{
  "id": "nexus-sen-1-0034-1256753",
  "citation": "Res. 05094-2024 Tribunal Contencioso Administrativo",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Medida cautelar para evitar demolición de celda en relleno sanitario no acreditó daño grave",
  "title_en": "Precautionary measure to prevent landfill cell demolition did not prove serious harm",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la solicitud de medida cautelar presentada por Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. contra la Municipalidad de Aserrí. La empresa, operadora del Relleno Sanitario 'Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí', construyó una 'Celda Única' sin permiso de construcción y solicitó que se ordenara al municipio abstenerse de ejecutar su desalojo y demolición, así como de cualquier acto que comprometiera la operación del relleno. El Tribunal consideró que la pretensión no era temeraria y tenía apariencia de buen derecho, pero determinó que la parte actora no logró acreditar la existencia de un daño grave actual o potencial, requisito indispensable para la tutela cautelar. Constató que a la fecha de la resolución no existía orden de desalojo o demolición, y que los argumentos sobre impacto ambiental y a la salud no estaban probados. Al no cumplirse el presupuesto de peligro en la demora, declaró sin lugar la medida cautelar.",
  "summary_en": "The Contentious Administrative Tribunal denied the precautionary measure requested by Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. against the Municipality of Aserrí. The company, operator of the 'Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí' landfill, built a 'Celda Única' without a construction permit and sought an order preventing eviction and demolition, as well as any action compromising the landfill's operation. The Court found the claim not frivolous and with prima facie legal basis, but ruled that the applicant failed to prove the existence of serious current or potential harm—a prerequisite for interim relief. It noted that no eviction or demolition order existed at the time, and the alleged environmental and health impacts were unsubstantiated. Lacking the requisite showing of irreparable harm, the measure was denied.",
  "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo",
  "date": "08/08/2024",
  "year": "2024",
  "topic_ids": [
    "_off-topic"
  ],
  "primary_topic_id": "_off-topic",
  "es_concept_hints": [
    "medida cautelar",
    "fumus boni iuris",
    "periculum in mora",
    "procedimiento de regularización",
    "Ley de Construcciones",
    "permiso de construcción",
    "relleno sanitario",
    "Jerarquía Impropia"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 19",
      "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo"
    },
    {
      "article": "Art. 21",
      "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo"
    },
    {
      "article": "Art. 22",
      "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo"
    },
    {
      "article": "Art. 181",
      "law": "Ley General de la Administración Pública"
    },
    {
      "law": "Ley de Construcciones"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "medida cautelar",
    "relleno sanitario",
    "permiso de construcción",
    "daño grave",
    "peligro en la demora",
    "apariencia de buen derecho",
    "Municipalidad de Aserrí",
    "Ley de Construcciones",
    "procedimiento de regularización",
    "Celda Única",
    "Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí",
    "Tribunal Contencioso Administrativo"
  ],
  "keywords_en": [
    "precautionary measure",
    "landfill",
    "construction permit",
    "serious harm",
    "danger in delay",
    "appearance of good right",
    "Municipality of Aserrí",
    "Construction Law",
    "regularization procedure",
    "Celda Única",
    "Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí",
    "Contentious Administrative Tribunal"
  ],
  "excerpt_es": "IV.- EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. ... el juzgador con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicado, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora...\n\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. ... En segundo orden, ... debe indicarse que para la procedencia de la tutela cautelar se requiere, según disposición legal, que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales, en la situación jurídica del promovente. ... De la revisión de los autos por parte de este Tribunal se logra constatar que a la fecha no existe una orden de desalojo o demolición de la obra desarrollada, pese a que la conducta que se cuestiona en el recurso de apelación en el expediente principal data desde el 22 de abril del 2024 ... no se aprecia un daño grave o impacto grave a la actividad desarrollada por la parte actora, a la salud o al medio ambiente en los términos descritos por la actora...",
