que el hecho de que se cerrara uno de los pozos de agua de la Empresa Servicios Públicos de Heredia no es sinónimo de pérdida del lucro cesante, ya que se acreditó que se habilitaron dos pozos más para abastecer a la población del suministro de agua. Indica que en la prueba pericial no se estableció el número de abonados afectados y la cuantificación en torno a la eventual pérdida de ingresos. Dice que el perito utilizó expectativas de cuántos ingresos podía producir el pozo de agua, pero no se demostró un perjuicio real por no vender agua, o que el consumo del líquido se afectara. Objeta que la Cámara de Juicio afirmara que existió escasez de agua, sin indicar qué prueba permite sustentar esa conclusión, ya que la pericia y las declaraciones recibidas en juicio no hacen mención a dicha circunstancia. Sostiene que en este caso no se logró demostrar que la empresa haya actuado con descuido o negligencia en la supervisión o escogencia de las personas que realizaron las obras en la estación de servicio que generaron la contaminación del agua. Añade que la sentencia es ilógica porque en esta se afirma que la empresa que realizó las obras es una entidad desconocida, pero aun así se estableció un criterio de responsabilidad civil objetiva para el caso de la demandada Estación de Servicios Zona Franca. Insiste que en este caso no hay prueba para tener por demostrada la hipótesis de responsabilidad civil objetiva prevista en el artículo 1048, y por ello, estima improcedente que se condenara a su representada al pago de un lucro cesante que tampoco se demostró. Indica que en este caso se absolvió a los imputados de un delito de contención de aguas, y esa situación quedó en firme, por lo que no era procedente aplicar los artículos 124 y siguientes de las reglas de responsabilidad penal, ya que a los acusados no se les demostró conducta ilícita alguna, ni por dolo ni por culpa. Dice que el daño producido tiene como causa un hecho fortuito producido por el operador de la maquinara “back hoe” , y que por ende no era procedente extender la responsabilidad civil a su representada. Indica que tampoco se demostró que la construcción de la gasolinera se hiciera fuera de los límites de las autorizaciones otorgadas por los entes públicos. Indica que, para el momento de los hechos, el representante y presidente de la empresa lo era [Nombre6] , quien gestionó los permisos respectivos para la remodelación de la gasolinera, situación que no puede ser imputada a los nuevos representantes. Argumenta que se generó una responsabilidad civil en contra de su representada por hechos realizados por terceras personas desconocidas. En este motivo, reclama nulidad de la sentencia por inobservar los artículos 106 del Código Procesal Civil, vigente para la época de los hechos. Así como los artículos 636 y 648, del Código Civil, por omisión de incorporar al proceso al Banco Crédito Agrícola de Cartago, y al Banco Improsa, quienes son “propietarios fiduciarios” de la finca de Heredia número CED3. Indica que tal y como se establece en el hecho quinto de la sentencia, la empresa Gasolinera Auto Servicios Zona Franca, se encuentra edificada en el inmueble de Heredia número CED3, propiedad que para el momento del dictado de la sentencia de primera instancia estaba inscrita en propiedad fiduciaria a nombre del Banco Crédito de Costa Rica, y para el año 2018, a nombre de Banco Improsa. Indica que el otorgamiento de un lucro cesante en contra de la sociedad Auto Servicios Zona Franca, tiene consecuencias directas sobre el patrimonio societario. En este caso, la supuesta responsabilidad objetiva que se pretende sustentar en el hecho de un derrame de hidrocarburos ocurrido en el inmueble citado, en el cual opera la gasolinera. Indica que la parte actora debió demandar al fiduciario como tercero interesado en el resultado del proceso y este debió ser incorporado al proceso para ejercer la defensa de los intereses del fideicomiso. Añade que la existencia del fideicomiso es un hecho público, porque está inscrito en el Registro Nacional, además se tuvo como prueba durante el proceso el contrato de fideicomiso. Refiere que la falta de participación del banco fiduciario, genera la nulidad de la sentencia por violación al derecho de defensa, ya que el patrimonio fiduciario es patrimonio autónomo y su defensa corresponde al fiduciario. En el tercer motivo indica que se violenta el principio de legalidad porque el juicio de reenvío que se ordenó para determinar las consecuencias civiles, lo fue sobre una conducta que es atípica. Añade que, en este caso, la representación del Estado debió ser ejercida por la Procuraduría General de la República, ya que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia no representa al Estado. Afirma que el Tribunal de Juicio carecía de competencia para realizar el juicio de reenvío, pero ese argumento no fue analizado en sentencia. Indica que la acción civil es accesoria según lo dispone el artículo 37 del Código Procesal Penal, y que dicha normativa adjetiva establece quienes pueden constituirse como actores civiles. Insiste en que el titular para representar el medio ambiente lo era la Procuraduría General de la República. Explica que en este caso se absolvió a los imputados y por ende al no demostrarse un daño ambiental no era factible que se emitiera una condena civil a favor de un tercero que no representa al Estado. Dice que interpuso la excepción de falta de derecho, pero esa gestión no fue resuelta por el Tribunal de Juicio.  En el cuarto motivo. Alega que la sentencia emitida en el juicio de reenvío es nula porque fijó en una única instancia el lucro cesante, lo cual vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el artículo 39 de la Constitución Política. Indica que la Declaración Internacional de Derechos Humanos, en el artículo 8, garantiza ser escuchado por un Tribunal imparcial, y competente, asimismo garantiza el derecho a la doble instancia en los artículos 5 inciso h y 25. Indica que el Tribunal de Apelación de Sentencia erró al ordenar el juicio de reenvío, ya que resolvió en una única instancia lo relativo a indemnizar un extremo económico, lo cual estima constituye un enriquecimiento sin causa. Afirma que con dicho proceder se violentó la garantía de la doble instancia. Indica que a la empresa de Servicios Públicos de Heredia le corrió el plazo para apelar la sentencia número 451-2015, y ahora mediante una argucia jurídica pretende obtener un beneficio a pesar de que ya había precluido el plazo.  Reitera que la pericia que fijó el lucro cesante, contiene una fórmula matemática que fabricó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y que no se basa en la información de los abonados, por lo que dicha prueba es insuficiente. Solicita se anule la sentencia número 2017-0033, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia, ya que no existe cosa juzgada.  También peticiona que se declare la nulidad de la sentencia número 709-2019.\n\nIII. Antecedentes.  De previo a conocer de los reclamos planteados por el apelante, es necesario hacer un recuento de las resoluciones previas que se han dictado con ocasión de este proceso, a fin de establecer con claridad cuál es el objeto de impugnación, así como la competencia de esta Cámara.  A) Este proceso se inició en la jurisdicción de Heredia, y  mediante sentencia número 451-2015 de las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil quince, el Tribunal Penal de Heredia, resolvió: “POR TANTO: Conforme a lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 37, 38, 40, 41, 111, 112 a 116, 119, 142, 180 a 184, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 368 del Código Procesal Penal; 1, 2, 11, 16, 18 a 20, 30, 31, 45, 268 del Código Penal; artículo 132 (hoy 128) de la Ley de Conservación de Vida Silvestre; artículo 1048 del Código Civil; artículos 1 al 6 de la Ley de Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Ley número 7789 de 30 de abril de 1998; 50, 51, 59 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículo 18 en relación al 45 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, Decreto Ejecutivo número 32493-J, al resolver el presente asunto y por la unanimidad de los votos emitidos se resuelve lo siguiente: A.- Sobre la acción penal: 1.- SE ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a los acusados [Nombre2]    Y [Nombre1]  , por los delitos de Corrupción de Sustancias Alimenticias o Medicinales y Contaminación de Aguas, que se les venía atribuyendo en perjuicio de la salud pública y otros. 2.- En cuanto a las querellas presentadas por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, en contra de los señores [Nombre2]    Y [Nombre1]  , este fallo se dicta sin especial condenatoria en costas derivadas por sus acciones, por haber existido razón plausible para litigar. B.- Sobre la acción civil: 1.- Se declara sin lugar las excepciones de FALTA DE REPRESENTACIÓN, FALTA DE ACCIÓN, FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA, interpuestas por los demandados civiles.  2.- Se declara sin lugar las acciones civiles resarcitorias incoadas por la Procuraduría General de la República; la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en contra de los demandados civiles [Nombre1]   y [Nombre2]   . 3.- Respecto a estas acciones se dicta este fallo sin especial condenatoria en costas por haber existido razón plausible para litigar por parte de los actores. 4.- Se declara PARCIALMENTE con lugar la acción civil incoada por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima y en razón de lo anterior, se condena a la empresa demandada Auto-Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, al pago de: 4.1.- Por concepto de daño material la suma de 72.227.330.oo colones y 50.925 dólares. 4.2.- Por concepto de indexación la suma de 23.337.137.oo colones. 4.3.- Por concepto de intereses legales la suma de 37.448.485.41 colones y 11.682.06 dólares. 4.4.- COSTAS. 4.4.1. Por concepto de costas personales la suma de 17.801.295.03 colones y 6.260.07 dólares. 4.4.2. Por COSTAS PROCESALES la suma de 2.500.000 colones. 4.4.3. Los intereses fijados seguirán corriendo a partir del día de hoy y hasta el efectivo pago de la totalidad de los montos cuantificados en esta sentencia, los cuales serán determinados en ejecución de sentencia. 4.5.- Se declara sin lugar el reclamo por daño moral. 5.- Se declara con lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República, en contra de la empresa demandada Auto-Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, y en razón de lo anterior, se condena EN ABSTRACTO la indemnización por daño material. Igualmente se condena en costas a la demandada civil, monto que se definirá en ejecución de sentencia, por no haberse podido cuantificar el rubro por daño material. C.- Sobre las consecuencias de este fallo: Se ordena comunicar al Tribunal de la Inspección Judicial la pérdida de diez legajos de prueba documental aportados por la defensa, así como el informe de valoración por daño ambiental aportado como prueba documental al expediente por la representación de la Procuraduría General de la República. Los gastos del proceso quedan a cargo del Estado. NOTIFÍQUESE.  Guillermo Ampié Bonilla, Marianela Vargas Cousin y Gabriela Thuel Aguilar.   