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  "id": "nexus-sen-1-0034-1269219",
  "citation": "Res. 07922-2024 Tribunal Contencioso Administrativo",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Rechazo de medida cautelar de paso sobre área de juegos infantiles",
  "title_en": "Denial of interim measure for passage over children's play area",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la medida cautelar solicitada por ASADA La Cima y la Asociación Pro Mejoras La Cima contra la Municipalidad de La Unión. La parte actora buscaba que se ordenara al municipio dejar de cerrar el paso y limpiar los alrededores de las tomas de agua de la ASADA, alegando violación de derechos fundamentales y peligro para la salud pública. El tribunal considera que no concurren los presupuestos legales: la apariencia de buen derecho queda descartada porque la Sala Constitucional ya había desestimado un recurso de amparo sobre los mismos hechos, declarando que las propiedades no están enclavadas y que el acceso cerrado era un área de juegos infantiles invadida sin permisos; el peligro en la demora tampoco se configura, pues el fallo constitucional desvirtúa el daño potencial alegado; y la ponderación de intereses favorece la tutela de los bienes demaniales frente a los intereses particulares. En consecuencia, se levanta la medida provisionalísima previamente decretada.",
  "summary_en": "The Administrative Litigation Tribunal denies the interim measure requested by ASADA La Cima and the La Cima Improvement Association against the Municipality of La Unión. The plaintiffs sought an order for the municipality to stop blocking access and clean up around ASADA's water intakes, alleging a violation of fundamental rights and a risk to public health. The court finds that the legal requirements are not met: the appearance of good right is negated because the Constitutional Chamber had already dismissed an amparo action on the same facts, holding that the properties are not landlocked and the blocked passage was a children's play area invaded without permits; the danger in delay is also not established, as the constitutional ruling disproves the alleged potential harm; and the balance of interests favors the protection of public domain assets over private interests. Consequently, the previously granted ultra-provisional measure is lifted.",
  "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo",
  "date": "05/11/2024",
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    "Municipalidad de La Unión",
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  "excerpt_es": "no se cumple ni siquiera con el primero de los presupuestos requeridos para la tutela requerida por lo que procede el rechazo de la segunda gestión cautelar presentada en autos. (...) POR TANTO: Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con los artículos 20 y 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se RECHAZA y declara sin lugar la solicitud de medida cautelar promovida por la ASADA La Cima, cédula de persona jurídica 3002328260, y la ASOCIACIÓN PRO MEJORAS LA CIMA, cédula de persona jurídica 3002680541, en contra de contra de la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN. Notifíquese.",
  "excerpt_en": "Even the first of the requirements for the requested protection is not met, so the second request for interim measures filed in the case is dismissed. (...) THEREFORE: On the grounds stated and in accordance with Articles 20 and 21 of the Administrative Litigation Procedure Code, the request for interim measures brought by ASADA La Cima, legal identification number 3002328260, and the ASOCIACIÓN PRO MEJORAS LA CIMA, legal identification number 3002680541, against the MUNICIPALITY OF LA UNIÓN is DENIED and dismissed. Notify.",
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    "summary_en": "The interim measure is denied for failure to meet the legal requirements, and the previously granted ultra-provisional measure is lifted.",
    "summary_es": "Se rechaza la medida cautelar por no concurrir los presupuestos legales y se levanta la medida provisionalísima decretada previamente."
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      "quote_es": "no se cumple ni siquiera con el primero de los presupuestos requeridos para la tutela requerida por lo que procede el rechazo de la segunda gestión cautelar presentada en autos."
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      "quote_en": "The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in the aforementioned dismissal ruling, settles and decides definitively, with no possibility of further appeal, whether a fundamental or human right or a constitutional value, principle or precept was violated.",
      "quote_es": "la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el fallo desestimatorio antes citado zanja y dirime, definitivamente, sin posibilidad de ulterior recurso, si fue quebrantado o no un derecho fundamental, humano o bien un valor, principio o precepto constitucional."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 07922 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 05 de Noviembre del 2024 a las 17:15\n\nExpediente: 24-005013-1027-CA\n\nRedactado por: José Alvaro López Camacho\n\nClase de asunto: Medida cautelar\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n24-005013-1027-CA - 7\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nMEDIDA CAUTELAR\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nASADA LA CIMA\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nMUNICIPALIDAD DE LA UNION DE TRES RIOS\n\n \n\n N° 2024007922\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diecisiete horas con quince minutos del cinco de Noviembre del dos mil venticuatro.-\n\n \n\n Se conoce medida cautelar interpuesta por la ASADA La Cima, cédula de persona jurídica 3002328260, y la ASOCIACIÓN PRO MEJORAS LA CIMA, cédula de persona jurídica 3002680541, en contra de contra de la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, intervienen en calidad de terceros interesados EL ESTADO, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).\n\n \n\nRESULTANDO\n\n \n\n Primero:  Mediante escrito presentado en fecha 27 de setiembre de 2024, la parte promovente formuló solicitud de medida cautelar, planteando como pretensión cautelar lo siguiente: \"[…] SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR  // Siendo tan delicada la situación y debido a lo lesivo del actuar municipal en contra de los derechos fundamentales de los usuarios de la ASADA se solicita matener la MEDIDA CAUTELAR ordenada en el expediente 24-005013-1027-CA a la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, mientras se resuelve la demanda en contra de ese municipio\" (ver imagen 19 del legajo de medida cautelar).\n\n \n\n Segundo: Mediante el auto de las nueve horas veintiocho minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, notificada a las catorce horas con curenta y ocho minutos del mismo día 29 de octubre de 2024, se otorgó audiencia al accionado sobre la medida cautelar solicitada sin que se pronunciara al respecto (los autos).\n\n \n\n Tercero: Mediante memoriales de fechas 01 de noviembre de 2024 y 04 de noviembre de 2024, las representaciones del ICE y del ESTADO, indican que no se aprecia interés por el cual deban intervenir en este asunto (ver imágenes 79 a 83 del legajo de medida cautelar del expediente digital, en adelante el \"expediente digital\").\n\n \n\n Cuarto: Que en la especie se han observado las formalidades de rigor y no se aprecian vicios susceptibles de ocasionar nulidad o indefensión a las partes.\n\n \n\nCONSIDERANDO:\n\n \n\n I.- OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR. En este asunto, la parte promovente solicita una medida cautelar con el fin de que se declare lo siguiente: \"[…] SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR  // Siendo tan delicada la situación y debido a lo lesivo del actuar municipal en contra de los derechos fundamentales de los usuarios de la ASADA se solicita matener la MEDIDA CAUTELAR ordenada en el expediente 24-005013-1027-CA a la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, mientras se resuelve la demanda en contra de ese municipio\" (ver imagen 19 del legajo de medida cautelar). Ahora bien, en el referido expediente en el primer legajo de medida cautelar mediante escrito presnetado en fecha 19 de julio de 2024, la parte promovente solcitió lo siguiente: \"...SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR  // Siendo tan delicada la situación y debido a lo lesivo del actuar municipal en contra de los derechos fundamentales de los recurridos se solicita MEDIDA CAUTELAR de solicitar a la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN dejar de cerrar el paso y limpiar los alrededores de las tomas de agua de la ASADA y llevarse los desechos para permitir el libre tránsito de personas, vehículos de emergencia y otros. (...) ACOGER la presente solicitud de MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM PROVISIONALÍSIMA de dejar sin efecto la cierre de servidumbre de paso, y permitir el ingreso a las viviendas y la salida de vehículos...\" (ver imagen 13 del legajo de medida cautelar, página 12 de la gestión formulada). Se trata de una medida cautelar de hacer consistente en la habilitación del paso y limpieza de los alrededores de las tomas de agua de la ASADA, así como de remover los desechos para permitir el libre tránsito de personas y vehículos de emergencia, atravensando la finca número 3-115339, plano 3-878024-1990.\n\n \n\n II.- ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. En términos generales, la parte accionante indica lo siguiente sobre el fundamento de su gestión: En síntesis, la parte accionante señala que están en peligro los derechos fundamentales de la parte promovente ante hechos ocurridos en fechas 12 y 18 de julio de 2024 en que funcionarios y maquinaria municipal a la altura de la servidumbre de paso citada -única entrada y salida vehicular - lanzaron varias vagonetas de material de desecho, basura y contenedores de desechos sólidos, que obstruyen el paso sin mediar justificación alguna y ante consulta al dueño registral (Instituto Mixto de Ayuda Social o IMAS) se les indicó que no tenían relación con lo actuado y, por el contrario, autorizaban el paso por el lugar. Señala la parte recurrente que la conducta administrativa perjudica el interés defendido por la parte promovente y afecta el traslado de los insumos necesarios para la actividad de limpieza y potabilización del agua, perjudicándose a la parte actora en sus derechos fundamentales, derecho de defensa, y por cuanto debido a la obstrucción del paso expone a riesgo a la población vulnerable, así como tampoco se permite el paso de vehículos de emergencia. Señala la parte accionante que se afecta el derecho humano al agua, lo cual fue denunciado al Ministerio de Salud, por cuanto se colocaron contenedores con desechos sólidos en las cercanías de las tuberías de agua potable de la Comunidad de La Cima. Señala la parte gestionante que la parte accionada afecta la servidumbre de paso, así como el derecho a la salud, el libre tránsito, el debido proceso, así como el derecho de petición y defensa. Sobre el peligro en la demora señala la promovente de la gestión que la obstrucción implica un daño potencial irreparable ante eventuales emergencias,  y en cuanto a la denominada apariencia de buen derecho señala que basta la no temeridad de lo peticionado, sin ingresar al fondo del asunto, pues ello corresponde al proceso de fondo, de modo que se cuenta con motivos fácticos y jurídicos para tener por satisfecho este presupuesto. Sobre la ponderación de intereses en juego señala que deben ponderarse los efectos de la eventual medida en el interés público así como la situación jurídica de terceras personas. Aporta como prueba documental la que se indica ya fue aportada en el expediente. En este sentido, en el legajo de la primera medida cautelar se aportaron por la parte actora las denuncias y recursos así como fotografías que constan en la gestión formulada (ver imágenes 4, 5 y 16 a  54 del legajo de la primera medida cautelar)\n\n \n\n III.- SOBRE LA PARTE DEMANDADA y la posición de los terceros interesados. A) POSICIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN: Aunque la parte accionada no se pronunció sobre esta segunda solicitud de medida cautelar en la audiencia conferida, al tratarse de una gestión que, en síntesis, reitera lo ya establecido en la primera solicitud de medida cautelar, tal como se indicó previamente, debe tomarse en consideración que al contestar la primera medida cautelar la parte accionada sí se pronunció respecto de la medida cautelar, solicitando que la misma sea rechazada por no concurrir los presupuestos legales para su otorgamiento. Tal como se indicó previamente, al contestar la primera solicitud de medida cautelar, la representación de la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN rechaza la gestión formulada indicando que no cumple con los presupuestos y requisitos necesarios para que la medida sea otorgada. Lo anterior por cuanto, en lo medular, señala que no existe apariencia de buen derecho en el tanto la situación se presenta en contra de un bien de naturaleza \"demanial\" que la parte actora y otros vecinos pretenden utilizar y la cual tiene un destino según el diseño de sitio como \"área de juegos\", teniendo los actores del proceso acceso a sus viviendas por los puntos establecidos desde la constitución de la urbanización La Cima, y se están realizando las gestiones necesarias para inscribir dicho bien con la notaría del Estado que actualmente aparece a nombre del IMAS, de manera tal que la municipalidad ha procedido a actuar con base en las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico, en virtud de que la parte actora y otros vecinos han utilizado el bien demanial en su beneficio con otro destino por lo que se procedió al cierre de la finca. Sobre el peligro en la demora la parte accionada señala que es evidente y manifiesto el actuar ilegal de la parte accionante. Señala que la Sala Constitucional ya resolvió este caso en el fallo N° 2024024825 al que hace referencia y que, según indica el fallo constitucional, las propiedades no están enclavadas y tienen acceso a calle pública por medio de alamedas, conforme al diseño de la urbanización, de manera que la decisión de la municipalidad obedece a denuncias puntuales presentadas en contra de la invasión. En este sentido argumenta finalmente al municipalidad accionada: \"(...) En cuanto al acceso y como se obtiene de la prueba que se aporta, la Urbanización La Cima si cuenta con caminos incorporados en el Inventario Vial Municipal, lo anterior según el Código de Camino 303021 y cuenta con una longitud de 540 metros y un ancho de derecho de vía promedio de 11 metros, y por lo tanto no es un fundo enclavado, tal y como se ha mencionado anteriormente. // Así las cosas, con fundamento en lo expuesto, se solicita que NO se tenga por acreditado el presupuesto de PELIGRO EN LA DEMORA en la presente solicitud de medida cautelar.\" (ver imagen 164 del legajo de la primera medida cautelar del expediente digital). Finalmente, sobre el equilibrio de intereses en juego señala la municipalidad accionada, en síntesis, que la conducta de la parte actora ha resultado lesiva para el interés público por causar un daño al invadir un bien demanial dándole un uso diferente al establecido en el diseño de sitio de la Urbanización, refiere nuevamente a lo señalado en el recurso de amparo antes citado por lo que señala que la Urbanización La Cima cuenta con acceso dado desde su creación, los cuales no son utilizados por la parte actora y otros vecinos de la comunidad, máxime que existe una sentencia emitida por la Sala Constitucional en la cual se declara sin lugar la misma pretensión de la parte recurrente aquí accionante e indica que se eliminaron los desechos, escombros y basura del lugar así como a reubicar el contenedor de manera que no se afecten las tuberías de agua potable. Finalmente, solicita el rechazo de la medida cautelar con el consecuente levantamiento de la medida provisionalísima decretada en autos. Ofrece como prueba los siguientes documentos: 1) Resolución N° 2024024845 de la Sala Constitucional, emitida a las nueve horas veinte minutos del treinta de agosto de 2024. 2) Oficio MLU-DAM-PROY-RBI-177-2024 fechado 16 de agosto de 2024 y suscrito por la Licda. Adriana Acuña Chaverri, Abogada Proyecto de Recuperación de Bienes. 3) Oficio MLU-DAM-PROY-RBI-166-2024 fechado 23 de julio de 2024 y suscrito por el Ing. Alonso Vargas Sanabria, Topógrafo, Proyecto de Recuperación de Bienes. 4) Oficio MLU-DISE-602-2024, suscrito por el Ing. Marlon Pereira Pérez, Director de la Dirección de Infraestructura y Servicios. 5) Oficio MLU-CYC-483-2024, suscrito por el Ing. José Alejandro Ramírez Solís, Coordinador del Departamento de Calles y Caminos.  6) Oficio MLU-SM-341-24-2024-2028, suscrito por la Sra. Vivian Retana Zúñiga, Secretaria del Concejo Municipal. 7) Oficio PWP-OFI-650-2024 fechado 07 de marzo de 2024 y suscrito por la Msc. Johanna Masís Díaz, Procuradora, Procuraduría General de la República (Denuncia contra la Municipalidad de La Unión por aparentemente no atender situación de apropiación indebida de áreas comunes). 8) Oficio MLU-DAM-PROY-065-2024 (102-2023) fechado 12 de abril de 2024 y suscrito por el Ing. Alonso Vargas Sanabria. 