{
  "id": "nexus-sen-1-0034-1012901",
  "citation": "Res. 00139-2020 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Nulidad de información posesoria sobre terrenos demaniales de JAPDEVA",
  "title_en": "Nullity of possessory information on JAPDEVA's public domain lands",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV anuló una información posesoria de 1972 y todas las inscripciones registrales derivadas sobre un inmueble ubicado en terrenos traspasados por ley a JAPDEVA en 1963. Determinó que dichos terrenos son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, y que además, al tener cobertura boscosa, forman parte del Patrimonio Natural del Estado desde 1969. El tribunal rechazó las excepciones de prescripción y caducidad, afirmando que la acción estatal en tutela de bienes demaniales es imprescriptible. Asimismo, desestimó la aplicación del Convenio de Protección de Inversiones Canadá-Costa Rica, al considerar que no se trataba de una expropiación sino de la nulidad de un título viciado de origen. La sentencia enfatiza que la posesión de particulares sobre bienes públicos no genera derechos y que la fe pública registral no opera frente a bienes de dominio público.",
  "summary_en": "The Administrative Appeals Tribunal, Section IV, annulled a 1972 possessory information proceeding and all subsequent registrations concerning property located on lands transferred by law to JAPDEVA in 1963. It ruled that these lands are public domain, inalienable, and imprescriptible, and, having forest cover, part of the State's Natural Heritage since 1969. The court rejected prescription and statute-of-limitations defenses, holding that the State's action to protect public domain property is imprescriptible. It also dismissed the application of the Canada-Costa Rica Investment Protection Agreement, reasoning the case was not an expropriation but the nullification of a fundamentally flawed title. The judgment stresses that private possession of public goods creates no rights and that the registration system's good faith protection does not apply to public domain assets.",
  "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV",
  "date": "27/11/2020",
  "year": "2020",
  "topic_ids": [
    "forestry-law-7575",
    "property-and-titling"
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  "primary_topic_id": "forestry-law-7575",
  "es_concept_hints": [
    "demanialidad",
    "inmatriculación registral",
    "información posesoria",
    "Patrimonio Natural del Estado",
    "inalienabilidad",
    "imprescriptibilidad",
    "JAPDEVA"
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  "concept_anchors": [
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      "law": "Ley 3091"
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    {
      "article": "Arts. 18, 19, 28",
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    {
      "article": "Arts. 261, 262, 837, 868",
      "law": "Código Civil"
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  "keywords_es": [
    "Patrimonio Natural del Estado",
    "JAPDEVA",
    "información posesoria",
    "bienes demaniales",
    "imprescriptibilidad",
    "inalienabilidad",
    "nulidad registral",
    "humedal",
    "Ley Forestal",
    "usucapión"
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  "keywords_en": [
    "Natural Heritage of the State",
    "JAPDEVA",
    "possessory information",
    "public domain",
    "imprescriptibility",
    "inalienability",
    "registry nullity",
    "wetland",
    "Forestry Law",
    "adverse possession"
  ],
  "excerpt_es": "Este Tribunal considera que no llevan razón los reconvenidos en sus alegatos, los que en concreto se refieren a la inaplicabilidad de lo dispuesto en la Ley No. 3091 y la validez de lo dispuesto por el Juzgado Segundo Civil de los Contencioso Administrativo en cuanto declaró con lugar la Información Posesoria presentada por el señor Leitón Coto en el año de 1970. Sobre la aplicación de lo dispuesto en la Ley No. 3091 debemos empezar por indicar que el artículo 261 del Código Civil de 1888 establece: \"Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.\" Por su parte el artículo 262: \"Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban destinadas.\" De esta forma, conforme a dichos artículos los bienes se califican en públicos y privados, siendo los primeros, aquellos que son por Ley afectos a cualquier servicio de utilidad general, y como resultado inmediato, estos bienes se encuentran fuera del comercio de los hombres, es decir, son inalienables, lo que significa que no pueden ser adquiridos por ningún medio a favor de particular. Luego se tiene que el Estado-Legislador en el artículo 41 de la \"Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963 dispuso: \"Son propiedad de Japdeva además de sus activos e ingresos ordinarios y extraordinarios los siguientes: ...(...) b) Todos los terrenos del Estado situados en el área habilitada por canales navegables, comprendidos en una área de diez kilómetros desde el mar hacia el interior, paralela a ambos lados de los ríos y canales que administra la Junta\". De esta forma, todos los terrenos ubicados dentro de los límites indicados en esta Ley entraron a formar parte de una Institución del Estado desde el mes de febrero de 1963, y por ende excluidos del comercio de los hombres, lo que significa que posterior a esa fecha ninguna persona podría válidamente alegar titularidad sobre una porción de terreno ubicado dentro de dichos límites. Así, por las características de la Ley, a saber, su generalidad y potencia, esta aplica a todos y debe ser respetada por todos desde su entrada en vigencia y nadie puede adquirir derechos contra legem, ni alegar su desconocimiento según el artículo 129 de la Constitución Política, de ahí que se debe rechazar el alegato de los reconvenidos en cuanto cuestionan lo dispuesto en la Ley Orgánica de Japdeva en su artículo 41 y su aplicación para el caso de la Información Posesoria que gestionó el señor José Francisco Leitón Coto ante el Juzgado Segundo Civil de la Contencioso Administrativo. Por consiguiente posterior a la entrada en vigencia de la Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963 ningún terreno podría haberse inscrito por la vía de las diligencias de Información Posesoria, salvo que hubiese acreditado que su ocupación se hubiese dado 10 años antes a la entrada en vigencia de esa Ley, es decir entre 1953 y 1963. También debe indicarse a mayor abundamiento que el Estado Costarricense en tutela del medio ambiente, otorgó en los artículos 18, 19 y 28 de la \"Ley Forestal \" No. 4465 del 25 de noviembre de 1969, una protección especial sobre el Patrimonio Forestal del Estado.",
  "excerpt_en": "This Court finds that the counter-defendants' arguments are without merit, specifically regarding the inapplicability of Law No. 3091 and the validity of the Second Civil Administrative Court's decision granting the possessory information filed by Mr. Leitón Coto in 1970. As for the application of Law No. 3091, we must begin by noting that Article 261 of the 1888 Civil Code states: \"Public things are those which, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those from which all may benefit because they are open to public use. All other things are private and subject to private ownership, even if belonging to the State or Municipalities, who, as legal persons, are no different from any other person.\" Article 262 adds: \"Public things are outside commerce and may not enter it until legally provided otherwise, separating them from the public use to which they were destined.\" Thus, goods are classified as public and private, the former being those designated by law for any service of general utility and, consequently, outside commerce—inalienable, meaning they cannot be acquired by any private individual. Subsequently, the Legislature, in Article 41 of the Organic Law of the Atlantic Coast Port and Economic Development Board (JAPDEVA), Law No. 3091 of February 18, 1963, provided: \"The following are the property of JAPDEVA, in addition to its assets and ordinary and extraordinary income: ... b) All State lands located in the area served by navigable channels, within an area ten kilometers inland from the sea, parallel to both sides of the rivers and channels administered by the Board.\" Therefore, all lands within the limits set by this Law became part of a State institution as of February 1963, and thus were excluded from commerce, meaning no person could validly claim ownership of any portion after that date. Given the Law's general and binding nature, it applies to all and must be respected from its entry into force; no one may acquire rights contra legem or claim ignorance thereof under Article 129 of the Constitution. Hence, the counter-defendants' challenge to JAPDEVA's Organic Law Article 41 and its application must be rejected. Consequently, after the entry into force of Law No. 3091, no land could be registered through possessory information, unless the claimant proved occupation at least ten years before the Law—i.e., between 1953 and 1963. Moreover, in environmental protection, the Costa Rican State granted special protection to the State Forest Heritage through Articles 18, 19, and 28 of the Forestry Law No. 4465 of November 25, 1969.",
  "outcome": {
    "label_en": "Lesividad upheld",
    "label_es": "Lesividad declarada",
    "summary_en": "The Court upheld the State's counterclaim, annulled the 1972 possessory information and all subsequent registrations, and dismissed Inversiones Rajpal S.A.'s claim.",
    "summary_es": "El Tribunal acogió la contrademanda del Estado y anuló la información posesoria de 1972 y todas las inscripciones registrales posteriores, declarando sin lugar la demanda de Inversiones Rajpal S.A."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Cita del Art. 14 Ley Forestal 7575 en Considerando VII",
      "quote_en": "The forest lands and forests constituting the State's natural heritage shall be unseizable and inalienable; their possession by private parties shall create no right in their favor, and the State's reivindicatory action for these lands is imprescriptible.",
      "quote_es": "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible."
    },
    {
      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "The principle of registral inmatriculation governs public domain assets; as part of public property, the law's provisions must be mandatorily applied, regardless of whether they are registered in the Public Registry.",
      "quote_es": "Sobre los bienes de dominio público rige el principio de inmatriculación registral, al ser parte de la propiedad pública, debiendo aplicarse en forma obligatoria lo que sobre ellos dispone la Ley, más allá de si se encuentran inscritos o no en el Registro Público."
    },
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "When public domain assets are at issue, the action for their protection neither prescribes nor lapses, whether seeking to recover State property or to annul an improperly registered entry.",
      "quote_es": "Al estar en discusión bienes de dominio público, la acción en su tutela no prescribe ni caduca, más allá de que lo que se pretenda sea reivindicar el bien propio del Estado o solicitar la nulidad de un asiento registral indebidamente inscrito."
    },
    {
      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "If there is no valid possession after 1963 and no possession is proven between 1953 and 1963, adverse possession cannot exist, making it possible to annul a registry title at any time when it has been obtained to the State's detriment and affects public domain property.",
      "quote_es": "Si no hay posesión válida a partir de 1963 y no se acredita posesión alguna entre 1953 y 1963, no puede existir usucapión, lo que hace posible anular un título registral en cualquier tiempo, cuando se ha levantado en perjuicio del Estado y afecta un bien de dominio público."
    }
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        "label": "Ley 3091  Art. 41.b"
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        "label": "Ley Forestal 4465  Arts. 18, 19, 28"
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1012901",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo Sección IV\n\nResolución Nº 00139 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 27 de Noviembre del 2020 a las 15:00\n\nExpediente: 13-005568-1027-CA\n\nRedactado por: José Iván del Socorro Salas Leitón\n\nClase de asunto: Proceso civil de hacienda\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Administrativo\n\nTema: Dominio público\n\nSubtemas:\n\nImposibilidad de adquirí mediante usucapión bienes propiedad de JAPDEVA.\nAnálisis histórico normativo sobre el patrimonio forestal y la posesión de terrenos.\nConcepto y naturaleza de los bienes demaniales y distinción con los privados.\n\nTema: Bienes públicos\n\nSubtemas:\n\nImposibilidad de ser susceptibles de posesión privada apta para usucapión o de ser titulados por información posesoria.\nConcepto, naturaleza jurídica, características y distinción con los privados.\nElementos que configuran el régimen demanial.\n\nTema: Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica\n\nSubtemas:\n\nImprocedente información posesoria sobre terreno que le pertenece por disposición legal.\nImposibilidad de adquirí mediante usucapión bienes propiedad de JAPDEVA.\nAlcances del artículo 41 de su Ley Orgánica en relación con su patrimonio y los terrenos del Estado.\n\nTema: Patrimonio forestal\n\nSubtemas:\n\nDesarrollo histórico normativo.\nAnálisis normativo sobre el régimen aplicable en información posesoria.\nConcepto y naturaleza de los bienes demaniales y distinción con los privados.\n\nTema: Información posesoria\n\nSubtemas:\n\nConcepto, naturaleza jurídica y requisitos.\nElementos para que un bien se considere de naturaleza demanial.\nImprescriptibilidad del derecho estatal para impugnarla.\n\n\"VI.- DE LAS EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ALEGADA: [...] Estima esta Cámara de Juzgadores que se impone conocer de previo ambas excepciones, con causa en que de llevar razón en sus reproches, ello conduciría al rechazo de la gestión planteada por el Estado, y tornaría innecesario entrar en mayores consideraciones de fondo. En la especie nos encontramos ante un conflicto por aplicación de normas en el tiempo sobre bienes inmuebles. La discusión gira en torno a que si la Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963, traspasó los terrenos que abarcan los de la propiedad que se inscribió mediante información posesoria No. 14718-000 del Partido de Limón, significaría que se inscribió en 1972 un bien que pertenecía a una institución del Estado desde 1963, salvo que los beneficiados de la información posesoria hubiesen acreditado que su ocupación de había dado al menos 10 años antes de 1963. Y aunado a ello, posteriormente a partir de 1969, a los inmuebles con vocación forestal pertenecientes al Estado y sus instituciones, conforme a las leyes No. 4465 del 25 de noviembre de 1969, 7174 del 28 de junio de 1990 y la No. 7575 del 16 de marzo de 1996, forman parte del Patrimonio Natural del Estado y se les dota de una tutela especial. De manera que la discusión está traba sobre un bien que sería calificado como un bien de dominio público del Estado en sentido amplio y en este sentido hay basta jurisprudencia que ha señalado que: \"...IV.- A mayor abundamiento, conviene señalar, que tratándose del dominio público del Estado, los bienes no pueden salir definitivamente del dominio de la Nación (artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política), porque forman parte del patrimonio natural del Estado (artículo 89 Constitucional)...Se trata, en consecuencia, de bienes imprescriptibles, inalienables, inembargables, y no susceptibles de apropiación privada...\" (Votos No. 1763-94 de las 16:45 horas del 13 de abril de 1994). De manera que al estar en discusión este tipo de bienes, la acción en su tutela no prescribe ni caduca, más allá de que lo que se pretenda sea reivindicar el bien propio del Estado o solicitar la nulidad de un asiento registral, indebidamente inscrito. Aceptar lo contrario, llevaría al sin sentido de permitir la convalidación de un bien propio del Estado a favor de un particular por el mero transcurso del tiempo, lo cual no puede ser posible conforme al artículo 121 constitucional. Por razón de ello es que se debe rechazar la prescripción y caducidad alegada.\n\nVII.- SOBRE EL FONDO LA RECONVENCIÓN PLANTEADA: Tal y como se indicó supra, la representación del Estado solicitó que en sentencia se declare la nulidad de la sentencia del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de las 17:00 horas del 09 de mayo de 1972 que declaró con lugar las diligencias de Información Posesoria incoada por el señor José Francisco Leitón Coto y en consecuencia la nulidad del asiento 1 del tomo 2098 del folio 457 de la finca la Provincia de Limón  número 14718; la nulidad del asiento 2 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Mis Dos Amores, S.A.; la nulidad del asiento 3 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 y los asientos del 1 al 6, tomos 333 y 346 del Registro Inmobiliario de la Provincia de Limón, según el cual parte de dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Dalanyo S.A. y la nulidad de la inscripción de la finca número 14718-000 del Partido de Limón a favor de Inversiones Rajpal, S.A., asiento 14340, tomo 362 del Registro Inmobiliario. [...] Criterio de la Cámara: Este Tribunal considera que no llevan razón los reconvenidos en sus alegatos, los que en concreto se refieren a la inaplicabilidad de lo dispuesto en la Ley No. 3091 y la validez de lo dispuesto por el Juzgado Segundo Civil de los Contencioso Administrativo en cuanto declaró con lugar la Información Posesoria presentada por el señor Leitón Coto en el año de 1970. Sobre la aplicación de lo dispuesto en la Ley No. 3091 debemos empezar por indicar que el artículo 261 del Código Civil de 1888 establece: \"Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.\" Por su parte el artículo 262: \"Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban destinadas.\" De esta forma, conforme a dichos artículos los bienes se califican en públicos y privados, siendo los primeros, aquellos que son por Ley afectos a cualquier servicio de utilidad general, y como resultado inmediato, estos bienes se encuentran fuera del comercio de los hombres, es decir, son inalienables, lo que significa que no pueden ser adquiridos por ningún medio a favor de particular. Luego se tiene que el Estado-Legislador en el artículo 41 de la \"Ley Orgánica de de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963 dispuso: \"Son propiedad de Japdeva además de sus activos e ingresos ordinarios y extraordinarios los siguientes: ...(...) b) Todos los terrenos del Estado situados en el área habilitada por canales navegables, comprendidos en una área de diez kilómetros desde el mar hacia el interior, paralela a ambos lados de los ríos y canales que administra la Junta\". De esta forma, todos los terrenos ubicados dentro de los límites indicados en esta Ley entraron a formar parte de una Institución del Estado desde el mes de febrero de 1963, y por ende excluidos del comercio de los hombres, lo que significa que posterior a esa fecha ninguna persona podría válidamente alegar titularidad sobre una porción de terreno ubicado dentro de dichos límites. Así, por las características de la Ley, a saber, su generalidad y potencia, esta aplica a todos y debe ser respetada por todos desde su entrada en vigencia y nadie puede adquirir derechos contra legem, ni alegar su desconocimiento según el artículo 129 de la Constitución Política, de ahí que se debe rechazar el alegato de los reconvenidos en cuanto cuestionan lo dispuesto en la Ley Orgánica de Japdeva en su artículo 41 y su aplicación para el caso de la Información Posesoria que gestionó el señor José Francisco Leitón Coto ante el Juzgado Segundo Civil de la Contencioso Administrativo. Por consiguiente posterior a la entrada en vigencia de la Ley No.  3091 del 18 de febrero de 1963 ningún terreno podría haberse inscrito por la vía de las diligencias de Información Posesoria, salvo que hubiese acreditado que su ocupación se hubiese dado 10 años antes a la entrada en vigencia de esa Ley, es decir entre 1953 y 1963. También debe indicarse a mayor abundamiento que el Estado Costarricense en tutela del medio ambiente, otorgó en los artículos 18, 19 y 28 de la \"Ley Forestal \" No. 4465 del 25 de noviembre de 1969, una protección especial sobre el Patrimonio Forestal del Estado. Su artículo 18 dispuso: \"El Patrimonio Forestal del Estado está constituido por las Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros Forestales del Estado, las Zonas Protectoras y Reservas Biológicas.\" Su artículo 19: \"Quedan afectados a los fines de la presente ley, todos los bosques y terrenos forestales situados en: a) Las tierras consideradas como Reservas Nacionales; y b) Las fincas rurales del dominio privado del Estado, las pertenecientes a municipalidades e instituciones autónomas y semiautónomas.\" De esta forma, a la tierras contempladas en los límites que estableció la Ley No. 3091 como propiedad de Japdeva, le sobrevino una protección más intensa, en cuanto esos terrenos tuviesen aptitud forestal y el artículo 28 del mismo cuerpo normativo los calificó como parte del \"Patrimonio Forestal del Estado\". Por su parte la Ley No. 7174 \"Ley Forestal\" del 28 de junio de 1990, señaló en su artículo 32: \"El patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública.\". Por su parte el articulo 33) \"Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio forestal del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria; su invasión y ocupación serán sancionadas conforme con lo dispuesto en esta ley  de aptitud forestal, quedarán automáticamente incorporados al patrimonio forestal del Estado.\" Finalmente la \"Ley Forestal\" No. 7575 del 16 de marzo de 1996, dispuso en su artículo 13): \"Constitución y administración El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de este. Y el artículo 14): \"Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.\" De esta forma, la normativa que tutela el Patrimonio Forestal del Estado desde el año de 1969 incluyó dentro de dichos bienes, los terrenos de aptitud forestal que pertenezcan al Estado central y a sus instituciones descentralizadas, como lo fueron los terrenos traspasados por Ley a Japdeva. Véase que conforme al certificado del Instituto Geográfico Nacional No. DG-IGN-RN-2013-061, del 04 de octubre de 2013 concluyó de acuerdo a la localización de los terrenos contenidos en los planos 7-1584-1971, 7-1585-1971 y 7-1586-1971 en la hoja topográfica Moín escala 1:50-000, la zona tiene cobertura de vegetación tipo humedal (Yolillal) según la simbología correspondiente. De forma que la tutela estatal de este tipo de vegetación se dio a partir de la entrada en vigencia de la Ley, y no de la inscripción registral del inmueble propiedad de Japdeva. Y es que los reconvenidos alegan que la propiedad establecida en la Ley 3091 fue inscrita hasta el 8 de junio de 2001 y que es a partir de dicha fecha que surte efectos frente a terceros, criterio que no comparte la Cámara ya que sobre los bienes de dominio publico rige el principio de inmatriculación registral, al ser parte de la propiedad pública, debiendo aplicarse en forma obligatoria lo que sobre ellos dispone la Ley, más allá de si se encuentran inscritos o no en el Registro Público. De esta forma es claro que lo dispuesto en la Ley Orgánica de Japdeva en su artículo 41.b) y la Ley Forestal y su reformas, son aplicables en todos sus extremos a los terrenos que se incluyeron en la Ley 3091, desde 1963, por constituir un bien propio de una institución del Estado. El segundo alegato de los reconvenidos se centra en la validez de la información posesoria sosteniendo que la posesión del señor Mario Urbina Kelly sumada a la del promovente Leitón Coto sobrepasaron los 10 años, requisito para que procediera la inscripción de la propiedad del inmueble de Limón, matrícula número 14718-000. Revisado íntegramente el expediente del proceso de Información Posesoria se tiene acreditado que el promovente presentó la gestión por escrito de fecha 30 de julio de 1970, y en cuanto a la posesión decenal señaló que \"esta ha sido  quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño consistiendo en la tenencia física del bien bajo mi dominio y disfruto como así lo hizo quien la vendió. (Ver imagen 462 y 463 del expediente judicial digital). Luego, dentro de las diligencias comparecieron como testigos la señora NOEMY VEGA FERNÁNDEZ, don JOSÉ JAIME LOBO CORDERO, el señor LUIS GONZAGA BARRANTES ARIAS y don FRANCISCO URBINA BERMÚDEZ, y todos indicaron de manera general que la posesión del señor Urbina Kelly y Leitón Coto lo era por más de 10 años. (Ver imagen 515, 534, 535, 544 y 545 del expediente judicial digital) y finalmente por resolución de la 17:00 horas del 09 de mayo de 1972, el Juzgado Segundo Civil de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, tuvo por acreditado que el gestionante poseía el bien inmueble que indicó por más de 10 años de manera pública, pacífica, ininterrumpida, y en calidad de dueño, y la declaró con lugar la información posesoria y ordenó su inscripción registral quedando inscrita bajo Matrícula No.14718-000 del Partido de Limón. (Ver imagen 549 y 550 del expediente judicial digital). Nótese que para el año 1970 se alegó una posesión sobre un inmueble que conforme a la Ley No. 3091, desde el año 1963 había pasado a formar parte del patrimonio de una Institución Autónoma del Estado y con una tutela especial conforme a la Ley Forestal de 1969 por poseer aptitud forestal. Así, a partir de 1963 no podía validarse la posesión del gestionante y luego no se tuvo por acreditado que los 10 años y más que sostuvieron poseían sobre el inmueble, lo fuese entre el años 1953 y 1963. De forma que cuando tramitó la información posesoria no podía ejercer una posesión de buena fe, pues el bien pertenecía a Japdeva por ley, y al no acreditar que la posesión lo fuese por  de 10 años pero entre 1953 y 1963, tampoco podía existir usucapión, lo que hace posible anular un título registral en cualquier tiempo, cuando se ha levantado en perjuicio del Estado y afecta un bien de dominio público, pues en estos casos la propiedad es imprescriptible, inalienable por los particulares, tratándose más de un motivo de nulidad absoluta, es incluso declarable de oficio (artículo 837 del Código Civil). En dicha tesitura, si no hay posesión válida a partir de 1963 y no acreditar posesión alguna entre el año 1953 y 1963  no podría calificarse la validez, y mucho menos la eficacia de un título espureo, sin contenido material real, pues realmente no ha existido una posesión ad usucapionen útil, por parte de los reconvenidos, ni antes ni después de la inscripción del título de propiedad en el Registro Público. El Tribunal llega a dicho convencimiento, porque los testigos que depusieron en la información posesoria, a saber, NOEMY VEGA FERNÁNDEZ, don JOSÉ JAIME LOBO CORDERO, el señor LUIS GONZAGA BARRANTES ARIAS y don FRANCISCO URBINA BERMÚDEZ sus declaraciones no resultan contestes con que la posesión del señor Urbina Kelly y Leitón Coto sobre el inmueble a titular se diera entre 1953 y 1963. Finalmente, la representación de la sociedad Grupo de Inversiones Rajpal S.A. alegó en la contestación de la reconvención que esta es una sociedad que si bien costarricense, pertenece a un ciudadano canadiense que tiene el derecho de ser beneficiado por el \"Convenio de protección a inversionistas firmado por Canadá y Costa Rica\" aprobado por Ley No. 7870 del 05 de mayo de 1999, sin indicar mayores detalles del indicado Convenio con respecto a la tutela que reclama con respecto a la actividad empresarial de la Sociedad Inversiones Rajpal S.A. No obstante revisado el indicado Convenio tenemos que en su artículo 8) Expropiaciones señala: \"1.- Las inversiones de inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes no serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas que tengan un efecto equivalente a la nacionalización o expropiación (en lo sucesivo denominadas \"expropiación\") en el territorio de la otra Parte Contratante, excepto por razones de interés público, bajo el debido proceso de la ley, de una manera no discriminatoria y contra indemnización pronta, adecuada y efectiva. Tal indemnización estará basada en el valor justo de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de la expropiación o al momento en que la expropiación propuesta se hizo de conocimiento público, lo que ocurra primero. Esta indemnización será pagadera: a) en Canadá, a partir de la fecha de expropiación con intereses a la tasa de interés comercial normal; b) en Costa Rica, a partir de la fecha de desposesión de acuerdo con el Artículo 11 de la Ley de Expropiaciones No. 7495 de 3 de mayo de 1995 (en adelante denominada la \"Ley de Expropiaciones\"), con intereses al tipo de interés promedio para los depósitos, imperante en el sistema bancario nacional, Sin demora y será efectivamente realizable y libremente transferible. El criterio de valoración para determinar el valor justo de mercado incluirá el valor de la empresa en pleno funcionamiento, el valor de los activos incluyendo el valor tributario declarado de la propiedad tangible, y otros criterios, según proceda, incluyendo, en el caso de Costa Rica, el Artículo 22 de la Ley de Expropiaciones. 2.- El inversionista afectado tendrá derecho, bajo la legislación de la Parte Contratante que realiza la expropiación, a una pronta revisión, por una autoridad judicial u otra autoridad independiente de esa Parte, de su caso y de la valoración de su inversión de acuerdo con los principios estipulados en este Artículo. 3.- Las disposiciones de este Artículo serán aplicables a las medidas tributarias a menos que las autoridades fiscales de las Partes Contratantes, en un plazo que no exceda los seis meses después de haber recibido notificación por parte de un inversionista que impugna una medida tributaria, determinen conjuntamente que la medida en cuestión no constituye una expropiación.\" Sin embargo en criterio de esta Cámara, conforme a lo que se ha indicado supra, en el presente caso no nos encontramos frente al supuesto fáctico contemplado en la indicada norma, a saber, una expropiación,  toda vez que la reconvención giró en torno a la nulidad de un asiento registral de un inmueble generado en una información posesoria del año 1970, sobre un inmueble que desde el año de 1963 pertenecía por Ley No. 3091 a Japdeva y desde 1969 protegido en lo que respecta al Patrimonio Natural del Estado, sin que se acreditara que el gestionante de la información posesoria cumpliera con la ocupación decenal entre 1953 y 1963. De forma que, se reitera, no se trató de una expropiación sobre un derecho de propiedad jurídicamente tutelado. Corolario de lo expuesto es acoger la contrademanda y ordenar la nulidad de lo dispuesto en la sentencia del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de las 17:00 horas del 09 de mayo de 1972 y en consecuencia la nulidad del asiento 1 del tomo 2098 del folio 457 de la finca la Provincia de Limón  número 14718; la nulidad del asiento 2 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Mis Dos Amores, S.A.; la nulidad del asiento 3 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 y los asientos del 1 al 6, tomos 333 y 346 del Registro Inmobiliario de la Provincia de Limón, según el cual parte de dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Dalanyo S.A. y la nulidad de la inscripción de la finca número 14718-000 del Partido de Limón a favor de Inversiones Rajpal, S.A., asiento 14340, tomo 362 del Registro Inmobiliario\".\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\n\nDocumento PJEDITOR\n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n13-005568-1027-CA\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nCivil de Hacienda\n\n\n\n\nACTOR/RECONVENIDO:\n\n\t\n\nInversiones Rajpal S.A.\n\n\n\n\nDEMANDADO/RECONVENTOR:\n\n\t\n\nEl Estado, Nombre415 y el SINAC\n\nVOTO No. 0139-2020-IV\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las quince horas del veintisiete de noviembre del dos mil veinte.\n\n \n\nProceso Civil de Hacienda establecido por el Licenciado Álvaro Meza Lázarus, en su condición de Apoderado Especial Judicial de la sociedad Grupo de Inversiones Rajpal S.A., cédula jurídica CED88921 representada por el señor Nombre47457 , pasaporte No. Placa20202 contra el Estado representado por la Licenciada Silvia Quesada Casares, carné Placa20206; la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica en adelante Nombre415 representada por la Licenciada Karla Mora Rivera, carné 24511 y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en adelante SINAC representado por la Licenciada Magdalena Melegatti Pereira, carné Placa20207. Y contrademanda del Estado contra la sociedad Grupo de Inversiones Rajpal S.A.; el señor Nombre112356    representado por su Curador Procesal, Licenciado Alejandro Fernández Carrillo; la Sociedad Mis Dos Amores S.A. representada por su Curador Procesal el Licenciado Carlos Chaverri Negrino y la sociedad Dalanyo S.A. representada por su Curador Procesal, el Licenciado Brayan Alfaro Aragón.\n\nRESULTANDO:\n\nI.- La representación de la sociedad actora planteó proceso Civil de Hacienda día 14 de agosto de 2013, cuyas pretensiones fueron precisadas en la audiencia preliminar realizada en dos tantos durante los días 13 y 21 de febrero de 2020, para que en sentencia se declare: a. Que las fincas del Partido de Limón matrículas de folio real No. Placa20208, Placa20209 y Placa20210 ingresaron al dominio privado de sus propietarios originales desde el año de 1971 cuando se aprobaron las informaciones posesorias de cada una de ellas con anuencia de Nombre415 y sin oposición del entonces ITCO, IDA, hoy INDER o la Procuraduría General de la República. b. Que las fincas del Partido de Limón matrículas de folio real No. Placa20208, Placa20209 y Placa20210 fueron adquiridas por su representada al amparo de la buena fe registral y en su condición de tercero registral, por lo que dicha propiedad no esta sujeta a limitaciones y está protegida por las normas constitucionales que establecen que para anularse la misma o desposeer debe antes expropiarse pagando el precio de mercado. c. Que el derecho de propiedad de su representada ha quedado vaciado haciéndolo nugatorio en razón de que Nombre28548, MINAET y Nombre415 le impidieron a su representada ejercer el dominio pleno sobre sus inmuebles ya que se le ha negado el derecho a percibir los ingresos por concepto del \"Pago por Servicios Ambientales\". d. Que el Estado indemnice a su representada en cuanto a los daños y perjuicios causados al negarle la posibilidad de obtener una ganancia económica producto del programa \"Pago por Servicios Ambientales\" durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 tomando en consideración el monto que por hectárea se cancela por esos servicios. e. Que si bien la sociedad INVERSIONES RAJPAL S.A. fue constituida en Costa Rica, ---de manera directa o indirectamente tiene socios canadienses como el señor Nombre47457  ---, por lo que debe aplicarse en la expropiación y en cualquier otra indemnización a determinarse, el acuerdo suscrito entre Costa Rica y Canadá de fecha 18 de marzo de 1998. f. Que siendo que las fincas fueron afectadas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Minaet y por Nombre415; debe el Estado expropiarlas y cancelar su valor de mercado en un tiempo prudencial que no puede superar los tres meses, al día que se emita la sentencia, cuyo valor no puede ser inferior a los 100 millones de colones indexados al día de la sentencia. g. Que debe el Estado o en su defecto Nombre415 cancelar dado que la propiedad de su representada ha quedado vaciada en cuanto a su contenido. h. Que son ambas costas a cargo de los demandados en forma solidaria. (Ver imágenes de la 99 a la 116 y de la 155 a la 159 del expediente judicial).\n\nII.- Por auto de las 10:04 horas del 06 de setiembre del año 2013, se dio traslado de la demanda al Estado y a Nombre415. (Ver imágenes de la 264 a la 266 del expediente digital judicial).\n\nIII.- Por escrito recibido el 01 de noviembre de 2013, la representación de Nombre415 contestó de forma negativa la demanda y opuso la excepción de litis consorcio pasivo necesario con respecto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y falta de derecho. (Ver imágenes de la 276 a la 299 del expediente digital judicial).\n\nIV.