Jueces de Juicio\" (copia textual de folio 1876) B) Contra el anterior fallo, recurrieron en alzada las siguientes partes. El Licenciado Greivin Vargas Chaves, en su calidad de representante del actor civil Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como el Licenciado Fabio Oconitrillo Tenorio, en representación de las personas querelladas y demandas civiles, [Nombre1]   y [Nombre2]   , interponen, cada uno por su cuenta, recursos de apelación de sentencia contra el fallo emitido por el Tribunal Penal de Heredia, resolución número 451-2015 de las 9:00 horas del 19 de octubre de 2015. Igualmente, al concederle traslado sobre las impugnaciones aludidas, los apoderados especiales judiciales de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. interponen recurso de apelación adhesiva sobre el aspecto civil del citado fallo. C) El Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de San Ramón, resolvió las apelaciones interpuestas de la siguiente forma. Voto número 2017-000333, las nueve horas diez minutos del quince de mayo de dos mil diecisiete cuya parte dispositiva indica: POR TANTO. Se declaran sin lugar los recursos de apelación de sentencia interpuestos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en su condición de actor civil, y por los querellados y demandados civiles. Se declara con lugar la apelación adhesiva interpuesta por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. contra Autoservicio Zona Franca S.A.. Se anula lo resuelto al denegar la indemnización por lucro cesante y en su lugar se acoge el monto de UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA COLONES CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS correspondientes al lucro cesante de la no comercialización del agua del pozo AB 1089 de enero de 2005 a junio de 2013.  En cuanto a ese mismo concepto, pero con posterioridad a dicha fecha, se ordena el juicio de reenvío a su oficina de origen, para que con la debida sustanciación se tome la decisión que en derecho corresponde.”  (Copia textual de folios 1981 y 1982).  D) Contra el anterior pronunciamiento emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia, interpuso recurso de casación únicamente el representante legal del Instituto --Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (cfr. Folios 1997-2000). E) La Sala de Casación Penal mediante voto número 2017-00790 de las 14:34 horas del 30 de agosto de 2017, resolvió: POR TANTO. Se declara inadmisible el recurso de casación incoado por el representante del Instituto de Acueductos y Alcantarillados.” (copia textual de folio 2004). De este recuento de resoluciones y según las sentencias reseñadas y en lo que interesa para la resolución del recurso interpuesto en esta oportunidad, se concluye lo siguiente.  En el juicio realizado en el año 2015 y que dio origen a la sentencia número 451-2015, se declaró con lugar la demanda civil interpuesta por la Empresa Servicios Públicos de Heredia incoada contra la empresa Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima. También se declaró con lugar la demanda civil interpuesta por la Procuraduría General de la República, contra la empresa Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima. En dicho falló se fijó la existencia de una responsabilidad civil extracontractual de la empresa Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima y el deber de indemnizar al Estado representado por la Procuraduría General de la República por el daño ambiental producido, por el actuar de la referida entidad demandada. En ese fallo se estableció la existencia del daño ambiental, pero por carecer de prueba, la condena pecuniaria se estableció en abstracto (considerando IX del fallo 451-2015). De igual manera se estableció el deber de indemnizar por responsabilidad civil extracontractual a la empresa Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, en favor de la empresa Servicios Públicos de Heredia, en los siguientes extremos: ” Se condena a Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima al pago por daño material que consiste en la disminución del patrimonio de la actora civil por tener que sufragar las labores de remediación del pozo AB 1089, así: a) Por el valor monetario que tuvo que cancelar producto de los análisis químicos de hidrocarburos de FUNDATEC, laboratorios LAMBDA, CELEQ, fotocopias de planos, compra de frascos para la recolección de las muestras, servicios profesionales de sondeo vertical, tal y como fue detallado en el anexo N° 1 del informe pericial de folios 1029 y siguientes, relativo a la cuantificación de los daños patrimoniales. Estos montos suman un total de veintinueve millones ciento cuarenta y nueve mil dieciséis colones con treinta céntimos (29.149.016,30), más cincuenta mil novecientos veinticinco dólares ($ 50.925), que corresponden a los análisis y muestreos del laboratorio CHEMLABS, así como la contratación de la consultoría brasileña CHEMLABS, según las facturas contenidas en ver anexo N° 2 de dicho informe; b.-) Gastos relacionados con la contratación de maquinaria, materiales necesarios para efectuar las labores de remediación, tales como cemento, bombas, tuberías, salario de trabajadores que tuvieron que desatender sus labores diarias dentro de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, concretamente las horas del personal que se desplazó al pozo contaminado con el fin de darle seguimiento a las tareas necesarias para limpiar el combustible presente en las inmediaciones del tantas veces referido [Dirección2]  , así como la contratación de profesionales para las labores de la remediación, dentro y fuera de la entidad actora, tal y como se detalla en el anexo N° 3 de la pericia, lo que suma un total de treinta y cinco millones setecientos veintisiete mil cuento ochenta y dos colones con doce céntimos (35.727.182,12); c.-) El equivalente al salario del personal de la Compañía de Servicios Públicos de Heredia que tuvo que asistir a las reuniones de la Comisión Interinstitucionales de  Remediación y que fue liquidado en la suma de siete millones trescientos cincuenta y un mil ciento treinta y dos colones con cincuenta y un céntimos (7.351.132,51), según se desprende de la documentación aportada en el anexo N° 4 del informe pericial al que se ha hecho referencia, cantidades que en su totalidad suman setenta y dos millones doscientos veintisiete mil trescientos treinta colones (72.227.330), que deberá cancelar la empresa demandada civil Auto Servicio Zona Franca, a favor de la actora civil Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)”.  copia textual de folio 1871 y 1872).  En primera instancia se rechazó el pago en favor de la empresa Servicios Públicos de Heredia, por concepto de lucro cesante.  Como ya se reseñó, la sentencia 451-2015, fue impugnada por la actora civil Empresa de Servicios Públicos de Heredia (mediante recurso de apelación por adhesión). Esta Cámara de Apelación con diversa integración, declaró con lugar el recurso de apelación, y en alzada se reconoció el derecho de la empresa Servicios Públicos de Heredia, para cobrar un indemnización por concepto de lucro cesante  a cargo de la demandada Auto Servicio Zona Franca, por la suma UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA COLONES CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS correspondientes al lucro cesante de la no comercialización del agua del pozo AB 1089 de enero de 2005 a junio de 2013.  Además, se ordenó el juicio de reenvío para que se conociera sobre la procedencia o no del pago de lucro cesante posterior a junio de 2013 en favor de la empresa Servicios Públicos de Heredia. Estos extremos adquirieron firmeza, toda vez que la sentencia emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia, en lo que respecta a la acción civil incoada por Servicios Públicos de Heredia contra Auto Servicio Zona Franca, no fue recurrida en Casación.  De lo antes expuesto se tiene que el juicio de reenvío ordenado en el fallo número 2017-333, por parte de este Tribunal de Apelación lo era para un tema específico, a saber, la procedencia o no del reclamo planteado por la empresa Servicios Públicos de Heredia para el pago del lucro cesante a partir de junio de 2013 y hasta el año 2018.\n\nIV. Del recurso de apelación interpuesto por Auto Servicios Zona Franca.  Se declara sin lugar los motivos planteados. Del anterior recuento, se tiene que los motivos expresados por el apelante en los reclamos identificados como primero, tercero y cuarto, lo que se cuestione está vinculado con la responsabilidad civil de la empresa Auto Servicios Zona Franca y su legitimación como actor civil. Estos temas no pueden ser objeto de revisión en esta sede, toda vez que en la sentencia número 2015-451 dictada por el Tribunal de Juicio, esos extremos fueron establecidos y dicha decisión adquirió firmeza, según el repaso efectuado en el considerando anterior. Es decir, lo relativo a la demostración del daño causado a la empresa Servicios Públicos de Heredia, por la contaminación del agua del [Dirección2]  , causado por la empresa Auto Servicios Zona Franca, mediante la contaminación por hidrocarburos del manto acuífero Colima Superior, del cual es captada el agua que abastece al referido pozo, ya ha sido objeto de juzgamiento, y lo establecido en las sentencias 451-2015, así como lo fijado en el fallo número 2017-333 emitido por la Sección Segunda del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito judicial de San Ramón, en relación con la responsabilidad civil de la empresa Auto Servicios Zona Franca, no puede ser revisado por este Tribunal. Al respecto, hay que indicar que en la sentencia que ahora es objeto de impugnación, a saber, el fallo número 2019-709, emitida por el Tribunal de Juicio de Heredia, se deja establecido de forma clara, ese aspecto, así como la competencia del Tribunal de instancia en cuanto al objeto del reenvío. Por ende, resultan improcedentes los alegatos que esboza el apelante, y que están relacionados con la determinación del daño, la relación causal y la existencia de un deber de indemnizar por parte de la empresa Auto Servicios Zona Franca en favor de la actora civil Empresa de Servicios Públicos de Heredia. De igual manera, el apelante confunde dos situaciones jurídicas diversas, a saber: Mediante el fallo número 2015-451, emitido por el Tribunal de Juicio de Heredia, se absolvió a los imputados [Nombre2]   , y [Nombre1]  , por los delitos de Corrupción de Sustancias Alimenticias o Medicinales y Contaminación de Aguas (acápite A del referido fallo). Asimismo, se declaró sin lugar la demandada presentada por la empresa Servicios Públicos de Heredia, y la Procuraduría General de la República,  en lo que se refiere a la responsabilidad civil  subjetiva de estas dos personas. (Acápite B. 2 de la sentencia 2015-451). El error del apelante consiste en desconocer que en dicho fallo (2015-451), se estableció la responsabilidad civil de otra persona, a saber de la entidad jurídica Auto Servicios Zona Franca, y con relación a esta persona jurídica, se declararon con lugar las demandas civiles interpuestas por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, y la interpuesta por la Procuraduría General de la República por el daño ambiental causado, y en tal sentido se condenó a la empresa Auto Servicios Zonas Franca al pago de daños y perjuicios, en los términos que se indicó en el fallo 2015-451, así como en lo ampliado mediante el voto número 2017-333 del Tribunal de Apelación de Sentencia, en lo relativo al lucro cesante para los años 2005 al 2013.  