  "excerpt_en": "IV. GENERAL REQUIREMENTS FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE. ... the judge must determine the admissibility of a request for precautionary measures in accordance with Article 21 of the procedural norm, verifying that the claim in the main proceedings is not reckless or manifestly devoid of seriousness—constituting a preliminary assessment of the merits to determine whether the case presents what doctrine and jurisprudence have called 'appearance of good right' or fumus boni iuris. The norm also establishes that precautionary measures are admissible when the execution or continuation of the challenged administrative conduct would cause serious current or potential harm, a situation defined in doctrine as periculum in mora or danger in delay...\n\nV. ON THE SPECIFIC CASE. ... Secondly, ... it must be noted that for precautionary relief to be granted, the law requires that the execution or continuation of the challenged administrative conduct cause serious current or potential harm to the applicant's legal position. ... Upon review of the record, this Court finds that there is currently no eviction or demolition order for the work, despite the fact that the challenged act in the main appeal dates from April 22, 2024 ... no serious harm or significant impact on the applicant's activities, health, or the environment is evidenced as described by the applicant...",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The precautionary measure requested by the landfill operator is denied for failure to prove serious current or potential harm and absence of a demolition order, despite prima facie merit of the underlying appeal.",
    "summary_es": "Se rechaza la medida cautelar solicitada por la empresa operadora del relleno sanitario, al no acreditarse daño grave actual o potencial ni existir orden de demolición, pese a reconocerse apariencia de buen derecho en el recurso de fondo."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "Upon review of the record, this Court finds that there is currently no eviction or demolition order for the work, despite the fact that the challenged act in the main appeal dates from April 22, 2024 (a matter not disputed by the parties), and therefore no serious harm or significant impact on the applicant's activities, health, or the environment is evidenced as described by the applicant...",
      "quote_es": "De la revisión de los autos por parte de este Tribunal se logra constatar que a la fecha no existe una orden de desalojo o demolición de la obra desarrollada, pese a que la conducta que se cuestiona en el recurso de apelación en el expediente principal data desde el 22 de abril del 2024 (situación no controvertida por las partes) razón por la cual no se aprecia un daño grave o impacto grave a la actividad desarrollada por la parte actora, a la salud o al medio ambiente en los términos descritos por la actora..."
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "Precautionary relief is not an automatic mechanism triggered by mere request; therefore, the applicant failed to demonstrate a situation of serious harm to its legal position warranting the requested measure.",
      "quote_es": "la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte, de forma que no se logra demostrar que exista una situación de daño o perjuicio grave a su situación jurídica que amerite el otorgamiento de la medida pretendida."
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "As to the first requirement, the so-called 'appearance of good right,' a preliminary analysis of the precautionary request shows that the plaintiff's theory of the case is well-founded, as the party is entitled to challenge the denial of regularization for the 'Celda Única' work...",
      "quote_es": "En cuanto al primero de ellos, correspondiente a lo que se conoce como \"apariencia de buen derecho\" debe indicarse que del análisis de la solicitud cautelar, se observa, de forma preliminar, que la teoría del caso expuesta se encuentra fundamentada por cuanto la parte actora se encuentra facultada para impugnar la conducta que le deniega la regularización de la obra denominada \"Celda Única\"..."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1256753",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [
    {
      "idTipoVoto": 1,
      "nombreTipoVoto": "Voto de mayoría",
      "id": 1,
      "nombre": "Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo",
      "Subtemas": [
        {
          "id": 1,
          "nombre": "Generalidades sobre los presupuestos necesarios para su otorgamiento"
        }
      ]
    }
  ],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 05094 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 08 de Agosto del 2024 a las 13:50\n\nExpediente: 24-003654-1027-CA\n\nRedactado por: Yetty Hernàndez Orias\n\nClase de asunto: Jerarquía Impropia\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo\nSubtemas:\nGeneralidades sobre los presupuestos necesarios para su otorgamiento.\nSentencias en igual sentido\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n24-003654-1027-CA - 9\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nJERARQUIA IMPROPIA (Municipal)\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nEMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nMUNICIPALIDAD DE ASERRI\n\n \n\n N° 2024005094\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las trece horas con cincuenta minutos del ocho de Agosto del dos mil veinticuatro.-\n\n \n\nSolicitud de medida cautelar, establecida por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A, portadora de la cédula jurídica 3-101-215741, representada por el señor JULIEN CHARBONNEAU, mayor, portador de la cédula de residencia 112400212236, contra la MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ, representada por la señora SONIA AGUILAR ZAMORA, mayor, casada, portadora de la cédula de identidad 1-0566-0423.\n\nRedacta la jueza Hernández Orias; y\n\nRESULTANDO:\n\n1. Que la promovente formula solicitud de medida cautelar planteando como pretensión: \"...De conformidad con lo expuesto, razones de hecho y de derecho citadas, solicitamos respetuosamente se acoja la medida cautelar que estamos solicitando y de manera definitiva: 1.