- Por escrito recibido el 14 de noviembre de 2013, la representación del Estado contestó negativamente la demanda y en su defensa opuso las excepciones de litis consorcio pasivo necesario y falta de derecho. Además, planteó contrademanda contra Grupo de Inversiones Rajpal S.A., cédula jurídica CED88921, Nombre112356   ; sociedad Mis Dos Amores S.A. y la sociedad Dalanyo S.A., y peticionó lo siguiente: 1. Que se declare la nulidad de la información posesoria tramitada bajo el expediente número 1721 del año 1970 del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, y se anule la sentencia dictada por ese juzgado a las diecisiete horas del nueve de mayo de mil novecientos setenta y dos. 2. Que se declare la nulidad del asiento 1 del tomo 2098 del folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual dicha finca quedó inscrita a nombre de Nombre112356   , y se ordene la anulación de la inscripción de la finca número 14718 de la Provincia de Limón. 3. Que se declare la nulidad del asiento 2 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Mis Dos Amores, S.A., y se ordene su anulación. 4. Que se declare la nulidad del asiento 3 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual parte de dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Dalanyo S.A. y se ordene su anulación. 5. Que se declare la nulidad de la inscripción de la finca número 14718-000 del Partido de Limón a favor de Inversiones Rajpal, S.A., asiento 14340, tomo 362 del Registro Inmobiliario. 6. Que se declare la nulidad de la inscripción de la finca número 16370 del Partido de Limón a favor de la sociedad Dalanyo S.A., asientos 1 al 6, tomos 333 y 346 del Registro Inmobiliario. 7. Que se condene a los demandados en forma solidaria al pago de ambas costas de esta contrademanda, así como los intereses que éstas generen hasta su efectivo pago. (Ver imágenes de la 369 a la 407 del expediente digital judicial).\n\nV.- Por resolución de las 09:04 horas del 15 de enero de 2014, de la contestación de la demanda y excepciones opuestas por Nombre415 y el Estado se dio traslado a la sociedad actora, y así como de la contrademanda a la actora y al señor Nombre112356   , a la Sociedad Mis Dos Amores S.A. y a la Sociedad Dalanyo S.A. (Ver imágenes 567 y 568 del expediente digital judicial).\n\nVI.- Por escrito recibido el día 18 de febrero de 2014, la representación de la sociedad Grupo de Inversiones Rajpal S.A. contestó negativamente la reconvención y en su defensa opuso la excepción de indebida representación, falta de legitimación pasiva y activa y falta de derecho.  (Ver imágenes de la 596 a la 600 del expediente digital judicial).\n\nVII.- Por resolución No. 3024-2014 de las 08 horas del 17 de noviembre de 2014, se acogió la excepción de falta de integración de la litis y se integró pasivamente al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). (Ver imágenes de la 637 a la 642 del expediente digital judicial).\n\nVIII.- Por auto de las 08:03 horas del 07 de enero del año 2015, se dio traslado de la demanda al SINAC. (Ver imágenes 719 y 720 del expediente digital judicial).\n\nIX.- Por escrito recibido el día 19 de febrero de 2015, la representación del SINAC contestó negativamente la demanda y en su defensa opuso la excepción de falta de derecho. (Ver imágenes de la 768 a la 798 del expediente digital judicial).\n\nX.- Por escrito recibido el día 06 de enero de 2016 el curador procesal del señor Nombre112356    contestó la demanda en forma negativa en su defensa opuso las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva; falta de derecho, caducidad y prescripción. (Ver imágenes de la 918 a la 922 del expediente digital judicial).\n\nXI.- Por escrito de fecha 11 de agosto de 2016, el curador procesal de la sociedad Mis Dos Amores S.A., también rechazó los hechos de la demanda y en su defensa opuso las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva; falta de derecho y prescripción. (Ver imágenes de la 1000 a la 1007 del expediente digital judicial).\n\nXII.- Por escrito de fecha 15 de noviembre de 2016, el curador procesal de la sociedad Dalanyo S.A., contestó la demanda en sentido negativo y en su defensa opuso la excepción de falta de integración de la litis. (Ver imágenes de la 1044 a la 1047 del expediente judicial digital).\n\nXIII.- Por resolución de las 11:42 horas del 19 de diciembre de 2016, y de las 13:00 horas del 01 de marzo de 2017, de la contestación de la contrademanda y excepciones opuestas por la representación de la sociedad Grupo de Inversiones Rajpal S.A. y de los curadores procesales del señor Nombre112356   , la sociedad Mis Dos Amores S.A. y de la sociedad Dalanyo S.A. se dio audiencia al Estado. (Ver imagen 1056 y 1088 del expediente judicial digital).\n\nXIV.- Por escrito recibido el día 09 de enero de 2017, la representación estatal se refirió a la contestación de los reconvenidos y las excepciones opuestas. (Ver imagen 1059 a la 1063 del expediente judicial digital).\n\nXV.- La audiencia preliminar se realizó en dos tantos durante los días 13 y 21 de febrero de 2020, en la que se precisaron las pretensiones de la demanda y la reconvención en los términos indicados supra, se determinaron los hechos controvertidos y se admitió la prueba y agotadas todas las fases, se declaró conforme al artículo 98 del CPCA como un asunto de puro derecho y las partes rindieron sus conclusiones por escrito. (Ver imágenes de la 1155 a la 1159 y de la 1173 a la 1181 del expediente judicial digital).\n\nXVI.- El expediente fue turnado a la Sección Cuarta del Tribunal en fecha dos de noviembre del dos mil veinte. Esta resolución se dicta, previa deliberación. No se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado.\n\nRedacta el Juez Salas Nombre112356, con el voto afirmativo del juzgador Córdoba Ramírez y el juzgador Baltodano Gómez.\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJETO Y ALEGATOS DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD INVERSIONES RAJPAL S.A. EN SU DEMANDA: La representación de la sociedad actora planteó proceso Civil de Hacienda solicitando que en sentencia se declare que las fincas del Partido de Limón No. 14660-000, 14718-000 y 14810-000 ingresaron al dominio privado desde el año de 1971 mediante información posesoria con la anuencia de Nombre415 y sin oposición del entonces ITCO y de la Procuraduría General de la República. Que el derecho de propiedad de su representada ha quedado vaciado haciéndolo nugatorio en razón de que Nombre28548, MINAET y Nombre415 le impidieron ejercer el dominio pleno sobre sus inmuebles al negarle su derecho a percibir los ingresos por concepto del \"Pago por Servicios Ambientales\", durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 siendo afectadas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Que siendo que las fincas fueron adquiridas por su representada al amparo de la buena fe registral y en su condición de tercero registral, sin sujeción a limitaciones y protegida por las normas constitucionales que establecen que para anularse la misma o desposeer debe antes expropiarse pagando el precio de mercado; deberá el Estado indemnizarla por los daños y perjuicios causados al negarle la posibilidad de obtener una ganancia económica producto del pago de servicios ambientales tomando en consideración el monto que por hectárea se cancela por esos servicios y dado que su derecho de propiedad ha quedado vaciado de contenido, debe el Estado o Nombre415 expropiar los inmuebles y cancelar su valor de mercado en un tiempo prudencial que no puede superar los tres meses, al día que se emita la sentencia, cuyo valor no puede ser inferior a los 100 millones de colones indexados. En síntesis y sin perjuicio de la literalidad de sus argumentaciones, las cuales han sido estudiadas en su totalidad por este Tribunal, cada una de las partes alegan lo que seguidamente se detalla en este apartado. A) Sobre los hechos: Que se promovió información posesoria sobre los inmuebles los cuales se inscribieron desde el año de 1971, bajo los número del Partido de Limón matrículas de Folio Real Placa20210 con una cabida de 271.001.023 mts2.; Placa20209 con una cabida de 27.193.019 Mts2 plano Placa20211 y la No. Placa20212 con una cabida de 241.996.062 mts2 plano L-0001584-1971, en las que no hubo oposición del Estado, ni de Japdeva, ni del entonces ITCO, gozando desde la fecha de inscripción de la publicidad registral por mas de 30 años. Que posteriormente esas fincas fueron traspasadas por sus promoventes a la sociedad Mis Dos Amores S.A., la cual adquirió un préstamo de Inversiones Rajpal S.A. y ante el incumplimiento de la deudora su representada el día 03 de febrero de 1988, se adjudicó en remate las fincas del Partido de Limón matrículas Placa20208 y Placa20210, ante el Jugado Segundo Civil de San José, inscribiéndose esas fincas a su nombre desde el día 03 de marzo de 1989 y la finca Placa20209 desde el día 11 de mayo de 1987, sin advertirse la existencia de restricción, limitación o gravamen, ni la condición de humedales, inscribiéndose dicha finca en el Registro Público, a su nombre desde el 15 de febrero de 1988. Que durante los años 2009 y 2010 su representada presentó una solicitud para ingresar al programa de \"Pago de Servicios Ambientales\" (PSA), sin embargo ante consulta realizada por oficio FONAFIFO-LM-389-2010 a Japdeva, por oficio AL-589-2011 del 15 de noviembre de 2011, el Departamento Legal de Nombre415 informó que las fincas se encontraban dentro del límite de las tierras patrimonio de Nombre415, así como dentro de una área clasificada como Área Silvestre Protegida en su categoría de Humedal por lo que de conformidad con la Ley Forestal 7575 de 1995 los terrenos en tales condiciones integran el Patrimonio Natural del Estado y su administración corresponde al MINAET a través del Sistema Nacional de Aras de Conservación y consecuentemente indicó que la pre-solicitud para ingresar al PSA no estaba a derecho, por la demanialidad e imprescriptibilidad de dichos terrenos. Además, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación Área de Conservación La Amistad Caribe mediante oficios 195, 207 y 208 del 25 del mes de octubre de 2012, indicó que los inmuebles se encontraban dentro de una finca patrimonio de Nombre415 según el plano Placa20213 matrícula de folio real Placa20214 donde ocupa una área clasificada como humedal que constituye Patrimonio Natural del Estado. Que como se desprende de los hechos anteriores, su representada es propietaria de tres fincas que adquirió mediante remate. Fincas que aunque se ubican dentro del patrimonio que fue originalmente adjudicado a Nombre415 por Ley, eran patrimonio de los particulares porque habían sido poseídas por 10 años de anterioridad a la asignación de dichas tierras a Nombre415 y se encontraban debidamente inscritas en el Registro Público por más de diez años cuando las adquirió su representada y por más de treinta años a la actualidad; encontrándose las mismas amparadas a un título registral, que no contaba con anotación o advertencia alguna de la situación denunciada. Que los inmuebles de su representada están garantizados por el artículo 45 de la Constitución Política que establece que la propiedad privada es inviolable y a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público o interés social, previo pago de una indemnización justa, la cual se reclama en este acto por lo que procedente es la expropiación de dichas fincas, dado que el derecho de obtener un beneficio con relación a ellas se ha anulado. Que para efectos de la expropiación debe tomarse en cuenta que el 18 de marzo de 1998, Costa Rica y Canadá firmaron un acuerdo para la promoción y protección de inversiones e inversionistas de ciudadanos canadienses en Costa Rica, convenio que debe ser aplicado en este caso al ser el señor Nombre47457 , ciudadano canadiense quien realizó inversiones en Costa Rica a través de la compra de los inmuebles cuyo contenido ha sido vaciado por los pronunciamientos que las oficinas estatales han emitido y que han tornado improductivos dichos inmuebles y que al amparo de ese Convenio las expropiaciones a pagar a los ciudadanos canadiense que directa o indirectamente tienen inversiones en Costa Rica en bienes que deban ser expropiados debe tomarse en cuenta suvalor de mercado. B) Sobre el derecho: Que la doctrina ha indicado que el principio de publicidad registral está referido en general a \"favor del titular de la inscripción, de aquél que tiene derechos derivados del anterior y de terceros extraños al registro\". FUEYO LANERI (Fernando. Teoría General de los Registros, Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea, Primera Edición, 1982, Pág. 197). Que esta publicidad registral se da de dos maneras: Una llamada publicidad formal del Registro, como instrumento informativo, lo que \"consiste en el derecho que tiene cualquier persona a solicitar que se le manifiesten los libros del registro, y en la obligación del registrador de poner a disposición de los solicitantes cuantos datos soliciten\" (RODRÍGUEZ, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil, México, Editorial Porrúa, Tomo I, 1979, Pág.246.) La otra, llamada publicidad material, es la que determina los efectos principales del Registro que son: A. Aspecto positivo de la Publicidad Registral en cuanto a que lo inscrito se supone conocido por terceros. B. Aspecto negativo de la Publicidad Registral, en cuanto que lo no inscrito, no puede perjudicar a terceros de buena fe. Que esta publicidad registral material se encuentra consagrada en el primer párrafo del artículo 455 de nuestro Código Civil, cuando establece que: \"los títulos sujetos a inscripción, que no estén inscritos, no perjudican a terceros, sino desde la fecha de su presentación al Registro.\" Que conforme a ello, la fe pública registral es un principio y establece la presunción a favor de terceros, de que los asientos registrales son exactos y completos, y quien realiza una transacción al amparo del Registro, la realiza como interesado de buena fe y el título es oponible a terceros. Que la fe pública es un efecto de la publicidad, que nace del Registro de la Propiedad, por el que provoca una doble protección a través de una doble presunción la cual surge de los asientos registrales: Una protección iuris tantum que determina que los derechos reales publicados por el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo, que es la del principio de legitimación registral. La otra presunción es iure et de iure a favor de los terceros adquirentes quienes cumplen con los requisitos legales. Estos le dan una posición firme de su adquisición y constituye la fe pública registral. Que esta fe pública tiene dos presunciones, que son: Presunción positiva de la Fe Pública Registral: Es el que presume como tercero, a quien no ha sido parte en el acto o contrato o que se refiere la inscripción y presenta un título al Registro. Que la presunción negativa de la Fe Pública Registral: Significa que lo que no aparezca explícitamente en las inscripciones registrales, presumiblemente, no existe en la realidad jurídica. Que la Ley de \"Inscripción de Documentos en el Registro Público\" en su artículo 1 señala que el propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros y el artículo 9 la obligación del Registro de realizar todas las gestiones pertinentes, incluyendo la obtención de documentos o copias para corregir errores u omisiones en que hubieran incurrido los Registradores al anotar o inscribir documentos. Que por consiguiente, no procede exigir a las partes o interesados que aporten documento o lleven a cabo gestiones para la corrección de esos errores del Registro y por ende existe una responsabilidad objetiva del Estado que se produce cuando quien adquiere al amparo del Registro un título inscrito durante más de treinta años y se le niega la posibilidad de disfrutar plenamente de la propiedad de dichos inmuebles ya que al respecto señala la Ley General de Administración Pública en su artículo 190 que la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegitimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Que en esta línea la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que \"basta la existencia de un resultado dañoso que cause un perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto a una persona o un grupo de personas, para que suya la obligación de indemnizar, sin que se requiera otro requisito que al relación de causalidad entre el acto y el daño y prescindiendo en absoluto de la licitud o ilicitud del acto originador del daño.\" (véase Sala-Primera voto 112 de 14 y 25 horas del 25 de diciembre de 1994). Que sobre la buena fe y la publicidad registral la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su voto 162-F-01 de las 8 horas 15 minutos del 16 de febrero de 2001 dijo: \"...En la especie, señor Nombre112357   adquirió el inmueble de cita, directamente de la persona que aparecía como dueña en el Registro Público de la Propiedad, por ende, no estaba a su alcance determinar si el derecho de esa persona provenía o no de un acto nulo, pues con su inscripción registral  obtuvo la apariencia de un acto válido y eficaz, siendo el adquirente de buena fe al amparo de la mencionada institución.\" Que se está ante el amparo del artículo 456 del Código Civil la declaratoria de nulidad que pueda establecerse en contra de títulos de propiedad que se encuentren en poder de personas distintas a los que promovieron las gestiones de titulación no puede perjudicarles y por ende debe tenerse entonces como terceros adquirentes de buena fe. Todo lo anterior con fundamento en los artículos 45, de la Constitución Política, 264, 266, 267, 268, 269 siguientes y concordantes, 455, 456 siguientes y concordantes del Código Civil, 409, 410, 426 siguientes y concordantes, 449, 450, 457, 462, 865 siguientes y concordantes del Código Civil, 1 siguientes y concordantes del Código Procesal Contencioso Administrativo, 1 siguientes y concordante de la Ley de Informaciones Posesorias, 1 siguientes y concordantes de la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público. La representación de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, contestó la demanda de la siguiente manera: A) Sobre los hechos: Que las propiedades reúnen las típicas características de la demanialidad e imprescriptibilidad, las cuales no son susceptibles de inscripción ante el Registro Público, por lo que su invasión y ocupación serían sancionados y Nombre415 continuará con el dominio en virtud de que forman parte de su patrimonio, salvo las áreas que integren el Patrimonio Natural del Estado que corresponde su administración al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Que la Ley Forestal en su artículo 13 establece que el Patrimonio del Estado está constituido por todas las fincas inscritas a su nombre y las de las instituciones autónomas, y que con lo que respecta a ese patrimonio natural el artículo 15 define los impedimentos que tiene la administración pública, prohibiéndose la permuta, el ceder, enajenar, ni entregar en arriendo terrenos rurales o bajo su administración sin que antes hayan sido clasificados por el MINAET, y esto constituirá una limitación que deberá inscribirse en el Registro Público. Que es importante acotar que nuestra legislación crea un sistema en que la afectación se torna en el elemento primordial para la inclusión de un bien de dominio público, por lo tanto será de dominio público un bien destinado por ley o por un acto administrativo, cuando ésta lo autorice. Que cuando un bien es integrado al régimen de dominio público, adquiere una serie de características esenciales como la inalienabilidad, la imprescriptibilidad, y la inembargabilidad, por lo que estos bienes no requieren ser expropiados. Que los terrenos inscritos a nombre de Nombre415 se hicieron por disposición de su Ley Orgánica  No. 3091 del 18 de febrero de 1963, reformada posteriormente por la ley No. 5337 del 27 de agosto de 1973, en sus artículos 2 y 41 inciso b) los cuales señalan que le corresponderán todos los terrenos del Estado situados en el área habilitada por canales navegables comprendidos en una área de 10 kilómetros desde el mar hacia el interior paralela a la costa y una faja de 3 kilómetros de ancho, paralela a ambos lados de los ríos y canales que administre la Junta, y de conformidad con el folio real No. 7-096658-000, plano catastrado L-000001-1977. Que se trata entonces de terrenos que fueron otorgados por Ley, ---los que como ha dicho la Procuraduría General de la República--- ostentan una condición de demaniales, y por ende inalienables, imprescriptibles e intransferibles, por cuanto se encuentran fuera del comercio de los hombres, ya que son terrenos del Estado asignados a un ente en especifico, en este caso a Nombre415. Que paradójicamente si bien se les ha dado una condición general de demaniales por estar fuera del comercio de los hombres, en muchos sectores existen gran cantidad de porciones que se encuentran debidamente inscritas en el Registro Público Nacional. Que no obstante lo anterior, se puede rescatar que si bien las propiedades indicadas por el señor Ram Rajpal S.A, se encuentran materialmente dentro de los linderos de la propiedad de Nombre415 inscrita a bajo folio real del Partido de Limón No. 7-096658-000, la cual nació a la vida jurídica por Escritura Pública numero 132, de las 10 horas del día 8 de junio del año 2001; la Notario del Estado, Licda. Gladys Herrera Raven, indicó que la misma nacía a la vida jurídica respetando los derechos adquiridos por terceros de buena fe, ello por cuanto dentro de los límites territoriales de la propiedad que pertenece a Nombre415 hay todo un mapa de propiedades debidamente inscritas, de manera que todas aquellas propiedades que hubiesen nacido a la vida jurídica previo a esa fecha (8 de junio del año 2001); se les debía de respetar su inscripción, de manera que Nombre415 debe aceptar que existen terceros con mejor derecho, siempre y cuando se demuestre que la inscripción de las o las propiedades, se hizo previo a la inscripción de la finca 7-96658-000. Que en el presente caso las propiedades de la sociedad Inversiones Rapjal S.A surgieron a la vida jurídica, previo al nacimiento de la propiedad de Nombre415, tal y como así lo hace ver el Registro Público en sus certificaciones, y bajo el consabido principio jurídico de que \"primero en tiempo, primero en derecho\" le pertenecerían a la sociedad actora. Indicó que otra cosa lo es con respecto a las propiedades que estando dentro de los límites territoriales de Nombre415, sean áreas dedicadas a bosques o que sean parte del Patrimonio Natural del Estado, situación que por competencia material le corresponde al MINAET su conocimiento. B) Sobre el derecho: Que el articulo 16 de la Ley General de la Administración Pública, señala que en ningún caso podrán dictarse actos contrario a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia y que respetando el principio jurídico de \"primero en tiempo, primero en derecho\", a partir de lo señalado por la Notaria del Estado al momento de la inscripción de las tierras propiedad de Nombre415 en la escritura No. Placa20215, en donde se dispuso que el traspaso se hacia sin perjuicio de terceros con mejor derecho, entendiéndose con esto, que aquellos que ostentan titularidad (derecho) antes de la inscripción de las tierras de Nombre415, gozan del derecho sobre su porción legalmente inscrita. Que conforme a la Ley Forestal de 1969, en la que se acuñó el término \"Patrimonio Forestal del Estado\", que luego se modificó en la Ley Forestal No. 7575 del año 1996 por \"Patrimonio Natural del Estado\", sin embargo se indicó en dicha ley que, el manejo y administración de dicho Patrimonio, le correspondía al MINAE hoy MINAET. De forma que la administración del Patrimonio Natural del Estado escapa a las funciones encargadas a Nombre415. Que la Sala Constitucional, en su resolución No. 5893-95 de las 9:48 horas del 27 de octubre de 1997, señaló la pertinencia de limitar el ejercicio del derecho de propiedad o de libre iniciativa económica por motivos ambientales y en esa misma línea también la Sala Primera, en su sentencia No 5893-95 de las 9:48 horas del 27 de octubre de 1997, en la que indicó: \"Se trata de bienes con un régimen jurídico mixto; privados en cuanto a su titularidad, pero cumpliendo una función determinada por el interés público o común, en tanto limitación o restricción a la propiedad privada. Esta es la doctrina del artículo 45 de la Constitución Política. En tratándose de bienes de uso restringido, en cuanto limitaciones a la propiedad, ese régimen jurídico especial no Implica necesariamente la expropiación y mucho menos la indemnización, pues los privados mantienen su titularidad.\" De manera que, teniendo en consideración que los terrenos en cuestión, se encuentran catalogados de gran auge forestal, en caso de llegar a determinarse por parte del ente competente (SINAC) que dichos terrenos pertenecen al Patrimonio Natural del Estado, los actuales ocupantes se encontrarían detentando bienes, de dominio público, -de los cuales su naturaleza jurídica ya se consideró. Finalmente señaló que frente al ejercicio de los derechos fundamentales como la propiedad privada; la libertad de comercio no es irrestricta, por ende es consecuente limitarlos por razones de bienestar social, siendo que el derecho a un ambiente sano y a la salud son derechos fundamentales que el Estado debe proteger; el imponer límites al derecho de propiedad y la libre iniciativa económica se justifican en aras de defensa del medio ambiente, con ello se pretende un equilibrio entre la conservación y la producción, ambos se respaldan en intereses de carácter social, de manera que de todo lo manifestado, se encuentra racional y constitucionalmente válido imponer limitaciones a la propiedad privada en pro de la conservación del medio ambiente y del patrimonio forestal. Por su parte el Sistema Nacional de Áreas de Conservación  indicó a manera de síntesis y en lo que interesa: A) Sobre los hechos: Que las fincas matrículas números Placa20210, Placa20209 y Placa20208 fueron inscritas en el Registro Público de la Propiedad a nombre de particulares por medio de información posesoria en el año 1972. Luego fueron traspasadas a la sociedad Mis Dos Amores, S.A. y actualmente  se encuentran inscritas en el Registro Nacional a nombre de la sociedad actora; sin embargo están ubicadas en terrenos propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Nombre415), traspasados a dicha Institución por Ley No. 3091 de 18 de febrero de 1963 e inscritos bajo el folio real matrícula Placa20214; de manera que las fincas objeto de este proceso fueron inscritas como propiedad privada con posterioridad a que Nombre415 se convirtiera en su propietaria, y no diez años antes como lo afirma la parte actora. Nótese que en el caso de la finca número Placa20209 la posesión del promovente de la información posesoria se inició en el año 1960, tres años antes de que Nombre415 se convirtiera por ley en la propietaria de los terrenos en que se ubica dicha finca. Aunado a ello se tiene que en el oficio RIM-CT-00736-2013 de 17 de octubre de 2013, suscrito por el señor Marlon Aguilar Chaves, Subdirector Catastral del Registro Inmobiliario y en el informe del Instituto Geográfico Nacional No. DGIGN-RN-2013-062 de 4 de octubre del 2013 y del Área de Conservación La Amistad-Caribe contenido en el oficio SINAC-ACLAC-PNE-065-2013 de 9 de octubre de 2013; se indicó que dichas fincas están cubiertas de bosque.  Que el Lic. Carlos Eduardo Vargas Ramírez, Coordinador de Patrimonio Natural del Estado del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), emitió las certificaciones SINAC-ACLAC-PNE-195-2012 (plano catastrado N° L-1584-1971), SINACACLAC-PNE-207-2012 (plano catastrado N° L-1585-1971) y SINAC-ACLAC-PNE-208-2012 (plano catastrado N° L-1586-1971); reiteró que si bien las propiedades se encuentran fuera de cualquier Área Silvestre Protegida administrada por el SINAC, no obstante se ubican dentro de la finca patrimonio de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la vertiente Atlántica (Japdeva) folio real N° 7096658-000, con plano catastrado Placa20203°  y que sus planos catastrados presentan condiciones de áreas con humedal. B) Sobre el fondo: Que las fincas ubicadas en el Partido de Limón matrículas de folio real número Placa20210, Placa20209 y Placa20208 con planos catastrados Placa20204° ,  y Placa20216, fueron inscritas en el Registro Nacional a nombre de particulares por medio de información posesoria del año 1972, sin embargo se traslapan con la finca Placa20205°  propiedad de Nombre415 que es una institución estatal cuyos terrenos fueron traspasados por Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963, por la tanto son bienes de dominio público, ya que pertenecen al Estado, y la inscripción de los inmuebles como propiedad privada se hizo con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada Ley, y además consta que los terrenos en que se ubican dichas fincas están cubiertas de bosque, tal y como lo indicó el Registro Nacional mediante oficio No. DG-IGN-RN-21-013-061 de fecha 04 de octubre del 2013, con una zona de vegetación tipo humedal (yolillal) según la simbología correspondiente. Que debido a que los terrenos sobre los cuales la parte actora planteó el reclamo, traslapan con la finca propiedad del Estado y por tal razón afectos al dominio público, dichos bienes poseen características particulares como la imprescriptibilidad, la inalienabilidad e inembargabilidad. Que la parte actora no demostró que su posesión decenal sobre las fincas fuese con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963. Que además de lo anterior es importante considerar que el Lic. Carlos Eduardo Vargas Ramírez, Coordinador de Patrimonio Natural del Estado del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, emitió las certificaciones SINAC-ACLAC-PNE-195-2012 (plano catastrado No. L-1584-1971), SINAC-ACLAC-PNE-207-2012 (plano catastrado N° L-1585-1971) y SINAC-ACLAC-PNE-208-2012 (plano catastrado No. L-1586-1971), en las que indicó que las propiedades que se ubican dentro de la finca patrimonio de Nombre415 No. Placa20214, con plano catastrado N° L-00001-1977, presentan condiciones de áreas con humedal, según consultoría de Patrimonio Natural del Estado realizado a Japdeva. De forma que, además de que dichos terrenos que fueron traspasados a Nombre415 por la Ley número 3091 de 18 de febrero de 1963, inscritos bajo el folio real matrícula Placa20214 en principio lo fueron como bienes patrimoniales de dicho ente, sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley Forestal número 4465 de 29 de noviembre de 1969, ---y sus reformas por Ley No. 7174 de 28 de junio de 1990 y 7575 de 13 de febrero de 1996---; se dispuso que aquella parte de los terrenos cubiertos de bosques o que eran de aptitud forestal, que pertenecieran al Estado y a sus instituciones, pasaban a formar parte de lo que entonces se llamó \"Patrimonio Forestal del Estado\", con lo cual adquirieron la condición de bienes demaniales. Que de esta forma dichas zonas ingresaron a formar parte de \"los bienes de dominio público\", a los cuales se le da una tutela especial en el artículo  121 inciso 14) de la Constitución Política, que dispone que son bienes propios de la Nación, y solo podrán salir definitivamente de su dominio por medio de autorización de la Asamblea Legislativa ya que dichos bienes poseen características particulares como la imprescriptibilidad, la inalienabilidad e inembargabilidad. Que por esa circunstancia los terrenos que la actora dice poseer no pueden ser objeto de posesión apta para usucapir, por lo que la petición formulada por la parte actora con relación a las fincas N° 14718-000, 14810-000 y 14660-000, es jurídicamente improcedente, por cuanto no pudieron haber ingresado al dominio privado en el año 1971, ya que para dicha fecha dichas fincas eran propiedad de Nombre415 desde el año 1963, por lo cual para que hubieran sido adquiridas por usucapión debieron ser antes del 18 de febrero de 1963. Que es importante indicar, que con respecto a los bienes demaniales rige el principio de inmatriculación en razón del cual su carácter de bienes públicos afectos a un uso, servicio o fin público no requiere de su inscripción en el Registro Nacional, por lo cual en el caso de los bienes demaniales, no es necesario que estén inscritos para que surtan efectos frente a terceros, dado a lo anterior no pueden alegar la condición de adquirente de buena fe dado el carácter inalienable e imprescriptible de estos. Finalmente, que el otorgamiento del beneficio del pago por servicios ambientales es un acto administrativo que tiene un ámbito de discrecionalidad por parte de la Administración Forestal del Estado y no constituye un derecho, ni parte del derecho de propiedad de los particulares, ya que estos se limitan hacer la solicitud respectiva y según las previsiones presupuestarias, las prioridades y criterios adoptados, así como las circunstancias de cada caso en particular, se otorga o no el beneficio, de conformidad con el trámite establecido en el citado reglamento, artículos 39 y 40, se trata pues, de un beneficio sujeto a determinados requisitos y otorgado según las prioridades y criterios definidos por la Administración y de conformidad con lo dicho, y que al no existir la obligación de expropiar, no es de aplicación lo dispuesto en el \"Acuerdo con Canadá sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones\", aprobado por Ley número 7870 de 5 de mayo de 1999. Finalmente la representación estatal indicó: A) Sobre los hechos: Que conforme al oficio RIM-CT-00736-2013 de 17 de octubre de 2013, suscrito por el Subdirector Catastral del Registro Inmobiliario, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la vertiente Atlántica (Japdeva), es propietaria de los bienes inmuebles inscritos bajo el folio real matrícula Placa20214. Que esos terrenos le fueron traspasados a esa institución estatal por Ley No. 3091 de 18 de febrero de 1963. Que aun cuando la actora indicó que las  fincas números 14810-000, 14718-000 y 14660-000 poseen naturaleza agrícola; conforme al oficio número DG-IGN-RN-2013-062 de 4 de octubre del 2013, del Instituto Geográfico Nacional y al oficio SINAC-ACOC-PNE-065-2013 de 9 de octubre de 2013, del Área de Conservación La Amistad-Caribe; dichas fincas están cubiertas de bosque, por lo que constituyen Patrimonio Natural del Estado. Que así las cosas, dichas fincas por un lado fueron inscritas a nombre de Nombre415 desde el año 1963 y por otro forman parte del Patrimonio Natural del Estado. Que en el caso de la finca número 14718-000 la posesión del promovente se inició en 1960, sólo tres años antes de que Nombre415 se convirtiera por ley en la propietaria de los terrenos en que se ubica dicha finca. Que si bien el Estado de Costa Rica y Canadá suscribieron un convenio para la promoción y protección de inversiones canadienses en Costa Rica; sin embargo la aplicación en este caso del convenio es una apreciación del representante de la actora y no un hecho puro y simple y no es cierto que el Estado le haya causado daños y perjuicios. B) Sobre el fondo: a. Sobre la invalidez de la inscripción de las fincas del Partido de Limón números Placa20210, 14718-000 y Placa20208. Que las fincas del Partido de Limón números 14810-000, 14718-000 y Placa20217, tuvieron su origen en un proceso de información posesoria en razón de los cuales se inscribieron a favor de particulares en el año 1972, sin embargo las fincas citadas, con planos catastrados L-1584-1971, L-1585-1971 y L-1586-1971, se traslapan con los terrenos de la finca número Placa20214. Terrenos que fueron traspasados a Nombre415 por la Ley No. 3091 de 18 de febrero de 1963, inscritos bajo el folio real matrícula Placa20214 en principio lo fueron como bienes patrimoniales de dicho ente; sin embargo, conforme a los artículos 18, 19, 28, 40 y 41 de la Ley Forestal número 4465 de 29 de noviembre de 1969, (Reformada por ley No. 7174 y la 7575) aquella parte de dichos terrenos cubiertos de bosques o que son de aptitud forestal, que pertenecieran al Estado o a sus instituciones, pasaron a formar parte desde entonces del Patrimonio Forestal del Estado, con lo cual adquirieron la condición de bienes de dominio público. Que desde la primera Ley Forestal, del 25 de noviembre de 1969, los terrenos propiedad de las instituciones autónomas cubiertos de bosque o que sean de aptitud forestal, forman parte del Patrimonio Natural de Estado, antes denominado Patrimonio Forestal del Estado y son, desde entonces, bienes demaniales. Que el carácter demanial de los terrenos incorporados al entonces denominado Patrimonio Forestal del Estado, hoy Patrimonio Natural del Estado, implica que su posesión por particulares no generó derecho alguno. De allí que no podrían ser adquiridos por usucapión. Es decir, aquellos terrenos de la finca que finalmente quedó inscrita bajo el folio real 7-096658-000, pero que era propiedad de Nombre415 desde la entrada en vigencia de la Ley 3091 de 18 de febrero de 1963; también quedaron incorporados al Patrimonio Forestal del Estado y adquirieron el carácter de bienes de dominio público a partir del año 1969. Que conforme a lo indicado en el oficio No. RIM-CIT-00736-2013 de la Subdirección del Registro Inmobiliario, así como la foto-interpretación contenida en el informe oficio número DG-IGN-RN-2013-062 hecha por el Instituto Geográfico Nacional se constata la naturaleza que tienen dicho terrenos. Que todo lo dicho significa que, la validez de la inscripción de las fincas números Placa20210, Placa20209 y Placa20208, depende de cuando se haya iniciado la posesión, sin embargo no acreditan que esa posesión se hubiese dado entre 1953 y 1963. Que el gestionante sostuvo que al año 1970 tenía una posesión de 10 años, de forma que al año 1963 fecha en que los terrenos fueron traspasados a Nombre415 apenas tenía 3 años de posesión insuficientes para usucapir y en relación con aquellas partes que tenían bosque, pasó a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado desde el año de 1969. Que para el caso es irrelevante que la finca propiedad de Nombre415 fuera inscrita hasta el año 2001, pues al tratarse de un bien de dominio público rige el principio de inmatriculación en virtud de cual no es necesario que el bien esté inscrito en el Registro Público para que la titularidad pública de aquél afecte a terceros.  