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  "id": "nexus-sen-1-0034-1021640",
  "citation": "Res. 00198-2021 Tribunal Agrario",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Aprovechamiento de madera de árbol derribado en zona de protección hídrica",
  "title_en": "Use of timber from tree felled in water protection zone",
  "summary_es": "El Tribunal Agrario revisa una sentencia que ordenó el derribo de un cedro por peligro inminente, pero negó a la propietaria el aprovechamiento de la madera por ubicarse en zona de protección hídrica. La mayoría revoca esa negativa y reconoce el derecho de la actora a aprovechar la madera, sujeto a permisos legales, al considerar que el árbol es parte de su propiedad y que las limitaciones ambientales no impiden ese uso. La jueza Alpízar salva el voto por estimar que el sumario de derribo solo autoriza la corta por peligro, y que el aprovechamiento de madera en propiedad privada no requiere autorización judicial, sino cumplir con la normativa forestal.",
  "summary_en": "The Agrarian Court reviews a ruling that ordered the felling of a cedar tree due to imminent danger but denied the owner the right to use the timber because the tree was located in a water protection zone. The majority revokes that denial and recognizes the plaintiff's right to use the timber, subject to legal permits, considering that the tree is part of her property and that environmental limitations do not preclude such use. Judge Alpízar dissents, arguing that the summary proceeding only authorizes felling for danger, and that the use of timber on private property does not require judicial authorization, only compliance with forestry laws.",
  "court_or_agency": "Tribunal Agrario",
  "date": "04/03/2021",
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    "forestry-law-7575"
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    "aprovechamiento de madera",
    "zona de protección hídrica",
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    "Art. 33 Ley Forestal"
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    "Ley Forestal 7575"
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    "Forestry Law 7575"
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  "excerpt_es": "En su lugar se reconoce a la parte actora el derecho de aprovechar la madera que se obtenga del árbol que se autoriza derribar ubicado en [Dirección2], [Dirección7]; mediando la debida obtención y cumplimiento de los permisos y requisitos legales para tal fin, así como el seguimiento de las medidas de seguridad necesarias en el proceso de derribo, transporte y comercialización. Hay voto salvado de la jueza Alpízar Rodríguez.\n\nVoto salvado de la jueza Alpízar Rodríguez: ... El proceso de derribo tiene por fin determinar si un árbol o construcción, por su mal estado, constituye un peligro inminente de caída que afecte la vida y seguridad de las personas, su patrimonio o bienes de naturaleza pública ... Aspectos como si procede o no otros alcances del aprovechamiento (por ejemplo utilización de la madera que como recurso se puede extraer del árbol cuestionado), escapan al fin y objeto del proceso.",
  "excerpt_en": "Instead, the plaintiff is recognized the right to use the timber obtained from the tree authorized to be felled located at [Address2], [Address7]; subject to the proper obtainment and compliance with the legal permits and requirements for that purpose, as well as the observation of the necessary safety measures in the process of felling, transport and commercialization. There is a dissenting vote by Judge Alpízar Rodríguez.\n\nDissenting vote of Judge Alpízar Rodríguez: ... The purpose of the felling proceeding is to determine whether a tree or construction, due to its poor condition, constitutes an imminent danger of falling that affects the life and safety of persons, their property or public assets ... Matters such as whether or not other scopes of use are appropriate (for example, use of the timber that can be extracted from the tree in question) fall outside the purpose and object of the proceeding.",
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    "summary_en": "The denial of timber use is revoked and the plaintiff's right to use the timber is recognized, with a dissenting vote disagreeing on the appropriateness of judicial authorization.",
    "summary_es": "Se revoca la negativa de aprovechamiento de la madera y se reconoce el derecho de la actora a aprovecharla, con voto salvado que discrepa sobre la procedencia de la autorización judicial."
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      "quote_es": "En su lugar se reconoce a la parte actora el derecho de aprovechar la madera que se obtenga del árbol que se autoriza derribar... mediando la debida obtención y cumplimiento de los permisos y requisitos legales para tal fin."
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      "quote_es": "El proceso de derribo tiene por fin determinar si un árbol o construcción, por su mal estado, constituye un peligro inminente de caída... Aspectos como si procede o no otros alcances del aprovechamiento... escapan al fin y objeto del proceso."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00198 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 04 de Marzo del 2021 a las 15:45\n\nExpediente: 20-000239-0391-AG\n\nRedactado por: Magda Díaz Bolaños\n\nClase de asunto: Proceso interdictal\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Proceso sumario agrario de derribo\nSubtemas:\nFundamento normativo para otorgar autorización para aprovechar la madera de la corta del árbol.\nTipo de contenido: Voto salvado\nTemas (descriptores): Proceso sumario agrario de derribo\nSubtemas:\nAlcances e imposibilidad de otorgar autorización para aprovechar la madera de la corta del árbol.\n\nTemas estratégicos: Ambiental\n\nSentencias en igual sentido\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\nEXPN1 - 7\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nINTERDICTO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\n[Nombre1] \n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\n[Nombre1] \n\n \n\n   \n\nVOTO N° 000198-F-2021\n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil veintiuno.\n\n SUMARIO DE DERRIBO establecido por [Nombre1]  , mayor, en unión libre, ama de casa, vecina de Santa Cruz, cédula de identidad número CED1 -     -  ; contra IGNORADO. Interviene en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por la procuradora adjunta Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número CED2 -     -  . Actúa como defensor público agrario de la parte actora el licenciado Oscar José Cerdas Fonseca. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste.\n\n Redacta la jueza Díaz Bolaños ; y,\n\n CONSIDERANDO:\n\n I. La parte actora planteó proceso de sumario de derribo, para que en sentencia se: \" ...1- Declarar CON LUGAR la presente demanda sumaria en todos sus extremos, y se autorice el derribo del árbol de CEDRO objeto de este asunto. 2- En caso de no autorizar la corta ó derribo del árbol, se otorgue la autorización para cortar las ramas que representen mayor peligro y así quitarle peso para evitar que este caiga. 3- Se autorice a la actora como propietario del terreno, el aprovechamiento de la madera de la corta resultante a mi conveniencia, por ser el mismo accesorio a mi derecho de propiedad..,\" (Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Santa Cruz, en Bandeja de Escritos, archivo del 19/11/20 de las 3:21:02 p.m.).\n\n II. Se le dio traslado a la Procuraduría General de la República del presente proceso, quien se apersonó al mismo, (Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Santa Cruz, en Bandeja de Escritos, archivo del 19/11/20 de las 3:21:02 p.m.).