{ "id": "nexus-sen-1-0034-1028291", "citation": "Res. 00254-2021 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Prescripción de oficio en delito de invasión de área de protección", "title_en": "Ex officio statute of limitations for invasion of a protected area", "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago confirmó la absolución del imputado por el delito de invasión de área de protección (Art. 58 inc. a) de la Ley Forestal), pero por mayoría declaró de oficio la extinción de la acción penal por prescripción. Los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2012. La mayoría interpretó que, iniciado el procedimiento, los plazos de prescripción se reducen a la mitad (Art. 33 CPP), por lo que el plazo fatal era de dieciocho meses. Al recibirse la declaración indagatoria el 3 de julio de 2014, la acción ya había prescrito, pues habían transcurrido más de dieciocho meses desde el inicio del procedimiento. Alternativamente, la prescripción también habría ocurrido en etapa intermedia por inactividad. La mayoría sostuvo que, aun en delitos permanentes, la prescripción corre una vez iniciado el procedimiento, pues lo contrario implicaría imprescriptibilidad. Se confirmó la desestimación de la acción civil resarcitoria, ya que la Procuraduría atribuyó responsabilidad civil subjetiva no acreditada. Sin embargo, el Tribunal anuló parcialmente la sentencia y ordenó reenvío únicamente para determinar la procedencia y alcance de la restitución de las cosas a su estado natural, por falta de fundamentación legal y técnica suficiente. El juez Fallas Redondo salvó parcialmente su voto, al considerar que: a) el inicio del procedimiento no interrumpe la prescripción; b) la prescripción es renunciable y no puede declararse de oficio; y c) la restitución no depende de la acción civil resarcitoria y sí puede ordenarse de oficio cuando hay daño ambiental acreditado.", "summary_en": "The Cartago Criminal Appeals Court upheld the acquittal of the defendant for invasion of a protected area (Forestry Law Art. 58(a)), but the majority declared the criminal action extinguished ex officio due to the statute of limitations. The events occurred on December 26, 2012. The majority interpreted that once proceedings begin, limitation periods are halved (CPP Art. 33), giving an eighteen-month deadline. Since the defendant’s first formal statement was taken on July 3, 2014, more than eighteen months had elapsed since proceedings began, so the action was time-barred. Alternatively, limitation also occurred during the intermediate stage due to inactivity. The majority held that even for permanent crimes, limitation starts once proceedings begin; otherwise, such crimes would be effectively imprescriptible. The dismissal of the civil claim was upheld because the State Attorney’s Office alleged only subjective civil liability, which was not proven. However, the Court partially annulled the judgment and remanded solely for a new hearing on whether and on what legal and technical grounds restoration of the site to its original state should be ordered, finding the trial judge’s reasoning insufficient. Judge Fallas Redondo issued a partial dissent, arguing: (a) the commencement of proceedings does not interrupt limitation; (b) the statute of limitations is waivable and cannot be declared ex officio; (c) restoration does not depend on the civil action and can be ordered sua sponte upon proof of environmental damage.", "court_or_agency": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago", "date": "29/04/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "criminal-environmental" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "prescripción de la acción penal", "invasión de área de protección", "restitución de las cosas a su estado natural", "acción civil resarcitoria", "irreductibilidad de ecosistemas boscosos", "delito permanente", "reducción del plazo a la mitad", "voto salvado" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 58 inciso a", "law": "Ley Forestal 7575" }, { "article": "Arts. 31, 32, 33, 35, 140", "law": "Código Procesal Penal" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 871, Art. 103", "law": "Código Civil" }, { "article": "Art. 45, Art. 109", "law": "Ley de Biodiversidad 7788" }, { "article": "Arts. 2, 98, 99, 101", "law": "Ley Orgánica del Ambiente 7554" }, { "article": "Art. 55", "law": "Ley de Uso y Conservación de Suelos 7779" } ], "keywords_es": [ "prescripción de la acción penal", "invasión de área de protección", "delito ambiental", "restitución de ecosistemas", "daño ambiental", "acción civil resarcitoria", "irreductibilidad del bosque", "voto salvado", "extinción de la acción penal", "plazo reducido a la mitad", "medida provisional" ], "keywords_en": [ "statute of limitations", "invasion of protected area", "environmental crime", "ecosystem restoration", "environmental damage", "civil damages", "forest irreductibility", "dissent", "extinction of criminal action", "halved limitation period", "provisional measure" ], "excerpt_es": "Si bien es cierto, quienes suscriben este voto de mayoría, entienden que el mencionado delito constituye un delito de carácter permanente, porque mientras se mantenga el estado invasivo sobre la zona de protección, existe un estado consumativo que se prolonga en el tiempo, debe entenderse, de acuerdo con el principio de legalidad que el plazo de prescripción empezó a correr con el inicio del procedimiento, pues así lo dispone el artículo 33 del Código Procesal Penal, cuando señala: “Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo trasanterior se reducirán a la mitad para computarlos, a efecto de suspender o interrumpir la prescripción”.\n De la revisión del fundamento intelectivo del fallo recurrido, se aprecia que el juzgador de mérito estimó que la norma que le permitía la “restitución de las cosas a su estado natural” era la dispuesta por el artículo 140 del Código Procesal Penal, dejando de lado que dicha norma se encuentra prevista únicamente como una medida provisional tendiente a tutelar precautoriamente los derechos del ofendido, por lo que los presupuestos para su aplicación no son los mismos establecidos por el artículo 103 del Código Civil. Es cierto que en la sentencia se hace alusión al derecho fundamental de contar con un ambiente ecológicamente equilibrado, previsto por el artículo 50 de la Constitución Política, pero si ese fuera el fundamento de las disposiciones tomadas por el a quo, deberían encontrar un fundamento legal que diera soporte a la decisión; en específico, el realizar actos en detrimento del derecho de propiedad de la empresa dueña de la finca donde se produjo el daño ambiental acusado, pues únicamente mediante el principio de reserva de ley podría afectarse un derecho fundamental como el de propiedad, para proteger otro derecho fundamental considerado de mayor rango, como lo es la protección del ambiente.", "excerpt_en": "It is true that those who subscribe this majority opinion understand that the aforementioned crime is a permanent offense, because as long as the invasive condition over the protected area persists, a consummated state continues over time; however, under the principle of legality, the limitation period began to run when proceedings commenced, as provided by Article 33 of the Criminal Procedure Code, which states: “Once proceedings have commenced, the periods set forth in the preceding preceding article shall be reduced by half for computing purposes, in order to suspend or interrupt the statute of limitations.”\n Upon reviewing the reasoning of the appealed judgment, it is clear that the trial judge considered that the rule allowing him to order “restoration of things to their natural state” was Article 140 of the Criminal Procedure Code, overlooking that this rule is only a provisional measure aimed at precautionarily protecting the rights of the victim, so the requirements for its application are not the same as those established in Article 103 of the Civil Code. It is true that the judgment invokes the fundamental right to an ecologically balanced environment under Article 50 of the Constitution, but if that were the basis for the orders issued, they would need a legal foundation to support them—specifically, allowing acts detrimental to the property rights of the company that owns the farm where the alleged environmental damage occurred, since only through the principle of legal reservation could a fundamental right such as property be affected to protect another fundamental right considered of higher rank, such as environmental protection.", "outcome": { "label_en": "Statute of limitations declared ex officio / Partially granted", "label_es": "Prescripción declarada de oficio / Parcialmente con lugar", "summary_en": "The Court declared ex officio the extinction of the criminal action due to statute of limitations, upheld the acquittal, and partially annulled the judgment, remanding for a new hearing solely on the restoration of the site to its natural state.", "summary_es": "El Tribunal declaró de oficio la extinción de la acción penal por prescripción, confirmó la absolución y anuló parcialmente la sentencia para reenviar el debate sobre la restitución de las cosas a su estado natural." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II, cuarto párrafo", "quote_en": "For this panel, the thesis that in permanent crimes the limitation period does not begin until the permanence ceases, as provided by Article 32 of the Criminal Procedure Code, cannot be accepted, because that would mean such crimes are imprescriptible.", "quote_es": "Para esta integración colegiada, no podría aceptarse la tesis de que en los delitos permanentes el plazo de prescripción no inicie, sino hasta que cese su permanencia como lo dispone el artículo 32 del Código Procesal Penal, porque eso implicaría que este tipo de delitos resulte imprescriptible." }, { "context": "Considerando V, primer párrafo", "quote_en": "The principle of irreductibility of forest ecosystems is an obligation imposed by the legislator on the State as a way of acting against behaviors that cause environmental damage. Thus, the State cannot renounce or falter in its duty to ensure that lands that were forest ecosystems are restored to that state, but this does not mean that, automatically, in an acquittal where no subjective or objective civil liability of any person could be established, the court must order actions or omissions that necessarily involve a technical judgment.", "quote_es": "El principio de irreductibilidad de los ecosistemas boscosos corresponde a una obligación que el legislador le ha impuesto al Estado, como forma de actuación frente a los comportamientos que impliquen un daño al medio ambiente. Es así que el Estado no podría renunciar o claudicar en su accionar para que los terrenos que constituían ecosistemas boscosos vuelvan a serlo, pero no significa que, de manera automática, en una sentencia absolutoria, en la que no fue posible establecer ningún tipo de responsabilidad civil subjetiva u objetiva de alguna persona, deba la autoridad jurisdiccional ordenar acciones u omisiones que necesariamente conllevan un criterio técnico." }, { "context": "Considerando V, séptimo párrafo", "quote_en": "In a case like this, the court must clearly state which rule grants it jurisdiction to order demolitions of buildings, removal of structures, roads or other measures usually ordered by courts, when Article 99 of the Environmental Organic Law establishes a series of administrative sanctions that the Public Administration may carry out.", "quote_es": "En un caso como el presente, al autoridad jurisdiccional debe dejar clara cuál es la norma que le brinda competencia para ordenar derribos de edificaciones, remoción de estructuras, caminos u otras disposiciones que habitualmente ordenan los tribunales de justicia, cuando el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente establece una serie de sanciones administrativas que puede realizar la Administración Pública." }, { "context": "Nota del juez Fernández Mora, primer párrafo", "quote_en": "In my opinion, the statute of limitations for the criminal action carries with it the civil action, even though the Third Chamber's jurisprudence has held otherwise, because a valid legal rule, Article 871 of the Civil Code, so provides.", "quote_es": "En mi criterio, la prescripción de la acción penal conlleva la de la acción penal, aún cuando la jurisprudencia de la Sala Tercera haya señalado lo contrario, pues así lo dispone una norma vigente del ordenamiento jurídico, como lo es el artículo 871 del Código Civil." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "nexus-sen-1-0034-1348084", "kind": "related_voto", "label": "" }, { "target_id": "norm-41661", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley Forestal 7575 Art. 58 inciso a" }, { "target_id": "norm-39796", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley de Biodiversidad 7788 Art. 45, Art. 109" }, { "target_id": "norm-27738", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley Orgánica del Ambiente 7554 Arts. 2, 98, 99, 101" }, { "target_id": "norm-26421", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley de Uso y Conservación de Suelos 7779 Art. 55" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1028291", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-26421", "norm_num": "7779", "norm_name": "Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "30/04/1998" }, { "doc_id": "norm-27738", "norm_num": "7554", "norm_name": "Ley Orgánica del Ambiente", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "04/10/1995" }, { "doc_id": "norm-39796", "norm_num": "7788", "norm_name": "Ley de Biodiversidad", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "30/04/1998" }, { "doc_id": "norm-41661", "norm_num": "7575", "norm_name": "Ley Forestal", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "13/02/1996" } ], "sentencias_relacionadas": [ "sen-1-0034-1348084" ], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago\n\nResolución Nº 00254 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 29 de Abril del 2021 a las 14:02\n\nExpediente: 13-200145-0634-PE\n\nRedactado por: Christian Giovanni Fernández Mora\n\nClase de asunto: Recurso de apelación penal\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\nSentencia con nota separada\n\nSentencias Relacionadas\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Penal\n\nTema: Invasión de área de conservación o protección\n\nSubtemas:\n\nDelito de carácter permanente y prescripción aplicable.\n\nTema: Prescripción de la acción penal\n\nSubtemas:\n\nSupuestos aplicables y plazo en el delito de invasión de área de protección.\n\n\"II. [...] Por la forma en que se resuelve, dichos motivos se conocen conjuntamente y, de manera oficiosa,\n\nse declaran sin lugar por haberse extinguido la acción penal por prescripción, de conformidad con las siguientes razones: A) De la revisión integral del asunto, se puede apreciar que los hechos que han sido objeto de este proceso datan del día 26 de diciembre de 2012, cuando se atribuye que el imputado [[Nombre1]  ] en codominio funcional del hecho con el operador de maquinaria pesada, quien no pudo ser individualizado en la investigación, giró instrucciones verbales para que se invadiera la zona de protección de una naciente permanente y de una quebrada estacional, para lo cual se realizaron movimientos de tierra dentro de las mencionadas áreas de protección, construyendo una trocha que se utiliza para el pastoreo de ganado y alcantarillas para drenar el espejo de agua. Ese mismo día, los oficiales del Ministerio del Ambiente y Energía realizaron las diligencias de investigación pertinentes, pues realizaron el informe respectivo, decomisaron la maquinaria utilizada e individualizaron al imputado [[Nombre1]  ], iniciando así el proceso por el delito de invasión a una zona de protección en contra de dicho justiciable. Si bien es cierto, quienes suscriben este voto de mayoría, entienden que el mencionado delito constituye un delito de carácter permanente, porque mientras se mantenga el estado invasivo sobre la zona de protección, existe un estado consumativo que se prolonga en el tiempo, debe entenderse, de acuerdo con el principio de legalidad que el plazo de prescripción empezó a correr con el inicio del procedimiento, pues así lo dispone el artículo 33 del Código Procesal Penal, cuando señala: “Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo trasanterior se reducirán a la mitad para computarlos, a efecto de suspender o interrumpir la prescripción”. En otras palabras [...]