{ "id": "nexus-sen-1-0034-1149678", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Autoría mediata en delitos forestales por invasión de área de protección", "title_en": "Mediate authorship in forest crimes for invasion of protected area", "summary_es": "El Tribunal de Apelación confirma la sentencia condenatoria contra un imputado por los delitos de invasión de área de protección y aprovechamiento ilegal de recursos forestales. La resolución aborda la autoría mediata en delitos ambientales, concluyendo que el dueño de la finca que contrata a terceros para talar árboles y construir en zona de protección de una quebrada actúa como autor, aunque no ejecute materialmente las acciones. El Tribunal rechaza los alegatos defensivos sobre falta de prueba de participación directa, valoración probatoria y ausencia de dolo. Se determina que el imputado conocía la existencia de la quebrada y la afectación por la Ley Forestal, ya que así constaba en el plano catastrado. La sentencia también confirma la orden de restitución del área afectada y el derribo de las construcciones ilegales, así como la condena civil por daño ambiental.", "summary_en": "The Court of Appeals upholds the conviction for invasion of a protected area and illegal use of forest resources. The ruling addresses mediate authorship in environmental crimes, concluding that a landowner who hires others to cut trees and build in a stream protection zone acts as an author, even without physically performing the acts. It rejects defense claims of insufficient evidence, evidentiary errors, and lack of intent, finding the defendant knew of the stream and the Forestry Law's impact from the cadastral map. The court also confirms the order to restore the affected area, demolish illegal structures, and pay civil damages for environmental harm.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "criminal-environmental", "forestry-law-7575", "water-law" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "invasión de área de protección", "aprovechamiento ilegal de recursos forestales", "autoría mediata", "dolo directo", "zona de protección", "quebrada", "restitución de cosas a su estado anterior", "daño ambiental" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 58 inciso a", "law": "Ley Forestal" }, { "article": "Art. 33", "law": "Ley Forestal" }, { "article": "Art. 54", "law": "Ley Forestal" }, { "article": "Art. 45", "law": "Código Penal" }, { "article": "Art. 184", "law": "Código Procesal Penal" }, { "article": "Art. 182", "law": "Código Procesal Penal" } ], "keywords_es": [ "Ley Forestal", "invasión de área de protección", "aprovechamiento ilegal de recursos forestales", "autoría mediata", "dolo", "zona de protección", "quebrada Mono", "daño ambiental", "apelación de sentencia penal", "restitución" ], "keywords_en": [ "Forestry Law", "invasion of protected area", "illegal use of forest resources", "mediate authorship", "criminal intent", "protection zone", "Mono stream", "environmental damage", "criminal sentence appeal", "restitution" ], "excerpt_es": "Así las cosas, aunque sea cierto que ninguno de los testigos recibidos en juicio manifestó que fue directamente el aquí imputado [Nombre 001] quien cortó los árboles e invadió la zona de protección de la quebrada Mono (construcción de una vivienda), también lo es que, lo anterior no tiene la capacidad de eliminar su autoría, pues lo relevante es que tenga el dominio del hecho, ya sea de forma inmediata o mediata, lo cual en este caso quedó plenamente acreditado, como se indicó. Por ello, independientemente de que lo actuado sea considerado como una autoría inmediata o mediata, lo esencial es que en el fallo condenatorio se tuvo por demostrado que el imputado [Nombre 001] actuó con pleno dominio del hecho, es decir, como autor, lo que descarta cualquier tipo de quebranto al principio de correlación entre acusación y sentencia. Dicho en otras palabras, no existe sorpresa o indefensión al encartado, pues el título de participación es el mismo, a saber, autor.", "excerpt_en": "Thus, although it is true that none of the witnesses received at trial stated that the defendant [Name 001] directly cut the trees and invaded the protection zone of the Mono stream (construction of a dwelling), it is also true that this does not eliminate his authorship, since what matters is that he had control over the event, whether immediately or mediately, which in this case was fully demonstrated, as indicated. Therefore, regardless of whether the act is considered immediate or mediate authorship, the essential point is that the conviction found it proven that the defendant [Name 001] acted with full control over the event, i.e., as author, which rules out any breach of the principle of correlation between accusation and judgment. In other words, there is no surprise or defenselessness for the accused, since the type of participation is the same, namely, author.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The appeal filed by the defense is denied, upholding the conviction for invasion of a protected area and illegal use of forest resources, as well as the civil judgment for environmental damage.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, confirmándose la sentencia condenatoria por invasión de área de protección y aprovechamiento ilegal de recursos forestales, así como la condena civil por daño ambiental." }, "pull_quotes": [ { "context": "Fundamentación jurídica", "quote_en": "This Court considers that even maintaining existing installations within a conservation area and, for example, changing the materials they are made of to improve them or make their use and permanence over time more lasting, constitutes an act of invasion that is typical because it maintains the occupation of land that by law is prohibited for such purposes, in order to protect the water resource and its associated ecosystems.", "quote_es": "Considera este Tribunal, que incluso, el conservar instalaciones ya existentes dentro de un área de conservación y por ejemplo, cambiar los materiales con los que están hechas para mejorarlas o hacer más perdurable su utilización y permanencia en el tiempo, constituye una acción de invasión que resulta típica porque mantiene la ocupación de un terreno que por ley está vedado para tales fines, en función de la protección del recurso hídrico y los ecosistemas asociados a este." }, { "context": "Considerando sobre valoración de la prueba", "quote_en": "In this specific case, it was determined that the cut and eliminated trees were located within the protection zone of the Mono stream, where the stumps of the species were located, showing they had been cut with a chainsaw. This action of cutting and eliminating the 5 trees gave an advantage to the accused, as it allowed him to free up space on a plot where he then built a series of installations.", "quote_es": "En el caso concreto se determinó, que los árboles cortados y eliminados estaban ubicados dentro de la zona de protección de la Quebrada Mono, lugar en donde se ubicaron los tocones de las especies, evidenciándose que habían sido cortados con motosierra. Esta acción de corta y eliminación de los 5 árboles, generó una ventaja al encartado, dado que le permitió liberar espacio en un terreno en el que procedió a construir una serie de instalaciones." }, { "context": "Cita del artículo 54 de la Ley Forestal", "quote_en": "To fulfill their duties, these officials, identified with their respective ID, shall have the right to transit and conduct inspections in any rustic or industrial forest property, except in the dwelling houses located therein; as well as to seize the wood and other forest products illegally used or processed.", "quote_es": "Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos funcionarios, identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-41661", "norm_num": "7575", "norm_name": "Ley Forestal", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "13/02/1996" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "PODER JUDICIAL\n\nTRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL\n\n \n\nResolución: 2023-151\n\nExpediente: 15-001477-0412-PE (2) \n\n TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL. Segundo Circuito Judicial de San José. (En\nfunción del T.A.S.P de Guanacaste, sede Santa Cruz) Goicoechea, a las catorce horas del veintinueve\nde marzo de dos mil veintitrés.\n\nRECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], mayor,\ncostarricense, cédula de identidad [Valor 001], nacido el 07 de septiembre de 1962, por un delito de\nInvasión a un Área de Protección y un delito de Aprovechamiento Ilegal de Recursos Forestales.\nIntervienen en la decisión del recurso el juez Esteban Amador Garita, las juezas Helena Ulloa\nRamírez y Tatiana López Monge. Se apersonó en esta sede el licenciado Henry Odir Briones Castillo,\ndefensor particular del encartado.\n\n \n\nRESULTANDO:\n\n I. Que mediante sentencia número 96-2022, de las diecisiete horas con cinco minutos del veinte de\nmayo del año dos mil veintidós, el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste,\nsede Nicoya, resolvió: “POR TANTO: De acuerdo con las pruebas recabadas, reglas de la sana crítica\nracional, numerales 39, 41 y 50 de la Constitución Política; 1, 2, 4, 11, 14, 16, 18 a 20, 22, 30,\n31, 45, 50, 51, 71, 73, 74 ,76, 103 y 110 del Código Penal; artículos 1, 3 inciso a), 33 inciso b),\n34, 54, y 58 incisos a) y b) de la Ley Forestal; 1, 2, 3, 17, 32, 50, 51, 52, 98, 99 inciso h) y 101\nde la Ley Orgánica del Ambiente: 1, 2 y 3 de la Ley de Aguas: 1 a 4, 9, 11 a 13, 16, 30 a 34, 37,\n40, 42, 70, 71, 75 a 77, 111 a 116, 140, 142, 184, 265 a 270, 341 a 343, 345, 349 a 352, 353 a 361,\n363 a 365 y 367 del Código Procesal Penal; 1, 2 y 41.1 del Código Procesal Civil (Ley No. 9342), y\n1045 del Código Civil, numerales 122, 123, 124 y 125 de la Reglas de Responsabilidad Civil vigentes\ndel Código Penal de 1941; 16, 38 y 42 del Decreto Ejecutivo N° 39078-JP, Arancel de Honorarios por\nServicios Profesionales de Abogacía y Notariado; este Tribunal resuelve: I.- SE DECLARA SIN LUGAR LA\nEXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, interpuesta por la defensa técnica. II.- Se declara a [Nombre 001], autor\nresponsable de UN DELITO DE INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL en la modalidad de INVASIÓN DE UN ÁREA DE\nPROTECCIÓN y UN DELITO DE INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL en la modalidad de APROVECHAMIENTO ILEGAL DE\nRECURSO FORESTAL, cometidos en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, y en tal carácter se le impone\nla pena de TRES MESES DE PRISIÓN, para cada uno de ellos, para un total de SEIS MESES DE PRISIÓN, en\naplicación de las reglas del concurso material de delitos, pena que deberá descontar en el lugar y\nforma que determinen los reglamentos penitenciarios. III.- Se concede al imputado el BENEFICIO de\nEJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA por un período de TRES AÑOS, durante el cual no podrá cometer nuevo\ndelito doloso sancionado con pena privativa de libertad superior a los seis meses de prisión, porque\nde verificarse tal situación, se le podrá revocar dicho beneficio, debiendo descontar la pena de\nprisión ahora impuesta. Una vez firme esta sentencia, inscríbase en el Registro Judicial,\ncomuníquese al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena para lo de\nsus cargos. IV.- Sobre la Acción Civil Resarcitoria promovida por la Procuraduría General de la\nRepública contra el demandado civil [Nombre 001]: SE DECLARA CON LUGAR, y por concepto de DAÑO\nAMBIENTAL (daño material) y se le condena al pago de la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL\nDOSCIENTOS DIEZ COLONES CON CERO TRES CÉNTIMOS (1.502.210,03 COLONES), más intereses legales a\npartir del momento de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. V.- Sobre las costas y\ngastos del proceso: Se condena al demandado civil, [Nombre 001], al pago de las costas personales\nque se fijan sobre el monto ahora liquidado del Daño Ambiental (daño material), por la suma de\nTRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS COLONES (300,442 COLONES), correspondientes al\nejercicio de la Acción Civil Resarcitoria, así como al pago de la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL\nCOLONES, por ejercicio y presentación de la QUERELLA, misma que se realizó en conjunto con la acción\ncivil. Tales sumas deberá cancelarlas el demandado civil por simple orden del Tribunal y a la\nfirmeza de este fallo, caso contrario deberá acudir la parte interesada al proceso de Ejecución de\nSentencia según lo dispone el ordinal 488 del Código Procesal Penal. Son los gastos del proceso a\ncargo del Estado. VI.- Sobre la restitución de las cosas a su estado anterior: Una vez firme la\nsentencia y de conformidad con el artículo 140 del Código Procesal Penal, 103 del Código Penal, y\n33, 34 y 58 incisos a) y b) de la Ley Forestal, se ordena la restitución de la cosas a su estado\noriginal de la zona de protección afectada; así mismo, se ordena el derribo de las estructuras y\nconstrucciones ubicadas dentro del área de protección de la finca sin inscribir, ubicada en la\nprovincia de [...], plano catastrado número [Valor 002], número de finca [Valor 003], propiedad de\n[Nombre 001], según lo indicado en la Ampliación de Dictamen Pericial DCF:2018-01106-ING, elaborado\npor el Departamento de Ciencias Forenses, Sección de Ingeniería Forense, Organismo de Investigación\nJudicial, esto por estar invadiendo una zona de protección. Se otorga el plazo de tres meses después\nde la firmeza de la sentencia, para que [Nombre 001], proceda con el derribo de las estructuras\nconstruidas dentro del área de protección de la Quebrada Mono, corriendo a su cuenta los gastos por\nconcepto de derribo y retiro de materiales del lugar afectado. Se ordena al Ministerio de Ambiente,\nEnergía y Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación\nTempisque, realizar la inspección y rendir el Informe a fin de constatar el cumplimento de lo\nordenado en la presente sentencia. Se previene a [Nombre 001], del carácter obligatorio de lo que se\nresuelve, pudiéndosele seguir causa por el Delito de Desobediencia a la autoridad en caso de\nincumplimiento. Comuníquese lo aquí resuelto a la Municipalidad de Nandayure, Guanacaste.\nNotifíquese”.\n\n II. Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de apelación el licenciado Henry Odir\nBriones Castillo, defensor particular del encartado.\n\n III. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465\ndel Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de\napelación.\n\n IV. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\nRedacta el Juez de Apelación, Amador Garita y, \n\nCONSIDERANDO: \n\n I.- Sobre la competencia de este tribunal: Conforme el acuerdo de Corte Plena en sesión 22-2022, \ndel 16 de mayo de 2022, artículo XXXIV y acuerdo de Corte Plena en sesión 75-2022 del 19 de\nnoviembre de 2022, artículo XVII, este Tribunal tiene competencia para conocer de las solicitudes de\nprórroga de prisión preventiva que corresponda conocerlas al Tribunal de Apelación de Sentencia\nPenal de Guanacaste, sede Santa Cruz, así como de los recursos de apelación de sentencia, conforme\nlos criterios en ambas sesiones definidos y por el plazo allí acordado, que alcanza el primer\nsemestre de este año 2023. Conforme lo dispuesto, entra este tribunal al conocimiento del recurso de\napelación de sentencia.\n\n II.- Sobre la audiencia oral celebrada: Tal y como consta a folio 227 del legajo principal, el día\n05 de setiembre de 2022 se celebró audiencia oral en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de\nGuanacaste, sede Santa Cruz, integrado en esa oportunidad, por los jueces Brisa Campbell Arguello,\nJosé Manuel Cisneros Mojica y Rodrigo Obando Santamaría, momento en el cual todas las partes\nplantearon sus argumentos, los cuales ya constan por escrito, sin aportar nada nuevo. A modo de\nresumen, la defensa reiteró lo alegado en la impugnación, a saber, que la sentencia es una redacción\nlacónica de la acusación, no se logró demostrar que el imputado sea el dueño de la finca, porque el\nplano no existe, y que ejecutara actos posesivos sobre dicho inmueble, nunca se determinó\nparticipación directa o indirecta del imputado en los hechos, es decir, que estuviera en el lugar de\nlos hechos talando los árboles, no existe acta de inspección que determine que los árboles cortados\nfueran de la finca, ninguna prueba determina que el imputado actuara con dolo directo, los informes\nson contradictorios en relación a la zona y distancia de protección de la quebrada pues ello depende\nde si se está en época de invierno o verano, y se ofreció como prueba para mejor proveer,\ndocumentación de la Municipalidad que determina que la construcción ya existía en el sitio y que,\ntodo se trataba de una simple remodelación. Por su parte la representación fiscal, solicitó el\nrechazo del recurso de apelación, por cuanto sí se acreditó que la finca es propiedad del imputado,\nya que así consta a nivel municipal, al punto de existir un plano catastrado a nombre del imputado,\nademás de las inspecciones realizadas por el SINAC, se determinó que los árboles talados estaban\nsiendo utilizados en la construcción de una cabaña o vivienda en el sector, es decir, en evidente\naprovechamiento de la madera y que los tocones de los árboles están ubicados a una distancia\ninferior a los 15 metros de la quebrada Mono, que cuenta con protección, por cuanto se trata de una\nzona rural. Existe una pericia de ingeniería forense, donde se determina que no solo es la corta de\nárboles, sino construcciones invadiendo la zona. No es posible que el imputado alegue\ndesconocimiento de lo que sucedía en su finca, al punto de que es la Municipalidad quien clausura la\nconstrucción, pues el imputado la realizó sin contar con los permisos municipales. La representante\nde la Procuraduría General de la República, del mismo modo solicitó se declarara sin lugar el\nrecurso de apelación, pues considera que el fallo condenatorio se ajusta al mérito de los elementos\nde prueba recibidos en juicio. Los testigos indicaron que fue el imputado quien los contrató para\nrealizar las obras en la finca. Los funcionarios del SINAC determinaron que los árboles fueron\ntalados en zona de protección y que fueron utilizados en una construcción, la cual a su vez invadía\nel área de protección. Sí se acreditó que el imputado actuó con dolo, pues el plano visible a folio\n3 del legajo principal, describe la existencia de una quebrada, lo que refleja que el encartado\ntenía pleno conocimiento que su finca colindaba con esa zona de protección, además de que la\nconstrucción la hizo sin contar con los permisos de ley. Además, el impugnante nunca recurrió lo\nrelativo a la condenatoria civil y la restitución de las cosas a su estado original de la zona de\nprotección afectada y el derribo de las estructuras y construcciones ubicadas dentro del área de\nprotección. Y por último el imputado [Nombre 001], en apoyo de los motivos expuestos por su abogado,\nexplicó que no estaba en el sitio, que fue una vecina quien le comentó sobre la presencia de unos\nseñores del SINAC, que la inscripción de la escritura, aún no se ha logrado, que se trata de derecho\nde posesión que se lo vendió un señor que ya se murió, pero que aún no tiene la escritura, ni el\nplano y que está a la espera, al punto que al día de hoy en el Registro de la Propiedad, el inmueble\nno está inscrita a nombre suyo, agregando que la casa era una bodega vieja la cual iba a reconstruir\ny se reconstruyó en prefabricado, no sabiendo nada sobre la corta de árboles. En virtud de la\ndistribución de competencias explicadas en el considerando anterior, ordenado por la Corte Plena del\nPoder Judicial, el expediente fue remitido a este tribunal, lo cual no acarrea perjuicio alguno a\nlas partes, tal y como lo ha resuelto la Sala Constitucional en estos casos: \"...resulta\nconstitucionalmente válido que en aquellas vistas o audiencias orales de casación en las que no se\nreciban elementos de prueba en forma oral o, que las argumentaciones de las partes consten ya por\nescrito, sin que se aporte nada nuevo, puedan intervenir otros jueces, distintos a los que\nparticiparon la vista, a la hora de tomar la decisión, si y sólo si, están en capacidad de hacerlo y\nexisten razones justificadas (que deberán constar) que impidan que quienes estuvieron en la\naudiencia oral se reúnan en fecha próxima a estudiar y resolver el asunto…” (Sala Constitucional,\nN.º 6681 de las 15:30 horas del 10 de diciembre de 1996 y Nº17553 de las 12:23 horas del 30 de\nnoviembre de 2007 y de la misma Sala Constitucional, N.º 6880 de las 15:05 horas del 22 de mayo de\n2013). Así las cosas, al ser lo expuesto en la audiencia oral, reiteración de lo alegado en el\nlíbelo impugnaticio, el cambio de integración no acarrea perjuicio alguno a las partes.\n\nIII.