De allí que dicha inscripción es nula. En consecuencia, es jurídicamente improcedente la petición de la sociedad actora consistente en que se declare que la finca de Partido de Limón matrícula folio real número Placa20218, ingresó al dominio privado desde el año 1971. Pero también lo es respecto de las fincas 14810-000 y 14660-000, pues no pudieron haber ingresado al dominio privado en 1971 ya que para ese entonces los terrenos sobre los cuales estaban ubicadas eran propiedad de Nombre415 desde 1963. b. Sobre la adquisición de buena fe frente a bienes demaniales. Que en el caso de los bienes demaniales, no rige lo dispuesto en los artículos 455 y 456 del Código Civil en relación con terceros que adquieren al amparo de la publicidad registral. Que en primer lugar, no es necesario que los bienes demaniales estén inscritos para que surtan efectos frente a terceros, dado el principio de inmatriculación que rige para este tipo de bienes; y, en segundo lugar, no puede alegarse la condición de adquirente de buena fe en el caso de los bienes demaniales dado el carácter inalienable e imprescriptible de estos. Que la nulidad del acto mediante el cual se inscribió a favor de un particular un bien de dominio público, sí afecta al tercero que adquirió con base en la fe pública registral del Registro Nacional, ya que de lo contrario implicaría permitir a un privado -el tercero adquirente con base en la publicidad registral- convertirse en propietario de un bien de dominio público, a despecho del carácter inalienable de estos bienes. c. Sobre el pago de servicios ambientales y el \"vaciamiento\" del derecho de propiedad y no pago de servicios ambientales. Que el pago por servicios ambientales -establecido en el artículo 46 de la Ley Forestal número 7575- es la expresión jurídica de una política de fomento destinada a estimular tanto la conservación del bosque como las plantaciones forestales que tiene un ámbito de discrecionalidad por parte de la Administración Ambiental y no constituye un derecho parte del derecho de propiedad de los particulares. e. Sobre el alegado deber estatal de expropiar en el presente caso y la aplicación del \"Acuerdo con Canadá sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones\". Que no se está ante un caso de expropiación, sino ante una actuación de la Administración que no implica la imposición de limitaciones al ejercicio del derecho, ni se da en aplicación de alguna norma que imponga tales limitaciones. Que no se da por tanto, el alegado \"vaciamiento\" del derecho de propiedad de la actora, por lo que no nace el deber de expropiar por parte del Estado y que de conformidad con lo dicho, y al no existir la obligación de expropiar por parte del Estado, no es de aplicación lo dispuesto en el \"Acuerdo con Canadá sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones\", aprobado por Ley número 7870 de 5 de mayo de 1999 y en consecuencia, carece de todo fundamento jurídico la pretensión de la parte actora consistente en que se declare el deber del Estado de expropiar las fincas que dice son de su propiedad.\n\nII.- OBJETO DE LA CONTRADEMANDA Y ALEGATOS DE LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO: La representación del Estado planteó reconvención contra la sociedad Grupo de Inversiones Rajpal S.A., cédula jurídica CED88921, el señor Nombre112356   ; la sociedad Mis Dos Amores S.A. y la sociedad Dalanyo S.A., cuyo objeto lo que para que en sentencia: \"...Se declare la nulidad de la información posesoria tramitada bajo el expediente número 1721 del año 1970 ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, y se anule la sentencia dictada por ese juzgado a las diecisiete horas del nueve de mayo de mil novecientos setenta y dos. Que se declare la nulidad del asiento 1 del tomo 2098 del folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual dicha finca quedó inscrita a nombre de Nombre112356   , y se ordene la anulación de la inscripción de la finca número 14718 de la Provincia de Limón. Además, que se declare la nulidad del asiento 2 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Mis Dos Amores, S.A., y se ordene su anulación. Que se declare la nulidad del asiento 3 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual parte de dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Dalanyo S.A. y se ordene su anulación. Que se declare la nulidad de la inscripción de la finca número 14718-000 del Partido de Limón a favor de Inversiones Rajpal S.A., asiento 14340, tomo 362 del Registro Inmobiliario Que se declare la nulidad de la inscripción de la finca número 16370 del Partido de Limón a favor de la sociedad Dalanyo S.A., asientos 1 al 6, tomos 333 y 346 del Registro Inmobiliario...\" Lo anterior bajo el siguiente alegato: A) Sobre la tutela jurídica del patrimonio natural del Estado: 1) Que por Ley No. 3091 de 18 de febrero de 1963, el Legislador traspasó a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la vertiente, Atlántica (Japdeva), todos los terrenos del Estado situados en el área habilitada por canales navegables, comprendidos en una área de 10 kilómetros desde el mar hacia el interior, paralela a la costa y un faja de 3 kilómetros de ancho, paralela a ambos lados de los ríos y canales que administre la Junta. Que dichos terrenos corresponden a la finca inscrita en el Registro Nacional matrícula número Placa20219 de la Provincia de Limón con plano catastrado L-00001-1977, propiedad de Japdeva. 2) Que conforme a los artículos 18, 19, 28 40 y 41 de la Ley Forestal No. 4465 de 25 de noviembre de 1969, los terrenos traspasados por ley a Nombre415, cubiertos de bosques o de aptitud forestal, pasaron a formar parte del \"Patrimonio Forestal del Estado\", por lo que resulta claro el carácter demanial de los terrenos. 3) Que la Ley No. 7174 del 28 de junio de 1990, reformó integralmente la Ley No. 4465 y la disposición sobre el \"Patrimonio Forestal del Estado\" quedó redactada en forma muy similar a como está actualmente por la \"Ley Forestal\" No. 7575 de 13 de febrero de 1996. 3) Que desde la \"Ley Forestal\" No. 4465 del 25 de noviembre de 1969, los terrenos propiedad de las instituciones autónomas cubiertos de bosque o que con aptitud forestal, forman parte del Patrimonio Natural del Estado, y son desde entonces bienes demaniales y actualmente, por disposición de la Ley Forestal 7575, la administración de estos bienes corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAF). B) Sobre la jurisprudencia referida al patrimonio natural del Estado: 1) Que en relación con los bienes demaniales, la Sala Constitucional ha reiterado su carácter inalienable e imprescriptible. Así, en sentencia número 2306-91 del 06 de noviembre de 1991 dijo lo siguiente: \"El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador un destino especial de servir a la comunidad al interés público. Son los llamados bienes dominicales; bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial fuera del comercio de los nombres. Es decir afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes; es que son inalienables; imprescriptibles inembargables no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, como las vías de la Ciudad Capital sean calles municipales  o nacionales; aceras; parques y demás sitios públicos los coloca fuera del comercio de los hombres...\" Que en razón del carácter demanial de los terrenos incorporados al entonces denominado \"Patrimonio Forestal del Estado\", hoy \"Patrimonio Natural del Estado\" la posesión ejercida por particulares no puede dar lugar a derecho alguno, incluido el derecho de propiedad. El carácter imprescriptible e inalienable de este tipo de bienes así lo exige. De allí que no pueden ser adquiridos por usucapión y, consecuentemente, no pueden los sujetos de derecho privado inscribirlos a su nombre por medio de una información posesoria. Tal es el caso de los terrenos traspasados a Nombre415 cubiertos de bosque o que sean de aptitud forestal. Es decir, aquellos terrenos de la finca que finalmente quedó inscrita bajo el folio real 7-096658-000, pero que era propiedad de Nombre415 desde la entrada en vigencia de la Ley 3091 de 18 de febrero de 1963, a partir del año 1969 quedaron incorporados al Patrimonio Forestal del Estado y adquirieron el carácter de bienes de dominio público, dado la naturaleza de institución autónoma que la Ley 3091 le otorgó a Nombre415. 2) Que además el Tribunal Agrario señaló que quienes pretendan inscribir por medio de información posesoria una finca ubicada en los terrenos que fueron traspasados a Nombre415 por la Ley No. 3091 de 18 de febrero de 1963, deben demostrar haber ejercido posesión durante diez años antes de la entrada en vigencia de dicha ley. Así, por ejemplo, en la sentencia número 197 de las08:30 horas del 22 de marzo del 2002, señaló: \"VI- En relación con el resto de los agravios consta en autos el inmueble está comprendido dentro de tierras que fueron traspasados a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, mediante la Ley No. 3091 del 18 de febrero de 19631 de ahí a que partir de ese momento se convirtieron en terrenos estatales de carácter imprescriptible e inalienable, pudiendo ser objeto de titulación únicamente si el ocupante demuestra haber estado en posesión del bien, en forma personal o transmitida con por lo menos diez años antes de la vigencia de dicha ley, es decir desde el 18 de febrero de 1953, lo cual no logro acreditar el titulante. \"(El resaltado no es del original). Que lo anterior quiere decir que, al margen de su pertenencia o no al Patrimonio Forestal del Estado, los terrenos que fueron traspasados por la Ley No. 3091 de 18 de febrero de 1963 a Japdeva; sólo pueden ser titulados por medio de información posesoria si se logró demostrar una posesión iniciada por lo menos diez años antes, es decir, entre 1953 y 1963. Que lo anterior significa que la única posesión válida para poder inscribir por medio de información posesoria sería aquella que hubiese cumplido el plazo de los diez años (artículo 860 del Código Civil) para 1963, año en que dichos terrenos fueron traspasados a Nombre415. Es decir, que para que se diera la prescripción positiva la posesión debió iniciarse lo más tarde en 1953 y que ese no es el caso de la finca 14718-000 del Partido de Limón, pues según se desprende de la copias certificadas del expediente judicial de la información posesoria aportada a los autos, el promovente no demostró que su posesión, o la de sus transmitentes, se hubiese iniciado a más tardar en 1953 en las condiciones exigidas por el artículo el artículo 856 del Código Civil. C) Sobre la ubicación geográfica de las fincas No.  14718-000, 14810-000 y 14660-000 del Partido de Limón: 1) Que de acuerdo al  informe No. RIM-CIT-00736-2013 de la Subdirección del Registro Inmobiliario las fincas números 14810-000, 14718-000 y 14660-000 del Partido de Limón están ubicadas en los terrenos que fueron traspasados a Nombre415 por la Ley No. 3091 de 18 de febrero de 1963. 2) Que de acuerdo al informe contenido en el oficio número DG-IGN-RN-2013-062 del Instituto Geográfico Nacional, los terrenos que comprende la fincas No. Placa20210, 14718-000 y Placa20208 del Partido de Limón, propiedad de Japdeva, tienen cobertura boscosa. D) Sobre la información posesoria: 1) Que el señor Nombre112356   o promovió información posesoria, la que se tramitó en el Juzgado Segundo Civil de lo Contencioso Administrativo y Civil de hacienda bajo expediente No. 1721-01970 dando origen a la finca número 14718-000 del Partido de Limón quedando inscrita a su nombre el día 02 de octubre de 1972 al tomo 2098, folio 457, asiento 1, es decir, nueve años después de que los terrenos en los cuales se ubican fueran traspasados a Nombre415 y 3 años después de que quedaran incorporadas al demanio público en su condición de Patrimonio Forestal del Estado por tener cobertura boscosa. 2) Que la finca número 14718-000 fue vendida por el señor Nombre112356  a la sociedad Mis Dos Amores, S.A. en 1973, y esa sociedad segregó de la finca un lote que fue adquirido por la sociedad Dalanyo S.A., el cual quedó inscrito a su nombre al asiento 1 del tomo 2254 del folio 339, como finca número 16370 del Partido de Limón. Que la sociedad Inversiones Rajpal, S.A. adquirió por remate la finca número Placa20209 la cual quedó inscrita a su nombre al tomo 362, asiento 14340. 3) Que la finca No. 14718-00 del Partido de Limón ha estado y actualmente lo está de cubierto por bosque y es terreno de aptitud forestal y se ubica en terrenos de la finca propiedad de Nombre415 matrícula número Placa20219 de la Provincia de Limón, por lo que pertenece al Patrimonio Forestal del Estado. 4) Que según el escrito de interposición de las diligencias de información posesoria -visible a folio 4 del expediente- el promovente Nombre112356    alegó en 1970 haber poseído durante diez años. Es decir, que se trató de una posesión iniciada en 1960 y no en 1953 como debió haber sido para poder inscribir por medio de las diligencias de información posesoria. 5) Que el promovente adquirió la finca de Nombre112358   en 1970 con lo cual estaba aprovechando la posesión ejercida por este para promover la información posesoria; sin embargo, no consta en el expediente judicial que el traspaso se haya hecho en documento público, como lo exigía el artículo 1.2 de la Ley de informaciones Posesorias número 139 del 14 de julio de 1941, según el texto vigente al momento de promoverse la información posesoria. Lo único que se aportó fue un documento privado en el cual constaba el traspaso de un derecho de posesión a Nombre112356    sobre un finca situada en Nueve Millas de Limón (ver folio 2 de expediente judicial número 1721 de 1970 tramitado en el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) Además de lo anterior, por estar cubierto de bosque el terreno titulado por Nombre112356    formaba parte del Patrimonio Forestal del Estado desde 1969; es decir, cuando el terreno quedó afectado al demanio en 1969, aún no se había cumplido la posesión decenal, iniciada en 1960. En consecuencia, el proceso de información posesoria que llevó a la inscripción de la finca 14718-000 del Partido de Limón, así como la misma inscripción, son nulos. Que a los efectos, es irrelevante que en el proceso de información posesoria los entes u órganos competentes no hayan manifestado su oposición. Que dicha omisión jamás puede convalidar una posesión ejercida sobre un bien patrimonial de un ente público que, además, quedó afectado al dominio público antes de que el promovente de la información posesoria cumpliera la posesión decenal. Que la nulidad de los actos de inscripción afecta a los posteriores adquirentes aunque lo hayan hecho con base en la publicidad registral y sean de buena fe. Que por tratarse de un bien de dominio público rige para la finca propiedad de Nombre415 el principio de inmatriculación en virtud de cual no es necesario que el bien esté inscrito en el Registro Público para que la titularidad pública de aquél afecte a terceros (ver la ya citada sentencia de la Sala Constitucional número 3145-96 de las nueve horas veintisiete minutos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y seis) y la simple condición de bien de dominio público basta. Que por ello, es irrelevante que la finca propiedad de Nombre415 fuera inscrita hasta el año 2001. Pero además de lo anterior, la condición de adquirente de buena fe -artículo 456, Código Civil- no opera frente a bienes demaniales, dado el carácter inalienable e imprescriptible de estos. Que en el caso de este tipo de bienes, todos los actos de inscripción son nulos, ya sean los originarios, hechos por medio de información posesoria, como los subsiguientes aunque se trate de adquirentes de buena fe que lo hacen con base en la publicidad registral. Ello por cuanto toda inscripción hecha por un sujeto de derecho privado de un derecho de propiedad constituido sobre un bien de dominio público es nula por ser este inalienable, al margen de si el bien fue adquirido con base en lo que publicitó el Registro Nacional. Que como se señaló en la contestación de la demanda, lo contrario implicaría que el adquirente con base en la publicidad registral pueda convenirse en propietario de un bien de dominio público, a despecho del carácter inalienable de estos bienes, a lo anteriormente argumentado legitima al Estado para solicitar la anulación de la inscripción original de la finca número 14718-000 del Partido de Limón, así como los movimientos registrales que se han dado de esta finca, es decir, los asientos de inscripción de sus traspasos y segregaciones. Tómese en cuenta que, por disposición del artículo 13 de la Ley Forestal 7575, el terreno en que se ubica la finca está bajo administración del MINAE por formar parte del Patrimonio Natural del Estado. En consecuencia, es nula la información posesoria que llevó a la inscripción de la finca número 14718-000 y, consecuentemente, es nula por los mismos motivos, la inscripción a favor de la sociedad Mis Dos Amores, S.A. de esa misma finca, así como la inscripción a favor de la sociedad Dalanyo S.A., y de la sociedad Inversiones Rajpal, S.A. La representación de la sociedad Inversiones Rajpal S.A. indicó: A) Sobre los hechos: Que la ley traspasó a Nombre415 bienes que han sido, la mayoría de ellos, propiedad y posesión de particulares desde hace muchos años atrás, incluso eran bienes que estaban sembrados, como es el caso del inmueble de su representada. Que la representación de Nombre415 indicó al contestar la demanda, que se respeta todas aquellas inscripciones de terreno que nacieron a la vida jurídica previa a la inscripción de la citada finca a nombre de la institución, pero no así aquellas que hayan nacido con posterioridad al 8 de junio del año 2001, que es la fecha de la escritura en que se verificó el traspaso a Nombre415. Que igualmente, en la contestación de otros hechos de la demanda, Nombre415 reconoce que las fincas de su representada deben respetarse, por lo que desconoce la validez de esta reconvención, de acuerdo al principio de legalidad. Que la publicidad registral demuestra que el inmueble ha estado en la vida jurídica a nombre de terceros y fue respetado por el Estado desde hace más de cuarenta años. Que la sociedad actora adquirió mediante un remate, es decir, como tercero de mejor derecho y Nombre415 reconoció que esa propiedad, debe respetarse y si el propietario lo dice, no se entiende como la Procuraduría dice lo contrario, pues donde queda el principio de legalidad y de respeto de competencias en materia administrativa. Que los terrenos han sido cubiertos de bosque en la mayor parte del inmueble, pero en ellos se han cultivado desde antes de 1950 por los poseedores originales de los mismos y luego por los propietarios registrales, de forma que esos terrenos no son patrimonio natural del Estado, simplemente fueron traspasados terrenos a Nombre415 de una manera alocada y sin un estudio técnico y por eso Nombre415 y la misma Procuraduría no se opusieron a la información posesoria que se realizó para inscribir los mismos, como se puede apreciar de la misma prueba aportada por la reconventora. Que no todo lo que está cubierto parcialmente de bosque es parte del patrimonio natural del Estado y que de todos modos, si así fuera en la actualidad, se debe expropiar a su representada tal y como se ha solicitado en la demanda. Que su representada es una sociedad perteneciente a un ciudadano canadiense que tiene el derecho de ser beneficiado por el convenio de protección a inversionistas firmado por Canadá y Costa Rica y ya no quiere seguir invirtiendo en este país por la inseguridad jurídica de ser propietario de algo que está siendo cuestionado por el Estado. B) Fundamentos de derecho: Que su representada es propietaria de un terreno que le ampara la publicidad registral y que tiene inscrito más de cuarenta años, y que al momento de ser inscrito, como se detalla en la prueba presentada por el Estado, ni Nombre415, ni la Procuraduría se opusieron a dicha titulación, por lo que no puede ser que se pretenda reclamar un derecho, por parte del Estado, que no fue protegido cuando existió la oportunidad de oponerse a dicha información posesoria o bien solicitar la nulidad de la misma por medio de incidente de nulidad dentro de los tres años posteriores a su inscripción en el Registro Público. Que la demanda se presentó porque su derecho de propiedad se ha vaciado de contenido en el tanto se le negó su derecho de gozar y disfrutar del inmueble, al negársele la posibilidad de disfrutar de una conducta que esta permitida en el ordenamiento jurídico para los bienes, que tienen una parte de bosque en el inmueble. Es decir, que se le ha negado su derecho a obtener incentivos forestales, promovidos por el mismo Estado, para preservar la montaña o el bosque. Que bajo esta premisa, y dado que a su representada le asisten los derechos del convenio suscrito entre Costa Rica y Canadá para la defensa de las inversiones de los ciudadanos canadienses, sean directamente dueños o accionistas de las sociedades inversionistas, procede dado que ya no existe seguridad jurídica con relación al disfrute de estos bienes, que los mismos sean expropiados por parte de Nombre415 o el Estado y pasen directamente a propiedad del Estado, previa indemnización conforme a la ley. Que Nombre415, indicó en la contestación de la demanda, que reconoce y respeta la propiedad de aquellos inmuebles que fueron adquiridos antes del mes de junio de 1981 (Sic), fecha en que se otorgó la escritura de traspaso de propiedad en favor de Nombre415 de unos terrenos ubicados dentro de cierta zona geográfica. El curador procesal del señor Nombre112356   , señaló: Que la finca fue inscrita en el Registro Nacional en fecha 2 de octubre de 1972, mediante el trámite de información Posesoria, realizada ante el Juez Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, siendo partes, el Procurador Agrario y el Instituto de Tierras y Colonización, la cual fue aprobada por sentencia firme de las 17 horas del 9 de mayo de 1972. Que por escritura otorgada ante el Notario Álvaro Echeverría Murray de las 11 horas del 12 de enero de 1973, vendió la finca No. 14718-000 a la sociedad Mis Dos Amores Sociedad Anónima. Que de acuerdo a la certificación aportada por la actora visible al folio 49, \"Prueba documental 4\" en el asiento primero de la inscripción de la referida finca, consta que en las diligencias de información Posesoria que motivaron la inscripción, fueron partes el Procurador Agrario y el Instituto de Tierras y Colonización. Que el ITCO y el Procurador Agrario de la república, fueron notificados de las diligencias de Información Posesoria el 14 de Agosto de 1970. Que el representante del ITCO se apersonó a los autos solicitando se le tuviere como parte de las diligencias, en fecha 21 de Agosto de 1970. Que por resolución del Juzgado Segundo Civil Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de las 14 horas 40 minutos del 23 de diciembre de 1971, notificada al Procurador Agrario y al ITCO el día 03 de enero de 1972, se les concedió audiencia de las diligencias por los términos de 8 y 10 días respectivamente, manifestándose el Procurador Agrario en los términos del escrito de fecha 10 de enero de 1972. Que en la sentencia dictada por el señor Juez Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de las 17 horas del 9 de mayo de 1972, en el punto 6 considerando I, se consigna lo siguiente: \"6.- Que en estas diligencias se dio intervención al señor Procurador Agrario de la República y al Instituto de Tierras y Colonización, quienes no se opusieron a ellas.\" (Ver Expediente) Folio 402 V). Que en el Considerando II se dispuso: \"II.- En vista de que se han cumplido con todos los requisitos que al efecto exige la ley de Informaciones Posesorias número 139 de 14 de julio de 1941, esta información debe aprobarse.- En consecuencia ordenar al Registro Público que inscriba la finca a nombre del actor Nombre112356    sin perjuicio de terceros de mejor derecho.\" Que en el \"Por tanto\" de la misma sentencia, se dispuso: \"Se aprueba la presente información Posesoria.\" Que el titulante demostró en debida forma ante el Juez correspondiente, la posesión ejercida por su persona y su transmitente por más de diez años, para así cumplir con lo requerido por la Ley de Informaciones Posesorias, siendo por lo tanto tal posesión ejercida por su transmitente Nombre112358   por bastante tiempo antes. Que en el recuento histórico, el titulante adquirió los derechos de posesión en fecha 22 de mayo de 1970, habiendo sido ejercido el derecho de posesión por su transmitente, por un plazo mayor de diez años en forma quieta, publica y pacífica, siendo dictada la sentencia de aprobación de la Información Posesoria en fecha 9 de mayo de 1972. Que tomando la fecha de transmisión del derecho como parámetro para contabilizar los diez años de posesión, ésta tuvo que haber sido ejercida antes de la entrada en vigencia de la ley número 3091 del 18 de Febrero de 1963, y siendo que el documento de transmisión de derecho fue protocolizado por el Notario Alfredo Tosi Bonilla en fecha 25 de junio de 1970, en su protocolo 12, escritura 33, se tiene que mínimo la posesión ejercida por el transmitente Nombre112358   se ejercitó desde antes del mes de mayo de 1960, no pudiendo precisar la fecha exacta por no exigirlo así la Ley de Informaciones Posesorias y la ley de Nombre415 si bien vigente desde 1963, no fue de aplicación al caso concreto pues los representantes estatales, sea el Procurador Agrario y el ITCO como partes de la titulación, no se opusieron a las diligencias, y el mismo Juez conocedor de la legislación correspondiente, aprobó en sentencia la Información Posesoria y la inscripción de la finca a folio real matrícula Placa20209 de la provincia de Limón fue en el mes de octubre de 1972. Que la presente contrademanda fue interpuesta por la Procuraduría General de la República en fecha 11 de noviembre del 2013, y el suscrito aceptó el cargo el 26 de junio del 2015, habiendo transcurrido más de diez años de la inscripción de la propiedad en el Registro Nacional. Que conforme a lo expuesto, habiendo sido notificado el Procurador Agrario y el representante del ITCO en debida forma desde el 14 de Agosto de 1970, de las diligencias de información posesoria, ambas instituciones fueron parte de aquel proceso y tuvieron la oportunidad procesal desde esa fecha y en tal expediente de ejercitar los derechos del Estado en caso de haber considerado que los terrenos pretendidos fuesen propiedad del ente por ellos representados. Que así, la Procuraduría tiene conocimiento de las diligencias de Información Posesoria desde el 14 de agosto de 1970 y el terreno fue inscrito solamente con las reservas de la \"Ley de Aguas\", sin perjuicio de terceros de mejor derecho. Que tales derechos, como los del Estado, en caso de no haber sido ejercido dentro del proceso como en este caso, se pudo hacer posteriormente, pero dentro del plazo de diez años a partir de la inscripción de la información posesoria, sea que el plazo para interponer las acciones correspondientes aunque fuere el Estado, prescribieron en el mes de octubre de 1982 y por lo tanto, a la fecha está caduco. El curador procesal de la sociedad \"Mis Dos Amores\", señaló: A) Sobre los hechos: Que la ley de Nombre415 no prevé la hipótesis de que en el área traspasada, existieran terrenos inscritos a nombre de terceros en el Registro Público, o de posesiones legítimas de terceros, que eventualmente podían generar títulos válidos al inscribirse en el Registro Público, y que pudieran generar derechos indemnizatorios a favor de tales administrados y a cargo del Estado como ente generador del acto legislativo que determinó traspasar a favor de Nombre415 todos los terrenos incluidos en el área establecida por la indicada ley. Que el representante de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica manifestó, clara y categóricamente, el contestar la demanda, que la Institución respeta todas las inscripciones de inmuebles realizadas en forma previa a la inscripción en el Registro Público del inmueble de Limón, matrícula número Placa7705 a nombre de Nombre415, inscripción que se llevó a cabo el día 08 de Junio del 2001. Que el Estado, representado por la Procuraduría General de la República dentro del respectivo Proceso de Información Posesoria, no se opuso a la inscripción del inmueble de Limón, Matrícula número Placa20220 a nombre del promotor de la mencionada Información Posesoria, dándole un aval de total validez al proceso desarrollado al efecto y al título de propiedad originado en el mismo. Que la empresa INVERSIONES RAJPAL, S.A. adquirió dicho inmueble por medio de una subasta pública o remate dentro de un proceso judicial. B) Razones de derecho para oponerse a la reconvención: Que el Estado pretende la declaratoria de nulidad de la \"Información Posesoria\", incluida la sentencia dictada dentro de dicho proceso judicial de las 17 horas del 09 de mayo de 1972, y consecuentemente del asiento de inscripción del inmueble de Limón, matricula número Placa20209, y de todos los asientos posteriores, debido a que, aparentemente dicho inmueble traslapa con la finca de Limón, matrícula Placa7705, inscrita a nombre de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Nombre415) y no a nombre de el Estado. Que en consecuencia, la única persona jurídica legitimada activamente para demandar y pretender la declaratoria de nulidad es Nombre415, más no el Estado como persona jurídica independiente. Luego, que no es cierto que el inmueble de Limón, matricula número Placa20209 haya pasado a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, en virtud de lo dispuesto por la Ley Forestal No. 4465 del 29 de noviembre de 1969, y no existiendo prueba alguna que acredite tal hecho, la falta de derecho para pretender la declaratoria de nulidad de la Información Posesoria, incluida la sentencia dictada dentro de dicho proceso judicial de las 17 horas del 09 de mayo de 1972, y consecuentemente, del asiento de inscripción del inmueble de Limón, matrícula número Placa20209, y de todos los asientos posteriores resulta evidente y manifiestamente improcedente. Que además, debe de indicarse que la Procuraduría General de la República, por medio del Procurador Agrario Licenciado Víctor Manuel Bulgarelli Flores, por medio de memorial fechado 10 de Enero de 1972, manifestó dentro del Proceso de Información Posesoria cuya nulidad pretende la Procuraduría General de la República en el presente proceso, que el contrato de venta de la finca por titular es de carácter privado y no público como lo exigía la ley, y que no estaba demostrada la posesión decenal; sin embargo la parte promotora del \"Proceso de Información Posesoria\" procedió a acreditar en aquel momento, que el Contrato de Venta del inmueble a titular contaba con la respectiva razón de fecha cierta notarial que le daba publicidad al mencionado contrato, y además, los testigos que no habían dado fe de la posesión decenal, fueron interrogados nuevamente por la autoridad judicial competente, y todos fueron claros al afirmar que la posesión era de más de diez años. Que cumplidas las exigencias del señor Procurador Agrario; el señor Juez Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda procedió a dictar la sentencia que ordenó la inscripción del inmueble respectivo, y que originó el inmueble de Limón, Matricula Placa20209. Que ante estas circunstancias, resulta evidente que carece de derecho el Estado para pretender la nulidad del mencionado proceso de Información Posesoria, cuarenta y cuatro años después de no haber alegado la nulidad dentro del propio proceso de Información Posesoria en el cual debió de haber sido alegada. Que el señor Nombre112356    acreditó, por los medios idóneos, en el Proceso de Información Posesoria, cuya nulidad se pretende en este proceso, ser el titular del derecho de posesión sobre el terreno que se convertiría en el inmueble de Limón, Matrícula Placa20209, y que la posesión sobre el terreno dicho era de más de diez años, y en tales condiciones, una vez inscrito en el Registro Público, se lo vendió y traspasó a la empresa que representó en el año de 1973. Que no se le puede solicitar a ninguno de los contrademandados que demuestren una posesión mayor a los diez años antes de 1963, ya que, ninguna de ellas pretende titular el terreno en este momento, sino que el mismo ya fue titulado por medio de proceso judicial de información posesoria debidamente tramitado ante la autoridad judicial competente, y con la intervención activa del propio Estado por medio de la Procuraduría Agraria, y sin que se diese ningún tipo de oposición. Que no puede ser que cuarenta y cuatro años después de tramitada y finalizada la información posesoria de marras, la Procuraduría General de la República pretenda retomar la discusión sobre el tiempo de la posesión que motivó la inscripción del inmueble de Limón, Matrícula Placa20209, ya que los testigos de tal posesión, y que afirmaron que la misma era superior a los diez años, en este momento deben de estar fallecidos o en una edad muy avanzada, y no es el tiempo para solicitar que se acredite un tiempo de posesión como el que malintencionada pretende la representación estatal en este caso. Que no se puede acreditar que la posesión que motivó la inscripción del inmueble de Limón, Matrícula Placa20209 no se iniciara en el año 1953 o antes. Que el señor Procurador en su reconvención, afirmó que la posesión que nos ocupa no se inició en ese año de 1953 sino en el año 1960, sin embargo, dicha afirmación carece de todo fundamento probatorio. Afirmó además, el señor Procurador sin contar con la prueba correspondiente, que el terreno titulado por el señor Nombre112356    estaba en ese entonces cubierto de bosque. Que el inmueble se inscribió en el Registro Público, bajo la matrícula Placa20209, a nombre del señor Nombre112356   , debido a que se cumplieron todos los requisitos exigidos por la Ley de Informaciones Posesorias vigente en ese momento, y debido a que se acreditó una posesión superior a los diez años, es decir, se acreditó y cumplió con la posesión decenal. Que en consecuencia, el terreno que corresponde al inmueble de Limón, matrícula Placa20209, al encontrarse amparado por la posesión decenal, no se puede considerar que pasó a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, hoy denominado Patrimonio Natural del Estado. Que por último, la presente acción de nulidad se encuentra prescrita, ya que, claramente el plazo de prescripción ordinaria (decenal) que regula el artículo 868 del Código Civil se ha cumplido, habiendo transcurrido en este caso cuarenta y cuatro años desde que el inmueble de marras se inscribió en el Registro Público. Que la Ley hace referencia a la imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria, más no de la acción de nulidad como la que nos ocupa en este caso concreto, y que es la que se formula en la reconvención interpuesta por el Estado. Que en efecto, por medio de la contrademanda que nos ocupa el Estado lo que formula es una acción de nulidad y no una acción reivindicatoria, motivo por el cual no se puede reclamar o alegar la imprescriptibilidad de la acción o derecho. Que la acción reivindicatoria, regulada por el artículo 348 del Código Civil, es aquella por medio de la cual el propietario no poseedor acciona su derecho para ser restituido en la cosa del poseedor no propietario. Que además, la acción reivindicatoria exige el cumplimiento de una serie de condiciones que no se cumplen en el caso concreto, y el Estado no demandó la reivindicación de inmuebles concretos sino la nulidad de un proceso judicial de información posesoria y de asientos del registro público, que claramente tipifican una acción de nulidad y no una acción reivindicatoria, en consecuencia, la prescripción de las pretensiones de nulidad que formula la representación estatal en su reconvención resulta evidente y manifiesta. Finalmente el curador procesal de la sociedad \"Dalanyo S.A.