9) Resolución MLU-DAM-PROY-066-2024, fechado 16 de abril de 2024 y suscrito por la Licda. Adriana Acuña Chaverri, Abogada Proyecto Recuperación de Bienes. (Notificación). 10) Resolución MLU-DAM-PROY-RBI-079-2024 fechado 30 de abril de 2024 y suscrito por la Licda. Adriana Acuña Chaverri, Abogada Proyecto Recuperación de Bienes, con el cual se resuelve el Recurso de Revocatoria planteado en contra del oficio MLU-DAM-PROY-066-2024. 11) Resolución MLU-DAM-RES-047-2024 fechado 28 de mayo de 2024 y suscrito por el MBA. Cristian Torres Garita, Alcalde Municipal, con el cual se resuelve el Recurso de Apelación planteado en contra del oficio MLU-DAM-PROY-066-2024 . 12) Resolución MLU-DAM-RES-056-2024 fechado14 de junio de 2024 y suscrito por el MBA. Cristian Torres Garita, Alcalde Municipal, con el cual se resuelve el Recurso de Revocatoria planteado en contra del oficio MLU-DAM-RES-047-2024. 13) Oficio MLU-UTGVM-CONSTANCIA-042-2024, suscrito por el Ing. Rafael Matamoros Rojas, Coordinador UTGVM. 14) Plano catastrado C-878024-90 inscrito en el Registro Nacional. 15) Diseño de Sitio. 16) Seguidilla de correos relacionados con el basurero mal ubicado y su reinstalación. 17) Oficio MLU-GESA-313-2023 fechado 25 de agosto de 2023, suscrito por el Ing. Ricardo Laurent Aguilar, Coordinador, Gestión Ambiental. 18) Fotografías de las labores realizadas por el personal municipal el día viernes 06 de setiembre de 2024 (ver imágenes 131 a 134, así como también imágenes 156 a 251 del expediente digital del legajo de la primera medida cautelar). B) POSICIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS: Tal como se refirió previamente, ha de tomarse también en consideración, que al referirse a la primera medida cautelar la representación del IMAS, tercero interesado, se refiere a la medida cautelar indicando que si bien registralmente las áreas aun están a nombre del IMAS también le asiste legitimación para realizar actos sobre el bien demanial aludido al ente municipal, como en efecto las realizó, ofreciendo como prueba los oficios IMAS-DDS-DDSPC-0554-2024 e IMAS-DDS-DDSPC-0641-2024 (ver imágenes 88 a 119 del legajo de la primera medida cautelar del expediente digital). A su vez, las representaciones del ICE y del ESTADO, indican que no se aprecia interés por el cual deban intervenir en este asunto (ver imágenes 79 a 83 del legajo de medida cautelar del expediente digital, en adelante el \"expediente digital\"). La representación del ICE se apersona a los autos mediante memoriales de fecha 04 de noviembre de 2024, visibles a imágenes 82 a 83 del expediente digital, y manifiesta que no tiene interés en el presente proceso, dado que la propiedad en cuestión no pertenece al ICE y no ha sufrido perjuicio en ninguno de sus intereses, por cuanto el mantenimiento e inspección de la línea de transmisión denominada Cachi-Colima se realiza específicamente en la torre número 65, ubicada en la Cima de Dulce Nombre de la Unión, y las labores se llevan a cabo a pie, utilizando la servidumbre establecida para acceder a la torre, la cual no corresponde al camino al que se refiere este proceso. De tal manera, señala que no tiene injerencia en la presente medida cautelar por lo que solicita se excluya al ICE de acuerdo a lo expuesto anteriormente. Ahora bien, la representación del Estado mediante memorial de fecha 1 de noviembre de 2024, indica que no aprecia interés por el cual el Estado deba intervenir en el presente asunto (ver imágenes 79 a 80 del legajo de medida cautelar).\n\n \n\n IV.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, así como en fallos anteriores de este Tribunal (ver, entre otros, el fallo N°38-2022 de las diez horas diez minutos del doce de enero de dos mi veintidós) la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). En el voto #4074-2010 el Tribunal Contencioso Administrativo señala que: “los presupuestos de la tutela cautelar son tres, el peligro en la demora, la apariencia de buen derecho y la ponderación de los intereses, particularmente el interés público” y “[s]ólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de ponderación de intereses se considere que daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada” (Tribunal Contencioso Administrativo, resolución n.° 4074-2010 de las 13:21 hrs. del 29 de octubre de 2010). También el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha señalado en el mismo sentido: “En el caso de las medidas cautelares, esto implica que, en adición a lo relativo a las características estructurales de instrumentalidad y provisionalidad, la resolución debe explicar de forma clara y suficiente de qué modo concurren o no los presupuestos de apariencia de buen derecho, peligro en la demora y ponderación de los intereses en juego, ninguno de ellos puede ser dejado de lado, pues para la procedencia de la medida que se adopte la ley exige la concurrencia de todos ellos […] si este Tribunal hipotéticamente acogiese los alegatos relativos a este extremo, y entendiera que el elemento de ponderación de intereses sí está presente eso obligaría a este Tribunal en primera y única instancia a entrar a analizar y a desarrollar el tema de ponderación de intereses en una forma que omitió el juez de instancia, por lo cual, como bien lo señaló en su momento la parte, estaría haciendo que este Tribunal sustituya al juzgador de instancia en el análisis en primera o en única instancia de ese elemento, privando a la parte por lo tanto del derecho de recurrir al respecto de lo que se ha indicado\" (ver resolución del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, n.° 132-2017-I de las dieciséis horas dieciocho minutos del veintinueve de marzo del dos mil diecisiete.  Cfr. 00:16:24 – 00:21:35 de la grabación digital del fallo correspondiente). Esta posición se complementa con el criterio externado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en funciones de Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, en Voto N° 5-F-TC-2008 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de febrero del año dos mil ocho, respecto de la necesidad de cumplimiento de la carga probatoria en esta fase cautelar, al indicar que \"(…) tres requisitos que se aplican como es el fumus bonis iuris o apariencia de buen derecho… el peligro de la demora y la ponderación de los intereses en juego… la apariencia de buen derecho conforme a la nueva legislación no constituye una carga gravosa de demostración de la seriedad de la demanda, sino la valoración incluso interna del juez de que aquella sentencia no es temeraria de que no es carente de seriedad, que es una visión invertida, por cierto, del denominado fumus bonis iuris, este periculum además corresponde a la carga, como carga probatoria para quien pide la cautelar, y esto es así, luego la cautelar es un juicio provisional de ese peligro en la mora no es… una valoración del fondo del proceso… en lo que corresponde al caso concreto (…) y esta Sala luego de deliberar concienzuda y ampliamente como lo hace (…) ha estimado que no están debidamente demostrados los daños y perjuicios graves o de imposible reparación que ameriten la adopción de la medida cautelar en cuestión (…) En definitiva, el Tribunal estima que no se cumple con el principio de la prueba racional de la cautelar que se corresponde con una prueba de equilibrio, si bien es cierto no se requiere de una prueba contundente, porque no puede serlo en la medida cautelar, tampoco lo podemos dejar al arbitrio del solo dicho de quien recurre, hay de por medio también eventuales intereses públicos”. Partiendo del anterior marco normativo y jurisprudencial de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto, atendiendo a la exposición de la teoría del caso y el ofrecimiento de la prueba. Fijado el escenario de análisis y los tres elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se analiza de seguido el caso concreto.-\n\n \n\n V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Las medidas cautelares para su aprobación requieren la concurrencia de los tres elementos antes indicados (apariencia de buen derecho en su visión invertida casi asimilable a un \"fumus non mali iuris\", peligro en la mora y el equilibrio de intereses). Además, esta medida cautelar debe ser instrumental, accesoria y provisional, en el tanto procura asegurar la eficacia de la sentencia del expediente principal. Es responsabilidad del promovente explicar, analizar y fundamentar cada uno de estos presupuestos y de las partes demandadas debatir los argumentos presentados y así, con base en las teorías de las partes y las pruebas mencionadas determinar lo que derecho corresponde sobre el fondo de la medida solicitada. La pretensión de tutela cautelar de la parte actora pretende que en esta sede cautelar se declare lo siguiente: \"[…] SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR  // Siendo tan delicada la situación y debido a lo lesivo del actuar municipal en contra de los derechos fundamentales de los usuarios de la ASADA se solicita matener la MEDIDA CAUTELAR ordenada en el expediente 24-005013-1027-CA a la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, mientras se resuelve la demanda en contra de ese municipio\" (ver imagen 19 del legajo de medida cautelar). Ahora bien, en el referido expediente en el primer legajo de medida cautelar mediante escrito presnetado en fecha 19 de julio de 2024, la parte promovente solcitió lo siguiente: \"...SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR  // Siendo tan delicada la situación y debido a lo lesivo del actuar municipal en contra de los derechos fundamentales de los recurridos se solicita MEDIDA CAUTELAR de solicitar a la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN dejar de cerrar el paso y limpiar los alrededores de las tomas de agua de la ASADA y llevarse los desechos para permitir el libre tránsito de personas, vehículos de emergencia y otros. (...) ACOGER la presente solicitud de MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM PROVISIONALÍSIMA de dejar sin efecto la cierre de servidumbre de paso, y permitir el ingreso a las viviendas y la salida de vehículos...\" (ver imagen 13 del legajo de medida cautelar, página 12 de la gestión formulada). Ahora bien, al momento de resolver la primera solicitud de medida cautelar, mediante el fallo N°2024007580 de las once horas con cinco miutos del veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, visible a imágenes 307 a 338 del legajo de la primera medida cautelar se resolvió rechazar la solicitud de tutela cautelar con fundamento en lo siguiente que se trascribe por su pertinencia ante esta segunda solicitud de medida cautelar que reitera lo peticionado originalmente: \"Se trata de una medida cautelar de hacer consistente en la habilitación del paso y limpieza de los alrededores de las tomas de agua de la ASADA, así como de remover los desechos para permitir el libre tránsito de personas y vehículos de emergencia, atravesando la finca número 3-115339, plano 3-878024-1990, alegando que se trata de un caso en que se violentan \"derechos fundamentales\" de la parte promovente; lo anterior hasta tanto el proceso de conocimiento principal no haya sido resuelto mediante sentencia firme. En otro orden de ideas, en síntesis, la gestión cautelar formulada por ASADA La Cima se formula en los mismos términos que la gestión inicial y se apersona a los autos y solicita ser considerada no como tercero interesado sino como parte actora con las mismas pretensiones de la parte promovente (ver imágenes 135 a 155 del expediente digital). Ahora bien, la gestión formulada en fecha 27 de setiembre de 2024 por el señor Salazar Ruiz, la ASADA La Cima y la Asociación Pro Mejoras La Cima Uno se formula en los mismos términos de la medida cautelar inicial de este caso y su pretensión es \"mantener\" la medida cautelar provisionalísima dictada en ese caso, así las cosas, se tramita en legajo aparte, como se dijo, al ser posterior e incluir a la citada Asociación Pro Mejoras La Cima Uno. Por otro lado, la municipalidad accionada se pronunció solicitando el rechazo de la medida en todos sus extremos por no concurrir los presupuestos legales para su otorgamiento por cuanto señala que la accionante actúa de forma temeraria, ya que es señala que se trata de una invasión de un terreno de carácter demanial a la cual los vecinos están cambiando el destino y se trata de un conflicto ya resuelto por la Sala Constitucional en el fallo N° 2024024845 (Expediente constitucional 24-019709-0007-CO). V. A).- SOBRE LOS DENOMINADOS \"ELEMENTOS ESTRUCTURALES\": Para empezar, sobre los denominados \"elementos estructurales\" de la tutela cautelar, independientemente de lo que pueda llegar a definirse en el proceso de conocimiento y de los cuestionamientos que se plantean respecto de la conducta administrativa, sobre tales denominadas características \"estructurales\" de la medida cautelar, entre otros, se ha indicado en el fallo 2023006573 de las veintiuno horas con veintisiete minutos del diecinueve de Diciembre del dos mil veintitrés, lo siguiente: \"IV.- CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. // Para la determinación de la procedencia de la medida es también importante tomar en cuenta, - tal y como fuera señalado supra y además de los presupuestos ya indicados-, que la medida que vaya adoptarse estructuralmente cuente con las siguientes características: 1.- La instrumentalidad e independencia previa con relación a la sentencia definitiva que se produzca en un proceso principal, cuestión que determina al propio tiempo, la subordinación o accesoriedad de la medida con respecto del proceso principal dentro, o a efecto del cual se dicta. 2.- La provisionalidad, en cuanto su eficacia en principio se agota al momento de dictarse la sentencia de mérito en el asunto principal o cuando las circunstancias así lo impongan. Es decir, tiene efectos supeditados a la pendencia de aquel proceso, tanto como y, - por otro lado-, a la permanencia en el tiempo de las circunstancias que fuesen tomadas en cuenta para su adopción, características que traen causa de su intrínseca posibilidad de modificación o revocación (eficacia rebus sic stantibus). 3.-Todo proceso judicial conlleva un debido proceso que da pie a una serie de etapas que deben irse precluyendo para poder llegar a una resolución que el conflicto ya judicializado de manera definitiva. Es justamente la dilatación de los procesos judiciales lo que origina que opere el peligro en la demora, aunado al peligro o urgencia de que mientras se da el curso normal de la acción se pierda o altere el derecho de la parte o de intereses jurídicamente relevantes de alguna de las partes y es así como lo prevee el ordenamiento jurídico en su numeral 78 del Código Procesal Civil, el cual se aplica de manera analógica a esta materia. La urgencia para evitar el peligro en la mora, nota que justifica las medidas cautelares adoptadas ante causam, prima facie o inaudita altera parte. 4.- La sumaria cognitio, esto es, que este tipo de medidas son adoptadas en virtud de una cognición sumarísimo efectuada por el órgano jurisdiccional, sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto, que de forma alguna sustituye la plenaria sucesión de pasos que implica el proceso de conocimiento.-\". Ahora bien, en relación con las denominadas características \"estructurales\" de las medidas cautelares, ha quedado muy claro de las manifestaciones de la representación de la parte actora que su interés principal con la presente solicitud de tutela cautelar consiste en que esta sede cautelar se impongan de forma provisional una serie de obligaciones de hacer en los términos del numeral 20 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Es decir, se trata de una medida cautelar de carácter innovativo consistente en la habilitación del paso y limpieza de los alrededores de las tomas de agua de la ASADA, así como de remover los desechos para permitir el libre tránsito de personas y vehículos de emergencia, atravesando la finca número 3-115339, plano 3-878024-1990, alegando que se trata de un caso en que se violentan \"derechos fundamentales\" de la parte promovente. Así las cosas, lo peticionado sí guarda relación con lo discutido en el eventual proceso de fondo, en el mismo se pretende también que se declare la nulidad absoluta de la conducta administrativa municipal, y en el tanto se solicita como una medida cautelar provisional mientras se discute el proceso judicial se trata de una solicitud de pronunciamiento en dicho carácter provisional. Distinto es que dicha solicitud de tutela cautelar provisional formulada por la parte accionante cumpla con los presupuestos para su aprobación, y en este sentido es criterio del presente juzgador que revisados los elementos probatorios traídos a los autos por las partes de este caso, la tutela cautelar solicitada por la parte actora no cumple con ninguno de los presupuestos requeridos para su aprobación en esta sede de tutela cautelar, por lo que la misma debe ser RECHAZADA en todos sus extremos, tal y como se verá a continuación con detalle. V. B).