Lo anterior permite concluir, que carece de sustento jurídico el reclamo que hace el apelante, cuando afirma que no se ha establecido la existencia de un daño ni el deber de indemnizar por parte de le sociedad Auto Servicios Zona Franca. En lo que respecta al reclamo formulado por la no integración de una litis consorcio necesaria, según lo expone el apelante en su recurso, por la no intervención en su momento del Banco Crédito Agrícola de Cartago y ahora del Banco Improsa, por cuanto la finca número CED3, en la que está ubicada la estación de servicio es propiedad fiduciaria del ente financiero, tampoco le asiste razón al apelante.  Este tema fue objeto de análisis por parte del Tribunal de Juicio en la sentencia número 2019-709, en la que resolvió la excepción formulada por la empresa Auto Servicios Zona Franca, de la siguiente forma: “Con relación a las excepciones de falta de legitimación, falta de derecho y la necesidad de conformar el litisconsorcio necesario que alega la defensa del demandado civil, las mismas no son de recibo, primero porque estas excepciones ya fueron conocidas mediante sentencia firme por lo que este tribunal no es competente para conocerlas y en segundo lugar y sólo para aclarar los aspectos del litisconsorcio que la defensa alega debió integrarse al existir un fideicomiso Caribeños-BCR-Dos mil cinco. Según la doctrina de daños y el artículo 1046 Del Código Civil sobre la responsabilidad civil extracontractual el damnificado víctima tiene derecho a resarcir el daño y para ello puede dirigirse a quien considere es el causante del mismo, por lo que entonces estamos ante una pretensión personal facultativa, lo que significa que la ESPH tiene la facultad de dirigir sus pretensiones de resarcir el daño hacia quien considera lo ocasionó, por lo tanto a lo sumo lo que podría configurarse es un litisconsorcio pasivo facultativo mismo que no es necesario en este proceso” (copia textual sentencia 2019-709). Esta conclusión es correcta, ya que como bien lo explica la Cámara de Juicio, en este caso no existía por parte del actor civil Empresa de Servicios Públicos de Heredia, el deber de demandar a los Bancos a los que se alude, ya que la responsabilidad que se reclamaba era por acciones realizadas por la empresa Auto Servicios Zona Franca al momento de realizar obras de construcción en la gasolinera. Además, desde el fallo 2015-451, quedó establecido que para la época del hecho juzgado (contaminación del agua), la dueña de la gasolinera donde se dio el evento lo era la empresa Auto Servicio Zona Franca,  de ahí la improcedencia de invocar una litis consorcio pasiva necesaria. Asimismo, el apelante, alude de que no era procedente emitir una condena por lucro cesante, y objeta la argumentación que dio la Cámara de Juicio al respecto, por estimar que  no valoraron que no se acreditó pérdida económica alguna para la Empresa Servicios Públicos de Heredia, y por ende no era posible establecer un lucro cesante. Añadió que no se ponderó que se habilitaron dos pozos de agua, y que no se acreditó que existiera escases de agua y por ende un perjuicio para la actora civil. Asimismo, cuestionó que en el peritaje no se tomó en cuenta la cantidad de personas abonadas, para hacer determinar el monto a indemnizar. Estos otros alegatos también deben ser declarados. Aquí nuevamente el apelante, parte del sesgo de desconocer que ya hay una sentencia condenatoria en materia civil que estableció la existencia del daño. Específicamente, desde la decisión número 2015-451, se estableció que por trabajos realizados en la gasolinera Auto Servicios Zona Franca, se perforó un tubo que transportaba hidrocarburos, y esto generó que se contaminara el agua del manto acuífero Colima Superior, del cual es captado el líquido por parte del pozo de agua AB 1089, que es explotado por la empresa Servicios Públicos de Heredia, para el suministro de agua potable en la provincia de Heredia. Igualmente, desde la emisión del fallo 2017-333 del Tribunal de Apelación de Sentencia, se fijó el deber de indemnizar por parte de la empresa Auto Servicios Zona Franca,  por concepto de lucro cesante, desde el año 2005 hasta el 2013. En tal sentido, en aquella oportunidad se indicó lo siguiente: “Estima  esta Cámara que la fundamentación ofrecida no satisface los requerimientos de una adecuada valoración de los elementos de prueba que se tuvieron a disposición, puede apreciarse que lo que echo de menos el fallo es la acreditación de la falta de facturación o del desabastecimiento producido a raíz de la contaminación el pozo en cuestión. Vemos entonces, que en ningún momento se cuestiona el faltante  del agua producida por el pozo AB 1089, ni la calidad de empresa surtidora del servicio de agua para las comunidades aludidas. Lo que se echa de menos, es una prueba negativa de la falta de facturación o la efectiva afectación del servicio público de abastecimiento de agua. Es claro, que esos aspectos no integran el concepto de perjuicio para la empresa actora civil en este caso, toda vez que como tal estaba obligada, según los principios del derecho administrativo que regulan el servicio público, a prestar el servicio, lo que implica que debió haber suplido el faltante del suministro de agua que le proveían el pozo que dejó de funcionar. Sin embargo, eso no autoriza, como en forma equivocada lo resuelve la sentencia, a considerar que no existió el perjuicio subyacente.  Lo cierto del caso es que se constató la contaminación del pozo y consecuentemente el faltante del agua que este pozo  proveía a la empresa en cuestión para surtir  el agua potable a las comunidades que estaban a su cargo, al no contar con esta fuente de abastecimiento, lógico es pensar que tuvo que proveerla por otro medio. Precisamente, en eso consiste el menoscabo patrimonial que debe ser indemnizado y que conforme a la forma en que se sustentó la sentencia  quedaría en descubierto al no ser reconocido para su debida indemnización. Como se puede observar del legajo de prueba correspondiente al informe pericial del licenciado Luis Alberto Rodríguez Astúa, dicho profesional, para efectos de la determinación de las sumas correspondientes a los ingresos dejados de percibir tomó en consideración la operación que el pozo en cuestión tenía como suplidor de faltantes, es decir, que el mismo operaba en los meses de enero a junio, además calculó un consumo básico promedio de cada abonado y lo relacionó con las tarifas oficiales aprobadas por la ARESEP, es decir, que la contabilización de los perjuicios se hizo conforme a la traducción dineraria que el agua producto de ese pozo efectivamente pudo haber generado, por lo que esta Cámara de Apelación de sentencia no observa ninguna objeción en la modalidad del cálculo de este extremo indemnizable y pretendido, que según se fijó en la ampliación del dictamen pericial de folio 1024 y siguientes del tomo III del expediente principal se terminó de fijar en la suma de 1.873.981.080,58 colones (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA COLONES CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS), lucro cesante correspondiente a la pérdida económica sufrida desde el 1 de enero de 2005 a junio de 2013, monto que en efecto debió haber sido reconocido a favor de los intereses de la parte actora civil Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. y a cargo de la empresa demandada civil Autoservicio Zona Franca S.A., que en este caso procede valorar como indemnizables. Sobre la pretensión adicional reclamada por la parte actora civil, en cuanto a la indemnización respectiva a los perjuicios operados con posterioridad, dicho extremo debe ser analizado en un juicio de reenvío sobre ese específico punto, por cuanto, esta Cámara no puede determinar al respecto si a este momento dicho pozo [Placa1]  fue debidamente rehabilitado y si lo fue a partir de cuál momento lo habría sido, aspectos que impiden  tomar una determinación sobre ese reclamo, debiendo dichos aspectos dilucidarse en un juicio de reenvío para efectos de determinar si procede una indemnización adicional y por cuál monto” (copia textual considerando IV fallo 2017-333). Como se analizó en el considerando precedente, la fijación de lucro cesante efectuada por el Tribunal de Apelación de Sentencia, para el periodo correspondiente del año 2005 al 2013, no fue objeto de recurso de casación, y por ende, esa decisión adquirió firmeza, por lo que este Tribunal de Apelación, en esta ocasión, carece de competencia para revisar lo allí resuelto. Además, en nuestro esquema procesal, solamente la Sala de Casación es competente para examinar los fallos que emite un Tribunal de Apelación de Sentencia Penal (artículo 467 del Código Procesal Penal). Sobre lo que si tiene competencia, este Tribunal de Apelación es sobre el objeto de reenvío que se dispuso en el fallo número 2017-333, y sobre el que versó el juicio realizado por el Tribunal de Juicio de Heredia, en el año 2019, y que dio como origen la sentencia 2019-709, que es la que ahora se revisa en alzada. Ahora bien, examinado los alegatos que hace el apelante, contra  la determinación de un lucro cesante, que abarca los años 2014 al 2018, tampoco le asiste razón, ya que la sentencia se encuentra debidamente sustentada. Como se ha indicado a lo largo de este fallo, la decisión jurisdiccional 2019-709, emitida por el Tribunal de Juicio, tiene su origen en un juicio de reenvío, para el cual ya existía un elenco fáctico relativo a la responsabilidad civil de la empresa Auto Servicios Zona Franca, fijado desde la sentencia número 2015-451, en el cual se acreditó que el pozo de agua AB1089, se contaminó con hidrocarburos y que en virtud de esa situación ese pozo de agua dejó de ser utilizado como fuente para suministro de agua por parte de la Empresa Servicios Públicos de Heredia. En el juicio de reenvío se partió de los hechos ya demostrados en el primer juicio, y en estos se estableció  que la contaminación por hidrocarburos del manto acuífero Colima Superior cuyas aguas son captadas por el pozo AB1089, pertenecientes a la Empresa Servicios Públicos de Heredia, fue provocada por los trabajos de construcción que se realizaron en la Gasolinera Auto Servicios Zona Franca (cfr. Hechos probados de la sentencia 2015-451, con los demostrados en el fallo 2019-709). Relacionado con el objeto de reenvío, el Tribunal de Juicio concluyó que  el pozo AB-1089 fue contaminado en el año 2004 momento en que ceso su explotación; Así como que desde el año 2004 se realizaron labores de mitigación en aras de sanear el pozo con el fin de continuar con su explotación comercial. Para lograr lo anterior la actora ESPH, realizó estudios y pruebas técnicas con relación al caudal y calidad del agua de pozo AB-1089. Como parte de esos exámenes se encontró presencia de hidrocarburos en el pozo en mención, específicamente en el año 2011 y en el año 2014 y se concluyó que el acuífero que surte de agua el pozo AB-1089, presenta contaminación debido a que el hidrocarburo vertido, ha permeado el subsuelo permaneciendo oculto en las grietas de las rocas que conforman el acuífero, lo que provoca que sea indetectable. La detectabilidad del hidrocarburo en el pozo AB-1089, ha sido irregular, esto debido a que dicha sustancia fluye hacia el agua, sin que se pueda determinar el lapso de tiempo de este proceso. Lo anterior hace que la contaminación del agua pueda ser inconstante e imprevisible, ello sin importar el tiempo que ha transcurrido. Debido a lo anteriormente indicado, el abastecimiento de esta agua para el consumo humano constituye un riesgo a la salud pública, razón que derivo en el cierre definitivo del pozo AB-1089 (cfr. Folio del fallos 31 Y 32 del fallo 2019-709). Asimismo, se estableció que dicho pozo de agua fue clausurado de forma definitiva en el año 2014, pero que desde el año 2004, se había cesado su uso. Para sustentar estas conclusiones aparte de un análisis de la prueba documental, el Tribunal de Juicio ponderó lo que al respecto declararon  [Nombre7]   y [Nombre8]   , quienes de forma detallada y cada uno en su campo de experticia (geología y química), narraron las diversas labores y exámenes que se hicieron a fin de atender la contaminación del manto acuífero Colima Superior, del cual eran captadas las aguas del pozo AB1089, por parte de la Empresa Servicios Públicos de Heredia. De la revisión de esas probanzas por parte de esta Cámara, se concluye que un hecho cierto, lo fue la contaminación del manto acuífero Colima Superior, así como del agua captada por el referido pozo, lo que provocó que el agua que era abastecida desde ese pozo dejara de ser usada, situación que se prolongó desde el año 2014 y hasta el 2018.  