\n\n III. El juez José Joaquín Piñar Ballestero, del Juzgado Agrario de Santa Cruz, mediante sentencia número 10-2021 de las quince horas cuarenta y dos minutos del once de enero de dos mil veintiuno, resolvió: \"Razones expuestas, artículos 26, 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria; 108.1, 108.2 y 108.3 del Código Procesal Civil, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda, establecida por [Nombre1]  , contra IGNORADO, se dice \" parcialmente por cuanto no se le concede lo relativo al aprovechamiento del árbol al encontrarse el mismo tal y como lo afirma el informe del Minae \" dentro de zona de protección hídrica de la “[Dirección1] ”, pues según la Ley Forestal en el artículo 33, el área de protección de cauces de dominio público en áreas rurales es de 15 metros de ancho en cada margen del mismo, por lo que la madera producto de la corta deberá donarsele (sic) a la Junta de Educación de la escuela mas (sic) cercana , por lo que se autoriza la corta de el árbol de CEDRO objeto de este asunto, y reponer dicho árbol con otros de variedades más bajas y menos riesgosas como naranjos y mangos injertados, corriendo los eventuales riesgos que implique tal labor a cargo de la parte actora. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas. Se le hace saber a las partes el derecho que les asiste de recurrir este fallo en caso de inconformidad,” (Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Santa Cruz, en Documentos Asociados, archivo del 11/1/21 de las 15:42:10 p.m.).\n\n  IV. Se comparte el hecho probado contenido en la sentencia por ser conforme a los autos. En esta instancia de esa naturaleza se adicionan los siguientes: 2) La especie forestal objeto de proceso es de la especie Cedro – Cedrela odorata, con una altura total de 23 metros, ubicado en la [Dirección2] , [Dirección3]  (informe técnico del MINAE agregado en carpeta de escritos del 03/12/2020 10:27:45). 3)   El árbol descrito en el hecho anterior se ubica en la finca del partido de Guanacaste número 200090-000 inscrito a nombre de [Nombre1]   (informe técnico del MINAE agregado en carpeta de escritos del 03/12/2020 10:27:45, certificación registral en misma ubicación anterior, escrito de demanda cuadro 5, del 19/11/2020 03:21:02).\n\n V. Se apela la sentencia de las 15 horas 42 minutos del 11 de enero de 2021 donde se acogió parcialmente el sumario de derribo; ordenó el derrumbamiento del árbol de cedro, y rechazó en lo concerniente a aprovechamiento de la especie forestal a la actora (escritorio virtual del Juzgado Agrario, carpeta de documentos asociados del 11/01/2021 15:42:10). El recurso es firmado por el defensor público agrario de la actora el letrado Oscar Cerdas Fonseca. Impugna en cuanto al aprovechamiento, porque en la sentencia se hace referencia al informe del Ministerio de Ambiente y Energía, en cuanto la especie forestal se ubica dentro de la zona de protección hídrica de la [Dirección4] , y ordena la donación de la madera a la Junta de Educación de la escuela más cercana. Estima su representada puede aprovechar la madera porque el oficio del MINAE número ACT-OSRSCC-1286-2020 se refirió a una limitación legal de la Administración Forestal del Estado para otorgar permisos para la tala de árboles por estar dentro de la zona de protección. Referente al trámite administrativo, pero en vía judicial sí se puede resolver sobre la corta del árbol y el aprovechamiento, dado se refiere a una parte del derecho de propiedad de la actora.  Califica de razonable la solicitud de derribo por la peligrosidad que representa, el peligro inminente lo cual fue comprobado con el criterio técnico. Explica, la ley regula y autoriza el trámite de derribo según los numerales 311 del Código Civil y 108.1 del Código Procesal Civil; por esa razón no hay obstáculo para aprovechar la madera y así sufragar los gastos de la corta considerando es una persona de escasos recursos económicos. Pide se autorice el aprovechamiento. Agravia, se debe permitir el disfrute de la especie forestal porque es parte de su derecho de propiedad privada. Cita los artículos 505 y 506 del Código Civil donde se regula el derecho de propiedad no se limita a la superficie de la tierra sino se extiende a lo que está sobre la superficie y toda plantación o obra pertenece al propietario y el árbol esta dentro del terreno de la actora. Califica de accesorio a su derecho de propiedad, por esa razón se debe autorizar el aprovechamiento porque se le perjudica con lo decidido (escritorio virtual, carpeta de escritos, 14/01/2021 11:31:01).\n\n VI. En el subjúdice, la especie forestal objeto de proceso es de la especie Cedro – Cedrela odorata, con una altura total de 23 metros, ubicado en la [Dirección2] , [Dirección5] . Por otra parte, se tiene por demostrado el árbol se ubica dentro de la zona de protección hídrica de la quebrada Indios y existe recomendación técnica para la tala definitiva, porque se encuentra en un suelo inestable.  La oficina del  Sistema Nacional de Áreas de Conservación Tempisque, Subregional Santa Cruz -Carrillo mediante oficio número ACT-OSRSCC-1286-2020 del 03 de diciembre de 2020 (agregado en carpeta de escritos del 03/12/2020 10:27:45) reportó hizo visita al sitio el 02 de diciembre de 2020.  Describió un árbol en senectud, con ramas que se desprende y presenta abultamiento en el fuste lo cual es producto de agentes patógenos que lo atacan. Se expresó, pronto lo llevaran a la muerte en pie o por acción del viento puede caer. Calificó de altamente probable la raíz pivotante ya haya muerto. Agregó en cuanto a la ubicación se encuentra dentro de zona de protección hídrica de la “[Dirección6] ”. En conjunto formuló observaciones y recomendaciones así: “El árbol no tiene una inclinación definida, pero está cimentado sobre un tipo de suelo aluvial muy inestable que podría facilitar su caída en cualquier momento. De producirse una caída hacia la casa de habitación, la destruiría por completo. La edificación se ubica fuera de área de protección hídrica. 6. RECOMENDACIONES: La tala total es una solución definitiva\". En este asunto, dada la visita el órgano técnico y por la urgencia se prescindió del reconocimiento judicial a petición de la parte promovente (escrito del 07/01/2021, resolución del 07 de enero de 2021 de las 15 horas 39 minutos ubicado con esa misma fecha en carpeta de documentos asociados).  Sumado a lo anterior, la especie forestal se ubica en la finca del partido de Guanacaste número CED3 inscrito a nombre de [Nombre1]  , de acuerdo con el informe técnico ya citado del MINAE agregado en carpeta de escritos del 03/12/2020 10:27:45, certificación registral en misma ubicación anterior, escrito de demanda cuadro 5, del 19/11/2020 03:21:02. En aras de dilucidar el punto objeto de apelación es de relevancia citar lo analizado por esta Cámara concerniente al destino del aprovechamiento de la madera producto de los derribos de especies forestales: “...Al efecto, estima el Tribunal sí existen ideas contradictorias y confusas en la sentencia. Respecto a la legislación aplicable, efectivamente, no existe norma alguna que directamente justifique la decisión tomada y emitida por el juzgador. Tan es así que en la sentencia no se cita artículo alguno que lo justifique. Se cita en la resolución que rechaza la aclaración y adición el artículo 65 de la Ley Forestal 7575 porque es mencionado por el representante del Estado en el recurso de apelación en estudio, incoado ante la denegación de tales peticiones. El Procurador indica, esa norma no es aplicable porque se refiere a procesos penales en los que se conozca de ilícitos, siendo una situación diferente a la planteada en este proceso. Al respecto debe señalarse, la norma en mención dispone literalmente: “ARTÍCULO 65.- Remate de productos decomisados. Las infracciones de esta ley se denunciarán ante la autoridad judicial competente y, si se decomisa madera u otros productos forestales, la referida autoridad, previo avalúo realizado por la Administración Forestal del Estado, los rematará en subasta pública, dentro de un plazo no mayor de un mes contado a partir de la fecha en que se interpuso la denuncia.  