\"\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: Derecho Procesal Penal\n\nTema: Acción civil resarcitoria\n\nSubtemas:\n\nAcción civil prescribe conjuntamente con la penal.\nInexistencia de una derogatoria tácita del artículo 871 del Código Civil por parte del 96 del Código Penal.\n\n\"IV.- Nota del juez [Nombre1] : Respecto del tema de la acción civil resarcitoria, debo señalar que, al igual que lo he venido haciendo en reiteradas oportunidades, en mi criterio, la prescripción de la acción penal conlleva la de la acción penal, aún cuando la jurisprudencia de la Sala Tercera haya señalado lo contrario, pues así lo dispone una norma vigente del ordenamiento jurídico, como lo es el artículo 871 del Código Civil. Las argumentaciones de la Sala de Casación para afirmar que el artículo 96 del Código Penal derogó tácitamente al artículo 871 del Código Civil soslayan circunstancias cuya consideración resulta imprescindible a la luz de las reglas para la aplicación de la derogatoria tácita de una norma, como lo es el criterio de lex posterior. En ese sentido, [Nombre2]  señala que: [...]\"\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Penal\n\nTema: Restitución de las cosas objeto del hecho punible\n\nSubtemas:\n\nRestitución de ecosistemas boscosos por daño ambiental en delito de invasión de área de protección.\nNecesaria claridad de las razones legales y técnicas por las que procedía ordenar la restitución en caso donde no se logró determinar la responsabilidad penal ni civil.\n\n\"V. [...] De la revisión del fundamento intelectivo del fallo recurrido, se aprecia que el juzgador de mérito estimó que la norma que le permitía la “restitución de las cosas a su estado natural” era la dispuesta por el artículo 140 del Código Procesal Penal, dejando de lado que dicha norma se encuentra prevista únicamente como una medida provisional tendiente a tutelar precautoriamente los derechos del ofendido, por lo que los presupuestos para su aplicación no son los mismos establecidos por el artículo 103 del Código Civil. Es cierto que en la sentencia se hace alusión al derecho fundamental de contar con un ambiente ecológicamente equilibrado, previsto por el artículo 50 de la Constitución Política, pero si ese fuera el fundamento de las disposiciones tomadas por el a quo, deberían encontrar un fundamento legal que diera soporte a la decisión; en específico, el realizar actos en detrimento del derecho de propiedad de la empresa dueña de la finca donde se produjo el daño ambiental acusado, pues únicamente mediante el principio de reserva de ley podría afectarse un derecho fundamental como el de propiedad, para proteger otro derecho fundamental considerado de mayor rango, como lo es la protección del ambiente. El principio de irreductibilidad de los ecosistemas boscosos corresponde a una obligación que el legislador le ha impuesto al Estado, como forma de actuación frente a los comportamientos que impliquen un daño al medio ambiente. Es así que el Estado no podría renunciar o claudicar en su accionar para que los terrenos que constituían ecosistemas boscosos vuelvan a serlo, pero no significa que, de manera automática, en una sentencia absolutoria, en la que no fue posible establecer ningún tipo de responsabilidad civil subjetiva u objetiva de alguna persona, deba la autoridad jurisdiccional ordenar acciones u omisiones que necesariamente conllevan un criterio técnico, respecto de cuál es la mejor manera de proceder en tales casos de daño ambiental. En otras palabras [...]\"\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto salvado\n\nRama del Derecho: Derecho Procesal Penal\n\nTema: Prescripción de la acción penal\n\nSubtemas:\n\nInicio del procedimiento no constituye un acto interruptor.\nCarácter renunciable impide declararla de oficio.\n\nTema: Restitución de las cosas objeto del hecho punible\n\nSubtemas:\n\nPosibilidad de ordenarla aunque se rechace la acción civil resarcitoria.\n\n\"VI. Voto parcialmente salvado del juez Fallas Redondo: El suscrito juzgador, discrepo en varios aspectos, de la decisión tomada por quienes conformaron la mayoría de votos en este asunto. 1) En lo que respecta al tema de la prescripción de la acción penal (según se expone en el argumento A del Considerando II de esta resolución), me aparto del criterio de mi compañera y mi compañero, pues, en primer lugar, según mi parecer, el inicio del procedimiento penal no tiene, por sí solo, ningún efecto interruptor del cómputo de la prescripción. Lo que señala el numeral 31 del Código Procesal Penal es que si el procedimiento no ha iniciado (o sea, no se cuenta con una persona señalada como posible autora de un hecho punible), entonces la acción prescribe al cumplirse los plazos establecidos en esa norma. El artículo 33 del mismo cuerpo legal, lo que hace es establecer cuáles actos procesales tienen efecto interruptor de la prescripción, cuando ya se tiene una persona como imputada. Pero nada más. Ninguna de las dos normas indicadas atribuyen al inicio del procedimiento, es decir, al señalamiento de alguien somo posible autor o autora de un hecho punible, un efecto interruptor. En tales condiciones, no es viable invocar la interpretación gramatical para entender que tal inicio del procedimiento significa la interrupción del cómputo de la prescripción. En igual sentido, estimo que tampoco es de recibo aplicar la técnica de la interpretación restrictiva a esos artículos, porque el límite de este tipo de entendimiento de las normas es precisamente su texto y en ninguno de esos numerales se atribuye efecto interruptor al inicio del procedimiento, por lo que otorgárselo en desapego de lo dispuesto en los artículos 31 y 33 del Código Procesal Penal, implica variar contenido de esas disposiciones legales, lo cual considero es función del Poder Legislativo. Así las cosas, salvo mi voto en cuanto a este punto, pues estimo que no ha operado la prescripción de la acción penal. [...] 2) En relación con el argumento B del mismo Considerando II, quiero indicar que la prescripción es renunciable (artículo 35 del Código Procesal Penal), lo cual significa, para mí, que no es uno de los supuestos en que el Tribunal puede pronunciarse de oficio. [...]\n\n3) Por otra parte, en tercer lugar, en mi criterio, la restitución de las cosas al estado anterior a la comisión de un hecho punible puede ordenarse aunque se rechace la acción civil resarcitoria, pues no depende de esta. [...]\"\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\n1\n\n\n\n \n\n \n\nExpediente: 13-200145-0634-PE\n\nContra: [Nombre1]  \n\nDelito: Invasión Área de Protección\n\nParte ofendida: Los Recursos Naturales\n\nRes: 2021-254\n\nExp: 13-200145-0634-PE\n\n Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Primera. A las catorce horas dos minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno.\n\n Recurso de apelación de sentencia penal interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]   , mayor, nacido el cinco de abril de mil novecientos cincuenta y tres, con cédula de identidad número CED1 -   -  , por el delito de Invasión Área de Protección, en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso los jueces Christian Fernández Mora y David Fallas Redondo, así como, la jueza Ivette Carranza Cambronero. Se apersonaron en apelación [Nombre2]   , en calidad de defensor particular del imputado; Ivannia Li Zúñiga, en representación del Ministerio Público; y José Humberto Fernández González, en representación de la Procuraduría General de la República.\n\nResultando:\n\n 1. Que mediante sentencia número 62-2021 de las dieciséis horas diez minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno, el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Buenos Aires, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, normas citadas, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 1, 11, 30, 45, 367 del Código Penal, y numerales 1, 2, 6, 8, 9, 111 a 124, 142, 265 a 270, 341 a 366 del Código Procesal Penal; artículo 58 inciso A de la Ley Forestal; 73.2 del Código Procesal Civil, este Tribunal resuelve absolver de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre1]  , en cuanto a un delito de Invasión a Área de Protección, que le venía atribuyendo el Ministerio Público y la Procuraduría General en la República en calidad de Querellante, en perjuicio de Los Recursos Naturales. Se ordena el levantamiento de toda medida cautelar que se haya dictado en contra de la aquí imputada en la presente causa. Se declara sin lugar la Acción Civil Resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República, en contra del demandada civil [Nombre1]  . Se resuelve sin especial condena en costas en cuanto a la Acción Civil Resarcitoria. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. De conformidad con el articulo 140 del Código Procesal Penal, se ordena la restitución de la cosas a su estado original en cuanto a la trocha y las alcantarillas, y la estructuras y construcciones dentro del área de protección, de la [Dirección1]  , ubicada en en la localidad de Javillo de Potrero Grande de Buenos Aires, propiedad de Inversiones Anahatta Global, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Se le otorga el plazo de tres meses después de notificada la presente sentencia al Representante Judicial de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, inversiones Anahatta Global, SRL, para que proceda con el derribo de las seis alcantarillas, así como la estructuras y construcciones dentro del área de protección. Asimismo, se ordena al Ministerio de Ambiente y Energía, SINAC, realizar la inspección y rendir el informe a fin de constatar el cumplimento de lo ordenado en la presente sentencia. Notifíquese mediante lectura. José Antonio Campos Vargas. Juez de Juicio ai.\" \n\n 2. Que contra el anterior pronunciamiento, los licenciados Ricardo Ananías Loaiza Morales y José Humberto Fernández González, así como, la licenciada Ivannia Li Zúñiga, interpusieron los recursos de apelación.\n\n 3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.\n\n 4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta el Juez Fernández Mora, y;\n\nConsiderando:\n\nI.- Admisibilidad de los recursos: Por cumplir con los requisitos legales, se admite para su estudio de fondo el recurso incoado por Ivannia Li Zúñiga, en su condición de representante del Ministerio Público; José Humberto Fernández González, como representante del Estado y Ricardo Ananías Loaiza Morales, en su condición de defensor particular del imputado. El estudio del sumario permite establecer que los mencionados recursos fueron presentados dentro del plazo de ley, y de acuerdo a los presupuestos que se requieren para el adecuado y correcto conocimiento de las inconformidades planteadas por los recurrentes.\n\nII.- La representante del Ministerio Público, planteo un primer motivo de impugnación en el que alega la errónea valoración de la prueba y falta de fundamentación probatoria intelectiva. Considera que los elementos probatorios no fueron analizados de forma adecuada, pues se realizó una fundamentación sumamente escueta sobre la prueba testimonial, por cuanto indicó en unas cuantas líneas que los testigos [Nombre3]   y [Nombre4]   indicaron que el encartado [Nombre1]   “hacía señales adelante con las manos” y que, específicamente, el testigo [Nombre4]  declaró que con ese tipo de movimientos se infería que el encartado giraba instrucciones, aunque por el ruido de la maquinaria pesada, no podían establecer cuáles eran esas instrucciones. Sostiene que se valoró de manera sesgada la declaración de los testigos porque lo referido por estos no constituye un indicio anfibológico, como lo indicó el juzgador, pues no habían más personas en el lugar y las acciones que realizó [Nombre1]  iban, única y exclusivamente, dirigidas al operario para hacer la trocha. En el segundo motivo de impugnación, la recurrente alega que la sentencia aplicó erróneamente la ley sustantiva porque el juzgador argumentó que el imputado no actuó como autor mediato del hecho y no fue posible establecer que el imputado tuviera codominio funcional del hecho, debido a que su acción final no conllevó el conducir la maquinaria pesada y no tendría ese dominio de la voluntad, respecto al operador del tractor de oruga, a quien nunca se le investigó sobre su verdadera identidad y quién realizaba la acción final de invadir un área de protección. Para la recurrente, existen contradicciones en los argumentos de la sentencia, porque se refiere que existe prueba documental que establece que el imputado [Nombre1]  no contaba con permisos de la Administración Forestal del Estado, que el área de protección correspondía a una naciente, pero que no se acreditó el dominio funcional del imputado en los hechos, pese a que sí se estableció dicha circunstancia con la prueba testimonial. Solicita que se anule la sentencia y se ordene el reenvío al tribunal sentenciador para nueva realización del debate. En un primer motivo de apelación, el representante de la Procuraduría General de la República reclama la indebida fundamentación de la sentencia por violación a las reglas de la sana crítica. Considera que se demostró en el contradictorio que el delito de invasión a la zona de protección se dio al construir un camino de acceso desde la entrada de la propiedad hasta el fondo del inmueble donde se encuentra un corral y que también se encuentra invadiendo la zona de protección de una naciente permanente; que además se encuentran varias alcantarillas y un pozo elaborado con cemento, así como zacate brisanta mejorado y ganado en la propiedad. Considera que no es cierto que no se tuviera por probado ningún hecho, pue se probó la invasión de un área de protección de la naciente y de la quebrada. De lo contrario, sería irrazonable que se ordenara la restitución al estado anterior a los hechos. Sostiene que la discusión corresponde a si las órdenes que daba el imputado al conductor de la maquinaria eran verbales para configurar el delito, pues giraba órdenes con signos y gesticulaciones con las manos para direccionar la construcción de la obra. Indica que la modificación de la forma como se externaron esas órdenes es intrascendente, porque las órdenes gestuales resultaba la forma adecuada para comunicarse, tomando en cuenta el ruido exterior que producía el motor del tractor, lo que imposibilitaba la comunicación verbal. Solicita que se revoque la sentencia y se reenvíe el asunto para nueva sustanciación.  