\" indicó: Que el actuar de su representada siempre fue acorde al principio de la buena fe registral ya que como consta todos los movimientos registrales y negocios jurídicos fueron realizados antes de cualquier conflicto con el Estado o Japdeva. Que de las pruebas dadas por El Estado no tienen la manera de comprobar la vegetación o el uso de la finca en ese período de tiempo y tampoco que la finca pertenece al Patrimonio Natural del Estado ya que ello es la litis del presente proceso y por tanto no se puede afirmar un asunto que se encuentra en discusión todavía.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS: De importancia para el resultado del presente asunto se tienen de importancia: 1) Que el señor Nombre112358   vendió mediante documento privado de fecha 22 de mayo de 1970 al señor Nombre112356    su derecho de posesión sobre una finca situada en Nueve Millas de Limón, Distrito y Cantón Primero de la Provincia de Limón con una cabida de aproximadamente 20 hectáreas, que dijo haber poseído por más de 10 años de forma pública, pacífica, ininterrumpidamente y en calidad de dueño por la suma de 4 mil colones. Luego a este documento se le consignó fecha cierta y se reprodujo en \"Papel de Oficio\" en el que se corrigió la cabida del inmueble indicando que era de 25 y no 20 hectáreas.  (Ver imagen 461 y 464 del expediente judicial digital). 2) Por escrito de fecha 30 de julio de 1970, el señor Nombre112356   , dirigido al señor Juez Segundo Civil de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, presentó diligencias de de \"Información Posesoria\", sobre la finca que indicó se encuentra en la localidad de \"...Moín, distrito primero y cantón Primero de la Provincia de Limón (Nueve Millas) y la finca la describió así: Terreno de agricultura con una casa en mal estado,sembrado de coco, yuca, plátano y arboles fruta1es,con una medida de aproximadamente 25 hectáreas. Sus linderos son: Norte, Edwin Alvarado y Lurline Mohs; Sur, Francisco Urbina Bermúdez; este, Playón del Río Moín, y oeste baldío Nacional. Tiene de frente al Playón del Río Moín 500 metros. No tengo titulo inscrito ni inscribible, por la que realizo estas diligencias sin  el ánimo de evadir la tramitación de un juicio sucesorio. La posesión decenal ha sido quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño consistiendo en la tenencia física del bien bajo mi dominio y disfruto como así lo hizo quien la vendió. Acompaño el plano correspondiente y papel para tramitar.Pido al señor Juez levantar esta información posesoria de acuerdo con la Ley No. 139 de 14 de julio de 1941 y ni ordene inscribir este inmueble a mi nombre,libre de gravámenes en el Registró Público de la Propiedad,Partido de Limón. Dejo presentado documento donde los colindantes y testigos a su vez se dan por notificados de estas diligencias, mostrando su conformidad. Estimo están diligencias en CINCO MIL COLONES.Notificaciones las oigo en la oficina del abogado autenticante\". Y aportó escrito de fecha 6 de julio de 1970, los señores Francisco Urbina Bermúdez, Edwin Alvarado Abella, Pedro Mohs Jordan, Nombre112359   y Lurline Mohs Villalta, dirigido al señor Juez Segundo Civil de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; indicaron que conocían al señor Nombre112356    y la finca que estaba tratando de inscribir y que adquirió del señor Nombre112358   quienes la han poseído poseído por más de 10 años de forma pública, pacífica, ininterrumpidamente y en calidad de dueño y manifestaron no tener objeción en su inscripción. (Ver imagen 462 y 463 del expediente judicial digital). 3) Que el Jefe del Departamento del Impuesto Territorial certificó que el señor Nombre112358   tiene en la Sección de Registro de Propietarios contabilizada a su nombre la finca sin inscribir según Declaración Jurada No. 842377 ubicada en Limón con un valor de 3 mil colones. (Ver imagen 493 del expediente judicial digital). 4) El 29 de enero de 1971 compareció la señora Nombre112359   ante el Juzgado Civil de Limón e indicó bajo fe de juramento que el titulante y el señor Nombre112358   poseyeron el inmueble por más de 10 años de forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpidamente y a título de dueños. El 28 de octubre de 1971 lo hicieron los señores José Jaime Lobo Cordero, Nombre112360    y Francisco Urbina Bermúdez. El señor Lobo Cordero indicó que le constaba que el promovente de la información posesoria tenía debidamente cercada la finca que trataba de titular, la que había poseído en una forma quieta, pacifica, pública y a título de dueño. Declaración ampliada el día 24 de marzo de 1972 indicando que la posesión lo era por más de 10 años. El señor Nombre112360 , indicó que le constaba que el promovente tenía una finca de bastantes hectáreas, la que encontraban debidamente deslindada y cercada y en buen estado de conservación y la había poseído de forma quieta, pacifica, pública, y a título de dueño por más de diez años. Por su parte el señor Urbina Bermúdez,  indicó conocer perfectamente el terreno que deseaba titular el promovente, el cual estaba sembrado de tacotales, montaña en parte y para uso de ganadería y que lo había poseído en forma quinta, pública, pacífica, continua, sin interrupción y a título de dueño. Declaración ampliada el día 24 de marzo de 1972, señalando que la posesión lo era por más de 10 años. (Ver imagen 515, 534, 535, 544 y 545 del expediente judicial digital). 5) Por resolución de la 17:00 horas del 09 de mayo de 1972, el Juzgado Segundo Civil de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, tuvo por acreditado que el gestionante poseía el bien inmueble que indicó por más de 10 años de manera pública, pacífica, ininterrumpida, y en calidad de dueño, y declaró con lugar la información posesoria y ordenó su inscripción registral quedando inscrita bajo Matrícula No.14718-000 del Partido de Limón. (Ver imagen 549 y 550 del expediente judicial digital). 6) Que por escritura otorgada ante el Notario Álvaro Echeverría Murray de las 11 horas del 12 de enero de 1973, el señor Nombre112356    vendió la finca No. Placa20209 a la sociedad Mis Dos Amores Sociedad Anónima. Luego esta sociedad segregó de la finca No. Placa20209 un lote que fue adquirido por la sociedad Dalanyo S.A., el cual quedó inscrito a su nombre al asiento 1 del tomo 2254 del folio 339, como finca número 16370 del Partido de Limón y finalmente la sociedad INVERSIONES RAJPAL S. A. cédula jurídica No. CED88921 promovió juicio ejecutivo hipotecario contra la sociedad \"Mis Dos Amores S.A.\" y en remate celebrado por el Juzgado Quinto Civil de San José, el día 02 de marzo de 1987; se adjudicó la finca del partido de Limón Matrícula Placa20209 con una cabida de doscientos veintisiete mil ciento noventa y tres metros con diecinueve decímetros cuadrados. (Ver imágenes de la 442 a la 448 del expediente judicial digital). 7) Que el día 28 de junio de 2001, se inscribió a nombre de Nombre415 la propiedad del Partido de Limón No. 96658-000, con una cabida de mil trescientos veinte millones siete mil ciento cincuenta metros con cero decímetros cuadrados, con plano No. L-0000001-1977, Naturaleza: Parque Nacional de Tortuguero. Situada en Dirección13525       de la provincia de Limón y ademas situada en Dirección13526       de la Provincia de Alajuela. Linderos: Norte: Río San Juan, Sur: Moín, Este: Mar Caribe. Oeste: Río Colorado Área de Estudio de Tortuguero Río Suerte Colonia Cariari Río Jiménez y Río Reventazón. (Ver imágenes de la 458 y 459 del expediente judicial digital). 8) Por oficio RIM-CT-00736-2013 del Dirección13527    , el Ingeniero Marlon Aguilar Chaves Subdirector Catastral hizo llegar a la Licenciada Hazel Hernández Calderón del Área Agrario Ambiental del Procuraduría General de la República el resultado del estudio realizado por la Ing. Yenory Lara Vásquez del Departamento de Sub-Proceso Conciliación Catastral, de fecha 15 de octubre 2013, referido al montaje sobre la hoja cartográfica y Ortofoto, de los planos L-001-1977, L-1586-1971, L-1585-1974 y L-1584-1971; en el que se concluyó que según montaje se puede observar que existe traslape entre los planos No. L-1584-1971, 7014660-000, No. L-1585-1971 y No. L-1586-1971 finca 7014810-000 sobre el plano No. L-00001-1977 de la finca No. 7096658-000. (Ver imágenes de la 408 y 409 del expediente judicial digital). 9) El Instituto Geográfico Nacional indicó en el oficio DG-IGN-RN-2013-061, del 04 de octubre de 2013, en lo que interesa que: \"...De acuerdo a la localización de los terrenos contenidos en los planos 7-1584-1971, 7-1585-1971 y 7-1586-1971 en la hoja topográfica Moín escala 1:50-000, la zona tiene cobertura de vegetación tipo humedal (Yolillal) según la simbología correspondiente. Con respecto al análisis del segmento de la fotografía aérea del 2005 en contraposición con la hoja topográfica Moín, hay una correspondencia con ese tipo de vegetación observable en dicha fotograma, por textura, tono y localización. Se identifica una zona de penetración con claros que posiblemente corresponde a pastizales y que estarían introducidas en la parte sur del terreno con plano 7-1584-1971. Lo anterior puede significar cambios en la cobertura de la tierra con pérdida del área boscosa original. En los otros terrenos no se identifican otras coberturas que no sea ese tipo de vegetación.\" (Ver imágenes de la 411 y 421 del expediente judicial digital). 10) Por oficio SINAC-ACLAC-PNE-065-2013 del 09 de octubre de 2013, se indicó que: los terrenos y/o propiedades de interés (L-1586-1971, L-1585-1974 y L-1584-1971) forman parte (100%) de un área clasificada como Patrimonio Natural del Estado.\" (Ver imagen 422 del expediente judicial digital).\n\nIV.- HECHOS NO PROBADOS: 1) Que el señor Nombre112358   o el señor Nombre112356    hubiesen ejercido un derecho de posición decenal sobre la finca situada en Nueve Millas de Limón, Distrito y Cantón Primero de la Provincia de Limón, de manera pública, pacífica, ininterrumpida, en calidad de dueños entre los años de 1953 y 1963 y que dio origen a la Propiedad del Partido de Limón No. Placa20209. (No se ubica prueba en tal sentido) 2) Que los terrenos que conformó la finca No. 14718 de Partido de Limón y sus posteriores segregaciones se ubiquen materialmente fuera de los límites de la Finca No. 096658-000 de la Provincia de Limón con plano catastrado L-00001-1977, propiedad de Nombre415. (No se ubica prueba en tal sentido). 3) Que la sociedad Inversiones Rajpal S.A. fuese la legítima titular de los inmuebles del Partido de Limón matrículas de folio real No. Placa20208, Placa20209 y Placa20210, y que solicita le sean indemnizadas por la vía de la expropiación. (No se ubica prueba en tal sentido).\n\nV.- DE PREVIO: Por demanda presentada el día 14 de agosto de 2013, el representante de la sociedad Grupo de Inversiones Rajpal S.A., cédula jurídica CED88921, solicitó en lo medular que en sentencia se declare que las fincas del Partido de Limón matrículas de folio real No. Placa20208, Placa20209 y Placa20210 ingresaron al dominio privado desde el año de 1971 cuando se aprobaron las informaciones posesorias de cada una de ellas con anuencia de Nombre415 y sin oposición del entonces ITCO, IDA, hoy INDER y la Procuraduría General de la República, por lo que fueron adquiridas por su representada  al amparo de la buena fe registral y en su condición de tercero registral, por lo que dichas propiedades no están sujetas a limitaciones y están protegidas por las normas constitucionales que establecen que para expropiarse se les debe cancelar su precio de mercado. Que siendo que las fincas fueron afectadas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Minaet y Japdeva; el Estado debe expropiarlas y cancelar su valor de mercado, cuyo valor no puede ser inferior a los 100 millones de colones indexados al día de la sentencia. De esta forma es claro que la pretensión del acto se funda en el título de propiedad. Luego, la representación del Estado al contestar la demanda presentó reconvención solicitando que en sentencia se declare la nulidad de la sentencia del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de las 17 horas del 09 de mayo de 1972 y por ende la nulidad del asiento 1 del tomo 2098 del folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual dicha finca quedó inscrita a nombre de Nombre112356   ; la anulación de la inscripción de la finca número 14718 de la Provincia de Limón; la nulidad del asiento 2 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Mis Dos Amores, S.A.; la nulidad del asiento 3 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual parte de dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Dalanyo S.A.; se declare la nulidad de la inscripción de la finca número 14718-000 del Partido de Limón a favor de Inversiones Rajpal, S.A., asiento 14340, tomo 362 del Registro Inmobiliario y la nulidad de la inscripción de la finca número 16370 del Partido de Limón a favor de la sociedad Dalanyo S.A., asientos 1 al 6, tomos 333 y 346 del Registro Inmobiliario. De esta forma el Estado solicita la declaratoria de nulidad de la sentencia por la que se dio término la información posesoria y a partir de ello, la nulidad de los actos registrales que surgieron de ella. Es claro que si el derecho de la sociedad actora subyace en su título de propiedad, de llevar razón el Estado y sus alegatos, sobreviene una falta de legitimación ad causam con respecto a las pretensiones de la sociedad Grupo de Inversiones Rajpal S.A. De forma que, como el actor erige su acción a partir de la existencia de un derecho del dominio sobre un inmueble, al estar siendo tal título impugnado en los términos de la contrademanda, habrá de resolverse esta de modo previo. En razón de ello se analizará en primer orden los alegatos de la contrademanda.\n\nVI.- DE LAS EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ALEGADA: El curador procesal del señor Nombre112356   , señaló que la acción planteada por la representación del Estado debió hacerla dentro del plazo de diez años a partir de la inscripción de la información posesoria, sea que el plazo para interponer las acciones correspondientes prescribieron en el mes de octubre de 1982 y al no haberlo hecho en dicho plazo, el presente proceso está caduco. Por su parte el Curador Procesal de la Sociedad \"Mis Dos Amores\", indicó que la gestión planteada lo que pretende es la nulidad de los asientos registrales que indicó, y no una reivindicación de la propiedad de Nombre415 y que la Ley lo que hace referencia es a la imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria, más no de la acción de nulidad como la que nos ocupa en este caso concreto, y que es la que se formula en la reconvención interpuesta por el Estado y en consecuencia, la prescripción de las pretensiones de nulidad que formula la representación estatal en su reconvención resulta evidente y manifiesta. Estima esta Cámara de Juzgadores que se impone conocer de previo ambas excepciones, con causa en que de llevar razón en sus reproches, ello conduciría al rechazo de la gestión planteada por el Estado, y tornaría innecesario entrar en mayores consideraciones de fondo. En la especie nos encontramos ante un conflicto por aplicación de normas en el tiempo sobre bienes inmuebles. La discusión gira en torno a que si la Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963, traspasó los terrenos que abarcan los de la propiedad que se inscribió mediante información posesoria No. 14718-000 del Partido de Limón, significaría que se inscribió en 1972 un bien que pertenecía a una institución del Estado desde 1963, salvo que los beneficiados de la información posesoria hubiesen acreditado que su ocupación de había dado al menos 10 años antes de 1963. Y aunado a ello, posteriormente a partir de 1969, a los inmuebles con vocación forestal pertenecientes al Estado y sus instituciones, conforme a las leyes No. 4465 del 25 de noviembre de 1969, 7174 del 28 de junio de 1990 y la No. 7575 del 16 de marzo de 1996, forman parte del Patrimonio Natural del Estado y se les dota de una tutela especial. De manera que la discusión está traba sobre un bien que sería calificado como un bien de dominio público del Estado en sentido amplio y en este sentido hay basta jurisprudencia que ha señalado que: \"...IV.- A mayor abundamiento, conviene señalar, que tratándose del dominio público del Estado, los bienes no pueden salir definitivamente del dominio de la Nación (artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política), porque forman parte del patrimonio natural del Estado (artículo 89 Constitucional)...Se trata, en consecuencia, de bienes imprescriptibles, inalienables, inembargables, y no susceptibles de apropiación privada...\" (Votos No. 1763-94 de las 16:45 horas del 13 de abril de 1994). De manera que al estar en discusión este tipo de bienes, la acción en su tutela no prescribe ni caduca, más allá de que lo que se pretenda sea reivindicar el bien propio del Estado o solicitar la nulidad de un asiento registral, indebidamente inscrito. Aceptar lo contrario, llevaría al sin sentido de permitir la convalidación de un bien propio del Estado a favor de un particular por el mero transcurso del tiempo, lo cual no puede ser posible conforme al artículo 121 constitucional. Por razón de ello es que se debe rechazar la prescripción y caducidad alegada.\n\nVII.- SOBRE EL FONDO LA RECONVENCIÓN PLANTEADA: Tal y como se indicó supra, la representación del Estado solicitó que en sentencia se declare la nulidad de la sentencia del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de las 17:00 horas del 09 de mayo de 1972 que declaró con lugar las diligencias de Información Posesoria incoada por el señor Nombre112356    y en consecuencia la nulidad del asiento 1 del tomo 2098 del folio 457 de la finca la Provincia de Limón  número 14718; la nulidad del asiento 2 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Mis Dos Amores, S.A.; la nulidad del asiento 3 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 y los asientos del 1 al 6, tomos 333 y 346 del Registro Inmobiliario de la Provincia de Limón, según el cual parte de dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Dalanyo S.A. y la nulidad de la inscripción de la finca número 14718-000 del Partido de Limón a favor de Inversiones Rajpal, S.A., asiento 14340, tomo 362 del Registro Inmobiliario. Lo anterior bajo el alegato de que la Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963 traspasó a Nombre112361 los terrenos que conformaron dichas propiedades, por lo que ya al año de 1972 pertenecían a esa institución del Estado, aunado a que las Leyes Nos. No. 4465 del 25 de noviembre de 1969, 7174 del 28 de junio de 1990 y la No. 7575 del 16 de marzo de 1996, establecieron una tutela especial sobre las propiedades del Estado y sus instituciones que fuesen de vocación forestal, por lo que en la especie dichos inmuebles constituyen propiedad forestal o Patrimonio Natural del Estado, bien que es de dominio público y por ende no es susceptible de ser apropiado o titulado por los particulares. El alegato de defensa del reconvenido representante de la Sociedad Inversiones Rajpal, S.A. indicó que la Ley 3091 traspasó a favor de Nombre415 propiedades privadas ocupadas antes de su entrada en vigencia, estando sembradas como lo fue en el caso de su representada, que incluso Nombre415 indicó en la contestación de la demanda su respeto a las adquisiciones de terrenos previas a la inscripción de la finca No. Placa20219 de la Provincia de Limón con plano catastrado L-00001-1977 el día 08 de junio de 2001. Que la sociedad actora adquirió el inmueble del Partido de Limón No. Placa20209 en remate público, lo que demostró que el bien ha estado a nombre de terceros desde hace más de 40 años. Que si bien los terrenos están cubiertos de bosque en su mayor parte, también se han cultivado desde antes de 1950 por los poseedores originales de los mismos y luego por los propietarios registrales, de forma que esos terrenos no son Patrimonio Natural del Estado, y por eso ni Nombre415, ni la Procuraduría en su momento se opusieron a la información posesoria. Que si el inmueble constituye Patrimonio Natural del Estado lo que se debe entonces es expropiar a su representada. Que su representada es una sociedad perteneciente a un ciudadano canadiense que tiene el derecho de ser beneficiado por el convenio de protección a inversionistas firmado por Canadá y Costa Rica. El curador procesal del señor Nombre112356   , señaló: Que tomando la fecha de transmisión del derecho como parámetro para contabilizar los diez años de posesión, ésta tuvo que haber sido ejercida antes de la entrada en vigencia de la ley número 3091 del 18 de Febrero de 1963, y siendo que el documento de transmisión de derecho fue protocolizado por el Notario Alfredo Tosi Bonilla en fecha 25 de junio de 1970, en su protocolo 12, escritura 33, se tiene que mínimo la posesión ejercida por el transmitente Nombre112358   se ejercitó desde antes del mes de mayo de 1960, no pudiendo precisar la fecha exacta por no exigirlo así la Ley de Informaciones Posesorias y que la ley de Nombre415 si bien vigente desde 1963, no fue de aplicación al caso concreto pues los representantes estatales, sea el Procurador Agrario y el ITCO como partes de la titulación, no se opusieron a las diligencias, y el mismo Juez conocedor de la legislación correspondiente, aprobó en sentencia la Información Posesoria y la inscripción de la finca a folio real matrícula Placa20209 de la provincia de Limón fue en el mes de octubre de 1972. El curador procesal de la sociedad \"Mis Dos Amores\", señaló: A) Sobre los hechos: Que la Ley No. 3091 no previó que en el área traspasada, existieran terrenos inscritos a nombre de terceros en el Registro Público, o de posesiones legítimas de terceros, que  podían generar títulos válidos al inscribirse en el Registro Público, y que pudieran generar derechos indemnizatorios a favor de tales administrados y por ello la representación de Nombre415 indicó que la Institución respeta todas las inscripciones de inmuebles realizadas previa a la inscripción en el Registro Público del inmueble de Limón, matrícula número Placa7705 a nombre de Nombre415, inscripción que se llevó a cabo el día 08 de Junio del 2001. Que el Estado, representado por la Procuraduría General de la República dentro del Proceso de Información Posesoria, no se opuso a la inscripción del inmueble de Limón, Matrícula número Placa20220 a nombre del promotor de la mencionada Información Posesoria, dándole un aval de total validez al proceso desarrollado al efecto y al título de propiedad originado en el mismo. Que la única persona jurídica legitimada activamente para demandar y pretender la declaratoria de nulidad es Nombre415, más no el Estado como persona jurídica independiente. Que no es cierto que el inmueble de Limón, matricula número Placa20209 haya pasado a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, en virtud de lo dispuesto por la Ley Forestal No. 4465 del 29 de noviembre de 1969, y no existiendo prueba alguna que acredite tal hecho, la falta de derecho para pretender la declaratoria de nulidad de la Información Posesoria, incluida la sentencia dictada dentro de dicho proceso judicial de las 17 horas del 09 de mayo de 1972, y consecuentemente, del asiento de inscripción del inmueble de Limón, matrícula número Placa20209, y de todos los asientos posteriores resulta evidente y manifiestamente improcedente. Que el señor Nombre112356    acreditó, por los medios idóneos, en el Proceso de Información Posesoria, cuya nulidad se pretende en este proceso, ser el titular del derecho de posesión sobre el terreno que se convertiría en el inmueble de Limón, Matrícula Placa20209, y que la posesión sobre el terreno dicho era de más de diez años, y en tales condiciones, una vez inscrito en el Registro Público, se lo vendió a la empresa que representa en el año de 1973. Finalmente el curador procesal de la sociedad \"Dalanyo S.A.\" indicó: Que el actuar de su representada siempre fue acorde al principio de la buena fe registral ya que como consta todos los movimientos registrales y negocios jurídicos fueron realizados antes de cualquier conflicto con el Estado o Japdeva. Que de las pruebas dadas por El Estado no tienen la manera de comprobar la vegetación o el uso de la finca en ese período de tiempo y tampoco que la finca pertenece al Patrimonio Natural del Estado ya que ello es la litis del presente proceso y por tanto no se puede afirmar un asunto que se encuentra en discusión todavía. De esta forma en criterio de la sociedad reconvenida y los codemandados, la Información Posesoria se hizo conforme a derecho y en la que se acreditó por parte del señor Nombre112356  una posesión sobre el inmueble de manera pública, pacífica, ininterrumpida, y en calidad de dueño por más de 10 años al momento de presentar dichas diligencias y por ende lo resuelto por el Juzgado Segundo civil de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda estuvo correcto, aunado a ello a que no hubo oposición de la Procuraduría ni del ITCO en aquel momento y que la Ley No. 3091 no consideró o previó que partes del inmueble traspasado estuviesen ocupados o inscritos a favor de terceros. Criterio de la Cámara: Este Tribunal considera que no llevan razón los reconvenidos en sus alegatos, los que en concreto se refieren a la inaplicabilidad de lo dispuesto en la Ley No. 3091 y la validez de lo dispuesto por el Juzgado Segundo Civil de los Contencioso Administrativo en cuanto declaró con lugar la Información Posesoria presentada por el señor Nombre112356  en el año de 1970. Sobre la aplicación de lo dispuesto en la Ley No. 3091 debemos empezar por indicar que el artículo 261 del Código Civil de 1888 establece: \"Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.\" Por su parte el artículo 262: \"Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban destinadas.\" De esta forma, conforme a dichos artículos los bienes se califican en públicos y privados, siendo los primeros, aquellos que son por Ley afectos a cualquier servicio de utilidad general, y como resultado inmediato, estos bienes se encuentran fuera del comercio de los hombres, es decir, son inalienables, lo que significa que no pueden ser adquiridos por ningún medio a favor de particular. Luego se tiene que el Estado-Legislador en el artículo 41 de la \"Ley Orgánica de de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963 dispuso: \"Son propiedad de Nombre415 además de sus activos e ingresos ordinarios y extraordinarios los siguientes: ...(...) b) Todos los terrenos del Estado situados en el área habilitada por canales navegables, comprendidos en una área de diez kilómetros desde el mar hacia el interior, paralela a ambos lados de los ríos y canales que administra la Junta\". De esta forma, todos los terrenos ubicados dentro de los límites indicados en esta Ley entraron a formar parte de una Institución del Estado desde el mes de febrero de 1963, y por ende excluidos del comercio de los hombres, lo que significa que posterior a esa fecha ninguna persona podría válidamente alegar titularidad sobre una porción de terreno ubicado dentro de dichos límites. Así, por las características de la Ley, a saber, su generalidad y potencia, esta aplica a todos y debe ser respetada por todos desde su entrada en vigencia y nadie puede adquirir derechos contra legem, ni alegar su desconocimiento según el artículo 129 de la Constitución Política, de ahí que se debe rechazar el alegato de los reconvenidos en cuanto cuestionan lo dispuesto en la Ley Orgánica de Nombre415 en su artículo 41 y su aplicación para el caso de la Información Posesoria que gestionó el señor Nombre112356    ante el Juzgado Segundo Civil de la Contencioso Administrativo. Por consiguiente posterior a la entrada en vigencia de la Ley No.  3091 del 18 de febrero de 1963 ningún terreno podría haberse inscrito por la vía de las diligencias de Información Posesoria, salvo que hubiese acreditado que su ocupación se hubiese dado 10 años antes a la entrada en vigencia de esa Ley, es decir entre 1953 y 1963. También debe indicarse a mayor abundamiento que el Estado Costarricense en tutela del medio ambiente, otorgó en los artículos 18, 19 y 28 de la \"Ley Forestal \" No. 4465 del 25 de noviembre de 1969, una protección especial sobre el Patrimonio Forestal del Estado. Su artículo 18 dispuso: \"El Patrimonio Forestal del Estado está constituido por las Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros Forestales del Estado, las Zonas Protectoras y Reservas Biológicas.\" Su artículo 19: \"Quedan afectados a los fines de la presente ley, todos los bosques y terrenos forestales situados en: a) Las tierras consideradas como Reservas Nacionales; y b) Las fincas rurales del dominio privado del Estado, las pertenecientes a municipalidades e instituciones autónomas y semiautónomas.\" De esta forma, a la tierras contempladas en los límites que estableció la Ley No. Placa20221 como propiedad de Nombre415, le sobrevino una protección más intensa, en cuanto esos terrenos tuviesen aptitud forestal y el artículo 28 del mismo cuerpo normativo los calificó como parte del \"Patrimonio Forestal del Estado\". Por su parte la Ley No. 7174 \"Ley Forestal\" del 28 de junio de 1990, señaló en su artículo 32: \"El patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública.\". Por su parte el articulo 33) \"Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio forestal del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria; su invasión y ocupación serán sancionadas conforme con lo dispuesto en esta ley  de aptitud forestal, quedarán automáticamente incorporados al patrimonio forestal del Estado.\" Finalmente la \"Ley Forestal\" No. 7575 del 16 de marzo de 1996, dispuso en su artículo 13): \"Constitución y administración El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de este. Y el artículo 14): \"Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.\" De esta forma, la normativa que tutela el Patrimonio Forestal del Estado desde el año de 1969 incluyó dentro de dichos bienes, los terrenos de aptitud forestal que pertenezcan al Estado central y a sus instituciones descentralizadas, como lo fueron los terrenos traspasados por Ley a Nombre415. Véase que conforme al certificado del Instituto Geográfico Nacional No. DG-IGN-RN-2013-061, del 04 de octubre de 2013 concluyó de acuerdo a la localización de los terrenos contenidos en los planos 7-1584-1971, 7-1585-1971 y 7-1586-1971 en la hoja topográfica Moín escala 1:50-000, la zona tiene cobertura de vegetación tipo humedal (Yolillal) según la simbología correspondiente. De forma que la tutela estatal de este tipo de vegetación se dio a partir de la entrada en vigencia de la Ley, y no de la inscripción registral del inmueble propiedad de Nombre415. Y es que los reconvenidos alegan que la propiedad establecida en la Ley 3091 fue inscrita hasta el 8 de junio de 2001 y que es a partir de dicha fecha que surte efectos frente a terceros, criterio que no comparte la Cámara ya que sobre los bienes de dominio publico rige el principio de inmatriculación registral, al ser parte de la propiedad pública, debiendo aplicarse en forma obligatoria lo que sobre ellos dispone la Ley, más allá de si se encuentran inscritos o no en el Registro Público. De esta forma es claro que lo dispuesto en la Ley Orgánica de Nombre415 en su artículo 41.b) y la Ley Forestal y su reformas, son aplicables en todos sus extremos a los terrenos que se incluyeron en la Ley 3091, desde 1963, por constituir un bien propio de una institución del Estado. El segundo alegato de los reconvenidos se centra en la validez de la información posesoria sosteniendo que la posesión del señor Nombre112358   sumada a la del promovente Nombre112356  sobrepasaron los 10 años, requisito para que procediera la inscripción de la propiedad del inmueble de Limón, matrícula número Placa20209. Revisado íntegramente el expediente del proceso de Información Posesoria se tiene acreditado que el promovente presentó la gestión por escrito de fecha 30 de julio de 1970, y en cuanto a la posesión decenal señaló que \"esta ha sido  quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño consistiendo en la tenencia física del bien bajo mi dominio y disfruto como así lo hizo quien la vendió. (Ver imagen 462 y 463 del expediente judicial digital). Luego, dentro de las diligencias comparecieron como testigos la señora Nombre112359  , don JOSÉ JAIME LOBO CORDERO, el señor Nombre112360    y don FRANCISCO URBINA BERMÚDEZ, y todos indicaron de manera general que la posesión del señor Nombre112358  y Nombre112356  lo era por más de 10 años. (Ver imagen 515, 534, 535, 544 y 545 del expediente judicial digital) y finalmente por resolución de la 17:00 horas del 09 de mayo de 1972, el Juzgado Segundo Civil de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, tuvo por acreditado que el gestionante poseía el bien inmueble que indicó por más de 10 años de manera pública, pacífica, ininterrumpida, y en calidad de dueño, y la declaró con lugar la información posesoria y ordenó su inscripción registral quedando inscrita bajo Matrícula No.14718-000 del Partido de Limón. (Ver imagen 549 y 550 del expediente judicial digital). Nótese que para el año 1970 se alegó una posesión sobre un inmueble que conforme a la Ley No. 3091, desde el año 1963 había pasado a formar parte del patrimonio de una Institución Autónoma del Estado y con una tutela especial conforme a la Ley Forestal de 1969 por poseer aptitud forestal. Así, a partir de 1963 no podía validarse la posesión del gestionante y luego no se tuvo por acreditado que los 10 años y más que sostuvieron poseían sobre el inmueble, lo fuese entre el años 1953 y 1963. De forma que cuando tramitó la información posesoria no podía ejercer una posesión de buena fe, pues el bien pertenecía a Nombre415 por ley, y al no acreditar que la posesión lo fuese por  de 10 años pero entre 1953 y 1963, tampoco podía existir usucapión, lo que hace posible anular un título registral en cualquier tiempo, cuando se ha levantado en perjuicio del Estado y afecta un bien de dominio público, pues en estos casos la propiedad es imprescriptible, inalienable por los particulares, tratándose más de un motivo de nulidad absoluta, es incluso declarable de oficio (artículo 837 del Código Civil). En dicha tesitura, si no hay posesión válida a partir de 1963 y no acreditar posesión alguna entre el año 1953 y 1963  no podría calificarse la validez, y mucho menos la eficacia de un título espureo, sin contenido material real, pues realmente no ha existido una posesión ad usucapionen útil, por parte de los reconvenidos, ni antes ni después de la inscripción del título de propiedad en el Registro Público. El Tribunal llega a dicho convencimiento, porque los testigos que depusieron en la información posesoria, a saber, Nombre112359  , don JOSÉ JAIME LOBO CORDERO, el señor Nombre112360    y don FRANCISCO URBINA BERMÚDEZ sus declaraciones no resultan contestes con que la posesión del señor Nombre112358  y Nombre112356  sobre el inmueble a titular se diera entre 1953 y 1963. Finalmente, la representación de la sociedad Grupo de Inversiones Rajpal S.A. alegó en la contestación de la reconvención que esta es una sociedad que si bien costarricense, pertenece a un ciudadano canadiense que tiene el derecho de ser beneficiado por el \"Convenio de protección a inversionistas firmado por Canadá y Costa Rica\" aprobado por Ley No. 7870 del 05 de mayo de 1999, sin indicar mayores detalles del indicado Convenio con respecto a la tutela que reclama con respecto a la actividad empresarial de la Sociedad Inversiones Rajpal S.A. No obstante revisado el indicado Convenio tenemos que en su artículo 8) Expropiaciones señala: \"1.- Las inversiones de inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes no serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas que tengan un efecto equivalente a la nacionalización o expropiación (en lo sucesivo denominadas \"expropiación\") en el territorio de la otra Parte Contratante, excepto por razones de interés público, bajo el debido proceso de la ley, de una manera no discriminatoria y contra indemnización pronta, adecuada y efectiva. Tal indemnización estará basada en el valor justo de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de la expropiación o al momento en que la expropiación propuesta se hizo de conocimiento público, lo que ocurra primero. Esta indemnización será pagadera: a) en Canadá, a partir de la fecha de expropiación con intereses a la tasa de interés comercial normal; b) en Costa Rica, a partir de la fecha de desposesión de acuerdo con el Artículo 11 de la Ley de Expropiaciones No. 7495 de 3 de mayo de 1995 (en adelante denominada la \"Ley de Expropiaciones\"), con intereses al tipo de interés promedio para los depósitos, imperante en el sistema bancario nacional, Sin demora y será efectivamente realizable y libremente transferible. El criterio de valoración para determinar el valor justo de mercado incluirá el valor de la empresa en pleno funcionamiento, el valor de los activos incluyendo el valor tributario declarado de la propiedad tangible, y otros criterios, según proceda, incluyendo, en el caso de Costa Rica, el Artículo 22 de la Ley de Expropiaciones. 2.