Esos productos forestales no podrán subastarse por un valor menor al fijado por la Administración Forestal del Estado. Si transcurrido ese plazo, no se ha rematado la madera o los recursos forestales, cualquier persona podrá aprovecharlos, previo depósito, en el Tribunal, del valor asignado por la Administración Forestal. El producto del remate se depositará en la cuenta de la autoridad judicial correspondiente, mientras se define el proceso respectivo. Si el indiciado resulta absuelto, se le entregará el dinero; en caso contrario, el cincuenta por ciento (50%) le corresponderá a la Administración Forestal del Estado y el otro cincuenta por ciento (50%), a las municipalidades del lugar donde se encuentre el fundo del cual se extrajo la materia prima o donde se ubique la industria o a la asociación de indígenas, si es una en reserva indígena, para destinarlo al desarrollo de proyectos forestales; todo sin perjuicio de las responsabilidades penales que se determinen para los infractores. Se autoriza al Ministerio del Ambiente y Energía para que, por medio de la Administración Forestal, done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que los propietarios sean desconocidos. También donará la decomisada, una vez firme la sentencia condenatoria, y que no haya sido adjudicada en remate ni solicitada por persona alguna con los requisitos de ley. El Ministerio de Educación Pública destinará esa madera a fabricar mobiliario o reparar infraestructura en escuelas y colegios públicos o utilizarla como materia prima en las asignaturas de ebanistería, torno, carpintería y otras que impartan escuelas y colegios estatales. (Así adicionados estos dos últimos párrafos por el artículo 1, inciso b), de la ley No. 7609 de 11 de junio de 1996).” De la lectura de la norma se desprende que efectivamente, no ofrece una solución específica para el caso concreto, ventilado en sede interdictal, pues está referido a madera decomisada producto de ilícitos. No obstante, ante la ausencia de normativa que de solución a este caso, tanto en la Ley de Jurisdicción Agraria como en los artículos 474 al 476 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente. Ante esa situación, y existiendo una norma referida al destino y aprovechamiento de árboles, aunque esté referida a ilícitos, es aplicable analógicamente. Al respecto, el artículo 12 del Código Civil señala: “Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante en el que se aprecie identidad de razón, salvo cuando alguna norma prohíba esa aplicación.”; sin que exista norma alguna en la Ley de Jurisdicción Agraria que prohíba la aplicación analógica. El artículo 65 citado, en lo que a este caso interesa, en caso de que la madera se decomise, delega la valoración y subasta de la madera u otros productos forestales a la Administración Forestal del Estado, para lo cual le confiere un plazo no mayor de un mes. En este caso, la madera no está decomisada pues conforme a la información que consta en el expediente, está pendiente de tala. En la sentencia no se dio un plazo para la corta de los cinco árboles de laurel, omisión que debe llenarse para que el fallo sea ejecutable y se administren los riesgos que la caída de los mismos podrían generar; sin embargo se indicó, una vez talados, el Ministerio debía proceder a valorarlos, labor que estima el Tribunal es consustancial a las funciones dadas por ley al mismo, al estar integrado por funcionarias y funcionarios expertos en la temática. La norma señala además, los bienes deben rematarse en subasta pública dentro del plazo de un mes, por el monto fijado por el Ministerio; y sólo en caso de que no se logre rematar la madera o los recursos forestales, cualquier persona podrá aprovecharlos, previo depósito, en el Tribunal, del valor asignado por la Administración Forestal. En este caso, como el producto forestal no deriva de un acto ilícito, sino de una medida preventiva, la posibilidad de aprovecharlos por cualquier persona cede ante la prioridad que debe darse a la parte demandante, pues los árboles están ubicados en una propiedad en posesión del señor [Nombre2] , de manera tal que es éste quien puede aprovecharlos tomando las medidas de prevención respectiva, en el entendido de que el valor de esos recursos forestales debe destinarse por parte de éste a la recuperación del área que resulte afectada con la eliminación de esos árboles, la cual necesariamente debe hacerse por parte del señor [Nombre2] en coordinación con las personas expertas que designe la Oficina Regional del Ministerio de Ambiente y Energía., pues al ser una zona de protección, deben sembrarse árboles endémicos o nativos de ésta, de manera tal que no debe dejarse abierta la posibilidad del demandante de sustituir los árboles de laurel que serán talados por cualquier otra especie, sino solo por aquellas que dispongan el Ministerio referido. La norma plantea el supuesto, ajeno a este proceso, de que si la persona resulta absuelta del ilícito, se le entregará el dinero producto del avalúo, de lo contrario, el 50% del monto le corresponderá a la Administración Forestal del Estado y el otro 50% a la Municipalidad del lugar donde se encuentre el fundo para destinarlo al desarrollo de proyectos forestales; de igual forma, se autoriza al Ministerio del Ambiente y Energía para que, por medio de la Administración Forestal, done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que las personas propietarias sean desconocidas. En este caso, no se está en presencia de productos forestales vinculados con un ilícito como para asumir distribuir el valor de éstos en un 50% a la Administración Forestal del Estado y el otro 50% a la Municipalidad. En relación con la participación de centros de enseñanza, la norma permite que el Ministerio del Ambiente y Energía done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que los propietarios sean desconocidos; y permite la donación de madera decomisada, una vez firme la sentencia condenatoria, y que no haya sido adjudicada en remate ni solicitada por persona alguna con los requisitos de ley. En este caso, no se está en presencia de un desastre natural, pues el objetivo del proceso es su prevención, ni de ampliación de carreteras; y aunque tales supuestos podrían asimilarse al caso en concreto, dista el supuesto señalado por la norma en el hecho de que supone, la persona propietaria del bien donde están los árboles sea desconocida. En este caso, el demandante aportó certificación registral en la que consta es el titular registral del fundo; y aunque en procesos interdictales no es posible referirse a aspectos vinculados con el derecho de propiedad conforme lo prevé el artículo 457 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, el dato resulta de particular interés para determinar si los recursos forestales están dentro del terreno del demandante, descartando con ello que sea desconocida la persona dueña del fundo donde están los árboles. Ahora bien, debe agregarse, la asignación de recursos forestales al Ministerio de Educación Pública producto de ilícitos o en general, de cualquier proceso judicial, debe hacerse conforme a los fines dispuestos en la norma, es decir, para que la madera se destine a “fabricar mobiliario o reparar infraestructura en escuelas y colegios públicos”, y no simplemente pretender asignarle recursos económicos producto de los árboles sin un fin específico o sin un destino concreto, como bien lo advierte el representante estatal. De lo transcrito, concluye el Tribunal, la sentencia no es clara; sin embargo, no podría considerarse está viciada de nulidad …. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 50 de la Constitución Política; 6 inciso g), 31, 49 y 65 de la Ley Forestal 7575; 12 del Código Civil; 474 al 476 del Código Procesal Civil; y 1, 6, 26, 54 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria; deberá revocarse la sentencia en la parte en que dispone donar los productos forestales específicamente a la Escuela de Iroquois de Guácimo y exige al demandante pagar el valor de los productos forestales que establezca el Ministerio de Ambiente y Energía. En lo demás, objeto de apelación, deberá confirmarse la sentencia en lo atinente a la autorización que se da al señor [Nombre2]   para que a partir de la firmeza de esta resolución, extraiga los cinco árboles de laurel objeto de la litis, en cuyo caso deberá tomar las medidas técnicas preventivas y precautorias que sean necesarias a fin de no causar daños a personas o bienes. El Ministerio de Ambiente y Energía deberá tomar las medidas preventivas necesarias y controlar que el proceso de tala de los árboles de laurel se ejecute cumpliendo con las disposiciones de la Ley Forestal; y una vez realizada la corta, dicha Oficina procederá al avalúo de los productos forestales mencionados. El demandante podrá aprovechar la madera, sin necesidad de depósito alguno al encontrarse los árboles dentro de la finca inscrita a su nombre, en cuyo caso, el Ministerio de Ambiente y Energía debe otorgarle los permisos de transporte, procesamiento u otros que sean necesarios, para su aprovechamiento …“. En el caso en estudio, se determinó por el juez en el reconocimiento judicial y el informe del MINAE brindado al efecto, que los árboles se sitúan donde ya fue descrito. Y la actora de forma responsable ha acudido a solicitar los permisos respectivos de las especies forestales ubicados dentro de su terreno. Acatando por su parte los procedimientos y trámites para el derribo que se aprobó técnicamente dado el peligro inminente. Se estima, esa especie es parte de su fundo acorde con lo dispuesto en el artículo 505 y 506 del Código Civil. En ese orden de ideas, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto en el Voto 2007-10578 del 25 de julio del 2007 el contenido del derecho de propiedad de la siguiente forma: “El derecho de propiedad tiene un contenido esencial que la Sala ha definido como la facultad de disfrutar y usar el bien para provecho personal (propiedad privada) o para utilidad pública (propiedad pública). Por ello, so pretexto de imponer determinadas limitaciones de “interés social”, no puede la autoridad pública, sea el Legislador o el Ejecutivo, eliminar uno o varios de sus atributos esenciales. En tal situación, es decir, si las limitaciones impuestas a la propiedad vulneran el contenido esencial del derecho de propiedad, el propietario tiene derecho a ser indemnizado por ello. En este sentido, la Sala ha señalado: “Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o no haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien”. (sentencia N° 2345-96).” Debido a lo explicado, se determina que lo regulado en cuanto a otorgar el producto maderable a las Juntas de Educación es cuando proviene de una situación totalmente diferente a la generada por el derribo de un árbol porque implica peligro a la vida humana. Se suma al criterio anterior, lo indicado en el Código Civil tocante a lo que comprende el derecho de propiedad.  Esta situación no varía porque las especies se ubiquen en zona protectora, pues las limitaciones existentes de carácter ambiental son sobre la explotación, pero de manera alguna se puede ampliar a la utilización de los árboles en los supuestos aquí analizados. Lo anterior es parte del derecho de uso, disfrute y aprovechamiento de su fundo y sus productos así como la facultad de encontrar uso comercial a ese recurso de la legislación civil indicada.  Nótese la especie forestal se encuentra dentro de su heredad según la prueba arriba analizada.\n\n VII. De conformidad con los numerales 505 y 506 del Código Civil procederá revocar la pieza apelada únicamente en cuanto, “se dice \"parcialmente por cuanto no se le concede lo relativo al aprovechamiento del árbol al encontrarse el mismo tal y como lo afirma el informe del Minae \" dentro de zona de protección hídrica de la “[Dirección1] ”, pues según la Ley Forestal en el artículo 33, el área de protección de cauces de dominio público en áreas rurales es de 15 metros de ancho en cada margen del mismo, por lo que la madera producto de la corta deberá donarsele (sic) a la Junta de Educación de la escuela mas (sic) cercana”.  En su lugar se reconocerá a la parte actora el derecho de aprovechar la madera que se obtenga del árbol que se autoriza derribar ubicado en [Dirección2] , [Dirección7] ; mediando la debida obtención y cumplimiento de los permisos y requisitos legales para tal fin, así como el seguimiento de las medidas de seguridad necesarias en el proceso de derribo, transporte y comercialización.\n\n VIII. Voto salvado de la jueza Alpízar Rodríguez: La suscrita jueza Ruth Alpízar Rodríguez, suscribe pero no comparte el voto de la mayoría, únicamente en cuanto acoge la petitoria que autoriza la corta del árbol objeto del proceso a la parte actora, con base en las siguientes consideraciones: El proceso de derribo tiene por fin determinar si un árbol o construcción, por su mal estado, constituye un peligro inminente de caída que afecte la vida y seguridad de las personas, su patrimonio o bienes de naturaleza pública (numeral 108 Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente). La naturaleza sumaria de dicho proceso limita la discusión y análisis a ese tema, es decir, a si esa obra o árbol, deben ser asegurados (por ejemplo mediante anclajes, soportes, etc.), modificados (como sucede cuando se autoriza la poda de un árbol) o eliminados (derribo de la obra o corta de un árbol por ejemplo), para prevenir una situación dañina, que de no tomarse esas medidas, tiene un alto grado de probabilidad (inminencia) de acontecer en tiempo presente o muy cercano. Aspectos como si procede o no otros alcances del aprovechamiento (por ejemplo utilización de la madera que como recurso se puede extraer del árbol cuestionado), escapan al fin y objeto del proceso. Por ello no se analizan esos aspectos, al no ser realmente un tema que se pueda debatir y para los cuáles deben tomarse en cuenta otras normas y situaciones, como por ejemplo el tipo de especie, si el árbol está o no en propiedad privada, etc. Pero en este caso, además, ese tipo de pretensiones (que van más allá de solo autorizar corta de un árbol), no requieren ser concedidas, por innecesarias. Esto por cuanto, si el árbol está en propiedad privada (perteneciente a la parte actora), quien sea su titular es la persona que conforme al ordenamiento jurídico está facultada para ejercer los atributos del dominio sobre los bienes incorporados al inmueble, salvo disposición legal expresa en contra (numerales 255, 264, 266, Código Civil). Para otros aspectos relacionados con el aprovechamiento de los recursos que se obtienen de un árbol en propiedad privada, salvo norma legal expresa que lo impida (como sucedió por ejemplo, en el 2008, con la veda al aprovechamiento de árboles caídos de la especie almendro amarrillo: dipteryx panamensis) no se requiere entonces autorización de una persona juzgadora (artículo 3 Ley Forestal). Y en caso de que una autoridad administrativa niegue algún permiso al respecto, la persona administrada, de ser ilegal el rechazo, debe plantear los reclamos por la vía pertinente. Por ello, es la parte actora en este proceso, bajo su responsabilidad, quien con respeto del ordenamiento jurídico, debe evaluar si puede o no aprovechar la madera que pudiese extraerse del árbol, porque en este tipo de proceso, como se indicó, lo único que los tribunales podemos analizar y conceder son los aspectos referidos a si, por el mal estado del bien, procede o no su aseguramiento, modificación o derribo. Sobre el tema de la corta y aprovechamiento de los recursos maderables de árboles, en propiedad privada, es importante que la parte actora tenga presente que existen diversos requisitos y trámites dependiendo de si se trata de un árbol: a) individual y plantado; b) individual de regeneración natural; c) si integra una plantación (silvicultura); d) si está en un ecosistema boscoso. El aprovechamiento, incluida la corta, depende de ese tipo de situaciones y otras más. Si está dentro de un sistema boscoso se requieren planes de manejo. En los otros supuestos (terrenos no cubiertos con bosque), existen limitaciones que deben ser respetadas dependiendo de si el árbol fue plantado o es de regeneración natural (numerales 3, 20, 27, 28 y 31 Ley Forestal). Conforme lo explicado, el recurso debe admitirse parcialmente, únicamente para revocar la orden que otorga permite el “aprovechamiento del árbol a la Junta de Educación de la escuela más cercana”. Pero no procede en cuanto a la solicitud de que se autorice al actor ese aprovechamiento, por no ser un aspecto que se pueda determinar en este tipo de proceso ni tampoco una gestión que requiera autorización judicial en el caso concreto. Procede entonces revocar parcialmente lo dispuesto en primera instancia, únicamente en cuanto se dispone “parcialmente por cuanto no se le concede lo relativo al aprovechamiento del árbol al encontrarse el mismo tal y como lo afirma el informe del Minae \" dentro de zona de protección hídrica de la “[Dirección1] ”, pues según la Ley Forestal en el artículo 33, el área de protección de cauces de dominio público en áreas rurales es de 15 metros de ancho en cada margen del mismo, por lo que la madera producto de la corta deberá donarsele (sic) a la Junta de Educación de la escuela mas (sic) cercana”.