A diferencia de lo que propone el apelante, sí existe prueba documental y testimonial que dan cuenta del perjuicio económico causado a la actora civil Empresa de Servicios Públicos de Heredia, por la no utilización del agua que era captada en dicho pozo.  Además, se estableció que fue hasta el año 2018, que se puso en funcionamiento el Pozo Malinche II, por parte de la empresa Servicios Públicos de Heredia, y que con el uso de este otro pozo es que se logró suplir el suministro de agua que antes era captado por el pozo AB 1089.  Este hecho que es ampliamente explicado en la sentencia de instancia, es lo que da base a la determinación del lucro cesante, por la pérdida económica que sufrió la actora, por no poder distribuir y vender el agua que era captada por el pozo AB 1089.  De ahí que la determinación del perjuicio causado, con relación al periodo comprendido del 2015 al 2018, se encuentra debidamente establecida en sentencia. Por otra parte, el apelante, indica que el peritaje no tiene la rigurosidad técnica requerida para fijar, a partir de esta prueba, el monto económico a indemnizar, porque el profesional actuario matemático no utilizó como dato el número de abonados a los que se les surtía agua potable de ese pozo. Además, de que existían diversas tarifas, por lo que no era posible establecer un monto promedio, y a partir de este fijar el daño económico a indemnizar.  Este alegato carece de sustento probatorio, por lo siguiente. En el fallo de instancia se explica claramente, la metodología utilizada por el perito [Nombre9]   para cuantificar el monto económico a indemnizar por lucro cesante. Al respecto, y a manera de resumen se indicó que la pericia tiene validez, y es fiable, en el tanto para hacer los cálculos respectivos, se tomó en consideración que la Empresa Servicios Públicos de Heredia, posee una concesión para explotar el pozo AB 1089, el cual para el año 2003 producía  88 litros por segundo de agua, y que debido a la contaminación del manto acuífero que era captado por dicho pozo, ese líquido no pudo ser distribuido ni vendido a los consumidores. Además, el cálculo se realizó tomando en consideración las estadísticas y las bitácoras de producción real que tenía ese pozo, según la información que aportó la empresa actora. Otro factor que se utilizó en la fórmula fue la tarifa de consumo familiar. Este aspecto es atacado por el apelante, al indicar que en esa época existían varias tarifas y eso incidía en el eventual monto, a más alta la tarifa mayor la cuantía, y una tarifa menor, daría como resultado un perjuicio económico menor. Este alegato carece de sustento, porque como bien se explica en el fallo, aunque para la fecha del suceso, la empresa de Servicios Públicos de Heredia, tenía diversas tarifas para el suministro de agua potable, sea que el agua fuera para consumo doméstico, industrial o comercial, los cálculos se hicieron con la tarifa más baja que era la destinada al consumo doméstico, y con las cifras de consumo promedio que para efectos de fijación de tarifas utiliza la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.  Es decir, la formula utilizó la tarifa más baja, y de ahí que no se puede alegar que la fórmula era abusiva o arbitraria. Otro punto que se desarrolló en la decisión de instancia, es que no era necesario conocer la cantidad de abonados que serían surtidos, porque de la prueba se acreditaba, y fue un hecho no controvertido, que el [Dirección3] , era usado en la época de verano (de enero a junio) para abastecer el agua, y que el resto del año servía para agua de reserva.  En otras palabras, la prueba permitió establecer que con anterioridad a la contaminación del agua, el [Dirección3] , era utilizado por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, en la época de verano, para suplir la demanda de agua potable en  esa provincia debido en la estación seca, ya que el suministro de agua disminuye por la falta de lluvias. Como se indica en la sentencia la falta del líquido era un dato real, y no una  expectativa como alude el apelante. Además, el perito [Nombre9]   explico que se usó información del ente regulador para fijar las tarifas, tal como lo es el promedio de consumo de agua por familia que quedó fijado en 21.93 m3 cúbicos.  Del examen del fallo, y de la prueba, se concluye, que la afirmación que utilizó el perito para hacer los cálculos aritméticos, no solo se basó en los datos suministrados por la empresa actora, sino también en la información que se utiliza por parte de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos para fijar las tarifas que puede cobrar la empresa distribuidora de agua. De ahí que la fórmula de cálculo utilizada responde a datos objetivos y de ahí la validez y confiabilidad que le asignó la Cámara de Juicio.  Además, es un hecho notorio que en la época de verano, el agua escasea, y de ahí que tampoco resulta arbitraria la afirmación que en tal sentido hizo el Tribunal de Juicio. Finalmente, el apelante no aporta ningún dato objetivo que invalide el método utilizado por el perito, en el cual cómo se lleva dicho, no era necesario conocer la cantidad de personas abonadas, sino más bien lo relevante era determinar la cantidad de agua que era captada por ese pozo y que no fue posible distribuir en los meses de enero a junio de los años 2015 al 2018, así como en el mes de enero de 2014. En consecuencia, por estar la sentencia debidamente sustentada se declara sin lugar el recurso de apelación de sentencia.\n\nPOR TANTO:\n\n            Se declara sin lugar el recurso interpuesto por la empresa Auto Servicios Zona Franca, representada por el apoderado especial judicial Carlos Alberto Aguilar Ramírez. Notifíquese.\n \n\n \n\n \n\nAdriana Escalante Moncada\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKarina Redondo Gómez                                     José Alberto Rojas Chacón                                                     \n\nJueces de Apelación de Sentencia\n\n \n\n \n\n \n\nExpediente Nº 04-018440-0042-PE\n\nContra: [Nombre1]   y otro\n\nDelito: Infracción a la ley de aguas\n\nEn perjuicio de: Empresa de Servicios Públicos de Heredia\n\n[Nombre10]\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 23:56:08.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Normal\nSmall\n\n**Sentencing Appeals Tribunal, Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón**\n\n**Resolution No. 01118 - 2020**\n\n**Date of Resolution:** November 13, 2020, at 13:48\n\n**Case File:** 04-018440-0042-PE\n\n**Drafted by:** Adriana María Escalante Moncada\n\n**Type of Matter:** Criminal appeal\n\n**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n**Type of Content:** Majority vote\n**Topics (descriptors):** Civil action for damages\n**Subtopics:**\nLiability of a self-service company that contaminates a supply well of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia.\n**Topics (descriptors):** Crimes against public health\n**Subtopics:**\nContamination of a supply well of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia by a fuel spill.\n**Topics (descriptors):** Corruption of food or medicinal substances\n**Subtopics:**\nContamination of a supply well of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia by a fuel spill.\n**Topics (descriptors):** Lost profits (Lucro cesante)\n**Subtopics:**\nUse of means other than the usual ones to supply a public service must be considered for indemnification purposes.\n**Rulings in the same sense Rulings from the same case file**\n\n**Ruling with protected data, in accordance with current regulations**\n\n**Text of the resolution**\n                          PODER JUDICIAL                                                            \nSENTENCING APPEALS TRIBUNAL OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN                        \n           Tel: 2456-9069                        [...]@                   Fax: 24569029   \n__________________________________________________________________________________________\nCase File: 04-018440-0042-PE\nResolution: 2020-001118\n            SENTENCING APPEALS TRIBUNAL OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SECTION ONE. San Ramón, at thirteen hours forty-eight minutes on the thirteenth of November of two thousand twenty.\n            SENTENCE APPEAL filed in the present case against [Name1], Costa Rican, identity card number CED1, and [Name2], Costa Rican, identity card number CED2, for the crime of VIOLATION OF THE WATER LAW (INFRACCIÓN A LA LEY DE AGUAS) to the detriment of EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA. The judges Adriana Escalante Moncada, José Alberto Rojas Chacón, and Karina Redondo Gómez participate in the decision on the appeal. Appearing in the sentence appeal is attorney Carlos Alberto Ramírez Aguilar, in his capacity as Special Judicial Representative of the civil defendant.\n\n                                                        WHEREAS:\n\n            1.- That by judgment number 709-2019 at fourteen hours on the twenty-ninth of August of two thousand nineteen, the Criminal Trial Court of Heredia resolved: \"THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the foregoing, Articles 103, 106, 107, and 109 of the Criminal Code, Articles 37 to 41 and 111 to 124, 267, 359, 366, 368, 466 of the Criminal Procedure Code, Articles 1045, 1046, 1048 of the Civil Code; the present civil action for damages (acción civil resarcitoria) brought by EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH) against AUTOSERVICIOS ZONA FRANCA, S.A. is granted with respect to the claim for lost profits (lucro cesante) from 2014 to 2018, setting for this concept the amount of ONE THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY-SEVEN MILLION EIGHT HUNDRED SIXTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY-SEVEN COLONES AND FORTY-THREE CÉNTIMOS. (1,677,862,847.43). For indexation on the aforementioned amount, the total of TWO HUNDRED SEVENTY-FOUR MILLION ONE HUNDRED NINETY-TWO THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-ONE COLONES AND FORTY-SEVEN CÉNTIMOS (274,192,261.47) is awarded. For interest, the sum of TWO HUNDRED SEVENTY-ONE MILLION TWENTY-FOUR THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY-NINE COLONES AND SEVENTY-TWO CÉNTIMOS (271,024,689.72) is set. For procedural costs, the amount of THREE MILLION COLONES (3,000,000) is awarded. For personal costs according to the Attorney Fee Tariff Decree number 32493, the amount of TWO HUNDRED TWENTY-TWO MILLION THREE HUNDRED SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY-NINE COLONES AND EIGHTY-FOUR CÉNTIMOS (222,307,979.84) is awarded. NOTIFY. [Name3]. [Name4]. [Name5].