- Se ordene a la Municipalidad de Aserrí abstenerse de ejecutar el desalojo y demolición del área construida -Celda Única- por mi representada en el Relleno Sanitario \"Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí\", hasta tanto el Tribunal no disponga lo contrario. 2.- Se ordene a la Municipalidad de Aserrí, abstenerse de cualquier otra conducta vinculada con la Celda construida, que coloque en riesgo o comprometa de alguna forma la capacidad operativa del Relleno Sanitario \"Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí\" hasta tanto el Tribunal no disponga lo contrario.” (folio 451 del expediente judicial digital en su versión al día de hoy).\n\n2. Que mediante resolución de las quince horas con quince minutos del 11 de julio del 2024, este Tribunal denegó la medida cautelar solicitada de forma provisionalísima, otorgando audiencia escrita por tres días a la Municipalidad accionada para que se pronunciara respecto de la medida cautelar. (folio 477 del expediente judicial digital en su versión al día de hoy).\n\n3. Que la representación de la Municipalidad de Aserrí se pronunció respecto de la media cautelar, indicando que la misma debe ser denegada, por no cumplir con los requisitos legales para su adopción. (folio 483 del expediente judicial digital en su versión al día de hoy).\n\n4. Que en la especie se han observado las formalidades de rigor y no se aprecian vicios susceptibles de ocasionar nulidad o indefensión a las partes;\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR: En el presente asunto la parte promovente solicita lo siguiente:\"...De conformidad con lo expuesto, razones de hecho y de derecho citadas, solicitamos respetuosamente se acoja la medida cautelar que estamos solicitando y de manera definitiva: 1.- Se ordene a la Municipalidad de Aserrí abstenerse de ejecutar el desalojo y demolición del área construida -Celda Única- por mi representada en el Relleno Sanitario \"Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí\", hasta tanto el Tribunal no disponga lo contrario. 2.- Se ordene a la Municipalidad de Aserrí, abstenerse de cualquier otra conducta vinculada con la Celda construida, que coloque en riesgo o comprometa de alguna forma la capacidad operativa del Relleno Sanitario \"Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí\" hasta tanto el Tribunal no disponga lo contrario.” (folio 451 del expediente judicial digital en su versión al día de hoy).\n\nII.- ARGUMENTOS DEL PROMOVENTE. En síntesis la parte promovente argumenta que es una empresa en el campo de la construcción y operación de rellenos sanitarios con tecnología de punta amigable con el ambiente y que en el marco de sus operaciones en Costa Rica es la propietaria del Relleno Sanitario \"Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí\" ubicado en el cantón de Aserrí y que en dicho Relleno debido a la alta demanda de procesamiento de desechos sólidos su representada estimó técnicamente la necesidad de ampliar la capacidad operativa de mismo, mediante la construcción de una \"celda única\" lo que reconocen se hizo sin contar con la licencia constructiva de rigor. Expone que la Municipalidad accionada instauró en su contra un procedimiento de regulación de la obra prevista en la Ley de Construcciones y precisamente con ocasión de ello emitió prevenciones de rigor, por ende se dio a la tarea de reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos por el Gobierno Local para el otorgamiento del permiso de construcción, lo cual se desprende del expediente administrativo y pese a ello no se aprobó el permiso solicitado. Alega que su pretensión no es palmaria ni carente de seriedad y se alegaron una serie de vicios de nulidad en el recurso de apelación. En lo relativo al daño grave indica que salta a la vista el desalojo y la demolición de lo construido. Expone que se encuentra debidamente acreditado que a partir de la finalización del procedimiento de regularización con su rechazo en cualquier momento la entidad municipal puede ejecutar el desalojo y demolición de lo edificado que impactaría a su representada, a la salud y medio ambiente debido a la relevante actividad a la cual se destina la obra. Con relación a la ponderación de intereses en juego indica que sopesa el interés de todas aquellas personas físicas y/o jurídicas así como el institucional y público que pudiere verse impactado de alguna manera con el otorgamiento o rechazo de la medida y que de concederse la medida cautelar peticionada la Municipalidad no sufrirá impacto negativo en sus funciones sustantivas ni se afectará el interés público que es precisamente el que se pretende resguardar con la medida, además del particular de su representado. (visible a folio 415 del expediente judicial digital)\n\nIII.- ARGUMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ: indica a modo de síntesis que su representada adoptó un acuerdo para que la actora presentara a cabalidad los requerimientos para el permiso de construcción de la celda única y que es conciente de las posibles consecuencias en cuanto a la no operación de la \"Celda Única\" sin embargo estima que no es de recibo que se recurra a los términos de \"emergencia\" o el detrimento del bien común debido a que dicha construcción se ha construido y utilizado sin permisos constructivos necesarios y que no es posible que se legitime la obra dado que la infracción a la normativa se mantiene. Plantea que su representada en acatamiento de las denuncias presentadas realizó el debido proceso para regularizar la situación y queda en evidencia que no existe proceso de desalojo o demolición como lo aseguran dentro del escrito. Finalmente, indica su deseo de dejar constancia de que su representada prosigue un proceso iniciado por el anterior Gobierno Local y manifiesta su disposición a entablar diálogo y negociación, en línea con el interés público y la situación actual del país. (visible a folio 483 del expediente judicial digital).