- El inversionista afectado tendrá derecho, bajo la legislación de la Parte Contratante que realiza la expropiación, a una pronta revisión, por una autoridad judicial u otra autoridad independiente de esa Parte, de su caso y de la valoración de su inversión de acuerdo con los principios estipulados en este Artículo. 3.- Las disposiciones de este Artículo serán aplicables a las medidas tributarias a menos que las autoridades fiscales de las Partes Contratantes, en un plazo que no exceda los seis meses después de haber recibido notificación por parte de un inversionista que impugna una medida tributaria, determinen conjuntamente que la medida en cuestión no constituye una expropiación.\" Sin embargo en criterio de esta Cámara, conforme a lo que se ha indicado supra, en el presente caso no nos encontramos frente al supuesto fáctico contemplado en la indicada norma, a saber, una expropiación,  toda vez que la reconvención giró en torno a la nulidad de un asiento registral de un inmueble generado en una información posesoria del año 1970, sobre un inmueble que desde el año de 1963 pertenecía por Ley No. 3091 a Nombre415 y desde 1969 protegido en lo que respecta al Patrimonio Natural del Estado, sin que se acreditara que el gestionante de la información posesoria cumpliera con la ocupación decenal entre 1953 y 1963. De forma que, se reitera, no se trató de una expropiación sobre un derecho de propiedad jurídicamente tutelado. Corolario de lo expuesto es acoger la contrademanda y ordenar la nulidad de lo dispuesto en la sentencia del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de las 17:00 horas del 09 de mayo de 1972 y en consecuencia la nulidad del asiento 1 del tomo 2098 del folio 457 de la finca la Provincia de Limón  número 14718; la nulidad del asiento 2 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Mis Dos Amores, S.A.; la nulidad del asiento 3 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 y los asientos del 1 al 6, tomos 333 y 346 del Registro Inmobiliario de la Provincia de Limón, según el cual parte de dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Dalanyo S.A. y la nulidad de la inscripción de la finca número 14718-000 del Partido de Limón a favor de Inversiones Rajpal, S.A., asiento 14340, tomo 362 del Registro Inmobiliario.\n\nVIII.- SOBRE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD INVERSIONES RAJPAL S.A.: El representante de la sociedad Grupo de Inversiones Rajpal S.A., cédula jurídica CED88921, exigió en lo medular responsabilidad objetiva del Estado alegando que por haber adquirido su representada al amparo de la publicidad registral en razón de la validez del título registral que generó la sentencia del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de las 17:00 horas del 09 de mayo de 1972, y que conforme a la tutela constitucional a la propiedad privada; se le expropiara y cancelara su precio de mercado, que en todo caso no podría ser menor a los cien millones de colones. Conforme a lo expuesto supra, y siendo que la reconvención presentada por la representación estatal fue acogida, ordenándose la cancelación del asiento registral, entrar a analizar la procedencia de dicha pretensión resulta absolutamente estéril por carecer la actora del derecho reclamado, a partir de lo fallado.\n\nIX.- SOBRE LAS EXCEPCIONES: En lo referido a la demanda la representación estatal, de Nombre415 y el SINAC opusieron la excepción de falta de derecho, la cual se debe acoger, en razón de que la actora Sociedad Inversiones Rajpal S.A. no tiene un derecho tutelable con base en lo que se indicó supra. Por su parte los reconvenidos opusieron las excepciones de prescripción, caducidad, falta de legitimación activa, pasiva y falta de derecho. Las dos primeras fueron resueltas por lo que resulta innecesario hacer manifestación alguna en este apartado. En cuanto a la legitimación pasiva es claro que los reconvenidos al adquirir un bien inmueble generado a partir del asiento registral que impugnó la representación estatal, están legitimados pasivamente para ser accionados y la representación estatal para accionar en tutela de los bienes de domino público, como lo es el Patrimonio Natural del Estado. Sobre la falta de derecho, indicar que siendo que tal y como fue señalado a lo largo de esta sentencia, el ordenamiento jurídico ampara lo argumentado y pretendido por la representación estatal en su contrademanda, razón por la cual, la excepción de comentario se debe rechazar, declarando con lugar en todos sus extremos la reconvención, como en efecto se dispone.\n\nX.- SOBRE LAS COSTAS: El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales se imponen al vencido por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria. En lo que la demanda fue incoada por Inversiones Rajpal S.A. contra el Estado, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la parte vencida lo fue la actora, no mediando circunstancia alguna para exonerarle de la condenatoria dicha, de modo que en ese tanto se condena a la compañía denominada Inversiones Rajpal S.A. al pago de ambas costas mas sus intereses hasta su efectivo pago las cuales se liquidarán en fase de ejecución de sentencia a ruego de las interesadas. En lo que el Estado contrademandó al señor Nombre112356   ; a la sociedad Mis Dos Amores S.A. y a la sociedad Dalanyo S.A., se condena a estos en ambas costas, más sus intereses hasta su efectivo pago, cuyo importe será establecido en la fase de ejecución de sentencia a ruego de la representación estatal.\n\n \n\nPOR TANTO:\n\nEn relación con la contrademanda, se rechazan las excepciones de caducidad, prescripción, falta de legitimación activa y pasiva y falta de derecho. En consecuencia se declara con lugar en todos sus extremos la reconvención incoada por el Estado contra la sociedad Grupo de Inversiones Rajpal S.A., el señor Nombre112356   ; la sociedad Mis Dos Amores S.A. y la sociedad Dalanyo S.A., por ende se anula lo dispuesto en la sentencia del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de las 17:00 horas del 09 de mayo de 1972 y en consecuencia el asiento No. 1 del tomo 2098 del folio 457 de la finca la Provincia de Limón  número 14718; del asiento No. 2 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 de la Provincia de Limón, según el cual dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Mis Dos Amores, S.A.; la nulidad del asiento No. 3 del Tomo 2098 del Folio 457 de la finca número 14718 y los asientos del 1 al 6, tomos 333 y 346 del Registro Inmobiliario de la Provincia de Limón, según el cual parte de dicha finca quedó inscrita a nombre de la sociedad Dalanyo S.A. y la nulidad de la inscripción de la finca número 14718-000 del Partido de Limón a favor de Inversiones Rajpal, S.A. asiento No. 14340, tomo 362 del Registro Inmobiliario. Firme la presente sentencia tome nota el Registro Público para lo de su cargo. En relación con la demanda incoada por la compañía denominada Inversiones Rajpal S.A. contra el Estado, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se acoge la excepción de falta de derecho y en consecuencia sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son ambas costas del proceso más sus intereses hasta su efectivo pago a cargo de Inversiones Rajpal S.A. en lo que su demanda lo fue contra el Estado, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, las cuales se liquidarán en fase de ejecución de sentencia a ruego de las interesadas. En lo que respecta a la contrademanda del Estado, son ambas costas del proceso más sus intereses hasta su efectivo pago a cargo del señor Nombre112356   ; la sociedad Mis Dos Amores S.A. y la sociedad Dalanyo S.A., cuyo importe será establecido en la fase de ejecución de sentencia a ruego de la representación estatal. NOTIFÍQUESE. Iván Salas Leitón, Elías Baltodano Gómez y Felipe Córdoba Ramírez, Jueces.\n\n \n\n \n\n\n\n\n- Código Verificador -\n*AZ5TDYNDR0U61*\nAZ5TDYNDR0U61\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nJOSE IVAN SALAS LEITON, JUEZ/A DECISOR/A\nELIAS BALTODANO GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A\nFELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 23:58:56.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "VI.- ON THE EXCEPTIONS OF PRESCRIPTION AND LAPSE OF THE ACTION RAISED: [...] This Chamber of Judges considers that it is necessary to address both exceptions first, on the grounds that if their objections were correct, this would lead to the dismissal of the action filed by the State, and would make it unnecessary to enter into further considerations on the merits. In the instant case, we are faced with a conflict regarding the application of laws over time concerning immovable property. The discussion revolves around whether, if Law No. 3091 of February 18, 1963, transferred the lands encompassing those of the property that was registered through possessory information (información posesoria) No. 14718-000 of the Partido of Limón, it would mean that in 1972 a property was registered that had belonged to a State institution since 1963, unless the beneficiaries of the possessory information had proven that their occupation had occurred at least 10 years before 1963. And in addition to this, subsequently, starting in 1969, immovable properties with forest vocation belonging to the State and its institutions, pursuant to Laws No. 4465 of November 25, 1969, 7174 of June 28, 1990, and No. 7575 of March 16, 1996, form part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and are granted special protection. Thus, the discussion is joined over a property that would be classified as a public domain asset (bien de dominio público) of the State in a broad sense, and in this regard, there is ample case law that has stated: \"...IV.- For the sake of clarity, it should be noted that, in the case of the State's public domain, assets cannot definitively leave the Nation's domain (Article 121, paragraph 14 of the Political Constitution), because they form part of the State's natural heritage (Article 89 of the Constitution)... These are, consequently, imprescriptible, inalienable, unseizable assets, not susceptible to private appropriation...\" (Votes No. 1763-94 of 4:45 p.m. on April 13, 1994). Therefore, as this type of asset is in dispute, the action for its protection does not prescribe or lapse, irrespective of whether what is sought is to claim the State's own property or to request the nullity of a registral entry that was improperly recorded. To accept the contrary would lead to the absurdity of allowing the validation of the State's own property in favor of a private party by the mere passage of time, which cannot be possible according to Article 121 of the Constitution. For this reason, the prescription and lapse alleged must be rejected.\n\nVII.- ON THE MERITS OF THE COUNTERCLAIM FILED: As indicated above, the State's representation requested that the judgment declare the nullity of the judgment of the Second Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) issued at 5:00 p.m. on May 9, 1972, which granted the possessory information proceedings initiated by Mr. José Francisco Leitón Coto, and consequently the nullity of entry 1 of volume 2098, folio 457 of farm number 14718 in the Province of Limón; the nullity of entry 2 of Volume 2098, Folio 457 of farm number 14718 of the Province of Limón, according to which said farm was registered in the name of the company Mis Dos Amores, S.A.; the nullity of entry 3 of Volume 2098, Folio 457 of farm number 14718 and entries 1 through 6, volumes 333 and 346 of the Real Property Registry (Registro Inmobiliario) of the Province of Limón, according to which part of said farm was registered in the name of the company Dalanyo S.A.; and the nullity of the registration of farm number 14718-000 of the Partido of Limón in favor of Inversiones Rajpal, S.A., entry 14340, volume 362 of the Real Property Registry. [...] Opinion of the Chamber: This Court considers that the counterclaim defendants' arguments are not correct, which specifically refer to the inapplicability of the provisions of Law No. 3091 and the validity of what was ordered by the Second Civil Court of the Contentious-Administrative when it granted the possessory information filed by Mr. Leitón Coto in 1970. Regarding the application of the provisions of Law No. 3091, we must begin by noting that Article 261 of the Civil Code of 1888 states: \"Public things (cosas públicas) are those that, by law, are permanently destined for any service of public utility, and those that everyone can use because they are open to public use. All other things are private and subject to private ownership, even if they belong to the State or the Municipalities, who in this case, as civil persons, are no different from any other person.\" For its part, Article 262: \"Public things are outside of commerce; and they may not enter it, until this is legally ordered, by separating them from the public use to which they were destined.\" In this way, according to these articles, assets are classified as public and private, the former being those that are, by Law, assigned to any service of public utility, and as an immediate result, these assets are outside the commerce of men, that is, they are inalienable, which means they cannot be acquired by any means in favor of a private party. Then, the State-Legislator, in Article 41 of the \"Organic Law of the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Law No. 3091 of February 18, 1963,\" provided: \"The property of Japdeva, in addition to its ordinary and extraordinary assets and income, includes the following: ... (...) b) All State lands located in the area served by navigable canals, within an area of ten kilometers inland from the sea, parallel to both sides of the rivers and canals administered by the Junta.\" Thus, all lands located within the limits indicated in this Law became part of a State Institution as of February 1963, and are therefore excluded from the commerce of men, which means that after that date, no person could validly claim title over a portion of land located within said limits. Thus, due to the characteristics of the Law, namely its generality and force, it applies to all and must be respected by all from its entry into force, and no one can acquire rights contrary to law (contra legem), nor plead ignorance thereof, according to Article 129 of the Political Constitution; hence, the argument of the counterclaim defendants that questions the provisions of Article 41 of Japdeva's Organic Law and its application to the case of the possessory information managed by Mr. José Francisco Leitón Coto before the Second Civil Court of the Contentious-Administrative must be rejected. Consequently, after the entry into force of Law No. 3091 of February 18, 1963, no land could have been registered through possessory information proceedings, unless it had been proven that its occupation had occurred 10 years before the entry into force of that Law, that is, between 1953 and 1963. It must also be stated, for the sake of clarity, that the Costa Rican State, in protection of the environment, granted in Articles 18, 19, and 28 of \"Forestry Law\" (Ley Forestal) No. 4465 of November 25, 1969, special protection over the State's Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado). Its Article 18 stated: \"The State's Forest Heritage is constituted by National Reserves, Forest Reserves, National Parks, State Forest Nurseries, Protective Zones, and Biological Reserves.\" Its Article 19: \"All forests and forest lands located in: a) Lands considered as National Reserves; and b) Rural farms in the private domain of the State, those belonging to municipalities, and autonomous and semi-autonomous institutions, are assigned to the purposes of this law.\" Thus, the lands contemplated within the limits established by Law No. 3091 as property of Japdeva were subject to more intense protection, insofar as those lands had forest aptitude, and Article 28 of the same regulatory body classified them as part of the \"State's Forest Heritage.\" For its part, Law No. 7174 \"Forestry Law\" of June 28, 1990, indicated in its Article 32: \"The State's forest heritage is constituted by all forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration.\" For its part, Article 33: \"The forest lands and forests that constitute the State's forest heritage, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private parties shall not cause any right in their favor, and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) for these lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through possessory information; their invasion and occupation shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law; those of forest aptitude shall be automatically incorporated into the State's forest heritage.\" Finally, \"Forestry Law\" No. 7575 of March 16, 1996, provided in its Article 13: \"Constitution and administration. The State's natural heritage shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except immovable properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its patrimony. The Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) shall administer the heritage. When appropriate, through the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), it shall register the lands in the Public Property Registry as individualized farms owned by the State. Non-governmental organizations that acquire immovable properties with forest or of forest aptitude, with funds from donations or the public treasury, which were obtained on behalf of the State, must transfer them to the State's name.\" And Article 14: \"Unseizable and inalienable condition of the natural heritage. The forest lands and forests that constitute the State's natural heritage, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private parties shall not cause any right in their favor, and the State's action for recovery for these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through possessory information, and both the invasion and the occupation thereof shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.\" Thus, the regulations protecting the State's Forest Heritage since 1969 included within said assets the lands of forest aptitude belonging to the central State and its decentralized institutions, as were the lands transferred by Law to Japdeva. Note that according to certificate No. DG-IGN-RN-2013-061 from the National Geographic Institute (IGN), dated October 4, 2013, it concluded, based on the location of the lands contained in plans 7-1584-1971, 7-1585-1971, and 7-1586-1971 on topographic sheet Moín at a scale of 1:50,000, that the zone has vegetation cover of a wetland type (Yolillal) according to the corresponding symbology. Accordingly, the state protection of this type of vegetation began upon the entry into force of the Law, and not from the registral registration of the property owned by Japdeva. And the counterclaim defendants argue that the property established in Law 3091 was not registered until June 8, 2001, and that it is from that date that it takes effect against third parties, a criterion the Chamber does not share, since public domain assets are governed by the principle of registral first registration (inmatriculación registral), being part of public property, and what the Law provides regarding them must be mandatorily applied, regardless of whether they are registered or not in the Public Registry. Thus, it is clear that the provisions of Japdeva's Organic Law in its Article 41.b) and the Forestry Law and its amendments are applicable in all their extremes to the lands included in Law 3091, since 1963, as they constitute an asset belonging to a State institution. The second argument of the counterclaim defendants focuses on the validity of the possessory information, maintaining that the possession of Mr. Mario Urbina Kelly, added to that of the promoter Leitón Coto, exceeded 10 years, a requirement for the registration of the property of the Limón farm, registration number 14718-000 to proceed. Having fully reviewed the file of the possessory information proceeding, it is proven that the promoter submitted the written application dated July 30, 1970, and regarding the ten-year possession, he stated that \"it has been quiet, public, peaceful, uninterrupted, and under title of owner consisting of the physical tenure of the asset under my dominion and enjoyment, as did the person who sold it. (See image 462 and 463 of the digital court file). Then, within the proceedings, the witnesses Mrs. NOEMY VEGA FERNÁNDEZ, Mr. JOSÉ JAIME LOBO CORDERO, Mr. LUIS GONZAGA BARRANTES ARIAS, and Mr. FRANCISCO URBINA BERMÚDEZ appeared, and all indicated generally that the possession of Mr. Urbina Kelly and Leitón Coto was for more than 10 years. (See image 515, 534, 535, 544 and 545 of the digital court file) and finally, by resolution at 5:00 p.m. on May 9, 1972, the Second Civil Court of the Contentious-Administrative and Civil Treasury held it as proven that the applicant had possessed the immovable property he indicated for more than 10 years in a public, peaceful, uninterrupted manner, and in the capacity of owner, and granted the possessory information and ordered its registral registration, being registered under Registration No. 14718-000 of the Partido of Limón. (See image 549 and 550 of the digital court file). Note that in 1970, possession was claimed over an immovable property that, according to Law No. 3091, since 1963 had become part of the patrimony of an Autonomous Institution of the State and with special protection according to the 1969 Forestry Law for having forest aptitude. Thus, as of 1963, the applicant's possession could not be validated, and it was not subsequently proven that the 10 years or more they claimed to have possessed the property were between 1953 and 1963. Therefore, when he processed the possessory information, he could not exercise possession in good faith, as the property belonged to Japdeva by law, and failing to prove that possession was for 10 years between 1953 and 1963, adverse possession (usucapión) could not exist either, which makes it possible to annul a registral title at any time, when it has been raised to the detriment of the State and affects a public domain asset, since in these cases the property is imprescriptible, inalienable by private parties, being more a case of absolute nullity, even declarable ex officio (Article 837 of the Civil Code). In this situation, if there is no valid possession as of 1963 and no possession whatsoever is proven between the years 1953 and 1963, the validity, and much less the efficacy, of a spurious title, without real material content, cannot be assessed, because a useful possession for adverse possession (posesión ad usucapionen) has not really existed on the part of the counterclaim defendants, neither before nor after the registration of the property title in the Public Registry. The Court reaches this conviction because the testimonies of the witnesses who testified in the possessory information, namely NOEMY VEGA FERNÁNDEZ, Mr. JOSÉ JAIME LOBO CORDERO, Mr. LUIS GONZAGA BARRANTES ARIAS, and Mr. FRANCISCO URBINA BERMÚDEZ, are not consistent with the possession of Mr. Urbina Kelly and Leitón Coto over the property to be titled having occurred between 1953 and 1963. Finally, the representation of the company Grupo de Inversiones Rajpal S.A. argued in its response to the counterclaim that this is a company that, although Costa Rican, belongs to a Canadian citizen who has the right to benefit from the \"Investment Protection Agreement signed by Canada and Costa Rica\" approved by Law No. 7870 of May 5, 1999, without providing further details of said Agreement regarding the protection it claims concerning the business activity of the company Inversiones Rajpal S.A. However, having reviewed said Agreement, we find that its Article 8) Expropriations states: \"1.- Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having an effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as \"expropriation\") in the territory of the other Contracting Party, except for a public purpose, under due process of law, in a non-discriminatory manner and against prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall be based on the fair market value of the expropriated investment immediately before the expropriation or at the time the proposed expropriation became public knowledge, whichever occurs first. This compensation shall be payable: a) in Canada, from the date of expropriation with interest at a normal commercial rate of interest; b) in Costa Rica, from the date of dispossession in accordance with Article 11 of the Expropriations Law (Ley de Expropiaciones) No. 7495 of May 3, 1995 (hereinafter referred to as the \"Expropriations Law\"), with interest at the average interest rate for deposits prevailing in the national banking system, without delay and shall be effectively realizable and freely transferable. The valuation criteria for determining fair market value shall include the going concern value, asset value including declared tax value of tangible property, and other criteria, as appropriate, including, in the case of Costa Rica, Article 22 of the Expropriations Law. 2.- The affected investor shall have the right, under the law of the Contracting Party making the expropriation, to a prompt review, by a judicial authority or other independent authority of that Party, of its case and of the valuation of its investment in accordance with the principles set out in this Article. 3.- The provisions of this Article shall apply to taxation measures unless the competent tax authorities of the Contracting Parties, within a period not exceeding six months after receiving notification from an investor challenging a tax measure, jointly determine that the measure in question does not constitute an expropriation.\" However, in the opinion of this Chamber, according to what has been indicated above, in the present case we are not faced with the factual scenario contemplated in the indicated norm, namely, an expropriation, since the counterclaim revolved around the nullity of a registral entry of an immovable property generated in a possessory information proceeding from 1970, over an immovable property that, since 1963, belonged by Law No. 3091 to Japdeva, and since 1969, was protected with respect to the State's Natural Heritage, without it being proven that the applicant of the possessory information had fulfilled the ten-year occupation between 1953 and 1963. Therefore, it is reiterated, it was not an expropriation of a legally protected property right. The corollary of the foregoing is to grant the counterclaim and order the nullity of the provisions of the judgment of the Second Contentious-Administrative and Civil Treasury Court issued at 5:00 p.m. on May 9, 1972, and consequently the nullity of entry 1 of volume 2098, folio 457 of farm number 14718 in the Province of Limón; the nullity of entry 2 of Volume 2098, Folio 457 of farm number 14718 of the Province of Limón, according to which said farm was registered in the name of the company Mis Dos Amores, S.A.; the nullity of entry 3 of Volume 2098, Folio 457 of farm number 14718 and entries 1 through 6, volumes 333 and 346 of the Real Property Registry of the Province of Limón, according to which part of said farm was registered in the name of the company Dalanyo S.A.; and the nullity of the registration of farm number 14718-000 of the Partido of Limón in favor of Inversiones Rajpal, S.A., entry 14340, volume 362 of the Real Property Registry.\"\n\n(See images 369 to 407 of the digital judicial file).\n\nV.- By resolution at 09:04 hours on January 15, 2014, the plaintiff corporation was given notice of the answer to the complaint and the defenses raised by Nombre415 and the State, as well as of the counterclaim to the plaintiff and to Mr. Nombre112356, to the corporation Mis Dos Amores S.A., and to the corporation Dalanyo S.A. (See images 567 and 568 of the digital judicial file).\n\nVI.- By brief received on February 18, 2014, the representative of the corporation Grupo de Inversiones Rajpal S.A. answered the counterclaim negatively and in its defense raised the defense of improper representation, lack of passive and active standing, and lack of right. (See images 596 to 600 of the digital judicial file).\n\nVII.- By resolution No. 3024-2014 at 08:00 hours on November 17, 2014, the defense of failure to join the litis was upheld and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) was passively joined. (See images 637 to 642 of the digital judicial file).\n\nVIII.- By order at 08:03 hours on January 7, 2015, notice of the complaint was given to SINAC. (See images 719 and 720 of the digital judicial file).\n\nIX.- By brief received on February 19, 2015, the representative of SINAC answered the complaint negatively and in its defense raised the defense of lack of right. (See images 768 to 798 of the digital judicial file).\n\nX.- By brief received on January 6, 2016, the procedural guardian of Mr. Nombre112356 answered the complaint negatively and in his defense raised the defenses of lack of active and passive standing; lack of right, expiration (caducidad), and statute of limitations (prescripción). (See images 918 to 922 of the digital judicial file).\n\nXI.- By brief dated August 11, 2016, the procedural guardian of the corporation Mis Dos Amores S.A. also rejected the facts of the complaint and in its defense raised the defenses of lack of active and passive standing; lack of right, and statute of limitations (prescripción). (See images 1000 to 1007 of the digital judicial file).\n\nXII.- By brief dated November 15, 2016, the procedural guardian of the corporation Dalanyo S.A. answered the complaint negatively and in its defense raised the defense of failure to join the litis. (See images 1044 to 1047 of the judicial digital file).\n\nXIII.- By resolution at 11:42 hours on December 19, 2016, and at 13:00 hours on March 1, 2017, the State was given a hearing regarding the answer to the counterclaim and the defenses raised by the representative of the corporation Grupo de Inversiones Rajpal S.A. and by the procedural guardians of Mr. Nombre112356, the corporation Mis Dos Amores S.A., and the corporation Dalanyo S.A. (See image 1056 and 1088 of the judicial digital file).\n\nXIV.- By brief received on January 9, 2017, the State representation addressed the answer of the counter-defendants and the defenses raised. (See image 1059 to 1063 of the judicial digital file).\n\nXV.- The preliminary hearing was held in two sessions on February 13 and 21, 2020, in which the claims of the complaint and the counterclaim were specified in the terms indicated supra, the disputed facts were determined, and evidence was admitted, and once all phases were exhausted, it was declared pursuant to Article 98 of the CPCA as a matter of pure law, and the parties submitted their conclusions in writing. (See images 1155 to 1159 and 1173 to 1181 of the judicial digital file).\n\nXVI.- The file was assigned to the Fourth Section of the Tribunal on November 2, two thousand twenty. This resolution is issued after prior deliberation. No grounds for nullity capable of invalidating the proceedings are noted.\n\nDrafted by Judge Salas Nombre112356, with the affirmative vote of Judge Córdoba Ramírez and Judge Baltodano Gómez.\n\nWHEREAS:\n\nI.- OBJECT AND ALLEGATIONS OF THE REPRESENTATIVE OF THE CORPORATION INVERSIONES RAJPAL S.A. IN ITS COMPLAINT: The representative of the plaintiff corporation filed a Civil Hacienda proceeding requesting that the judgment declare that the farms of Partido de Limón No. 14660-000, 14718-000, and 14810-000 entered private domain as of the year 1971 through possessory information with the consent of Nombre415 and without opposition from the then ITCO and the Procuraduría General de la República. That the property right of its represented party has been hollowed out, rendering it nugatory, because Nombre28548, MINAET, and Nombre415 prevented it from exercising full domain over its properties by denying it the right to receive income from the \"Payment for Environmental Services (Pago por Servicios Ambientales, PSA)\" during the years 2010, 2011, 2012, and 2013, being affected by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. That since the farms were acquired by its represented party under the protection of registry good faith and in its condition as a registry third party, without being subject to limitations and protected by the constitutional norms establishing that to annul such right or dispossess, an expropriation must first occur, paying the market price; the State must compensate it for the damages and losses caused by denying it the possibility of obtaining an economic gain from the payment for environmental services, taking into consideration the amount paid per hectare for those services, and given that its property right has been hollowed out of content, the State or Nombre415 must expropriate the properties and pay their market value within a reasonable time not to exceed three months from the day the judgment is issued, whose value cannot be less than 100 million indexed colones. In summary and without prejudice to the literal wording of their arguments, which have been studied in their entirety by this Tribunal, each of the parties alleges what is detailed below in this section. A) Regarding the facts: That possessory information was promoted over the properties, which were registered starting in 1971 under the numbers of the Partido de Limón, Folio Real registrations Placa20210 with an area of 271,001,023 m2; Placa20209 with an area of 27,193,019 m2, map Placa20211; and No. Placa20212 with an area of 241,996,062 m2, map L-0001584-1971, in which there was no opposition from the State, nor from Japdeva, nor from the then ITCO, enjoying registry publicity from the date of registration for more than 30 years. That subsequently, those farms were transferred by their promoters to the corporation Mis Dos Amores S.A., which obtained a loan from Inversiones Rajpal S.A., and upon the debtor's default, its represented party, on February 3, 1988, was awarded at auction the farms of the Partido de Limón, registrations Placa20208 and Placa20210, before the Second Civil Court of San José, registering those farms in its name as of March 3, 1989, and farm Placa20209 as of May 11, 1987, without noting the existence of any restriction, limitation, or encumbrance, nor the condition of wetlands, registering said farm in the Public Registry in its name as of February 15, 1988. That during the years 2009 and 2010, its represented party submitted a request to enter the \"Payment for Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales, PSA)\" program; however, following an inquiry made by official letter FONAFIFO-LM-389-2010 to Japdeva, by official letter AL-589-2011 of November 15, 2011, the Legal Department of Nombre415 reported that the farms were within the boundary of the heritage lands of Nombre415, as well as within an area classified as a Protected Wilderness Area in its category of Wetland, and therefore, in accordance with the Forest Law (Ley Forestal) 7575 of 1995, lands in such conditions form part of the Natural Heritage of the State and their administration corresponds to MINAET through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and consequently indicated that the pre-application to enter the PSA was not in order due to the public domain and imprescriptibility of said lands. In addition, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación La Amistad Caribe, by official letters 195, 207, and 208 of October 25, 2012, indicated that the properties were located within a farm that is the heritage of Nombre415 according to map Placa20213, Folio Real registration Placa20214, where it occupies an area classified as a wetland that constitutes Natural Heritage of the State. That as is evident from the preceding facts, its represented party is the owner of three farms acquired through auction. Farms that, although located within the heritage originally adjudicated to Nombre415 by Law, were the heritage of private individuals because they had been possessed for 10 years prior to the assignment of said lands to Nombre415 and were duly registered in the Public Registry for more than ten years when its represented party acquired them, and for more than thirty years to the present day; the same being protected by a registry title that had no annotation or warning whatsoever of the denounced situation. That its represented party's properties are guaranteed by Article 45 of the Constitution, which establishes that private property is inviolable and nobody may be deprived of their own except for public interest or social interest, upon prior payment of just compensation, which is claimed in this act, and therefore the expropriation of said farms is appropriate, given that the right to obtain a benefit in relation to them has been annulled. That for purposes of expropriation, it must be taken into account that on March 18, 1998, Costa Rica and Canada signed an agreement for the promotion and protection of investments and investors of Canadian citizens in Costa Rica, an agreement that must be applied in this case as Mr. Nombre47457 is a Canadian citizen who made investments in Costa Rica through the purchase of the properties whose content has been hollowed out by the pronouncements that state offices have issued and that have rendered said properties unproductive, and under that Agreement, the expropriations to be paid to Canadian citizens who directly or indirectly have investments in Costa Rica in assets that must be expropriated must take into account their market value. B) Regarding the law: That the doctrine has indicated that the principle of registry publicity is generally referred to \"in favor of the holder of the registration, of those who have rights derived from the former, and of third parties outside the registry.