Por la forma en que se resuelve, dichos motivos se conocen conjuntamente y, de manera oficiosa, se declaran sin lugar por haberse extinguido la acción penal por prescripción, de conformidad con las siguientes razones: A) De la revisión integral del asunto, se puede apreciar que los hechos que han sido objeto de este proceso datan del día 26 de diciembre de 2012, cuando se atribuye que el imputado [Nombre1]  en codominio funcional del hecho con el operador de maquinaria pesada, quien no pudo ser individualizado en la investigación, giró instrucciones verbales para que se invadiera la zona de protección de una naciente permanente y de una quebrada estacional, para lo cual se realizaron movimientos de tierra dentro de las mencionadas áreas de protección, construyendo una trocha que se utiliza para el pastoreo de ganado y alcantarillas para drenar el espejo de agua. Ese mismo día, los oficiales del Ministerio del Ambiente y Energía realizaron las diligencias de investigación pertinentes, pues realizaron el informe respectivo, decomisaron la maquinaria utilizada e individualizaron al imputado [Nombre1]  , iniciando así el proceso por el delito de invasión a una zona de protección en contra de dicho justiciable. Si bien es cierto, quienes suscriben este voto de mayoría, entienden que el mencionado delito constituye un delito de carácter permanente, porque mientras se mantenga el estado invasivo sobre la zona de protección, existe un estado consumativo que se prolonga en el tiempo, debe entenderse, de acuerdo con el principio de legalidad que el plazo de prescripción empezó a correr con el inicio del procedimiento, pues así lo dispone el artículo 33 del Código Procesal Penal, cuando señala: “Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo trasanterior se reducirán a la mitad para computarlos, a efecto de suspender o interrumpir la prescripción”. En otras palabras, el legislador ha distinguido dos supuestos para el cómputo de la prescripción: a) cuando no se ha iniciado el procedimiento, en cuyo caso el término de la prescripción corre completo, según lo dispone el artículo 31 del Código Procesal Penal y; b) cuando el procedimiento ya dio inicio, en cuyo caso, el cómputo debe reducirse a la mitad para efectos de tenerlo en cuenta cada vez que deba registrarse una causal de suspensión o interrupción de la prescripción, pues de otra forma, no tendría sentido el que el legislador haya establecido la frase “iniciado el procedimiento”, porque las causales de interrupción y suspensión de la prescripción solo ocurren cuando el procedimiento ya ha iniciado. (Al respecto ver posición similar de esta misma integración colegiada en el voto número 2020-443 de las 10:30 horas del 31 de julio de 2020). Para esta integración colegiada, no podría aceptarse la tesis de que en los delitos permanentes el plazo de prescripción no inicie, sino hasta que cese su permanencia como lo dispone el artículo 32 del Código Procesal Penal, porque eso implicaría que este tipo de delitos resulte imprescriptible, pues en un caso como el que nos ocupa, ello implicaría que ninguna de las causales de interrupción o suspensión de la prescripción hayan operado en este caso, porque para estimar que eso ocurra tendría que haber iniciado el cómputo del plazo de prescripción y eso no se daría hasta que hayan concluido los actos invasivos que mantienen la permanencia del resultado delictivo. Incluso, podría llegarse al absurdo de que el imputado resulte condenado, haya descontado la pena que se le imponga y todavía el plazo de prescripción no haya iniciado, solo porque los actos de ocupación continúen presentándose en la zona de protección que se acusa como invadida. Es por ello que esta Cámara considera que lo dispuesto por los artículos 31 y 32 del Código Procesal Penal hace alusión al cómputo del plazo de prescripción para aquellos asuntos en los que no ha iniciado el procedimiento, pues cuando este ha iniciado, resulta lógico que la regulación sea distinta y se aplique lo dispuesto por el artículo 33 del Código Procesal Penal, puesto que el aparato represivo del Estado ha sido prevenido sobre la existencia de delito y tiene a su alcance todos los mecanismos legales para impedir la consumación y el agotamiento del delito, tal como establece el artículo 67 del Código Procesal Penal, en cuanto a la función de la policía judicial, quien actúa bajo la dirección funcional del Ministerio Público; además de las regulaciones específicas que brindan las diferentes leyes a la Administración Forestal del Estado para evitar que continúen los actos que perjudiquen el medio ambiente (Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de Biodiversidad, entre otras). Aclarado lo anterior, debe estimarse que, al haber iniciado el cómputo de la prescripción desde el mismo día en que se dieron los hechos acusados por el Ministerio Público, el cómputo de la prescripción empezó a correr a partir de ese momento, reducido a la mitad por disposición expresa del legislador. Debido a que el delito delito de invasión a un área de protección, según el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, tiene una pena máxima de tres años de prisión, al reducirse el cómputo de la prescripción a la mitad con el inicio del procedimiento, el plazo para que se extinguiera la acción penal era de dieciocho meses (artículo 31 inciso a) en relación con el 33 del Código Procesal Penal). De acuerdo con lo anterior, para la mayoría de esta Cámara, los hechos juzgados en el presente proceso habían prescrito antes del momento en que al justiciable se le recibió la primera imputación formal de los hechos, pues su declaración indagatoria acaeció el día 03 de julio de 2014, cuando habían transcurrido más de dieciocho meses desde que inició el procedimiento, por lo que la prescripción habría ocurrido el día 26 de junio de 2014.\n\nCabe señalar que, en este asunto, la mayoría de esta Cámara ha interpretado que, al ser la prescripción una sanción procesal establecida por la ley para la inactividad del Estado, constituye un presupuesto para que la acción penal pueda ser ejercida legalmente y según lo dispuesto por el inciso c) del artículo 178 del Código Procesal Penal, constituye un vicio de carácter absoluto, declarable de manera oficiosa por esta Cámara, al encontrarse relacionado con la iniciativa del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y su participación en el procedimiento. En virtud de lo anterior, procede declarar sin lugar el recurso incoado por la representación fiscal y decretar oficiosamente la extinción de la acción penal por prescripción, manteniendo la absolutoria dictada en favor del imputado [Nombre1]   por los hechos que se le han atribuido en este proceso. B) Aún en el supuesto de que no se compartiera la interpretación que tiene la mayoría de esta Cámara sobre los efectos del inicio del procedimiento sobre el cómputo de la prescripción como reductor automático del plazo a la mitad, el estudio del expediente permite establecer que el plazo fatal de la prescripción sobrevino durante la etapa intermedia, que en este proceso se extendió por casi cinco años, según se verá. Cabe señalar que en ambas posiciones, se parte de que, incluso en los delitos permanentes, el legislador no ha señalado en norma alguna que el cómputo de la prescripción no inicie cuando ya se ha iniciado el proceso, pues como se dijo en el punto anterior, ello llevaría al absurdo de que dichas causas resulten imprescriptibles, pese a que operen distintas causales expresamente señaladas por la ley como interruptoras de la prescripción. Así, la sentencia aquí impugnada no habría interrumpido la prescripción en este caso porque aún no se ha hecho efectiva la restitución de las cosas a su estado original que se ordenó por parte del a quo, lo cual no solo sería contrario a una disposición expresa de la ley, sino que resultaría en un sinsentido. Como se dijo, los hechos acusados datan del 26 de diciembre de 2012 y al imputado se le recibió declaración indagatoria el 3 de julio de 2014 (folio 59 de el expediente principal). La primera convocatoria para audiencia preliminar ocurrió el 03 de agosto de 2015 (folio 113), pero dicha diligencia no se pudo realizar por diferentes motivos que constan en cada ocasión, por lo que debió convocarse nuevamente para realizar dicha diligencia el 10 de setiembre de 2015 (folio 119); 12 de enero de 2016 (folio 165, en donde por error se indica que es 12 de enero de 2015); 23 de febrero de 2016 (folio 177) y 06 de abril de 2016 (folio 183). Entre cada uno de esos actos interruptores de la prescripción, establecidos por el artículo 33 inciso c) del Código Procesal Penal, nunca se superó el plazo fatal de dieciocho meses para que ocurriera la prescripción. Sin embargo, la diligencia tampoco se realizó en la última oportunidad para la que se convocó a las partes, sino que, debido a una gestión realizada por el representante del Ministerio Público en fecha 06 de junio de 2018 (folio 194), se señaló nuevamente para audiencia preliminar el día 04 de julio de 2018, oportunidad para la que habían transcurrido más de dieciocho meses desde el último señalamiento para audiencia preliminar, con lo que la acción penal para perseguir al imputado [Nombre1]  por los hechos aquí investigados se había extinguido desde el 06 de octubre de 2017. De acuerdo con lo anterior, los siguientes señalamientos para audiencia preliminar y los realizados para la realización del debate oral que dio origen a la sentencia impugnada, no consiguieron interrumpir la prescripción de la acción penal, pues ese plazo ya había acaecido mucho antes de que se dictaran dichos actos interruptores de la prescripción. Constatada dicha situación, resulta inocuo cualquier yerro que pudiera haber existido en la resolución impugnada, toda vez que el plazo establecido por el legisladora para que se ejerciera la acción penal había transcurrido sobradamente, por lo que la decisión absolutoria a la que arribó el a quo debe mantenerse incólume. El juez Fallas Redondo salva parcialmente su voto sobre este aspecto.  \n\nIII.- El representante de la Procuraduría General de la República, planteó un segundo motivo por error in procedendo: contradictoria e insuficiente fundamentación de la sentencia en cuanto a la acción civil resarcitoria. Acusa que no se analizó la posible responsabilidad objetiva del imputado, sino que se afirmó que se rechazaba por cuanto no se pudo determinar, con la certeza requerida, la culpabilidad del imputado, cuando no basta aseverar que la absolución penal produce la absolución civil sin motiva convincentemente dicha decisión. Sostiene que el tribunal realiza aseveraciones que constituyen afirmaciones dogmáticas, de las cuales no es posible deducir las razones por las que se ha rechazado la acción civil resarcitoria. La sentencia recurrida no explica por qué se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria, cuando el delito quedó demostrado, según la prueba evacuada, tanto es así que se ordenó la restitución de las cosas a su estado anterior, porque está causando un daño ambiental que fue cuantificado. El motivo se declara sin lugar: En la sentencia recurrida se explica con suficiencia que la representación estatal únicamente atribuyó al demandado civil únicamente responsabilidad civil de tipo subjetiva, derivada de la comisión de un acto ilícito, razón por la que debía acreditarse al menos el injusto penal, como hecho generador del daño reclamado. De esa forma, resulta inadmisible la pretensión del recurrente para que se analizara en la sentencia la posibilidad de una responsabilidad objetiva del demandado civil, puesto que, de conformidad con el principio de congruencia entre demanda y sentencia, contemplado por el artículo 61.2 del Código Procesal Civil, al no haberse atribuido ese tipo de responsabilidad a la parte demandada, nunca se hubiese podido condenar por ello. No encuentra esta Cámara que existan aseveraciones dogmáticas sin contenido, o que no se haya explicado con suficiencia la razón de la absolutoria civil, pues de manera clara se indicó: “En el presente caso pese a que se acreditó un daño ambiental no es posible establecer el nexo causal que permitiese atribuirle responsabilidad civil al aquí́ demandado [Nombre1] . Esto es así toda vez que, no se acreditó la responsabilidad penal del aquí́ demandado en estos hechos ni que este realiza las obras de remoción de tierra e invasión del área protegida tipo naciente por \"encargo de las obras\" tal cual se le venia atribuyendo. Como se viene indicando, pese a lo declarado por el testigo perito [Nombre4]   así como también lo descrito analizado en el Informe de valoración Económica de Daño Ambiental, no es posible establecer un vínculo obligaciones que permita inferir responsabilidad indemnizatoria en el presente caso. Lo anterior porque, en esencia, se debe valorar cuál es la atribución de responsabilidad civil que relaciona al demandado civiles con la demanda incoada por el Estado, siendo que en la especie, la Procuradora no fue concretó específicamente la forma de atribución de la responsabilidad civil que peticionó o logró demostrar en el debate, por ende, realizando un análisis de la demanda civil y de los alegatos expuesto en sus conclusiones, se extrae que el criterio utilizado por la representación estatal es la atribución de responsabilidad civil subjetiva, considerando que el daño que se pretende ser compensado, fue producto de una conducta delictiva dolosa, por lo que se debe acreditar el injusto penal o civil, para así, estar presente en la legitimación pasiva del demandados civil”. El hecho de que se indique que existió un daño ambiental y se debiera ordenar la restitución de las cosas a su estado natural no es sinónimo de que haya podido atribuírsele al demandado civil dicho daño, pues para ello resultaba indispensable poder acreditar un nexo causal entre la conducta atribuida y el daño ambiental referido, pues así lo estableció la accionante en su demanda civil y nunca estableció que dicho daño ambiental fuese producto de algún tipo de responsabilidad objetiva establecida por la ley, razón por la que no era posible acoger la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el presente motivo de impugnación. El juez Fernández Mora, pone nota.\n\nIV.- Nota del juez Fernández Mora: Respecto del tema de la acción civil resarcitoria, debo señalar que, al igual que lo he venido haciendo en reiteradas oportunidades, en mi criterio, la prescripción de la acción penal conlleva la de la acción penal, aún cuando la jurisprudencia de la Sala Tercera haya señalado lo contrario, pues así lo dispone una norma vigente del ordenamiento jurídico, como lo es el artículo 871 del Código Civil. Las argumentaciones de la Sala de Casación para afirmar que el artículo 96 del Código Penal derogó tácitamente al artículo 871 del Código Civil soslayan circunstancias cuya consideración resulta imprescindible a la luz de las reglas para la aplicación de la derogatoria tácita de una norma, como lo es el criterio de lex posterior. En ese sentido, Josep Aguiló señala que: \"No toda incoherencia normativa da lugar a una derogatoria por incompatibilidad. Sólo hay derogación cuando la ordenación de las normas conflictivas se realiza aplicando el criterio de lex posterior. De la aplicación de los criterios de lex specialis　y de lex superior no se sigue derogación alguna\" (Aguiló, Josep. La derogación en pocas palabras. Anuario de Filosofía del Derecho XI, 1994, pág. 412). Desde la anterior perspectiva, no podría interpretarse que el artículo 871 del Código Civil se encuentre derogado tácitamente porque en 1970 se promulgó el Código Penal, que contenía el referido　artículo 96, porque mediante una ley posterior, el legislador decidió restituir los efectos del artículo 871 del Código Civil. Esta disposición legal posterior no es otra que la Ley N°4981 del 8 de noviembre de 1971, en donde se restablece la vigencia del Título IV, Libro I del Código Penal de 1941, que en su artículo 138 dispone: \"Las obligaciones concernientes a la reparación civil, tratadas en este capítulo, se extinguen por los medios y en la forma que determina el Código Civil, para las obligaciones civiles\", lo que necesariamente hace referencia a la forma de extinción de la acción civil (prescripción) procedente de delito que estipula el artículo 871 del Código Civil. Sobre el particular, debe tenerse presente que la derogatoria tácita por incompatibilidad normativa no tiene la virtud de eliminar una norma del ordenamiento jurídico, sino que solo la vuelve inaplicable por la mencionada incompatibilidad, pero se trata de una norma que mantiene plena vigencia. Por lo anterior, aun en el supuesto de que fuese cierta la interpretación de la Sala de Casación, respecto de que existió una derogación tácita por incompatibilidad de normas del artículo 871 del Código Civil al promulgarse el artículo 96 del Código Penal, dicha norma no habría perdido vigencia alguna, sino que fue incompatible únicamente por un espacio de poco más de un año (del 4 de mayo de 1970 al 18 de noviembre de 1971), ya que, de forma posterior, el mismo legislador decidió restituir en todos sus efectos mediante un nuevo acto de promulgación legislativa. Sobre el particular, debe indicarse que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante una consulta judicial de la Sala de Casación Penal que cuestionaba lo dispuesto por el artículo 871 del Código Civil, indicó: \"Pero cualquiera que sea el término de la prescripción que establezca la ley, en el caso de las conductas delictivas lo lógico es que las acciones civiles de ellas derivadas, por ser meramente privadas y, por ende, secundarias en relación con el interés público principal inmerso en la acción penal, corran la misma suerte que ésta en lo que a la prescripción se refiere. Lo contrario implicaría que el hecho penal pueda ser invocado y probado judicialmente en sede civil, con miras al resarcimiento de los daños y perjuicios, aun cuando la pena no pueda ser impuesta por encontrarse prescrita la acción penal, lo que resulta ilógico\" (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto　N°　1993-5029 de las 14:36 del 13/10/1993) (El resaltado　es suplido). En otras palabras, al tratarse el artículo 871 del Código Civil de una norma vigente, eficaz y que tampoco tiene roces de constitucionalidad, debe ser aplicada por el juzgador de forma efectiva. Para este juzgador, resulta claro que existe una excepción al principio general de la prescripción decenal para accionar un reclamo en la vía civil. Es precisamente la ley la que establece que, en el caso de la responsabilidad derivada de un delito, la acción civil debe prescribir junto con la acción penal. En lo particular, considero que interpretar que el artículo 871 del Código Civil se encuentra derogado tácitamente, responde a la determinación de brindar una tutela para la víctima más allá de la que el propio legislador decidió otorgarle expresamente, para lo cual la Sala de Casación Penal ha echado mano de argumentos jurídicos que, aunque técnicamente correctos, resultan forzados para el supuesto de análisis. En virtud de lo anterior, consideró que además de que el recurrente nunca imputó al demandado civil otra responsabilidad distinta de la subjetiva, en todo caso, la discusión sobre dicha responsabilidad carece de interés al haberse dado tanto la prescripción de la acción penal, como la de la acción civil, por lo que la sentencia impugnada debe confirmarse al respecto.