\"\n\n            2.- That against the preceding ruling, attorney Carlos Alberto Ramírez Aguilar filed a sentence appeal.\n\n            3.- That upon verification of the respective deliberation, in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Sentencing Appeals Tribunal of the III Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, proceeded to hear the appeal.\n\n            4.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.\n\n            Judge of Sentencing Appeals Escalante Moncada drafts; and,\n\nWHEREAS (CONSIDERANDO):\n\nI. Attorney Carlos Alberto Aguilar Ramírez, in his capacity as special judicial representative of the civil defendant Auto Servicio Zona Franca, filed a sentence appeal against written judgment number 709-2019 issued by the Trial Court.\n\nII. In the first ground of appeal, he invokes a violation of Articles 142 and 363 subsection c) of the Criminal Procedure Code, in relation to Article 61.2 of the Civil Code. He indicates that the list of proven facts established that on March 17, 2013, [Name6] requested the Dirección General de Transporte de Comercialización de Combustible to make improvements at [Address1], because the Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), by official letter 3-704, requested reforms to said gas station. He indicates that the list of proven facts established that an operator linked to the company performed the replacement of the asphalt layer, using machinery known as a \"back hoe\" (textual copy, folio 2256). He indicates that based on these unproven facts, strict liability (responsabilidad objetiva) was generated for the company's new representatives, namely Mr. [Name2]. He states that the Trial Court assumed that [Name2] failed in his duty to supervise the work performed. He questions that the civil liability of the company Auto Servicio Zona Franca was established, despite the fact that, at the time of the events, the analysis did not consider that another person represented the corporate entity and not the defendants tried in this matter. Likewise, he affirms that the oversight of the works carried out at that service station was the purview of several public institutions. He criticizes that the judgment originating from the retrial (juicio de reenvío) incurred the error of accepting as proven the facts aired in the first trial, despite the fact that it was not demonstrated which persons performed those works. He states that another error in the judgment is that it established that the commercialization of water from well AB 1089 generated lost profits (lucro cesante) from 2013. He states that the judgment confused the concepts of lost profits (lucro cesante) and damages, nor did it analyze the evidence determining the impact on the public service, as well as the damages caused, for which reason he estimates that there is a finding of lost profits (lucro cesante) without reasoning or justification. He states that it was also not analyzed that the Empresa Servicios Públicos de Heredia enabled two new water wells to supply the demand, so lost profits (lucro cesante) could not be generated. He affirms that the closure of a well does not imply an economic loss for the Empresa Servicios Públicos de Heredia. He indicates that irrational sums were awarded, which correspond to an income without legitimate cause. He indicates that no evidence was presented to prove the lack of service or the absence of income from subscribers regarding water service charges. He maintains that the judgment is improperly supported. In the second ground, he alleges a violation of Articles 124 of Law number 4981 of 1971, as well as Articles 1045 and 1048 of the Civil Code. He indicates that the Trial Court's decision to establish the existence of strict liability (responsabilidad objetiva) on the part of the company Auto Servicio Zona Franca lacks legal and evidentiary support. He indicates that he opposed the expert opinion as support for strict liability (responsabilidad objetiva), but his arguments were not understood in the judgment. He indicates that the Law and the doctrine define lost profits (lucro cesante) as the loss of income. He alleges that lost profits (lucro cesante) must be proven with suitable evidence and not with unverified arithmetic expectations, since it had to be demonstrated that the plaintiff company was harmed in the commercial activity of water supply, and therefore in its income. He reiterates that the fact that one of the water wells of the Empresa Servicios Públicos de Heredia was closed is not synonymous with a loss of lost profits (lucro cesante), since it was proven that two more wells were enabled to supply the population with water. He indicates that the expert evidence did not establish the number of subscribers affected and the quantification regarding the eventual loss of income. He says that the expert used expectations of how much income the water well could produce, but no real harm from not selling water, or that the consumption of the liquid was affected, was demonstrated. He objects that the Trial Chamber affirmed that there was a water shortage, without indicating what evidence allows supporting that conclusion, since the expert report and the statements received at trial do not mention that circumstance. He maintains that in this case, it was not demonstrated that the company acted with carelessness or negligence in the supervision or selection of the persons who performed the works at the service station that caused the water contamination. He adds that the judgment is illogical because it states that the company that performed the works is an unknown entity, but even so, a criterion of strict civil liability (responsabilidad civil objetiva) was established for the defendant Estación de Servicios Zona Franca. He insists that in this case there is no evidence to consider the hypothesis of strict civil liability (responsabilidad civil objetiva) provided for in Article 1048 as proven, and therefore, he deems it inappropriate that his client was ordered to pay lost profits (lucro cesante) that was also not proven. He indicates that in this case the defendants were acquitted of a crime of water containment (contención de aguas), and that situation became final, so it was not appropriate to apply Articles 124 and following of the criminal liability rules, since no illicit conduct, whether intentional or negligent, was proven against the accused. He says that the damage produced was caused by a fortuitous event caused by the operator of the \"back hoe\" machinery, and therefore it was not appropriate to extend civil liability to his client. He indicates that it was also not demonstrated that the construction of the gas station was carried out outside the limits of the authorizations granted by public entities. He indicates that, at the time of the events, the representative and president of the company was [Name6], who managed the respective permits for the remodeling of the gas station, a situation that cannot be imputed to the new representatives. He argues that civil liability was generated against his client for acts performed by unknown third parties. In this ground, he claims nullity of the judgment for failing to observe Articles 106 of the Civil Procedure Code, in force at the time of the events, as well as Articles 636 and 648 of the Civil Code, for failing to join the Banco Crédito Agrícola de Cartago and Banco Improsa to the process, who are \"fiduciary owners\" of the Heredia property number CED3. He indicates that as established in the fifth fact of the judgment, the company Gasolinera Auto Servicios Zona Franca is built on the Heredia property number CED3, a property that at the time of the issuance of the first-instance judgment was registered in fiduciary ownership in the name of Banco Crédito de Costa Rica, and for the year 2018, in the name of Banco Improsa. He indicates that the awarding of lost profits (lucro cesante) against the company Auto Servicios Zona Franca has direct consequences on the corporate assets. In this case, the alleged strict liability (responsabilidad objetiva) is intended to be based on the fact of a hydrocarbon spill that occurred on the cited property, on which the gas station operates. He indicates that the plaintiff should have sued the fiduciary as a third party interested in the outcome of the process, and the fiduciary should have been joined to the process to defend the interests of the trust. He adds that the existence of the trust is a public fact, because it is registered in the National Registry, and the trust contract was also admitted as evidence during the process. He states that the lack of participation of the fiduciary bank generates the nullity of the judgment for violation of the right of defense, since the fiduciary assets are autonomous assets and their defense corresponds to the fiduciary. In the third ground, he indicates that the principle of legality is violated because the retrial (juicio de reenvío) ordered to determine the civil consequences was based on conduct that is atypical. He adds that, in this case, the representation of the State should have been exercised by the Procuraduría General de la República, since the Empresa de Servicios Públicos de Heredia does not represent the State. He affirms that the Trial Court lacked jurisdiction to conduct the retrial (juicio de reenvío), but that argument was not analyzed in the judgment. He indicates that the civil action is accessory according to the provisions of Article 37 of the Criminal Procedure Code, and that said procedural regulation establishes who can be constituted as civil plaintiffs. He insists that the entity responsible for representing the environment was the Procuraduría General de la República. He explains that in this case the defendants were acquitted, and therefore, as no environmental damage was proven, it was not feasible for a civil judgment to be issued in favor of a third party that does not represent the State. He says that he filed an exception of lack of standing, but that request was not resolved by the Trial Court. In the fourth ground, he alleges that the judgment issued in the retrial (juicio de reenvío) is null because it set the lost profits (lucro cesante) in a single instance, which violates the American Convention on Human Rights, as well as Article 39 of the Political Constitution. He indicates that the International Declaration of Human Rights, in Article 8, guarantees the right to be heard by an impartial and competent Tribunal, and also guarantees the right to a double instance in Articles 5 subsection h and 25. He indicates that the Sentencing Appeals Tribunal erred in ordering the retrial (juicio de reenvío), since it resolved the matter of compensating an economic element in a single instance, which he believes constitutes unjust enrichment. He affirms that this proceeding violated the guarantee of the double instance. He indicates that the Empresa de Servicios Públicos de Heredia had a deadline to appeal judgment number 451-2015, and now, through a legal artifice, seeks to obtain a benefit despite the fact that the deadline had already expired. He reiterates that the expert report that set the lost profits (lucro cesante) contains a mathematical formula created by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia and is not based on subscriber information, so said evidence is insufficient. He requests that judgment number 2017-0033, issued by the Sentencing Appeals Tribunal, be annulled, as there is no res judicata. He also petitions that judgment number 709-2019 be declared null.