\n\nIV.- EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Teniendo claro lo anterior, el juzgador con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicado, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008).  Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte  instrumental y provisional. Partiendo del anterior marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto.\n\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Partiendo de lo anteriormente expuesto y de previo se considera importante aclarar, que, en esta instancia, el recurso constituye el límite de la competencia del tribunal de alzada, de forma tal que es a solicitud de la parte que se considera inconforme con la resolución y a través de su ruego específico, que se procede a su análisis a los efectos de determinar si se encuentra o no ajustada a derecho. Esa función contralora así, encuentra sustento en la exposición previa de los motivos concretos y precisos del agravio, los cuales, delimitan el examen de lo resuelto sin que sea posible al Tribunal abarcar aspectos diversos a los reclamados ni resolver sobre agravios no deducidos. Por ello, este Tribunal se restringe al estudio de los cargos sometidos y solo podrá conocer de los puntos objeto del reclamo -181 de la Ley General de la Administración Pública-, sin poder verificar un examen oficioso de lo decidido por el Órgano Municipal ante carencias argumentativas del recurso. Se impone como requisito indispensable entonces, que el recurrente formule en forma clara y precisa el recurso, que esboce los reparos que mantiene contra el pronunciamiento impugnado, quedando obligado a exponer en forma diáfana, los errores acusados en la resolución a impugnar, para que se baste a sí mismo en cuanto a su cabal entendimiento, con expresa indicación de las infracciones que acusa como cometidas por aquél. En la especie, la representación apelante señala que la Corporación Municipal accionada instauró en su contra un procedimiento de regulación de la obra prevista en la Ley de Construcciones y precisamente con ocasión de ello emitió prevenciones de rigor, por ende se dio a la tarea de reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos por el Gobierno Local para el otorgamiento del permiso de construcción, lo cual se desprende del expediente administrativo y pese a ello no se aprobó el permiso solicitado; se aprecia a folio 311 del presente legajo que el permiso de construcción gestionado por la parte actora fue denegado, ante lo cual se presenta recurso de apelación ante este Jerarca Impropio, razón por la cual  de inmediato se procede a efectuar un análisis de los presupuestos cautelares de conformidad con los dispuesto por los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de acuerdo con los argumentos de ambas partes y los elementos de prueba aportados al expediente, haciendo la observación que es una carga procesal para la parte interesada probar las afirmaciones que haga en apoyo de sus pretensiones. En cuanto al primero de ellos, correspondiente a lo que se conoce como \"apariencia de buen derecho\" debe indicarse que del análisis de la solicitud cautelar, se observa, de forma preliminar, que la teoría del caso expuesta se encuentra fundamentada por cuanto la parte actora se encuentra facultada para impugnar la conducta que le deniega la regularización de la obra denominada \"Celda Única\" misma que fue tomada por el Concejo Municipal de Aserrí mediante acuerdo N.° 05-208, artículo segundo, de la sesión ordinaria N.° 208 celebrada el día 22 de abril del 2024 (visible a folio 310 del expediente judicial digital) de la cual efectúa una serie de consideraciones relativas a su nulidad, mismas que -precisamente- corresponden a aspectos propios del fondo del asunto, como se ha indicado, en esta sumaria revisión se constata que son alegatos que bien podrían ser analizados en el procedimiento correspondiente en consideración tanto de lo establecido en el artículo 49 Constitucional como de lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, donde se posibilita ejercer un control plenario de la legalidad de la función administrativa, lo cual implica declarar la disconformidad jurídica de aquellas conductas formales o materiales, que resulten contrarias al bloque de legalidad. Así las cosas, al menos prima facie y sin prejuzgar sobre el fondo del recurso, debe destacarse que ésta guarda la seriedad necesaria para tener por acreditado el presupuesto de apariencia de buen derecho. En segundo orden, tal y como se indicó en el considerando anterior debe indicarse que para la procedencia de la tutela cautelar se requiere, según disposición legal, que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales, en la situación jurídica del promovente. En ese sentido, debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial) sino que debe probarse, situación que implica una carga procesal que debe asumir la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 41 del Código Procesal Civil. Estudiado el particular, este Tribunal concluye que el supuesto legal mencionado no se verifica. De la lectura de la solicitud de medida cautelar no se desprenden los argumentos concretos y circunstanciados respecto de la existencia de un daño de naturaleza grave, la representación de la actora se limita a exponer que es una empresa en el campo de la construcción y operación