\" FUEYO LANERI (Fernando. Teoría General de los Registros, Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea, First Edition, 1982, P. 197). That this registry publicity occurs in two ways: One called formal publicity of the Registry, as an informative instrument, which \"consists of the right that any person has to request that the registry books be shown to them, and in the obligation of the registrar to make available to the applicants whatever data they request\" (RODRÍGUEZ, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil, México, Editorial Porrúa, Volume I, 1979, P. 246). The other, called material publicity, is what determines the main effects of the Registry, which are: A. Positive aspect of Registry Publicity, in that what is registered is presumed known by third parties. B. Negative aspect of Registry Publicity, in that what is not registered cannot harm third parties in good faith. That this material registry publicity is enshrined in the first paragraph of Article 455 of our Civil Code, when it establishes that: \"titles subject to registration that are not registered do not harm third parties except from the date of their submission to the Registry.\" That accordingly, the public registry faith is a principle and establishes the presumption in favor of third parties that the registry entries are exact and complete, and whoever carries out a transaction under the protection of the Registry does so as an interested party in good faith, and the title is enforceable against third parties. That public faith is an effect of publicity that arises from the Property Registry, thereby causing a double protection through a double presumption that arises from the registry entries: A iuris tantum protection that determines that the real rights published by the Registry exist and belong to their holder in the manner determined by the respective entry, which is the principle of registry legitimation. The other presumption is iure et de iure in favor of third-party acquirers who meet the legal requirements. These give them a firm position in their acquisition and constitute the public registry faith. That this public faith has two presumptions, which are: Positive presumption of Public Registry Faith: It is the one that presumes as a third party one who was not a party to the act or contract to which the registration refers and presents a title to the Registry. That the negative presumption of Public Registry Faith: Means that what does not explicitly appear in the registry inscriptions presumably does not exist in the legal reality. That the Law of \"Registration of Documents in the Public Registry\" (Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público), in its Article 1, indicates that the purpose of the National Registry is to guarantee the security of the registered assets or rights with respect to third parties, and Article 9 establishes the Registry's obligation to carry out all pertinent procedures, including obtaining documents or copies to correct errors or omissions incurred by the Registrars when annotating or registering documents. That consequently, it is not appropriate to require the parties or interested persons to provide documents or carry out procedures for the correction of those Registry errors, and therefore there is an objective liability of the State that arises when someone who acquires, under the protection of the Registry, a title registered for more than thirty years is denied the possibility of fully enjoying the property of said properties, since in this respect the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública), in its Article 190, indicates that the Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. That along these lines, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has said that \"the existence of a harmful result that causes an effective, economically assessable, and individualized loss to a person or group of persons is sufficient for the obligation to compensate to arise, without requiring any requirement other than the causal relationship between the act and the damage and absolutely disregarding the lawfulness or unlawfulness of the act originating the damage.\" (see Sala Primera vote 112 of the 14th at 25 hours of December 25, 1994). That regarding good faith and registry publicity, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in its vote 162-F-01 at 8 hours 15 minutes on February 16, 2001, said: \"...In the present case, Mr. Nombre112357 acquired the cited property directly from the person who appeared as the owner in the Public Property Registry; therefore, it was not within his reach to determine whether that person's right originated from a null act or not, since with its registry inscription, it obtained the appearance of a valid and effective act, the acquirer being in good faith under the protection of the aforementioned institution.\" That under the protection of Article 456 of the Civil Code, any declaration of nullity that may be established against property titles held by persons other than those who promoted the titling procedures cannot harm them, and therefore they must be considered as third-party acquirers in good faith. All the foregoing based on Articles 45 of the Constitution; 264, 266, 267, 268, 269 et seq. and concordant, 455, 456 et seq. and concordant of the Civil Code; 409, 410, 426 et seq. and concordant, 449, 450, 457, 462, 865 et seq. and concordant of the Civil Code; 1 et seq. and concordant of the Contentious Administrative Procedure Code; 1 et seq. and concordant of the Law of Possessory Information; 1 et seq. and concordant of the Law of Registration of Documents in the Public Registry. The representative of the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica answered the complaint as follows: A) Regarding the facts: That the properties possess the typical characteristics of public domain and imprescriptibility, which are not susceptible to registration before the Public Registry; therefore, their invasion and occupation would be sanctioned, and Nombre415 will continue with domain by virtue of the fact that they form part of its heritage, except for the areas that form part of the Natural Heritage of the State, whose administration corresponds to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. That the Forest Law (Ley Forestal), in its Article 13, establishes that the Heritage of the State consists of all farms registered in its name and those of autonomous institutions, and with regard to that natural heritage, Article 15 defines the impediments that the public administration has, prohibiting the exchange, assignment, alienation, or leasing of rural lands or lands under its administration without them first having been classified by MINAET, and this will constitute a limitation that must be registered in the Public Registry. That it is important to note that our legislation creates a system in which the affectation becomes the primary element for the inclusion of a public domain asset; therefore, an asset intended by law or by an administrative act, when the law authorizes it, will be of public domain. That when an asset is integrated into the public domain regime, it acquires a series of essential characteristics such as inalienability, imprescriptibility, and unattachability; therefore, these assets do not require expropriation. That the lands registered in the name of Nombre415 were so registered by provision of its Organic Law No. 3091 of February 18, 1963, subsequently amended by Law No. 5337 of August 27, 1973, in its Articles 2 and 41(b), which indicate that all state lands situated in the area enabled by navigable canals, comprised within an area of 10 kilometers from the sea inland parallel to the coast, and a strip 3 kilometers wide, parallel to both sides of the rivers and canals administered by the Junta, shall correspond to it, and in accordance with Folio Real No. 7-096658-000, cadastral map L-000001-1977. That these are, therefore, lands granted by Law—which, as the Procuraduría General de la República has stated—hold a condition of public domain assets, and therefore inalienable, imprescriptible, and untransferable, since they are outside commerce, as they are state lands assigned to a specific entity, in this case Nombre415. That paradoxically, although they have been given a general condition of public domain because they are outside commerce, in many sectors there are a large number of parcels that are duly registered in the National Public Registry. That notwithstanding the foregoing, it can be noted that although the properties indicated by Mr. Ram Rajpal S.A. are materially within the boundaries of the property of Nombre415 registered under Folio Real of the Partido de Limón No. 7-096658-000, which came into legal existence by Public Deed number 132, at 10 hours on June 8, 2001, the Notary of the State, Licda. Gladys Herrera Raven, indicated that it came into legal existence respecting the rights acquired by third parties in good faith, this because within the territorial limits of the property belonging to Nombre415, there is an entire map of duly registered properties; therefore, all those properties that had come into legal existence prior to that date (June 8, 2001) must have their registration respected, and consequently Nombre415 must accept that there are third parties with a better right, provided it is demonstrated that the registration of the property or properties occurred prior to the registration of farm 7-96658-000. That in the present case, the properties of the corporation Inversiones Rapjal S.A. came into legal existence prior to the creation of the property of Nombre415, as the Public Registry so shows in its certifications, and under the well-known legal principle of \"first in time, first in right,\" they would belong to the plaintiff corporation. It indicated that another matter applies to properties that, while within the territorial limits of Nombre415, are areas dedicated to forests or that are part of the Natural Heritage of the State, a situation whose material competence for knowledge belongs to MINAET. B) Regarding the law: That Article 16 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) indicates that in no case may acts be issued contrary to unequivocal rules of science or technique, or to elementary principles of justice, logic, or convenience, and that respecting the legal principle of \"first in time, first in right,\" based on what was stated by the Notary of the State at the time of the registration of the lands owned by Nombre415 in deed No. Placa20215, wherein it was provided that the transfer was made without prejudice to third parties with a better right, understanding by this that those who hold title (right) prior to the registration of the lands of Nombre415 enjoy the right over their legally registered portion. That according to the Forest Law (Ley Forestal) of 1969, in which the term \"Forest Heritage of the State\" was coined, later modified in Forest Law No. 7575 of 1996 to \"Natural Heritage of the State,\" it was nevertheless indicated in said law that the management and administration of said Heritage corresponded to MINAE, now MINAET. Thus, the administration of the Natural Heritage of the State falls outside the functions entrusted to Nombre415. That the Constitutional Chamber, in its resolution No. 5893-95 at 9:48 hours on October 27, 1997, indicated the pertinence of limiting the exercise of the property right or free economic initiative for environmental reasons, and along the same lines, the First Chamber, in its judgment No. 5893-95 at 9:48 hours on October 27, 1997, indicated: \"These are assets with a mixed legal regime; private as to their ownership, but fulfilling a function determined by public or common interest, as a limitation or restriction on private property. This is the doctrine of Article 45 of the Constitution. In the case of restricted-use assets, as limitations on property, that special legal regime does not necessarily imply expropriation and much less compensation, since private individuals maintain their ownership.\" So, taking into consideration that the lands in question are cataloged as having significant forest value, in the event that it is determined by the competent entity (SINAC) that said lands belong to the Natural Heritage of the State, the current occupants would be holding assets of public domain—the legal nature of which has already been considered. Finally, it indicated that the exercise of fundamental rights such as private property and freedom of commerce is not unrestricted; therefore, limiting them for reasons of social well-being is consequent, since the right to a healthy environment and to health are fundamental rights that the State must protect; imposing limits on the property right and free economic initiative is justified in the interest of defending the environment, thereby seeking a balance between conservation and production, both of which are supported by interests of a social nature, so that from all that has been stated, it is rationally and constitutionally valid to impose limitations on private property in favor of the conservation of the environment and forest heritage. For its part, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación indicated, by way of summary and in what is relevant: A) Regarding the facts: That the farms with registration numbers Placa20210, Placa20209, and Placa20208 were inscribed in the Public Property Registry in the name of private individuals through possessory information in the year 1972. They were later transferred to the corporation Mis Dos Amores, S.A., and are currently registered in the National Registry in the name of the plaintiff corporation; however, they are located on lands owned by the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Nombre415), transferred to said Institution by Law No. 3091 of February 18, 1963, and registered under Folio Real registration Placa20214; so the farms that are the subject of this proceeding were registered as private property after Nombre415 became their owner, and not ten years prior as the plaintiff party claims. Note that in the case of farm number Placa20209, the possession of the promoter of the possessory information began in 1960, three years before Nombre415 became, by law, the owner of the lands on which said farm is located. Added to this is that in official letter RIM-CT-00736-2013 of October 17, 2013, signed by Mr. Marlon Aguilar Chaves, Assistant Cadastral Director of the Real Estate Registry, and in the report of the National Geographic Institute No. DGIGN-RN-2013-062 of October 4, 2013, and of the Área de Conservación La Amistad-Caribe contained in official letter SINAC-ACLAC-PNE-065-2013 of October 9, 2013, it was indicated that said farms are covered with forest. That Lic. Carlos Eduardo Vargas Ramírez, Coordinator of Natural Heritage of the State of the Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), issued certifications SINAC-ACLAC-PNE-195-2012 (cadastral map No. L-1584-1971), SINAC-ACLAC-PNE-207-2012 (cadastral map No. L-1585-1971), and SINAC-ACLAC-PNE-208-2012 (cadastral map No. L-1586-1971); he reiterated that although the properties are located outside any Protected Wilderness Area administered by SINAC, they are nonetheless located within the heritage farm of the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la vertiente Atlántica (Japdeva), Folio Real No. 7096658-000, with cadastral map Placa20203°, and that their cadastral maps show conditions of areas with wetlands. B) Regarding the merits: That the farms located in the Partido de Limón, Folio Real registration numbers Placa20210, Placa20209, and Placa20208, with cadastral maps Placa20204°, and Placa20216, were registered in the National Registry in the name of private individuals through possessory information in 1972; however, they overlap farm Placa20205°, the property of Nombre415, which is a state institution whose lands were transferred by Law No. 3091 of February 18, 1963; therefore, they are public domain assets, as they belong to the State, and the registration of the properties as private property occurred after the entry into force of said Law, and furthermore, it is recorded that the lands on which said farms are located are covered with forest, as indicated by the National Registry through official letter No. DG-IGN-RN-21-013-061 dated October 4, 2013, with a wetland-type vegetation zone (yolillal) according to the corresponding symbology. That because the lands over which the plaintiff party filed the claim overlap the farm owned by the State and for that reason are subject to public domain, said assets possess particular characteristics such as imprescriptibility, inalienability, and unattachability. That the plaintiff party did not demonstrate that its ten-year possession over the farms was prior to the entry into force of Law No. 3091 of February 18, 1963. That furthermore, it is important to consider that Lic. Carlos Eduardo Vargas Ramírez, Coordinator of Natural Heritage of the State of the Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, issued certifications SINAC-ACLAC-PNE-195-2012 (cadastral map No. L-1584-1971), SINAC-ACLAC-PNE-207-2012 (cadastral map No. L-1585-1971), and SINAC-ACLAC-PNE-208-2012 (cadastral map No. L-1586-1971), in which he indicated that the properties located within the heritage farm of Nombre415 No. Placa20214, with cadastral map No. L-00001-1977, present conditions of wetland areas, according to a Natural Heritage of the State consultancy carried out for Japdeva. So, in addition to the fact that said lands were transferred to Nombre415 by Law number 3091 of February 18, 1963, registered under Folio Real registration Placa20214, which were originally done as proprietary assets of said entity, however, with the entry into force of Forest Law number 4465 of November 29, 1969—and its amendments by Law No. 7174 of June 28, 1990, and 7575 of February 13, 1996—it was provided that that portion of the lands covered with forests or that were of forest aptitude, which belonged to the State and its institutions, became part of what was then called the \"Forest Heritage of the State,\" with which they acquired the condition of public domain assets.\n\nIn this way, said zones became part of “public domain assets,” which are given special protection in Article 121 subsection 14) of the Political Constitution, which provides that they are assets belonging to the Nation, and may only definitively leave its domain through authorization by the Legislative Assembly, since said assets possess particular characteristics such as imprescriptibility, inalienability, and unseizability. That due to this circumstance, the lands the plaintiff claims to possess cannot be the object of possession suitable for usucapion, and therefore the petition made by the plaintiff with respect to properties No. 14718-000, 14810-000, and 14660-000 is legally improper, because they could not have entered private domain in 1971, since as of that date said properties had been owned by Nombre415 since 1963; thus, for them to have been acquired by usucapion, it would have to have been before February 18, 1963. That it is important to note that, with respect to demanial assets, the principle of inmatriculation applies, according to which their character as public assets designated for a public use, service, or purpose does not require their registration in the National Registry; therefore, in the case of demanial assets, it is not necessary for them to be registered for their effects to apply against third parties; given the foregoing, they cannot claim the status of good-faith acquirer given the inalienable and imprescriptible nature of these assets. Finally, that the granting of the benefit of payment for environmental services (pago de servicios ambientales) is an administrative act that has a scope of discretion on the part of the State Forestry Administration and does not constitute a right, nor part of the property right of individuals, since they are limited to making the respective request, and according to budget forecasts, the priorities and criteria adopted, as well as the circumstances of each particular case, the benefit is granted or not, in accordance with the procedure established in the cited regulation, Article 39 and Article 40; it is, then, a benefit subject to certain requirements and granted according to the priorities and criteria defined by the Administration, and in accordance with what has been said, and since there is no obligation to expropriate, the provisions of the “Acuerdo con Canadá sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones,” approved by Law No. 7870 of May 5, 1999, are not applicable. Finally, the state representation indicated: A) Regarding the facts: That according to official communication RIM-CT-00736-2013 of October 17, 2013, signed by the Deputy Cadastral Director of the Real Property Registry, the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la vertiente Atlántica (Japdeva), is the owner of the real estate registered under the real folio registration number Placa20214. That those lands were transferred to that state institution by Law No. 3091 of February 18, 1963. That even though the plaintiff indicated that properties numbers 14810-000, 14718-000, and 14660-000 are agricultural in nature; according to official communication number DG-IGN-RN-2013-062 of October 4, 2013, from the National Geographic Institute (IGN) and official communication SINAC-ACOC-PNE-065-2013 of October 9, 2013, from the La Amistad-Caribe Conservation Area (ACOC); said properties are covered by forest (bosque), meaning they constitute the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). That thus, said properties, on one hand, were registered in the name of Nombre415 since 1963 and, on the other, form part of the Natural Heritage of the State. That in the case of property number 14718-000, the possession of the petitioner began in 1960, only three years before Nombre415 became, by law, the owner of the lands where said property is located. That while the State of Costa Rica and Canada signed an agreement for the promotion and protection of Canadian investments in Costa Rica, the application of the agreement in this case is an assessment by the plaintiff's representative and not a pure and simple fact, and it is not true that the State has caused damages. B) On the merits: a. Regarding the invalidity of the registration of properties of the Partido de Limón numbers Placa20210, 14718-000, and Placa20208. That properties of the Partido de Limón numbers 14810-000, 14718-000, and Placa20217, originated in a possessory information (información posesoria) process, by reason of which they were registered in favor of private individuals in 1972; however, the cited properties, with cadastral plans L-1584-1971, L-1585-1971, and L-1586-1971, overlap with the lands of property number Placa20214. Lands that were transferred to Nombre415 by Law No. 3091 of February 18, 1963, registered under the real folio registration number Placa20214, were originally registered as patrimonial assets of said entity; however, in accordance with Article 18, Article 19, Article 28, Article 40, and Article 41 of Forestry Law (Ley Forestal) number 4465 of November 29, 1969, (Reformed by Law No. 7174 and Law No. 7575), that part of said lands covered by forests or that are of forest aptitude, which belonged to the State or its institutions, became part from that point forward of the State Forestry Heritage (Patrimonio Forestal del Estado), with which they acquired the condition of public domain assets. That since the first Forestry Law, of November 25, 1969, lands owned by autonomous institutions covered by forest or that are of forest aptitude, form part of the Natural Heritage of the State, formerly called the State Forestry Heritage, and are, since then, demanial assets. That the demanial character of the lands incorporated into the then-called State Forestry Heritage, today the Natural Heritage of the State, implies that their possession by private individuals did not generate any right. Hence, they could not be acquired by usucapion. That is to say, those lands of the property that was finally registered under real folio 7-096658-000, but that were owned by Nombre415 since the entry into force of Law 3091 of February 18, 1963, also became incorporated into the State Forestry Heritage and acquired the character of public domain assets starting in 1969. That in accordance with what is indicated in official communication No. RIM-CIT-00736-2013 from the Deputy Directorate of the Real Property Registry, as well as the photo-interpretation contained in the report in official communication number DG-IGN-RN-2013-062 done by the National Geographic Institute, the nature of said lands is verified. That all of the above means that the validity of the registration of properties numbers Placa20210, Placa20209, and Placa20208, depends on when the possession began; however, they do not prove that this possession occurred between 1953 and 1963. That the petitioner maintained that by the year 1970 he had possession of 10 years, meaning that by 1963, the date on which the lands were transferred to Nombre415, he had barely 3 years of possession, insufficient for usucapion, and regarding those parts that had forest, they became part of the State Forestry Heritage as of 1969. That for this case, it is irrelevant that the property owned by Nombre415 was registered only until the year 2001, because, being a public domain asset, the principle of inmatriculation applies, by virtue of which it is not necessary for the asset to be registered in the Public Registry for its public ownership to affect third parties. Hence, said registration is null. Consequently, the petition of the plaintiff corporation seeking a declaration that the property of the Partido de Limón with real folio registration number Placa20218 entered the private domain in 1971 is legally improper. But it is also improper with respect to properties 14810-000 and 14660-000, since they could not have entered the private domain in 1971 because at that time the lands on which they were located had been owned by Nombre415 since 1963. b. Regarding good-faith acquisition against demanial assets. That in the case of demanial assets, the provisions of Article 455 and Article 456 of the Civil Code regarding third parties who acquire under the protection of registry publicity do not apply. That in the first place, it is not necessary for demanial assets to be registered for them to have effects against third parties, given the principle of inmatriculation that applies to this type of asset; and, second, the status of good-faith acquirer cannot be claimed in the case of demanial assets, given their inalienable and imprescriptible character. That the nullity of the act whereby a public domain asset was registered in favor of a private individual does affect the third party who acquired based on the public registry faith of the National Registry, since otherwise it would imply allowing a private party—the third-party acquirer based on registry publicity—to become the owner of a public domain asset, despite the inalienable character of these assets. c. Regarding the payment of environmental services (pago de servicios ambientales) and the \"hollowing out\" (vaciamiento) of the property right and the non-payment of environmental services. That the payment for environmental services—established in Article 46 of Forestry Law number 7575—is the legal expression of a promotional policy aimed at stimulating both forest conservation and forestry plantations, which has a scope of discretion on the part of the Environmental Administration and does not constitute a right that is part of the property right of individuals. e. Regarding the alleged state duty to expropriate in the present case and the application of the “Acuerdo con Canadá sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”. That this is not a case of expropriation, but rather an action by the Administration that does not imply the imposition of limitations on the exercise of the right, nor does it occur in application of any norm imposing such limitations. That, therefore, the alleged \"hollowing out\" of the plaintiff's property right does not occur, so the duty to expropriate on the part of the State does not arise, and that in accordance with what has been said, and since the State has no obligation to expropriate, the provisions of the “Acuerdo con Canadá sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, approved by Law number 7870 of May 5, 1999, are not applicable, and consequently, the plaintiff's claim seeking a declaration that the State has the duty to expropriate the properties it says it owns is entirely without legal foundation.\n\nII.- OBJECT OF THE COUNTERCLAIM AND ARGUMENTS OF THE STATE REPRESENTATION: The State representation filed a counterclaim (reconvención) against the corporation Grupo de Inversiones Rajpal S.A., legal identification number CED88921, Mr. Nombre112356; the corporation Mis Dos Amores S.A., and the corporation Dalanyo S.A., whose purpose is so that in judgment: \"...That the nullity of the possessory information processed under file number 1721 of the year 1970 before the Second Civil and Hacienda Administrative Litigation Court be declared, and the judgment issued by that court at five o'clock in the afternoon on May ninth, nineteen seventy-two, be annulled. That the nullity of entry 1 of volume 2098, folio 457 of property number 14718 of the Province of Limón, according to which said property was registered in the name of Nombre112356, be declared, and the cancellation of the registration of property number 14718 of the Province of Limón be ordered. In addition, that the nullity of entry 2 of Volume 2098, Folio 457 of property number 14718 of the Province of Limón, according to which said property was registered in the name of the corporation Mis Dos Amores, S.A., be declared, and its cancellation be ordered. That the nullity of entry 3 of Volume 2098, Folio 457 of property number 14718 of the Province of Limón, according to which part of said property was registered in the name of the corporation Dalanyo S.A., be declared, and its cancellation be ordered. That the nullity of the registration of property number 14718-000 of the Partido de Limón in favor of Inversiones Rajpal S.A., entry 14340, volume 362 of the Real Property Registry, be declared. That the nullity of the registration of property number 16370 of the Partido de Limón in favor of the corporation Dalanyo S.A., entries 1 through 6, volumes 333 and 346 of the Real Property Registry, be declared...\" The foregoing under the following argument: A) Regarding the legal protection of the natural heritage of the State: 1) That by Law No. 3091 of February 18, 1963, the Legislature transferred to the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la vertiente Atlántica (Japdeva), all State lands located in the area enabled by navigable canals, comprised within an area of 10 kilometers from the sea inland, parallel to the coast, and a strip 3 kilometers wide, parallel to both sides of the rivers and canals administered by the Board. That said lands correspond to the property registered in the National Registry under registration number Placa20219 of the Province of Limón with cadastral plan L-00001-1977, owned by Japdeva. 2) That in accordance with Article 18, Article 19, Article 28, Article 40, and Article 41 of Forestry Law No. 4465 of November 25, 1969, the lands transferred by law to Nombre415, covered by forests or of forest aptitude, became part of the “State Forestry Heritage” (Patrimonio Forestal del Estado), making the demanial character of the lands clear. 3) That Law No. 7174 of June 28, 1990, comprehensively reformed Law No. 4465, and the provision regarding the “State Forestry Heritage” was drafted very similarly to how it currently stands under “Forestry Law” No. 7575 of February 13, 1996. 3) That since “Forestry Law” No. 4465 of November 25, 1969, lands owned by autonomous institutions covered by forest or of forest aptitude form part of the Natural Heritage of the State, and have been demanial assets since then, and currently, by provision of Forestry Law 7575, the administration of these assets corresponds to the Ministry of Environment and Energy (MINAE). B) Regarding the jurisprudence referring to the natural heritage of the State: 1) That in relation to demanial assets, the Constitutional Chamber has reiterated their inalienable and imprescriptible character. Thus, in judgment number 2306-91 of November 6, 1991, it stated the following: \"The public domain is composed of assets that express, by the express will of the legislator, a special purpose of serving the community and the public interest. They are the so-called dominical assets; demanial assets, public assets or things, or public goods that do not individually belong to private parties and that are destined for public use and subjected to a special regime outside of commerce among men. That is, designated for this by their own nature and vocation. Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, they are designated for the service they provide, which is invariably essential by virtue of an express norm. Characteristic features of these assets: they are inalienable; imprescriptible; unseizable; they cannot be mortgaged or be susceptible to encumbrance under the terms of Civil Law, and administrative action replaces possessory interdicts to recover the domain. Consequently, the national regime for public domain assets, like the roadways of the Capital City—whether municipal or national streets; sidewalks; parks; and other public places—places them outside the commerce of men...\" That due to the demanial character of the lands incorporated into what was then called the “State Forestry Heritage,” now the “Natural Heritage of the State,” the possession exercised by private individuals cannot give rise to any right, including the right of property. The imprescriptible and inalienable character of this type of asset so requires. Hence, they cannot be acquired by usucapion and, consequently, subjects of private law cannot register them in their name through possessory information. Such is the case of the lands transferred to Nombre415 that are covered by forest or are of forest aptitude. That is to say, those lands of the property that was finally registered under real folio 7-096658-000, but which had been owned by Nombre415 since the entry into force of Law 3091 of February 18, 1963, as of 1969 became incorporated into the State Forestry Heritage and acquired the character of public domain assets, given the nature of an autonomous institution that Law 3091 granted to Nombre415. 2) That furthermore, the Agrarian Court noted that those seeking to register, through possessory information, a property located on the lands that were transferred to Nombre415 by Law No. 3091 of February 18, 1963, must demonstrate having exercised possession during ten years before the entry into force of said law. Thus, for example, in judgment number 197 of 08:30 on March 22, 2002, it stated: \"VI- In relation to the rest of the grievances, the record shows the property is comprised within lands that were transferred to the Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, through Law No. 3091 of February 18, 1963, hence from that moment they became state lands of an imprescriptible and inalienable character, being able to be the object of titling only if the occupant demonstrates having been in possession of the asset, personally or transmitted, for at least ten years before the validity of said law, that is, from February 18, 1953, which the titleholder failed to prove. \" (The highlighting is not from the original). That the foregoing means that, regardless of whether or not they belong to the State Forestry Heritage, the lands that were transferred by Law No. 3091 of February 18, 1963, to Japdeva, can only be titled through possessory information if a possession initiated at least ten years before, that is, between 1953 and 1963, was demonstrated. That the foregoing means that the only valid possession to be able to register through possessory information would be that which had fulfilled the ten-year term (Article 860 of the Civil Code) by 1963, the year in which said lands were transferred to Nombre415. That is, for positive prescription (prescripción positiva) to occur, the possession must have begun no later than 1953, and that is not the case for property 14718-000 of the Partido de Limón, since, as is evident from the certified copies of the judicial file for the possessory information submitted to the case, the petitioner did not demonstrate that his possession, or that of his transferors, had begun no later than 1953 under the conditions required by Article 856 of the Civil Code. C) Regarding the geographical location of properties No. 14718-000, 14810-000, and 14660-000 of the Partido de Limón: 1) That according to report No. RIM-CIT-00736-2013 from the Deputy Directorate of the Real Property Registry, properties numbers 14810-000, 14718-000, and 14660-000 of the Partido de Limón are located on lands that were transferred to Nombre415 by Law No. 3091 of February 18, 1963. 