- Recurso de apelación de la defensa. El licenciado Henry Odir Briones Castillo, en su condición\nde abogado particular del del imputado [Nombre 001], interpone recurso de apelación en contra de la\nsentencia número 96-2022 dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste,\nSede Nicoya, a las 17:05 horas del 20 de mayo de 2022, mediante la cual, se declaró a su\nrepresentado, autor responsable de los delitos de invasión de un área de protección y\naprovechamiento ilegal de recurso forestal, en perjuicio de los recursos naturales, imponiéndole la\npena de tres meses de prisión, para cada uno de ellos, para un total de seis meses de prisión, en\naplicación de las reglas del concurso material de delitos, otorgándole el beneficio de ejecución\ncondicional de la pena por el plazo de tres años. Además, señaló que, al declararse con lugar la\nacción civil resarcitoria, se le condenó a pagar por daño ambiental la suma de un millón quinientos\ndos mil doscientos diez colones con tres céntimos (₡1,502,210.03), más intereses legales contados a\npartir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago, y se le condenó al pago de las costas\npersonales por el ejercicio de la acción civil por la suma de tres cientos mil cuatrocientos\ncuarenta y dos colones (₡300,442) y por el ejercicio de la querella por la suma de cuatrocientos\ncuarenta mil colones (₡440,000). Del mismo modo aportó que, se ordenó la restitución de las cosas a\nsu estado original de la zona de protección afectada y se ordenó el derribo de las estructuras y\nconstrucciones ubicadas dentro del área de protección de la finca sin inscribir, ubicada en la\nprovincia de [...], plano catastrado número [Valor 002], número de finca [Valor 003], propiedad de\n[Nombre 001], según lo indicado en la Ampliación de Dictamen Pericial DCF:2018-01106-ING, elaborado\npor el Departamento de Ciencias Forenses, Sección de Ingeniería Forense del Organismo de\nInvestigación Judicial, por estar invadiendo una zona de protección, otorgando un plazo de 3 meses\ndespués de la firmeza de la sentencia al imputado [Nombre 001] para que proceda con el derribo de\nlas estructuras construidas dentro del área de protección de la Quebrada Mono, corriendo a su cuenta\nlos gastos por concepto de derribo y retiro de materiales del lugar afectado, debiendo el MINAE\nrealizar la inspección y rendir informe, previniendo al imputado [Nombre 001] del carácter\nobligatorio de lo ordenado, de lo contrario se le seguirá causa por el delito de desobediencia a la\nautoridad en caso de incumplimiento.\n\nIV.- Primer motivo de apelación. Yerros en cuanto a los hechos tenidos como probados. Señala el\napelante que en el primer hecho probado se establece que el imputado [Nombre 001] es el propietario\nde la finca sin inscribir ubicada en la provincia de Guanacaste, específicamente en [...], plano\ncatastrado número [Valor 002], lo que considera el impugnante como un primer yerro, pues la a quo,\nse basa en un supuesto plano, el cual no acredita la posesión sobre dicho inmueble o actos\nposesorios de parte del imputado [Nombre 001] sobre dicho terreno, no siendo posible suponer la\ntitularidad sobre esa finca si no se han hecho actos posesorios y eso no se tuvo por demostrado, es\ndecir, no hubo certeza sobre esa aseveración. Agrega que también, se tiene por acreditado que sin\nprecisar fecha exacta pero en el período comprendido entre el 1 y el 15 de junio de 2015, en la\npropiedad descrita en el hecho primero, el imputado [Nombre 001] a sabiendas de la existencia de la\nquebrada y con pleno conocimiento acerca de la ilicitud de sus actuaciones, sin contar con permisos\nde aprovechamiento forestal, cortó y eliminó 5 árboles de diferentes especies y dimensiones, entre\nellas; sandal, melina y guaba, todos ubicados dentro del área de protección de la quebrada Mono. Al\nrespecto reprocha el apelante que, nunca se estableció sobre cuál o cuáles elementos de prueba lo\nestablece, pues en debate nunca se logró probar quién cortó los cinco árboles, nadie lo pudo\nasegurar, ni siquiera existió o se incorporó al debate prueba idónea que estableciera ese acto de\ncorta de cinco árboles por parte del imputado, siendo dicha afirmación violatoria al estado de\ninocencia del encartado, con lo cual se quebrantó el principio de correlación entre acusación y\nsentencia, pues ninguno de los testigos lo pudo establecer, no pudiéndose demostrar el hecho dos de\nla imputación fiscal, propiamente lo expuesto en el inciso 6) del numeral 58 de la Ley Forestal. De\nseguido manifiesta que en la sentencia se tuvo por acreditado que sin precisar fecha exacta pero en\nel período comprendido entre el 1 y el 15 de junio de 2015, el imputado [Nombre 001] procedió a\ninvadir la zona de protección de la quebrada Mono, con la construcción de una estructura de baldosas\ny un servicio sanitario de aproximadamente 6 x 6,14 metros cuadrados y un alero de 72 metros\ncuadrados, de los cuales 37 metros cuadrados de la estructura y 48 metros cuadrados del alero se\nencuentran invadiendo el área de protección de la quebrada, y, así mismo el imputado [Nombre 001]\nconstruyó un tanque séptico dentro del área de protección del recurso hídrico, edificaciones que en\nla actualidad detenta el imputado. El impugnante reprocha que este hecho se basa en meras\nespeculaciones, pues a lo largo del proceso y con la prueba aportada, básicamente los estudios de\nplanimetría, establecen la existencia de dichas estructuras, las cuales fueron remodeladas por el\nimputado, cuya prueba para ello fue aportada para mejor proveer, y fue admitida en etapa de\nconclusiones con el fin de justificar dicho hecho. Esa prueba consistió en la declaración del\ninmueble dada por la Municipalidad de Nandayure en junio de 2019, lo cual debió considerar la a quo,\ncomo pieza básica para justificar la conducta del imputado, de ahí el yerro evidente incurrido, ya\nque no se le dio el valor correspondiente, conculcándose así el principio de defensa, por ello no es\nprocedente el manifestar que existía dominio del hecho cuando dichos actos están plenamente\njustificados. También señala como otro de los yerros incurridos por el a quo, el sostener y tener\npor probado el aspecto del aprovechamiento de los cinco árboles como se quiso endilgar a mi\nrepresentado como hecho cuarto, teniendo como probado, lo cual no existió elemento de prueba directo\nni indirecto que así lo asiente, en tanto no existe informe técnico, acta ocular, o bien testigo\nalguno que lo haya dicho. Posición de la fiscalía y de la Procuraduría General de la República:\nCursado el emplazamiento de ley a las partes, no hubo respuesta por escrito, salvo lo manifestado en\nla audiencia oral, lo cual, ya fue detallado en el considerando segundo de esta resolución. Sin\nlugar el reclamo. En el caso concreto el Ministerio Público atribuyó al imputado [Nombre 001], los\nsiguientes hechos: “1) En [...], se ubica un lote sin inscribir, plano catastrado número [Valor\n004], propiedad del acusado [Nombre 001]. Dentro de la propiedad, al costado norte de esta (sic),\ndiscurre una quebrada de nombre Mono, a la cual se le debe respetar un área de protección de 15\nmetros por ser terreno plano ubicado en área rural. 2) Sin precisar fecha exacta, pero si para la\nprimera quince de junio del 2015, en la propiedad descrita en el hecho primero, el acusado [Nombre\n001], a sabiendas del actuar ilícito, contrató peones y les hizo creer que contaba con los permisos\nde aprovechamiento forestales y les ordenó cortar y eliminar 5 árboles de diferentes especies y\ndimensiones, dentro de las especies se encontraban: sandal, melina y guaba, todos ubicados dentro\ndel área de protección de la quebrada \" Mono\". 3) De seguido, sin precisar fecha exacta pero si para\nla primera quince (sic) del mes de junio del 2015, el acusado [Nombre 001], invadió el área de\nprotección del cuerpo de agua referido, ya que ordenó a sus peones la construcción de una vivienda\nde baldosas y un servicio sanitario de aproximadamente 6x6,14 metros cuadrado, además un alero de 72\nmetros cuadrados, siendo que 37 metros cuadrados de la vivienda y 48 metros cuadrados del alero\ninvaden el área de protección de la quebrada, asimismo el acusado [Nombre 001] ordenó la\nconstrucción de un tanque séptico dentro del área de protección; edificaciones que en la actualidad\ndetenta el imputado. 4) El acusado [Nombre 001], no contó con permisos por parte de la\nAdministración Forestal para aprovechar los árboles ni invadir el área de protección.” Por su parte,\nla Procuraduría General de la República en representación del Estado y en su condición de\nquerellante por delito de acción pública y actor civil, imputó lo siguiente: “PRIMERO: Que el\nencartado [Nombre 001], es propietario de la finca sin inscribir, ubicada en la provincia de\nGuanacaste, específicamente en [...], plano catastrado número [Valor 004]; y se tiene que dentro de\ndicha propiedad, al costado norte de la misma discurre una quebrada de nombre Mono, a la cual se le\ndebe de respetar el área de protección de 15 metros por tratarse de un terreno plano ubicado en área\nrural. SEGUNDO: Que sin precisar fecha exacta, pero si entre el período comprendido entre el 1 y el\n15 de junio de 2015, en la propiedad supra indicada en el hecho primero, el encartado [Nombre 001],\na sabiendas de la existencia de la naciente de dominio público, y con pleno conocimiento acerca de\nla ilicitud de sus actuaciones, procedió a contratar a peones – a quienes les hizo creer que contaba\ncon los permisos de parte de la Administración Forestal del Estado- y les giró la orden de cortar y\neliminar 5 árboles de diferentes especies y dimensiones, entre ellas: sandal, melina y guaba; todos\nubicados dentro del área de protección de la quebrada Mono. TERCERO: Igualmente, sin precisar fecha\nexacta, pero si entre el 1 y el 15 de junio de 2015, el imputado [Nombre 001], procedió a invadir la\nzona de protección de la quebrada Mono, esto al ordenar la construcción de una vivienda de baldosas\ny un servicio sanitario de aproximadamente 6x6,14 metros cuadrados, un alero de 72 metros cuadrados;\nde los cuales 37 metros cuadrados de la vivienda y 48 metros cuadrados del alero se encuentran\ninvadiendo el área de protección de la quebrada; asimismo el endilgado [Nombre 001] ordenó la\nconstrucción de un tanque séptico dentro del área de protección del recurso hídrico, siendo que\nhasta la actualidad dichas instalaciones son ocupadas por el encartado. CUARTO: Todo lo anterior,\nsin contar con permiso de la Autoridad Forestal del estado para realizar dichas actividades. QUINTO:\nQue con dichas actuaciones, con total desprecio hacia el ambiente, en específico al recurso hídrico,\nel encartado ha provocado un daño ecológico que se estima en la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL\nDOSCIENTOS DIEZ COLONES CON CERO TRES CÉNTIMOS. (¢1.502.210,03).” Ahora bien, en la sentencia se\ntienen como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: [Nombre 001], es propietario de la finca sin\ninscribir, ubicada en la provincia de Guanacaste, específicamente en [...], plano catastrado número\n[Valor 002]. Dentro de dicha propiedad, al costado norte de la misma discurre una quebrada de nombre\nMono, a la que se le debe de respetar el área de protección de 15 metros por tratarse de un terreno\nplano ubicado en área rural. SEGUNDO: Sin precisar fecha exacta, pero en el período comprendido\nentre el 1 y el 15 de junio de 2015, en la propiedad descrita en el hecho primero, [Nombre 001], a\nsabiendas de la existencia de la quebrada, y con pleno conocimiento acerca de la ilicitud de sus\nactuaciones, sin contar con permisos de aprovechamiento forestal, cortó y eliminó 5 árboles de\ndiferentes especies y dimensiones, entre ellas: sandal, melina y guaba, todos ubicados dentro del\nárea de protección de la quebrada Mono. TERCERO: De seguido, sin precisar fecha exacta, pero en el\nperíodo comprendido entre el 1 y el 15 de junio de 2015, [Nombre 001], procedió a invadir la zona de\nprotección de la quebrada Mono, con la construcción de una estructura de baldosas y un servicio\nsanitario de aproximadamente 6x6,14 metros cuadrados y un alero de 72 metros cuadrados, de los\ncuales 37 metros cuadrados de la estructura y 48 metros cuadrados del alero, se encuentran\ninvadiendo el área de protección de la quebrada. Así mismo, [Nombre 001] construyó un tanque séptico\ndentro del área de protección del recurso hídrico. Edificaciones que en la actualidad detenta el\nimputado. CUARTO: [Nombre 001] no contó con permisos de la Autoridad Forestal del Estado para\nrealizar dichas actividades de aprovechar los árboles ni para invadir el área de protección. QUINTO:\nQue con dichas actuaciones, con total desprecio hacia el ambiente, en específico al recurso hídrico,\nel encartado ha provocado un daño ecológico que se estima en la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL\nDOSCIENTOS DIEZ COLONES CON CERO TRES CÉNTIMOS. (¢1.502.210,03).” Contrario a lo reprochado por el\nimpugnante, la determinación de cada uno de esos hechos, se ajusta al mérito de los elementos de\nprueba recibidos en juicio, brindándose en la sentencia, abundantes y atinados razonamientos al\nrespecto. En cuanto al primer hecho probado, a saber, que el imputado [Nombre 001] es el propietario\nde la finca sin inscribir ubicada en la provincia de Guanacaste, específicamente en [...], plano\ncatastrado número [Valor 002], la defensa cuestiona que lo anterior no acredita que el encartado\nrealmente haya ejecutado actos de posesión sobre el inmueble, que permita atribuirle la corta de\nárboles e invasión de la zona de protección de la quebrada Mono, mediante la construcción de una\nvivienda. Al respecto, no lleva razón el apelante, pues no es cierto que el análisis realizado por\nel a quo, se sustente únicamente en lo consignado en el plano catastrado visible a folio 3 del\nlegajo principal. Nótese que sobre la propiedad del inmueble, se contó con la prueba aportada por la\ndefensa en juicio (prueba para mejor proveer), a saber, la escritura pública número 317-11 que\ndetermina que ese inmueble fue adquirido por el señor [Nombre 001] desde el 21 de marzo de 2009\n(folio 116 del legajo principal), y la declaración voluntaria número D-2019-345, la cual fue\nrealizada el 11 de julio de 2019 por el propio encartado ante la Municipalidad de Nandayure,\nmanifestando ser el propietario del terreno sin inscribir plano catastrado número [Valor 002] (folio\n160 del legajo principal). Y, con relación a la consecuente ejecución de actos de posesión sobre esa\nfinca, entre ellos la corta de árboles e invasión de la zona de protección de la quebrada Mono,\nmediante la construcción de una vivienda, se contó con las declaraciones de Lisímaco Carrillo Arias\ny Edwin González Porras, ambos funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quienes\nfueron contestes en manifestar en juicio que, precisamente al momento de realizar la inspección (21\nde julio de 2015), una vecina les pasó una llamada telefónica realizada por don [Nombre 001],\npersona que de forma espontánea se identificó como el propietario del inmueble y les manifestó que\nestaba haciendo la construcción para ir a vacacionar, lo que también se logró corroborar a través de\nla Municipalidad de Nandayure, ya que la construcción había sido clausurada por el ayuntamiento, y\nse encontraba en trámite, una gestión realizada por el señor [Nombre 001], para alineamiento del\nINVU respecto a la quebrada, testimonios que son plenamente coincidentes con lo plasmado en el\ninforme ACT-OSHRN-708-2015 de fecha 05 de agosto de 2015 (folios 1 al 4 del legajo principal) e\nincluso con lo consignado en el informe número 100-DM-SDRN-16 de fecha 26 de febrero de 2016,\nelaborado por el Organismo de Investigación Judicial, pues se consigna que en visita realizada al\nlugar de los hechos se dialogó con la señora [Nombre 009], vecina del inmueble propiedad del\nencartado, quien manifestó que la persona responsable de la tala de árboles y de la construcción de\nla casa es don [Nombre 001], quien vive en Alajuela y trae personas de las afueras de la localidad\npara que hagan los trabajos que él necesita, detallándose más adelante que también se logró\nestablecer que a la persona que se le notificó la clausura y paralización de la construcción fue al\nimputado [Nombre 001] y lo realizó la ingeniera María Milagro Cárdenas Rodríguez de la Municipalidad\nde Nandayure (folio 8 frente y vuelto del legajo principal), prueba que es correcta y\nsuficientemente analizada en la sentencia. En cuanto se refiere a la inspección realizada en la\npropiedad del acusado, explicó el funcionario Lisímaco Carrillo Arias: “...No había nadie en ese\nmomento, un vecino llegó y por medio de una llamada se contactó con el dueño de la propiedad y se lo\npuso (sic) a mi compañero Edwin, el propietario no recuerdo el nombre…” “...Se hizo informe y se\ntrajo a la Fiscalía. Cuando llegó la denuncia a la oficina de Hojancha, Nandayure, se contactó con\nla municipalidad y el día que fuimos, tomamos un punto con GPS, y consultamos a catastro de la\nmunicipalidad, y la municipalidad indicó quién era el dueño y cómo estaba eso. El día que llegamos\ntenía un rótulo puesto por la municipalidad que decía clausurado…” (folio 168 del legajo principal).\nY, el funcionario Edwin González Porras manifestó: “...El 15 de junio del 2015, el jefe de la\nRegional la pasó a Hojancha puesto que el sitio en donde se daba el supuesto delito ambiental, se\nubica en el área de jurisdicción de la Oficina de Hojancha Nandayure. Ese día, como se hablaba de\nconstrucción en área de protección se comunica a la Municipalidad de Nandayure, a una ingeniera, se\nhizo por correo y llamada telefónica, ella dijo que iba a visitar el sitio y tomar las medidas\ncorrespondiente. Una semana después nosotros nos hacemos presentes en el sitio, el 21 del mismo mes,\nllegamos observamos que se estaba dando una construcción en el lugar y se hicieron las mediciones\ncorrespondientes, estábamos en esas labores y nos llamó una vecina del sitio, muy cerca de donde\nestábamos, que teníamos una llamada telefónica y me habló Don [Nombre 001] y me dijo que “¿qué\npasaba, que por qué estábamos en el sitio?, le expliqué que éramos funcionarios del SINAC y que\nhabía queja ciudadana de esa situación y que teníamos que verificar, él me dijo “soy el dueño de la\npropiedad y estoy haciendo la construcción para ir a vacacionar”, me dijo que residía en Atenas. En\nel sitio no había nadie más, se estaba dando una construcción hecha en baldosas y estaba a medio\nconstruir, recuerdo que tenía una cinta en las puertas y ventanas que son hasta donde sé, cuando la\nmunicipalidad hace la clausura de una actividad o construcción. Tenía paredes, techo, el piso no\nestaba chorreado, sí tenía divisiones y prácticamente eso, a medio construir. Nosotros volvimos a\nllamar a la muchacha y dijo que ella había ido al sitio y clausurado, eso dijo la ingeniera de la\nMunicipalidad...” “.... Fui más de una vez al sitio. En la segunda oportunidad ya se había\nconstruido un drenaje, un baño y un servicio; en la primera vez que fuimos no estaba eso. En ninguna\nde las oportunidad que fui, habían personas. En la Municipalidad nos dijeron que ese lote pertenecía\na Don [Nombre 001]…” (folio 170 del legajo principal). Pero si lo anterior no fuera suficiente, en\nel juicio comparecieron a declarar los testigos [Nombre 005] y [Nombre 006], ambos amigos del\nimputado [Nombre 001], quienes lejos de descartar que el encartado estuviera ejecutando actos de\nposesión en el inmueble de su propiedad, lo verificaron, al manifestar que fueron contratados por\ndon [Nombre 001], para retirar basura, palos secos y hasta realizar una remodelación en la\nestructura ubicada en ese terreno. Así lo dijo el señor [Nombre 005]: “...Me llamaron, me supuse por\nel problema de [Nombre 001], un juicio. Una propiedad que tiene [Nombre 001] en Coyote, no recuerdo\ncómo se llama el lugar, yo estuve ahí recogiendo basura seca, nada más. No vivo ahí. Mi hermana\ntiene una propiedad por ahí, y yo estuve trabajando en el lote de mi hermana. No sé de denuncia\ncontra [Nombre 001]. En el sitio sí estuve recogiendo basura, como limpiando, basura como palos\nsecos. Solo esa vez fui. No recuerdo la fecha, ni el mes ni el año. En esa oportunidad el que me\nllevó fue [Nombre 001]. En esa oportunidad había hojas y palos secos; era lote baldío. Ahí no hay\nquebrada…” (folio 169 del legajo principal). Y, el testigo [Nombre 006], manifestó: “...Por el\ntrabajo que hice en San Jorge, yo no soy de aquí. No recuerdo la fecha de ese trabajo. Soy soldador,\nfui a arreglar una galera que hab ía ahí, arreglar una galera que ya estaba ahí, remodelarla. Yo\nvine a ayudarle a [Nombre 001], no pactamos precio por el trabajo; no hubo contrato ni nada, es como\nuna ayuda. Había una construcción de madera, una galera, ya estaba la construcción ahí. Quebrada no\nsé, yo nunca vi agua, es seco, ahí no vi agua, eso fue en verano. Trabajo con hierro y baldosas que\nse pusieron ahí, es como una cabañita lo que esta hecho ahí. Un amigo mío Antonio Espinoza, estaba\nahí conmigo, vinimos juntos a trabajar, a hacer lo que estábamos haciendo; él era ayudante mío. No\nrecuerdo cuánto duraron las obras. No tengo fecha ni tiempo. Nunca llegó alguna autoridad policial\nal lugar. Eso era arreglar algo, no le pedí permiso de construcción a [Nombre 001]. Era de 6 x 6,\nson 36 metros cuadrados, es una cabina, no es una casa; baño y cuarto, es pequeño. Estaba cercado,\npero dañado, cercas rotas, sí podía ingresar cualquiera a la propiedad. No sé si es zona rural o\nurbana. Había basura, hubo que mover troncos podridos. No sé cuántas veces llegué a la propiedad,\nvarias veces, pero no sé la cantidad. No era trabajos fijos. Yo me quedaba tres días, yo no estaba\nfijo ahí. Eso era para la remodelación, lo que estaba construido estaba muy mal, era de madera\nentonces había que trabajar con eso; se sustituyó la madera con las baldosas. Se removió para\nlimpiar los troncos podridos, había basura, el lote estaba con las cercas dañadas entonces hubo que\nquitar mucha basura. Urrú es troncos podridos que había ahí; esos troncos se apartaron, no sé de qué\nespecies eran esos troncos, no sé cuántos troncos había…” (folio 169 vuelto del legajo principal).