de rellenos sanitarios con tecnología de punta amigable con el ambiente y que en el marco de sus operaciones en Costa Rica es la propietaria del Relleno Sanitario \"Parque de tecnología Ambiental Aczarrí\" y que en dicho Relleno -debido a la alta demanda de procesamiento de desechos sólidos- estimó la necesidad de ampliar la capacidad operativa mediante la construcción de una \"celda única\" (lo que reconoce se hizo sin contar con la licencia constructiva de rigor) y que salta a la vista el desalojo y la demolición de lo construido. De la revisión de los autos por parte de este Tribunal se logra constatar que a la fecha no existe una orden de desalojo o demolición de la obra desarrollada, pese a que la conducta que se cuestiona en el recurso de apelación en el expediente principal data desde el 22 de abril del 2024 (situación no controvertida por las partes) razón por la cual no se aprecia un daño grave o impacto grave a la actividad desarrollada por la parte actora, a la salud o al medio ambiente en los términos descritos por la actora, si bien la parte actora aporta como prueba oficio SETENA-DT-ASA-0808-2024 de fecha 10 de mayo del presente año (visible a folio 453 del expediente judicial digital) en el que se describe que se compromete la vida útil del Proyecto, lo cierto del caso es que a la fecha no se encuentra previsto una declaratoria de cierre operativo, una orden de demolición o desalojo de las obras desarrolladas, ni se acredita que con ocasión de los hechos cuya tutela cautelar se pretende se esté poniendo en riesgo la salud o el medio ambiente; así las cosas, sin perjuicio de lo anterior y de las valoraciones que al efecto puedan ser efectuadas en el recurso de apelación debe indicarse que el Tribunal no tiene por acreditado el daño grave, siendo que la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte, de forma que no se logra demostrar que exista una situación de daño o perjuicio grave a su situación jurídica que amerite el otorgamiento de la medida pretendida. Finalmente, en cuanto a la ponderación de los intereses involucrados en el caso, debe indicarse que, a partir de la ausencia del presupuesto de peligro en la demora en los términos descritos se determina que la valoración de este presupuesto se inclina en favor de la Corporación Local, en el tanto, la recurrente no demuestra que deba sobreponerse su derecho sobre el interés público resguardado por ésta. Al tenor de lo señalado, al no haberse cumplido con las características y presupuestos requeridos para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, se rechaza la misma.\n\nPOR TANTO\n\n Se  declara  SIN  LUGAR la  medida  cautelar  solicitada. NOTIFIQUESE. (f) Yetty Hernández Orias, Rodrigo Huertas Durán, Luis Polinaris Vives.-\n\n \n\n\t\n\n\n\n47HGISUICEEE61\nYETTY PATRICIA HERNÁNDEZ ORIAS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\nSGFT7JZA7FE61\nLUIS ARTURO POLINARIS VIVES - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nV6C4ENW6UZO61\nRODRIGO HUERTAS DURÁN - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 24-003654-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:33:43.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large  \nNormal  \nSmall  \nContentious-Administrative Tribunal  \n\nResolution No. 05094 - 2024  \n\nDate of Resolution: August 8, 2024 at 13:50  \n\nExpediente: 24-003654-1027-CA  \n\nDrafted by: Yetty Hernàndez Orias  \n\nClass of matter: Improper Hierarchy  \n\nAnalyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER  \n\nType of content: Majority vote  \nTopics (descriptors): Precautionary measures in the contentious-administrative process  \nSubtopics:  \nGeneral information on the necessary prerequisites for granting them.  \nJudgments in the same sense  \n\nText of the resolution  \n\nEXPEDIENTE:  \n\n24-003654-1027-CA - 9  \n\nPROCESS:  \n\nIMPROPER HIERARCHY (Municipal)  \n\nPLAINTIFF:  \n\nEMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A  \n\nDEFENDANT:  \n\nMUNICIPALIDAD DE ASERRÍ  \n\nN° 2024005094  \n\nCONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at thirteen hours and fifty minutes on the eighth of August, two thousand twenty-four.-  \n\nRequest for a precautionary measure, filed by EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A, holder of legal identification card 3-101-215741, represented by Mr. JULIEN CHARBONNEAU, of legal age, holder of residence card 112400212236, against the MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ, represented by Mrs. SONIA AGUILAR ZAMORA, of legal age, married, holder of identity card 1-0566-0423.  \n\nDrafted by Judge Hernández Orias; and  \n\nWHEREAS:  \n\n1. That the moving party files a request for a precautionary measure, proposing the following claim: \"...In accordance with the foregoing, and the factual and legal grounds cited, we respectfully request that the precautionary measure we are seeking be granted definitively: 1.- The Municipalidad de Aserrí be ordered to refrain from executing the eviction and demolition of the area constructed -Single Cell (Celda Única)- by my client in the 'Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí' Sanitary Landfill (Relleno Sanitario), until the Tribunal orders otherwise. 2.- The Municipalidad de Aserrí be ordered to refrain from any other conduct related to the constructed Cell (Celda) that places at risk or in any way compromises the operational capacity of the 'Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí' Sanitary Landfill (Relleno Sanitario) until the Tribunal orders otherwise.\" (folio 451 of the digital judicial expediente in its current version).  \n\n2. That by resolution at fifteen hours and fifteen minutes on July 11, 2024, this Tribunal denied the precautionary measure requested on a provisionalísima basis, granting a written hearing of three days to the defendant Municipality (Municipalidad) to pronounce on the precautionary measure. (folio 477 of the digital judicial expediente in its current version).  \n\n3. That the representation of the Municipalidad de Aserrí pronounced on the precautionary measure, indicating that it must be denied, for not meeting the legal requirements for its adoption. (folio 483 of the digital judicial expediente in its current version).  \n\n4. That in the case, the required formalities have been observed and no defects likely to cause nullity or defenselessness to the parties are apparent;  \n\nCONSIDERING:  \n\nI.- PURPOSE OF THE REQUEST FOR A PRECAUTIONARY MEASURE: In this matter, the moving party requests the following: \"...In accordance with the foregoing, and the factual and legal grounds cited, we respectfully request that the precautionary measure we are seeking be granted definitively: 1.- The Municipalidad de Aserrí be ordered to refrain from executing the eviction and demolition of the area constructed -Single Cell (Celda Única)- by my client in the 'Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí' Sanitary Landfill (Relleno Sanitario), until the Tribunal orders otherwise. 2.- The Municipalidad de Aserrí be ordered to refrain from any other conduct related to the constructed Cell (Celda) that places at risk or in any way compromises the operational capacity of the 'Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí' Sanitary Landfill (Relleno Sanitario) until the Tribunal orders otherwise.\" (folio 451 of the digital judicial expediente in its current version).  \n\nII.- MOVING PARTY'S ARGUMENTS. In summary, the moving party argues that it is a company in the field of construction and operation of sanitary landfills (rellenos sanitarios) with state-of-the-art environmentally friendly technology and that, within the framework of its operations in Costa Rica, it is the owner of the 'Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí' Sanitary Landfill (Relleno Sanitario) located in the canton of Aserrí, and that in said Landfill (Relleno) due to the high demand for solid waste processing, its client technically estimated the need to expand its operational capacity through the construction of a \"single cell (celda única),\" which they acknowledge was done without the required construction license. It states that the defendant Municipality (Municipalidad) instituted a procedure for regularization of the work (obra) against them, as provided in the Construction Law (Ley de Construcciones), and precisely on this occasion, it issued the required warnings, therefore, it undertook the task of gathering each and every one of the requirements demanded by the Local Government (Gobierno Local) for the granting of the construction permit, which is evident from the administrative file, and despite this, the requested permit was not approved. It alleges that its claim is not manifestly or seriously lacking in seriousness and a series of nullity defects were alleged in the appeal. Regarding grave damage, it indicates that the eviction and demolition of what has been built is obvious. It states that it is duly accredited that upon the conclusion of the regularization procedure with its rejection, the municipal entity may at any time execute the eviction and demolition of the building, which would impact its client, health, and the environment due to the relevant activity for which the work (obra) is intended. Regarding the balancing of interests at stake, it indicates that it weighs the interest of all those natural and/or legal persons as well as the institutional and public interest that could be impacted in some way by the granting or rejection of the measure, and that if the requested precautionary measure is granted, the Municipality (Municipalidad) will not suffer a negative impact on its substantive functions nor will the public interest be affected, which is precisely what is intended to be safeguarded with the measure, in addition to its client's private interest. (visible at folio 415 of the digital judicial expediente)  \n\nIII.- ARGUMENTS OF THE REPRESENTATION OF THE MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ: indicates in summary that its client adopted an agreement for the plaintiff to fully present the requirements for the construction permit for the single cell (celda única) and that it is aware of the possible consequences regarding the non-operation of the \"Single Cell (Celda Única)\" however, it considers it unacceptable to resort to the terms \"emergency\" or the detriment to the common good because said construction has been built and used without the necessary construction permits and it is not possible to legitimize the work (obra) given that the violation of the regulations persists. It argues that its client, in compliance with the complaints filed, carried out due process to regularize the situation, and it is evident that there is no eviction or demolition process as they claim in the document. Finally, it indicates its desire to place on record that its client continues a process initiated by the previous Local Government (Gobierno Local) and states its willingness to engage in dialogue and negotiation, in line with the public interest and the country's current situation. (visible at folio 483 of the digital judicial expediente).  \n\nIV.