- SOBRE LA DENOMINADA APARIENCIA DE BUEN DERECHO: Ahora bien, respecto de los presupuestos necesarios para la procedencia de la tutela cautelar, cabe indicar que el análisis del presupuesto de la tutela cautelar contemplado en el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) de que la pretensión no es temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, no se corresponde con la acreditación de una verosimilitud de \"buen derecho\" de la demanda; precisamente porque el análisis que se realiza en sede cautelar de carácter sumario no se corresponde con una valoración del fondo del asunto, ni puede ser así, tal y como ha indicado en su momento el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo el presupuesto de \"no temeridad\" \"[…] no es una valoración del fondo del proceso, ni puede serlo, ni debe serlo, no puede confundir el juzgador los requisitos propios de una cautelar con un procedimiento definitivo sobre la validez o antijuricidad de una conducta administrativa, esto nos llevaría a una justicia definitiva por la vía cautelar y esto no es la finalidad del objeto. (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, voto 05-F-TC-08 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de febrero de dos mil ocho). Al respecto, se considera que una vez analizada la denominada \"teoría del caso\" (posición) formulada por la parte actora en su gestión, y referida en esta resolución en los apartados precedentes a los cuales se remite, así como sus argumentos empleados y sin entrar a analizar por el fondo el asunto que plantea la parte actora, este juzgador considera que no se configura ni siquiera el primer requisito para la tutela cautelar, por cuanto la acción formulada carece de la más elemental apariencia de buen derecho, en este sentido lleva razón la representación del accionado al indicar que no se configura ninguno de los presupuestos de la tutela cautelar y que la alegada violación a los derechos fundamentales de la promovente ya fue conocida y resuelta en forma negativa por la Sala Constitucional al rechazar el recurso de amparo mediante el fallo constitucional N° 2024024845 de las nueve horas veinte minutos del treinta de agosto de dos mil veinticuatro, dictado dentro del expediente constitucional N°24-019709-0007-CO que desestimó la violación a los derechos fundamentales a que se hace referencia en la presente gestión cautelar (ver imágenes 344 a 371 del legajo de medida cautelar). Así las cosas, al menos en lo que respecta a la valoración sumaria propia de la sede cautelar, dado lo indicado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, no es posible tener por configurada a nivel de apariencia la vulneración a los derechos fundamentales en que fundamenta su gestión la parte accionante en este caso. Lo anterior, en el tanto, la Sala Constitucional al entrar a conocer y resolver la pretensión tramitada en sede de amparo constitucional sobre este caso descarta que exista una infracción de un derecho fundamental o humano en los siguientes términos que constan en el fallo constitucional antes citado N°2024024845 de las nueve horas veinte minutos del treinta de agosto de dos mil veinticuatro (ver imágenes 344 a 373 del legajo de medida cautelar), el cual se cita a continuación en lo que interesa: \"(...) II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:  1) En el año 2023, se presenta a la Municipalidad de La Unión una queja interpuesta por vecinas de la Urbanización La Cima, por una supuesta invasión realizada por varios vecinos del resto de finca 115339-000 (registralmente del IMAS), específicamente en el área destinada a juegos infantiles. La Municipalidad realiza una inspección en el lugar y verifica la existencia de invasiones en el área denunciada (informe rendido). // 2) En el mes de marzo 2024 se recibe en la Municipalidad de La Unión el oficio PEP-OFI-650-2024, de la Procuraduría de la Ética Pública, en el que se indica que se interpuso una denuncia por la construcción de una calle pavimentada que facilita el acceso a una vivienda de una regidora municipal. La Procuraduría solicita conocer las acciones realizadas por la Municipalidad ante este evento (informe rendido y documentación aportada). // 3) La Municipalidad procedió a realizar un levantamiento topográfico para determinar el área de invasión, informe que fue dado mediante oficio MLU-DAM-PROY.RBI-065-2024 por el ingeniero topógrafo del Proyecto Recuperación de Bienes (informe rendido). // 4) Con base en dicho informe, la Municipalidad realiza las respectivas notificaciones por la invasión y la existencia de un paso asfaltado en la zona destinada a juegos infantiles, área estimada de 85 m2. Esta área no está contemplada en la red vial cantonal; además no existen los permisos municipales para realizar tal trabajo. En la notificación se indica la normativa aplicada y el derecho de interponer los recursos que establece el Código Municipal (informe rendido). // 5) El 22 de abril 2024 se recibe en la Municipalidad recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por Ginette Varela Villalta, José Manuel Arguedas Varela, Jeffrey Arguedas Varela, Juan Carlos Salazar Ruiz (el aquí recurrente) y Margot Ramírez Portilla. El recurso de revocatoria fue contestado mediante oficio MLU-DAM-PROY.RBI-079-2024. Posteriormente se eleva el recurso de apelación en subsidio a la alcaldía, la cual emite resolución MLU-DAM-RES-047-2024. En ambas resoluciones se confirma lo resuelto. Se indica que el área asfaltada es de uso para juegos infantiles y que el acceso de los vecinos desde que se originó la urbanización, es por acera que conecta con la alameda B según diseño de sitio, sin que se pueda alegar que no existe acceso para ingresar o salir de las viviendas, dado que desde que adquirieron las propiedades existió una aceptación de las condiciones de las viviendas (informe rendido). // 6)  El 4 de junio 2024 se recibe en la Municipalidad recurso de revocatoria contra la resolución del recurso de apelación en subsidio, al que se da respuesta por oficio MLU-DAM-056-2024, del 14 de junio, que confirma lo resuelto (informe rendido y documentación aportada). // 7)   El 12 y 18 de julio del 2024, la Municipalidad de La Unión ejecuta labores para cerrar el acceso construido (hecho no controvertido). // 8) Las propiedades de la Urbanización La Cima no se encuentran enclavadas, ya que tienen acceso por alamedas que conectan con calle pública. En el caso particular del recurrente y de Brígida Clementina Bojorge Morales, sus propiedades cuentan con acceso por la Alameda Este y Alameda E respectivamente, la cual, a su vez, tiene acera y área verde, según consta en los planos de catastro 308602691989 y 308601981989 y en las certificaciones registrales de las propiedades C-148735 y C-231036 inscritas a sus nombres (informe rendido). // 9) La propiedad donde se encuentran los tanques de la ASADA cuenta con acceso a calle pública, según la realidad física, así como en el plano de catastro y el diseño del sitio (informe rendido). // 10) En la visita técnica realizada por el Departamento de Desarrollo Socio Productivo y Comunal del IMAS el 23 de julio de 2024, no se identifican gradas de acceso a la propiedad de la Sra. Bojorge (informe rendido). // 11) En la propiedad del IMAS, el ICE tiene una línea de transmisión denominada Cachí Colima, sobre la cual realiza el mantenimiento y la inspección utilizando la servidumbre establecida para acceder a la torre, que no es el camino al que refiere el recurrente (informe rendido). // 12) El 18 de junio del 2024, se presenta denuncia anónima y, el 26 de junio del 2024, denuncia confidencial, respectivamente 24-225 y 24-234, ante el Área Rectora de Salud La Unión, bajo la indicación de que los terrenos en disputa son utilizados por la ASADA La Cima para la colocación de sus tuberías de redes de distribución de Agua Potable, de manera que la cercanía con contenedores de basura podría generar un riesgo a la Salud Pública, por contaminación de agua de la población abastecida de Agua Potable por dicha ASADA (informe rendido). // 13) Mediante informe MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1203-2024 del 1° de agosto del 2024, el ingeniero asignado por al Área Rectora de Salud para realizar la inspección, la cual se realizó el 29 de julio, indicó lo siguiente: (...) \"Se realiza visita a sitio que presenta la problemática, para evaluar la situación denunciada. // Se observa la presencia de contenedor de residuos, mismo que es de material metálico, no presenta escape de lixiviados y es de transporte móvil. Al momento de la visita se encuentra en óptimas condiciones, no hay presencia de olores. // En la cercanía se observa tubería de ASADA (a 10 metros de la ubicación del contenedor), no se evidencia presencia de llaves de paso ni accesorios. // \"No se evidencia un riesgo inminente a la estructura de la ASADA producto del contenedor o los escombros, mismos que se sitúan dentro de la propiedad privada (IMAS). No existe riesgo de contaminación de tuberías de agua potable. // Se visita vivienda de presidente de la Junta directiva de ASADA, pero no había personas presentes. Por tal motivo se realiza llamada telefónica con la finalidad de dar trazabilidad, donde el presidente (el Señor Juan Carlos) indica que ya realizaron reacomodo de contenedor y que se cuenta con ordenamiento de Instancia superior (tribunal) que solicita la eliminación del contenedor del sitio por parte de Municipalidad de la Unión, así mismo ya se interpuso ante la Municipalidad la problemática de tierra y escombro acumulada. Indica que realizará entrega de documento de ordenanza en oficia del Ministerio de Salud para adjuntar al expediente. // Se le indica que se realizará cierre del caso por parte del Ministerio de Salud, a lo que presenta anuencia.\" // \"Trazabilidad: // Se realiza trazabilidad de manera telefónica, donde se le indica situación al presidente de la ASADA, así como el cierre por parte del Ministerio de Salud al contar con ordenanza de instancia superior para eliminar contenedor y tener el caso del terreno privado en la Municipalidad. A lo que presentó anuencia.\" (informe rendido y documentación aportada). // III. Caso concreto. De conformidad con los informes bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción, se comprueba que, en el año 2023, se presenta a la Municipalidad de La Unión una queja interpuesta por vecinas de la Urbanización La Cima, por una supuesta invasión realizada por varios vecinos en el resto de la finca 115339-000 (registralmente del IMAS), específicamente en el área destinada a juegos infantiles, por lo que se realiza una inspección en el lugar y se verifica la existencia de invasiones en el área denunciada. En marzo de 2024 la Procuraduría de la Ética Pública le indica a la Municipalidad que se interpuso una denuncia por la construcción de una calle pavimentada que facilita el acceso a una vivienda de una regidora municipal. La Procuraduía solicita conocer las acciones realizadas por la Municipalidad ante este evento. Respondiendo a lo anterior, la Municipalidad procedió a realizar un levantamiento topográfico para determinar el área de invasión y realizó las notificaciones respectivas para revertir la situación. Varios vecinos, entre ellos el recurrente, impugnan lo resuelto, pero la Municipalidad mantiene el acto impugnado y finalmente lo ejecuta. Por otra parte, se demostró que las propiedades de la Urbanización La CIma no se encuentran enclavadas, ya que tienen acceso por alamedas que conectan con calle pública. En el caso particular del recurrente y de Brígida Clementina Bojorge Morales, sus propiedades cuentan con acceso por la Alameda Este y Alameda E respectivamente, la cual, a su vez, tiene su debida acera y área verde, según consta en los planos de catastro  308602691989 y 308601981989 y en las certificaciones registrales de las propiedades C-148735 y C-231036 inscritas a sus nombres . De igual forma, la propiedad donde se encuentran los tanques de la ASADA cuenta con acceso a calle pública, según la realidad física, así como en el plano de catastro y el diseño del sitio. Además, en la visita técnica realizada por el Departamento de Desarrollo Socio Productivo y Comunal del IMAS el 23 de julio del corriente, no se identifican gradas de acceso a la propiedad de la Sra. Bojorge. En el mismo sentido, en la propiedad del IMAS, el ICE tiene una línea de transmisió9n denominada Cachí Colima, sobre la cual realiza el mantenimiento y la inspección utilizando la servidumbre establecida para acceder a la torre, que no es el camino al que refiere el recurrente. En cuanto al Ministerio de Salud, se demostró que, el 18 de junio de 2024, se presenta denuncia anónima  y, el 26 de junio del 2024, denuncia confidencial, respectivamente 24-225 y 24-234, ante el Área Rectora de Salud La Unión, bajo la indicación de que los terrenos en disputa son utilizados por la ASADA La Cima para la colocación de sus tuberías de redes de distribución de Agua Potable, de manera que la cercanía con contenedores de basura podría generar un riesgo a la Salud Pública, por contaminación de agua de la población abastecida de Agua Potable por dicha ASADA. Mediante informe MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1203-2024 del 1° de agosto del 2024, el ingeniero asignado por al Área Rectora de Salud para realizar la inspección, la cual se realizó el 29 de julio, indicó lo siguiente: (...) \"Se realiza visita a sitio que presenta la problemática, para evaluar la situación denunciada. // Se observa la presencia de contenedor de residuos, mismo que es de material metálico, no presenta escape de lixiviados y es de transporte móvil. Al momento de la visita se encuentra en óptimas condiciones, no hay presencia de olores. // En la cercanía se observa tubería de ASADA (a 10 metros de la ubicación del contenedor), no se evidencia presencia de llaves de paso ni accesorios. // \"No se evidencia un riesgo inminente a la estructura de la ASADA producto del contenedor o los escombros, mismos que se sitúan dentro de la propiedad privada (IMAS). No existe riesgo de contaminación de tuberías de agua potable. // Se visita vivienda de presidente de la Junta directiva de ASADA, pero no había personas presentes. Por tal motivo se realiza llamada telefónica con la finalidad de dar trazabilidad, donde el presidente (el Señor Juan Carlos) indica que ya realizaron reacomodo de contenedor y que se cuenta con ordenamiento de Instancia superior (tribunal) que solicita la eliminación del contenedor del sitio por parte de Municipalidad de la Unión, así mismo ya se interpuso ante la Municipalidad la problemática de tierra y escombro acumulada. Indica que realizará entrega de documento de ordenanza en oficia del Ministerio de Salud para adjuntar al expediente. // Se le indica que se realizará cierre del caso por parte del Ministerio de Salud, a lo que presenta anuencia.\" // \"Trazabilidad: // Se realiza trazabilidad de manera telefónica, donde se le indica situación al presidente de la ASADA, así como el cierre por parte del Ministerio de Salud al contar con ordenanza de instancia superior para eliminar contenedor y tener el caso del terreno privado en la Municipalidad. A lo que presentó anuencia.\" (informe rendido y documentación aportada). // De conformidad con lo expuesto, no hay razón para estimar el recurso. En primer término, las propiedades no están enclavadas. Tienen acceso a calle pública por medio de alamedas, conforme al diseño de la urbanización. Por otra parte, la decisión de la Municipalidad no es intempestiva ni arbitraria. Obedece a denuncias puntuales presentadas contra la invasión. De igual forma, en las respectivas resoluciones se expusieron las razones para fundamentar lo resuelto y se dio oportunidad de impugnarlo, lo cual hicieron los interesados. En cuanto a si el terreno registralmente aparece a nombre del IMAS y no de la Municipalidad o si debe ser donado a esta última, son cuestiones ajenas a esta sede constitucional, las cuales en nada implican por sí mismas una lesión a los derechos fundamentales de los amparados. La Municipalidad procedió a revertir la situación, en particular el asfaltado de un acceso, sin contar con permisos municipales y en un área que, según se aclara, está destinada a juegos infantiles. El IMAS, por otra parte, no solo no ha objetado la actuación municipal, sino que, en los informes rendidos, se confirma que se trata de \"áreas públicas establecidas en el Diseño de Sitio de la Urbanización\". // De la misma forma, en el informe rendido por el Área Rectora de Salud, que da cuenta del resultado de la inspección realizada, se descarta lo planteado por el recurrente en cuanto a la contaminación de tuberías de la ASADA. Esta situación, en realidad, si bien está relacionada con la anterior, se trata de cuestiones independientes, puesto que la alegada contaminación (que se descartó) es independiente del cierre del paso construido sin permisos. // Finalmente, en cuanto al ICE se refiere, es claro que sí tiene acceso a la torre colocada en el lugar, por otro camino y no al que se refiere el recurrente. En suma, de conformidad con las razones expuestas, el recurso debe declarar sin lugar.\" (destacado propio).   