\n\n V.- En un tercer motivo de impugnación, el representante del Estado acusa la contradictoria e insuficiente fundamentación de la sentencia en cuanto a la restitución de las cosas a su estado natural, en violación a la ley sustancial. Considera que la sentencia violenta el artículo 140 del Código Procesal Penal, la Ley Forestal, el Derecho Ambiental y sus principios pro natura. Fustiga que se haya rechazado ordenar la eliminación del zacate brisanta, pese a que es un zacate mejorado, tal como lo indicó el ingeniero forestal Rolando Rodríguez. Dicho zacate se introdujo al área de protección de la quebrada y de la naciente, pues ahí debe existir una vegetación de tipo ribereña y no zacate para pastoreo, por lo que no es natural al área y debe ser retirado; dejarlo en el lugar permitiría que se siga invadiendo la zona de protección. De igual manera, debe ordenarse la no presencia de ganado en dichas zonas de protección, porque dejar ganado en dicha zona no permitiría su regeneración; además, el ganado produce excretas y orina, que por escorrentía pueden contaminar el recurso hídrico. Solicita que se declare con lugar el recurso y se dicte un nuevo fallo, aplicando correctamente las normas jurídicas correspondientes. El defensor particular del imputado planteó un primer motivo de impugnación por indebida aplicación e interpretación del artículo 140 del Código Procesal Penal; quebranto del principio de razonabilidad y proporcionalidad constitucional, así como del debido proceso legal. Sostiene que la norma sobre la cual se funda la restitución de las cosas a su estado original se aplica erróneamente, porque dicha norma es propia de medidas cautelares o provisionales, no de aplicación para actos finales o dispositivos. Refiere que la resoluciones de la Sala Constitucional 2234-2011 del 21 de marzo de 2001, 3048-2001 del 24 de abril de 2001 y 2230-06, resultan de aplicación obligatoria y con rango superior al Código Penal, son contestes en señalar que el artículo 140 del Código Procesal Penal únicamente puede fundar medidas cautelares o provisionales, no definitivas o finales. El quebranto de los mencionados fallos constitucionales representa una violación al debido proceso y un quebranto al derecho de la justicia, razón por la que la resolución debe ser anulada. En un segundo motivo de impugnación, la defensa del justiciable acusa la indebida aplicación e interpretación del artículo 142 del Código Procesal Penal; quebranto “al principio de la sana crítica racional”, únicamente en relación con la orden de restituir las cosas a su estado original. Considera que la orden de restituir las cosas a su estado original inobserva elementos probatorios de valor decisivo, tornándola ineficaz. En este caso, es claro que no existe hecho demostrado alguno, y en virtud del principio de coincidencia entre lo probado y lo concedido, existe una incongruencia lógica, porque no existe hecho probado alguno, razón por la que no procedía ordenar la restitución mencionada. Afirma que los supuestos daños ambientales de la [Dirección2]  de la provincia de Puntarenas, nunca fueron constatados por autoridad judicial alguna, porque nunca se hizo presente al terreno para comprobarlos in situm, violentando el principio de comunidad e inmediatez de la prueba.  Los múltiples informes de campo e inspecciones, se realizaron sin presencia ni invitación de la defensa, tampoco se realizó levantamiento topográfico para ubicar las nacientes en la propiedad, de forma tal que, no existe certeza alguna de que esos recursos se encuentren allí, y resulta prematuro e ilegal ordenar actos materiales finales. Considera grave que se ordene cerrar el camino en una propiedad de vocación ganadera, porque eso impide el desarrollo de la actividad. Si se impide el cierre del camino en una pequeña finca ganadera, qué impide que se cierren las demás fincas, máxime en época de pandemia. Reitera que es ilegal la restauración de las cosas a su estado original, pues nunca se determinó por parte de la autoridad judicial cuál fue ese estado original y no se puede seguir a ciegas lo que dos funcionarios del MINAE han dicho. Solicita que se modifique la sentencia impugnada, únicamente en relación con la restitución de las cosas a su estado original, ordenándose la revocatoria de esa parte dispositiva para que no se realicen las acciones materiales sobre la finca. Por su estrecha vinculación, los anteriores motivos se resuelven de manera conjunta y se declaran con lugar: De la revisión del fundamento intelectivo del fallo recurrido, se aprecia que el juzgador de mérito estimó que la norma que le permitía la “restitución de las cosas a su estado natural” era la dispuesta por el artículo 140 del Código Procesal Penal, dejando de lado que dicha norma se encuentra prevista únicamente como una medida provisional tendiente a tutelar precautoriamente los derechos del ofendido, por lo que los presupuestos para su aplicación no son los mismos establecidos por el artículo 103 del Código Civil. Es cierto que en la sentencia se hace alusión al derecho fundamental de contar con un ambiente ecológicamente equilibrado, previsto por el artículo 50 de la Constitución Política, pero si ese fuera el fundamento de las disposiciones tomadas por el a quo, deberían encontrar un fundamento legal que diera soporte a la decisión; en específico, el realizar actos en detrimento del derecho de propiedad de la empresa dueña de la finca donde se produjo el daño ambiental acusado, pues únicamente mediante el principio de reserva de ley podría afectarse un derecho fundamental como el de propiedad, para proteger otro derecho fundamental considerado de mayor rango, como lo es la protección del ambiente. El principio de irreductibilidad de los ecosistemas boscosos corresponde a una obligación que el legislador le ha impuesto al Estado, como forma de actuación frente a los comportamientos que impliquen un daño al medio ambiente. Es así que el Estado no podría renunciar o claudicar en su accionar para que los terrenos que constituían ecosistemas boscosos vuelvan a serlo, pero no significa que, de manera automática, en una sentencia absolutoria, en la que no fue posible establecer ningún tipo de responsabilidad civil subjetiva u objetiva de alguna persona, deba la autoridad jurisdiccional ordenar acciones u omisiones que necesariamente conllevan un criterio técnico, respecto de cuál es la mejor manera de proceder en tales casos de daño ambiental. En otras palabras, cuando exista una sentencia absolutoria contra determinadas personas acusadas de ese daño ambiental, el Estado tendrá la obligación de poner en marcha las potestades legales administrativas para cumplir con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Biodiversidad que establece que: “El estado tiene la obligación de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de los ecosistemas. También deberá prevenir, mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad”, pues el juez penal tiene limitadas sus competencias a la reparación civil establecida por el artículo 103 del Código Penal. En un caso como el presente, al autoridad jurisdiccional debe dejar clara cuál es la norma que le brinda competencia para ordenar derribos de edificaciones, remoción de estructuras, caminos u otras disposiciones que habitualmente ordenan los tribunales de justicia, cuando el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente establece una serie de sanciones administrativas que puede realizar la Administración Pública, entre las que se encuentran los incisos d), e) g) y h) de dicha norma en donde se estatuye la posibilidad de restringir u ordenar la paralización inmediata de los actos que originaron la denuncia; la clausura total o parcial, temporal o definitiva de dichos actos; la imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica; y la modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente, entre otras. De acuerdo con lo anterior, debe analizarse en un caso como el presente, en el que no fue posible demostrar el hecho punible atribuido, por qué la responsabilidad y competencia para proteger y tutelar la restauración de los ecosistemas boscosos por ese daño ambiental es del órgano jurisdiccional y no solo de la Administración Forestal del Estado. Así lo ha resuelto esta Cámara en una integración parcialmente distinta, al señalar: “Si en el presente asunto, lo que se le atribuyó a los encartados fue el haber alterado el ecosistema forestal existente al haber talado una importante cantidad de árboles en zona de protección y boscosa, pero dentro de un terreno que legítimamente es poseído por los encartados, no resulta acertado hablar de una restitución, puesto que no hay a nadie a quien devolverle nada, sino que lo que se pretende es conseguir la regeneración natural o inducida del ecosistema, pero no una restitución civil propiamente dicha. Al no encontrarnos ante un supuesto de restitución civil, cabe analizar cuando es posible sostener que procede establecer medidas tendientes a revertir el daño ambiental producido, lo cual necesariamente debe ser objeto de reserva legal, puesto que dichas medidas implican obligaciones de hacer o de no hacer para los derechos de las personas acusadas de dañar el medio ambiente, pero también para los poseedores y propietarios de los fundos en los que se haya cometido dichos perjuicios ambientales, como lo es la obligación de no ejercer los distintos derechos derivados del dominio. Es por eso que, distintas normas del ordenamiento jurídico contemplan la posibilidad de que se realicen derribos de obras que afecten el patrimonio natural del Estado, como lo estable el artículo 13 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, o el artículo 36 de la Ley Forestal, que autoriza el desalojo de inmuebles sometidos a régimen forestal o dedicados a la actividad forestal, el artículo 55 de la Ley de uso y conservación del suelos N° 7779, que expresamente dispone que el Estado puede “tomar las medidas pertinentes a fin de evitar daños al suelo o restablecer, en lo posible, la situación anterior, cuando el daño ya se haya producido”, o las diferentes medidas protectoras del ambiente que establece el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, entre las que se incluyen la demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente (inciso h) y la imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica (inciso g). No obstante, en dichas normas se establece un procedimiento administrativo que debe ser cumplido antes de poder disponerse alguna de dichas medidas protectoras, pues son las autoridades del Ministerio del Ambiente y Energía las encargadas de supervisar técnicamente cada caso y recomendar cuáles son las medidas más adecuadas, a lo que debe concederse el debido proceso a los posibles afectados. En el presente asunto, no se cuenta con un criterio técnico que señale cuáles son las medidas que deben adoptarse pues no existen obras que demoler, ni tampoco se logró determinar la responsabilidad penal de los imputados en la conducta acusada, como para establecer que son ellos quienes deben correr con la responsabilidad ambiental de cumplir con dichas medidas protectoras, por lo que resulta imposible en esta sede acceder a una pretensión como la de la Procuraduría General de la República, en la que solicita que se le ordene a los imputados, en su condición de propietarios del fundo, no realizar actividad alguna que impida la regeneración de la zona afectada. Por lo anterior, es criterio de la mayoría de este Tribunal que lo que corresponde es declarar sin lugar el presente motivo de apelación de sentencia, pero en aras de proteger el derecho fundamental consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política y el principio precautorio que rige en materia ambiental, se ordena comunicar esta sentencia al Área de Conservación Amistad Pacífico del Ministerio del Ambiente y Energía, para que le brinde seguimiento a la zona afectada en este asunto y disponga, en caso de ser necesario, las medidas protectoras que correspondan” (Voto 2018-101 de las 10:47 horas del 28 de febrero de 2018, jueces Fernández Mora, Carranza Cambronero, con voto salvado del juez Mena Artavia). Tal criterio es plenamente aplicable en el presente caso, en donde como se indicó, no se logró determinar la responsabilidad del imputado en los hechos que le fueron atribuidos en el proceso penal, por lo que tampoco se logró determinar responsabilidad civil alguna en su contra, resulta necesario que en el pronunciamiento de fondo del a quo, se establezca con claridad las razones legales y técnicas por las que procedía ordenar la restitución de las cosas a su estado natural. Precisamente, esa argumentación debería pasar por el análisis de las normas legales que permiten tal situación, así como el debido análisis técnico que establece las medidas necesarias para mantener el equilibrio que existía antes del daño ambiental. En ese sentido, también lleva razón el representante del Estado al señalar que no existe un adecuado fundamento en la sentencia para establecer por qué solo procedía ordenar la eliminación de las obras realizadas y no de la plantación artificial de zacate para pastoreo de ganado. Al no apreciarse que exista un adecuado fundamento en ese sentido, procede declarar con lugar los reclamos planteados, disponer la ineficacia parcial del fallo y ordenar la realización de un juicio de reenvío ante otra integración del mismo tribunal para nueva sustanciación, únicamente de lo relacionado con la restitución de las cosas a su estado natural.\n\nVI. Voto parcialmente salvado del juez Fallas Redondo: El suscrito juzgador, discrepo en varios aspectos, de la decisión tomada por quienes conformaron la mayoría de votos en este asunto. 1) En lo que respecta al tema de la prescripción de la acción penal (según se expone en el argumento A del Considerando II de esta resolución), me aparto del criterio de mi compañera y mi compañero, pues, en primer lugar, según mi parecer, el inicio del procedimiento penal no tiene, por sí solo, ningún efecto interruptor del cómputo de la prescripción. Lo que señala el numeral 31 del Código Procesal Penal es que si el procedimiento no ha iniciado (o sea, no se cuenta con una persona señalada como posible autora de un hecho punible), entonces la acción prescribe al cumplirse los plazos establecidos en esa norma. El artículo 33 del mismo cuerpo legal, lo que hace es establecer cuáles actos procesales tienen efecto interruptor de la prescripción, cuando ya se tiene una persona como imputada. Pero nada más. Ninguna de las dos normas indicadas atribuyen al inicio del procedimiento, es decir, al señalamiento de alguien somo posible autor o autora de un hecho punible, un efecto interruptor. En tales condiciones, no es viable invocar la interpretación gramatical para entender que tal inicio del procedimiento significa la interrupción del cómputo de la prescripción. En igual sentido, estimo que tampoco es de recibo aplicar la técnica de la interpretación restrictiva a esos artículos, porque el límite de este tipo de entendimiento de las normas es precisamente su texto y en ninguno de esos numerales se atribuye efecto interruptor al inicio del procedimiento, por lo que otorgárselo en desapego de lo dispuesto en los artículos 31 y 33 del Código Procesal Penal, implica variar contenido de esas disposiciones legales, lo cual considero es función del Poder Legislativo. Así las cosas, salvo mi voto en cuanto a este punto, pues estimo que no ha operado la prescripción de la acción penal. 