\n\nPOR TANTO:\n\nEn lo apelado, se revoca la sentencia de las quince horas cuarenta y dos minutos del once de enero de dos mil veintiuno únicamente en cuanto: “se dice \"parcialmente por cuanto no se le concede lo relativo al aprovechamiento del árbol al encontrarse el mismo tal y como lo afirma el informe del Minae \" dentro de zona de protección hídrica de la “quebrada Indios”, pues según la Ley Forestal en el artículo 33, el área de protección de cauces de dominio público en áreas rurales es de 15 metros de ancho en cada margen del mismo, por lo que la madera producto de la corta deberá donarsele (sic) a la Junta de Educación de la escuela mas (sic) cercana”.  En su lugar se reconoce a la parte actora el derecho de aprovechar la madera que se obtenga del árbol que se autoriza derribar ubicado en [Dirección2] , [Dirección7] ; mediando la debida obtención y cumplimiento de los permisos y requisitos legales para tal fin, así como el seguimiento de las medidas de seguridad necesarias en el proceso de derribo, transporte y comercialización. Hay voto salvado de la jueza Alpízar Rodríguez.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\t\n\n\n\n7474TFZ89FX461\n\n[Nombre3]   - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n\n\n\n\n\n0MUHJLVO89G61\n\n[Nombre4]   - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nQJNIPDX6P1K61\n\n[Nombre5]    - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n \n\nEXP: EXPN1\n\nII Circuito Judicial San José, [Dirección8] ,     , [Dirección9]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]\n\n \n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 00:00:43.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**RESOLUTION No. 00198 - 2021**\n\n**Date of Resolution:** March 4, 2021 at 3:45 p.m.\n\n**Case File:** 20-000239-0391-AG\n\n**Drafted by:** Magda Díaz Bolaños\n\n**Type of Case:** Interdictal Proceeding\n\n**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n**Type of Content:** Majority Vote\n**Topics (descriptors):** Summary Agrarian Proceeding for Felling\n**Subtopics:**\nNormative basis for granting authorization to utilize the timber from the tree felling.\n**Type of Content:** Dissenting Vote\n**Topics (descriptors):** Summary Agrarian Proceeding for Felling\n**Subtopics:**\nScope and impossibility of granting authorization to utilize the timber from the tree felling.\n\n**Strategic Topics:** Environmental\n\n**Rulings in the same sense**\n\n**Text of the resolution**\n\n\n\n \n\n \n\n**CASE FILE:**\n\nEXP1 - 7\n\n**PROCEEDING:**\n\nINTERDICTO\n\n**PLAINTIFF:**\n\n[Nombre1] \n\n**DEFENDANT:**\n\n[Nombre1]\n\n \n\n**VOTE No. 000198-F-2021**\n\n \n\n**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At fifteen hours forty-five minutes on March fourth, two thousand twenty-one.\n\n**SUMMARY PROCEEDING FOR FELLING** filed by [Nombre1]  , of legal age, in a common-law union, homemaker, resident of Santa Cruz, identity card number CED1 -     -  ; against UNKNOWN. The PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA appears in the proceeding, represented by the deputy procuradora Susana Fallas Cubero, of legal age, married, attorney, resident of San José, identity card number CED2 -     -  . The attorney Oscar José Cerdas Fonseca acts as the public agrarian defender for the plaintiff. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste.\n\n Judge Díaz Bolaños drafts; and,\n\n**WHEREAS:**\n\n**I.** The plaintiff filed a summary proceeding for felling, seeking a judgment that: \" ...1- DECLARE WITH MERIT the present summary complaint in all its terms, and authorize the felling of the CEDAR tree subject to this matter. 2- Should the cutting or felling of the tree not be authorized, grant authorization to cut the branches that represent the greatest danger and thus lighten it to prevent it from falling. 3- The plaintiff, as the owner of the land, be authorized to utilize the resulting timber from the felling at her convenience, given it is an accessory to her property right…\" (Virtual Desk of the Agrarian Court of Santa Cruz, in Document Tray, file of 11/19/20 at 3:21:02 p.m.).\n\n**II.** The Procuraduría General de la República was given notice of this proceeding, and it appeared (Virtual Desk of the Agrarian Court of Santa Cruz, in Document Tray, file of 11/19/20 at 3:21:02 p.m.).\n\n**III.** Judge José Joaquín Piñar Ballestero, of the Agrarian Court of Santa Cruz, by judgment number 10-2021 at fifteen hours forty-two minutes on January eleventh, two thousand twenty-one, resolved: \"Based on the reasons stated, articles 26, 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria; 108.1, 108.2, and 108.3 of the Código Procesal Civil, the present complaint filed by [Nombre1]  against UNKNOWN is declared PARTIALLY WITH MERIT; it is said \"partially\" because what pertains to the utilization of the tree is not granted, since it is located, as affirmed by the MINAE report, \"within the water protection zone of the “[Dirección1] ”, because according to Article 33 of the Ley Forestal, the protection area for public domain watercourses in rural areas is 15 meters wide on each bank thereof; therefore, the timber product of the cutting must be donated (sic) to the Education Board of the nearest school; therefore, the cutting of the CEDAR tree subject to this matter is authorized, and said tree shall be replaced with others of shorter and less risky varieties, such as orange and grafted mango trees, with any eventual risks that such work entails to be borne by the plaintiff. This matter is resolved without special condemnation for costs. The parties are informed of their right to appeal this ruling in case of disagreement,” (Virtual Desk of the Agrarian Court of Santa Cruz, in Associated Documents, file of 1/11/21 at 15:42:10 p.m.).\n\n**IV.** The proven fact contained in the judgment is shared, as it conforms to the case record. At this instance, the following facts of that nature are added: 2) The forest species subject to the proceeding is Cedar – Cedrela odorata, with a total height of 23 meters, located at [Dirección2] , [Dirección3] (technical report from MINAE added in the documents folder of 12/03/2020 10:27:45). 3) The tree described in the previous fact is located on the property of the Guanacaste registry, number 200090-000, registered in the name of [Nombre1]  (technical report from MINAE added in the documents folder of 12/03/2020 10:27:45, registry certification in the same previous location, complaint document table 5, of 11/19/2020 03:21:02).\n\n**V.** The judgment issued at 15 hours 42 minutes on January 11, 2021, is appealed, which partially granted the summary proceeding for felling; ordered the felling of the cedar tree, and denied the plaintiff the utilization of the forest species (virtual desk of the Agrarian Court, associated documents folder of 01/11/2021 15:42:10). The appeal is signed by the public agrarian defender for the plaintiff, attorney Oscar Cerdas Fonseca. He challenges the decision regarding utilization because the judgment references the report from the Ministry of Environment and Energy, stating the forest species is located within the water protection zone of [Dirección4] , and orders donating the timber to the Education Board of the nearest school. He believes his client can utilize the timber because the MINAE official letter number ACT-OSRSCC-1286-2020 referred to a legal limitation of the State Forest Administration for granting permits for tree felling due to its location within the protection zone. Regarding the administrative procedure, but judicially, the court can rule on the tree cutting and utilization, given it relates to a part of the plaintiff's property right. He deems the request for felling reasonable due to the danger it represents, an imminent danger that was confirmed by technical judgment. He explains that the law regulates and authorizes the felling procedure according to articles 311 of the Código Civil and 108.1 of the Código Procesal Civil; for this reason, there is no obstacle to utilizing the timber and thus covering the costs of the felling, considering she is a person of scarce economic resources. He requests that the utilization be authorized. He argues that enjoyment of the forest species should be allowed because it is part of her private property right. He cites articles 505 and 506 of the Código Civil, which regulate that the right of property is not limited to the surface of the land but extends to what is above the surface, and any planting or construction belongs to the owner, and the tree is within the plaintiff's land. He describes it as an accessory to her property right, and for that reason, the utilization must be authorized because she is harmed by the decision (virtual desk, documents folder, 01/14/2021 11:31:01).