Así las cosas, según el planteamiento de los hechos que realiza la parte accionante de este caso, su denominada \"teoría del caso\" (posición) consiste en que el presente se trata de un caso en que se violentan \"derechos fundamentales\" de la parte promovente, así como que existe un riesgo de contaminación en el sitio donde la ASADA accionante tiene su infraestructura y un perjuicio al ICE que da mantenimiento a las torres ubicadas en el lugar. Así las cosas, del estudio de los autos que conforman el presente legajo de medida cautelar y el expediente principal no puede considerarse que se configure el primer presupuesto de la tutela cautelar, por cuanto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el fallo desestimatorio antes citado zanja y dirime, definitivamente, sin posibilidad de ulterior recurso, si fue quebrantado o no un derecho fundamental, humano o bien un valor, principio o precepto constitucional. El Tribunal Constitucional en el fallo antes indicado no solo desestima la vulneración de derechos fundamentales en este caso, sino que además indica también lo siguiente: \"En primer término, las propiedades no están enclavadas. Tienen acceso a calle pública por medio de alamedas, conforme al diseño de la urbanización. Por otra parte, la decisión de la Municipalidad no es intempestiva ni arbitraria. Obedece a denuncias puntuales presentadas contra la invasión. De igual forma, en las respectivas resoluciones se expusieron las razones para fundamentar lo resuelto y se dio oportunidad de impugnarlo, lo cual hicieron los interesados. (...) La Municipalidad procedió a revertir la situación, en particular el asfaltado de un acceso, sin contar con permisos municipales y en un área que, según se aclara, está destinada a juegos infantiles. El IMAS, por otra parte, no solo no ha objetado la actuación municipal, sino que, en los informes rendidos, se confirma que se trata de \"áreas públicas establecidas en el Diseño de Sitio de la Urbanización\". // De la misma forma, en el informe rendido por el Área Rectora de Salud, que da cuenta del resultado de la inspección realizada, se descarta lo planteado por el recurrente en cuanto a la contaminación de tuberías de la ASADA. Esta situación, en realidad, si bien está relacionada con la anterior, se trata de cuestiones independientes, puesto que la alegada contaminación (que se descartó) es independiente del cierre del paso construido sin permisos. // Finalmente, en cuanto al ICE se refiere, es claro que sí tiene acceso a la torre colocada en el lugar, por otro camino y no al que se refiere el recurrente. En suma, de conformidad con las razones expuestas, el recurso debe declarar sin lugar.\" (destacado propio). No obstante lo indicado por la Sala Constitucional, en lo medular, los accionantes pretenden que se deje sin efecto el cierre realizado por la administración municipal y que se habilite el ingreso por el camino argumentando la existencia de un daño potencial grave por las mismas valoraciones a derechos fundamentales que la Sala Constitucional descartó en el fallo desestimatorio del amparo. Así las cosas, al partir la posición de la parte accionante de una potencial vulneración de derechos fundamentales como base de su gestión cautelar, y ante la existencia del citado fallo constitucional desestimatorio, en cualquiera de los escenarios formulados tanto por la acción de tutela cautelar inicial como por la posterior formulada por la ASADA La Cima, carece de apariencia de buen derecho la medida cautelar solicitada por lo que debe ser levantada y dejada sin efecto la medida cautelar provisionalísima dictada ante la existencia de un fallo posterior sobre el caso dado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que en el proceso de amparo, a través de su  sentencia desestimatoria N° 2024024845, el citado Tribunal Constitucional declara de manera última y definitiva si hubo o no una amenaza o violación efectiva de un derecho fundamental o humano y en este caso lo descarta y declara SIN LUGAR desestimando por las razones dichas la vulneración de un derecho fundamental en este caso. Por tal razón, no se cumple ni siquiera con el primero de los presupuestos requeridos para la tutela requerida y se descarta la apariencia de buen derecho de la medida cautelar solicitada. V. C).- ACERCA DEL PRESUPUESTO DEL GRAVE DAÑO: Independiente de lo indicado acerca de la no configuración del primer y más elemental requisito de la tutela cautelar visto en el apartado anterior, a los efectos que legalmente correspondan, y para que conste el análisis de lo referente al daño grave, aspecto central en las argumentaciones que presenta la parte gestionante en su gestión, se procede a indicar que dicho presupuesto procesal tampoco se configura tal y como de seguido se verá. Respecto del peligro en la demora, se ha indicado antes por este Tribunal,  en el fallo 009-2021-T de las doce horas y tres minutos del día siete de enero de dos mil veintiuno que: \"...para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales, a la situación jurídica de la parte promovente. En ese sentido debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial) sino que debe probarse, situación que implica una carga procesal que debe asumir la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 41 del Código Procesal Civil.\" Sobre este presupuesto de tutela cautelar se ha indicado también, en su momento \"[…] la actual legislación viene a establecer una flexibilización del antiguo sistema procesal que hablaba de “imposible o difícil reparación” – o sea, era rígido –, pasamos de una posición sumamente rígida de demostración de esos daños y perjuicios de “imposible y difícil reparación” a un sistema más flexible, precisamente en la filosofía de apertura de las cautelares […] a un rango de “gravedad” que tienen que llenar los perjuicios.  Por lo tanto, hablar de que se tienen que demostrar graves daños de difícil o imposible reparación es una frase que ya no existe […] Pero el límite, y esto es lo que es importante, de justamente que establece el artículo 21 son “graves” la palabra “graves”, de esa gravedad “hacia arriba” procede la cautelar, de esa gravedad “hacia abajo”  lo que no pueda entrar y clasificarse como grave no entra dentro del presupuesto de la cautelar.  En otras palabras, si los daños no alcanzan ese rango de “gravedad” la medida no procede […]. (TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Resolución 286-08 de las doce horas treinta minutos del nueve de mayo de 2008. Cfr. 12:34:22 – 12:35:27 de la grabación digital correspondiente, exp. 08-35-1027-CA).  Ahora bien, sobre el peligro en la demora indica la gestionante, en síntesis, la vulneración de sus derechos fundamentales e indica que la obstrucción implica un daño potencial irreparable ante eventuales emergencias. Ahora bien, con base en las razones citadas anteriormente, la Sala Constitucional descartó la vulneración de derechos constitucionales en este caso y además indicó que la Municipalidad procedió a revertir la situación en el sitio, en particular el asfaltado de un acceso, sin contar con permisos municipales y en un área que, según se aclara, está destinada a juegos infantiles, así como también indicó que  las propiedades que nos ocupan no están enclavadas. Tienen acceso a calle pública por medio de alamedas, conforme al diseño de la urbanización. Así las cosas, lo indicado en el citado fallo constitucional permite también desvirtuar la existencia del daño potencial grave que se alega por las mismas razones indicadas en el fallo constitucional que antes se citó a las cuales se remite, por lo que tampoco se puede tener por configurado este presupuesto, al haber incumplido la parte actora con las reglas que rigen la carga probatoria, ya que se debe presentar la prueba de respaldo de sus afirmaciones al tenor del artículo 41.1.1 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria, por disposición del 220 del CPCA). Se debe indicar que en la materia de tutela cautelar rige el principio racional de prueba, que no es otra cosa que el necesario y posible a la luz del caso particular, tal y como ha indicado reiteradamente la jurisprudencia aplicable: \"La certeza del daño, no exige sin embargo su plena prueba, pues en vista de la sumariedad de la gestión cautelar, de la urgencia y algunas veces de la potencialidad del daño mismo, es prácticamente imposible su comprobación. Algunas veces incluso, son consecuencia lógica e ineludible de la conducta pública, por lo que no exigen mayor elemento probatorio.  En este caso, debe darse una comprobación a 'través del principio racional de prueba', que no es otra cosa que el necesario y posible en cada caso particular.\" (Tribunal Contencioso Administrativo, Seccion Segunda, II Circuito Judicial de San José, N° 1-2007 de las once horas del doce de enero de 2007, citando el voto del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, número 167-2002, de las once horas diez minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dos, entre muchos otros). Así las cosas, los elementos que constan en autos llevan a este juzgador a tener por no configurado el segundo presupuesto de la tutela cautelar, según se ha detallado. Ahora bien, a mayor abundamiento de razones, sobre la aplicación de la carga probatoria en gestiones de tutela cautelar como la que nos ocupa ha indicado este Tribunal, en lo que interesa: \"(...) El peligro y el daño no solo debe indicarse sino demostrarse, toda vez que es deber del accionante aportar todos los elementos probatorios que respalden su tesis al amparo de lo regulado por el numeral 41.1.1 del Código Procesal Civil utilizado supletoriamente por el canon 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, así que si el actor no aporta prueba que respalde el grave daño que le produce la posible decisión administrativa, no puede este Juzgador suplir la función de la parte y presumir un posible daño sin un sustento probatorio, es decir, daño no solo debe indicarse de manera genérica o presumirse, sino debe detallarse de manera amplia para tratar de justificar adecuadamente el grave daño causado, además debe demostrarse, aspectos que no cumple la medida cautelar solicitada lo que hace difícil y contraproducente su adopción, pues para que opere el otorgamiento es necesario presencia de una probabilidad razonable y objetivamente fundada de existencia de una afectación grave a la parte promovente con motivo de la dilación del proceso de conocimiento. Así, se requiere al menos la acreditación de un grado de certeza razonable de la existencia de las condiciones de hecho consistentes en la amenaza que el gestionante estima como daño grave....\" (resolución número 02274-2019, de las quince horas cincuenta y cinco minutos del 17 de diciembre del 2019, referida dentro del fallo del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera, N°349-2020-I de las diez horas treinta minutos del siete de julio de dos mil veinte, destacado propio). En el presente caso, al igual que en el precedente referido del Superior el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, nos encontramos frente a un supuesto en que la prueba aportada a los autos no resulta idónea y suficiente para tener por configurado el segundo presupuesto de la tutela cautelar, por lo antes indicado en detalle. Así las cosas, se considera que a a luz de los elementos de prueba que se han hecho llegar a los autos, no hay prueba suficiente que permita establecer que el segundo elemento necesario para la tutela cautelar debiéndose rechazar la presente medida cautelar y ordenar el levantamiento de la medida cautelar provisionalísima decretada previamente, como en efecto se dispone. V. D).- ACERCA DE LA PONDERACIÓN DE INTERESES EN JUEGO:  Así las cosas, aun y cuando los tres presupuestos básicos de la tutela cautelar deben ser analizados en forma de escalerilla, y que la configuración en el caso concreto del segundo supuesto, por lo dicho anteriormente, ha quedado descartado; para efectos de facilitar la tutela judicial efectiva en el presente caso concreto, y para que conste el análisis de los tres presupuestos a los efectos que en derecho correspondan, resulta pertinente entonces entrar al valorar lo correspondiente al tercer presupuesto relativo al equilibrio o ponderación de intereses en juego, de manera que quede plasmado en este fallo también lo pertinente respecto de la ponderación de intereses, así como la posible afectación al interés público y de terceros. Así las cosas, aun y dejando hipotéticamente de lado lo anteriormente indicado en cuanto a la no configuración del segundo presupuesto de la tutela cautelar, a los efectos que legalmente correspondan, ha de analizarse que, en cualquier caso, como tercer presupuesto de la tutela cautelar se encuentra lo relativo al equilibrio o ponderación de intereses en juego, debemos recordar que resulta necesaria la concurrencia de los tres presupuestos antes señalados para poder otorgar una tutela cautelar como la que se pretende, y en cuanto a la ponderación de los intereses involucrados en el caso, debe señalarse que para la procedencia de una medida cautelar se requiere la verificación simultánea de los tres presupuestos legales establecidos en el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de forma que debe realizarse un análisis final sobre este tema.  El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha analizado dicho presupuesto cautelar en los siguientes términos: \"En cuanto al tema del equilibrio o ponderación de los intereses en juego, es necesario recordar que en este tipo de medidas es de rigor ponderar los efectos que la eventual medida pueda llegar a generar en el ámbito del interés particular del petente versus el que se concreta en el interés público, esta exigencia a nivel doctrinario ha sido también objeto de comprensión en lo que se ha denominado la bilateralidad del periculum in mora, el juzgador, de previo a adoptar una medida cautelar, debe mensurar las implicaciones que esta decisión pueda llegar a producir en el interés público y en la situación jurídica de terceras personas, en tal equilibrio es necesario también ponderar la incidencia que la cautelar produzca en la actividad ordinaria de la administración pública pues bien puede llegar a afectar o a truncar la gestión sustantiva de una determinada organización administrativa, en esta línea la correcta ponderación del interés público conlleva a determinar el rechazo de la petición cautelar cuando el perjuicio al interés público sea superior al interés privado teniendo en cuenta incluso las previsiones financieras o presupuestarias que deba adoptar la administración pública para ejecutar la medida cautelar, finalmente, valga subrayar, que la medida cautelar que se adopte debe ser siempre adecuada de cara al caso concreto en tanto debe resultar idónea para satisfacer los fines perseguidos de modo razonable y proporcionado teniendo en mente los intereses en juego...\" (ver resolución del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, N°336-2017-I de las trece horas con treinta y cinco minutos del nueve de agosto de 2017, entre muchas otras). Así las cosas, a la luz del caso concreto, el elemento de ponderación de los intereses en juego el que debe guiar también, en su caso, la decisión que se adopte, y, en el contexto del expediente que nos ocupa, lleva a rechazar la tutela solicitada por la parte accionante. Existe cierto consenso doctrinal acerca de que la ponderación es una técnica de argumentación en la que se procede a través de tres fases sucesivas: a) identificación de los intereses en conflicto; b) atribución de un peso a cada uno de ellos, y finalmente; c) decisión de equilibrio o prevalencia condicionada según el criterio de ‘cuando mayor afectación de uno mayor importancia del cumplimiento del contrario’, o, simplemente, ‘cuanto más… entonces’ según la fórmula del Tribunal Constitucional Federal alemán. En este caso, en cuanto a la identificación de los intereses en conflicto, en síntesis, tenemos que la parte actora alega una vulneración a derechos fundamentales con ocasión de la conducta municipal y un daño potencial al medio ambiente y salud que, como se indicó previamente, fue descartada por la Sala Constitucional. Por otro lado, la municipalidad accionada alega que no se configuran los requisitos para la tutela cautelar solicitada, pues es mas bien la conducta de la parte actora la que ha resultado lesiva para el interés público por causar un daño al invadir un bien demanial dándole un uso diferente al establecido en el diseño de sitio de la Urbanización, refiere nuevamente a lo señalado en el recurso de amparo antes citado por lo que señala que la Urbanización La Cima cuenta con acceso dado desde su creación, los cuales no son utilizados por la parte actora y otros vecinos de la comunidad, máxime que existe una sentencia emitida por la Sala Constitucional en la cual se declara sin lugar la misma pretensión de la parte recurrente aquí accionante e indica que se eliminaron los desechos, escombros y basura del lugar así como a reubicar el contenedor de manera que no se afecten las tuberías de agua potable. Ahora bien, dados los términos antes señalados en que fue dictado el fallo constitucional antes citado N° 2024024845, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia descartó la vulneración de derechos constitucionales en este caso y además indicó que la Municipalidad procedió a revertir la situación en el sitio, en particular el asfaltado de un acceso, sin contar con permisos municipales y en un área que, según se aclara, está destinada a juegos infantiles, así como también indicó que  las propiedades que nos ocupan no están enclavadas. Tienen acceso a calle pública por medio de alamedas, conforme al diseño de la urbanización. Así las cosas, en el caso concreto, el conflicto ha de inclinarse por el peso prevalente de la tutela de los bienes demaniales. En síntesis, según los términos en que ha quedado formulado el conflicto, se alega por la parte actora un conflicto entre la potencial afectación de derechos fundamentales que implican los actos impugnados, y cuya valoración concreta no ha quedado demostrada por la parte accionante, frente a una afectación de los intereses públicos consistentes en las potestades de