\n\nIII. Background. Before addressing the claims raised by the appellant, it is necessary to recount the prior resolutions issued in this process, in order to clearly establish the subject matter of the appeal, as well as the jurisdiction of this Chamber. A) This process began in the jurisdiction of Heredia, and by judgment number 451-2015 at nine hours on the nineteenth of October of two thousand fifteen, the Criminal Trial Court of Heredia resolved: \"THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 37, 38, 40, 41, 111, 112 to 116, 119, 142, 180 to 184, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 368 of the Criminal Procedure Code; 1, 2, 11, 16, 18 to 20, 30, 31, 45, 268 of the Criminal Code; Article 132 (now 128) of the Wildlife Conservation Law; Article 1048 of the Civil Code; Articles 1 to 6 of the Law on the Transformation of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Law number 7789 of April 30, 1998; 50, 51, 59 of the Organic Law on the Environment; Article 18 in relation to 45 of the Tariff for Professional Legal and Notary Services, Executive Decree number 32493-J, in resolving this matter and by the unanimity of the votes cast, the following is resolved: A.- On the criminal action: 1.- The defendants [Name2] AND [Name1] are ACQUITTED of all penalty and responsibility for the crimes of Corruption of Food or Medicinal Substances and Water Contamination, which had been attributed to them to the detriment of public health and others. 2.- Regarding the complaints filed by the PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, the EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA, and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, against Messrs. [Name2] and [Name1], this judgment is issued without special condemnation for costs derived from their actions, as there was plausible reason to litigate. B.- On the civil action: 1.- The exceptions of LACK OF REPRESENTATION, LACK OF ACTION, LACK OF STANDING TO SUE AND BE SUED, filed by the civil defendants, are dismissed. 2.- The civil actions for damages (acciones civiles resarcitorias) brought by the Procuraduría General de la República; the Empresa de Servicios Públicos de Heredia; and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, against the civil defendants [Name1] and [Name2], are dismissed. 3.- Regarding these actions, this judgment is issued without special condemnation for costs, as there was plausible reason to litigate on the part of the plaintiffs. 4.- The civil action brought by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima is PARTIALLY granted, and by reason of the foregoing, the defendant company Auto-Servicios Zona Franca Sociedad Anónima is ordered to pay: 4.1.- For material damage the sum of 72,227,330.00 colones and 50,925 dollars. 4.2.- For indexation the sum of 23,337,137.00 colones. 4.3.- For legal interest the sum of 37,448,485.41 colones and 11,682.06 dollars. 4.4.- COSTS. 4.4.1. For personal costs the sum of 17,801,295.03 colones and 6,260.07 dollars. 4.4.2. For PROCEDURAL COSTS the sum of 2,500,000 colones. 4.4.3. The set interest shall continue to accrue from today until the effective payment of the totality of the amounts quantified in this judgment, which shall be determined in the enforcement of judgment. 4.5.- The claim for moral damages is dismissed. 5.- The civil action for damages (acción civil resarcitoria) brought by the Procuraduría General de la República against the defendant company Auto-Servicios Zona Franca Sociedad Anónima is granted, and for the foregoing, compensation for material damage is ordered IN ABSTRACT. Likewise, the civil defendant is ordered to pay costs, an amount that shall be defined in the enforcement of judgment, as the material damage item could not be quantified. C.- On the consequences of this judgment: It is ordered to notify the Judicial Inspection Tribunal of the loss of ten files of documentary evidence provided by the defense, as well as the environmental damage assessment report provided as documentary evidence to the case file by the representation of the Procuraduría General de la República. The costs of the process shall be borne by the State. NOTIFY. Guillermo Ampié Bonilla, Marianela Vargas Cousin, and Gabriela Thuel Aguilar. Trial Judges\" (textual copy from folio 1876). B) Against the preceding judgment, the following parties appealed. Attorney Greivin Vargas Chaves, in his capacity as representative of the civil plaintiff Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as Attorney Fabio Oconitrillo Tenorio, representing the persons who filed complaints and civil claims, [Name1] and [Name2], each on their own behalf, filed sentence appeals against the judgment issued by the Criminal Trial Court of Heredia, resolution number 451-2015 at 9:00 a.m. on October 19, 2015. Likewise, upon being granted a hearing on the aforementioned appeals, the special judicial representatives of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. filed an adhesive appeal on the civil aspect of said judgment. C) The Sentencing Appeals Tribunal of the Third Judicial Circuit of San Ramón resolved the filed appeals as follows. Vote number 2017-000333, at nine hours ten minutes on the fifteenth of May of two thousand seventeen, whose operative part states: THEREFORE (POR TANTO). The sentence appeals filed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in its capacity as civil plaintiff, and by the persons who filed complaints and civil claims are dismissed. The adhesive appeal filed by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. against Autoservicio Zona Franca S.A. is granted. The decision denying compensation for lost profits (lucro cesante) is annulled, and in its place, the amount of ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY-THREE MILLION NINE HUNDRED EIGHTY-ONE THOUSAND EIGHTY COLONES AND FIFTY-EIGHT CÉNTIMOS corresponding to the lost profits (lucro cesante) from the non-commercialization of water from well AB 1089 from January 2005 to June 2013 is accepted. Regarding that same concept, but after that date, a retrial (juicio de reenvío) is ordered to your office of origin, so that with the proper substantiation, the decision that legally corresponds can be made.\" (Textual copy from folios 1981 and 1982). D) Against the preceding ruling issued by the Sentencing Appeals Tribunal, only the legal representative of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados filed a cassation appeal (cf. Folios 1997-2000). E) The Criminal Cassation Chamber, by vote number 2017-00790 at 14:34 hours on August 30, 2017, resolved: \"THEREFORE (POR TANTO). The cassation appeal filed by the representative of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados is declared inadmissible.\" (textual copy from folio 2004). From this recount of resolutions and according to the judgments reviewed and as relevant for the resolution of the appeal filed on this occasion, the following is concluded. In the trial held in 2015, which gave rise to judgment number 451-2015, the civil claim filed by the Empresa Servicios Públicos de Heredia against the company Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima was granted. The civil claim filed by the Procuraduría General de la República against the company Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima was also granted. Said judgment established the existence of extra-contractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual) of the company Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima and the duty to indemnify the State represented by the Procuraduría General de la República for the environmental damage caused by the actions of the referred defendant entity. That judgment established the existence of environmental damage, but due to lack of evidence, the pecuniary condemnation was established in abstract (considerando IX of judgment 451-2015). Likewise, the duty of the company Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima to indemnify the empresa Servicios Públicos de Heredia for extra-contractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual) was established, in the following items: \"Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima is ordered to pay for material damage consisting of the decrease in the civil plaintiff's assets due to having to defray the remediation work on well AB 1089, as follows: a) For the monetary value that had to be paid resulting from the chemical analysis of hydrocarbons by FUNDATEC, LAMBDA laboratories, CELEQ, photocopies of plans, purchase of jars for sample collection, professional vertical sounding services, as detailed in Annex No. 1 of the expert report on folios 1029 et seq., relating to the quantification of patrimonial damages. These amounts total twenty-nine million one hundred forty-nine thousand sixteen colones and thirty céntimos (29,149,016.30), plus fifty thousand nine hundred twenty-five dollars ($50,925), corresponding to analyses and sampling by CHEMLABS laboratory, as well as the contracting of Brazilian consultancy CHEMLABS, according to the invoices contained in see Annex No. 2 of said report; b.-) Expenses related to the contracting of machinery, materials necessary to carry out the remediation work, such as cement, pumps, pipes, wages of workers who had to neglect their daily duties within the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, specifically the hours of personnel who traveled to the contaminated well to follow up on the tasks necessary to clean the fuel present in the vicinity of the oft-mentioned [Address2], as well as the contracting of professionals for the remediation work, inside and outside the plaintiff entity, as detailed in Annex No. 3 of the expert report, totaling thirty-five million seven hundred twenty-seven thousand four hundred eighty-two colones and twelve céntimos (35,727,182.12); c.-) The equivalent of the salary of the personnel of the Compañía de Servicios Públicos de Heredia who had to attend the meetings of the Inter-institutional Remediation Commission and which was liquidated in the sum of seven million three hundred fifty-one thousand one hundred thirty-two colones and fifty-one céntimos (7,351,132.51), as derived from the documentation provided in Annex No. 4 of the expert report to which reference has been made, amounts that in total sum seventy-two million two hundred twenty-seven thousand three hundred thirty colones (72,227,330), which the civil defendant company Auto Servicio Zona Franca must pay to the civil plaintiff Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).