\n\n**VI.** In the sub judice case, the forest species subject to the proceeding is Cedar – Cedrela odorata, with a total height of 23 meters, located at [Dirección2] , [Dirección5] . Moreover, it is held as proven that the tree is located within the water protection zone of the Indios stream, and there is a technical recommendation for definitive felling because it is on unstable ground. The office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación Tempisque, Subregional Santa Cruz -Carrillo, through official letter number ACT-OSRSCC-1286-2020 dated December 3, 2020 (added in the documents folder of 12/03/2020 10:27:45), reported having visited the site on December 2, 2020. It described a tree in senescence, with branches that detach and presenting a bulge on the stem, which is a product of pathogenic agents attacking it. It was stated that they would soon cause it to die standing, or it could fall by wind action. It classified it as highly probable that the taproot has already died. It added regarding its location that it is within the water protection zone of the “[Dirección6] ”. The report jointly formulated observations and recommendations as follows: “The tree does not have a defined lean, but it is seated on a type of very unstable alluvial soil that could facilitate its fall at any moment. Should a fall occur towards the dwelling house, it would completely destroy it. The building is located outside the water protection area. 6. RECOMMENDATIONS: Total felling is a definitive solution.” In this matter, given the visit by the technical body and due to the urgency, the judicial inspection was dispensed with at the request of the plaintiff (document of 01/07/2021, resolution dated January 7, 2021, at 15 hours 39 minutes, located on that same date in the associated documents folder). In addition to the above, the forest species is located on the property of the Guanacaste registry, number CED3, registered in the name of [Nombre1]  , according to the previously cited technical report from MINAE added in the documents folder of 12/03/2020 10:27:45, the registry certification in the same previous location, and the complaint document table 5, of 11/19/2020 03:21:02. In order to elucidate the point subject to appeal, it is relevant to cite what this Chamber has analyzed concerning the destination of timber utilization resulting from the felling of forest species: “...To this effect, the Tribunal believes there are indeed contradictory and confusing ideas in the judgment. Regarding the applicable legislation, there is effectively no specific norm that directly justifies the decision taken and issued by the judge. So much so, that the judgment does not cite any article that justifies it. The resolution rejecting the motion for clarification and addition cites Article 65 of the Ley Forestal 7575 because it is mentioned by the State representative in the appeal under study, filed against the denial of such petitions. The Procurador indicates that this norm is not applicable because it refers to criminal proceedings addressing illicit acts, a situation different from the one raised in this proceeding. In this regard, it must be noted that the mentioned norm literally states: “ARTICLE 65.- Auctioning of seized products. Infractions of this law shall be reported to the competent judicial authority and, if timber or other forest products are seized, said authority, after an appraisal conducted by the State Forest Administration, shall auction them in a public sale, within a period not exceeding one month counted from the date the report was filed. These forest products may not be auctioned for a value lower than that set by the State Forest Administration. If after that period, the timber or forest resources have not been auctioned, any person may utilize them, upon making a deposit with the Court of the value assigned by the Forest Administration. The proceeds from the auction shall be deposited into the account of the corresponding judicial authority, while the respective proceeding is defined. If the accused person is acquitted, the money shall be delivered to them; otherwise, fifty percent (50%) shall correspond to the State Forest Administration and the other fifty percent (50%) to the municipalities where the estate from which the raw material was extracted is located or where the industry is located, or to the indigenous association, if it is within an indigenous reserve, to be used for the development of forestry projects; all without prejudice to any criminal liabilities determined for the offenders. The Ministry of Environment and Energy is authorized, through the Forest Administration, to donate to the Ministry of Public Education timber that comes into its possession as a result of a natural disaster or road expansion, provided the owners are unknown. It shall also donate seized timber once the conviction is final, and which has not been awarded at auction nor requested by any person meeting the legal requirements. The Ministry of Public Education shall allocate this timber to manufacture furniture or repair infrastructure in public schools and high schools, or use it as raw material in the subjects of cabinetmaking, lathe work, carpentry, and others taught by state schools and high schools. (Thus added these last two paragraphs by article 1, subsection b), of Law No. 7609 of June 11, 1996).” From reading the norm, it is clear that it does not offer a specific solution for the concrete case ventilated in interdictal proceedings, as it refers to timber seized resulting from illicit acts. However, in the absence of a norm that provides a solution to this case, both in the Ley de Jurisdicción Agraria and in articles 474 through 476 of the Código Procesal Civil applied supplementarily, given this situation and the existence of a norm referring to the destination and utilization of trees, even though related to illicit acts, it is applicable analogically. In this respect, Article 12 of the Código Civil states: “The analogical application of norms shall proceed when they do not contemplate a specific scenario but regulate another similar one in which an identity of reason is appreciated, unless some norm prohibits such application.”; and there is no norm in the Ley de Jurisdicción Agraria that prohibits analogical application. Article 65 cited, for what is relevant to this case, in the event timber is seized, delegates the appraisal and auction of timber or other forest products to the State Forest Administration, granting it a period of no more than one month for this. In this case, the timber is not seized because, according to the information in the case file, it is pending felling. The judgment did not set a deadline for cutting the five laurel trees, an omission that must be filled so the ruling is enforceable and the risks their fall could generate are managed; however, it was indicated that once felled, the Ministry must proceed to appraise them, a task the Tribunal considers inherent to the functions legally assigned to it, being composed of officials expert in the matter. The norm also states that the goods must be auctioned in a public sale within a period of one month, for the amount set by the Ministry; and only