ordenamiento y tutela de los bienes demaniales ubicados en el sitio en cuestión. En este sentido, ha de señalarse que es criterio de este juzgador que tomando en consideración la falta de sustento probatorio antes señalado para las afirmaciones que realiza la parte accionante, y tomando en consideración lo indicado por Sala Constitucional en la sentencia  N° 2024024845, de accederse a lo solicitado se estaría causando una afectación significativa y muy grave a los intereses públicos involucrados. En síntesis, en el caso concreto media un conflicto entre los intereses particulares de la parte promovente y las potestades de ordenamiento y tutela de bienes demaniales. Ante tal situación, el juicio de ponderación ha de inclinarse por el rechazo de la solicitud formulada por la parte actora, ante la prevalencia de la afectación de los intereses públicos antes referidos. En este caso particular, el interés público prevalente es contrario a lo solicitado. Como corolario de lo anterior y según se explicó líneas atrás, al no sustentar la existencia de todos los presupuestos cautelares de conformidad con los artículos 1, 2, 20, 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se impone como consecuencia el rechazo de la medida cautelar promovida y, en consecuencia, se deja sin efecto y se ordena el levantamiento de la medida cautelar provisionalísma decretada en este caso previamente\" (destacado del original). No observa este juzgador motivo alguno para variar el criterio rendido en el fallo  N°2024007580 de las once horas con cinco miutos del veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, visible a imágenes 307 a 338 del legajo de la primera medida cautelar, cuyos razonamientos resultan plenamente aplicables al presente caso, al tratarse básicamente de una reiteración de la primera solicitud de medida cautelar ya resuelta y rechazada por este Tribunal al no configurarse los presupuestos necesarios para su adopción. Por lo tanto, ante la existencia de un fallo posterior sobre el caso dado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que en el proceso de amparo, a través de su  sentencia desestimatoria N° 2024024845, el citado Tribunal Constitucional declara de manera última y definitiva si hubo o no una amenaza o violación efectiva de un derecho fundamental o humano y en este caso lo descarta y declara SIN LUGAR desestimando por las razones dichas la vulneración de un derecho fundamental en este caso. Por tal razón, así como los razonamientos antes señalados en el fallo N°2024007580 que resultan plenamente aplicables a esta segunda gestión de reiteración de la tutela cautelar, no se cumple ni siquiera con el primero de los presupuestos requeridos para la tutela requerida por lo que procede el rechazo de la segunda gestión cautelar presentada en autos.\n\n \n\nPOR TANTO\n\n \n\n Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con los artículos 20 y 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se RECHAZA y declara sin lugar la solicitud de medida cautelar promovida por la ASADA La Cima, cédula de persona jurídica 3002328260, y la ASOCIACIÓN PRO MEJORAS LA CIMA, cédula de persona jurídica 3002680541, en contra de contra de la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN. Notifíquese. Dr. José Alvaro López Camacho, Juez Tramitador. JLOPEZCAM\n\n \n\n \n\n\n\n\n- Código Verificador -\n\n7ZISVOLWFZU61\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nJOSE ALVARO LOPEZ CAMACHO, JUEZ/A TRAMITADOR/A\n\n \n\nEXP: 24-005013-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:41:07.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**N° 2024007922**\n\n**CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA,** at seventeen hours and fifteen minutes on the fifth of November of two thousand twenty-four.-\n\nA precautionary measure filed by **ASADA La Cima**, legal entity identification number 3002328260, and the **ASOCIACIÓN PRO MEJORAS LA CIMA**, legal entity identification number 3002680541, against the **MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN** is being heard; **THE STATE**, the Joint Institute for Social Assistance (Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS), and the Costa Rican Electricity Institute (Instituto Costarricense de Electricidad, ICE) are intervening as interested third parties.\n\n**WHEREAS**\n\n**First:** By means of a brief filed on September 27, 2024, the moving party formulated a request for a precautionary measure, stating the following as the precautionary claim: \"[…] REQUEST FOR PRECAUTIONARY MEASURE // Given the delicate nature of the situation and due to the harmful nature of the municipal action against the fundamental rights of the ASADA users, it is requested to maintain the PRECAUTIONARY MEASURE ordered in case file 24-005013-1027-CA against the MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, while the lawsuit against said municipality is resolved\" (see image 19 of the precautionary measure file).\n\n**Second:** By means of the order issued at nine hours twenty-eight minutes on October twenty-ninth of two thousand twenty-four, notified at fourteen hours forty-eight minutes on the same day, October 29, 2024, the respondent was given a hearing regarding the requested precautionary measure, without making any statement on the matter (the case record).\n\n**Third:** By means of briefs dated November 1, 2024, and November 4, 2024, the representatives of the ICE and THE STATE indicate that no interest is perceived for which they should intervene in this matter (see images 79 to 83 of the precautionary measure file of the digital case file, hereinafter the \"digital case file\").\n\n**Fourth:** That in this case, the required formalities have been observed, and no defects susceptible of causing nullity or defenselessness to the parties are perceived.\n\n**WHEREAS:**\n\n**I.- PURPOSE OF THE REQUEST FOR PRECAUTIONARY MEASURE.** In this matter, the moving party requests a precautionary measure so that the following is declared: \"[…] REQUEST FOR PRECAUTIONARY MEASURE // Given the delicate nature of the situation and due to the harmful nature of the municipal action against the fundamental rights of the ASADA users, it is requested to maintain the PRECAUTIONARY MEASURE ordered in case file 24-005013-1027-CA against the MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, while the lawsuit against said municipality is resolved\" (see image 19 of the precautionary measure file). Now, in the aforementioned case file, in the first precautionary measure file, through a brief filed on July 19, 2024, the moving party requested the following: \"...REQUEST FOR PRECAUTIONARY MEASURE // Given the delicate nature of the situation and due to the harmful nature of the municipal action against the fundamental rights of the respondents, a PRECAUTIONARY MEASURE is requested to ask the MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN to stop blocking the passageway and to clean the surroundings of the ASADA's water intakes (tomas de agua) and to remove the waste to allow the free transit of persons, emergency vehicles, and others. (...) TO GRANT this request for a PRECAUTIONARY MEASURE *ANTE CAUSAM* PROVISIONALÍSIMA to nullify the closure of the passage easement (servidumbre de paso), and to allow entry to the homes and the exit of vehicles...\" (see image 13 of the precautionary measure file, page 12 of the filed action). This is a precautionary measure of an obligation to act, consisting of enabling the passageway and cleaning the surroundings of the ASADA's water intakes (tomas de agua), as well as removing waste to allow the free transit of persons and emergency vehicles, crossing property number 3-115339, plan 3-878024-1990.\n\n**II.- ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF.** In general terms, the plaintiff states the following regarding the basis for their action: In summary, the plaintiff indicates that the fundamental rights of the moving party are in danger due to events that occurred on July 12 and 18, 2024, in which municipal officials and machinery, at the location of the aforementioned passage easement (servidumbre de paso) -the only vehicular entrance and exit- dumped several wagonloads of waste material, garbage, and solid waste containers that obstruct the passage, without any justification, and upon consulting the registered owner (Joint Institute for Social Assistance or IMAS), they were told that IMAS had no connection with the actions taken and, on the contrary, authorized passage through the place. The appellant indicates that the administrative conduct harms the interest defended by the moving party and affects the transport of the necessary supplies for the water cleaning and purification activity, harming the plaintiff's fundamental rights and right of defense, and because the obstruction of the passage exposes the vulnerable population to risk and also does not allow the passage of emergency vehicles. The plaintiff indicates that the human right to water is affected, which was reported to the Ministry of Health, since containers with solid waste were placed near the drinking water pipes of the Community of La Cima. The acting party indicates that the respondent affects the passage easement (servidumbre de paso), as well as the right to health, free transit, due process, and the right of petition and defense. Regarding the danger in delay, the moving party indicates that the obstruction implies potential irreparable harm in the event of eventual emergencies, and regarding the so-called appearance of good law, they indicate that the non-recklessness of the request is sufficient, without entering into the merits of the matter, as that corresponds to the merits process, such that there are factual and legal grounds to consider this requirement satisfied. Regarding the balancing of the interests at stake, they indicate that the effects of the eventual measure on the public interest as well as the legal situation of third parties must be weighed. They provide as documentary evidence what is indicated as having already been provided in the case file. In this regard, in the file of the first precautionary measure, the plaintiff provided the complaints and appeals as well as photographs that are recorded in the filed action (see images 4, 5, and 16 to 54 of the first precautionary measure file).\n\n**III.- REGARDING THE RESPONDENT and the position of the interested third parties.** A) POSITION OF THE MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN: Although the respondent did not comment on this second request for a precautionary measure within the granted hearing, as this is an action that, in summary, reiterates what was already established in the first request for a precautionary measure, as previously indicated, it must be taken into consideration that when responding to the first precautionary measure, the respondent did comment regarding the precautionary measure, requesting that it be rejected because the legal requirements for its granting are not met. As previously indicated, when responding to the first request for a precautionary measure, the representation of the MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN rejects the filed action, indicating that it does not comply with the necessary requirements and conditions for the measure to be granted. The foregoing because, in essence, it indicates that there is no appearance of good law insofar as the situation arises against a property of a \"demanial\" nature that the plaintiff and other neighbors intend to use and which has a purpose according to the site design as a \"play area,\" the plaintiffs in the process having access to their homes through the points established since the constitution of the La Cima urbanization, and the necessary steps are being taken to register said property with the State Notary's Office, which currently appears in the name of IMAS, such that the municipality has proceeded to act based on the powers granted by the legal system, by virtue of the fact that the plaintiff and other neighbors have used the demanial property for their benefit for a different purpose, so the property was closed. Regarding the danger in delay, the respondent indicates that the illegal action of the plaintiff is evident and manifest. It indicates that the Constitutional Chamber already resolved this case in ruling No. 2024024825, to which it refers, and that, according to the constitutional ruling, the properties are not landlocked and have access to a public street through walkways, in accordance with the urbanization design, such that the municipality's decision is due to specific complaints filed against the invasion. In this regard, the respondent municipality finally argues: \"(...) Regarding access, and as is obtained from the evidence provided, the La Cima Urbanization does have roads incorporated in the Municipal Road Inventory, according to Road Code 303021, and has a length of 540 meters and an average right-of-way width of 11 meters, and therefore it is not a landlocked property (fundo enclavado), as has been mentioned previously. // Thus, based on the foregoing, it is requested that the requirement of DANGER IN DELAY in this request for a precautionary measure NOT be considered accredited.\" (see image 164 of the first precautionary measure file of the digital case file). Finally, regarding the balance of interests at stake, the respondent municipality indicates, in summary, that the plaintiff's conduct has been harmful to the public interest by causing damage by invading a demanial property, giving it a different use than that established in the site design of the Urbanization. It again refers to what was indicated in the *amparo* appeal cited above, noting that the La Cima Urbanization has had access since its creation, which is not used by the plaintiff and other community members, especially since there is a judgment issued by the Constitutional Chamber in which the same claim of the appellant here is declared without merit, and it indicates that the waste, debris, and garbage were removed from the place, and the container was relocated so as not to affect the drinking water pipes. Finally, it requests the rejection of the precautionary measure with the consequent lifting of the provisionalísima measure decreed in the proceedings. It offers as evidence the following documents: 1) Resolution No. 2024024845 of the Constitutional Chamber, issued at nine hours twenty minutes on August thirtieth, two thousand twenty-four. 2) Official letter MLU-DAM-PROY-RBI-177-2024 dated August 16, 2024, and signed by Licda. Adriana Acuña Chaverri, Attorney for the Property Recovery Project. 3) Official letter MLU-DAM-PROY-RBI-166-2024 dated July 23, 2024, and signed by Eng. Alonso Vargas Sanabria, Surveyor, Property Recovery Project. 4) Official letter MLU-DISE-602-2024, signed by Eng. Marlon Pereira Pérez, Director of the Infrastructure and Services Directorate. 5) Official letter MLU-CYC-483-2024, signed by Eng. José Alejandro Ramírez Solís, Coordinator of the Streets and Roads Department. 6) Official letter MLU-SM-341-24-2024-2028, signed by Mrs. Vivian Retana Zúñiga, Secretary of the Municipal Council. 7) Official letter PWP-OFI-650-2024 dated March 7, 2024, and signed by Msc. Johanna Masís Díaz, Attorney, Office of the Attorney General of the Republic (Complaint against the Municipalidad de La Unión for apparently not addressing the situation of improper appropriation of common areas). 8) Official letter MLU-DAM-PROY-065-2024 (102-2023) dated April 12, 2024, and signed by Eng. Alonso Vargas Sanabria. 9) Resolution MLU-DAM-PROY-066-2024, dated April 16, 2024, and signed by Licda. Adriana Acuña Chaverri, Attorney for the Property Recovery Project. (Notification). 10) Resolution MLU-DAM-PROY-RBI-079-2024 dated April 30, 2024, and signed by Licda. Adriana Acuña Chaverri, Attorney for the Property Recovery Project, which resolves the Reconsideration Appeal filed against official letter MLU-DAM-PROY-066-2024. 11) Resolution MLU-DAM-RES-047-2024 dated May 28, 2024, and signed by MBA. Cristian Torres Garita, Municipal Mayor, which resolves the Appeal filed against official letter MLU-DAM-PROY-066-2024. 12) Resolution MLU-DAM-RES-056-2024 dated June 14, 2024, and signed by MBA. Cristian Torres Garita, Municipal Mayor, which resolves the Reconsideration Appeal filed against official letter MLU-DAM-RES-047-2024. 13) Official letter MLU-UTGVM-CONSTANCIA-042-2024, signed by Eng. Rafael Matamoros Rojas, Coordinator UTGVM. 14) Cadastral plan C-878024-90 registered in the National Registry. 15) Site Design. 16) Chain of emails related to the poorly located garbage dump and its relocation. 17) Official letter MLU-GESA-313-2023 dated August 25, 2023, signed by Eng. Ricardo Laurent Aguilar, Coordinator, Environmental Management. 