\" (textual copy from folio 1871 and 1872). In the first instance, the payment in favor of the empresa Servicios Públicos de Heredia for lost profits (lucro cesante) was denied. As already outlined, judgment 451-2015 was appealed by the civil plaintiff Empresa de Servicios Públicos de Heredia (via adhesive appeal). This Appeals Chamber, with a different composition, granted the appeal, and on appeal, the right of the empresa Servicios Públicos de Heredia to collect compensation for lost profits (lucro cesante) from the defendant Auto Servicio Zona Franca was recognized, for the sum of ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY-THREE MILLION NINE HUNDRED EIGHTY-ONE THOUSAND EIGHTY COLONES AND FIFTY-EIGHT CÉNTIMOS corresponding to the lost profits (lucro cesante) from the non-commercialization of water from well AB 1089 from January 2005 to June 2013. In addition, a retrial (juicio de reenvío) was ordered to determine the applicability or not of the payment of lost profits (lucro cesante) after June 2013 in favor of the empresa Servicios Públicos de Heredia. These items became final, as the judgment issued by the Sentencing Appeals Tribunal, regarding the civil action brought by Servicios Públicos de Heredia against Auto Servicio Zona Franca, was not appealed in Cassation. From the foregoing, it follows that the retrial (juicio de reenvío) ordered in judgment number 2017-333 by this Appeals Tribunal was for a specific topic, namely, the applicability or not of the claim raised by the empresa Servicios Públicos de Heredia for the payment of lost profits (lucro cesante) from June 2013 through 2018.\n\nIV. Regarding the appeal filed by Auto Servicios Zona Franca. The grounds raised are dismissed. From the foregoing recount, it follows that the grounds expressed by the appellant in the claims identified as first, third, and fourth challenge aspects related to the civil liability of the company Auto Servicios Zona Franca and its standing as a civil plaintiff. These issues cannot be reviewed in this venue, since in judgment number 2015-451 issued by the Trial Court, those items were established, and that decision became final, according to the review carried out in the preceding considerando.\n\nThat is, the matters concerning the demonstration of the damage caused to the company Servicios Públicos de Heredia, by the contamination of the water of the [Dirección2], caused by the company Auto Servicios Zona Franca, through hydrocarbon contamination of the Colima Superior aquifer, from which the water that supplies the referenced well is captured, have already been the subject of judgment, and that which was established in judgment 451-2015, as well as what was set forth in ruling number 2017-333 issued by the Second Section of the Sentence Appeals Court of the Third Judicial Circuit of San Ramón, in relation to the civil liability of the company Auto Servicios Zona Franca, cannot be reviewed by this Court. In this regard, it must be noted that in the judgment now under appeal, namely ruling number 2019-709, issued by the Trial Court of Heredia, this aspect is clearly established, as well as the jurisdiction of the trial court regarding the subject matter of the remand. Therefore, the arguments put forth by the appellant, which are related to the determination of damage, the causal relationship, and the existence of a duty to compensate on the part of the company Auto Servicios Zona Franca in favor of the civil plaintiff Empresa de Servicios Públicos de Heredia, are without merit.\n\nSimilarly, the appellant confuses two different legal situations, namely: Through ruling number 2015-451, issued by the Trial Court of Heredia, the defendants [Nombre2] and [Nombre1] were acquitted of the crimes of Corruption of Food or Medicinal Substances and Water Contamination (section A of the referenced ruling). Likewise, the claim filed by the company Servicios Públicos de Heredia and the Procuraduría General de la República was dismissed, regarding the subjective civil liability of these two persons. (Section B. 2 of judgment 2015-451). The appellant's error consists of ignoring that in said ruling (2015-451), the civil liability of another person, namely the legal entity Auto Servicios Zona Franca, was established, and in relation to this legal entity, the civil claims filed by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia and the one filed by the Procuraduría General de la República for the environmental damage caused were upheld, and in that sense, the company Auto Servicios Zonas Franca was ordered to pay damages, in the terms indicated in ruling 2015-451, as well as in what was expanded upon through vote number 2017-333 of the Sentence Appeals Court, regarding lost profits for the years 2005 to 2013. The foregoing allows us to conclude that the claim made by the appellant, when affirming that neither the existence of damage nor the duty to compensate on the part of the company Auto Servicios Zona Franca has been established, lacks legal basis.\n\nRegarding the claim made for the failure to join a necessary joinder of parties (litis consorcio necesaria), as the appellant states in their appeal, due to the non-intervention at the time of Banco Crédito Agrícola de Cartago and now Banco Improsa, because property number CED3, on which the service station is located, is held in trust by the financial entity, the appellant is also not correct. This issue was analyzed by the Trial Court in judgment number 2019-709, in which it resolved the objection raised by the company Auto Servicios Zona Franca, as follows: \"With regard to the objections of lack of standing, lack of right, and the need to form the necessary joinder of parties (litisconsorcio necesario) alleged by the defense of the civil defendant, they are not admissible, first because these objections were already heard through a final judgment, so this court is not competent to hear them, and secondly, just to clarify the joinder aspects that the defense alleges should have been integrated since there is a trust Caribeños-BCR-Dos mil cinco. According to the doctrine of damages and Article 1046 of the Civil Code on tort liability, the injured victim has the right to be compensated for the damage and for this purpose may proceed against whomever they consider to be the cause of it, therefore we are dealing with a permissive personal claim, meaning that the ESPH has the power to direct its claims for compensation for the damage toward whoever it considers caused it, therefore, at most what could be formed is a permissive passive joinder of parties (litisconsorcio pasivo facultativo) which is not necessary in this process\" (textual copy of judgment 2019-709). This conclusion is correct, since, as the Trial Chamber well explains, in this case, the civil plaintiff Empresa de Servicios Públicos de Heredia had no duty to sue the Banks alluded to, as the liability claimed was for actions carried out by the company Auto Servicios Zona Franca when performing construction work at the gas station. Furthermore, since ruling 2015-451, it was established that at the time of the adjudicated event (water contamination), the owner of the gas station where the event occurred was the company Auto Servicio Zona Franca, hence the impropriety of invoking a necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasiva necesaria).\n\nAdditionally, the appellant argues that it was not appropriate to issue an award for lost profits (lucro cesante), and objects to the reasoning provided by the Trial Chamber in this regard, considering that they did not assess that no economic loss was proven for the Empresa Servicios Públicos de Heredia, and therefore it was not possible to establish lost profits. They added that it was not weighed that two water wells were enabled, and that it was not proven that there was a water shortage and thus a loss for the civil plaintiff. Likewise, they questioned that the expert report did not take into account the number of subscribers to determine the amount to be compensated. These other arguments must also be dismissed. Here again, the appellant starts from the bias of ignoring that there is already a condemnatory judgment in civil matters that established the existence of the damage. Specifically, since decision number 2015-451, it was established that due to work carried out at the Auto Servicios Zona Franca gas station, a pipe that transported hydrocarbons was drilled, and this caused the contamination of the water of the Colima Superior aquifer, from which the liquid is captured by water well AB 1089, which is exploited by the company Servicios Públicos de Heredia for the supply of potable water in the province of Heredia. Likewise, since the issuance of ruling 2017-333 of the Sentence Appeals Court, the duty of the company Auto Servicios Zona Franca to compensate for lost profits from the year 2005 to 2013 was established. In this regard, on that occasion, the following was indicated: “This Chamber considers that the reasoning offered does not satisfy the requirements of a proper assessment of the evidentiary elements that were available; it can be seen that what the ruling omits is proof of the lack of billing or the shortage produced as a result of the contamination of the well in question. We see, then, that at no time is the deficiency of water produced by well AB 1089 questioned, nor the quality of the company providing water service to the aforementioned communities. What is omitted is negative proof of the lack of billing or the effective impact on the public drinking water supply service. It is clear that these aspects do not comprise the concept of loss for the civil plaintiff company in this case, since as such it was obligated, according to the principles of administrative law that regulate public service, to provide the service, which implies that it must have supplied the shortfall in water supply provided by the well that ceased to function. However, that does not authorize, as the judgment erroneously resolves, considering that the underlying loss did not exist. The truth of the matter is that the contamination of the well was verified and consequently the shortfall of water that this well provided to the company in question to supply potable water to the communities under its charge; not having this supply source, it is logical to think that it had to provide it by another means. Precisely, that is what the patrimonial detriment that must be compensated consists of, and which, according to the way the judgment was sustained, would remain uncovered by not being recognized for its due compensation. As can be observed from the evidence file corresponding to the expert report of Licentiate Luis Alberto Rodríguez Astúa, said professional, for the purpose of determining the sums corresponding to the income not received, took into consideration the operation that the well in question had as a supplier of shortfalls, that is, that it operated from January to June, also calculated an average basic consumption per subscriber and related it to the official rates approved by ARESEP, meaning that the accounting of the losses was done according to the monetary translation that the water produced by that well could have effectively generated, so this Sentence Appeals Chamber observes no objection to the method of calculating this compensable and claimed item, which, as established in the expansion of the expert report