2) En relación con el argumento B del mismo Considerando II, quiero indicar que la prescripción es renunciable (artículo 35 del Código Procesal Penal), lo cual significa, para mí, que no es uno de los supuestos en que el Tribunal puede pronunciarse de oficio. Véase el artículo 42 del Código Procesal Penal y se podrá apreciar que se prevé que la extinción de la acción penal puede oponerse como excepción en el proceso. Ciertamente se prevé que el Tribunal puede asumir de oficio, la solución de “alguna de” las excepciones. Adviértase que no dice la ley que pueda pronunciarse de oficio sobre “las cuestiones anteriores”, así, a secas, sino que antepone la expresión “alguna de”, lo cual es diferente a \"todas\" o \"cualquiera de\". Ello implica que no estableció el legislador que el pronunciamiento de oficio sobre las excepciones pueda hacerse respecto de cualquiera de ellas, o lo que es lo mismo, que proceda en cuanto a todas ellas, sino que sólo cabe tal tipo de decisión de oficio en los casos en los que no se requiere la actuación de parte. Pero resulta, desde mi óptica,  que la prescripción está fuera de los supuestos en que cabe pronunciamiento de oficio, precisamente porque es renunciable (lo cual la diferencia de otras causales de extinción de la acción penal), de modo que, para mí, el Tribunal puede declararla sólo cuando el sujeto procesal interesado en ella (esencialmente el imputado, aunque nada obstaría para que el Ministerio Público, en apego al principio de objetividad, lo haga) oponga la excepción respectiva, de modo que no puede declararla de oficio. En relación con esto último, quiero externar que no estoy presumiendo que el imputado haya renunciado a la prescripción, sino que estoy planteando otra cosa: el debido proceso presupone la imparcialidad del cuerpo juzgador y por ello, la regla es que no debe asumir el papel de los sujetos procesales; de allí se sigue la excepción: sólo en casos muy calificados, establecidos en la ley, puede actuar de oficio; partiendo de lo recién expuesto, mi criterio es que dado que la prescripción es renunciable (lo que implica que es un derecho disponible para el sujeto interesado), no está dentro de los supuestos de las actuaciones de oficio de los órganos jurisdiccionales y, por esta razón, sólo se puede emitir pronunciamiento sobre ella cuando el sujeto interesado la alega. De conformidad con lo expuesto hasta aquí, aunque estoy de acuerdo con la tesis de que, de haberse alegado por el sujeto interesado, la acción penal habría prescrito por las razones que da la mayoría de esta Cámara, lo cierto es que nunca se alegó tal excepción, por lo que estimo que no puede ser declarada de oficio. 3) Por otra parte, en tercer lugar, en mi criterio, la restitución de las cosas al estado anterior a la comisión de un hecho punible puede ordenarse aunque se rechace la acción civil resarcitoria, pues no depende de esta. Aún cuando el título del numeral 103 del Código Penal haga alusión a las \"consecuencias civiles\" de un ilícito, ello sólo es indicativo de que se trata de aspectos no penales, mas no implica que la restitución indicada equivalga a la indemnización a favor de una persona específica. Adviértase que la acreditación de un daño ambiental acarrea la obligación de restituir las cosas al estado anterior (lo cual es diferente a reconocer una indemnización por daño patrimonial o moral). Cabe recordar que esta distinción está recogida en el artículo 361 del Código Procesal Penal, en el que el pronunciamiento sobre \"la restitución y las costas\" se establece por separado al que debe hacerse \"cuando corresponda\" sobre \"lo relativo a la reparación de los daños y perjuicios\". De lo anterior, infiero que al igual que sucede con las costas, el pronunciamiento sobre la restitución (expresión que se hace en general, por lo que abarca la devolución de objetos y el restablecimiento de las cosas al estado anterior al hecho) debe hacerse de oficio. En lo que respecta al restablecimiento de las cosas al estado anterior cuando hay daño ambiental, considero que sí procede la decisión de oficio por parte del Tribunal que conozca el asunto. En materia ambiental, el derecho a un ambiente sano está contemplado en la Constitución Política (artículo 50), la que dispone que es obligación de todos preservarlo y que el Estado tiene el deber de garantizar dicha preservación. tampoco puede dejarse de lado que la propiedad privada, aún cuando está garantizada constitucionalmente, también debe soportar limitaciones de interés social (artículo 45). De allí que la obligación de respetar los bosques y nacientes (entre otros) en los fundos privados, también la deben soportar quienes sean propietarios de los mismos, ya sean personas jurídicas o físicas. Además, en caso de que se dé daño ambiental, quien lo comete tiene la obligación de repararlo, incluso mediante el restablecimiento las cosas al estado anterior al daño. Y ese deber de reparar existe aunque no medie dolo o culpa (es decir, se trata de un régimen de responsabilidad objetiva). Esta posición encuentra respaldo en lo dispuesto en los numerales 2, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y 8 de la Ley de Biodiversidad. De allí que si hay elementos de prueba que permitan establecer un nexo de causalidad entre alguna actividad humana y éste, entonces quien incurre en aquella debe asumir la reparación (en este caso, mediante el restablecimiento de las cosas al estado anterior) del daño. Entonces, la determinación de la obligación de restituir no depende ni de la acreditación de un delito, ni tampoco de la procedencia de una acción civil resarcitoria.\n\nPOR TANTO\n\nSe declara sin lugar el recurso de apelación incoado por la representante del Ministerio Público, así como los motivos primero y segundo del recurso planteado por la Procuraduría General de la República. De manera oficiosa se declara la extinción de la acción penal por prescripción y se confirma la absolutoria del imputado por los hechos que se le han atribuido en este proceso. El juez Fernández Mora pone nota. Se declara con lugar el recurso de apelación incoado por la defensa del demandado civil, así como el tercer motivo de impugnación incoado por el representante de la Procuraduría General de la República, se dispone la ineficacia parcial del fallo y se ordena la realización de un juicio de reenvío, únicamente para que se discuta lo concerniente a la restitución de las cosas a su estado natural que se dispuso en sentencia. El juez Fallas Redondo salva parcialmente su voto.- \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\n\nDBITWA4ZGEC61\nCHRISTIAN FERNANDEZ MORA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\nKXPYGK2FO2461\nDAVID FALLAS REDONDO - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nEP9AGOTDR6C61\nIVETTE CARRANZA CAMBRONERO - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 13-200145-0634-PE\n\n \n\nCircuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [...]\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 07:42:40.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Normal\nSmall\n\nCartago Criminal Appeals Court\n\nRuling No. 00254 - 2021\n\nDate of Ruling: April 29, 2021 at 14:02\n\nCase File: 13-200145-0634-PE\n\nDrafted by: Christian Giovanni Fernández Mora\n\nType of matter: Criminal appeal\n\nAnalyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER\n\nJudgment with Dissenting Vote\n\nJudgment with separate note\n\nRelated Judgments\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Criminal Law\n\nTopic: Invasion of conservation or protection area\n\nSubtopics:\n\nPermanent offense and applicable statute of limitations.\n\nTopic: Statute of limitations for criminal prosecution\n\nSubtopics:\n\nApplicable scenarios and time limit for the offense of invasion of a protection area.\n\n\"II. [...] Due to the manner in which it is resolved, these grounds are addressed jointly and, on an ex officio basis, are declared without merit because the criminal action has been extinguished by the statute of limitations, in accordance with the following reasons: A) From the comprehensive review of the matter, it can be seen that the facts that have been the subject of this proceeding date back to December 26, 2012, when it is alleged that the accused [Name1], in functional co-dominion (codominio funcional) of the act with the heavy machinery operator, who could not be identified in the investigation, gave verbal instructions to invade the protection zone (zona de protección) of a permanent spring (naciente permanente) and a seasonal stream (quebrada estacional), for which earthworks (movimientos de tierra) were carried out within the mentioned protection areas, building a trail used for cattle grazing and culverts to drain the water surface. That same day, officials from the Ministry of Environment and Energy carried out the pertinent investigation proceedings, as they prepared the respective report, seized the machinery used, and identified the accused [Name1], thus initiating the proceeding for the offense of invasion of a protection zone against said defendant. While it is true that the undersigned members of this majority vote understand that the aforementioned offense constitutes a permanent offense (delito de carácter permanente), because as long as the invasive state over the protection zone is maintained, there exists a consummative state that is prolonged over time, it must be understood, in accordance with the principle of legality, that the statute of limitations period began to run with the initiation of the proceeding, as provided for in Article 33 of the Code of Criminal Procedure, when it states: 'Once the proceeding has been initiated, the time limits established in the preceding article shall be reduced by half for their calculation, for the purpose of suspending or interrupting the statute of limitations.' In other words [...]\"\n\n... See more\nLegislative and Doctrinal Citations Related Judgments\nContent of Interest:\n\nType of content: Separate note\n\nBranch of Law: Criminal Procedure Law\n\nTopic: Civil action for damages (acción civil resarcitoria)\n\nSubtopics:\n\nCivil action expires concurrently with the criminal action.\nNon-existence of an implicit repeal of Article 871 of the Civil Code by Article 96 of the Criminal Code.\n\n\"IV.- Note from Judge [Name1]: Regarding the issue of the civil action for damages, I must point out that, as I have been doing on repeated occasions, in my opinion, the expiration of the criminal action by statute of limitations entails that of the civil action, even though the jurisprudence of the Third Chamber has indicated otherwise, for this is what is provided by a current norm of the legal system, namely Article 871 of the Civil Code. The arguments of the Cassation Chamber affirming that Article 96 of the Criminal Code implicitly repealed (derogó tácitamente) Article 871 of the Civil Code overlook circumstances whose consideration is essential in light of the rules for the application of the implicit repeal of a norm, such as the criterion of lex posterior. In that sense, [Name2] points out that: [...]\"\n\n... See more\nLegislative and Doctrinal Citations Related Judgments\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Criminal Law\n\nTopic: Restitution of things subject to the punishable act\n\nSubtopics:\n\nRestitution of forested ecosystems (ecosistemas boscosos) for environmental damage in the offense of invasion of a protection area.\nNeed for clarity regarding the legal and technical reasons for which it was appropriate to order restitution in a case where neither criminal nor civil liability could be determined.\n\n\"V. [...] From the review of the intellectual basis of the appealed judgment, it is observed that the trial court considered that the norm allowing the 'restitution of things to their natural state' was that provided by Article 140 of the Code of Criminal Procedure, overlooking that said norm is only provided for as a provisional measure intended to precautionarily protect the rights of the victim, so the requirements for its application are not the same as those established by Article 103 of the Civil Code. It is true that the judgment refers to the fundamental right to an ecologically balanced environment, provided for by Article 50 of the Political Constitution, but if that were the basis for the provisions taken by the court a quo, they should find a legal basis to support the decision; specifically, performing acts to the detriment of the property right of the company that owns the farm where the alleged environmental damage occurred, since only through the principle of legal reserve could a fundamental right such as property be affected, to protect another fundamental right considered of higher rank, such as environmental protection. The principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of forested ecosystems corresponds to an obligation that the legislature has imposed on the State, as a form of action against behaviors that imply damage to the environment. Thus, the State could not renounce or desist in its actions to ensure that lands that once constituted forested ecosystems return to being so, but this does not mean that, automatically, in an acquittal judgment, in which it was not possible to establish any type of subjective or objective civil liability of any person, the jurisdictional authority must order actions or omissions that necessarily entail a technical criterion, regarding the best way to proceed in such cases of environmental damage. In other words [...]\"\n\n... 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Partially dissenting vote of Judge Fallas Redondo: The undersigned judge disagrees in several aspects with the decision taken by those who formed the majority of votes in this matter. 1) With regard to the issue of the statute of limitations for the criminal action (as set forth in argument A of Considerando II of this ruling), I depart from the opinion of my colleague, since, firstly, in my view, the initiation of the criminal proceeding does not, by itself, have any interrupting effect on the statute of limitations calculation. What Article 31 of the Code of Criminal Procedure indicates is that if the proceeding has not been initiated (that is, there is no person identified as the possible perpetrator of a punishable act), then the action expires upon the completion of the time limits established in that norm. Article 33 of the same legal body establishes which procedural acts have an interrupting effect on the statute of limitations, once a person is identified as the accused. But nothing more. Neither of the two indicated norms attributes an interrupting effect to the initiation of the proceeding, that is, to identifying someone as the possible perpetrator of a punishable act. Under such conditions, it is not viable to invoke grammatical interpretation to understand that such initiation of the proceeding means the interruption of the statute of limitations calculation. Likewise, I consider that it is also not acceptable to apply the technique of restrictive interpretation to those articles, because the limit of this type of understanding of norms is precisely their text, and in none of those numerals is an interrupting effect attributed to the initiation of the proceeding, so granting it in disregard of the provisions of Articles 31 and 33 of the Code of Criminal Procedure implies altering the content of those legal provisions, which I consider is a function of the Legislative Branch. Thus, I dissent regarding this point, as I consider that the statute of limitations for the criminal action has not occurred. [...] 2) In relation to argument B of the same Considerando II, I wish to indicate that the statute of limitations is waivable (Article 35 of the Code of Criminal Procedure), which means, for me, that it is not one of the scenarios in which the Court can rule ex officio. [...]\n\n3) On the other hand, thirdly, in my opinion, the restitution of things to the state prior to the commission of a punishable act can be ordered even if the civil action for damages is rejected, as it does not depend on it. [...]\"\n\n... See more\nLegislative and Doctrinal Citations\nText of the ruling\n\n1\n\n\n\nCase File: 13-200145-0634-PE\n\nAgainst: [Name1]\n\nOffense: Invasion of Protection Area\n\nInjured Party: Natural Resources\n\nRes: 2021-254\n\nExp: 13-200145-0634-PE\n\nCartago Criminal Appeals Court, First Section. At fourteen hours and two minutes on the twenty-ninth of April two thousand twenty-one.\n\nAppeal of criminal judgment filed in the present case against [Name1], of legal age, born on April fifth, nineteen fifty-three, with identity card number CED1 - - , for the offense of Invasion of Protection Area, to the detriment of Natural Resources. Judges Christian Fernández Mora and David Fallas Redondo, as well as Judge Ivette Carranza Cambronero, participate in the decision of the appeal. Appearing on appeal are [Name2], as private defense counsel for the accused; Ivannia Li Zúñiga, representing the Public Prosecutor's Office; and José Humberto Fernández González, representing the Attorney General's Office of the Republic.