18) Photographs of the work carried out by municipal personnel on Friday, September 6, 2024 (see images 131 to 134, as well as images 156 to 251 of the digital case file of the first precautionary measure file). B) POSITION OF THE INTERESTED THIRD PARTIES: As previously referred to, it must also be taken into consideration that when referring to the first precautionary measure, the representation of IMAS, an interested third party, refers to the precautionary measure, indicating that although registrally the areas are still in the name of IMAS, the municipal entity also has standing to perform acts on the aforementioned demanial property, as it indeed did, offering as evidence official letters IMAS-DDS-DDSPC-0554-2024 and IMAS-DDS-DDSPC-0641-2024 (see images 88 to 119 of the first precautionary measure file of the digital case file). In turn, the representations of the ICE and THE STATE indicate that no interest is perceived for which they should intervene in this matter (see images 79 to 83 of the precautionary measure file of the digital case file, hereinafter the \"digital case file\"). The ICE's representation appeared in the proceedings through briefs dated November 4, 2024, visible in images 82 to 83 of the digital case file, and states that it has no interest in the present process, given that the property in question does not belong to the ICE and it has not suffered harm to any of its interests, because the maintenance and inspection of the transmission line called Cachi-Colima is carried out specifically at tower number 65, located in La Cima de Dulce Nombre de la Unión, and the work is carried out on foot, using the easement established to access the tower, which does not correspond to the path referred to in this process. Thus, it indicates that it has no involvement in this precautionary measure and therefore requests that the ICE be excluded in accordance with the foregoing. Now, the representation of the State, through a brief dated November 1, 2024, indicates that it does not perceive any interest for which the State should intervene in this matter (see images 79 to 80 of the precautionary measure file).\n\n**IV.- REGARDING THE REQUIREMENTS FOR GRANTING AN ATYPICAL PRECAUTIONARY MEASURE.** As has been developed by the Constitutional Chamber, as well as in prior rulings of this Court (see, among others, ruling No. 38-2022 of ten hours ten minutes on January twelfth, two thousand twenty-two), precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment (Resolution 7190-1994, of 15:24 hours on December 6). In this same sense, Article 19 of the Contentious-Administrative Procedure Code establishes that the purpose of establishing a precautionary measure is to protect and guarantee, provisionally, the object of the process and the effectiveness of the judgment. The doctrine has indicated that the purpose of precautionary justice is not to declare a fact or responsibility, nor to constitute a legal relationship, nor to execute a mandate and satisfy a right held without dispute, nor to settle a litigation, but to prevent the damages that the litigation may cause or that may arise from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). In ruling #4074-2010, the Contentious-Administrative Court indicates that: \"the requirements of precautionary protection are three: danger in delay, appearance of good law, and the balancing of interests, particularly the public interest\" and \"[o]nly upon the concurrence of the three elements, that is, the appearance of good law, the danger in delay, and that from the balancing analysis of interests it is considered that the harm suffered by the individual must be protected above the other interests at stake, can the court proceed to grant the precautionary measure requested\" (Contentious-Administrative Court, resolution no. 4074-2010 of 13:21 hrs. on October 29, 2010). The Contentious-Administrative Court of Appeals has also indicated in the same sense: \"In the case of precautionary measures, this implies that, in addition to what is related to the structural characteristics of instrumentality and provisionality, the resolution must explain in a clear and sufficient manner how the requirements of appearance of good law, danger in delay, and balancing of the interests at stake are met or not; none of them can be set aside, because for the measure to be adopted to proceed, the law requires the concurrence of all of them [...] if this Court hypothetically were to uphold the arguments regarding this point, and understand that the element of balancing of interests is indeed present, that would oblige this Court in the first and sole instance to enter into the analysis and development of the balancing of interests issue in a way that the trial judge omitted, therefore, as the party rightly indicated at the time, it would mean that this Court substitutes the trial judge in the analysis at first or sole instance of that element, thus depriving the party of the right to appeal regarding what has been indicated\" (see resolution of the Contentious-Administrative Procedural Court, no. 132-2017-I of sixteen hours eighteen minutes on March twenty-ninth, two thousand seventeen. Cf. 00:16:24 – 00:21:35 of the digital recording of the corresponding ruling). This position is complemented by the criteria expressed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, acting as the Contentious-Administrative Court of Cassation, in Ruling No. 5-F-TC-2008 of ten hours forty-five minutes on February sixth, two thousand eight, regarding the need to fulfill the evidentiary burden in this precautionary phase, by indicating that \"(…) three requirements that are applied, such as the fumus bonis iuris or appearance of good law… the danger in delay and the balancing of the interests at stake… the appearance of good law, according to the new legislation, does not constitute an onerous burden of demonstrating the seriousness of the lawsuit, but rather the judge's even internal assessment that said judgment is not reckless, that it is not lacking in seriousness, which is an inverted view, indeed, of the so-called fumus bonis iuris; this periculum also corresponds to the burden, as an evidentiary burden for the party requesting the precautionary measure, and this being so, the precautionary measure is a provisional judgment of that danger in delay, it is not… an assessment of the merits of the process… in what corresponds to the specific case (…) and this Chamber, after deliberating conscientiously and extensively as it does (…) has considered that the serious or irreparable damages that warrant the adoption of the precautionary measure in question are not duly demonstrated (…) In short, the Court estimates that the principle of rational proof of the precautionary measure, which corresponds to a balanced proof, is not met. While it is true that conclusive proof is not required, because it cannot be so in a precautionary measure, we cannot leave it to the sole discretion of the appellant's word; there are also potential public interests involved.\" Based on the foregoing normative and jurisprudential analysis framework and the elements required for the estimation of a precautionary measure, we proceed to study the specific case, addressing the presentation of the case theory and the offering of evidence. Having established the analysis scenario and the three elements required for the estimation of a precautionary measure, the specific case is analyzed below.-\n\n**V.- REGARDING THE SPECIFIC CASE.** Precautionary measures for their approval require the concurrence of the three elements indicated above (appearance of good law in its inverted view, almost comparable to a \"fumus non mali iuris\", danger in delay, and the balance of interests). Furthermore, this precautionary measure must be instrumental, accessory, and provisional, insofar as it seeks to ensure the effectiveness of the judgment in the main case file. It is the responsibility of the moving party to explain, analyze, and substantiate each of these requirements, and for the respondent parties to debate the arguments presented, and thus, based on the parties' theories and the mentioned evidence, determine what is legally appropriate regarding the merits of the requested measure. The plaintiff's claim for precautionary protection seeks that, in this precautionary venue, the following be declared: \"[…] REQUEST FOR PRECAUTIONARY MEASURE // Given the delicate nature of the situation and due to the harmful nature of the municipal action against the fundamental rights of the ASADA users, it is requested to maintain the PRECAUTIONARY MEASURE ordered in case file 24-005013-1027-CA against the MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, while the lawsuit against said municipality is resolved\" (see image 19 of the precautionary measure file). Now, in the aforementioned case file, in the first precautionary measure file, through a brief filed on July 19, 2024, the moving party requested the following: \"...REQUEST FOR PRECAUTIONARY MEASURE // Given the delicate nature of the situation and due to the harmful nature of the municipal action against the fundamental rights of the respondents, a PRECAUTIONARY MEASURE is requested to ask the MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN to stop blocking the passageway and to clean the surroundings of the ASADA's water intakes (tomas de agua) and to remove the waste to allow the free transit of persons, emergency vehicles, and others. (...) TO GRANT this request for a PRECAUTIONARY MEASURE *ANTE CAUSAM* PROVISIONALÍSIMA to nullify the closure of the passage easement (servidumbre de paso), and to allow entry to the homes and the exit of vehicles...\" (see image 13 of the precautionary measure file, page 12 of the filed action). Now, when resolving the first request for a precautionary measure, through ruling No. 2024007580 of eleven hours and five minutes on October twenty-ninth, two thousand twenty-four, visible in images 307 to 338 of the first precautionary measure file, it was resolved to reject the request for precautionary protection based on the following, which is transcribed due to its relevance to this second request for a precautionary measure that reiterates what was originally requested: \"This is a precautionary measure of an obligation to act, consisting of enabling the passageway and cleaning the surroundings of the ASADA's water intakes (tomas de agua), as well as removing waste to allow the free transit of persons and emergency vehicles, crossing property number 3-115339, plan 3-878024-1990, alleging that it is a case in which 'fundamental rights' of the moving party are violated; the foregoing until the main merits process has been resolved by a final judgment. In another vein, in summary, the precautionary action filed by ASADA La Cima is formulated in the same terms as the initial action and appears in the proceedings and requests to be considered not as an interested third party but as a plaintiff with the same claims as the moving party (see images 135 to 155 of the digital case file). Now, the action filed on September 27, 2024, by Mr. Salazar Ruiz, ASADA La Cima, and the Asociación Pro Mejoras La Cima Uno is formulated in the same terms as the initial precautionary measure in this case and its claim is to 'maintain' the provisionalísima precautionary measure issued in that case; thus, it is processed in a separate file, as stated, being subsequent and including the aforementioned Asociación Pro Mejoras La Cima Uno. On the other hand, the respondent municipality commented, requesting the rejection of the measure in all its aspects because the legal requirements for its granting are not met, indicating that the plaintiff acts recklessly, since it is indicated that it is an invasion of land of a demanial nature, which the residents are changing the purpose of, and it is a conflict already resolved by the Constitutional Chamber in ruling No. 2024024845 (Constitutional Case File 24-019709-0007-CO). V. A).- REGARDING THE SO-CALLED 'STRUCTURAL ELEMENTS': To begin with, regarding the so-called 'structural elements' of precautionary protection, regardless of what may eventually be defined in the merits process and the questions raised regarding the administrative conduct, regarding such called 'structural' characteristics of the precautionary measure, it has been indicated, among others, in ruling 2023006573 of twenty-one hours twenty-seven minutes on December nineteenth, two thousand twenty-three, the following: 'IV.- STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF PRECAUTIONARY MEASURES. // For the determination of the appropriateness of the measure, it is also important to take into account — as was indicated supra and in addition to the already indicated requirements — that the measure to be adopted structurally has the following characteristics: 1.- The instrumentality and prior independence in relation to the final judgment issued in a main process, a question that determines, at the same time, the subordination or accessory nature of the measure with respect to the main process within, or for the purpose of which it is issued. 2.- The provisionality, insofar as its effectiveness is, in principle, exhausted at the time of issuing the judgment on the merits in the main matter or when the circumstances so require. That is, it has effects subject to the pendency of that process, as well as — on the other hand — to the permanence over time of the circumstances that were taken into account for its adoption, characteristics that arise from its intrinsic possibility of modification or revocation (efficacy rebus sic stantibus). 3.- Every judicial process entails due process, which gives rise to a series of steps that must be precluded in order to reach a resolution that definitively resolves the already judicialized conflict. It is precisely the prolongation of judicial processes that causes the danger in delay to operate, coupled with the danger or urgency that while the normal course of the action is followed, the right of the party or legally relevant interests of one of the parties may be lost or altered, and this is how the legal system foresees it in its number 78 of the Civil Procedure Code, which applies analogously to this matter. The urgency to avoid the danger in delay, a note that justifies precautionary measures adopted *ante causam*, *prima facie*, or *inaudita altera parte*. 4.- The *sumaria cognitio*, that is, that these types of measures are adopted by virtue of a summary cognition carried out by the jurisdictional body, without pre-judging the merits of the matter, which in no way replaces the full succession of steps involved in the merits process.-'. Now, in relation to the so-called 'structural' characteristics of precautionary measures, it has been made very clear from the statements of the plaintiff's representative that their main interest with this request for precautionary protection is that, in this precautionary venue, a series of obligations to act be provisionally imposed under the terms of number 20 of the Contentious-Administrative Procedure Code (CPCA). That is, it is an innovative precautionary measure consisting of enabling the passageway and cleaning the surroundings of the ASADA's water intakes (tomas de agua), as well as removing waste to allow the free transit of persons and emergency vehicles, crossing property number 3-115339, plan 3-878024-1990, alleging that it is a case in which 'fundamental rights' of the moving party are violated.\n\nThus, the matter requested is indeed related to what is discussed in the eventual proceeding on the merits; in that proceeding, it is also sought that the absolute nullity of the municipal administrative conduct be declared, and insofar as a provisional precautionary measure (medida cautelar provisional) is requested while the judicial process is being discussed, it is a request for a ruling in that provisional capacity. It is a different matter whether that request for provisional precautionary protection (tutela cautelar provisional) made by the plaintiff meets the requirements for its approval, and in this regard, it is the opinion of this adjudicator that, having reviewed the evidentiary elements brought to the record by the parties in this case, the precautionary protection requested by the plaintiff does not meet any of the requirements necessary for its approval in this precautionary protection venue, and therefore it must be REJECTED in its entirety, as will be seen in detail below.\n\nV. B).