if the timber or forest resources fail to be auctioned, any person may utilize them, upon making a deposit with the Court of the value assigned by the Forest Administration. In this case, as the forest product does not derive from an illicit act but from a preventive measure, the possibility of utilizing them by any person yields to the priority that must be given to the plaintiff, because the trees are located on a property possessed by Mr. [Nombre2] , such that he is the one who can utilize them, taking the respective preventive measures, on the understanding that the value of those forest resources must be allocated by him to the recovery of the area affected by the removal of those trees, which must necessarily be done by Mr. [Nombre2] in coordination with the expert persons designated by the Regional Office of the Ministry of Environment and Energy, because being a protected area, endemic or native trees of this area must be planted; therefore, the possibility of the plaintiff replacing the laurel trees to be felled with any other species should not be left open, but only with those designated by the aforementioned Ministry. The norm presents a scenario, unrelated to this proceeding, that if a person is acquitted of the illicit act, the money resulting from the appraisal shall be delivered to them; otherwise, 50% of the amount shall correspond to the State Forest Administration and the other 50% to the Municipality where the estate is located, to be used for the development of forestry projects; likewise, the Ministry of Environment and Energy is authorized, through the Forest Administration, to donate to the Ministry of Public Education timber that comes into its possession as a result of a natural disaster or road expansion, provided the owners are unknown. In this case, we are not dealing with forest products tied to an illicit act, such as to assume distributing their value at 50% to the State Forest Administration and the other 50% to the Municipality. Regarding the participation of educational centers, the norm allows the Ministry of Environment and Energy to donate to the Ministry of Public Education timber that comes into its possession as a result of a natural disaster or road expansion, provided the owners are unknown; and allows the donation of seized timber once the conviction is final, and that has not been awarded at auction nor requested by any person meeting the legal requirements. In this case, we are not dealing with a natural disaster, since the purpose of the proceeding is its prevention, nor with road expansion; and although such scenarios could be assimilated to the concrete case, the scenario established by the norm differs in that it assumes the owner of the property where the trees are located is unknown. In this case, the plaintiff provided registry certification proving he is the registered owner of the estate; and although in interdictal proceedings it is not possible to refer to aspects related to the right of property, as provided for in Article 457 of the Código Procesal Civil applied supplementarily, this information is of particular interest to determine if the forest resources are within the plaintiff's land, thereby ruling out that the owner of the estate where the trees are located is unknown. Now, it must be added that the allocation of forest resources to the Ministry of Public Education resulting from illicit acts, or in general from any judicial proceeding, must be done in accordance with the purposes set forth in the norm, that is, so that the timber is used for “manufacturing furniture or repairing infrastructure in public schools and high schools,” and not simply to try to assign economic resources from the trees without a specific purpose or concrete destination, as the State representative correctly warns. From the foregoing, the Tribunal concludes the judgment is not clear; however, it could not be considered void due to a defect …. Therefore, based on articles 50 of the Constitución Política; 6 subsection g), 31, 49 and 65 of the Ley Forestal 7575; 12 of the Código Civil; 474 through 476 of the Código Procesal Civil; and 1, 6, 26, 54 and 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria; the judgment must be revoked in the part ordering the donation of the forest products specifically to the Escuela de Iroquois de Guácimo and requiring the plaintiff to pay the value of the forest products as determined by the Ministry of Environment and Energy. For the rest, the subject of the appeal, the judgment must be confirmed regarding the authorization granted to Mr. [Nombre2]   so that, from the finality of this resolution, he extracts the five laurel trees subject to the litis, in which case he must take the technical preventive and precautionary measures necessary to avoid causing harm to persons or property. The Ministry of Environment and Energy must take the necessary preventive measures and control that the felling process of the laurel trees is carried out in compliance with the provisions of the Ley Forestal; and once the felling is completed, said Office shall proceed with the appraisal of the mentioned forest products. The plaintiff may utilize the timber, without any deposit required, as the trees are located within the property registered in his name; in which case, the Ministry of Environment and Energy must grant him the transport, processing, or other permits necessary for its utilization …“. In the case under study, it was determined by the judge in the judicial inspection and the MINAE report provided for that purpose, that the trees are situated as already described. And the plaintiff has responsibly come forward to request the respective permits for the forest species located within her land. She has thereby complied with the procedures and steps for the felling that was technically approved given the imminent danger. It is considered that this species is part of her estate in accordance with the provisions of articles 505 and 506 of the Código Civil. In that vein, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice resolved in Vote 2007-10578 of July 25, 2007, the content of the right of property as follows: “The right of property has an essential content that the Chamber has defined as the power to enjoy and use the property for personal benefit (private property) or for public utility (public property). Therefore, under the pretext of imposing certain \"social interest\" limitations, public authorities, whether the Legislature or the Executive, cannot eliminate one or several of its essential attributes. In such a situation, that is, if the limitations imposed on the property violate the essential content of the right of property, the owner has the right to be compensated for it. In this sense, the Chamber has stated: ‘That is, the attributes of property may be limited, as long as the owner reserves for himself the possibility of normally exploiting the property, clearly excluding the part or function affected by the limitation imposed by the State. Outside these parameters, if social welfare requires sacrifices from only one or a few, they must be compensated, the same as when the sacrifice imposed on the owner is of such an identity that it causes him to lose the property in its entirety. Thus, the limitation on property withstands constitutional analysis when the affectation of the essential attributes of property—those that allow the natural use of the thing within the current socio-economic reality—does not make the nature of the property disappear or make the use of the thing impossible, because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they de facto imply the impossibility of usufructing the property.’ (ruling No. 2345-96).” Based on what has been explained, it is determined that what is regulated regarding granting the timber product to the Education Boards applies when it comes from a situation entirely different from that generated by the felling of a tree because it implies a danger to human life. In addition to the previous criterion, what is indicated in the Código Civil regarding what the right of property comprises is added. This situation does not change because the species are located in a protected area, as the existing environmental limitations concern exploitation, but in no way can they be extended to the use of the trees in the scenarios analyzed here. The foregoing is part of the right of use, enjoyment, and utilization of her estate and its products, as well as the power to find commercial use for that resource under the civil legislation indicated. Note that the forest species is located within her inheritance according to the evidence analyzed above.