\n\nWhereas:\n\n1. That by judgment number 62-2021 of sixteen hours ten minutes on February fifth, two thousand twenty-one, the Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Buenos Aires Court, resolved: \"THEREFORE: In accordance with the foregoing, cited norms, Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 1, 11, 30, 45, 367 of the Criminal Code, and Articles 1, 2, 6, 8, 9, 111 to 124, 142, 265 to 270, 341 to 366 of the Code of Criminal Procedure; Article 58 subsection A of the Forestry Law (Ley Forestal); 73.2 of the Civil Procedure Code, this Court acquits (absolver) the accused [Name1] of all penalty and liability for one offense of Invasion of a Protection Area, which was attributed to him by the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office of the Republic as Private Prosecutor, to the detriment of Natural Resources. The lifting of any precautionary measure that has been ordered against the accused here in this case is ordered. The Civil Action for Damages (Acción Civil Resarcitoria) filed by the Attorney General's Office of the Republic against the civil defendant [Name1] is declared without merit. It is resolved without special condemnation for costs regarding the Civil Action for Damages. The costs of the proceeding shall be borne by the State. In accordance with Article 140 of the Code of Criminal Procedure, the restitution of things to their original state is ordered concerning the trail and the culverts, and the structures and constructions within the protection area, of [Address1], located in the locality of Javillo de Potrero Grande de Buenos Aires, property of Inversiones Anahatta Global, Limited Liability Company. A period of three months after notification of this judgment is granted to the Judicial Representative of the Limited Liability Company, Inversiones Anahatta Global, SRL, to proceed with the demolition of the six culverts, as well as the structures and constructions within the protection area. Likewise, the Ministry of Environment and Energy, SINAC, is ordered to carry out the inspection and render a report to verify compliance with what has been ordered in this judgment. Notify by reading. José Antonio Campos Vargas. Trial Judge ai.\"\n\n2. That against the preceding pronouncement, attorneys Ricardo Ananías Loaiza Morales and José Humberto Fernández González, as well as attorney Ivannia Li Zúñiga, filed the appeals.\n\n3. That once the respective deliberation was carried out in accordance with the provisions of Article 466 of the Code of Criminal Procedure, amended by Law 8837 published on December ninth, two thousand eleven (Creation of the Appeal of Judgment), the Court raised the questions formulated in the appeal.\n\n4. That the pertinent legal provisions have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Judge Fernández Mora, and;\n\nConsidering:\n\nI.- Admissibility of the appeals: For complying with the legal requirements, the appeal filed by Ivannia Li Zúñiga, in her capacity as representative of the Public Prosecutor's Office; José Humberto Fernández González, as representative of the State; and Ricardo Ananías Loaiza Morales, in his capacity as private defense counsel for the accused, is admitted for its substantive study. The study of the summary allows establishing that the mentioned appeals were filed within the legal term, and in accordance with the requirements necessary for the adequate and correct understanding of the disagreements raised by the appellants.\n\nII.- The representative of the Public Prosecutor's Office raised a first ground of challenge in which she alleges the erroneous assessment of the evidence and lack of intellectual evidentiary reasoning. She considers that the evidentiary elements were not analyzed adequately, since an extremely brief reasoning was made regarding the testimonial evidence, in that the judge indicated in a few lines that witnesses [Name3] and [Name4] stated that the defendant [Name1] \"was making signals ahead with his hands\" and that, specifically, witness [Name4] declared that from this type of movement it was inferred that the defendant was giving instructions, although due to the noise of the heavy machinery, they could not establish what those instructions were. She maintains that the witnesses' testimony was assessed in a biased manner because what they stated does not constitute an amphibological indication (indicio anfibológico), as the trial judge indicated, since there were no other people at the location and the actions that [Name1] performed were solely and exclusively directed at the operator to make the trail. In the second ground of challenge, the appellant alleges that the judgment erroneously applied the substantive law because the trial judge argued that the accused did not act as an indirect perpetrator (autor mediato) of the fact and it was not possible to establish that the accused had functional co-dominion (codominio funcional) of the fact, because his final action did not entail driving the heavy machinery and he would not have that dominion of the will over the operator of the bulldozer (tractor de oruga), whose true identity was never investigated, and who was performing the final action of invading a protection area. For the appellant, there are contradictions in the judgment's arguments, because it states that there is documentary evidence establishing that the accused [Name1] did not have permits from the State Forestry Administration, that the protection area corresponded to a spring (naciente), but that the functional dominion (dominio funcional) of the accused in the facts was not proven, even though this circumstance was indeed established with the testimonial evidence. She requests that the judgment be annulled and a retrial (reenvío) to the sentencing court be ordered for a new hearing. In a first ground of appeal, the representative of the Attorney General's Office of the Republic claims the improper reasoning of the judgment for violation of the rules of sound criticism (sana crítica). He considers that it was demonstrated in the adversarial hearing that the offense of invasion of the protection zone occurred through the construction of an access road from the entrance of the property to the back of the property where a corral is located, and which is also invading the protection zone of a permanent spring (naciente permanente); that there are also several culverts and a well made of cement, as well as improved brisanta grass and cattle on the property. He considers it is not true that no facts were found proven, since the invasion of a protection area of the spring (naciente) and the stream (quebrada) was proven. Otherwise, it would be unreasonable for restitution to the state prior to the facts to have been ordered. He maintains that the discussion corresponds to whether the orders given by the accused to the machinery operator were verbal in order to constitute the offense, since he gave orders with signs and hand gestures to direct the construction of the work. He indicates that the modification of the form in which these orders were expressed is inconsequential, because gestural orders were the appropriate way to communicate, taking into account the external noise produced by the tractor's engine, which made verbal communication impossible. He requests that the judgment be revoked and the matter be sent back for new proceedings (sustanciación). Due to the manner in which it is resolved, these grounds are addressed jointly and, on an ex officio basis, are declared without merit because the criminal action has been extinguished by the statute of limitations, in accordance with the following reasons: A) From the comprehensive review of the matter, it can be seen that the facts that have been the subject of this proceeding date back to December 26, 2012, when it is alleged that the accused [Name1], in functional co-dominion (codominio funcional) of the act with the heavy machinery operator, who could not be identified in the investigation, gave verbal instructions to invade the protection zone (zona de protección) of a permanent spring (naciente permanente) and a seasonal stream (quebrada estacional), for which earthworks (movimientos de tierra) were carried out within the mentioned protection areas, building a trail used for cattle grazing and culverts to drain the water surface. That same day, officials from the Ministry of Environment and Energy carried out the pertinent investigation proceedings, as they prepared the respective report, seized the machinery used, and identified the accused [Name1], thus initiating the proceeding for the offense of invasion of a protection zone against said defendant. While it is true that the undersigned members of this majority vote understand that the aforementioned offense constitutes a permanent offense (delito de carácter permanente), because as long as the invasive state over the protection zone is maintained, there exists a consummative state that is prolonged over time, it must be understood, in accordance with the principle of legality, that the statute of limitations period began to run with the initiation of the proceeding, as provided for in Article 33 of the Code of Criminal Procedure, when it states: 'Once the proceeding has been initiated, the time limits established in the preceding article shall be reduced by half for their calculation, for the purpose of suspending or interrupting the statute of limitations.' In other words, the legislature has distinguished two scenarios for the calculation of the statute of limitations: a) when the proceeding has not been initiated, in which case the statute of limitations term runs completely, as provided by Article 31 of the Code of Criminal Procedure; and b) when the proceeding has already begun, in which case the calculation must be reduced by half for purposes of taking it into account each time a cause for suspension or interruption of the statute of limitations must be recorded, since otherwise, it would not make sense for the legislature to have established the phrase 'once the proceeding has been initiated,' because the causes for interruption and suspension of the statute of limitations only occur when the proceeding has already been initiated. (Regarding this, see a similar position from this same panel in vote number 2020-443 of 10:30 hours on July 31, 2020). For this panel, the thesis that the statute of limitations period for permanent offenses (delitos permanentes) does not begin until their permanence ceases as provided by Article 32 of the Code of Criminal Procedure could not be accepted, because that would imply that this type of offense becomes imprescriptible, since in a case like the one at hand, it would imply that none of the causes for interruption or suspension of the statute of limitations have operated in this case, because for that to be considered to have happened, the calculation of the statute of limitations period would have to have begun, and that would not happen until the invasive acts that maintain the permanence of the criminal result have concluded. One could even reach the absurd situation where the accused is convicted, has served the sentence imposed, and the statute of limitations period has not yet begun, only because the occupation acts continue to occur in the protection zone alleged as invaded. That is why this Chamber considers that the provisions of Articles 31 and 32 of the Code of Criminal Procedure refer to the calculation of the statute of limitations period for those matters in which the proceeding has not been initiated, because when it has been initiated, it is logical that the regulation is different and the provisions of Article 33 of the Code of Criminal Procedure apply, since the repressive apparatus of the State has been notified of the existence of an offense and has at its disposal all the legal mechanisms to prevent the consummation and exhaustion of the offense, as established by Article 67 of the Code of Criminal Procedure, regarding the function of the judicial police, who act under the functional direction of the Public Prosecutor's Office; in addition to the specific regulations that the various laws provide to the State Forestry Administration to prevent the continuation of acts that harm the environment (Environment Organic Law, Forestry Law, Biodiversity Law, among others). Having clarified the foregoing, it must be considered that, as the statute of limitations calculation began on the very same day on which the facts accused by the Public Prosecutor's Office occurred, the statute of limitations calculation began to run from that moment, reduced by half by express provision of the legislature. Because the offense of invasion of a protection area, according to Article 58 subsection a) of the Forestry Law, has a maximum penalty of three years in prison, upon reducing the statute of limitations calculation by half with the initiation of the proceeding, the period for the criminal action to be extinguished was eighteen months (Article 31 subsection a) in relation to Article 33 of the Code of Criminal Procedure). In accordance with the foregoing, for the majority of this Chamber, the facts judged in the present proceeding had become time-barred before the moment when the defendant was formally charged with the facts for the first time (primera imputación formal de los hechos), since his initial statement (declaración indagatoria) took place on July 3, 2014, when more than eighteen months had elapsed since the proceeding was initiated, so the statute of limitations would have occurred on June 26, 2014.\n\nIt should be noted that, in this matter, the majority of this Chamber has interpreted that, since the statute of limitations is a procedural sanction established by law for the State's inactivity, it constitutes a prerequisite for the criminal action to be exercised legally and, according to the provisions of subsection c) of Article 178 of the Code of Criminal Procedure, constitutes an absolute defect, declarable ex officio by this Chamber, as it is related to the initiative of the Public Prosecutor's Office in the exercise of the criminal action and its participation in the proceeding. By virtue of the foregoing, it is appropriate to declare the appeal filed by the prosecutorial representation without merit and to decree ex officio the extinction of the criminal action due to the statute of limitations, maintaining the acquittal (absolutoria) ordered in favor of the accused [Name1] for the facts attributed to him in this proceeding. B) Even in the event that the interpretation held by the majority of this Chamber regarding the effects of the initiation of the proceeding on the statute of limitations calculation as an automatic reducer of the period by half is not shared, the study of the case file allows establishing that the fatal statute of limitations deadline occurred during the intermediate phase, which in this proceeding extended for almost five years, as will be seen. It should be noted that in both positions, we start from the premise that, even in permanent offenses (delitos permanentes), the legislature has not indicated in any norm that the statute of limitations calculation does not begin when the proceeding has already been initiated, because as stated in the previous point, this would lead to the absurd situation that such cases become imprescriptible, even though different causes expressly indicated by law as interrupting the statute of limitations operate. Thus, the judgment challenged here would not have interrupted the statute of limitations in this case because the restitution of things to their original state ordered by the court a quo has not yet been carried out, which would not only be contrary to an express provision of the law, but would also be nonsensical. As stated, the facts accused date back to December 26, 2012, and the accused gave his initial statement (declaración indagatoria) on July 3, 2014 (folio 59 of the main case file). The first summons for a preliminary hearing (audiencia preliminar) occurred on August 3, 2015 (folio 113), but said proceeding could not be held for different reasons recorded on each occasion, so it had to be summoned again for said proceeding on September 10, 2015 (folio 119); January 12, 2016 (folio 165, where it erroneously indicates January 12, 2015); February 23, 2016 (folio 177); and April 6, 2016 (folio 183). Between each of those interrupting acts of the statute of limitations, established by Article 33 subsection c) of the Code of Criminal Procedure, the fatal period of eighteen months for the statute of limitations to occur was never exceeded. However, the proceeding was also not held on the last occasion for which the parties were summoned; rather, due to a request made by the representative of the Public Prosecutor's Office on June 6, 2018 (folio 194), a new preliminary hearing was scheduled for July 4, 2018, an opportunity for which more than eighteen months had elapsed since the last scheduling for a preliminary hearing, meaning the criminal action to prosecute the accused [Name1] for the facts investigated here had been extinguished since October 6, 2017. In accordance with the foregoing, the subsequent scheduling for preliminary hearings and those scheduled for the oral hearing that gave rise to the challenged judgment did not manage to interrupt the statute of limitations for the criminal action, as that period had already occurred long before those interruptive acts of the statute of limitations were ordered. Once this situation is verified, any error that may have existed in the challenged resolution is inconsequential, given that the time limit established by the legislature for the criminal action to be exercised had amply elapsed, so the acquittal decision reached by the court a quo must remain unchanged. Judge Fallas Redondo partially dissents on this aspect.