- ON THE SO-CALLED APPEARANCE OF GOOD RIGHT (APARIENCIA DE BUEN DERECHO): Now, with respect to the requirements necessary for the granting of precautionary protection, it should be noted that the analysis of the requirement for precautionary protection set forth in Article 21 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA) that the claim is not reckless or, manifestly, lacking in seriousness, does not correspond to the accreditation of a plausibility of a \"good right\" of the complaint; precisely because the analysis carried out in a summary precautionary venue does not correspond to an evaluation of the merits of the matter, nor can it be so, as the Court of Cassation for Contentious Administrative Matters has previously indicated: the \"non-recklessness\" requirement \"[…] is not an evaluation of the merits of the case, nor can it be, nor should it be; the adjudicator cannot confuse the requirements specific to a precautionary measure with a definitive proceeding on the validity or unlawfulness of an administrative conduct; this would lead us to definitive justice through the precautionary route, and this is not the purpose of the object. (Court of Cassation for Contentious Administrative Matters, ruling 05-F-TC-08 of ten forty-five hours on February 6, two thousand eight). In this regard, it is considered that once the so-called \"theory of the case\" (teoría del caso) (position) formulated by the plaintiff in its filing—and referred to in this resolution in the preceding sections to which reference is made—has been analyzed, as well as the arguments it employed, and without entering into an analysis on the merits of the matter raised by the plaintiff, this adjudicator considers that not even the first requirement for precautionary protection is met, because the action filed lacks the most elementary appearance of good right. In this sense, the representation of the defendant is correct in indicating that none of the requirements for precautionary protection are met and that the alleged violation of the fundamental rights of the petitioner was already heard and resolved negatively by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) by rejecting the amparo appeal through constitutional judgment No. 2024024845 of nine twenty hours on August 30, two thousand twenty-four, issued within constitutional docket No. 24-019709-0007-CO, which dismissed the violation of the fundamental rights referred to in this precautionary filing (see images 344 to 371 of the precautionary measure file). Thus, at least with regard to the summary evaluation proper to the precautionary venue, given what was indicated by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice and without prejudging the merits of the matter, it is not possible to consider the violation of the fundamental rights on which the plaintiff bases its filing in this case to be established at the level of appearance. The foregoing, insofar as the Constitutional Chamber, upon hearing and resolving the claim processed in the constitutional amparo venue in this case, dismisses the existence of an infringement of a fundamental or human right in the following terms set forth in the aforementioned constitutional judgment No. 2024024845 of nine twenty hours on August 30, two thousand twenty-four (see images 344 to 373 of the precautionary measure file), which is cited below in the pertinent part: \"(…) II.- PROVEN FACTS. The following facts are considered duly proven, of importance for the decision in this matter: 1) In the year 2023, a complaint filed by residents of the Urbanización La Cima was presented to the Municipality of La Unión, regarding a supposed encroachment (invasión) carried out by several neighbors on the remainder of property 115339-000 (in the registry of IMAS), specifically in the area designated for children's games. The Municipality carried out an inspection at the site and verified the existence of encroachments in the reported area (report rendered). // 2) In the month of March 2024, the Municipality of La Unión received official communication PEP-OFI-650-2024 from the Office of Public Ethics (Procuraduría de la Ética Pública), indicating that a complaint was filed regarding the construction of a paved street that facilitates access to the dwelling of a municipal council member. The Procuraduía requested to know the actions taken by the Municipality regarding this event (report rendered and documentation provided). // 3) The Municipality proceeded to carry out a topographical survey to determine the area of encroachment, a report that was issued via official communication MLU-DAM-PROY.RBI-065-2024 by the topographical engineer of the Property Recovery Project (Proyecto Recuperación de Bienes) (report rendered). // 4) Based on said report, the Municipality made the respective notifications for the encroachment and the existence of a paved path in the area designated for children's games, an estimated area of 85 m2. This area is not included in the cantonal road network; furthermore, no municipal permits exist to carry out such work. The notification indicates the applicable regulations and the right to file the remedies established by the Municipal Code (Código Municipal) (report rendered). // 5) On April 22, 2024, the Municipality received a motion for reconsideration with a subsidiary appeal, filed by Ginette Varela Villalta, José Manuel Arguedas Varela, Jeffrey Arguedas Varela, Juan Carlos Salazar Ruiz (the appellant herein) and Margot Ramírez Portilla. The motion for reconsideration was answered through official communication MLU-DAM-PROY.RBI-079-2024. Subsequently, the subsidiary appeal was elevated to the Mayor's office, which issued resolution MLU-DAM-RES-047-2024. In both resolutions, the decision was upheld. It is indicated that the paved area is for children's game use and that the neighbors' access since the urbanization was created is via a sidewalk that connects to alameda B according to the site plan, without it being possible to claim that there is no access to enter or exit the dwellings, given that since acquiring the properties, there was an acceptance of the housing conditions (report rendered). // 6) On June 4, 2024, the Municipality received a motion for reconsideration against the resolution of the subsidiary appeal, to which a response was given by official communication MLU-DAM-056-2024, dated June 14, which confirmed the decision (report rendered and documentation provided). // 7) On July 12 and 18, 2024, the Municipality of La Unión executed works to close the constructed access (uncontroverted fact). // 8) The properties of Urbanización La Cima are not landlocked (enclavadas), as they have access through alamedas that connect to public roads. In the particular case of the appellant and Brígida Clementina Bojorge Morales, their properties have access through Alameda Este and Alameda E respectively, which in turn have a sidewalk and green area, as shown in cadastral maps 308602691989 and 308601981989 and in the registry certifications of properties C-148735 and C-231036 registered in their names (report rendered). // 9) The property where the ASADA tanks are located has access to a public road, according to the physical reality, as well as in the cadastral map and the site plan (report rendered). // 10) In the technical inspection carried out by the Department of Socio-Productive and Communal Development of IMAS on July 23, 2024, no access steps to Mrs. Bojorge's property were identified (report rendered). // 11) On the IMAS property, ICE has a transmission line called Cachí Colima, over which it carries out maintenance and inspection using the easement (servidumbre) established to access the tower, which is not the path to which the appellant refers (report rendered). // 12) On June 18, 2024, an anonymous complaint was filed, and on June 26, 2024, a confidential complaint was filed, respectively 24-225 and 24-234, before the Rector Health Area of La Unión (Área Rectora de Salud La Unión), indicating that the disputed lands are used by ASADA La Cima for the placement of its potable water distribution network pipes, such that the proximity to garbage containers could generate a risk to Public Health due to contamination of the water of the population supplied with potable water by said ASADA (report rendered). // 13) Through report MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1203-2024 of August 1, 2024, the engineer assigned by the Rector Health Area to carry out the inspection, which was conducted on July 29, indicated the following: (...) 'A site visit was conducted to the problematic location to evaluate the reported situation. // The presence of a waste container is observed, which is made of metallic material, shows no leachate leakage, and is for mobile transport. At the time of the visit, it is in optimal condition; there is no presence of odors. // In the vicinity, an ASADA pipeline is observed (10 meters from the container's location); there is no evidence of stopcocks or accessories. // \"There is no evidence of an imminent risk to the ASADA structure as a result of the container or debris, which are located on private property (IMAS). There is no risk of contamination of potable water pipes. // A visit was made to the dwelling of the president of the ASADA Board of Directors, but no one was present. For this reason, a telephone call was made for the purpose of providing traceability, where the president (Mr. Juan Carlos) indicates that they have already rearranged the container and that there is an order from a higher authority (court) requesting the removal of the container from the site by the Municipality of La Unión; furthermore, the issue of accumulated earth and debris has already been filed with the Municipality. He indicates that he will deliver a document of the court order to the Ministry of Health office to be attached to the file. // He was informed that the case will be closed by the Ministry of Health, to which he agreed.' // 'Traceability: // Traceability was carried out by telephone, where the situation was communicated to the president of the ASADA, as well as the closure by the Ministry of Health, given the existence of an order from a higher authority to remove the container and that the case concerning the private land is with the Municipality. To which he agreed.' (report rendered and documentation provided). // III. Specific Case. In accordance with the reports given under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction, it is verified that, in the year 2023, a complaint filed by residents of Urbanización La Cima was presented to the Municipality of La Unión, regarding a supposed encroachment (invasión) carried out by several neighbors on the remainder of property 115339-000 (in the registry of IMAS), specifically in the area designated for children's games, for which an inspection was carried out at the site and the existence of encroachments in the reported area was verified. In March 2024, the Office of Public Ethics (Procuraduría de la Ética Pública) indicated to the Municipality that a complaint was filed regarding the construction of a paved street that facilitates access to the dwelling of a municipal council member. The Procuraduía requested to know the actions taken by the Municipality regarding this event. Responding to the above, the Municipality proceeded to carry out a topographical survey to determine the encroachment area and made the respective notifications to reverse the situation. Several neighbors, including the appellant, challenged the decision, but the Municipality upheld the challenged act and ultimately executed it. On the other hand, it was demonstrated that the properties of Urbanización La CIma are not landlocked (enclavadas), as they have access through alamedas that connect to public roads. In the particular case of the appellant and Brígida Clementina Bojorge Morales, their properties have access through Alameda Este and Alameda E respectively, which in turn has its proper sidewalk and green area, as shown in cadastral maps 308602691989 and 308601981989 and in the registry certifications of properties C-148735 and C-231036 registered in their names. Similarly, the property where the ASADA tanks are located has access to a public road, according to the physical reality, as well as in the cadastral map and the site plan. Furthermore, in the technical inspection carried out by the Department of Socio-Productive and Communal Development of IMAS on July 23 of this year, no access steps to Mrs. Bojorge's property were identified. In the same vein, on the IMAS property, ICE has a transmission line called Cachí Colima, over which it carries out maintenance and inspection using the easement (servidumbre) established to access the tower, which is not the path to which the appellant refers. As for the Ministry of Health, it was demonstrated that, on June 18, 2024, an anonymous complaint was filed, and on June 26, 2024, a confidential complaint was filed, respectively 24-225 and 24-234, before the Rector Health Area of La Unión (Área Rectora de Salud La Unión), indicating that the disputed lands are used by ASADA La Cima for the placement of its potable water distribution network pipes, such that the proximity to garbage containers could generate a risk to Public Health due to contamination of the water of the population supplied with potable water by said ASADA. Through report MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1203-2024 of August 1, 2024, the engineer assigned by the Rector Health Area to carry out the inspection, which was conducted on July 29, indicated the following: (...) 'A site visit was conducted to the problematic location to evaluate the reported situation. // The presence of a waste container is observed, which is made of metallic material, shows no leachate leakage, and is for mobile transport. At the time of the visit, it is in optimal condition; there is no presence of odors. // In the vicinity, an ASADA pipeline is observed (10 meters from the container's location); there is no evidence of stopcocks or accessories. // \"There is no evidence of an imminent risk to the ASADA structure as a result of the container or debris, which are located on private property (IMAS). There is no risk of contamination of potable water pipes. // A visit was made to the dwelling of the president of the ASADA Board of Directors, but no one was present. For this reason, a telephone call was made for the purpose of providing traceability, where the president (Mr. Juan Carlos) indicates that they have already rearranged the container and that there is an order from a higher authority (court) requesting the removal of the container from the site by the Municipality of La Unión; furthermore, the issue of accumulated earth and debris has already been filed with the Municipality. He indicates that he will deliver a document of the court order to the Ministry of Health office to be attached to the file. // He was informed that the case will be closed by the Ministry of Health, to which he agreed.' // 'Traceability: // Traceability was carried out by telephone, where the situation was communicated to the president of the ASADA, as well as the closure by the Ministry of Health, given the existence of an order from a higher authority to remove the container and that the case concerning the private land is with the Municipality. To which he agreed.' (report rendered and documentation provided). // In accordance with the foregoing, there is no reason to grant the appeal. In the first place, the properties are not landlocked (enclavadas). They have access to public roads by way of alamedas, in accordance with the urbanization's design. On the other hand, the Municipality's decision is not untimely or arbitrary. It responds to specific complaints filed against the encroachment. Likewise, in the respective resolutions, the reasons grounding the decision were set forth, and an opportunity to challenge it was given, which the interested parties did. As to whether the land appears in the registry in the name of IMAS and not the Municipality, or whether it must be donated to the latter, these are matters outside this constitutional venue, which in no way imply per se an injury to the fundamental rights of the protected parties. The Municipality proceeded to reverse the situation, particularly the paving of an access, without municipal permits and in an area which, as clarified, is designated for children's games. IMAS, on the other hand, not only has not objected to the municipal action, but, in the reports rendered, confirms that these are 'public areas established in the Site Plan of the Urbanization.' // Similarly, in the report rendered by the Rector Health Area (Área Rectora de Salud), which reports the result of the inspection conducted, what was alleged by the appellant regarding the contamination of ASADA pipes is dismissed. This situation, in reality, although related to the previous one, concerns independent matters, since the alleged contamination (which was dismissed) is independent of the closure of the path built without permits. // Finally, with regard to ICE, it is clear that it does have access to the tower located on the site via another route, and not the one referred to by the appellant. In sum, in accordance with the reasons set forth, the appeal must be dismissed.\" (own emphasis). Thus, based on the statement of facts presented by the plaintiff in this case, its so-called \"theory of the case\" (teoría del caso) (position) consists of the assertion that this is a case in which \"fundamental rights\" of the petitioner are violated, as well as that there is a risk of contamination at the site where the plaintiff ASADA has its infrastructure, and harm to ICE, which maintains the towers located at the site. This being the case, from the study of the record comprising this precautionary measure file and the main docket, it cannot be considered that the first requirement for precautionary protection is met, because the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in the aforementioned dismissal judgment, definitively settles and resolves, without the possibility of further appeal, whether a fundamental right, human right, or a constitutional value, principle, or precept was violated, and in this case, it dismisses it and declares the appeal WITHOUT MERIT, thereby rejecting, for the stated reasons, the violation of a fundamental right in this case. For that reason, not even the first of the requirements needed for the requested protection is met, and the appearance of good right of the requested precautionary measure is dismissed.\n\nV. C).