\nTodo lo anterior fue debidamente valorado en la sentencia, siendo muestra de ello el siguiente\nanálisis realizado por la a quo: “...También se recibió a los testigos [Nombre 005] y [Nombre 006],\nambos vecinos de Alajuela, y amigos del imputado, según refirieron ante el Tribunal al ser\nidentificados. Estas dos personas fueron entrevistas por el Ministerio Público en la etapa de\ninvestigación, por haber sido ofrecidos por el mismo [Nombre 001]. Sin duda para el Tribunal, se\ntrata de personas que por su cercanía con el enjuiciable, buscaron la manera de minimizar las\nacciones que realizaron a pedido de éste, y es así como hablan de retiro de basura y de palos secos,\ny de remodelación de una estructura tipo galera que era vieja, que ya estaba ahí, y que hubo que\ncambiarle los materiales. A pesar del esfuerzo por minimizar esas actuaciones, son testigos\ncreíbles, cuya narración permite extraer información de importancia, como por ejemplo, que [Nombre\n001], no solo era para el momento de los hechos, propietario del inmueble (como se demuestra con la\nescritura de compra de la propiedad, a folio 116, y en la Boleta de Declaración Voluntaria, a folio\n158), sino que además detentaba la posesión del inmueble, realizando en el sitio acciones propias\ndel legítimo propietario, tales como, el llevar personas a que desarrollen acciones de mantenimiento\ny construcción; esto es muy importante, porque según planteó la defensa en conclusiones, la posesión\ny la propiedad, son cosas diferentes, y nadie vio a [Nombre 001] en el lugar de los hechos;\nargumentos que no se sostienen probatoriamente porque en este caso, es el imputado quien además de\nla propiedad, poseía el bien. En esta línea, en el INFORME ACT-OSRHN-708-2015 (SINAC) y en el\nINFORME 100-DM-SDNR-16 (OIJ), se hace constar que en la Municipalidad de Nandayure, se tenía a\n[Nombre 001], como el propietario del bien inmueble, a él se le notificó que no podía continuar con\nlas obras, y a él fue a quien se denunció como responsable de las acciones lesivas del ambiente. Así\nlas cosas, no estamos ante un propietario ausente que no tenía control ni conocimiento de las\nacciones que se llevaban acabo en el campo, esto explica la llamada telefónica que hace y es\natendida por Edwin González Porras en la primera inspección que hizo el 21 de julio del 2015,\nmomento en el cual, una vecina del lugar le pasa la llamada diciendo que se trata de Don Edwin,\nquien para ese momento ya había sido individualizado como propietario y quien se identifica como\ntal, preguntando por la razón de la presencia de los funcionarios del SINAC en su propiedad,\nmanifestando espontáneamente que estaba construyendo una cabina para vacacionar. Según la defensa,\nesta llamada tampoco puede ser atribuida con certeza al encartado, sin embargo, el Tribunal discrepa\nde esa conclusión, siendo que no hay ninguna razón aparente para que un tercero, llame a una vecina\npara hacerse pasar por [Nombre 001], ante un funcionario del SINAC que lo único que hizo fue\ninformarle el motivo de la visita; es lo cierto, que luego de ese momento, [Nombre 001] tuvo más\nparticipación en el proceso, por lo que su vinculación al mismo, le permitió en todo momento y sin\nduda, ejercer su derecho de defensa de manera efectiva, aún y cuando en el debate decidió no\ndeclarar, en apego a su derecho constitucional de abstención…” (folios 173 al 174 del legajo\nprincipal). Sobre el segundo hecho probado, a saber, que fue el aquí imputado [Nombre 001], quien\ncortó y eliminó 5 árboles de diferentes especies y dimensiones, entre ellas: sandal, melina y guaba,\ntodos ubicados dentro del área de protección de la quebrada Mono, la defensa reprocha que lo\nanterior no fue asegurado por los testigos, con lo cual considera violentado el principio de\ninocencia y de correlación entre acusación y sentencia. Este otro reclamo tampoco puede prosperar,\npues pierde de vista el apelante que la autoría de un hecho delictivo, puede endosarse de forma\ndirecta como mediata, según así lo contempla el artículo 45 del Código Penal, al señalar que: “Es\nautor del hecho punible tipificado como tal, quien lo realizare por sí o sirviéndose de otro u\notros, y coautores los que lo realizaren conjuntamente con el autor.” Precisamente, comentando esa\nnorma, la doctrina ha dicho: “De acuerdo al art. 45 cód. pen. es autor del hecho tipificado como tal\n“quien realiza la realizare por sí”. El artículo 45 cód. pen. distingue entre quien realiza el hecho\npor sí, quien realiza el hecho sirviéndose de otro y quien realiza el hecho conjuntamente con el\nautor. Autor inmediato es aquel que realiza, de propia mano, todos los presupuestos objetivos y\nsubjetivos del injusto típico de manera plenamente responsable, es decir, quien realiza los\nelementos del tipo injusto en su propia persona... ...El art. 45 cód. pen. designa como autor\nmediato al que realizare el hecho punible “sirviéndose de otro u otros”. Se trata, en consecuencia,\nde situaciones en la que al menos dos personas participan en la realización de un hecho punible: el\nautor mediato y “el otro”, que realiza el hecho punible. De conformidad con el art. 45 cód. pen. es\nclaro que “el otro” (el instrumento) no es autor del hecho punible … El art. 45 cód. pen. no\ncontiene ni una definición del concepto de autoría mediata ni una determinación de los presupuestos\nde la figura … Roxin, renunciando a una definición general, establece tres grupos de casos en los\nque se da autoría mediata: el dominio del acontecimiento por medio de la coacción, por medio de la\ncausación o utilización de un error del instrumento o por medio de la dirección, un aparato de\npoder. Lo decisivo es, entonces, una situación de dirección entre un “hombre de atrás” preponderante\ny “un hombre de adelante” subordinado. Para la existencia de la autoría mediata el mediador del\nhecho debe presentar un déficit de autoconducción tal que él pueda clasificarse en la categoría de\n“instrumento humano”. El “hombre de atrás”, a consecuencia de su conocimiento o su voluntad\npreponderantes, debe tener el acontecimiento en sus manos de tal modo que éste aparezca “como su\nhecho”. Lo cual concuerda, entonces, con la descripción general del dominio del hecho que define el\ndolo como “el tener en las manos” el acontecimiento fáctico, y que hace del “hombre de atrás” la\nfigura central del acontecimiento típico” (Castillo González, Francisco. Derecho Penal. Parte\nGeneral. Tomo III. 1a. ed. Págs. 392 y 397 al 398). Así las cosas, aunque sea cierto que ninguno de\nlos testigos recibidos en juicio manifestó que fue directamente el aquí imputado [Nombre 001] quien\ncortó los árboles e invadió la zona de protección de la quebrada Mono (construcción de una\nvivienda), también lo es que, lo anterior no tiene la capacidad de eliminar su autoría, pues lo\nrelevante es que tenga el dominio del hecho, ya sea de forma inmediata o mediata, lo cual en este\ncaso quedó plenamente acreditado, como se indicó. Por ello, independientemente de que lo actuado sea\nconsiderado como una autoría inmediata o mediata, lo esencial es que en el fallo condenatorio se\ntuvo por demostrado que el imputado [Nombre 001] actuó con pleno dominio del hecho, es decir, como\nautor, lo que descarta cualquier tipo de quebranto al principio de correlación entre acusación y\nsentencia. Dicho en otras palabras, no existe sorpresa o indefensión al encartado, pues el título de\nparticipación es el mismo, a saber, autor. En el considerando denominado como “análisis intelectivo\ny valoración de la prueba con relación a la existencia de los hechos”, el punto se explica de la\nsiguiente forma: “...Si bien es cierto, nadie vio a [Nombre 001] cortar esos árboles, o construir\ndirectamente las estructuras, de la prueba testimonial y documental se extrae que fue él la persona\nque llevaba a personas al inmueble para realizar esas labores, con el propósito de poder él, como\npropietario, disfrutar del fruto de la corta y eliminación de árboles en zona protegida, así como de\nla invasión del área de protección…” (folio 177 del legajo principal). Y más adelante, en la\nfundamentación jurídica, específicamente en el apartado denominado como “consideraciones sobre la\nautoría en los delitos de infracción a la Ley Forestal, en la modalidad de invasión de un área de\nprotección y aprovechamiento ilegal de recurso forestal”, en lo que interesa, se concluye lo\nsiguiente: “...[Nombre 001], es autor de los delitos de invasión a un área de protección y de\naprovechamiento ilegal de recursos forestales, porque fue él la persona que tuvo control sobre el\ndesarrollo y ejecución de las acciones de corta y eliminación de árboles, así como de construcción\nde estructuras, todo dentro de una zona de protección, sin que se requiera que haya sido él quien\nrealizara personal y materialmente las acciones referidas...” (folio 185 vuelto del legajo\nprincipal). Tal y como lo refiere el a quo, en este asunto no existe la menor duda, de que el\nencartado [Nombre 001], actuó con pleno dominio del hecho (autor), pues fue quien, valiéndose de su\ncondición de propietario y poseedor del terreno sin inscribir plano catastrado número [Valor 002],\nubicado en la localidad de San Jorge de Bejuco de Nandayure de Guanacaste, ordenó a personas\ncontratadas por él, proceder a la corta de cinco árboles y la consecuente invasión de la zona de\nprotección de la quebrada Mono, mediante la construcción de una vivienda, conclusión que deriva con\nrazón suficiente de la valoración conjunta y armónica (nunca sesgada), y en estricto apego a las\nreglas de la sana crítica (artículo 184 del Código Procesal Penal), de los siguientes indicios: i.\nLa escritura pública número 317-11 determina que la finca sin inscribir, plano catastrado número\n[Valor 002], que es el lugar donde precisamente suceden los hechos delictivos, fue adquirida por el\nseñor [Nombre 001] desde el 21 de marzo de 2009, es decir, 6 años antes de ocurrir los hechos, pues\nestos datan entre el 01 y 15 de junio de 2015 (folio 116 del legajo principal); ii. En la\ndeclaración voluntaria número D-2019-345, de fecha 11 de julio de 2019, es decir, 4 años después de\nacontecidos los hechos, el encartado [Nombre 001], ratifica ante la Municipalidad de Nandayure, ser\nel propietario de ese inmueble (folio 160 del legajo principal). iii. Los funcionarios del Sistema\nNacional de Áreas de Conservación, Lisímaco Carrillo Arias y Edwin González Porras, fueron\ncategóricos en explicar en juicio que el 21 de julio de 2015, día en que se acreditó mediante\ninspección, la reciente corta de árboles e invasión de la zona de protección de la quebrada Mono,\nmediante la construcción de una vivienda, el imputado [Nombre 001], mediante llamada telefónica y de\nforma espontánea, reconoció ser el propietario del inmueble y quien estaba haciendo la obra, para ir\na vacacionar; iv. Lo anterior, fue corroborado a través del informe ACT-OSHRN-708-2015 de fecha 05\nde agosto de 2015 y el informe número 100-DM-SDRN-16 de fecha 26 de febrero de 2016, pues en ambos\ndocumentos se consigna que a la persona que se le notificó la clausura y paralización de la\nconstrucción por parte de la Municipalidad de Nandayure, fue al imputado [Nombre 001], pero incluso\nen el segundo informe, se consigna que en visita realizada al lugar de los hechos se dialogó con la\nseñora [Nombre 009], vecina del inmueble propiedad del encartado, quien manifestó que la persona\nresponsable de la tala de árboles y de la construcción de la casa, fue el aquí imputado [Nombre\n001], persona que vive en Alajuela y trae personas de las afueras de la localidad para que hagan los\ntrabajos que él necesita (folios 1 al 4 y 8 frente y vuelto del legajo principal); y, v. Los\ntestigos [Nombre 005] y [Nombre 006], ambos amigos del imputado [Nombre 001], declararon en juicio\nque efectivamente fueron contratados por don [Nombre 001], para retirar basura, palos secos y hasta\nrealizar una remodelación en la estructura ubicada en el terreno de su propiedad. Bajo ese estado\nprobatorio, la conclusión vertida en la sentencia condenatoria, sobre la participación del imputado\n[Nombre 001] en los hechos delictivos a título de autor, resulta atinada y bien cimentada en las\npruebas recibidas en juicio, por lo cual, los reclamos esbozados por la defensa, no pueden\nprosperar. Sobre el tercer hecho probado, consistente en que sin precisar fecha exacta pero en el\nperíodo comprendido entre el 1 y el 15 de junio de 2015, el imputado [Nombre 001] procedió a invadir\nla zona de protección de la quebrada Mono, con la construcción de una estructura de baldosas y un\nservicio sanitario de aproximadamente 6 x 6,14 metros cuadrados y un alero de 72 metros cuadrados,\nde los cuales 37 metros cuadrados de la estructura y 48 metros cuadrados del alero se encuentran\ninvadiendo el área de protección de la quebrada, y, así mismo el imputado [Nombre 001] construyó un\ntanque séptico dentro del área de protección del recurso hídrico, edificaciones que en la actualidad\ndetenta el imputado, el impugnante reprocha que no se haya tenido como justificada dicha acción,\npues de los estudios de planimetría y la declaración del inmueble realizada el 11 de julio de 2019\nante la Municipalidad de Nandayure, se determina la existencia previa de la estructura, cabaña o\nvivienda en la zona de protección de la quebrada Mono, siendo simplemente una remodelación, lo\nefectuado por el encartado [Nombre 001]. Si bien es cierto, el informe técnico de visita a propiedad\nelaborado por el ingeniero Ricardo Gamboa Martínez, visible a folios 85 al 86 del legajo principal,\nindica textualmente que: “La cabaña que existe en la actualidad es producto de la reconstrucción de\nuna casa que existía anteriormente, la cual fue remodelada, esta casa estuvo por muchos años en el\nsitio”, también es cierto que en ninguna parte de ese documento se señala el sustento probatorio\npara sostener que todo se trató de una simple reconstrucción o remodelación de una casa preexistente\nen el lugar de los hechos, y mucho menos se establece el año en que se construyó por primera vez esa\nestructura, limitándose el perito a utilizar una frase bastante vaga e imprecisa, a saber, que esa\ncasa estuvo por muchos años en el sitio. Nótese además que, la inspección y el consecuente informe\nrendido por el ingeniero Gamboa Martínez, datan del año 2019, es decir, casi que 4 años después de\nocurridos los hechos, lo que denota lo subjetivo de esa manifestación. Tampoco la declaración\nvoluntaria del inmueble ante la Municipalidad de Nandayure, da sustento a lo reprochado por la\ndefensa, pues además de que se trata de la declaración del año 2019, es decir, la realizada hasta 4\naños después de ocurridos los hechos delictivos, en el apartado denominado como “edad (años)” de la\nconstrucción e instalaciones, lo que se anota es “3”, lo que descarta que la estructura haya sido\nconstruida por primera vez, antes del año 2015. El tema fue abordado en la sentencia condenatoria,\nbrindando una serie de argumentos adicionales, totalmente atinados, para determinar que se trataba\nde la construcción de una vivienda, y no una simple remodelación, como es lo dicho por el testigo\nLisímaco Carrillo Arias, quien en su condición de funcionario del Sistema Nacional de Áreas de\nConservación, explicó en juicio que, al momento de hacer la inspección en el inmueble propiedad del\nencartado, se notaba que se trataba de la construcción de una vivienda de baldosas por el movimiento\nde terreno y escombros, como arena y piedra, lo que es plenamente coincidente con lo consignado en\nel informe ACT-OSRHN-708-2015, al señalarse que la vivienda estaba en proceso de construcción (folio\n1 del legajo principal), así como también por el hecho de que en la escritura pública número 317-11\ndel 21 de marzo de 2009, nunca se indica que el terreno tuviera alguna vivienda construida, sino más\nbien que se trataba de un terreno para construir, aunado a lo declarado en juicio por el testigo\n[Nombre 005] quien del mismo modo explicó que en una ocasión el imputado lo contrató para limpiar el\nterreno, el cual se trataba de un lote baldío (folios 175 al 176 del legajo principal), a lo que se\nsuma la actualidad de la corta de los árboles, que es una acción que se relaciona directamente con\nla construcción que se realiza posteriormente, en una secuencia que guarda total relación y que se\nanaliza de forma correcta en la sentencia. Pero incluso, como de forma atinada se analiza en la\nfundamentación jurídica del fallo condenatorio, hasta la simple remodelación de una estructura\npreexistente, es constitutiva del tipo penal de invasión de un área de conservación o protección\n(artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal), pues de esa manera se mantiene la ocupación ilegal de\nese tipo de terrenos, en detrimento de los recursos naturales, los cuales deben mantenerse intactos\nbajo la protección del Estado. Así se explica en la sentencia: “...Considera este Tribunal, que\nincluso, el conservar instalaciones ya existentes dentro de un área de conservación y por ejemplo,\ncambiar los materiales con los que están hechas para mejorarlas o hacer más perdurable su\nutilización y permanencia en el tiempo (tesis que planteó la defensa técnica en las conclusiones, en\ndonde dijo que [Nombre 001] compró la propiedad y que terminó la construcción a derecho, que la casa\nya estaba), constituye una acción de invasión que resulta típica porque mantiene la ocupación de un\nterreno que por ley está vedado para tales fines, en función de la protección del recurso hídrico y\nlos ecosistemas asociados a este…” (folio 184 del legajo principal). En ese sentido esta Cámara de\nApelación también comparte la cita jurisprudencial mencionada en la sentencia: “...Ahora bien, según\nse desprende de la citada normativa, la acción típica está definida por el verbo invadir, el cual\nsegún el diccionario de la Real Academia Española, tiene las siguientes acepciones de interés para\nla resolución del presente asunto: i) Irrumpir, entrar por la fuerza, ii) Ocupar anormal o\nirregularmente un lugar. Asimismo, ocupar significa “tomar posesión o apoderarse de un territorio,\nde un lugar, de un edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él. Ahora bien, a falta de una\ndefinición legal del vocablo invadir, es necesario hacer una interpretación de la norma, según la\ncual se debe averiguar el significado o significados de las palabras en su sentido lingüístico y\nconforme a la significación gramatical en que son empleados los vocablos dentro de la frase\ncorrespondiente. En el supuesto que se analiza, se observa que todo el párrafo contenido en el\ninciso a) del artículo 58 de la Ley Forestal utiliza el vocablo invadir en sus dos significados,\ningresar por la fuerza y el de ocupación ilegal, lo cual guarda concordancia con las consecuencias\nciviles de la conducta delictiva descrita en dicho inciso, en el cual se estipula la pérdida o\nderribo de las edificaciones u obras realizadas en dicha zona. De igual modo, aunque no se diga\nexpresamente, por la construcción gramatical del tipo penal, se infiere inequívocamente que el verbo\ninvadir está circunscrito también a la acción de ocupación…” (voto número 2016-388, dictado por el\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón,\ndel 26 de abril de 2016). Por último, para el apelante, en el hecho cuarto, se comete un grave\nerror, pues se tiene por establecido que el imputado aprovechó los 5 árboles, pese a no existir\nprueba que así lo determinara. Nuevamente no lleva razón la defensa, pues en la sentencia se explica\ncon meridiana claridad que, es a partir de lo declarado en juicio por los testigos Edwin González\nPorras y [Nombre 005] y lo consignado en el informe ACT-OSRHN-708-2015, que se pudo determinar que\nlos árboles cortados sí fueron aprovechados por el encartado [Nombre 001], no sólo porque fueron\naserrados en el lugar de los hechos, siendo prueba de ello los restos de aserrín encontrados en la\nfinca, sino también porque de esa manera liberó espacio del terreno para proceder a construir una\nserie de instalaciones, como una estructura de baldosas, un servicio sanitario y un alero, no siendo\nde recibo el que se pretenda limitar el aprovechamiento a un aspecto de contenido puramente\neconómico, pues puede tratarse, entre muchas otras razones, un beneficio paisajístico y hasta\nposibilitar la construcción de obras en el lugar. Así se explicó en el fallo condenatorio: “...Se\ndebe indicar que había aserrín en el sitio, lo que es un indicio de que los árboles habían sido\naserrados recientemente y en el lugar, lo que denota aprovechamiento del recurso forestal que fue\neliminado dentro del área de protección, para dar espacio en el terreno en el que se instalaron\nestructuras que invadieron ese espacio afectado por la Ley Forestal, pero que no se respetó, a fin\nde obtener, [Nombre 001], una mayor proporción de terreno para su disfrute constructivo…” “...En el\ncaso concreto se determinó, que los árboles cortados y eliminados estaban ubicados dentro de la zona\nde protección de la Quebrada Mono, lugar en donde se ubicaron los tocones de las especies,\nevidenciándose que habían sido cortados con motosierra. Esta acción de corta y eliminación de los 5\nárboles, generó una ventaja al encartado, dado que le permitió liberar espacio en un terreno en el\nque procedió a construir una serie de instalaciones: estructura de baldosa, servicio sanitario y\nalero. Así mismo, se pudo demostrar que esos árboles fueron aserrados en el lugar, encontrándose\nrestos de aserrín, que hacen ver que aunque la madera ya no estaba ahí, sí había sido aprovechada,\npropiamente los árboles de Melina: “Los árboles de Melina habían sido aprovechados, eso lo determino\nporque en el sitio estaban los indicios del aserrío del árbol, fueron aserrados en el sitio, habían\ncostillas, se hace con motosierra (declaración en juicio de Edwin González Porras)…” (folio 175\nfrente y folio 182 frente del legajo principal). Al descartarse los vicios reclamados por la\ndefensa, el motivo de apelación se declara sin lugar.