\n\nIII.- The representative of the Attorney General's Office of the Republic raised a second ground for error in procedendo: contradictory and insufficient reasoning of the judgment regarding the civil action for damages (acción civil resarcitoria). He alleges that the possible strict liability (responsabilidad objetiva) of the accused was not analyzed; rather, it was affirmed that it was rejected because the guilt (culpabilidad) of the accused could not be determined with the required certainty, when it is not enough to assert that a criminal acquittal (absolución penal) produces a civil acquittal (absolución civil) without convincingly providing reasons for that decision. He maintains that the court makes assertions that constitute dogmatic statements, from which it is not possible to deduce the reasons why the civil action for damages was rejected. The appealed judgment does not explain why the civil action for damages was declared without merit, when the offense was proven, according to the evidence presented, so much so that the restitution of things to their prior state was ordered, because it is causing environmental damage that was quantified. The ground is declared without merit: In the appealed judgment, it is sufficiently explained that the state representation attributed to the civil defendant only subjective civil liability, derived from the commission of an unlawful act, for which reason at least the criminal wrong (injusto penal) had to be proven, as the generating event of the claimed damage.\n\nThus, the appellant's claim that the judgment should have analyzed the possibility of objective liability on the part of the civil defendant is inadmissible, since, in accordance with the principle of congruence between claim and judgment, set forth in Article 61.2 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), given that this type of liability was never attributed to the defendant, a conviction on that basis could never have been entered. This Chamber does not find that there are dogmatic assertions without substance, or that the reason for the civil acquittal was not sufficiently explained, for it was clearly stated: “In the present case, despite the fact that environmental damage was proven, it is not possible to establish the causal link that would allow civil liability to be attributed to the defendant [Name1] herein. This is so because the criminal liability of the defendant herein for these acts was not proven, nor that he carried out the earthworks (remoción de tierra) and invasion of the protected area classified as a spring (naciente) 'on behalf of the works' as had been attributed to him. As has been stated, despite the testimony of the expert witness [Name4] and what is described and analyzed in the Economic Valuation of Environmental Damage Report (Informe de valoración Económica de Daño Ambiental), it is not possible to establish an obligatory link that would allow for an inference of compensatory liability in the present case. The foregoing because, in essence, it must be assessed what attribution of civil liability connects the civil defendant to the claim brought by the State, and in the specific case, the Prosecutor was not specific about the form of attribution of civil liability that she petitioned for or managed to demonstrate in the debate; therefore, upon analyzing the civil claim and the arguments set forth in her conclusions, it is extracted that the criterion used by the state representation is the attribution of subjective civil liability, considering that the damage sought to be compensated was the product of intentional criminal conduct, so the criminal or civil wrong must be proven in order for the civil defendant to have passive standing.” The fact that it is indicated that environmental damage existed and that restitution of things to their natural state should be ordered is not synonymous with that damage having been attributable to the civil defendant, since to do so it was essential to be able to prove a causal link between the attributed conduct and the referenced environmental damage, for that is what the plaintiff established in her civil claim and she never established that said environmental damage was the product of some type of objective liability established by law, which is the reason why it was not possible to grant the civil compensatory action (acción civil resarcitoria) brought by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República). By reason of the foregoing, this ground of challenge is dismissed. Judge Fernández Mora enters a note.\n\nIV.- Note of Judge Fernández Mora: Regarding the issue of the civil compensatory action, I must point out that, as I have been doing on repeated occasions, in my opinion, the statute of limitations for the criminal action entails the statute of limitations for the civil action, even though the jurisprudence of the Third Chamber has indicated otherwise, for so provides a current rule of the legal system, namely Article 871 of the Civil Code (Código Civil). The arguments of the Court of Cassation to affirm that Article 96 of the Penal Code (Código Penal) tacitly repealed Article 871 of the Civil Code overlook circumstances whose consideration is essential in light of the rules for the application of tacit repeal of a norm, such as the criterion of lex posterior. In that sense, Josep Aguiló states that: \"Not every normative inconsistency gives rise to a repeal by incompatibility. There is only repeal when the ordering of conflicting norms is carried out by applying the lex posterior criterion. The application of the lex specialis and lex superior criteria does not result in any repeal\" (Aguiló, Josep. La derogación en pocas palabras. Anuario de Filosofía del Derecho XI, 1994, p. 412). From the foregoing perspective, it could not be interpreted that Article 871 of the Civil Code is tacitly repealed because the Penal Code, which contained the referenced Article 96, was enacted in 1970, because through a later law, the legislator decided to restore the effects of Article 871 of the Civil Code. This later legal provision is none other than Law No. 4981 of November 8, 1971, which restores the validity of Title IV, Book I of the 1941 Penal Code, which in its Article 138 provides: \"The obligations concerning civil reparation, dealt with in this chapter, are extinguished by the means and in the manner determined by the Civil Code for civil obligations,\" which necessarily refers to the form of extinction of the civil action (statute of limitations) arising from a crime stipulated in Article 871 of the Civil Code. On this matter, it must be borne in mind that tacit repeal by normative incompatibility does not have the virtue of eliminating a norm from the legal system, but merely renders it inapplicable due to the aforementioned incompatibility, but it is a norm that remains fully in force. Therefore, even under the assumption that the interpretation of the Court of Cassation were correct, regarding the existence of a tacit repeal by incompatibility of norms of Article 871 of the Civil Code upon the enactment of Article 96 of the Penal Code, said norm would not have lost any validity whatsoever, but was incompatible only for a period of just over a year (from May 4, 1970, to November 18, 1971), since subsequently, the same legislator decided to restore it in all its effects through a new act of legislative enactment. On this matter, it should be noted that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, in response to a judicial inquiry from the Criminal Cassation Chamber that questioned the provisions of Article 871 of the Civil Code, indicated: \"But whatever the statute of limitations period established by law, in the case of criminal conduct, it is logical that the civil actions derived therefrom, being merely private and, therefore, secondary in relation to the main public interest immersed in the criminal action, should suffer the same fate as the latter with regard to the statute of limitations. The contrary would imply that the criminal act could be invoked and proven judicially in a civil venue, with a view to compensation for damages, even when the penalty cannot be imposed because the criminal action is time-barred, which is illogical\" (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, Ruling No. 1993-5029 of 2:36 p.m. on 10/13/1993) (Emphasis supplied). In other words, as Article 871 of the Civil Code is a current, effective norm that also has no constitutional friction, it must be applied effectively by the judge. For this judge, it is clear that there is an exception to the general principle of the ten-year statute of limitations for bringing a claim in the civil courts. It is precisely the law that establishes that, in the case of liability derived from a crime, the civil action must prescribe together with the criminal action. Specifically, I consider that interpreting Article 871 of the Civil Code as tacitly repealed responds to a determination to provide protection for the victim beyond what the legislator itself decided to expressly grant, for which the Criminal Cassation Chamber has resorted to legal arguments that, although technically correct, are strained for the case under analysis. By virtue of the foregoing, I consider that in addition to the appellant never having imputed any liability other than subjective liability to the civil defendant, in any event, the discussion regarding said liability lacks interest since both the criminal action and the civil action have been extinguished by the statute of limitations, for which reason the appealed judgment must be confirmed in this regard.\n\nV.- In a third ground of challenge, the State's representative accuses the judgment of contradictory and insufficient reasoning regarding the restitution of things to their natural state, in violation of substantive law. He considers that the judgment violates Article 140 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal), the Forestry Law (Ley Forestal), Environmental Law, and its pro natura principles. He criticizes that the order to eliminate the brisanta grass (zacate brisanta) was rejected, even though it is an improved grass, as indicated by forestry engineer Rolando Rodríguez. Said grass was introduced into the protection area of the ravine and the spring, since there must be riparian-type vegetation there and not pasture grass, so it is not natural to the area and must be removed; leaving it in place would allow the protection zone to continue being invaded. Likewise, the absence of livestock in said protection zones must be ordered, because leaving livestock in said zone would not allow its regeneration; furthermore, livestock produce excrement and urine, which through runoff can contaminate the water resource. He requests that the appeal be granted and a new ruling issued, correctly applying the corresponding legal norms. The private defender of the accused raised a first ground of challenge for improper application and interpretation of Article 140 of the Criminal Procedure Code; breach of the principle of constitutional reasonableness and proportionality, as well as due process of law. He maintains that the norm on which the restitution of things to their original state is based is applied erroneously, because said norm is proper to precautionary or provisional measures, not applicable to final or dispositive acts. He states that the decisions of the Constitutional Chamber 2234-2011 of March 21, 2001, 3048-2001 of April 24, 2001, and 2230-06, which are of mandatory application and have a higher rank than the Penal Code, are consistent in stating that Article 140 of the Criminal Procedure Code can only support precautionary or provisional measures, not definitive or final ones. The breach of the aforementioned constitutional rulings represents a violation of due process and a breach of the right to justice, which is why the decision must be annulled. In a second ground of challenge, the defense of the accused alleges the improper application and interpretation of Article 142 of the Criminal Procedure Code; breach \"of the principle of sound rational criticism,\" only in relation to the order to restore things to their original state. He considers that the order to restore things to their original state disregards evidentiary elements of decisive value, rendering it ineffective. In this case, it is clear that there is no proven fact whatsoever, and by virtue of the principle of coincidence between what is proven and what is granted, there is a logical incongruity, because there is no proven fact whatsoever, which is why it was not appropriate to order the aforementioned restitution. He affirms that the alleged environmental damages of the [Address2] of the province of Puntarenas were never verified by any judicial authority, because it never appeared at the site to verify them in situm, violating the principle of community and immediacy of evidence. The multiple field reports and inspections were carried out without the presence or invitation of the defense, nor was a topographical survey carried out to locate the springs on the property, such that there is no certainty whatsoever that those resources are located there, and it is premature and illegal to order final material acts. He considers it serious that the closure of the road on a property dedicated to livestock is ordered, because that prevents the development of the activity. If the closure of the road on a small livestock farm is prevented, what prevents the closure of other farms, especially in a time of pandemic. He reiterates that the restoration of things to their original state is illegal, since the judicial authority never determined what that original state was, and one cannot blindly follow what two MINAE officials have said. He requests that the appealed judgment be modified, only in relation to the restitution of things to their original state, ordering the revocation of that dispositive part so that material actions are not carried out on the farm. Due to their close connection, the foregoing grounds are resolved jointly and are granted: Upon review of the intellectual foundation of the appealed ruling, it is observed that the trial judge considered that the norm that allowed him the “restitution of things to their natural state” was that provided by Article 140 of the Criminal Procedure Code, disregarding that said norm is provided only as a provisional measure aimed at precautionarily protecting the rights of the offended party, so the conditions for its application are not the same as those established by Article 103 of the Civil Code. It is true that the judgment alludes to the fundamental right to an ecologically balanced environment, provided for in Article 50 of the Political Constitution, but if that were the basis for the provisions taken by the lower court, they should find a legal basis to support the decision; specifically, carrying out acts to the detriment of the property rights of the company that owns the farm where the accused environmental damage occurred, since only through the principle of legal reservation could a fundamental right such as property be affected, to protect another fundamental right considered of higher rank, such as environmental protection. The principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of forest ecosystems corresponds to an obligation that the legislator has imposed on the State, as a