- CONCERNING THE REQUIREMENT OF SERIOUS HARM (GRAVE DAÑO): Independently of what has been indicated regarding the non-fulfillment of the first, most elementary requirement for precautionary protection discussed in the preceding section, for the purposes that legally correspond and so that the analysis concerning serious harm—a central aspect in the arguments presented by the petitioner in its filing—is recorded, it is appropriate to indicate that this procedural requirement is also not met, as will be seen below. With respect to the danger in delay (peligro en la demora), this Court has previously indicated, in ruling 009-2021-T of twelve hours and three minutes on January 7, two thousand twenty-one, that: \"... for precautionary protection to be granted, it is required by law that the execution or the continuation of the administrative conduct under review in the proceeding causes serious harm or injury, actual or potential, to the legal situation of the petitioner. In this sense, it must be emphasized that it is not sufficient to allege the existence of serious (actual or potential) harm (or injury), but rather it must be proven, a situation that implies a procedural burden that the interested party must assume, in accordance with Articles 220 of the Contentious Administrative Procedure Code and 41 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil).\" Regarding this requirement for precautionary protection, it has also been previously indicated \"[…] the current legislation establishes a relaxation of the former procedural system that spoke of 'impossible or difficult reparation' – that is, it was rigid –; we have moved from an extremely rigid position of demonstrating those harms and injuries of 'impossible and difficult reparation' to a more flexible system, precisely in the philosophy of opening up precautionary measures […] to a range of 'gravity' that the injuries must meet. Therefore, to speak of having to demonstrate serious harms of difficult or impossible reparation is a phrase that no longer exists […] But the limit—and this is what is important—is precisely what Article 21 establishes: 'serious'; the word 'serious.' From that level of gravity 'upward,' the precautionary measure is granted; from that gravity 'downward,' that which cannot be deemed and classified as serious does not meet the requirement for a precautionary measure. In other words, if the harms do not reach that level of 'gravity,' the measure is not appropriate […]. (CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURAL COURT, Resolution 286-08 of twelve hours thirty minutes on May 9, 2008. Cf. 12:34:22 – 12:35:27 of the corresponding digital recording, docket 08-35-1027-CA). Now, regarding the danger in delay (peligro en la demora), the petitioner indicates, in summary, the violation of its fundamental rights and indicates that the obstruction implies potential irreparable harm in the event of eventual emergencies. Now, based on the reasons cited above, the Constitutional Chamber dismissed the violation of constitutional rights in this case and further indicated that the Municipality proceeded to reverse the situation at the site, particularly the paving of an access, without municipal permits and in an area which, as clarified, is designated for children's games, as well as indicating that the properties in question are not landlocked (enclavadas). They have access to public roads through alamedas, in accordance with the urbanization's design. This being the case, what is indicated in the cited constitutional judgment also allows the existence of the alleged potential serious harm to be disproved, for the same reasons indicated in the aforementioned constitutional judgment to which reference is made; therefore, this requirement cannot be considered met, as the plaintiff has failed to comply with the rules governing the burden of proof, since it must present supporting evidence for its affirmations in accordance with Article 41.1.1 of the Civil Procedure Code (of supplementary application, by provision of Article 220 of the CPCA). It must be noted that in matters of precautionary protection, the rational principle of proof applies, which is nothing other than what is necessary and possible in light of the specific case, as repeatedly indicated by applicable case law: \"The certainty of the harm, however, does not require its full proof, because in view of the summary nature of the precautionary filing, the urgency, and sometimes the potentiality of the harm itself, its verification is practically impossible. Sometimes, even, they are the logical and inevitable consequence of the public conduct, and thus require no greater evidentiary element. In this case, verification must be given 'through the rational principle of proof,' which is nothing other than what is necessary and possible in each particular case.\" (Contentious Administrative Court, Second Section, Second Judicial Circuit of San José, No. 1-2007 of eleven hours on January 12, 2007, citing the ruling of the Contentious Administrative Court, Second Section, number 167-2002, of eleven hours ten minutes on May 31, two thousand two, among many others). Thus, the elements appearing in the record lead this adjudicator to consider the second requirement for precautionary protection not met, as detailed. Now, for an abundance of reasoning, regarding the application of the burden of proof in precautionary protection filings such as the one before us, this Court has indicated, in the pertinent part: \"(…) The danger and the harm must not only be indicated but demonstrated, since it is the duty of the plaintiff to provide all evidentiary elements that support its thesis under the provisions of numeral 41.1.1 of the Civil Procedure Code used supplementarily by canon 220 of the Contentious Administrative Procedure Code, so if the plaintiff does not provide evidence that supports the serious harm caused by the possible administrative decision, this Adjudicator cannot supplement the party's function and presume possible harm without evidentiary support. That is to say, harm must not only be indicated generically or presumed, but must be detailed broadly to attempt to adequately justify the serious harm caused, and furthermore, it must be demonstrated; aspects that the requested precautionary measure does not fulfill, making its adoption difficult and counterproductive, because for the granting to operate, the presence of a reasonable and objectively founded probability of the existence of a serious impact on the petitioner by reason of the delay in the main proceedings is necessary. Thus, at least the accreditation of a reasonable degree of certainty of the existence of the factual conditions consisting of the threat that the petitioner deems as serious harm is required...\" (resolution number 02274-2019, of fifteen hours fifty-five minutes on December 17, 2019, referred to within the ruling of the Court of Appeals for Contentious Administrative and Civil Treasury Matters, First Section, No. 349-2020-I of ten hours thirty minutes on July 7, two thousand twenty, own emphasis). In the present case, as in the cited precedent from the Superior Chamber, the Court of Appeals for Contentious Administrative Matters, we are facing a situation where the evidence provided in the record is not suitable and sufficient to consider the second requirement for precautionary protection met, for the reasons detailed above.\n\nThus, it is considered that, in light of the evidentiary elements submitted to the record, there is insufficient evidence to establish the second element necessary for interim relief (tutela cautelar), and this interim measure must therefore be denied and the lifting of the previously decreed provisional interim measure (medida cautelar provisionalísima) ordered, as is hereby provided. V. D).- REGARDING THE BALANCING OF INTERESTS AT STAKE: Thus, even though the three basic requirements for interim relief must be analyzed in a stepwise fashion, and the configuration in this specific case of the second requirement, for the reasons stated above, has been ruled out; in order to facilitate effective judicial protection in this specific case, and to record the analysis of the three requirements for the corresponding legal purposes, it is pertinent to then proceed to assess the third requirement concerning the balance or weighing of interests at stake, so that the relevant considerations regarding the balancing of interests, as well as the potential impact on the public interest and third parties, are also reflected in this judgment. Thus, even hypothetically setting aside the aforementioned finding regarding the non-configuration of the second requirement for interim relief, for the corresponding legal purposes, it must be analyzed that, in any case, the third requirement for interim relief is the balance or weighing of interests at stake; we must remember that the concurrence of the three aforementioned requirements is necessary to grant interim relief such as that sought, and regarding the balancing of the interests involved in the case, it must be noted that for an interim measure to be granted, the simultaneous verification of the three legal requirements established in Article 21 of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo) is required, such that a final analysis on this issue must be conducted. The Court of Appeals for Administrative Litigation (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo) has analyzed said interim requirement in the following terms: \"Regarding the issue of the balance or weighing of interests at stake, it is necessary to remember that in this type of measure, it is standard to weigh the effects that the eventual measure may generate in the sphere of the petitioner's private interest versus that which is embodied in the public interest; this requirement at the doctrinal level has also been understood in what has been called the bilaterality of the periculum in mora, the judge, prior to adopting an interim measure, must measure the implications that this decision may produce on the public interest and on the legal situation of third persons. In such a balance, it is also necessary to weigh the incidence that the interim measure produces on the ordinary activity of the public administration, since it may well affect or truncate the substantive management of a specific administrative organization. In this line, the correct balancing of the public interest leads to the denial of the interim petition when the harm to the public interest is greater than the private interest, even taking into account the financial or budgetary provisions that the public administration must adopt to execute the interim measure. Finally, it is worth emphasizing that the interim measure adopted must always be appropriate given the specific case, in that it must be suitable to satisfy the pursued ends in a reasonable and proportionate manner, keeping in mind the interests at stake...\" (see resolution of the Court of Appeals for Administrative Litigation, No. 336-2017-I of thirteen hours thirty-five minutes on August ninth, two thousand seventeen, among many others). Thus, in light of the specific case, the element of weighing the interests at stake must also guide, where appropriate, the decision adopted, and, in the context of the file before us, leads to the denial of the relief sought by the plaintiff. There is a certain doctrinal consensus that balancing is an argumentation technique carried out through three successive phases: a) identification of the conflicting interests; b) assignment of a weight to each of them, and finally; c) a decision of equilibrium or conditioned prevalence according to the criterion of ‘the greater the impact on one, the greater the importance of fulfilling the other,’ or, simply, ‘the more… then’ according to the formula of the German Federal Constitutional Court. In this case, regarding the identification of the conflicting interests, in summary, we have that the plaintiff alleges a violation of fundamental rights on the occasion of the municipal conduct and a potential harm to the environment and health that, as previously indicated, was ruled out by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). On the other hand, the defendant municipality alleges that the requirements for the requested interim relief are not configured, since it is rather the plaintiff's conduct that has been harmful to the public interest by causing damage by invading a public domain asset (bien demanial) and giving it a use different from that established in the site design for the Urbanization, it refers again to what was indicated in the amparo appeal cited above, pointing out that the La Cima Urbanization has had access provided since its creation, which are not used by the plaintiff and other community residents, especially since there is a judgment issued by the Constitutional Chamber declaring the very same claim of the appellant, here plaintiff, without merit and indicates that waste, debris, and garbage were removed from the site and the container was relocated so as not to affect potable water pipes. Now, given the terms in which the aforementioned constitutional judgment No. 2024024845 was issued, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice ruled out the violation of constitutional rights in this case and further indicated that the Municipality proceeded to reverse the situation on the site, in particular the paving of an access way, without having municipal permits and in an area that, as clarified, is designated for children's games, and also indicated that the properties in question are not landlocked. They have access to a public street via walkways, according to the urbanization design. Thus, in this specific case, the conflict must lean towards the prevailing weight of the protection of public domain assets. In synthesis, according to the terms in which the conflict has been formulated, the plaintiff alleges a conflict between the potential impact on fundamental rights implied by the challenged acts, the specific assessment of which has not been demonstrated by the plaintiff, against an impact on public interests consisting of the powers of planning and protection of the public domain assets located on the site in question. In this sense, it must be noted that it is this judge's criterion that, taking into consideration the lack of evidentiary support previously indicated for the assertions made by the plaintiff, and taking into consideration what was indicated by the Constitutional Chamber in judgment No. 2024024845, granting what was requested would cause a significant and very serious impact on the public interests involved. In summary, in this specific case, there is a conflict between the private interests of the petitioner and the powers of planning and protection of public domain assets. Faced with this situation, the balancing test must lean towards the denial of the request made by the plaintiff, given the prevalence of the impact on the aforementioned public interests. In this particular case, the prevailing public interest is contrary to what was requested. As a corollary of the foregoing and as explained earlier, given the failure to support the existence of all the interim requirements in accordance with Articles 1, 2, 20, 21 of the Code of Administrative Litigation Procedure, the consequence is the denial of the promoted interim measure and, consequently, it is left without effect and the lifting of the provisional interim measure previously decreed in this case is ordered\" (emphasis from the original). This judge sees no reason whatsoever to vary the criterion rendered in judgment No. 2024007580 of eleven hours five minutes on October twenty-ninth, two thousand twenty-four, visible at images 307 to 338 of the file of the first interim measure, whose reasoning is fully applicable to the present case, as it is basically a reiteration of the first request for an interim measure already resolved and denied by this Court, as the necessary requirements for its adoption were not configured. Therefore, given the existence of a subsequent ruling on the case issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice which, in the amparo proceeding, through its dismissal judgment No. 2024024845, the said Constitutional Court declares ultimately and definitively whether or not there was a threat or effective violation of a fundamental or human right and, in this case, rules it out and declares it WITHOUT MERIT (SIN LUGAR), dismissing for the stated reasons the violation of a fundamental right in this case. For this reason, as well as the reasoning previously indicated in judgment No. 2024007580 that is fully applicable to this second reiterative petition for interim relief, not even the first of the requirements needed for the requested relief is met, and therefore the denial of the second interim petition filed in the record proceeds.\n\n \n\nTHEREFORE (POR TANTO)\n\n \n\n Based on the foregoing and in accordance with Articles 20 and 21 of the Code of Administrative Litigation Procedure, the request for an interim measure promoted by ASADA La Cima, legal identification number 3002328260, and ASOCIACIÓN PRO MEJORAS LA CIMA, legal identification number 3002680541, against the MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, is DENIED and declared without merit. Let it be notified. Dr. José Alvaro López Camacho, Processing Judge. JLOPEZCAM\n\n \n\n \n\n\n\n- Código Verificador -\n\n7ZISVOLWFZU61\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nJOSE ALVARO LOPEZ CAMACHO, JUEZ/A TRAMITADOR/A\n\n \n\nEXP: 24-005013-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:41:07.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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