\n\nV.- Segundo motivo de apelación. Yerros en la valoración de la prueba testimonial. Sostiene el\nimpugnante que, si bien es cierto, la señora jueza realiza un análisis profundo de la prueba\ntestimonial, incurre en algunos yerros de importancia acaecidos en cada conclusión de los\ntestimonios contradictorios, pues ninguno sostuvo los hechos endilgados, sino que más bien\nreproducen dudas y omisiones que benefician al imputado. En ese sentido señala que si bien es cierto\nel testigo Lisímaco Carillo Arias manifestó que se apersonó al sitio, en junio de 2015, y que\nencontraron la construcción denunciada y estando ahí vieron la corta o tala de algunos árboles que\nse encontraban a la orilla de la quebrada, que algunos de los árboles estaban procesados, sacados en\nreglas, madera, que la casa es de construcción de baldosas y algunas reglas que se estaban\nutilizando, también es cierto que no logra asentar la responsabilidad del imputado en los hechos\nacusados, no existe acta que demuestre actos de tala ilegal de 5 árboles y mucho menos\naprovechamiento de recursos naturales, por ende la tesis fiscal se rompe, al no demostrar lo\nendilgado y tampoco puede considerarse ese testimonio como un indicio unívoco, ya que no demuestra\nparticipación del endilgado en los hechos acusados. Agrega que ante una pregunta el testigo Lisímaco\nrespondió que no supo quién cortó los árboles, de manera que no puede la jueza manifestar o dar pro\nprobados hechos o participación del imputado, cuando la misma prueba testimonial fue endeble y\nconfusa. Nótese que, al manifestar la existencia de tocones por corta de árboles, nunca pudo\nestablecerse si los mismos eran o formaban parte del área donde estaba la casa, y tampoco nunca se\nestableció la antigüedad de dichas cortas, por ello resulta violatorio al principio de tipicidad,\npor cuanto lo acusado no se pudo acreditar en juicio, siendo parte del debido proceso demostrar la\nimputación y no partir de meras especulaciones. Al respecto el testigo Lisímaco manifestó que no se\npudo determinar el tiempo en el que se cortaron esos tocones, no se encontraron herramientas en el\nsitio, los árboles eran de la misma propiedad de la casa, el GPS se asigna ya equilibrado con el\nsistema CRTM (coordenadas), la propiedad estaba cercada con alambre, ingresaron pasándose la cerca,\nsin autorización en el lugar, relato coherente y beneficioso para el imputado, pero no se le dio el\nvalor de mérito, pues nunca se estableció lo acusado. Por su parte el testigo Edwin González Porras,\nresulta de referencia, al establecer la dinámica de lo encontrado en el lugar, no establece\nparticipación directa ni indirecta del imputado, aunado a una supuesta llamada, la cual como lo\nmanifestó no se supo o demostró si fue cierta, más que lo dicho por el testigo. Todo lo expuesto por\neste testigo fue desvirtuado por lo sostenido en la declaración aportada como prueba para mejor\nresolver, misma que no se le dio el valor correspondiente, ya que lo anterior hubiera acreditado y\njustificado los actos del imputado cuando se logra culminar la obra, aspecto que conculca el\nprincipio de libertad probatoria, de ahí el yerro que se expone. Agrega que si bien los testigos del\nente fiscal narran la dinámica de lo encontrado en el lugar, de igual forma resulta cierto que\ndichos testimonios son supuestos, meras especulaciones que admiten prueba en contrario, pues nunca\nse determinó quién taló los árboles y quién aprovechó la madera. Ni siquiera existe un acta\ncertificada que así lo haya establecido, por ello, sostener esos argumentos conculcan el principio\nde inocencia. Nótese que la tesis acusatoria parte de un acta de inspección con supuestos hallazgos\nde tala ilegal, pero no sostiene dicho informe conducta típica y antijurídica reprochable al\nimputado, porque simplemente no se pudo menoscabar su estado de inocencia, lo que hace a la\nsentencia en infundada y sin la respectiva correlación. Si bien es cierto existen informes sobre los\nsupuestos hechos acaecidos y acusados, también resulta cierto que los mismos no establecen la\ncerteza requerida para condenar al imputado porque también existen aspectos normativos del tipo\npenal que no fueron valorados a conciencia. Repuesta sobre la audiencia conferida: Cursado el\nemplazamiento de ley a las partes, no hubo respuesta por escrito, salvo lo manifestado en la\naudiencia oral, lo cual, ya fue detallado en el considerando segundo de esta resolución. No lleva\nrazón la defensa. En este otro motivo de apelación, nuevamente se cuestiona lo relativo a la\nvinculación del imputado como autor de la corta y aprovechamiento de los árboles, lo que ya fue\nobjeto de pronunciamiento por parte de esta Cámara de Apelación en el primer motivo de apelación, al\nseñalarse que fue a través de una valoración concatenada de una serie de indicios (i. Escritura\npública número 317-11; ii. Declaración voluntaria número D-2019-345, de fecha 11 de julio de 2019;\niii. Testimonios de los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Lisímaco Carrilo\nArias y Edwin González Porras; iv. Informe ACT-OSHRN-708-2015 de fecha 05 de agosto de 2015 y el\ninforme número 100-DM-SDRN-16 de fecha 26 de febrero de 2016 elaborado por el OIJ; y, v. Testimonos\nde [Nombre 005] y [Nombre 006]), que se pudo establecer con certeza, que el imputado [Nombre 001],\ntuvo pleno dominio del hecho, pues fue quien, valiéndose de su condición de propietario y poseedor\ndel terreno sin inscribir plano catastrado número [Valor 002], ubicado en la localidad de San Jorge\nde Bejuco de Nandayure de Guanacaste, ordenó a personas contratadas por él, proceder a la corta y\naprovechamiento de cinco árboles y la consecuente invasión de la zona de protección de la quebrada\nMono, mediante la construcción de una vivienda. Consecuentemente, debe estarse el apelante a lo allí\nresuelto. Ahora bien, como argumentos adicionales, el impugnante reprocha la falta de un acta que\ndemuestre la tala ilegal de los cinco árboles y su aprovechamiento, agregando que nunca se pudo\ndeterminar que los tocones de los árboles formaran parte del área donde se encontraba la vivienda,\nque no se logró establecer la antigüedad de esas cortas y lo relativo a la autorización de los\nfuncionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para realizar la inspección en la finca.\nAl respecto tampoco lleva razón la defensa, pues no es cierto que para poder tener por acreditado la\ntala ilegal de los cinco árboles y su aprovechamiento, se requiera contar con un acta, pues ello no\nes otra cosa más que tasar la prueba, lo que contraviene el principio de libertad probatoria, al\nseñalar que: “Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta\ndel caso por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa de la ley.” (artículo\n182 del Código Procesal Penal). Lo cierto y relevante es que en el informe número ACT-OSRHN-708-2015\nde fecha 05 de agosto de 2015, claramente se describen los cinco árboles cortados en el inmueble\npropiedad del encartado [Nombre 001], agregando que los mismos se encontraban ubicados dentro del\nárea de conservación de la Quebrada Mono, y que incluso fueron procesados en el mismo terreno, al\npunto de estamparse dos imágenes tomadas en el sitio, que reflejan la existencia de la tala y su\ncercanía con la vivienda construida por el encartado [Nombre 001] (folios 1 al 4 del legajo\nprincipal). Pero si lo anterior no fuera suficiente, en juicio se contó con las declaraciones de\nLisímaco Carrillo Arias y Edwin González Porras, ambos funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de\nConservación, encargados de realizar la inspección del terreno, quienes no dudaron en corroborar\ntodo lo plasmado en el supra indicado informe sobre la tala reciente de los árboles y su ubicación\ndentro de la zona de protección de la Quebrada Mono. Además, no observa esta Cámara de Apelación que\ncon esa inspección, se haya violentado el derecho a la inviolabilidad del domicilio e intimidad del\nimputado, pues nunca se incursionó en algún tipo de casa de habitación, sino simplemente en la zona\nde conservación o protección de la Quebrada Mono, que merece especial protección de parte del\nEstado, independientemente de que se trate de terrenos privados, siendo precisamente por esto que el\nlegislador costarricense, en el numeral 54 de la Ley Forestal, autoriza a los funcionarios de la\nAdministración Forestal a transitar y a practicar inspecciones en estas zonas vitales para la\nconservación del medio ambiente. Así lo señala: “...Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos\nfuncionarios, identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y a practicar\ninspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación\nubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o\nindustrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la\nmaquinaria usados en el acto ilícito…” Todo lo anterior fue debidamente fundamentado en la\nsentencia, al señalarse que: “…Así las cosas, las acciones realizadas por los funcionarios del\nSINAC, están respaldadas normativamente, en el tanto de conformidad con el artículo 54 de la Ley\nForestal, tienen carácter de autoridad de policía, y por ende, “tendrán derecho a transitar y a\npracticar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de\nhabitación ubicadas en él”. Esto es relevante porque en juicio los testigos González Porras y\n[Nombre 005], indicaron (tal y como se consigna en el INFORME ACT-OSRHN-708-2015), que ellos ante la\ndenuncia recibida se presentan al terreno, e ingresan a él para hacer las mediciones respectivas, y\nes así como logran determinar que los tocones de los árboles estaban dentro de los linderos de la\nmisma y no fuera de ellos, por lo que se descarta la tesis defensiva, de que no se sabe en dónde\nestaban esos árboles, que según los testigos, estaban cortados y aserrado, y no caídos por efecto\ndel viento, o por causas naturales (como podría ser que estuvieran viejos, según los calificó\n[Nombre 005] y [Nombre 006]). Se debe indicar que había aserrín en el sitio, lo que es un indicio de\nque los árboles habían sido aserrados recientemente y en el lugar, lo que denota aprovechamiento del\nrecurso forestal que fue eliminado dentro del área de protección, para dar espacio en el terreno en\nel que se instalaron estructuras que invadieron ese espacio afectado por la Ley Forestal, pero que\nno se respetó, a fin de obtener, [Nombre 001], una mayor proporción de terreno para su disfrute\nconstructivo. No es entonces ilegal el ingreso a la propiedad por parte de los funcionarios de\nSINAC, a efectos de determinar los alcances del área de protección y la ubicación de los tocones de\nlos árboles talados, así como de las estructuras construidas, mismas que para ese momento, 21 de\njulio del 2015 (folio 1) estaban clausuradas, sin embargo, para en la segunda inspección en la que\nparticipa Edwin González Porras (folio 43 v), se verifica por éste, que se habían agregado\nedificaciones a las que originalmente pudo constatar en el sitio; al respecto en juicio, dijo: “Una\nsemana después nosotros nos hacemos presentes en el sitio, el 21 del mismo mes, llegamos observamos\nque se estaba dando una construcción en el lugar y se hicieron las mediciones correspondientes […]\nEn el sitio no había nadie más, se estaba dando una construcción hecha en baldosas y estaba a medio\nconstruir, recuerdo que tenía una cinta en las puertas y ventanas que son hasta donde sé, cuando la\nmunicipalidad hace la clausura de una actividad o construcción. Tenía paredes, techo, el piso no\nestaba chorreado, sí tenía divisiones y prácticamente eso, a medio construir […] Fui más de una vez\nal sitio. En la segunda oportunidad ya se había construido un drenaje, un baño y un servicio; en la\nprimera vez que fuimos no estaba eso”. Es decir que la Municipalidad clausuró las obras, notificó al\npropietario del inmueble, y aún así las acciones de aprovechamiento y de invasión de un área de\nprotección, continuó realizándose. Se descarta entonces que se tratara la corta de los árboles y la\nconstrucción de la estructura de 6x6 que fue denunciada, una acción aislada en contra del imputado,\ny contrario a ello, permite entender que era él como propietario del inmueble, el que en ejercicio\nde la posesión de su terreno, estaba actuando y con ello perjudicando el ambiente...” (lo resaltado\nes del original, folio 174 vuelto al 175 vuelto del legajo principal). Por las razones brindadas, se\nrechaza el motivo de apelación.\n\nVI.- Tercer motivo de apelación. Aspectos relacionados en cuanto al dolo. El recurrente alega que en\nla sentencia se concluye que [Nombre 001] es autor de los delitos de invasión a un área de\nprotección y de aprovechamiento ilegal de recursos forestales, porque fue él la persona que tuvo el\ncontrol sobre el desarrollo y ejecución de las acciones de corta y eliminación de árboles, así como\nde construcción de estructuras, todo dentro de una zona de protección, sin que se requiera que haya\nsido él quien realizara personal y materialmente las acciones referidas. Sin embargo, al respecto\nreprocha el apelante, que no se demostró el dolo del imputado, pues el mismo no se puede presumir.\nPartir de supuestos no es considerado parte del debido proceso, no puede darse una sentencia\ncondenatoria sin hacer un análisis exhaustivo y normativo de la conducta que se reprocha. Nunca se\npudieron acreditar las conductas que expone la hipótesis fáctica en la norma. Por consiguiente, en\neste caso si se analiza el aspecto objetivo de las conductas acusadas no se lograron probar y desde\nel punto de vista subjetivo tampoco, por ende, ambos aspectos deben ser parte de la tipicidad de la\nconducta, las cuales nunca concurren en la especie. Recordemos el análisis de la supuesta conducta\ndesplegada por el imputado no se agota en el examen de los elementos objetivos del tipo penal, sino\nque también se debe analizar el elemento subjetivo, conformado por el dolo. Este fue el aspecto que\ndebió abocarse y analizar el tribunal y a partir de dicha ponderación concluir que existía un error\nde tipo al no poderse acreditar con la certeza requerida, el conocimiento al menos potencial, de que\nlas acciones que estaban ejecutando las hacían en al área de protección de un ribera o de una\nnaciente. Ante esa tesitura debió dictarse sentencia absolutoria, por ello el yerro sobre el fondo\nes evidente. Nótese que el delito en examen exige un dolo directo del imputado tanto en la supuesta\ninvasión como en el aprovechamiento, conductas la primera justificada por la compra del inmueble en\nescritura pública donde se adquiere la posesión del antiguo dueño por más de sesenta años, y así se\nargumentó y quedó establecido, por ende, no existe tipicidad subjetiva en cuanto a la invasión y\nsegundo, en cuanto al aprovechamiento no se demostró nunca. En amparo de su argumentación cita el\nvoto número 284 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón, de las 12:00 horas del 17\nde marzo de 2021, en el cual en lo que interesa se señala que, la conducta establecida en el\nartículo 58 inciso a) de la Ley Forestal describe una conducta dolosa, lo que significa que el\nimputado debe conocer que con las obras realizadas se está invadiendo una zona de protección, el\ncual no admite la comisión culposa y por ende, cualquier error sobre el conocimiento de uno de los\nelementos objetivos del tipo penal, elimina la configuración dolosa de esta clase de conductas y por\nende se excluye la tipicidad, admitiendo solo el dolo directo, ya que el autor tiene que conocer de\nantemano que con sus acciones invade una zona de protección, por lo que la comisión por dolo\neventual no sería factible, ya que el dolo eventual está dirigido esencialmente a la producción del\nresultado (artículo 30 del Código Penal), y no al conocimiento de uno de los elementos objetivos del\ntipo, y adicionalmente este tipo penal, no es un delito de resultado, sino de mera actividad, pues\nsu consumación no requiere de la producción de un resultado, sino que el injusto penal se configura\ncon las meras acciones de invadir la zona de protección. Respuesta sobre la audiencia conferida:\nCursado el emplazamiento de ley a las partes, no hubo respuesta por escrito, salvo lo manifestado en\nla audiencia oral, lo cual, ya fue detallado en el considerando segundo de esta resolución. Sin\nlugar el reclamo. Según el impugnante, en este asunto no se logró acreditar con certeza que el\nimputado [Nombre 001], haya actuado con dolo, es decir, que tuviera conocimiento de que la corta\nárboles y la construcción de la vivienda, se hacía en el área de protección de la Quebrada Mono y\nque a pesar de ello, realiza las conductas que se le atribuyen de la tala y construcción ilegal. Sin\nembargo, ese argumento no puede prosperar, pues tal y como se explica de forma amplia en la\nsentencia condenatoria, en el juicio se recibió abundante prueba documental y testimonial, a partir\nde la cual se pudo determinar que el encartado [Nombre 001], además de saber que la corta árboles y\nla construcción de la vivienda, se hacía en el área de protección de la quebrada Mono, quiso que se\nllevara a cabo de esa manera. Así se explica en el fallo condenatorio: “...Siempre en la tarea de\ndilucidar el conocimiento que [Nombre 001], tenía de que esa construcción estaba invadiendo parte de\nla zona de protección de la Quebrada Mono, y que los árboles cortados estaban también dentro de ese\nespacio protegido, es de utilidad el INFORME ACT-OSRHN-708-2015, en donde se consigna que se\nconsultó a la ingeniera Milagro Cárdenas Rodríguez, encargada del Departamento de Ingeniería\nMunicipal de Nandayure, quien le informó a los testigos Lisímaco y Edwin, que para el momento de\nconfección de este Informe, “la vivienda se encuentra clausurada por parte de la Municipalidad, así\ncomo que se encuentra en trámite por parte del interesado, el alineamiento del INVU respecto a la\nquebrada, para determinar lo que corresponda de acuerdo con la distancia que indique dicha\ninstitución”(folio 2). La fortaleza probatoria de esta prueba documental, que encuentra respaldo en\nla declaración de Lisímaco Carrillo Arias y de Edwin González Porras, que reconoció la existencia de\nun rótulo puesto por la municipalidad que decía clausurado, es que una vez ya hecha la construcción,\nel imputado tenía trámites pendientes de especial interés por cuanto eran los que le determinarían\ncon certeza, la distancia de retiro del cuerpo de agua denominado “Quebrada Mono”, quebrada cuya\nexistencia es evidente en el Plano con datos de inscripción 5-1714962-2014 (folio 3), en el que\nademás se lee “Afectado por la Ley Forestal 7575, artículo 33”(folio 3), que regula las áreas de\nprotección, en lo que interesa en el inciso b), que establece: “Se declaran áreas de protección las\nsiguientes: b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas\nhorizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es\nplano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado”(el resalado no es del\noriginal). De lo anterior se colige, que la existencia física de esa quebrada, no podía ser\ndesconocida por el propietario de un inmueble cuyo plano así lo consigna, indicando expresamente la\nafectación por la Ley Forestal y que además adquirió la propiedad desde el 2009, por lo que habría\nya experimentado períodos de verano y de invierno, de ahí que no es de recibo, decir que nunca vio\nel discurrir del agua en el cause (sic) de la quebrada. Situación diferente es la de [Nombre 005] y\n[Nombre 006], quienes indicaran en juicio respectivamente que, en el sitio no había una quebrada y\nque nunca se vio agua, esto porque es posible que cuando estuvieron en el sitio, no la determinaran,\nvéase que incluso el carácter de permanencia o intermitencia, está pendiente de definir, lo que\ncarece de interés para la acreditación de los delitos, puesto que se reitera, la existencia de esa\nQuebrada Mono que afecta la propiedad de [Nombre 001], es suficiente para que se determine una zona\nde protección rodeando su cause (sic), con independencia de que su flujo sea intermitente o\npermanente, esto es así, porque la condición de quebrada es suficiente para su protección.