form of action against behaviors that imply damage to the environment. Thus, the State could not renounce or abdicate its duty to act so that lands that constituted forest ecosystems return to being so, but it does not mean that, automatically, in an acquitting judgment, in which it was not possible to establish any type of subjective or objective civil liability of any person, the jurisdictional authority must order actions or omissions that necessarily entail a technical criterion, regarding the best way to proceed in such cases of environmental damage. In other words, when there is an acquitting judgment against certain persons accused of that environmental damage, the State will have the obligation to set in motion the administrative legal powers to comply with the provisions of Article 45 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) which establishes that: “The state has the obligation to avoid any risk or danger that threatens the permanence of the ecosystems. It must also prevent, mitigate, or restore environmental damages that threaten life or deteriorate its quality,” because the criminal judge has his powers limited to civil reparation established by Article 103 of the Penal Code. In a case such as this one, the jurisdictional authority must make clear which norm grants it competence to order the demolition of buildings, removal of structures, roads, or other provisions commonly ordered by the courts of justice, when Article 99 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) establishes a series of administrative sanctions that the Public Administration can carry out, among which are subsections d), e) g) and h) of said norm, which establish the possibility of restricting or ordering the immediate suspension of the acts that originated the complaint; the total or partial, temporary or definitive closure of said acts; the imposition of compensatory or stabilizing obligations for the environment or biological diversity; and the modification or demolition of constructions or works that damage the environment, among others. In accordance with the above, it must be analyzed in a case such as this one, in which it was not possible to demonstrate the attributed punishable act, why the responsibility and competence to protect and safeguard the restoration of forest ecosystems for that environmental damage lies with the jurisdictional body and not solely with the State Forestry Administration. This has been resolved by this Chamber in a partially different composition, stating: “If in the present matter, what was attributed to the defendants was having altered the existing forest ecosystem by having cut down a significant number of trees in a protected and forested zone, but within land that is legitimately possessed by the defendants, it is not correct to speak of restitution, since there is no one to whom to return anything, but rather what is sought is to achieve the natural or induced regeneration of the ecosystem, but not civil restitution per se. As we are not dealing with a case of civil restitution, it is necessary to analyze when it is possible to sustain that it is appropriate to establish measures aimed at reversing the environmental damage produced, which must necessarily be subject to legal reservation, since said measures imply obligations to do or not to do for the rights of the persons accused of damaging the environment, but also for the possessors and owners of the properties on which said environmental damages were committed, such as the obligation not to exercise the various rights derived from ownership. That is why various norms of the legal system contemplate the possibility of carrying out the demolition of works that affect the State's natural heritage, as established by Article 13 of the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre), or Article 36 of the Forestry Law, which authorizes the eviction of properties subject to forest regime or dedicated to forestry activity, Article 55 of the Law on Use and Conservation of Soils (Ley de uso y conservación del suelos) No. 7779, which expressly provides that the State may 'take appropriate measures to avoid soil damage or restore, insofar as possible, the prior situation, when the damage has already occurred', or the different protective measures for the environment established by Article 99 of the Organic Environmental Law, among which are included the demolition of constructions or works that damage the environment (subsection h) and the imposition of compensatory or stabilizing obligations for the environment or biological diversity (subsection g). However, in said norms, an administrative procedure is established that must be complied with before any of these protective measures can be ordered, since the authorities of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) are responsible for technically supervising each case and recommending the most appropriate measures, and due process must be granted to the potentially affected parties. In the present matter, there is no technical criterion indicating which measures should be adopted, since there are no works to demolish, nor was it possible to determine the criminal liability of the defendants in the accused conduct, so as to establish that they are the ones who must bear the environmental responsibility for complying with said protective measures, for which reason it is impossible in this venue to grant a claim such as that of the Office of the Attorney General, in which it requests that the defendants be ordered, in their capacity as property owners, not to carry out any activity that prevents the regeneration of the affected zone. Therefore, it is the criterion of the majority of this Court that what is appropriate is to dismiss the present ground of appeal of the judgment, but in order to protect the fundamental right enshrined in Article 50 of the Political Constitution and the precautionary principle that governs environmental matters, it is ordered that this judgment be communicated to the La Amistad Pacífico Conservation Area (Área de Conservación Amistad Pacífico) of the Ministry of Environment and Energy, so that it may follow up on the affected zone in this matter and order, if necessary, the corresponding protective measures” (Ruling 2018-101 of 10:47 a.m. on February 28, 2018, Judges Fernández Mora, Carranza Cambronero, with a dissenting vote from Judge Mena Artavia). This criterion is fully applicable in the present case, in which, as indicated, the liability of the accused for the acts attributed to him in the criminal process could not be determined, so no civil liability whatsoever could be determined against him; it is necessary that in the substantive ruling of the lower court, the legal and technical reasons for which it was appropriate to order the restitution of things to their natural state be clearly established. Precisely, that argumentation should have involved the analysis of the legal norms that permit such a situation, as well as the due technical analysis that establishes the measures necessary to maintain the balance that existed before the environmental damage. In that sense, the State's representative is also correct in pointing out that there is no adequate basis in the judgment to establish why it was only appropriate to order the elimination of the works carried out and not the artificial planting of grass for livestock grazing. As it is not observed that there is an adequate basis in that regard, the claims raised are granted, the partial nullity of the ruling is ordered, and a remand hearing before a different panel of the same court is ordered for new proceedings, only regarding the restitution of things to their natural state.\n\nVI. Partially dissenting vote of Judge Fallas Redondo: The undersigned judge disagrees, in several respects, with the decision taken by those who formed the majority of votes in this matter. 1) Regarding the issue of the statute of limitations for the criminal action (as set forth in argument A of Recital II of this decision), I depart from the criterion of my colleagues, for, first of all, in my view, the initiation of the criminal proceedings does not, by itself, have any interruptive effect on the computation of the statute of limitations. What section 31 of the Criminal Procedure Code indicates is that if the proceedings have not begun (that is, there is no person identified as a possible perpetrator of a punishable act), then the action prescribes upon the expiration of the periods established in that norm. Article 33 of the same legal body establishes which procedural acts have an interruptive effect on the statute of limitations, when a person is already charged. But nothing more. Neither of the two indicated norms attributes an interruptive effect to the initiation of the proceedings, that is, to the identification of someone as a possible perpetrator of a punishable act. Under such conditions, it is not viable to invoke grammatical interpretation to understand that such initiation of the proceedings means the interruption of the computation of the statute of limitations. In the same sense, I also consider that it is not acceptable to apply the technique of restrictive interpretation to those articles, because the limit of this type of understanding of the norms is precisely their text, and in none of those sections is an interruptive effect attributed to the initiation of the proceedings, so granting it in disregard of the provisions of Articles 31 and 33 of the Criminal Procedure Code implies altering the content of those legal provisions, which I consider is a function of the Legislative Branch. This being the case, I dissent from the vote regarding this point, as I consider that the statute of limitations for the criminal action has not taken effect. 2) In relation to argument B of the same Recital II, I wish to indicate that the statute of limitations is waivable (Article 35 of the Criminal Procedure Code), which means, for me, that it is not one of the circumstances in which the Court can rule ex officio. See Article 42 of the Criminal Procedure Code and it can be appreciated that it is provided that the extinction of the criminal action may be raised as an exception in the process. It is certainly provided that the Court may ex officio address the resolution of \"some of\" the exceptions. Note that the law does not say that it may rule ex officio on \"the foregoing issues,\" plain and simple, but rather precedes the expression \"some of,\" which is different from \"all\" or \"any of.\" This implies that the legislator did not establish that the ex officio ruling on exceptions may be made with respect to any of them, or what is the same, that it proceeds with respect to all of them, but rather that such type of ex officio decision is only appropriate in cases where no action by a party is required. But it appears, from my perspective, that the statute of limitations is outside the circumstances in which an ex officio ruling is appropriate, precisely because it is waivable (which differentiates it from other grounds for extinction of the criminal action), such that, for me, the Court can only declare it when the procedural party interested in it (essentially the accused, although nothing would prevent the Public Prosecutor's Office, in adherence to the principle of objectivity, from doing so) raises the respective exception, so it cannot declare it ex officio. In relation to the latter, I wish to state that I am not presuming that the accused has waived the statute of limitations, but rather that I am raising a different point: due process presupposes the impartiality of the judging body and therefore, the rule is that it should not assume the role of the procedural parties; from there follows the exception: only in very qualified cases, established in the law, may it act ex officio; starting from what has just been stated, my criterion is that given that the statute of limitations is waivable (which implies that it is a right available to the interested party), it is not within the circumstances for ex officio actions by jurisdictional bodies and, for this reason, a ruling on it can only be issued when the interested party alleges it. In accordance with the foregoing, although I agree with the thesis that, had it been alleged by the interested party, the criminal action would have been time-barred for the reasons given by the majority of this Chamber, the truth is that such exception was never alleged, so I consider that it cannot be declared ex officio. 3) Moreover, thirdly, in my criterion, the restitution of things to the state prior to the commission of a punishable act can be ordered even if the civil compensatory action is rejected, as it does not depend on the latter. Even though the title of section 103 of the Penal Code alludes to the \"civil consequences\" of an unlawful act, this is only indicative that it deals with non-criminal aspects, but does not imply that the indicated restitution is equivalent to compensation in favor of a specific person. Note that the proof of environmental damage entails the obligation to restore things to their previous state (which is different from recognizing compensation for patrimonial or moral damages). It is worth recalling that this distinction is reflected in Article 361 of the Criminal Procedure Code, in which the ruling on \"restitution and costs\" is established separately from the one that must be made \"when applicable\" regarding \"what relates to the reparation of damages and losses.\" From the foregoing, I infer that, just as with costs, the ruling on restitution (an expression made in general, thus encompassing the return of objects and the restoration of things to the state prior to the act) must be made ex officio. With regard to the restoration of things to the state prior to environmental damage, I consider that an ex officio decision by the Court hearing the matter is appropriate. In environmental matters, the right to a healthy environment is contemplated in the Political Constitution (Article 50), which provides that it is everyone's obligation to preserve it and that the State has the duty to guarantee said preservation. Nor can it be ignored that private property, even though constitutionally guaranteed, must also bear limitations of social interest (Article 45). Hence, the obligation to respect forests and springs (among others) on private properties must also be borne by the owners thereof, whether legal or natural persons. Furthermore, in the event of environmental damage, whoever commits it has the obligation to repair it, including through the restoration of things to the state prior to the damage. And that duty to repair exists even if there is no intent or negligence (that is, it involves a strict liability regime). This position finds support in the provisions of sections 2, 98 and 101 of the Organic Environmental Law, 52 of the Law on Use, Management and Conservation of Soils (Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos), and 8 of the Biodiversity Law. Hence, if there are evidentiary elements that allow for the establishment of a causal link between some human activity and the damage, then whoever engages in the former must assume the repair (in this case, through the restoration of things to the state prior) of the damage. Thus, the determination of the obligation to restore depends neither on the proof of a crime, nor on the appropriateness of a civil compensatory action.\n\nTHEREFORE\n\nThe appeal filed by the representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) is dismissed, as well as the first and second grounds of the appeal filed by the Office of the Attorney General. Ex officio, the extinction of the criminal action due to the statute of limitations is declared, and the acquittal of the accused for the acts attributed to him in this process is confirmed. Judge Fernández Mora enters a note.\n\nThe appeal filed by the defense of the civil defendant is granted, as is the third ground of challenge filed by the representative of the Procuraduría General de la República; the partial ineffectiveness of the judgment is ordered; and a retrial is ordered, solely for the purpose of discussing the matter concerning the restitution of things to their natural state as ordered in the judgment. Judge Fallas Redondo partially dissents.\n\nEXP: 13-200145-0634-PE\n\nCartago Judicial Circuit Telephones: 2551-2713 or 2553-0340. Fax: 2551-2355. Email: [...]\n\nClassification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Judicial Branch. 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