on page 1024 and following of Volume III of the main file, was finally set at the sum of 1,873,981,080.58 colones (ONE BILLION EIGHT HUNDRED SEVENTY-THREE MILLION NINE HUNDRED EIGHTY-ONE THOUSAND EIGHTY COLONES AND FIFTY-EIGHT CENTS), lost profits corresponding to the economic loss suffered from January 1, 2005, to June 2013, an amount that should indeed have been recognized in favor of the interests of the civil plaintiff Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. and at the expense of the civil defendant company Autoservicio Zona Franca S.A., which in this case is appropriate to assess as compensable. Regarding the additional claim demanded by the civil plaintiff, concerning the respective compensation for the losses incurred thereafter, this point must be analyzed in a remand trial on that specific point, since this Chamber cannot determine in this regard whether by this time said well [Placa1] was duly rehabilitated and if it was, from what moment it would have been, aspects that prevent making a determination on that claim, and these aspects must be clarified in a remand trial for the purpose of determining if additional compensation is appropriate and for what amount” (textual copy of recital IV of ruling 2017-333). As analyzed in the preceding recital, the determination of lost profits made by the Sentence Appeals Court for the corresponding period from the year 2005 to 2013 was not the subject of a cassation appeal, and therefore, that decision became final, so this Appeals Court, on this occasion, lacks jurisdiction to review what was resolved therein. Furthermore, in our procedural scheme, only the Cassation Chamber is competent to examine the rulings issued by a Criminal Sentence Appeals Court (Article 467 of the Criminal Procedure Code). What this Appeals Court does have jurisdiction over is the subject matter of the remand ordered in ruling number 2017-333, and on which the trial held by the Trial Court of Heredia in 2019 was based, and which gave rise to judgment 2019-709, which is the one now being reviewed on appeal.\n\nNow, having examined the arguments made by the appellant against the determination of lost profits covering the years 2014 to 2018, they are also not correct, since the judgment is duly supported. As has been indicated throughout this ruling, the jurisdictional decision 2019-709, issued by the Trial Court, originates from a remand trial, for which there already existed a factual catalogue relating to the civil liability of the company Auto Servicios Zona Franca, established since judgment number 2015-451, in which it was proven that water well AB1089 was contaminated with hydrocarbons and that by virtue of this situation, that water well ceased to be used as a source for water supply by the Empresa Servicios Públicos de Heredia. In the remand trial, the starting point was the facts already demonstrated in the first trial, and these established that the hydrocarbon contamination of the Colima Superior aquifer, whose waters are captured by well AB1089 belonging to the Empresa Servicios Públicos de Heredia, was caused by the construction work carried out at the Gasolinera Auto Servicios Zona Franca (cfr. Proven facts of judgment 2015-451, with those demonstrated in ruling 2019-709). Related to the subject matter of the remand, the Trial Court concluded that well AB-1089 was contaminated in the year 2004, at which time its exploitation ceased; as well as that since 2004, mitigation work was carried out to clean the well in order to continue its commercial exploitation. To achieve this, the plaintiff ESPH conducted studies and technical tests regarding the flow and water quality of well AB-1089. As part of these examinations, the presence of hydrocarbons was found in the mentioned well, specifically in the year 2011 and in the year 2014, and it was concluded that the aquifer that supplies water to well AB-1089 presents contamination because the spilled hydrocarbon has permeated the subsoil, remaining hidden in the cracks of the rocks that make up the aquifer, causing it to be undetectable. The detectability of the hydrocarbon in well AB-1089 has been irregular, due to the fact that this substance flows into the water, without it being possible to determine the time lapse of this process. The foregoing means that the water contamination can be inconstant and unpredictable, regardless of the time that has passed. Due to the above, supplying this water for human consumption constitutes a risk to public health, a reason that led to the definitive closure of well AB-1089 (cfr. pages 31 and 32 of ruling 2019-709). Likewise, it was established that said water well was definitively closed in 2014, but that since 2004, its use had ceased. To support these conclusions, apart from an analysis of the documentary evidence, the Trial Court weighed what [Nombre7] and [Nombre8] declared in this regard, who in a detailed manner and each in their field of expertise (geology and chemistry), narrated the various tasks and examinations that were carried out in order to address the contamination of the Colima Superior aquifer, from which the waters of well AB1089 were captured by the Empresa Servicios Públicos de Heredia. From the review of these pieces of evidence by this Chamber, it is concluded that the contamination of the Colima Superior aquifer was a certain fact, as well as the contamination of the water captured by the referenced well, which caused the water that was supplied from that well to cease being used, a situation that lasted from 2014 until 2018. Unlike what the appellant proposes, there is documentary and testimonial evidence that accounts for the economic damage caused to the civil plaintiff Empresa de Servicios Públicos de Heredia by the non-use of the water that was captured in said well. Furthermore, it was established that it was not until 2018 that the Pozo Malinche II was put into operation by the company Servicios Públicos de Heredia, and that with the use of this other well, the water supply previously captured by well AB 1089 was able to be replaced. This fact, which is amply explained in the trial judgment, is what provides the basis for the determination of lost profits, for the economic loss suffered by the plaintiff by not being able to distribute and sell the water that was captured by well AB 1089. Hence, the determination of the damage caused, in relation to the period from 2015 to 2018, is duly established in the judgment.\n\nOn the other hand, the appellant indicates that the expert report does not have the required technical rigor to establish, from this evidence, the economic amount to be compensated, because the professional actuarial mathematician did not use the number of subscribers supplied with drinking water from that well as a data point. Moreover, since there were various rates, it was not possible to establish an average amount, and from this determine the economic damage to be compensated. This argument lacks evidentiary support, for the following reason. The trial judgment clearly explains the methodology used by the expert [Nombre9] to quantify the economic amount to be compensated for lost profits. In this regard, and by way of summary, it was indicated that the expert report is valid and reliable, insofar as the respective calculations took into consideration that the Empresa Servicios Públicos de Heredia holds a concession to exploit well AB 1089, which in 2003 produced 88 liters of water per second, and that due to the contamination of the aquifer that was captured by said well, that liquid could not be distributed or sold to consumers. Furthermore, the calculation was made taking into consideration the statistics and the actual production logs that well had, according to the information provided by the plaintiff company. Another factor used in the formula was the household consumption rate. This aspect is attacked by the appellant, stating that at that time there were several rates and this affected the eventual amount; a higher rate would mean a greater amount, and a lower rate would result in a smaller economic loss. This argument lacks support, because as is well explained in the ruling, although at the date of the event, the company Servicios Públicos de Heredia had various rates for the supply of drinking water, whether the water was for domestic, industrial, or commercial consumption, the calculations were made with the lowest rate, which was the one destined for domestic consumption, and with the average consumption figures used for rate-setting purposes by the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. That is, the formula used the lowest rate, and therefore it cannot be argued that the formula was abusive or arbitrary. Another point developed in the trial decision is that it was not necessary to know the number of subscribers who would be supplied, because the evidence proved, and it was a non-controversial fact, that the [Dirección3] was used in the summer season (from January to June) to supply water, and the rest of the year it served as reserve water. In other words, the evidence allowed it to be established that prior to the water contamination, the [Dirección3] was used by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia in the summer season to meet the demand for drinking water in that province due to the dry season, as the water supply decreases due to the lack of rain. As indicated in the judgment, the lack of the liquid was a real fact, and not an expectation as the appellant alludes. In addition, the expert [Nombre9] explained that information from the regulatory entity was used to set the rates, such as the average water consumption per family, which was established at 21.93 cubic meters. From the examination of the ruling and the evidence, it is concluded that the premise used by the expert to make the arithmetic calculations was based not only on the data provided by the plaintiff company, but also on the information used by the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos to set the rates that the water distribution company can charge. Hence, the calculation formula used responds to objective data, hence the validity and reliability assigned to it by the Trial Chamber. Moreover, it is a well-known fact that in the summer season, water is scarce, and therefore the statement made by the Trial Court in that regard is also not arbitrary. Finally, the appellant does not provide any objective data that invalidates the method used by the expert, in which, as has been said, it was not necessary to know the number of subscriber persons, but rather what was relevant was to determine the amount of water that was captured by that well and that could not be distributed in the months of January to June of the years 2015 to 2018, as well as in January 2014. Consequently, because the judgment is duly supported, the appeal of the judgment is dismissed.\n\nPOR TANTO:\n\nThe appeal filed by the company Auto Servicios Zona Franca, represented by the special judicial attorney Carlos Alberto Aguilar Ramírez, is dismissed. Notifíquese.\n\nAdriana Escalante Moncada\n\nKarina Redondo Gómez José Alberto Rojas Chacón\n\nJueces de Apelación de Sentencia\n\nExpediente Nº 04-018440-0042-PE\nContra: [Nombre1] and another\nDelito: Infracción a la ley de aguas\nEn perjuicio de: Empresa de Servicios Públicos de Heredia\n[Nombre10]" }