\nAdicionalmente a ello, el imputado en sus datos de identificación en juicio, dijo tener secundaria\ncompleta, lo que por regla de lógica, permite afirmar que se trata de una persona que sabe leer, de\nahí que el imponerse del contenido íntegro de lo consignado en el plano de su propiedad, no le era\nimposible, resultando más bien, una exigencia para las personas dueñas de inmuebles, el tramitar los\npermisos de construcción respectivos en las municipalidades de los cantones del país, a efectos de\nverificar los requisitos que se deben cumplir antes de proceder. Se destaca que según el Informe\nACT-OSRH-708-2015, la construcción para el 21 de julio del 2015, estaba clausurada por la\nMunicipalidad de Nandayure, es decir que no contaba [Nombre 001], con los permisos respectivos para\nconstruir esa edificación, y además, se encontraba en trámite, el alineamiento del INVU respecto a\nla quebrada (folio 2), con lo que se determinaría la distancia que se debía respetar en relación con\nla quebrada, lo que lleva a la verificación de que el imputado construye sin tener tampoco la\ninformación de distancia de retiro que debía respetar, pero sabiendo que la necesitaba…” (lo\nresaltado es el original, folios 177 al 178 del legajo principal). Toda esta argumentación resulta\nválida pues como bien lo señala la sentencia, primero, porque de la escritura pública de adquisición\ndel terreno por parte del imputado [Nombre 001] (escritura número 317-11 del 21 de marzo de 2009\nvisible a folio 116 del legajo principal) y del plano catastrado de dicha finca número [Valor 002]\n(plano de fecha 14 de enero de 2014 visible a folio 3 del legajo principal), se logra derivar con\nrazón suficiente que desde antes de la ocurrencia de los hechos delictivos (primera quincena de\njunio de 2015), el encartado tenía pleno conocimiento de la existencia de la Quebrada Mono dentro de\nsu propiedad, pues así fue señalado en el plano; segundo, ya que las fotografías adjuntas a folio 4\ndel legajo principal, permiten establecer que tanto la quebrada como los árboles en sus cercanías,\neran de fácil constatación, por lo cual, sería contrario a las reglas de la lógica, la experiencia y\nel sentido común, concluir que durante tantos años, el imputado no se haya percatado de su\nexistencia; tercero, por cuanto el plano catastrado confeccionado en enero de 2014, es decir, un año\ny medio antes de la ocurrencia de los hechos delictivos, advertía claramente sobre la afectación del\nterreno a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Forestal, para lo cual bastaba con buscar y\nleer la ley, para darse cuenta que dicha afectación se refería a que la finca tenía un área de\nprotección o reserva de 15 metros, por tratarse de zona rural y un terreno plano, medido\nhorizontalmente a ambos lados de de la quebrada, advertencia que de igual forma contenía el plano\nconfeccionado con posterioridad, es decir, en el año 2018, y que fue aportado como prueba por la\ndefensa (folios 75 al 76 del legajo principal); cuarto, tan claro era el conocimiento que tenía el\nimputado sobre la prohibición de corta de árboles y construcción de una vivienda en esa zona de\nprotección de la Quebrada Mono, que ni siquiera gestionó el permiso de construcción ante la\nMunicipalidad de Nandayure, lo que generó que dicha institución le clausurara las obras y, quinto,\ntan evidente era el conocimiento que tenía el imputado [Nombre 001] sobre la corta de árboles y\nconstrucción en la zona de protección de la Quebrada Mono, que al verse descubierto, gestionó ante\nel INVU un estudio de alineamiento respecto a la quebrada, con resultado evidentemente negativo,\npues dicha institución determinó a través del informe número JJDC-INFORME-004-2017 de fecha 18 de\njulio de 2017, que al estar ubicado el terreno en zona rural, el alineamiento fluvial o zona de\nprotección a respetar era de 15 metros (folios 17 al 18 del legajo principal), lo que resultó\ncorroborado a través de la pericia número DCF: 2018-01106-ING, elaborado el 22 de octubre de 2018,\npor la Sección de Ingeniería Forense del OIJ, al concluir que con base en el informe 004-2017 del\nINVU, la pendiente en los primeros metros de la zona de protección de la Quebrada Mono es de 16,2% y\nse ubica en un sector rural, por lo cual se aplica un retiro de protección de 15 metros,\nencontrándose dentro de la zona de protección 37 metros cuadrados de la edificación (casa y aparente\nservicio sanitario) y 48 metros cuadrados del alero (folios 46 al 47 del legajo principal). A partir\nde lo anterior, no cabe la menor duda de que el imputado [Nombre 001] actuó con dolo directo, no\nsólo porque tuvo el conocimiento, sino también la voluntad, de cortar árboles y construir una cabaña\no vivienda en la zona de protección de la Quebrada Mono, por lo cual, el motivo se rechaza y, en\nconsecuencia procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.\n\nPOR TANTO: \n\n Se declara sin lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el licenciado Henry Odir\nBriones Castillo, en su condición de abogado particular del imputado [Nombre 001]. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEsteban Amador Garita\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHelena Ulloa Ramírez Tatiana López Monge\n\n \n\nJuez y Juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil\n\n(En función del T.A.S.P de Guanacaste, sede Santa Cruz)\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nExpediente:15-001477-0412-PE\n\nImputado: [Nombre 001]\n\nDelito: Infracción a la Ley Forestal\n\nOfendido: Los recursos naturales\n\nDgutierrezch\n\nII Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Calle Blancos, Edificio Tribunales, Cuarto Piso,\nTeléfonos: 2247-9238 ó 2247-9098. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: tapelacionespj-\nsgdoc@poder-judicial.go.cr", "body_en_text": "PODER JUDICIAL\n\nTRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL\n\n \n\nResolution: 2023-151\n\nFile: 15-001477-0412-PE (2) \n\n TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL. Second Judicial Circuit of San José. (Acting on behalf of the T.A.S.P of Guanacaste, Santa Cruz seat) Goicoechea, at fourteen hundred hours on the twenty-ninth of March, two thousand twenty-three.\n\nAPPEAL filed in the present case brought against [Name 001], of legal age, Costa Rican, identity card [Value 001], born on September 7, 1962, for a crime of Invasion of a Protected Area and a crime of Illegal Exploitation of Forest Resources. Judge Esteban Amador Garita and Judges Helena Ulloa Ramírez and Tatiana López Monge participate in the decision on the appeal. Attorney Henry Odir Briones Castillo, private counsel for the accused, appeared at this venue.\n\n \n\nWHEREAS:\n\n I. That by judgment number 96-2022, at seventeen hundred hours and five minutes on the twentieth of May of the year two thousand twenty-two, the Trial Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Nicoya seat, resolved: “THEREFORE: In accordance with the evidence gathered, the rules of sound rational criticism, numerals 39, 41 and 50 of the Political Constitution; 1, 2, 4, 11, 14, 16, 18 to 20, 22, 30, 31, 45, 50, 51, 71, 73, 74, 76, 103 and 110 of the Criminal Code; articles 1, 3 subsection a), 33 subsection b), 34, 54, and 58 subsections a) and b) of the Forest Law; 1, 2, 3, 17, 32, 50, 51, 52, 98, 99 subsection h) and 101 of the Organic Law of the Environment: 1, 2 and 3 of the Water Law: 1 to 4, 9, 11 to 13, 16, 30 to 34, 37, 40, 42, 70, 71, 75 to 77, 111 to 116, 140, 142, 184, 265 to 270, 341 to 343, 345, 349 to 352, 353 to 361, 363 to 365 and 367 of the Code of Criminal Procedure; 1, 2 and 41.1 of the Civil Procedure Code (Law No. 9342), and 1045 of the Civil Code, numerals 122, 123, 124 and 125 of the Civil Liability Rules in force from the 1941 Criminal Code; 16, 38 and 42 of Executive Decree No. 39078-JP, Fee Schedule for Professional Legal and Notarial Services; this Court resolves: I.- THE STATUTE OF LIMITATIONS DEFENSE RAISED by the technical defense is DECLARED WITHOUT MERIT. II.- [Name 001] is declared the responsible perpetrator of ONE CRIME OF VIOLATION OF THE FOREST LAW in the modality of INVASION OF A PROTECTED AREA and ONE CRIME OF VIOLATION OF THE FOREST LAW in the modality of ILLEGAL EXPLOITATION OF FOREST RESOURCES, committed to the detriment of NATURAL RESOURCES, and in such capacity he is sentenced to the penalty of THREE MONTHS OF IMPRISONMENT, for each of them, for a total of SIX MONTHS OF IMPRISONMENT, applying the rules for the material joinder of offenses, a penalty he shall serve in the place and manner determined by penitentiary regulations. III.- The defendant is granted the BENEFIT of CONDITIONAL EXECUTION OF THE SENTENCE for a period of THREE YEARS, during which he shall not commit a new intentional crime punishable by a custodial sentence exceeding six months of imprisonment, because if such a situation occurs, said benefit may be revoked, and he must serve the prison sentence now imposed. Once this judgment is final, it shall be registered in the Judicial Registry, and communicated to the National Institute of Criminology and the Sentence Enforcement Court for their respective duties. IV.- Regarding the Civil Claim for Damages brought by the Procuraduría General de la República against the civil defendant [Name 001]: IT IS DECLARED WITH MERIT, and for the concept of ENVIRONMENTAL DAMAGE (material damage), he is ordered to pay the sum of ONE MILLION FIVE HUNDRED TWO THOUSAND TWO HUNDRED TEN COLONES WITH ZERO THREE CENTS (1,502,210.03 COLONES), plus legal interest from the moment the judgment becomes final until its effective payment. V.- Regarding the costs and expenses of the proceedings: The civil defendant, [Name 001], is ordered to pay the personal costs, which are set on the amount now liquidated for Environmental Damage (material damage), in the sum of THREE HUNDRED THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY-TWO COLONES (300,442 COLONES), corresponding to the filing of the Civil Claim for Damages, as well as the payment of the sum of FOUR HUNDRED FORTY THOUSAND COLONES, for the filing and presentation of the CRIMINAL COMPLAINT, which was filed jointly with the civil action. Such sums must be paid by the civil defendant by simple order of the Court and upon this ruling becoming final; otherwise, the interested party must resort to the Sentence Enforcement process as provided by numeral 488 of the Code of Criminal Procedure. The costs of the proceedings are borne by the State. VI.- Regarding the restitution of things to their prior state: Once the judgment is final and in accordance with article 140 of the Code of Criminal Procedure, 103 of the Criminal Code, and 33, 34 and 58 subsections a) and b) of the Forest Law, the restitution of the things to their original state in the affected protection zone is ordered; likewise, the demolition of the structures and constructions located within the protection area of the unregistered property, located in the province of [...], cadastral map number [Value 002], property number [Value 003], owned by [Name 001], is ordered, as indicated in the Extension of the Expert Opinion DCF:2018-01106-ING, prepared by the Department of Forensic Sciences, Forensic Engineering Section, Judicial Investigation Agency, because these are invading a protection zone. A period of three months after the judgment becomes final is granted for [Name 001] to proceed with the demolition of the structures built within the protection area of the Quebrada Mono, with the costs for demolition and removal of materials from the affected site being at his expense. The Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, National System of Conservation Areas, Tempisque Conservation Area, is ordered to carry out the inspection and render a Report to verify compliance with what is ordered in this judgment. [Name 001] is warned of the mandatory nature of what is resolved, and he may be prosecuted for the Crime of Disobedience to authority in case of non-compliance. Communicate what is resolved here to the Municipality of Nandayure, Guanacaste. Notify.”\n\n II. That against the preceding decision, Attorney Henry Odir Briones Castillo, private counsel for the accused, filed an appeal.\n\n III. That after conducting the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal.\n\n IV. That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nWritten by the Appeals Judge, Amador Garita, and, \n\nCONSIDERING: \n\n I.- On the competence of this court: Pursuant to the agreement of the Full Court in session 22-2022, held on May 16, 2022, article XXXIV, and the agreement of the Full Court in session 75-2022 held on November 19, 2022, article XVII, this Court has competence to hear the requests for extension of pretrial detention that the Sentencing Appeals Court of Guanacaste, Santa Cruz seat, must hear, as well as the appeals of judgment, according to the criteria defined in both sessions and for the period agreed upon therein, which covers the first semester of this year 2023. As ordered, this court proceeds to hear the appeal of the judgment.\n\n II.- On the oral hearing held: As recorded on folio 227 of the principal file, on September 5, 2022, an oral hearing was held before the Sentencing Appeals Court of Guanacaste, Santa Cruz seat, composed on that occasion by judges Brisa Campbell Arguello, José Manuel Cisneros Mojica, and Rodrigo Obando Santamaría, at which time all parties presented their arguments, which are already in writing, without adding anything new. In summary, the defense reiterated what was alleged in the challenge, namely, that the judgment is a laconic restatement of the indictment; it was not proven that the defendant is the owner of the property, because the map does not exist, nor that he performed possessory acts on said property; direct or indirect participation of the defendant in the acts was never determined, that is, that he was at the scene of the events cutting down the trees; there is no inspection report determining that the cut trees were from the property; no evidence shows that the defendant acted with direct intent; the reports are contradictory regarding the protection zone and distance from the quebrada, since this depends on whether it is the rainy season or the dry season; and it was offered as evidence for better provision, documentation from the Municipality determining that the construction already existed on the site and that everything was merely a remodeling. For its part, the prosecution requested the rejection of the appeal, because it was proven that the property belongs to the defendant, given that it is registered as such at the municipal level, to the point that a cadastral map exists in the defendant's name; in addition, from the inspections carried out by SINAC, it was determined that the trees cut down were being used in the construction of a cabin or dwelling in the sector, that is, the timber was being clearly exploited, and that the tree stumps are located at a distance of less than 15 meters from the Quebrada Mono, which enjoys protection, as it is a rural area. There is a forensic engineering expert report, which determines that it is not only the felling of trees, but also constructions invading the zone. It is not possible for the defendant to claim ignorance of what was happening on his property, to the point that it is the Municipality that shut down the construction, because the defendant carried it out without having the municipal permits. The representative of the Procuraduría General de la República likewise requested that the appeal be declared without merit, as she considers that the condemnatory ruling conforms to the merit of the evidentiary elements received at trial. The witnesses indicated that it was the defendant who hired them to carry out the works on the property. The SINAC officials determined that the trees were cut down in a protection zone and that they were used in a construction, which in turn was invading the protection area. It was proven that the defendant acted with intent, because the map visible on folio 3 of the principal file describes the existence of a quebrada, reflecting that the accused was fully aware that his property bordered this protection zone, in addition to the fact that he carried out the construction without having the required legal permits. Furthermore, the appellant never challenged the civil judgment and the restitution of the things to their original state in the affected protection zone, nor the demolition of the structures and constructions located within the protection area. Finally, the defendant [Name 001], in support of the reasons stated by his lawyer, explained that he was not at the site, that it was a neighbor who told him about the presence of some people from SINAC, that the registration of the deed has still not been achieved, that it concerns a possessory right sold to him by a gentleman who has since died, but that he does not yet have the deed or the map, and he is waiting, to the point that today, in the Property Registry, the property is not registered in his name, adding that the house was an old warehouse that he was going to rebuild, and it was rebuilt using prefabricated materials, and he knows nothing about the felling of trees. By virtue of the distribution of competences explained in the preceding considering paragraph, ordered by the Full Court of the Judiciary, the file was referred to this court, which causes no harm to the parties, as resolved by the Constitutional Chamber in these cases: \"...it is constitutionally valid that in those cassation hearings or oral hearings where evidentiary material is not received orally, or where the parties' arguments are already in writing, without anything new being added, other judges, different from those who participated in the hearing, may intervene at the time of making the decision, if and only if, they are capable of doing so and there are justified reasons (which must be on record) that prevent those who were at the oral hearing from meeting in the near future to study and resolve the matter…” (Constitutional Chamber, No. 6681 at 15:30 hours on December 10, 1996, and No. 17553 at 12:23 hours on November 30, 2007, and from the same Constitutional Chamber, No. 6880 at 15:05 hours on May 22, 2013). This being the case, since what was stated at the oral hearing reiterates what was alleged in the appelate brief, the change in composition causes no harm to the parties.\n\nIII.- Appeal by the defense. Attorney Henry Odir Briones Castillo, in his capacity as private counsel for the defendant [Name 001], files an appeal against judgment number 96-2022, issued by the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Nicoya Seat, at 17:05 hours on May 20, 2022, by which his client was declared the responsible perpetrator of the crimes of invasion of a protected area and illegal exploitation of forest resources, to the detriment of the natural resources, imposing a penalty of three months of imprisonment for each, for a total of six months of imprisonment, applying the rules for the material joinder of offenses, granting him the benefit of conditional execution of the sentence for a term of three years. Furthermore, he noted that, upon declaring the civil claim for damages with merit, he was ordered to pay for environmental damage the sum of one million five hundred two thousand two hundred ten colones with three cents (₡1,502,210.03), plus legal interest from the moment the judgment becomes final until its effective payment, and was ordered to pay personal costs for the filing of the civil action in the sum of three hundred thousand four hundred forty-two colones (₡300,442), and for the filing of the criminal complaint in the sum of four hundred forty thousand colones (₡440,000). He also submitted that the restitution of things to their original state in the affected protection zone was ordered, as was the demolition of the structures and constructions located within the protection area of the unregistered property, located in the province of [...], cadastral map number [Value 002], property number [Value 003], owned by [Name 001], as indicated in the Extension of the Expert Opinion DCF:2018-01106-ING, prepared by the Department of Forensic Sciences, Forensic Engineering Section of the Judicial Investigation Agency, for invading a protection zone, granting a period of 3 months after the judgment becomes final for the defendant [Name 001] to proceed with the demolition of the structures built within the protection area of the Quebrada Mono, with the costs for demolition and removal of materials from the affected site being at his expense, with MINAE being required to carry out the inspection and render a report, warning the defendant [Name 001] of the mandatory nature of what is ordered, otherwise he will be prosecuted for the crime of disobedience to authority in case of non-compliance.\n\nIV.