2) That according to the report contained in official communication number DG-IGN-RN-2013-062 from the National Geographic Institute, the lands comprising properties No. Placa20210, 14718-000, and Placa20208 of the Partido de Limón, owned by Japdeva, have forest cover (cobertura boscosa). D) Regarding the possessory information: 1) That Mr. Nombre112356 initiated possessory information proceedings, which were processed in the Second Civil and Hacienda Administrative Litigation Court under file No. 1721-01970, giving rise to property number 14718-000 of the Partido de Limón, being registered in his name on October 2, 1972, in volume 2098, folio 457, entry 1, that is, nine years after the lands on which it is located were transferred to Nombre415, and 3 years after they became incorporated into the public demesne in their condition as State Forestry Heritage because they have forest cover. 2) That property number 14718-000 was sold by Mr. Nombre112356 to the corporation Mis Dos Amores, S.A. in 1973, and that corporation segregated a lot from the property that was acquired by the corporation Dalanyo S.A., which was registered in its name under entry 1 of volume 2254, folio 339, as property number 16370 of the Partido de Limón. That the corporation Inversiones Rajpal, S.A. acquired property number Placa20209 through public auction, which was registered in its name in volume 362, entry 14340. 3) That property No. 14718-00 of the Partido de Limón has been, and currently is, covered by forest, is land of forest aptitude, and is located on lands of the property owned by Nombre415 with registration number Placa20219 of the Province of Limón, therefore belonging to the State Forestry Heritage. 4) That according to the petition initiating the possessory information proceedings—visible on folio 4 of the file—the petitioner Nombre112356 claimed in 1970 to have possessed for ten years. That is, it was a possession initiated in 1960 and not in 1953, as it should have been to be able to register through the possessory information proceedings. 5) That the petitioner acquired the property from Nombre112358 in 1970, thereby using the possession exercised by the latter to promote the possessory information; however, the judicial file does not show that the transfer was made by public document, as required by Article 1.2 of the Law of Possessory Informations (Ley de informaciones Posesorias) number 139 of July 14, 1941, according to the text in force at the time the possessory information was initiated. The only thing submitted was a private document stating the transfer of a possession right to Nombre112356 over a property located in Nine Miles of Limón (see folio 2 of judicial file number 1721 of 1970 processed in the Second Civil and Hacienda Administrative Litigation Court). Besides the foregoing, because it is covered by forest, the land titled by Nombre112356 formed part of the State Forestry Heritage since 1969; that is, when the land became designated for the public demesne in 1969, the ten-year possession, initiated in 1960, had not yet been completed. Consequently, the possessory information process that led to the registration of property 14718-000 of the Partido de Limón, as well as the registration itself, are null. That for these purposes, it is irrelevant that in the possessory information process the competent entities or bodies did not express their opposition. That said omission can never validate a possession exercised over a patrimonial asset of a public entity that, moreover, became designated for the public domain before the petitioner of the possessory information completed the ten-year possession. That the nullity of the registration acts affects subsequent acquirers, even if they acquired based on registry publicity and are in good faith. That because it is a public domain asset, the principle of inmatriculation applies to the property owned by Nombre415, by virtue of which it is not necessary for the asset to be registered in the Public Registry for its public ownership to affect third parties (see the already cited judgment of the Constitutional Chamber number 3145-96 of nine hours twenty-seven minutes of June twenty-eighth, nineteen ninety-six), and the mere condition of being a public domain asset is sufficient. That for this reason, it is irrelevant that the property owned by Nombre415 was registered only until the year 2001. But furthermore, the condition of good-faith acquirer—Article 456, Civil Code—does not operate against demanial assets, given their inalienable and imprescriptible character. That in the case of this type of asset, all registration acts are null, whether the original ones, done through possessory information, or the subsequent ones, even if they involve good-faith acquirers who act based on registry publicity. This is because any registration made by a private-law subject of a property right constituted over a public domain asset is null due to the asset being inalienable, regardless of whether the asset was acquired based on what the National Registry publicized. That as noted in the answer to the complaint, the contrary would imply that an acquirer based on registry publicity could become the owner of a public domain asset, despite the inalienable character of these assets; the foregoing argument legitimizes the State to request the annulment of the original registration of property number 14718-000 of the Partido de Limón, as well as the registry movements that have occurred regarding this property, that is, the registration entries for its transfers and segregations. It should be taken into account that, by provision of Article 13 of Forestry Law 7575, the land on which the property is located is under the administration of MINAE because it forms part of the Natural Heritage of the State. Consequently, the possessory information that led to the registration of property number 14718-000 is null and, consequently, the registration in favor of the corporation Mis Dos Amores, S.A. of that same property is null for the same reasons, as well as the registration in favor of the corporation Dalanyo S.A., and the corporation Inversiones Rajpal, S.A. The representation of the corporation Inversiones Rajpal S.A. indicated: A) Regarding the facts: That the law transferred to Nombre415 assets that have been, for the most part, the property and possession of private individuals for many years back, and they were even assets that had been cultivated, as is the case of the real property of its represented party. That the representation of Nombre415 indicated when answering the complaint, that all those land registrations that came into legal existence prior to the registration of the cited property in the name of the institution are respected, but not those that may have come into existence after June 8, 2001, which is the date of the deed in which the transfer to Nombre415 was verified. That likewise, in the answer to other facts of the complaint, Nombre415 recognizes that the properties of its represented party must be respected, and therefore it is unaware of the validity of this counterclaim, in accordance with the principle of legality. That the registry publicity demonstrates that the real property has been in legal existence in the name of third parties and was respected by the State for more than forty years. That the plaintiff corporation acquired through public auction, that is, as a third party with superior right, and Nombre415 recognized that this property must be respected; and if the owner says so, it is not understood how the Attorney General's Office says the contrary, for where does the principle of legality and respect for competencies in administrative matters stand? That the lands have been covered by forest in most of the real property, but they have been cultivated since before 1950 by the original possessors thereof and later by the registry owners, so that those lands are not natural heritage of the State; lands were simply transferred to Nombre415 in a reckless manner and without a technical study, and for that reason Nombre415 and the Attorney General's Office itself did not oppose the possessory information that was carried out to register them, as can be seen from the very evidence provided by the counterclaimant. That not everything that is partially covered by forest is part of the natural heritage of the State, and that in any event, if that were currently the case, its represented party must be expropriated, just as was requested in the complaint. That its represented party is a corporation belonging to a Canadian citizen who has the right to benefit from the investment protection agreement signed by Canada and Costa Rica and no longer wishes to continue investing in this country due to the legal uncertainty of being the owner of something that is being questioned by the State. B) Legal grounds: That its represented party is the owner of a land protected by registry publicity and that has been registered for more than forty years, and that at the time of its registration, as detailed in the evidence presented by the State, neither Nombre415 nor the Attorney General's Office opposed said titling, so it cannot be that the State seeks to claim a right that was not protected when there was the opportunity to oppose said possessory information or else to request its nullity through a nullity incident within the three years following its registration in the Public Registry. That the complaint was filed because its property right has been emptied of content insofar as its right to enjoy and use the real property was denied, by denying it the possibility of engaging in conduct that is permitted in the legal system for assets that have a forested portion. That is, that it has been denied its right to obtain forestry incentives, promoted by the State itself, to preserve the wilderness or forest. That under this premise, and given that its represented party is assisted by the rights of the agreement signed between Costa Rica and Canada for the defense of investments by Canadian citizens, whether they are direct owners or shareholders of the investing corporations, it is appropriate, given that there is no longer legal certainty regarding the enjoyment of these assets, that they be expropriated by Nombre415 or the State and pass directly to State ownership, upon prior compensation in accordance with the law. That Nombre415 indicated in the answer to the complaint that it recognizes and respects the ownership of those real properties that were acquired before the month of June, 1981 (Sic), the date on which the transfer deed of ownership was granted in favor of Nombre415 for some lands located within a certain geographical area.\n\nThe procedural guardian (curador procesal) of Mr. Nombre112356, stated: That the farm was registered in the National Registry on October 2, 1972, through the possessory information (información Posesoria) proceeding, conducted before the Second Contentious-Administrative and Civil Treasury Judge, with the Agrarian Prosecutor (Procurador Agrario) and the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) as parties, which was approved by a final judgment at 5:00 p.m. on May 9, 1972. That by a public deed granted before Notary Álvaro Echeverría Murray at 11:00 a.m. on January 12, 1973, he sold farm No. 14718-000 to the corporation Mis Dos Amores Sociedad Anónima. That according to the certification provided by the plaintiff, visible on folio 49, \"Documentary evidence 4\" in the first entry of the registration of the aforementioned farm, it is recorded that in the possessory information proceedings that led to the registration, the Agrarian Prosecutor and the Institute of Lands and Colonization were parties. That the ITCO and the Agrarian Prosecutor of the republic were notified of the possessory information proceedings on August 14, 1970. That the ITCO's representative appeared in the case file requesting to be considered a party to the proceedings, on August 21, 1970. That by a resolution of the Second Civil Contentious-Administrative and Civil Treasury Court at 2:40 p.m. on December 23, 1971, notified to the Agrarian Prosecutor and the ITCO on January 3, 1972, they were granted a hearing of the proceedings for terms of 8 and 10 days, respectively, with the Agrarian Prosecutor stating his position in the terms of the brief dated January 10, 1972. That in the judgment issued by the Second Contentious-Administrative and Civil Treasury Judge at 5:00 p.m. on May 9, 1972, in point 6, considering (considerando) I, the following is recorded: \"6.- That in these proceedings, intervention was given to the Agrarian Prosecutor of the Republic and to the Institute of Lands and Colonization, who did not oppose them.\" (See Case File) Folio 402 V). That in Considering II, it was ordered: \"II.- In view of the fact that all the requirements that the law of Possessory Informations (Informaciones Posesorias) number 139 of July 14, 1941, requires for this purpose have been met, this information must be approved.- Consequently, order the Public Registry to register the farm in the name of the applicant Nombre112356 without prejudice to third parties with a better right.\" That in the \"Therefore\" (Por tanto) of the same judgment, it was ordered: \"This possessory information is approved.\" That the title holder duly demonstrated before the corresponding Judge, the possession exercised by him and his transferor for more than ten years, in order to comply with what is required by the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), therefore, such possession was exercised by his transferor Nombre112358 for a considerable time before. That in the historical account, the title holder acquired the possession rights on May 22, 1970, the right of possession having been exercised by his transferor for a period of more than ten years in a quiet, public, and peaceful manner, with the judgment approving the possessory information being issued on May 9, 1972. That taking the date of transfer of the right as a parameter to count the ten years of possession, this must have been exercised before the entry into force of law number 3091 of February 18, 1963, and since the document transferring the right was formalized by Notary Alfredo Tosi Bonilla on June 25, 1970, in his protocol 12, deed 33, it is held that at a minimum, the possession exercised by the transferor Nombre112358 was exercised from before the month of May 1960, without being able to specify the exact date as the Law of Possessory Informations does not require it and the law of Nombre415, although in force since 1963, was not applicable to the specific case because the state representatives, that is, the Agrarian Prosecutor and the ITCO as parties to the titling, did not oppose the proceedings, and the Judge himself, knowledgeable of the corresponding legislation, approved in judgment the possessory information, and the registration of the farm under real folio registration number Placa20209 of the province of Limón took place in the month of October 1972. That the present counterclaim was filed by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) on November 11, 2013, and the undersigned accepted the appointment on June 26, 2015, with more than ten years having elapsed since the registration of the property in the National Registry. That according to the foregoing, the Agrarian Prosecutor and the ITCO representative having been duly notified since August 14, 1970, of the possessory information proceedings, both institutions were parties to that process and had the procedural opportunity from that date and in that case file to exercise the rights of the State if they had considered that the intended lands were the property of the entity they represented. That thus, the Attorney General's Office has had knowledge of the possessory information proceedings since August 14, 1970, and the land was registered only with the reservations of the \"Water Law\" (Ley de Aguas), without prejudice to third parties with a better right. That such rights, like those of the State, if not exercised within the process, as in this case, could have been exercised later, but within the ten-year period from the registration of the possessory information, that is, the period to file the corresponding actions, even for the State, expired in the month of October 1982, and therefore, it is currently time-barred. The procedural guardian of the corporation \"Mis Dos Amores\", stated: A) Regarding the facts: That the law of Nombre415 does not foresee the hypothesis that in the transferred area, there existed lands registered in the name of third parties in the Public Registry, or legitimate possessions of third parties, which could eventually generate valid titles upon registration in the Public Registry, and which could generate compensation rights in favor of such administered parties and chargeable to the State as the entity generating the legislative act that determined the transfer in favor of Nombre415 of all lands included in the area established by the indicated law. That the representative of the Board of Port Administration and Economic Development of the Atlantic Coast (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica) stated, clearly and categorically, in answering the lawsuit, that the Institution respects all real estate registrations made prior to the registration in the Public Registry of the property of Limón, registration number Placa7705 in the name of Nombre415, a registration that took place on June 8, 2001. That the State, represented by the Attorney General's Office within the respective possessory information proceeding, did not oppose the registration of the Limón property, Registration Number Placa20220 in the name of the promoter of the aforementioned Possessory Information, thereby giving an endorsement of total validity to the process carried out for that purpose and to the title of ownership originated from it. That the company INVERSIONES RAJPAL, S.A. acquired said property through a public auction or judicial sale within a judicial process. B) Legal grounds for opposing the counterclaim: That the State seeks a declaration of nullity of the \"Possessory Information\", including the judgment issued within said judicial process at 5:00 p.m. on May 9, 1972, and consequently, of the registration entry of the Limón property, registration number Placa20209, and of all subsequent entries, because said property apparently overlaps with the Limón farm, registration number Placa7705, registered in the name of the Board of Port Administration and Economic Development of the Atlantic Coast (JAPDEVA) (Nombre415) and not in the name of the State. That consequently, the only legal entity with active standing to sue and claim the declaration of nullity is Nombre415, and not the State as an independent legal entity. Then, that it is not true that the Limón property, registration number Placa20209, became part of the State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado), by virtue of the provisions of Forest Law (Ley Forestal) No. 4465 of November 29, 1969, and there being no evidence whatsoever to prove such fact, the lack of right to claim the declaration of nullity of the Possessory Information, including the judgment issued within said judicial process at 5:00 p.m. on May 9, 1972, and consequently, of the registration entry of the Limón property, registration number Placa20209, and of all subsequent entries is evident and manifestly improper. That furthermore, it must be pointed out that the Attorney General's Office, through the Agrarian Prosecutor Licentiate Víctor Manuel Bulgarelli Flores, by means of a brief dated January 10, 1972, stated within the Possessory Information Proceeding whose nullity the Attorney General's Office seeks in the present proceeding, that the contract for the sale of the farm by the title holder is of a private nature and not public as the law required, and that the ten-year possession had not been demonstrated; however, the promoting party of the \"Possessory Information Proceeding\" proceeded to prove at that time that the Sales Contract for the property to be titled had the corresponding notarial certified date that gave publicity to the mentioned contract, and furthermore, the witnesses who had not attested to the ten-year possession were questioned again by the competent judicial authority, and all were clear in affirming that the possession was for more than ten years. That once the requirements of the Agrarian Prosecutor were met; the Second Contentious-Administrative and Civil Treasury Judge proceeded to issue the judgment that ordered the registration of the respective property, and which originated the Limón property, Registration Number Placa20209. That under these circumstances, it is evident that the State lacks the right to seek the nullity of the mentioned Possessory Information proceeding, forty-four years after not having alleged the nullity within the Possessory Information proceeding itself, in which it should have been alleged. That Mr. Nombre112356 proved, by suitable means, in the Possessory Information Proceeding, whose nullity is sought in this proceeding, to be the holder of the right of possession over the land that would become the Limón property, Registration Number Placa20209, and that the possession over said land was for more than ten years, and under such conditions, once registered in the Public Registry, he sold and transferred it to the company he represented in the year 1973. That none of the counter-defendants can be asked to demonstrate possession greater than ten years before 1963, since none of them intends to title the land at this time, but rather it was already titled through a judicial possessory information proceeding duly processed before the competent judicial authority, and with the active intervention of the State itself through the Agrarian Prosecutor's Office (Procuraduría Agraria), and without any opposition being given. That it cannot be that forty-four years after the processing and completion of the contentious possessory information, the Attorney General's Office intends to resume the discussion about the duration of the possession that led to the registration of the Limón property, Registration Number Placa20209, since the witnesses to such possession, who affirmed that it was for more than ten years, must now be deceased or of a very advanced age, and it is not the time to request that a possession period be proven, as the state representation maliciously intends in this case. That it cannot be proven that the possession that led to the registration of the Limón property, Registration Number Placa20209, did not begin in the year 1953 or earlier. That the Prosecutor (Procurador) in his counterclaim, affirmed that the possession in question did not begin in that year of 1953 but in the year 1960; however, said affirmation lacks any evidentiary basis. The Prosecutor also affirmed, without having the corresponding evidence, that the land titled by Mr. Nombre112356 was covered by forest at that time. That the property was registered in the Public Registry, under registration number Placa20209, in the name of Mr. Nombre112356, because all the requirements demanded by the Law of Possessory Informations in force at that time were met, and because possession of more than ten years was proven, that is, the ten-year possession was proven and fulfilled. That consequently, the land corresponding to the Limón property, registration number Placa20209, being protected by the ten-year possession, cannot be considered to have become part of the State Forest Heritage, today denominated State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). That finally, the present action for nullity is time-barred, since the ordinary (ten-year) statute of limitations period (prescripción) regulated by article 868 of the Civil Code has clearly elapsed, with forty-four years having passed in this case since the contentious property was registered in the Public Registry. That the Law refers to the imprescriptibility of the revendication action (acción reivindicatoria), but not of the nullity action like the one that concerns us in this specific case, and which is the one formulated in the counterclaim filed by the State. That in effect, through the counterclaim that concerns us, the State is formulating a nullity action and not a revendication action, which is why the imprescriptibility of the action or right cannot be claimed or alleged. That the revendication action, regulated by article 348 of the Civil Code, is that through which the non-possessing owner files his right to be restored to the property of the possessing non-owner. That furthermore, the revendication action requires compliance with a series of conditions that are not met in the specific case, and the State did not sue for the revendication of specific properties but rather for the nullity of a judicial possessory information proceeding and of entries in the public registry, which clearly characterize a nullity action and not a revendication action; consequently, the statute of limitations on the nullity claims formulated by the state representation in its counterclaim is evident and manifest. Finally, the procedural guardian of the corporation \"Dalanyo S.A.\" indicated: That the actions of his represented party were always in accordance with the principle of good faith in registration (buena fe registral), since, as is recorded, all registry movements and legal transactions were carried out before any conflict with the State or JAPDEVA. That from the evidence provided by the State, there is no way to verify the vegetation or the use of the farm in that period of time, nor that the farm belongs to the State Natural Heritage, since that is the subject matter of the present case, and therefore, a matter that is still under discussion cannot be affirmed.\n\nIII.- PROVEN FACTS: Of importance for the outcome of the present matter are the following: 1) That Mr. Nombre112358 sold, through a private document dated May 22, 1970, to Mr. Nombre112356, his right of possession over a farm located in Nueve Millas de Limón, First District and Canton of the Province of Limón, with an area of approximately 20 hectares, which he said he had possessed for more than 10 years in a public, peaceful, uninterrupted manner, and as owner, for the sum of 4,000 colones. A certified date was later placed on this document, and it was reproduced on \"Papel de Oficio\" in which the area of the property was corrected, indicating it was 25 and not 20 hectares. (See images 461 and 464 of the digital judicial file). 2) By a brief dated July 30, 1970, Mr. Nombre112356, addressed to the Second Civil Judge of the Contentious-Administrative and Civil Treasury, filed \"Possessory Information\" proceedings on the farm he indicated is located in the locality of \"...Moín, first district and First Canton of the Province of Limón (Nueve Millas) and described the farm as follows: Agricultural land with a house in poor condition, planted with coconut, cassava, plantain, and fruit trees, measuring approximately 25 hectares. Its boundaries (linderos) are: North, Edwin Alvarado and Lurline Mohs; South, Francisco Urbina Bermúdez; East, Playón del Río Moín, and West, National wasteland. It has a frontage on the Playón del Río Moín of 500 meters. I have no registered or registrable title, for which I carry out these proceedings without the intent to evade the processing of a succession proceeding. The ten-year possession has been quiet, public, peaceful, uninterrupted, and as owner, consisting of the physical tenure of the property under my dominion and enjoyment, as did the one who sold it. I attach the corresponding map and paper for processing. I request the Judge to record this possessory information according to Law No. 139 of July 14, 1941, and order the registration of this property in my name, free of encumbrances, in the Public Property Registry, District of Limón. I hereby submit a document where the neighbors and witnesses, in turn, acknowledge notification of these proceedings, expressing their conformity. I estimate these proceedings at FIVE THOUSAND COLONES. I will hear notifications at the office of the authenticating lawyer.\" And he attached a brief dated July 6, 1970, from Mr. Francisco Urbina Bermúdez, Mr. Edwin Alvarado Abella, Mr. Pedro Mohs Jordan, Nombre112359, and Ms. Lurline Mohs Villalta, addressed to the Second Civil Judge of the Contentious-Administrative and Civil Treasury; they indicated that they knew Mr. Nombre112356 and the farm he was trying to register, and which he acquired from Mr. Nombre112358, who have possessed it for more than 10 years in a public, peaceful, uninterrupted manner, and as owner, and they stated they had no objection to its registration. (See images 462 and 463 of the digital judicial file). 3) That the Chief of the Territorial Tax Department certified that Mr. Nombre112358 has, in the Property Owners Registration Section, the unregistered farm recorded in his name according to Affidavit No. 842377, located in Limón, with a value of 3,000 colones. (See image 493 of the digital judicial file). 4) On January 29, 1971, Ms. Nombre112359 appeared before the Civil Court of Limón and indicated under oath that the title holder and Mr. Nombre112358 had possessed the property for more than 10 years in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner and as owners. On October 28, 1971, Messrs. José Jaime Lobo Cordero, Nombre112360, and Francisco Urbina Bermúdez did so. Mr. Lobo Cordero indicated that it was within his knowledge that the promoter of the possessory information had the farm he was trying to title properly fenced, which he had possessed in a quiet, peaceful, public manner, and as owner. Declaration expanded on March 24, 1972, indicating that the possession was for more than 10 years. Mr. Nombre112360 indicated that it was within his knowledge that the promoter had a farm of many hectares, which they found duly demarcated and fenced and in a good state of conservation, and he had possessed it in a quiet, peaceful, public manner, and as owner for more than ten years. For his part, Mr. Urbina Bermúdez indicated he knew perfectly the land the promoter wished to title, which was planted with thickets, partly mountain, and for cattle ranching use, and that he had possessed it in a quiet, public, peaceful, continuous, uninterrupted manner, and as owner. Declaration expanded on March 24, 1972, indicating that the possession was for more than 10 years. (See images 515, 534, 535, 544, and 545 of the digital judicial file). 5) By a resolution at 5:00 p.m. on May 9, 1972, the Second Civil Court of the Contentious-Administrative and Civil Treasury deemed it proven that the applicant possessed the real property he indicated for more than 10 years in a public, peaceful, uninterrupted manner, and as owner, and granted the possessory information and ordered its registry inscription, being registered under Registration No. 14718-000 of the District of Limón. (See images 549 and 550 of the digital judicial file). 6) That by a public deed granted before Notary Álvaro Echeverría Murray at 11:00 a.m. on January 12, 1973, Mr. Nombre112356 sold farm No. Placa20209 to the corporation Mis Dos Amores Sociedad Anónima. Later, this corporation segregated from farm No. Placa20209 a lot that was acquired by the corporation Dalanyo S.A., which was registered in its name in entry 1 of volume 2254, folio 339, as farm number 16370 of the District of Limón, and finally, the corporation INVERSIONES RAJPAL S. A., legal identification number No. CED88921, filed a mortgage foreclosure lawsuit against the corporation \"Mis Dos Amores S.A.\" and, at a public auction held by the Fifth Civil Court of San José, on March 2, 1987, was awarded the farm of the district of Limón, Registration Number Placa20209, with an area of two hundred twenty-seven thousand one hundred ninety-three meters and nineteen square decimeters. (See images 442 to 448 of the digital judicial file). 7) That on June 28, 2001, the property of the District of Limón No. 96658-000 was registered in the name of Nombre415, with an area of one billion three hundred twenty million seven thousand one hundred fifty meters and zero square decimeters, with map No. L-0000001-1977, Nature: Tortuguero National Park. Located in Dirección13525 of the province of Limón and also located in Dirección13526 of the Province of Alajuela. Boundaries: North: San Juan River, South: Moín, East: Caribbean Sea. West: Río Colorado, Tortuguero Study Area, Río Suerte, Colonia Cariari, Río Jiménez, and Río Reventazón. (See images 458 and 459 of the digital judicial file). 8) By official communication RIM-CT-00736-2013 from Dirección13527, Engineer Marlon Aguilar Chaves, Deputy Cadastral Director, forwarded to Licentiate Hazel Hernández Calderón of the Agrarian Environmental Area of the Attorney General's Office, the result of the study conducted by Engineer Yenory Lara Vásquez of the Department of Sub-Process Cadastral Conciliation, dated October 15, 2013, referring to the overlay on the cartographic sheet and Orthophoto, of maps L-001-1977, L-1586-1971, L-1585-1974, and L-1584-1971; in which it was concluded that according to the overlay, it can be observed that there is an overlap between maps No. L-1584-1971, 7014660-000, No. L-1585-1971, and No. L-1586-1971 farm 7014810-000, over map No. L-00001-1977 of farm No. 7096658-000. (See images 408 and 409 of the digital judicial file). 9) The National Geographic Institute indicated in official communication DG-IGN-RN-2013-061, of October 4, 2013, in what is relevant, that: \"...According to the location of the lands contained in maps 7-1584-1971, 7-1585-1971, and 7-1586-1971 on the topographic sheet Moín scale 1:50,000, the area has vegetation cover (cobertura) of the wetland type (Yolillal) according to the corresponding symbology. Regarding the analysis of the segment of the 2005 aerial photograph in contrast to the topographic sheet Moín, there is a correspondence with that type of vegetation observable in said photograph, by texture, tone, and location. A zone of penetration with clearings is identified, possibly corresponding to pastures and that would be introduced in the southern part of the land with map 7-1584-1971. The above could signify land-use changes (cambios en la cobertura de la tierra) with loss of the original forested area. In the other lands, no other cover is identified other than that type of vegetation.\" (See images 411 and 421 of the digital judicial file). 10) By official communication SINAC-ACLAC-PNE-065-2013 of October 9, 2013, it was indicated that: \"The lands and/or properties of interest (L-1586-1971, L-1585-1974, and L-1584-1971) are part (100%) of an area classified as State Natural Heritage.\" (See image 422 of the digital judicial file).\n\nIV.- UNPROVEN FACTS: 1) That Mr. Nombre112358 or Mr. Nombre112356 had exercised a ten-year right of possession over the farm located in Nueve Millas de Limón, First District and Canton of the Province of Limón, in a public, peaceful, uninterrupted manner, as owners between the years 1953 and 1963, and which gave rise to Property No. Placa20209 of the District of Limón. (No evidence to that effect is located) 2) That the lands that comprised farm No. 14718 of the District of Limón and its subsequent segregations are materially located outside the limits of Farm No. 096658-000 of the Province of Limón with cadastral map L-00001-1977, owned by Nombre415. (No evidence to that effect is located). 3) That the corporation Inversiones Rajpal S.A. was the legitimate title holder of the properties of the District of Limón, real folio registrations No. Placa20208, Placa20209, and Placa20210, and that it requests they be compensated through expropriation. (No evidence to that effect is located).