- IN GENERAL ON THE NECESSARY PREREQUISITES FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE. As has been developed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and complete justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment. (Resolution 7190-1994, of 15:24 hours on December 6). In this same sense, Article 19 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) establishes that the purpose of imposing a precautionary measure is to provisionally protect and guarantee the object of the process and the effectiveness of the judgment. The doctrine has indicated that precautionary justice does not aim to declare a fact or liability, nor to constitute a legal relationship, nor to execute a mandate and satisfy a right that is undisputed, nor to settle a litigation, but rather to prevent the damages that the litigation may bring or that may arise from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). With the foregoing clear, the adjudicator, in observance of the provisions of Article 21 of the indicated procedural norm, must determine the admissibility of a request for a precautionary measure, verifying that the claim of the cognizance process is not reckless or, in a manifest way, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if there exists in the case at hand what doctrine and jurisprudence have called appearance of good law or fumus boni iuris. The norm under analysis also establishes the admissibility of the precautionary measure when the execution or permanence of the conduct subject to the process produces grave damages or injuries, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as periculum in mora or danger in delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial process, there is a current, real, and objective danger of grave damage being generated to the moving party (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Along the same line of thought, Article 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) establishes the adjudicator's obligation to carry out, in light of the principle of proportionality, a balancing of the interests at stake, that is, between the circumstances of the individual, on one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure, on the other. Additionally, from the same Article 22 cited, it is required that the precautionary measure be instrumental and provisional. Based on the foregoing normative framework of analysis and the elements required for the acceptance of a precautionary measure, we proceed to study the specific case.  \n\nV.- ON THE SPECIFIC CASE. Based on the foregoing and in advance, it is considered important to clarify that in this instance, the appeal constitutes the limit of the appellate tribunal's competence, such that it is at the request of the party that considers itself dissatisfied with the resolution and through their specific plea, that its analysis proceeds for the purposes of determining whether or not it is in accordance with the law. This controlling function thus finds support in the prior statement of the concrete and precise motives of grievance, which delimit the examination of the decided matter without it being possible for the Tribunal to cover aspects other than those claimed nor to rule on grievances not deduced. Therefore, this Tribunal restricts itself to the study of the charges submitted and may only hear the points subject to the claim -181 of the General Law of the Public Administration (Ley General de la Administración Pública)-, without being able to verify an ex officio examination of what was decided by the Municipal Body (Órgano Municipal) given argumentative deficiencies in the appeal. An indispensable requirement is thus imposed that the appellant formulate the appeal clearly and precisely, outlining the objections they maintain against the contested pronouncement, being obliged to state clearly the errors alleged in the resolution being challenged, so that it is self-sufficient in its complete understanding, with express indication of the infractions they accuse as committed by it. In this case, the appellant representation indicates that the defendant Municipal Corporation (Corporación Municipal) instituted a procedure for regularization of the work (obra) against them, as provided in the Construction Law (Ley de Construcciones), and precisely on this occasion, it issued the required warnings, therefore, it undertook the task of gathering each and every one of the requirements demanded by the Local Government (Gobierno Local) for the granting of the construction permit, which is evident from the administrative file, and despite this, the requested permit was not approved; it is observed at folio 311 of this file that the construction permit processed by the plaintiff was denied, against which an appeal is filed before this Improper Hierarchical Superior (Jerarca Impropio), which is why an analysis of the precautionary prerequisites is immediately undertaken in accordance with the provisions of Articles 21 and 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), according to the arguments of both parties and the evidentiary elements provided to the file, noting that it is a procedural burden for the interested party to prove the statements made in support of their claims. Regarding the first of these, corresponding to what is known as \"appearance of good law,\" it must be stated that from the analysis of the precautionary request, it is preliminarily observed that the theory of the case presented is founded insofar as the plaintiff is empowered to challenge the conduct that denies them the regularization of the work (obra) called \"Single Cell (Celda Única),\" which was taken by the Municipal Council (Concejo Municipal) of Aserrí through agreement No. 05-208, second article, of the ordinary session No. 208 held on April 22, 2024 (visible at folio 310 of the digital judicial expediente), regarding which it makes a series of considerations related to its nullity, which -precisely- correspond to aspects proper to the merits of the matter, as indicated, in this summary review it is verified that these are arguments that could well be analyzed in the corresponding procedure in consideration of both the provisions of Article 49 of the Constitution and the provisions of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), where it is possible to exercise plenary control over the legality of the administrative function, which implies declaring the legal nonconformity of those formal or material conducts that are contrary to the block of legality. Thus, at least prima facie and without prejudging the merits of the appeal, it must be highlighted that it possesses the necessary seriousness to consider the prerequisite of appearance of good law as satisfied. Secondly, as indicated in the preceding recital, it must be stated that for the admissibility of precautionary protection, it is required, according to the legal provision, that the execution or permanence of the administrative conduct subject to the process produce grave damages or injuries, current or potential, to the legal situation of the moving party. In that sense, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of the (grave) damage (or injury) (current or potential) but it must be proven, a situation that implies a procedural burden that the interested party must assume, according to Articles 220 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and 41 of the Civil Procedural Code (Código Procesal Civil). Having studied this particular, this Tribunal concludes that the mentioned legal presumption is not verified. From reading the request for a precautionary measure, the concrete and detailed arguments regarding the existence of damage of a grave nature are not apparent; the plaintiff's representation limits itself to stating that it is a company in the field of construction and operation of sanitary landfills (rellenos sanitarios) with state-of-the-art environmentally friendly technology and that within the framework of its operations in Costa Rica, it is the owner of the 'Parque de tecnología Ambiental Aczarrí' Sanitary Landfill (Relleno Sanitario) and that in said Landfill (Relleno) -due to the high demand for solid waste processing- it estimated the need to expand operational capacity through the construction of a \"single cell (celda única)\" (which it acknowledges was done without the required construction license) and that the eviction and demolition of what has been built is obvious. From the review of the proceedings by this Tribunal, it is possible to verify that to date there is no eviction or demolition order for the work (obra) developed, despite the fact that the conduct challenged in the appeal in the main file dates back to April 22, 2024 (a situation not disputed by the parties), which is why no grave damage or serious impact to the activity developed by the plaintiff, to health, or to the environment in the terms described by the plaintiff is perceived. Although the plaintiff provides as evidence official letter SETENA-DT-ASA-0808-2024 dated May 10 of this year (visible at folio 453 of the digital judicial expediente) which describes that the useful life of the Project is compromised, the fact of the matter is that to date an operational closure declaration, a demolition or eviction order for the developed works (obras) is not foreseen, nor is it credited that on the occasion of the facts for which precautionary protection is sought, health or the environment is being put at risk; thus, without prejudice to the foregoing and the assessments that may be made in the appeal, it must be indicated that the Tribunal does not consider the grave damage to be accredited, given that precautionary protection is not an automatic mechanism that proceeds upon the sole request of the party, meaning it is not possible to demonstrate the existence of a situation of grave damage or injury to their legal situation that warrants the granting of the requested measure. Finally, regarding the balancing of the interests involved in the case, it must be indicated that, based on the absence of the prerequisite of danger in delay in the terms described, it is determined that the assessment of this prerequisite leans in favor of the Local Corporation (Corporación Local), insofar as the appellant does not demonstrate that their right must prevail over the public interest safeguarded by it. In accordance with what has been stated, since the characteristics and prerequisites required for granting the requested precautionary measure have not been met, it is rejected.  \n\nTHEREFORE  \n\nThe requested precautionary measure is declared WITHOUT MERIT. NOTIFY. (signed) Yetty Hernández Orias, Rodrigo Huertas Durán, Luis Polinaris Vives.-  \n\n47HGISUICEEE61  \nYETTY PATRICIA HERNÁNDEZ ORIAS - DECISION-MAKING JUDGE  \n\nSGFT7JZA7FE61  \nLUIS ARTURO POLINARIS VIVES - DECISION-MAKING JUDGE  \n\nV6C4ENW6UZO61  \nRODRIGO HUERTAS DURÁN - DECISION-MAKING JUDGE  \n\nEXP: 24-003654-1027-CA  \n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. E-mail: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr  \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 16:33:43.  \n\nSCIJ de Hacienda  \nSCIJ of the Procuraduría General de la República"
}