\n\n**VII.** In accordance with articles 505 and 506 of the Código Civil, it is appropriate to revoke the appealed judgment solely regarding the part stating, “it is said \"partially\" because what pertains to the utilization of the tree is not granted, since it is located, as affirmed by the MINAE report, \"within the water protection zone of the “[Dirección1] ”, because according to Article 33 of the Ley Forestal, the protection area for public domain watercourses in rural areas is 15 meters wide on each bank thereof; therefore, the timber product of the cutting must be donated (sic) to the Education Board of the nearest school.” In its place, the plaintiff's right to utilize the timber obtained from the tree authorized to be felled, located at [Dirección2] , [Dirección7] , shall be recognized; subject to the proper obtaining and fulfillment of the permits and legal requirements for such purpose, as well as adherence to the necessary safety measures in the felling, transportation, and commercialization process.\n\n**VIII. Dissenting Vote of Judge Alpízar Rodríguez:** The undersigned Judge Ruth Alpízar Rodríguez signs but does not share the majority vote solely regarding granting the plaintiff the request authorizing the felling of the tree subject to the proceeding, based on the following considerations: The summary proceeding for felling aims to determine if a tree or construction, due to its poor condition, constitutes an imminent danger of falling that affects the life and safety of people, their property, or assets of a public nature (Article 108 Código Procesal Civil, applied supplementarily). The summary nature of this proceeding limits the discussion and analysis to that issue, that is, whether that structure or tree must be secured (for example, through anchoring, supports, etc.), modified (as occurs when pruning a tree is authorized), or eliminated (felling of the structure or cutting of a tree, for example), to prevent a harmful situation which, if these measures are not taken, has a high degree of probability (imminence) of occurring in the present or very near future. Aspects such as whether other scopes of utilization are appropriate (for example, using the timber that can be extracted from the tree in question as a resource), fall outside the purpose and object of the proceeding. For this reason, these aspects are not analyzed, as it is not truly an issue that can be debated and for which other norms and situations must be considered, such as the type of species, whether or not the tree is on private property, etc. But in this case, moreover, these types of claims (which go beyond merely authorizing the cutting of a tree) do not need to be granted, because they are unnecessary. This is because, if the tree is on private property (belonging to the plaintiff), its owner is the person who, according to the legal system, is empowered to exercise the attributes of ownership over the property incorporated into the real estate, unless an express legal provision states otherwise (articles 255, 264, 266, Código Civil). For other aspects related to the utilization of resources obtained from a tree on private property, unless an express legal norm prohibits it (as happened, for example, in 2008 with the ban on utilizing fallen trees of the yellow almond species: dipteryx panamensis), judicial authorization is not required (Article 3 Ley Forestal). And if an administrative authority denies any related permit, the administered person, if the denial is illegal, must file the appropriate claims through the appropriate channel. Therefore, it is the plaintiff in this proceeding, under her own responsibility, and with respect for the legal system, who must assess whether or not she can utilize the timber that may be extracted from the tree, because in this type of proceeding, as indicated, the only thing the courts can analyze and grant are aspects related to whether, due to the poor condition of the property, its securing, modification, or felling is appropriate or not. On the issue of felling and utilizing timber resources from trees on private property, it is important for the plaintiff to bear in mind that various requirements and procedures exist depending on whether it is a tree that is: a) individual and planted; b) individual from natural regeneration; c) part of a plantation (silviculture); d) located in a forest ecosystem. Utilization, including felling, depends on these types of situations and others. If it is within a forest ecosystem, management plans are required. In the other scenarios (land not covered with forest), there are limitations that must be respected depending on whether the tree was planted or is from natural regeneration (articles 3, 20, 27, 28 and 31 Ley Forestal). As explained, the appeal must be admitted partially, only to revoke the order granting “the utilization of the tree to the Education Board of the nearest school.” But it does not proceed regarding the request for the plaintiff to be authorized for said utilization, as it is not an aspect that can be determined in this type of proceeding, nor a procedure that requires judicial authorization in this specific case.\n\nIt is therefore appropriate to partially revoke the ruling handed down in the first instance, only insofar as it orders “partially because the harvesting (aprovechamiento) of the tree is not granted, given that the tree is located, as stated in the MINAE report, ‘within the water protection zone (zona de protección hídrica) of the “[Dirección1]”,’ since according to Article 33 of the Ley Forestal, the protection area for watercourses in the public domain (cauces de dominio público) in rural areas is 15 meters wide on each bank, therefore the lumber resulting from the felling must be donated (sic) to the Education Board (Junta de Educación) of the nearest (sic) school.”\n\nPOR TANTO:\n\nWith respect to the appealed matter, the judgment rendered at fifteen hours and forty-two minutes on January eleventh, two thousand twenty-one is revoked solely with regard to: “it states ‘partially because the harvesting of the tree is not granted, given that the tree is located, as stated in the MINAE report, ‘within the water protection zone of the “Quebrada Indios”,’ since according to Article 33 of the Ley Forestal, the protection area for watercourses in the public domain in rural areas is 15 meters wide on each bank, therefore the lumber resulting from the felling must be donated (sic) to the Education Board of the nearest (sic) school.’” Instead, the plaintiff is granted the right to harvest the lumber obtained from the tree that is authorized to be felled, located at [Dirección2], [Dirección7]; provided that the appropriate permits and legal requirements for such purpose are duly obtained and fulfilled, as well as adherence to the necessary safety measures during the felling, transportation, and commercialization process. A dissenting vote (voto salvado) has been cast by Judge Alpízar Rodríguez.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\t\n\n\n\n7474TFZ89FX461\n\n[Nombre3]   - JUDGE/DECISION-MAKER\n\n\t\n\n\n\n\n\n\n0MUHJLVO89G61\n\n[Nombre4]   - JUDGE/DECISION-MAKER\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nQJNIPDX6P1K61\n\n[Nombre5]    - JUDGE/DECISION-MAKER\n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n \n\nEXP: EXPN1\n\nII Circuito Judicial San José, [Dirección8],     , [Dirección9] de Goicoechea in front of the parking lot of Hospital Hotel La Católica. Phones: [Telf1]. Fax: [Telf2] or [Telf3]. Email: [...]\n\n \n\n \n\n \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 00:00:43.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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