\n\nV.- PRELIMINARY MATTER: By a lawsuit filed on August 14, 2013, the representative of the corporation Grupo de Inversiones Rajpal S.A., legal identification number CED88921, requested in essence that the judgment declare that the farms of the District of Limón, real folio registrations No. Placa20208, Placa20209, and Placa20210 entered the private domain as of the year 1971 when the possessory informations for each of them were approved with the consent of Nombre415 and without opposition from the then ITCO, IDA, today INDER, and the Attorney General's Office, and therefore, they were acquired by its represented party under the protection of good faith in registration and in its capacity as a third-party registrant, for which reason said properties are not subject to limitations and are protected by the constitutional provisions that establish that, to be expropriated, their market price must be paid to them. That since the farms were affected by the National System of Conservation Areas, MINAET, and JAPDEVA; the State must expropriate them and pay their market value, whose value cannot be less than 100 million colones indexed up to the day of the judgment. In this way, it is clear that the claim of the lawsuit is based on the title of ownership. Then, the State's representation, upon answering the lawsuit, filed a counterclaim requesting that the judgment declare the nullity of the judgment of the Second Contentious-Administrative and Civil Treasury Court of 5:00 p.m. on May 9, 1972, and consequently, the nullity of entry 1 of volume 2098, folio 457 of farm number 14718 of the Province of Limón, according to which said farm was registered in the name of Nombre112356; the annulment of the registration of farm number 14718 of the Province of Limón; the nullity of entry 2 of Volume 2098, Folio 457 of farm number 14718 of the Province of Limón, according to which said farm was registered in the name of the corporation Mis Dos Amores, S.A.; the nullity of entry 3 of Volume 2098, Folio 457 of farm number 14718 of the Province of Limón, according to which part of said farm was registered in the name of the corporation Dalanyo S.A.; declare the nullity of the registration of farm number 14718-000 of the District of Limón in favor of Inversiones Rajpal, S.A., entry 14340, volume 362 of the Real Estate Registry, and the nullity of the registration of farm number 16370 of the District of Limón in favor of the corporation Dalanyo S.A., entries 1 through 6, volumes 333 and 346 of the Real Estate Registry. In this way, the State requests the declaration of nullity of the judgment by which the possessory information was concluded, and from that, the nullity of the registry acts that arose from it. It is clear that if the plaintiff corporation's right underlies its title of ownership, if the State is correct in its allegations, a lack of standing ad causam arises with respect to the claims of the corporation Grupo de Inversiones Rajpal S.A. Therefore, as the plaintiff bases its action on the existence of a right of dominion over a property, and since such title is being challenged under the terms of the counterclaim, this must be resolved on a preliminary basis. For this reason, the allegations of the counterclaim will be analyzed first.\n\nVI.- REGARDING THE EXCEPTIONS OF STATUTE OF LIMITATIONS (PRESCRIPCIÓN) AND EXPIRY (CADUCIDAD) OF THE ALLEGED ACTION: The procedural guardian of Mr. Nombre112356 stated that the State's representation should have filed the action raised within the ten-year period from the registration of the possessory information, that is, the period for filing the corresponding actions expired in the month of October 1982, and not having done so within said period, the present proceeding is time-barred (caduco). For his part, the Procedural Guardian of the Corporation \"Mis Dos Amores\" indicated that what the filed action seeks is the nullity of the registry entries he indicated, and not a revendication of the property of Nombre415, and that the Law refers to the imprescriptibility of the revendication action, but not of the nullity action like the one that concerns us in this specific case, and which is the one formulated in the counterclaim filed by the State; consequently, the statute of limitations on the nullity claims formulated by the state representation in its counterclaim is evident and manifest. This Chamber of Judges considers that it is necessary to address both exceptions first, on the grounds that if they are correct in their objections, this would lead to the rejection of the action filed by the State, and would make it unnecessary to enter into further substantive considerations. In this case, we are faced with a conflict due to the application of norms over time regarding real estate. The discussion revolves around whether Law No.\n\n3091 of February 18, 1963, transferred the lands encompassing those of the property that was registered via possessory information (información posesoria) No. 14718-000 of the Limón Registry, it would mean that a property belonging to a State institution since 1963 was registered in 1972, unless the beneficiaries of the possessory information had proven that their occupation had occurred at least 10 years before 1963. And in addition to that, subsequently, starting in 1969, properties with forest vocation (vocación forestal) belonging to the State and its institutions, pursuant to Laws No. 4465 of November 25, 1969, 7174 of June 28, 1990, and No. 7575 of March 16, 1996, form part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) and are endowed with special protection. Thus, the discussion is engaged over a property that would be classified as a public domain asset of the State in a broad sense, and in this regard, there is ample case law that has indicated: \"...IV.- Further elaborating, it is appropriate to note that, regarding the public domain of the State, assets cannot definitively leave the domain of the Nation (Article 121, subsection 14 of the Political Constitution), because they form part of the natural heritage of the State (Article 89 of the Constitution)... These are, consequently, imprescriptible, inalienable, unattachable assets, and not susceptible to private appropriation...\" (Votes No. 1763-94 of 16:45 hours on April 13, 1994). Therefore, since this type of asset is under discussion, the action for its protection does not prescribe or expire, regardless of whether what is sought is to claim the State's own property or to request the nullity of a registry entry (asiento registral) improperly recorded. Accepting the contrary would lead to the absurdity of allowing the validation of a State-owned asset in favor of a private individual by the mere passage of time, which cannot be possible pursuant to Article 121 of the Constitution. For this reason, the alleged prescription (prescripción) and expiration (caducidad) must be rejected.\n\nVII.- ON THE MERITS OF THE COUNTERCLAIM FILED: As indicated supra, the State's representation requested that the judgment declare the nullity of the judgment of the Second Contentious-Administrative and Civil Treasury Court of 17:00 hours on May 9, 1972, which granted the possessory information proceedings initiated by Mr. Nombre112356, and consequently the nullity of entry 1 of volume 2098, folio 457 of property number 14718 of the Province of Limón; the nullity of entry 2 of Volume 2098, Folio 457 of property number 14718 of the Province of Limón, according to which said property was registered in the name of the company Mis Dos Amores, S.A.; the nullity of entry 3 of Volume 2098, Folio 457 of property number 14718 and entries 1 through 6, volumes 333 and 346 of the Real Estate Registry of the Province of Limón, according to which part of said property was registered in the name of the company Dalanyo S.A.; and the nullity of the registration of property number 14718-000 of the Limón Registry in favor of Inversiones Rajpal, S.A., entry 14340, volume 362 of the Real Estate Registry. The foregoing under the allegation that Law No. 3091 of February 18, 1963 transferred to Nombre112361 the lands that comprised said properties, so that by the year 1972 they already belonged to that State institution, coupled with the fact that Laws Nos. 4465 of November 25, 1969, 7174 of June 28, 1990, and No. 7575 of March 16, 1996, established special protection over the properties of the State and its institutions that are of forest vocation (vocación forestal), such that in this specific case, said properties constitute forest property or Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), a public domain asset and therefore not susceptible to being appropriated or titled by private individuals. The defense argument of the counterclaim defendant representing Sociedad Inversiones Rajpal, S.A. indicated that Law 3091 transferred in favor of Nombre415 private properties occupied before its entry into force, being cultivated as was the case with its represented party, and that even Nombre415 indicated in its response to the lawsuit its respect for land acquisitions prior to the registration of property No. Placa20219 of the Province of Limón with cadastral plan L-00001-1977 on June 8, 2001. That the plaintiff company acquired the property of the Limón Registry No. Placa20209 at a public auction, which demonstrated that the property has been in the name of third parties for over 40 years. That although the lands are mostly covered by forest, they have also been cultivated since before 1950 by their original possessors and later by the registered owners, so these lands are not Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), and for that reason neither Nombre415, nor the Attorney General's Office at the time, opposed the possessory information. That if the property constitutes Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), then what should be done is to expropriate its represented party. That its represented party is a company belonging to a Canadian citizen who has the right to benefit from the agreement for the protection of investors signed by Canada and Costa Rica. The procedural guardian ad litem for Mr. Nombre112356 stated: Taking the date of transfer of the right as the parameter for counting the ten years of possession, this must have been exercised before the entry into force of Law Number 3091 of February 18, 1963, and since the document transferring the right was protocolized by Notary Alfredo Tosi Bonilla on June 25, 1970, in his protocol 12, deed 33, the possession exercised by the transferor Nombre112358 was, at a minimum, exercised from before the month of May 1960, the exact date not being able to be specified as the Possessory Information Law does not require it, and that the law of Nombre415, although in force since 1963, was not applicable to this specific case because the State representatives, namely the Agrarian Attorney and ITCO as parties to the titling, did not oppose the proceedings, and the same Judge, knowledgeable of the corresponding legislation, approved in judgment the possessory information, and the registration of the property under the folio real system, registration number Placa20209 of the province of Limón, occurred in the month of October 1972. The procedural guardian ad litem for the company \"Mis Dos Amores,\" stated: A) Regarding the facts: That Law No. 3091 did not foresee that within the transferred area, there existed lands registered in the name of third parties in the Public Registry, or legitimate possessions of third parties, which could generate valid titles upon registration in the Public Registry, and which could generate compensation rights in favor of such administered parties, and for that reason the representation of Nombre415 indicated that the Institution respects all property registrations carried out prior to the registration in the Public Registry of the Limón property, registration number Placa7705 in the name of Nombre415, a registration that was carried out on June 8, 2001. That the State, represented by the Attorney General's Office within the Possessory Information Proceeding, did not oppose the registration of the Limón property, Registration Number Placa20220 in the name of the promoter of the mentioned Possessory Information, thereby giving a seal of total validity to the process developed for that purpose and to the property title originating from it. That the only legal entity with active standing to sue and seek a declaration of nullity is Nombre415, and not the State as an independent legal entity. That it is not true that the Limón property, registration number Placa20209, became part of the Forest Heritage of the State (Patrimonio Forestal del Estado), by virtue of the provisions of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 4465 of November 29, 1969, and there being no evidence whatsoever to prove such fact, the lack of right to seek the declaration of nullity of the Possessory Information, including the judgment handed down within said judicial proceeding at 17:00 hours on May 9, 1972, and consequently, of the registration entry of the Limón property, registration number Placa20209, and of all subsequent entries, is evident and manifestly improper. That Mr. Nombre112356 proved, by suitable means, in the Possessory Information Proceeding, whose nullity is sought in this proceeding, to be the holder of the right of possession over the land that would become the Limón property, Registration Placa20209, and that the possession over said land was for more than ten years, and under such conditions, once registered in the Public Registry, he sold it to the company he represents in the year 1973. Finally, the procedural guardian ad litem for the company \"Dalanyo S.A.\" indicated: That the actions of its represented party were always in accordance with the principle of good faith in registration (buena fe registral) since, as recorded, all registry movements and legal transactions were carried out before any conflict with the State or Japdeva. That from the evidence provided by the State, there is no way to verify the vegetation or the use of the property during that period of time, nor that the property belongs to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), since that is the dispute in the present proceeding and therefore a matter that is still under discussion cannot be affirmed. Thus, in the opinion of the counterclaim defendant company and the co-defendants, the Possessory Information was carried out in accordance with the law and in which Mr. Nombre112356 proved possession over the property in a public, peaceful, uninterrupted manner, and as owner for more than 10 years at the time of filing said proceedings, and therefore the ruling by the Second Civil Court of Contentious-Administrative and Civil Treasury was correct, in addition to the fact that there was no opposition from the Attorney General's Office or ITCO at that time, and that Law No. 3091 did not consider or foresee that parts of the transferred property were occupied or registered in favor of third parties. Opinion of the Chamber: This Court considers that the counterclaim defendants are not correct in their arguments, which specifically refer to the inapplicability of the provisions of Law No. 3091 and the validity of what was ordered by the Second Civil Court of Contentious-Administrative in declaring the Possessory Information filed by Mr. Nombre112356 in the year 1970 as granted. Regarding the application of the provisions of Law No. 3091, we must begin by indicating that Article 261 of the Civil Code of 1888 establishes: \"Public things are those that, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those which everyone can utilize by being delivered to public use. All other things are private and subject to particular ownership, even if they belong to the State or the Municipalities, who for such a case, as civil persons, are not differentiated from any other person.\" Meanwhile, Article 262: \"Public things are outside of commerce; and they may not enter into it, as long as it is not legally disposed so, separating them from the public use to which they were destined.\" Thus, pursuant to said articles, assets are classified as public and private, the former being those that are by Law assigned to any service of general utility, and as an immediate result, these assets are outside the commerce of men, that is, they are inalienable, which means they cannot be acquired by any means in favor of a private individual. Subsequently, the State-Legislator in Article 41 of the \"Organic Law of the Board of Port Administration and Economic Development of the Atlantic Slope (Japdeva), Law No. 3091 of February 18, 1963 ordered: \"In addition to its ordinary and extraordinary assets and income, the following are property of Nombre415: ...(...) b) All State lands located in the area enabled by navigable canals, comprised within an area of ten kilometers from the sea inward, parallel to both sides of the rivers and canals administered by the Board.\" Thus, all lands located within the limits indicated in this Law became part of a State Institution as of the month of February 1963, and therefore excluded from the commerce of men, meaning that after that date, no person could validly claim ownership over a portion of land located within said limits. Thus, due to the characteristics of the Law, namely its generality and power, it applies to everyone and must be respected by everyone from its entry into force, and no one can acquire rights contra legem, nor allege ignorance of it according to Article 129 of the Political Constitution, hence the argument of the counterclaim defendants questioning the provisions of Article 41 of the Organic Law of Nombre415 and its application to the case of the Possessory Information processed by Mr. Nombre112356 before the Second Civil Court of Contentious-Administrative must be rejected. Consequently, after the entry into force of Law No. 3091 of February 18, 1963, no land could have been registered through possessory information proceedings, unless it had been proven that its occupation had occurred 10 years prior to the entry into force of that Law, i.e., between 1953 and 1963. It must also be further elaborated that the Costa Rican State, in protection of the environment, granted in Articles 18, 19, and 28 of the \"Forestry Law\" (Ley Forestal) No. 4465 of November 25, 1969, special protection over the Forest Heritage of the State (Patrimonio Forestal del Estado). Its Article 18 ordered: \"The Forest Heritage of the State is constituted by the National Reserves, Forest Reserves, National Parks, State Forest Nurseries, Protective Zones, and Biological Reserves.\" Its Article 19: \"The following are affected by the purposes of this law, all forests and forest lands located in: a) The lands considered as National Reserves; and b) The rural properties of the private domain of the State, those belonging to municipalities and autonomous and semi-autonomous institutions.\" Thus, the lands contemplated within the limits established by Law No. Placa20221 as property of Nombre415, were subject to more intense protection, insofar as those lands had forest aptitude (aptitud forestal), and Article 28 of the same regulatory body classified them as part of the \"Forest Heritage of the State\" (Patrimonio Forestal del Estado). In turn, Law No. 7174 \"Forestry Law\" (Ley Forestal) of June 28, 1990, stated in its Article 32: \"The forest heritage of the State is constituted by all forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration.\" Meanwhile, Article 33) \"The forest lands and forests that constitute the forest heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be unattachable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor, and the State's action for replevin over these lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through possessory information; their invasion and occupation shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law ... of forest aptitude, shall be automatically incorporated into the forest heritage of the State.\" Finally, the \"Forestry Law\" (Ley Forestal) No. 7575 of March 16, 1996, ordered in its Article 13): \"Constitution and Administration The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. When appropriate, through the Attorney General's Office, it shall register the lands in the Public Property Registry as individualized properties owned by the State. Non-governmental organizations that acquire real estate with forest or of forest aptitude (aptitud forestal), with funds from donations or the public treasury, which have been obtained in the name of the State, must transfer them to its name. And Article 14): \"Unattachable and Inalienable Condition of the Natural Heritage The forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be unattachable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor, and the State's action for replevin over these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through possessory information, and both the invasion and the occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.\" Thus, the regulations protecting the Forest Heritage of the State since the year 1969 included within said assets, the lands of forest aptitude (aptitud forestal) belonging to the central State and its decentralized institutions, as were the lands transferred by Law to Nombre415. Note that according to the certificate of the National Geographic Institute (IGN) No. DG-IGN-RN-2013-061, of October 4, 2013, it concluded that according to the location of the lands contained in plans 7-1584-1971, 7-1585-1971, and 7-1586-1971 on the Moín topographic sheet, scale 1:50,000, the area has vegetative cover of the wetland type (Yolillal) according to the corresponding symbology. Thus, the state protection of this type of vegetation took effect from the entry into force of the Law, and not from the registry inscription of the property owned by Nombre415. And the counterclaim defendants allege that the property established in Law 3091 was registered only on June 8, 2001, and that it is from that date that it takes effect against third parties, a criterion that the Chamber does not share, since the principle of registry inmatriculation (inmatriculación registral) governs public domain assets, as they are part of public property, and what the Law provides regarding them must be mandatorily applied, regardless of whether they are registered or not in the Public Registry. Thus, it is clear that the provisions of the Organic Law of Nombre415 in its Article 41.b) and the Forestry Law and its reforms, are applicable in all their respects to the lands included in Law 3091, since 1963, as they constitute an asset owned by a State institution. The second argument of the counterclaim defendants focuses on the validity of the possessory information, maintaining that the possession of Mr. Nombre112358 added to that of the promoter Nombre112356 exceeded the 10 years, a requirement for the registration of the ownership of the Limón property, registration number Placa20209, to proceed. Upon a complete review of the file of the Possessory Information proceeding, it is proven that the promoter filed the written petition dated July 30, 1970, and regarding the ten-year possession, stated that \"this has been quiet, public, peaceful, uninterrupted, and as owner, consisting of the physical tenure of the property under my control and enjoyment as did the one who sold it. (See images 462 and 463 of the digital judicial file). Subsequently, within the proceedings, Mrs. Nombre112359, Mr. JOSÉ JAIME LOBO CORDERO, Mr. Nombre112360, and Mr. FRANCISCO URBINA BERMÚDEZ appeared as witnesses, and all generally indicated that the possession of Mr. Nombre112358 and Nombre112356 was for more than 10 years. (See images 515, 534, 535, 544, and 545 of the digital judicial file) and finally, by ruling at 17:00 hours on May 9, 1972, the Second Civil Court of Contentious-Administrative and Civil Treasury, considered it proven that the applicant possessed the indicated real estate for more than 10 years in a public, peaceful, uninterrupted manner, and as owner, and declared the possessory information granted and ordered its registry inscription, remaining registered under Registration No. 14718-000 of the Limón Registry. (See images 549 and 550 of the digital judicial file). Note that in the year 1970, possession was alleged over a property that, pursuant to Law No. 3091, since the year 1963 had become part of the heritage of an Autonomous State Institution and with special protection pursuant to the 1969 Forestry Law for having forest aptitude (aptitud forestal). Thus, as of 1963, the possession of the applicant could not be validated, and subsequently, it was not proven that the 10 or more years they claimed to have possessed the property were between the years 1953 and 1963. Therefore, when he processed the possessory information, he could not exercise possession in good faith, as the property belonged to Nombre415 by law, and by not proving that the possession was for 10 years but between 1953 and 1963, usucapion (usucapión) could not exist either, which makes it possible to annul a registry title at any time, when it has been created to the detriment of the State and affects a public domain asset, since in these cases the property is imprescriptible, inalienable by private individuals, being more a ground for absolute nullity, and is even declarable ex officio (Article 837 of the Civil Code). In that context, if there is no valid possession as of 1963 and no possession whatsoever was proven between the years 1953 and 1963, the validity cannot be qualified, much less the effectiveness of a spurious title, without real material content, since there has really been no useful ad usucapionem possession by the counterclaim defendants, neither before nor after the registration of the property title in the Public Registry. The Court reaches this conviction because the witnesses who testified in the possessory information, namely, Nombre112359, Mr. JOSÉ JAIME LOBO CORDERO, Mr. Nombre112360, and Mr. FRANCISCO URBINA BERMÚDEZ, their statements are not consistent with the possession of Mr. Nombre112358 and Nombre112356 over the property to be titled occurring between 1953 and 1963. Finally, the representation of the company Grupo de Inversiones Rajpal S.A. alleged in the response to the counterclaim that this is a company that, although Costa Rican, belongs to a Canadian citizen who has the right to benefit from the \"Agreement for the Protection of Investors signed by Canada and Costa Rica\" approved by Law No. 7870 of May 5, 1999, without indicating further details of the said Agreement regarding the protection it claims with respect to the business activity of Sociedad Inversiones Rajpal S.A. However, upon reviewing the said Agreement, we find that in its Article 8) Expropriation it states: \"1.- Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having an effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as \"expropriation\") in the territory of the other Contracting Party, except for reasons of public interest, under due process of law, in a non-discriminatory manner and against prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall be based on the fair market value of the expropriated investment immediately before the expropriation or at the time the proposed expropriation became public knowledge, whichever occurs first. This compensation shall be payable: a) in Canada, from the date of expropriation with interest at a normal commercial interest rate; b) in Costa Rica, from the date of dispossession in accordance with Article 11 of the Expropriation Law No. 7495 of May 3, 1995 (hereinafter referred to as the \"Expropriation Law\"), with interest at the average deposit interest rate prevailing in the national banking system, without delay and shall be effectively realizable and freely transferable. The valuation criterion for determining the fair market value shall include the going concern value, the asset value including the declared tax value of tangible property, and other criteria, as appropriate, including, in the case of Costa Rica, Article 22 of the Expropriation Law. 2.- The affected investor shall have the right, under the legislation of the Contracting Party making the expropriation, to a prompt review, by a judicial authority or other independent authority of that Party, of its case and of the valuation of its investment in accordance with the principles stipulated in this Article. 3.- The provisions of this Article shall be applicable to tax measures unless the competent tax authorities of the Contracting Parties, within a period not exceeding six months after receiving notification from an investor challenging a tax measure, jointly determine that the measure in question does not constitute an expropriation.\" However, in the opinion of this Chamber, as indicated supra, in the present case we are not facing the factual scenario contemplated in the indicated norm, namely, an expropriation, since the counterclaim revolved around the nullity of a registry entry of a property generated in a possessory information from the year 1970, over a property that since the year 1963 belonged by Law No. 3091 to Nombre415 and since 1969 protected regarding the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), without the applicant of the possessory information having proven compliance with the ten-year occupation between 1953 and 1963. Thus, it is reiterated, it was not a matter of an expropriation over a legally protected property right. A corollary of the foregoing is to uphold the counterclaim and order the nullity of what was ordered in the judgment of the Second Contentious-Administrative and Civil Treasury Court of 17:00 hours on May 9, 1972, and consequently the nullity of entry 1 of volume 2098, folio 457 of property number 14718 of the Province of Limón; the nullity of entry 2 of Volume 2098, Folio 457 of property number 14718 of the Province of Limón, according to which said property was registered in the name of the company Mis Dos Amores, S.A.; the nullity of entry 3 of Volume 2098, Folio 457 of property number 14718 and entries 1 through 6, volumes 333 and 346 of the Real Estate Registry of the Province of Limón, according to which part of said property was registered in the name of the company Dalanyo S.A.; and the nullity of the registration of property number 14718-000 of the Limón Registry in favor of Inversiones Rajpal, S.A., entry 14340, volume 362 of the Real Estate Registry.\n\nVIII.- ON THE LAWSUIT OF SOCIEDAD INVERSIONES RAJPAL S.A.: The representative of the company Grupo de Inversiones Rajpal S.A., legal ID CED88921, claimed substantively the strict liability of the State, alleging that because its represented party had acquired under the protection of publicity of the registry (publicidad registral) based on the validity of the registry title generated by the judgment of the Second Contentious-Administrative and Civil Treasury Court of 17:00 hours on May 9, 1972, and pursuant to the constitutional protection of private property; it be expropriated and its market price paid, which in any case could not be less than one hundred million colones. Pursuant to the foregoing, and given that the counterclaim filed by the State representation was upheld, ordering the cancellation of the registry entry, proceeding to analyze the admissibility of said claim is absolutely sterile because the plaintiff lacks the claimed right, based on what has been ruled.\n\nIX.- ON THE DEFENSES: Regarding the lawsuit, the State representation, Nombre415, and SINAC raised the defense of lack of right, which must be upheld, since the plaintiff Sociedad Inversiones Rajpal S.A. does not have a protectable right based on what was indicated supra. For their part, the counterclaim defendants raised the defenses of prescription (prescripción), expiration (caducidad), lack of active standing, lack of passive standing, and lack of right. The first two were resolved, so it is unnecessary to make any statement in this section. Regarding passive standing, it is clear that the counterclaim defendants, having acquired a property generated from the registry entry that the State representation challenged, are passively legitimated to be sued, and the State representation is legitimated to sue in protection of public domain assets, such as the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). Regarding the lack of right, it should be noted that since, as was indicated throughout this judgment, the legal system supports what was argued and sought by the State representation in its counterclaim, for which reason, the commented defense must be rejected, declaring the counterclaim granted in all its respects, as is hereby ordered.\n\nX.- ON COSTS: Article 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code establishes that procedural and personal costs are imposed on the losing party for the sole fact of being so. The waiver of this condemnation is only viable when, in the judgment of the Court, there is sufficient reason to litigate or when the judgment is issued by virtue of evidence that the opposing party was unaware of. In what the lawsuit was filed by Inversiones Rajpal S.A.\n\nagainst the State, the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the losing party was the plaintiff, and there is no circumstance whatsoever to exempt it from said condemnation; therefore, to that extent, the company named Inversiones Rajpal S.A. is ordered to pay both costs plus interest until their effective payment, which shall be liquidated in the judgment enforcement phase at the request of the interested parties. As to the State's counterclaim against Mr. Nombre112356   ; the company Mis Dos Amores S.A.; and the company Dalanyo S.A., these are ordered to pay both costs, plus interest until their effective payment, the amount of which shall be determined in the judgment enforcement phase at the request of the State's representation.\n\n \n\nTHEREFORE:\n\nWith respect to the counterclaim, the exceptions of expiration (caducidad), statute of limitations (prescripción), lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), and lack of right (falta de derecho) are rejected. Consequently, the counterclaim filed by the State against the company Grupo de Inversiones Rajpal S.A., Mr. Nombre112356   ; the company Mis Dos Amores S.A.; and the company Dalanyo S.A. is declared fully granted in all its aspects; therefore, what was ordered in the judgment of the Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda at 5:00 p.m. on May 9, 1972 is annulled, and consequently, entry No. 1 of volume 2098, folio 457 of property number 14718 of the Province of Limón; entry No. 2 of Volume 2098, Folio 457 of property number 14718 of the Province of Limón, according to which said property was registered in the name of the company Mis Dos Amores, S.A.; the nullity of entry No. 3 of Volume 2098, Folio 457 of property number 14718 and entries 1 through 6, volumes 333 and 346 of the Registro Inmobiliario of the Province of Limón, according to which part of said property was registered in the name of the company Dalanyo S.A.; and the nullity of the registration of property number 14718-000 of the Partido de Limón in favor of Inversiones Rajpal, S.A., entry No. 14340, volume 362 of the Registro Inmobiliario. Once this judgment becomes final, let the Registro Público take note for its corresponding purposes. With respect to the claim filed by the company named Inversiones Rajpal S.A. against the State, the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the exception of lack of right is upheld, and consequently, the claim is dismissed in all its aspects. Both procedural costs plus interest until their effective payment are to be borne by Inversiones Rajpal S.A. insofar as its claim was filed against the State, the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, which shall be liquidated in the judgment enforcement phase at the request of the interested parties. As regards the State's counterclaim, both procedural costs plus interest until their effective payment are to be borne by Mr. Nombre112356   ; the company Mis Dos Amores S.A.; and the company Dalanyo S.A., the amount of which shall be determined in the judgment enforcement phase at the request of the State's representation. LET IT BE NOTIFIED. Iván Salas Leitón, Elías Baltodano Gómez and Felipe Córdoba Ramírez, Judges.\n\n \n\n \n\n\n\n\n\n- Verification Code -\n*AZ5TDYNDR0U61*\nAZ5TDYNDR0U61\n\n\n\n \n\nDocument signed by:\n\nJOSE IVAN SALAS LEITON, TRIAL JUDGE\nELIAS BALTODANO GOMEZ, TRIAL JUDGE\nFELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, TRIAL JUDGE\n\n \n\nClassification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:58:56.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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