— First ground of appeal. Errors regarding the facts held as proven. The appellant points out that the first proven fact establishes that the accused [Name 001] is the owner of the unregistered property located in the province of Guanacaste, specifically in [...], cadastral map number [Value 002], which the challenger considers a first error, since the lower court relied on a supposed map, which does not prove possession of said property or possessory acts by the accused [Name 001] over said land, it not being possible to assume ownership of that property if no possessory acts have been carried out and that was not held to be demonstrated, that is, there was no certainty regarding that assertion. He adds that it is also held as accredited that, without specifying an exact date but within the period between June 1 and 15, 2015, on the property described in the first fact, the accused [Name 001], knowing of the existence of the stream (quebrada) and with full knowledge of the unlawfulness of his actions, without having forest harvesting permits (permisos de aprovechamiento forestal), cut and eliminated 5 trees of different species and dimensions, including: sandal, melina, and guaba, all located within the protection area (área de protección) of the Mono stream (quebrada). In this regard, the appellant reproaches that it was never established on which piece or pieces of evidence this is based, since in the trial it was never proven who cut the five trees, no one could assert it, nor did suitable evidence exist or was it incorporated into the trial to establish that act of cutting five trees by the accused, this assertion being a violation of the accused's state of innocence, thereby breaching the principle of correlation between accusation and sentence, since none of the witnesses could establish it, and fact two of the prosecutorial accusation could not be demonstrated, specifically what is set forth in subsection 6) of numeral 58 of the Forestry Law (Ley Forestal). He then states that the sentence held as accredited that, without specifying an exact date but within the period between June 1 and 15, 2015, the accused [Name 001] proceeded to invade the protection zone (zona de protección) of the Mono stream (quebrada), with the construction of a tile structure and a sanitary service of approximately 6x6.14 square meters and an overhang (alero) of 72 square meters, of which 37 square meters of the structure and 48 square meters of the overhang (alero) are invading the protection area (área de protección) of the stream (quebrada), and, likewise, the accused [Name 001] built a septic tank (tanque séptico) within the protection area (área de protección) of the water resource (recurso hídrico), buildings currently held by the accused. The challenger reproaches that this fact is based on mere speculation, since throughout the process and with the evidence provided, basically the planimetry studies, they establish the existence of said structures, which were remodeled by the accused, whose evidence for this was provided for better provision (para mejor proveer), and was admitted at the conclusions stage in order to justify said fact. That evidence consisted of the property declaration given by the Municipality of Nandayure in June 2019, which the lower court should have considered as a basic piece to justify the accused's conduct, hence the evident error incurred, since it was not given the corresponding value, thus violating the principle of defense, therefore it is not appropriate to state that there was control over the act (dominio del hecho) when said acts are fully justified. He also points out as another of the errors incurred by the lower court, holding and considering as proven the aspect of the harvesting (aprovechamiento) of the five trees as was attempted to be attributed to my client as the fourth fact, considering it proven, for which there was no direct or indirect evidence to assert it, as there is no technical report, ocular inspection record (acta ocular), or any witness who said so. Position of the Prosecutor's Office and the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República): Upon notifying the parties as required by law, there was no written response, except what was stated at the oral hearing, which was already detailed in the second whereas clause (considerando) of this resolution. The claim is dismissed. In the specific case, the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) attributed the following facts to the accused [Name 001]: “1) In [...], there is an unregistered lot, cadastral map number [Value 004], property of the accused [Name 001]. Within the property, on its north side (sic), runs a stream (quebrada) named Mono, for which a protection area (área de protección) of 15 meters must be respected as it is flat land located in a rural area. 2) Without specifying an exact date, but during the first half of June 2015, on the property described in the first fact, the accused [Name 001], knowing the act was unlawful, hired laborers and made them believe he had forest harvesting permits (permisos de aprovechamiento forestales) and ordered them to cut and eliminate 5 trees of different species and dimensions, among the species were: sandal, melina, and guaba, all located within the protection area (área de protección) of the \"Mono\" stream (quebrada). 3) Subsequently, without specifying an exact date, but during the first half (sic) of the month of June 2015, the accused [Name 001], invaded the protection area (área de protección) of the aforementioned body of water, as he ordered his laborers to build a tile dwelling and a sanitary service of approximately 6x6.14 square meters, plus an overhang (alero) of 72 square meters, with 37 square meters of the dwelling and 48 square meters of the overhang (alero) invading the protection area (área de protección) of the stream (quebrada); likewise, the accused [Name 001] ordered the construction of a septic tank (tanque séptico) within the protection area (área de protección); buildings currently held by the accused. 4) The accused [Name 001] did not have permits from the Forest Administration (Administración Forestal) to harvest (aprovechar) the trees nor to invade the protection area (área de protección).” For its part, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), representing the State and in its capacity as plaintiff for a public action crime and civil actor, alleged the following: “FIRST: That the defendant [Name 001] is the owner of the unregistered property located in the province of Guanacaste, specifically in [...], cadastral map number [Value 004]; and it is understood that within said property, on its north side runs a stream (quebrada) named Mono, for which the protection area (área de protección) of 15 meters must be respected as it is flat land located in a rural area. SECOND: That without specifying an exact date, but within the period between June 1 and 15, 2015, on the property indicated above in the first fact, the defendant [Name 001], knowing of the existence of the public domain spring (naciente), and with full knowledge of the unlawfulness of his actions, proceeded to hire laborers – whom he made believe he had permits from the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado) – and ordered them to cut and eliminate 5 trees of different species and dimensions, among them: sandal, melina, and guaba; all located within the protection area (área de protección) of the Mono stream (quebrada). THIRD: Likewise, without specifying an exact date, but between June 1 and 15, 2015, the accused [Name 001] proceeded to invade the protection zone (zona de protección) of the Mono stream (quebrada), by ordering the construction of a tile dwelling and a sanitary service of approximately 6x6.14 square meters, an overhang (alero) of 72 square meters; of which 37 square meters of the dwelling and 48 square meters of the overhang (alero) are invading the protection area (área de protección) of the stream (quebrada); likewise, the accused [Name 001] ordered the construction of a septic tank (tanque séptico) within the protection area (área de protección) of the water resource (recurso hídrico), and to this day said installations are occupied by the defendant. FOURTH: All of the foregoing, without having a permit from the state Forest Authority (Autoridad Forestal) to carry out said activities. FIFTH: That with these actions, with total disregard for the environment, specifically the water resource (recurso hídrico), the defendant has caused ecological damage estimated at the sum of ONE MILLION FIVE HUNDRED TWO THOUSAND TWO HUNDRED TEN COLONES WITH ZERO THREE CÉNTIMOS. (¢1,502,210.03).” Now, the sentence holds the following facts as proven: “FIRST: [Name 001] is the owner of the unregistered property located in the province of Guanacaste, specifically in [...], cadastral map number [Value 002]. Within said property, on its north side runs a stream (quebrada) named Mono, for which the protection area (área de protección) of 15 meters must be respected as it is flat land located in a rural area. SECOND: Without specifying an exact date, but within the period between June 1 and 15, 2015, on the property described in the first fact, [Name 001], knowing of the existence of the stream (quebrada), and with full knowledge of the unlawfulness of his actions, without having forest harvesting permits (permisos de aprovechamiento forestal), cut and eliminated 5 trees of different species and dimensions, among them: sandal, melina, and guaba, all located within the protection area (área de protección) of the Mono stream (quebrada). THIRD: Subsequently, without specifying an exact date, but within the period between June 1 and 15, 2015, [Name 001] proceeded to invade the protection zone (zona de protección) of the Mono stream (quebrada), with the construction of a tile structure and a sanitary service of approximately 6x6.14 square meters and an overhang (alero) of 72 square meters, of which 37 square meters of the structure and 48 square meters of the overhang (alero) are invading the protection area (área de protección) of the stream (quebrada). Likewise, [Name 001] built a septic tank (tanque séptico) within the protection area (área de protección) of the water resource (recurso hídrico). Buildings currently held by the accused. FOURTH: [Name 001] did not have permits from the State Forest Authority (Autoridad Forestal del Estado) to carry out said activities of harvesting (aprovechar) the trees nor to invade the protection area (área de protección). FIFTH: That with these actions, with total disregard for the environment, specifically the water resource (recurso hídrico), the defendant has caused ecological damage estimated at the sum of ONE MILLION FIVE HUNDRED TWO THOUSAND TWO HUNDRED TEN COLONES WITH ZERO THREE CÉNTIMOS. (¢1,502,210.03).” Contrary to what is reproached by the challenger, the determination of each of these facts conforms to the merit of the evidence received at trial, abundant and pertinent reasoning being provided in the sentence in this regard. Regarding the first proven fact, namely, that the accused [Name 001] is the owner of the unregistered property located in the province of Guanacaste, specifically in [...], cadastral map number [Value 002], the defense questions that the foregoing does not prove that the defendant actually carried out acts of possession over the property, allowing him to be held responsible for the cutting of trees and invasion of the protection zone (zona de protección) of the Mono stream (quebrada), through the construction of a dwelling. In this regard, the appellant is not correct, as it is not true that the analysis conducted by the lower court is based solely on what is recorded in the cadastral map visible on folio 3 of the main file. Note that regarding the ownership of the property, the evidence provided by the defense at trial was available (evidence for better provision - prueba para mejor proveer), namely, public deed number 317-11 which determines that said property was acquired by Mr. [Name 001] on March 21, 2009 (folio 116 of the main file), and voluntary declaration number D-2019-345, which was made on July 11, 2019, by the defendant himself before the Municipality of Nandayure, stating that he is the owner of the unregistered land, cadastral map number [Value 002] (folio 160 of the main file). And, regarding the subsequent execution of acts of possession over that property, including the cutting of trees and invasion of the protection zone (zona de protección) of the Mono stream (quebrada), through the construction of a dwelling, the statements of Lisímaco Carrillo Arias and Edwin González Porras, both officials of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), were available; they were consistent in stating at trial that, precisely at the time of the inspection (July 21, 2015), a neighbor passed them a phone call from Mr. [Name 001], a person who spontaneously identified himself as the owner of the property and told them that he was building the structure to go on vacation, which was also corroborated through the Municipality of Nandayure, since the construction had been ordered closed by the municipality, and a procedure was in progress, a request made by Mr. [Name 001] for INVU alignment regarding the stream (quebrada); testimonies that are fully consistent with what is recorded in report ACT-OSHRN-708-2015 dated August 5, 2015 (folios 1 to 4 of the main file) and even with what is recorded in report number 100-DM-SDRN-16 dated February 26, 2016, prepared by the Judicial Investigation Organization (Organismo de Investigación Judicial), as it records that during a visit to the scene, a conversation was held with Mrs. [Name 009], a neighbor of the property owned by the defendant, who stated that the person responsible for the tree cutting and house construction is Mr. [Name 001], who lives in Alajuela and brings people from outside the locality to do the work he needs, later detailing that it was also established that the person notified of the closure order and work stoppage was the accused [Name 001], and it was carried out by engineer María Milagro Cárdenas Rodríguez of the Municipality of Nandayure (folio 8 front and back of the main file), evidence that is correctly and sufficiently analyzed in the sentence. Regarding the inspection carried out on the accused's property, official Lisímaco Carrillo Arias explained: “...There was no one there at that moment, a neighbor arrived and through a call contacted the owner of the property and put him on (sic) with my colleague Edwin, I don't remember the owner's name…” “...A report was made and brought to the Prosecutor's Office. When the complaint arrived at the Hojancha, Nandayure office, contact was made with the municipality and the day we went, we took a GPS point, and consulted the municipality's cadastre, and the municipality indicated who the owner was and how things stood. The day we arrived, there was a sign posted by the municipality that said closed…” (folio 168 of the main file). And official Edwin González Porras stated: “...On June 15, 2015, the Regional chief referred it to Hojancha since the site where the alleged environmental crime was occurring is located in the jurisdiction area of the Hojancha Nandayure Office. That day, since construction in a protection area (área de protección) was being discussed, the Municipality of Nandayure was contacted, an engineer, it was done by email and phone call, she said she would visit the site and take the corresponding measures. A week later we appeared at the site, on the 21st of the same month, we arrived and observed that a construction was taking place at the location and the corresponding measurements were taken, we were in those tasks and a neighbor from the site, very close to where we were, called us over saying we had a phone call and I spoke with Mr. [Name 001] and he asked me, \"what was happening, why were we at the site?\", I explained that we were SINAC officials and that there was a citizen complaint about that situation and that we had to verify, he told me \"I am the owner of the property and I am building the structure to go on vacation\", he told me he resided in Atenas. There was no one else at the site, a tile construction was underway and it was half-built, I remember it had tape on the doors and windows which, as far as I know, is when the municipality issues a closure order for an activity or construction. It had walls, a roof, the floor was not finished, it did have divisions and practically that was it, half-built. We called the woman back and she said she had gone to the site and issued the closure order, that's what the Municipality engineer said...” “.... I went to the site more than once. On the second occasion, a drainage system, a bathroom, and a service had been built; when we went the first time, that was not there. On none of the occasions I went were there people. At the Municipality, they told us that lot belonged to Mr. [Name 001]…” (folio 170 of the main file). But as if the foregoing were not enough, witnesses [Name 005] and [Name 006] appeared to testify at trial, both friends of the accused [Name 001], who, far from ruling out that the defendant was carrying out acts of possession on the property he owned, verified it, by stating that they were hired by Mr. [Name 001] to remove trash, dry sticks, and even carry out a remodel on the structure located on that land. Thus, Mr. [Name 005] stated: “...They called me, I supposed because of [Name 001]'s problem, a trial. A property that [Name 001] has in Coyote, I don't remember the name of the place, I was there picking up dry trash, nothing more. I don't live there. My sister has a property around there, and I was working on my sister's lot. I don't know about a complaint against [Name 001]. At the site, I was picking up trash, like cleaning, trash like dry sticks. I only went that once. I don't remember the date, the month, or the year. On that occasion, the one who took me was [Name 001]. On that occasion there were leaves and dry sticks; it was an empty lot. There is no stream (quebrada) there…” (folio 169 of the main file). And witness [Name 006] stated: “...Because of the work I did in San Jorge, I'm not from here. I don't remember the date of that work. I'm a welder, I went to fix a shed (galera) that was there, fix a shed (galera) that was already there, remodel it. I came to help [Name 001], we didn't agree on a price for the work; there was no contract or anything, it's like a help. There was a wooden construction, a shed (galera), the construction was already there. A stream (quebrada), I don't know, I never saw water, it's dry, I didn't see water there, that was in summer. I work with iron and tiles that were placed there, it's like a little cabin what's made there. A friend of mine Antonio Espinoza, was there with me, we came together to work, to do what we were doing; he was my helper. I don't remember how long the works lasted. I don't have a date or time. No police authority ever arrived at the place. That was fixing something, I didn't ask [Name 001] for a construction permit. It was 6 x 6, that's 36 square meters, it's a cabin, not a house; bathroom and bedroom, it's small. It was fenced, but damaged, broken fences, anyone could enter the property. I don't know if it's a rural or urban area. There was trash, rotted logs had to be moved. I don't know how many times I went to the property, several times, but I don't know the number. It wasn't fixed work. I would stay three days, I wasn't fixed there. That was for the remodel, what was built was in very bad shape, it was made of wood so we had to work with that; the wood was replaced with tiles. It was removed to clean the rotted logs, there was trash, the lot had damaged fences so a lot of trash had to be removed. Urrú is rotted logs that were there; those logs were set aside, I don't know what species those logs were, I don't know how many logs there were…” (folio 169 back of the main file). All of the foregoing was duly assessed in the sentence, the following analysis conducted by the lower court being a demonstration of this: “...Witnesses [Name 005] and [Name 006] were also heard, both residents of Alajuela, and friends of the accused, as they stated before the Court when identified. These two people were interviewed by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) during the investigation stage, having been offered by [Name 001] himself. Without a doubt, for the Court, these are people who, due to their closeness to the defendant, sought to minimize the actions they carried out at his request, and that is how they speak of removing trash and dry sticks, and of remodeling a shed (galera)-type structure that was old, that was already there, and that the materials had to be changed. Despite the effort to minimize those actions, they are credible witnesses, whose narration allows important information to be extracted, such as, for example, that [Name 001], was not only, at the time of the events, the owner of the property (as demonstrated by the property purchase deed, at folio 116, and the Voluntary Declaration Form, at folio 158), but that he also held possession of the property, carrying out actions at the site typical of the legitimate owner, such as bringing people to carry out maintenance and construction actions; this is very important, because as the defense argued in its conclusions, possession and ownership are different things, and no one saw [Name 001] at the scene; arguments that are not supported evidentiarily because in this case, it is the accused who, in addition to ownership, possessed the property. Along these lines, in REPORT ACT-OSRHN-708-2015 (SINAC) and in REPORT 100-DM-SDNR-16 (OIJ), it is recorded that at the Municipality of Nandayure, [Name 001] was considered the owner of the property, he was notified that he could not continue with the works, and he was the one reported as responsible for the environmentally harmful actions. Thus, we are not dealing with an absentee owner who had no control or knowledge of the actions being carried out on the property; this explains the phone call he makes and is answered by Edwin González Porras during the first inspection on July 21, 2015, at which time, a neighbor from the place passes him the call saying it is Mr. Edwin, who by that time had already been identified as the owner and who identifies himself as such, asking the reason for the presence of the SINAC officials on his property, spontaneously stating that he was building a cabin for vacationing. According to the defense, this call also cannot be attributed with certainty to the defendant; however, the Court disagrees with that conclusion, given that there is no apparent reason for a third party to call a neighbor to impersonate [Name 001] before a SINAC official whose only action was to inform him of the reason for the visit; it is true that after that moment, [Name 001] had greater participation in the process, so his connection to it allowed him at all times and without a doubt to effectively exercise his right to defense, even though during the trial he decided not to testify, in adherence to his constitutional right to abstain…” (folios 173 to 174 of the main file). Regarding the second proven fact, namely, that it was the accused here, [Name 001], who cut and eliminated 5 trees of different species and dimensions, among them: sandal, melina, and guaba, all located within the protection area (área de protección) of the Mono stream (quebrada), the defense reproaches that the foregoing was not asserted by the witnesses, thereby considering the principle of innocence and correlation between accusation and sentence violated. This other claim also cannot prosper, as the appellant loses sight of the fact that the authorship of a criminal act can be attributed directly as indirectly (mediata), as contemplated in article 45 of the Penal Code (Código Penal), by stating: “The author of the punishable act typified as such is whoever performs it himself or by using another or others, and co-authors are those who perform it jointly with the author.” Precisely, commenting on that norm, the doctrine has stated: “According to art. 45 of the Penal Code, the author of the act typified as such is ‘whoever performs it himself.’ Article 45 of the Penal Code distinguishes between whoever performs the act himself, whoever performs the act using another, and whoever performs the act jointly with the author. An immediate author (autor inmediato) is one who carries out, with his own hand, all the objective and subjective presuppositions of the typical wrong in a fully responsible manner, that is, who realizes the elements of the unjust type in his own person... ...Art. 45 of the Penal Code designates as indirect author (autor mediato) whoever performs the punishable act ‘by using another or others.’ Consequently, these are situations in which at least two people participate in the commission of a punishable act: the indirect author (autor mediato) and ‘the other,’ who performs the punishable act. In accordance with art. 45 of the Penal Code, it is clear that ‘the other’ (the instrument) is not the author of the punishable act … Art. 45 of the Penal Code contains neither a definition of the concept of indirect authorship (autoría mediata) nor a determination of the figure’s presuppositions … Roxin, renouncing a general definition, establishes three groups of cases in which indirect authorship (autoría mediata) occurs: control over the event through coercion, through the causation or utilization of an error by the instrument, or through the direction of an apparatus of power. What is decisive, then, is a situation of direction between a preponderant ‘man behind’ and a subordinate ‘man in front’. For the existence of indirect authorship (autoría mediata), the intermediary of the act must present a deficit of self-direction such that he can be classified in the category of ‘human instrument.’ The ‘man behind,’ as a consequence of his preponderant knowledge or will, must have the event in his hands in such a way that it appears ‘as his act.’ Which agrees, then, with the general description of control over the act (dominio del hecho) that defines intent as ‘having in one's hands’ the factual event, and that makes the ‘man behind’ the central figure of the typical event” (Castillo González, Francisco. Derecho Penal. Parte General. Tomo III. 1st ed. Pgs. 392 and 397 to 398). Thus, although it is true that none of the witnesses heard at trial stated that it was directly the accused here, [Name 001], who cut the trees and invaded the protection zone (zona de protección) of the Mono stream (quebrada) (construction of a dwelling), it is also true that the foregoing does not have the capacity to eliminate his authorship, since what is relevant is that he had control over the act (dominio del hecho), whether immediately (inmediata) or indirectly (mediata), which in this case was fully accredited, as indicated. Therefore, regardless of whether what was done is considered immediate authorship (autoría inmediata) or indirect authorship (autoría mediata), the essential point is that in the conviction, it was held as demonstrated that the accused [Name 001] acted with full control over the act (dominio del hecho), that is, as the author, which rules out any type of breach of the principle of correlation between accusation and sentence. In other words, there is no surprise or defenselessness for the defendant, because the title of participation is the same, namely, author. In the whereas clause (considerando) called “intellective analysis and assessment of evidence in relation to the existence of the facts,” the point is explained in the following manner: “...While it is true, no one saw [Name 001] cut those trees, or directly build the structures, from the testimonial and documentary evidence it is inferred that he was the person who brought people to the property to carry out those tasks, with the purpose of being able, as the owner, to enjoy the fruit of the cutting and elimination of trees in a protected area, as well as the invasion of the protection area (área de protección)…” (folio 177 of the main file). And further on, in the legal reasoning, specifically in the section called “considerations on authorship in crimes of infringement of the Forestry Law (Ley Forestal), in the modality of invading a protection area (área de protección) and illegal harvesting (aprovechamiento ilegal) of forest resources,” regarding what is of interest, the following is concluded: “...[Name 001], is the author of the crimes of invading a protection area (área de protección) and illegal harvesting (aprovechamiento ilegal) of forest resources, because he was the person who had control over the development and execution of the actions of cutting and elimination of trees, as well as the construction of structures, all within a protection zone (zona de protección), without it being required that he was the one who personally and materially carried out the referred actions...” (folio 185 back of the main file). Just as the lower court states, in this matter there is not the slightest doubt that the defendant [Name 001] acted with full control over the act (dominio del hecho) (author), since he was the one who, availing himself of his condition as owner and possessor of the unregistered land, cadastral map number [Value 002], located in the town of San Jorge de Bejuco de Nandayure de Guanacaste, ordered people hired by him to proceed with the cutting of five trees and the consequent invasion of the protection zone (zona de protección) of the Mono stream (quebrada), through the construction of a dwelling, a conclusion derived with sufficient reason from the joint and harmonious (never biased) assessment, and in strict adherence to the rules of sound criticism (sana crítica) (article 184 of the Criminal Procedure Code - Código Procesal Penal), of the following pieces of evidence: i. Public deed number 317-11 determines that the unregistered property, cadastral map number [Value 002], which is precisely the place where the criminal acts occurred, was acquired by Mr. [Name 001] on March 21, 2009, that is, 6 years before the events occurred, since these date between June 1 and 15, 2015 (folio 116 of the main file); ii. In voluntary declaration number D-2019-345, dated July 11, 2019, that is, 4 years after the events transpired, the defendant [Name 001] ratifies before the Municipality of Nandayure that he is the owner of that property (folio 160 of the main file). iii.\n\nOfficials of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), Lisímaco Carrillo Arias and Edwin González Porras, were categorical in explaining at trial that on July 21, 2015, the day on which the recent felling of trees and invasion of the protection zone of the Mono stream (quebrada Mono) was confirmed by inspection, through the construction of a dwelling, the accused [Name 001], by telephone call and spontaneously, acknowledged being the owner of the property and the one who was carrying out the work, to go on vacation; iv. The foregoing was corroborated through report ACT-OSHRN-708-2015 dated August 5, 2015, and report number 100-DM-SDRN-16 dated February 26, 2016, since in both documents it is recorded that the person notified of the closure and stoppage of the construction by the Municipality of Nandayure was the accused [Name 001], but even in the second report, it is recorded that during a visit to the scene, a conversation was held with Ms. [Name 009], a neighbor of the property owned by the defendant, who stated that the person responsible for the tree felling and the construction of the house was the accused here, [Name 001], a person who lives in Alajuela and brings in people from outside the locality to do the work he needs (folios 1 to 4 and 8 front and back of the main file); and, v. Witnesses [Name 005] and [Name 006], both friends of the accused [Name 001], declared at trial that they were indeed hired by Mr. [Name 001] to remove garbage, dry sticks, and even to carry out a remodeling of the structure located on the land of his property. Under this evidentiary status, the conclusion reached in the conviction, regarding the participation of the accused [Name 001] in the criminal acts as the perpetrator, is accurate and well-founded on the evidence received at trial; therefore, the grievances outlined by the defense cannot succeed. Regarding the third proven fact, consisting of the fact that, without specifying an exact date but in the period between June 1 and 15, 2015, the accused [Name 001] proceeded to invade the protection zone of the Mono stream, with the construction of a tile structure and a sanitary facility of approximately 6 x 6.14 square meters and an overhang of 72 square meters, of which 37 square meters of the structure and 48 square meters of the overhang are found invading the protection area of the stream, and, likewise, the accused [Name 001] built a septic tank within the protection area of the water resource, buildings that the accused currently holds, the appellant reproaches that said action was not considered justified, since from the planimetry studies and the declaration of the property made on July 11, 2019, before the Municipality of Nandayure, the prior existence of the structure, cabin, or dwelling in the protection zone of the Mono stream is determined, what was carried out by the defendant [Name 001] being simply a remodeling. Although it is true that the technical property visit report prepared by engineer Ricardo Gamboa Martínez, visible on folios 85 to 86 of the main file, textually indicates that: “The cabin that currently exists is the product of the reconstruction of a house that existed previously, which was remodeled, this house was on the site for many years,” it is also true that nowhere in that document is the evidentiary support stated to maintain that everything involved a simple reconstruction or remodeling of a pre-existing house at the scene, and much less is the year in which that structure was first built established, the expert limiting himself to using a rather vague and imprecise phrase, namely, that this house was on the site for many years. Note also that the inspection and the consequent report rendered by engineer Gamboa Martínez date from 2019, that is, almost 4 years after the events occurred, which denotes the subjectivity of that statement. Neither does the voluntary declaration of the property before the Municipality of Nandayure support what is reproached by the defense, since in addition to it being a declaration from the year 2019, that is, one made up to 4 years after the criminal events occurred, in the section called “age (years)” of the construction and installations, what is noted is “3,” which rules out that the structure was first built before 2015. The issue was addressed in the conviction, providing a series of additional, entirely accurate arguments to determine that it involved the construction of a dwelling, and not a simple remodeling, as stated by witness Lisímaco Carrillo Arias, who, in his capacity as an official of the National System of Conservation Areas, explained at trial that, at the time of inspecting the property owned by the defendant, it was noticeable that it involved the construction of a tile dwelling due to the earthworks (movimientos de terreno) and debris, such as sand and stone, which is fully consistent with what is recorded in report ACT-OSRHN-708-2015, by indicating that the dwelling was in the process of construction (folio 1 of the main file), as well as by the fact that in public deed number 317-11 of March 21, 2009, it is never indicated that the land had any dwelling built, but rather that it was a land for building, coupled with what was declared at trial by witness [Name 005], who in the same way explained that on one occasion the accused hired him to clean the land, which was a vacant lot (folios 175 to 176 of the main file), to which is added the contemporaneity of the tree felling, which is an action directly related to the construction carried out later, in a sequence that is completely related and is correctly analyzed in the sentence. But even, as is accurately analyzed in the legal reasoning of the conviction, even the simple remodeling of a pre-existing structure constitutes the criminal offense of invasion of a conservation or protection area (article 58 subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal)), since in this way the illegal occupation of that type of land is maintained, to the detriment of natural resources, which must remain intact under the protection of the State. Thus, it is explained in the sentence: “...This Court considers that even maintaining existing facilities within a conservation area and, for example, changing the materials with which they are made to improve them or make their use and permanence over time more lasting (a thesis raised by the technical defense in the conclusions, where it said that [Name 001] bought the property and finished the construction in compliance with the law, that the house was already there), constitutes an act of invasion that is typical because it maintains the occupation of land that by law is prohibited for such purposes, in terms of the protection of the water resource and the ecosystems associated with it…” (folio 184 of the main file). In that sense, this Court of Appeal also shares the jurisprudential citation mentioned in the sentence: “...Now, as is clear from the cited regulations, the typical action is defined by the verb to invade, which according to the dictionary of the Royal Spanish Academy, has the following meanings of interest for the resolution of this matter: i) To irrupt, to enter by force, ii) To occupy a place abnormally or irregularly. Likewise, to occupy means “to take possession of or seize a territory, a place, a building, etc., by invading it or installing oneself in it. Now, in the absence of a legal definition of the word to invade, it is necessary to interpret the norm, according to which one must ascertain the meaning or meanings of the words in their linguistic sense and according to the grammatical significance in which the words are used within the corresponding phrase. In the case under analysis, it is observed that the entire paragraph contained in subsection a) of article 58 of the Forestry Law uses the word to invade in its two meanings, entering by force and illegal occupation, which is consistent with the civil consequences of the criminal conduct described in that subsection, which stipulates the loss or demolition of the buildings or works carried out in said zone. Likewise, even if not expressly stated, from the grammatical construction of the criminal offense, it is unequivocally inferred that the verb to invade is also circumscribed to the action of occupation…” (vote number 2016-388, issued by the Criminal Sentence Appeal Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón seat, of April 26, 2016). Finally, for the appellant, in the fourth fact, a serious error is committed, since it is considered established that the accused took advantage of the 5 trees, despite there being no evidence to determine that. Once again, the defense is incorrect, since the sentence explains with crystal clear clarity that, it is from the testimony at trial of witnesses Edwin González Porras and [Name 005] and what is recorded in report ACT-OSRHN-708-2015, that it could be determined that the felled trees were indeed taken advantage of by the defendant [Name 001], not only because they were sawn up at the scene, proof of this being the sawdust remains found on the farm, but also because in this way he freed up space on the land to proceed to build a series of facilities, such as a tile structure, a sanitary facility, and an overhang, it being unacceptable to try to limit taking advantage to an aspect of purely economic content, since it can involve, among many other reasons, a landscape benefit and even making the construction of works on the site possible. Thus it was explained in the conviction: “...It must be indicated that there was sawdust on the site, which is an indication that the trees had been recently sawn up and on the spot, which denotes the taking advantage of the forest resource that was eliminated within the protection area, to make space on the land where structures that invaded that space affected by the Forestry Law were installed but which was not respected, in order to obtain, [Name 001], a greater proportion of land for his constructive enjoyment…” “...In the specific case, it was determined that the felled and eliminated trees were located within the protection zone of the Mono Stream, a place where the stumps of the species were located, evidencing that they had been cut with a chainsaw. This action of cutting and eliminating the 5 trees generated an advantage for the defendant, given that it allowed him to free up space on land where he proceeded to build a series of facilities: tile structure, sanitary facility, and overhang. Likewise, it could be demonstrated that those trees were sawn up on the spot, finding sawdust remains, which show that although the wood was no longer there, it had been taken advantage of, specifically the Melina trees: “The Melina trees had been taken advantage of, I determine that because at the site there were the signs of the tree sawing, they were sawn up on the site, there were slabs, it is done with a chainsaw (trial testimony of Edwin González Porras)…” (folio 175 front and folio 182 front of the main file). Having ruled out the defects claimed by the defense, the appeal ground is declared without merit.\n\nV.- Second ground of appeal. Errors in the assessment of the testimonial evidence. The appellant maintains that, although it is true that the judge conducted a thorough analysis of the testimonial evidence, she incurred some significant errors in each conclusion regarding the contradictory testimonies, since none supported the alleged facts, but rather reproduced doubts and omissions that benefit the accused. In that sense, he points out that while it is true that the witness Lisímaco Carillo Arias stated that he appeared at the site in June 2015 and that they found the reported construction and, being there, saw the cutting or felling of some trees located at the edge of the quebrada, that some of the trees were processed, cut into boards, lumber, that the house is of tile construction and some boards were being used, it is also true that he fails to establish the responsibility of the accused for the charged acts. There is no record demonstrating the acts of illegal felling of 5 trees, much less the use of natural resources; therefore, the prosecution's theory collapses, as it fails to prove what was alleged, and this testimony cannot be considered an unequivocal indication, since it does not demonstrate the participation of the accused in the charged acts. He adds that in response to a question, the witness Lisímaco answered that he did not know who cut the trees, so the judge cannot declare as proven the facts or the participation of the accused when the testimonial evidence itself was weak and confused. It should be noted that, upon mentioning the existence of stumps from tree cutting, it was never possible to establish whether they were or formed part of the area where the house was located, nor was the age of said cuts ever established; therefore, it is a violation of the principle of typicality, because the accusation could not be substantiated at trial, it being part of due process to prove the imputation and not to proceed from mere speculation. In this regard, the witness Lisímaco stated that the time when those stumps were cut could not be determined, no tools were found at the site, the trees were on the same property as the house, the GPS is assigned already balanced with the CRTM system (coordinates), the property was fenced with wire, they entered by crossing the fence, without authorization at the site—a coherent account beneficial to the accused, but it was not given due merit, since the accusation was never established. For his part, the witness Edwin González Porras is a reference witness, establishing the dynamics of what was found at the site; he does not establish direct or indirect participation of the accused, coupled with a supposed call, which, as he stated, was not known or proven to be true, beyond what was said by the witness. Everything stated by this witness was contradicted by what was maintained in the statement provided as evidence for a better resolution, which was not given the corresponding value, since the foregoing would have substantiated and justified the accused's acts upon completing the work, an aspect that violates the principle of freedom of evidence, hence the error being presented. He adds that while the prosecution's witnesses describe the dynamics of what was found at the site, it is equally true that these testimonies are suppositions, mere speculation that admits evidence to the contrary, since it was never determined who felled the trees and who used the lumber. There is not even a certified record that has established this; therefore, maintaining these arguments violates the principle of innocence. It should be noted that the accusatory theory stems from an inspection report with supposed findings of illegal felling, but said report does not support typical and unlawful conduct attributable to the accused, because his state of innocence simply could not be diminished, which renders the judgment unfounded and without the respective correlation. Although it is true that there are reports on the supposed events that occurred and were charged, it is also true that they do not establish the certainty required to convict the accused because there are also normative aspects of the criminal type that were not conscientiously assessed. Response regarding the hearing granted: Once the legal summons was served on the parties, there was no written response, except for what was stated at the oral hearing, which has already been detailed in the second whereas clause of this resolution. The defense is not correct. In this other ground of appeal, the matter of linking the accused as the perpetrator of the cutting and use of the trees is again questioned, which was already the subject of a ruling by this Chamber of Appeal in the first ground of appeal, when it was pointed out that it was through a combined assessment of a series of indications (i. Public deed number 317-11; ii. Voluntary statement number D-2019-345, dated July 11, 2019; iii. Testimonies of the officials of the National System of Conservation Areas, Lisímaco Carrilo Arias and Edwin González Porras; iv. Report ACT-OSHRN-708-2015 dated August 5, 2015, and report number 100-DM-SDRN-16 dated February 26, 2016, prepared by the OIJ; and, v. Testimonies of [Name 005] and [Name 006]), that it could be established with certainty that the accused [Name 001] had full control of the act, as he was the one who, using his condition as owner and possessor of the unregistered land with cadastral plan number [Value 002], located in the locality of San Jorge de Bejuco de Nandayure de Guanacaste, ordered persons hired by him to proceed with the cutting and use of five trees and the consequent invasion of the protection zone of the Quebrada Mono, through the construction of a dwelling. Consequently, the appellant must abide by what was resolved there. Now, as additional arguments, the appellant criticizes the lack of a record demonstrating the illegal felling of the five trees and their use, adding that it could never be determined that the tree stumps formed part of the area where the dwelling was located, that the age of these cuts could not be established, and matters relating to the authorization of the officials of the National System of Conservation Areas to conduct the inspection on the farm. In this regard, the defense is also not correct, as it is not true that to have the illegal felling of the five trees and their use proven, a record is required; this is nothing more than appraising the evidence, which contravenes the principle of freedom of evidence, as stated: \"The facts and circumstances of interest for the correct resolution of the case may be proven by any permitted means of evidence, except for express legal prohibition.\" (Article 182 of the Criminal Procedure Code). What is true and relevant is that in report number ACT-OSRHN-708-2015 dated August 5, 2015, the five trees cut on the property owned by the accused [Name 001] are clearly described, adding that they were located within the conservation area of the Quebrada Mono, and that they were even processed on the same land, to the point of including two images taken at the site reflecting the existence of the felling and its proximity to the dwelling built by the accused [Name 001] (folios 1 to 4 of the main file). But if the above were not enough, at trial there were the statements of Lisímaco Carrillo Arias and Edwin González Porras, both officials of the National System of Conservation Areas, responsible for conducting the inspection of the land, who did not hesitate to corroborate everything stated in the aforementioned report regarding the recent felling of the trees and their location within the protection zone of the Quebrada Mono. Furthermore, this Chamber of Appeal does not observe that this inspection violated the right to the inviolability of the domicile and privacy of the accused, as no type of dwelling was ever entered, but simply the conservation or protection zone of the Quebrada Mono, which deserves special protection from the State, regardless of whether it involves private land; it is precisely for this reason that the Costa Rican legislator, in numeral 54 of the Forestry Law, authorizes officials of the Forestry Administration to transit and conduct inspections in these areas vital for environmental conservation. It states: \"...For the fulfillment of their duties, these officials, identified with their respective ID card, shall have the right to transit and conduct inspections on any rustic or industrial forest property, except in the dwelling houses located therein; as well as to seize lumber and other forest products illegally harvested or processed and to sequester, as security for a potential sanction, the equipment and machinery used in the illicit act...\" All of the foregoing was duly substantiated in the judgment, stating that: \"...Thus, the actions carried out by SINAC officials are normatively supported, insofar as, in accordance with Article 54 of the Forestry Law, they have the character of police authority, and therefore, 'shall have the right to transit and conduct inspections on any rustic or industrial forest property, except in the dwelling houses located therein'. This is relevant because at trial, the witnesses González Porras and [Name 005] indicated (as recorded in REPORT ACT-OSRHN-708-2015) that, upon the received complaint, they appeared at the land and entered it to take the respective measurements, and that is how they were able to determine that the tree stumps were within the boundaries of the property and not outside them, thus discarding the defense theory that it is not known where those trees were, which, according to the witnesses, were cut and sawn, and not fallen due to wind or natural causes (as they might have been old, as described by [Name 005] and [Name 006]). It must be noted that there was sawdust at the site, which is an indication that the trees had been recently sawn and on-site, denoting use of the forest resource that was eliminated within the protection area to make space on the land where structures were installed that invaded that space affected by the Forestry Law, but which was not respected, in order to obtain, [Name 001], a larger proportion of land for his construction enjoyment. The entry onto the property by SINAC officials is therefore not illegal, for the purpose of determining the extent of the protection area and the location of the stumps of the felled trees, as well as the constructed structures, which at that time, July 21, 2015 (folio 1), were closed down; however, during the second inspection in which Edwin González Porras participated (folio 43 v), he verified that buildings had been added to those he had originally observed at the site; in this regard at trial, he said: 'A week later we appeared at the site, on the 21st of the same month, we arrived, we observed that construction was taking place at the site, and the corresponding measurements were taken [...] There was no one else at the site, construction was being done in tiles and it was half-built, I remember it had a tape on the doors and windows which, as far as I know, is when the municipality closes down an activity or construction. It had walls, a roof, the floor was not poured, it did have divisions and practically that, half-built [...] I went to the site more than once. On the second occasion, a drainage system, a bathroom, and a service had already been built; the first time we went, that was not there.' That is, the Municipality closed down the works, notified the owner of the property, and even so, the actions of use and invasion of a protection area continued. It is therefore discarded that the tree cutting and the construction of the 6x6 structure that was reported was an isolated action against the accused; on the contrary, it allows one to understand that it was he, as owner of the property, who, in exercise of possession of his land, was acting and thereby harming the environment...\" (highlighting is from the original, folio 174 verso to 175 verso of the main file). For the reasons provided, this ground of appeal is rejected.\n\nVI.- Third ground of appeal. Aspects related to intent (dolo). The appellant alleges that the judgment concludes that [Name 001] is the perpetrator of the crimes of invasion of a protection area and illegal use of forest resources, because he was the person who had control over the development and execution of the actions of cutting and eliminating trees, as well as constructing structures, all within a protection zone, without it being required that he personally and materially carried out the referred actions. However, in this regard, the appellant criticizes that the intent (dolo) of the accused was not proven, as it cannot be presumed. Starting from assumptions is not considered part of due process; a conviction cannot be issued without conducting an exhaustive and normative analysis of the conduct being reproached. The conducts set forth in the factual hypothesis within the norm could never be proven. Consequently, in this case, if the objective aspect of the charged conducts is analyzed, they could not be proven, and from the subjective point of view, neither; therefore, both aspects must be part of the typicality of the conduct, which never concur in this case. Let us remember that the analysis of the supposed conduct deployed by the accused is not exhausted in the examination of the objective elements of the criminal type, but rather the subjective element, consisting of intent (dolo), must also be analyzed. This was the aspect the court should have addressed and analyzed, and from said weighting, concluded that there was an error of type, as it could not be proven with the required certainty the at least potential knowledge that the actions being executed were being done in the protection area of a riverbank or a spring (naciente). In view of that situation, an acquittal should have been issued; therefore, the error on the merits is evident. It should be noted that the crime under examination requires direct intent (dolo directo) by the accused, both in the supposed invasion and in the use; the first conduct was justified by the purchase of the property through a public deed where possession from the former owner for over sixty years was acquired, and this was argued and established; therefore, there is no subjective typicality regarding the invasion, and second, regarding the use, it was never proven. In support of his argument, he cites vote number 284 of the Criminal Sentence Appeal Tribunal of San Ramón, at 12:00 hours on March 17, 2021, in which, in pertinent part, it is stated that the conduct established in Article 58 subsection a) of the Forestry Law describes an intentional conduct, meaning that the accused must know that the works being carried out are invading a protection zone; it does not admit negligent commission, and therefore, any error regarding the knowledge of one of the objective elements of the criminal type eliminates the intentional configuration of this kind of conduct and thus excludes typicality, admitting only direct intent, since the perpetrator must know beforehand that his actions invade a protection zone. Therefore, commission by eventual intent (dolo eventual) would not be feasible, since eventual intent is essentially directed at producing the result (Article 30 of the Criminal Code), and not at the knowledge of one of the objective elements of the type, and additionally, this criminal type is not a result crime, but one of mere activity, as its consummation does not require the production of a result; rather, the criminal wrong is configured by the mere actions of invading the protection zone. Response regarding the hearing granted: Once the legal summons was served on the parties, there was no written response, except for what was stated at the oral hearing, which has already been detailed in the second whereas clause of this resolution. The claim is without merit. According to the appellant, in this matter, it was not possible to prove with certainty that the accused [Name 001] acted with intent (dolo), that is, that he was aware that the tree cutting and house construction were being done in the protection area of the Quebrada Mono, and that despite this, he carried out the attributed conducts of illegal felling and construction. However, this argument cannot succeed, because, as extensively explained in the conviction judgment, abundant documentary and testimonial evidence was received at trial, from which it could be determined that the accused [Name 001], besides knowing that the tree cutting and house construction were being done in the protection area of the Quebrada Mono, wanted it to be carried out in that manner. It is explained in the conviction ruling: \"...Continuing the task of elucidating the knowledge that [Name 001] had that this construction was invading part of the protection zone of the Quebrada Mono, and that the cut trees were also within that protected space, REPORT ACT-OSRHN-708-2015 is useful, as it records that the engineer Milagro Cárdenas Rodríguez, head of the Municipal Engineering Department of Nandayure, was consulted, and she informed the witnesses Lisímaco and Edwin that, at the time of preparing this Report, 'the dwelling is closed down by the Municipality, and that the interested party is in the process of obtaining alignment from INVU regarding the quebrada, to determine what is appropriate according to the distance indicated by said institution' (folio 2). The probative strength of this documentary evidence, which finds support in the statements of Lisímaco Carrillo Arias and Edwin González Porras, who acknowledged the existence of a sign placed by the municipality saying 'closed down', is that once the construction was already done, the accused had pending procedures of special interest, as they were the ones that would determine with certainty the setback distance from the body of water called 'Quebrada Mono'—a quebrada whose existence is evident in the Plan with registration data 5-1714962-2014 (folio 3), which also reads 'Affected by Forestry Law 7575, Article 33' (folio 3), which regulates protection areas, with what is of interest in subsection b), which establishes: 'The following are declared protection areas: b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, quebradas, or streams, if the land is flat, and fifty horizontal meters, if the land is steep' (the capitalization is not from the original). From the foregoing, it is inferred that the physical existence of that quebrada could not be unknown to the owner of a property whose plan so records it, expressly indicating the affectation by the Forestry Law, and who also acquired the property in 2009, thereby having already experienced summer and winter periods; hence, it is unacceptable to say that he never saw the water flow in the bed (sic) of the quebrada. The situation is different for [Name 005] and [Name 006], who respectively stated at trial that there was no quebrada at the site and that water was never seen; this is because it is possible that when they were at the site, they did not identify it. Note that even the character of permanence or intermittency is pending definition, which is irrelevant to the proof of the crimes, since it is reiterated that the existence of that Quebrada Mono affecting the property of [Name 001] is sufficient to determine a protection zone surrounding its bed (sic), regardless of whether its flow is intermittent or permanent; this is so because the condition of being a quebrada is sufficient for its protection. Additionally, the accused, in his identification data at trial, stated he had completed secondary education, which, by rule of logic, allows one to affirm that he is a person who knows how to read; hence, informing himself of the complete content of what is recorded in the plan of his property was not impossible for him, but rather a requirement for property owners to process the respective construction permits in the municipalities of the country's cantons, in order to verify the requirements that must be met before proceeding. It is highlighted that, according to Report ACT-OSRH-708-2015, the construction as of July 21, 2015, was closed down by the Municipality of Nandayure, meaning that [Name 001] did not have the respective permits to build that edification, and furthermore, the alignment from INVU regarding the quebrada was in process (folio 2), which would determine the distance to be respected in relation to the quebrada, leading to the verification that the accused was building without also having the setback distance information he needed to respect, yet knowing he needed it...\" (highlighting is from the original, folios 177 to 178 of the main file). All this argumentation is valid because, as the judgment correctly points out, first, because from the public deed of acquisition of the land by the accused [Name 001] (deed number 317-11 of March 21, 2009, visible at folio 116 of the main file) and from the cadastral plan of said farm number [Value 002] (plan dated January 14, 2014, visible at folio 3 of the main file), it can be derived with sufficient reason that before the occurrence of the criminal acts (first half of June 2015), the accused had full knowledge of the existence of the Quebrada Mono within his property, as it was so indicated on the plan; second, because the photographs attached at folio 4 of the main file allow one to establish that both the quebrada and the trees in its vicinity were easily verifiable; therefore, it would be contrary to the rules of logic, experience, and common sense to conclude that over so many years, the accused was unaware of its existence; third, because the cadastral plan prepared in January 2014, that is, a year and a half before the occurrence of the criminal acts, clearly warned of the property's affectation to the provisions of Article 33 of the Forestry Law, for which it was enough to look up and read the law to realize that such affectation referred to the farm having a protection or reserve area of 15 meters, as it is a rural area and flat land, measured horizontally on both sides of the quebrada, a warning that was also contained in the plan prepared later, that is, in 2018, and which was provided as evidence by the defense (folios 75 to 76 of the main file); fourth, so clear was the knowledge the accused had of the prohibition on cutting trees and building a dwelling in that protection zone of the Quebrada Mono, that he did not even process the construction permit before the Municipality of Nandayure, which led that institution to close down the works; and fifth, so evident was the knowledge the accused [Name 001] had about the tree cutting and construction in the protection zone of the Quebrada Mono, that upon being discovered, he processed an alignment study with INVU regarding the quebrada, with a clearly negative result, as said institution determined through report number JJDC-INFORME-004-2017 dated July 18, 2017, that since the land is located in a rural area, the fluvial alignment or protection zone to be respected was 15 meters (folios 17 to 18 of the main file), which was corroborated through expert report number DCF: 2018-01106-ING, prepared on October 22, 2018, by the Forensic Engineering Section of the OIJ, concluding that based on report 004-2017 from INVU, the slope in the first meters of the protection zone of the Quebrada Mono is 16.2% and is located in a rural sector, therefore a 15-meter protection setback applies, with 37 square meters of the building (house and apparent sanitary service) and 48 square meters of the overhang being within the protection zone (folios 46 to 47 of the main file). From the foregoing, there is not the slightest doubt that the accused [Name 001] acted with direct intent (dolo directo), not only because he had the knowledge, but also the will, to cut trees and build a cabin or dwelling in the protection zone of the Quebrada Mono; therefore, this ground is rejected, and consequently, the appeal filed must be declared without merit.\n\nTHEREFORE (POR TANTO):\n\nThe appeal of the sentence filed by licensed attorney Henry Odir Briones Castillo, in his capacity as private counsel for the accused [Name 001], is declared without merit. Let it be notified.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEsteban Amador Garita\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHelena Ulloa Ramírez Tatiana López Monge\n\nJudge and Female Judges of the Criminal Juvenile Sentence Appeal Tribunal\n(In function of the T.A.S.P of Guanacaste, Santa Cruz seat)\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nCase file:15-001477-0412-PE\n\nAccused: [Name 001]\n\nCrime: Infringement of the Forestry Law\n\nVictim: Natural resources\n\nDgutierrezch\n\nII Judicial Circuit of San José, Goicoechea, Calle Blancos, Courts Building, Fourth Floor,\nTelephones: 2247-9238 or 2247-9098. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: tapelacionespj-\nsgdoc@poder-judicial.go.cr" }