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  "id": "nexus-sen-1-0034-127366",
  "citation": "Res. 00896-2000 Sala Tercera de la Corte",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Improcedencia del homicidio preterintencional por falta de dolo inicial y culpa acreditada",
  "title_en": "Preterintentional homicide conviction overturned for lack of established initial intent and negligence",
  "summary_es": "La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia anula la sentencia condenatoria por homicidio preterintencional dictada contra Ricardo Mayorga Umaña. La Sala determina que el fallo de instancia no logra acreditar los elementos esenciales del tipo penal: el dolo inicial de lesionar, la violación al deber de cuidado y la relación de causalidad entre la conducta del acusado y la muerte. Los hechos probados solo describen un breve altercado en el que el acusado empuja al ofendido, quien cae y se golpea la cabeza con una piedra, pero no se analiza si ese empujón constituyó una acción dolosa dirigida a lesionar ni por qué la muerte era un resultado previsible. Además, la sentencia omite valorar otras lesiones presentes en el ofendido y testimonios contradictorios. Por estas deficiencias en la fundamentación fáctica y jurídica, se declara con lugar el recurso de casación, se anula la sentencia y el debate, y se ordena el reenvío para un nuevo juicio.",
  "summary_en": "The Third Chamber of the Supreme Court annuls the conviction for preterintentional homicide against Ricardo Mayorga Umaña. The Chamber finds that the lower court failed to establish the essential elements of the crime: the initial intent to harm, the breach of duty of care, and the causal link between the accused's conduct and the death. The proven facts only describe a brief altercation in which the accused pushed the victim, who fell and hit his head on a stone, but the judgment does not analyze whether that push constituted a willful act aimed at causing injury, nor why death was a foreseeable result. Moreover, the judgment omits consideration of other injuries suffered by the victim and contradictory testimonies. Due to these deficiencies in factual and legal reasoning, the appeal is granted, the conviction and trial are annulled, and the case is remanded for a new trial.",
  "court_or_agency": "Sala Tercera de la Corte",
  "date": "04/08/2000",
  "year": "2000",
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  "es_concept_hints": [
    "homicidio preterintencional",
    "dolo inicial",
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    "casación penal"
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    "homicidio preterintencional",
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    "culpa",
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    "previsibilidad",
    "relación de causalidad",
    "casación penal",
    "anulación de sentencia",
    "Código Penal",
    "Art. 113 inciso 2",
    "Art. 32"
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  "keywords_en": [
    "preterintentional homicide",
    "initial intent",
    "negligence",
    "duty of care",
    "foreseeability",
    "causal relationship",
    "criminal appeal",
    "annulment of judgment",
    "Penal Code",
    "Art. 113 subsection 2",
    "Art. 32"
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  "excerpt_es": "El reclamo es procedente en la forma en que se dirá. Si bien en algunas partes de su reclamo, la recurrente cuestiona la forma en que el fallo acredita los hechos, lo cierto es que el alegato fundamental que plantea por el fondo sí es claro y se dirige a cuestionar la aplicación, al caso concreto, de la figura del homicidio preterintencional tipificada en el numeral 113 inciso 2) del Código Penal, pues de los hechos probados no es posible deducir un dolo inicial de lesionar por parte del acusado, al señalarse que lo que hubo en realidad fue un breve altercado que no pasó a más y lo único que hizo el acusado fue empujar al ofendido, sin que el fallo aclare si de tal acción sea posible desprender en forma clara una intención de lesionar. Con este antecedente, tampoco es posible concluir que existiendo una conducta inicial dolosa, se produjera un posterior resultado más grave, atribuible a título de culpa –en este caso la muerte del ofendido-, pues de los hechos probados no se desprende cuál es la falta al deber de cuidado que puede atribuírsele a Mayorga Umaña, ni siquiera se establece y analiza la previsibilidad de la muerte del ofendido en las circunstancias del caso concreto y la relación de causalidad entre esa falta y el resultado más grave producido y, en esas condiciones, no puede hablarse de un homicidio preterintencional. Efectivamente, de los hechos probados del fallo no es posible desprender los elementos indispensables para estimar que la conducta del acusado encuadra en la figura del homicidio preterintencional. La preterintencionalidad, define el legislador en el numeral 32 del Código Penal, existe cuando el sujeto activo “realiza una conducta de la cual se deriva un resultado más grave y de la misma especie que el que se quiso producir, siempre que este segundo resultado pueda serle imputado a título de culpa”. Debe, en consecuencia, establecerse la adecuación típica de la conducta inicial del sujeto activo en una figura penal –dolosa- para luego poder establecer que el dolo inicial se dirigía a la producción de un resultado lesivo menor del que efectivamente se produjo, y determinar que este último resultado es consecuencia de una violación al deber de cuidado por parte del agente y por ello, puede serle atribuido, estableciéndose necesariamente la relación de causalidad entre la conducta inicial, la violación al deber de cuidado posterior y el resultado producido, que ha de ser de la misma especie del que inicialmente se quiso causar. En el caso concreto, el fallo tiene por acreditado que el día de los hechos, ofendido e imputado y dos hombres más, todos compañeros de trabajo como peones en una finca, que habían recibido su paga al mediodía, deciden comprar licor y retirarse a ingerirlo en una galera hecha de “perling” en medio de la finca del padre de su patrón. El ofendido fue a comprar el licor –un litro de “guaro Cacique”-, el que ingirieron puro con limón. Acabada esta primera botella, recogen dinero y el ofendido se retira a comprar otra, la que finalmente ingieren todos. Ahora bien, en el hecho cuarto se establece lo siguiente: “(…)Que una vez que regresó el ofendido Hidalgo Hidalgo hasta el lugar donde se encontraban sus compañeros de trabajo, todos prosiguieron tomando licor en forma strike (sic) con limón hasta que se acabó el segundo litro de guaro, siendo que en un momento determinado Godínez Herrera se alejó de la galera de perling para vomitar cerca de unas piedras, momento en el cual el ofendido Hidalgo quien se encontraba sentado en el centro de la galera en el suelo le manifestó al imputado Mayorga Umaña que se fuera para la casa, contestándole Mayorga Umaña quien se encontraba de pie al ofendido “usted cree que yo no me animo a pelear con usted”, abalanzándose Mayorga Umaña sobre la humanidad del ofendido Hidalgo Hidalgo, tomándolo fuertemente del cuello mientras le repetía al ofendido “usted cree que yo no me animo a pelear con usted” interviniendo en ese momento Rivera Valverde quien agarró del brazo derecho a Mayorga Umaña para que lo soltara, y este lo empujó fuertemente contra el suelo, y como consecuencia de ello el perjudicado cayó hacia atrás, golpeándose fuertemente en su cabeza contra una piedra de considerable tamaño, quedando el ofendido Hidalgo boca arriba con los ojos abiertos como idos y sin hablar, tomando Rivera Valverde a Hidalgo lo acomodó para que no se mojara pues empezaba a llover y se llevó enseguida a Mayorga Umaña del lugar, siendo que cuanto todo esto sucedió tanto Godinez Herrera quien se encontraba vomitando, como Rivera Valverde y Mayorga Umaña se fueron del lugar dejando a Olman en la galera de perlin pues creyeron que había quedado así producto del licor (…)”.",
  "excerpt_en": "The claim is admissible as will be stated. Although in some parts of her claim, the appellant questions the way in which the judgment accredits the facts, the truth is that the fundamental argument she raises on the merits is clear and is aimed at challenging the application, to the specific case, of the figure of preterintentional homicide typified in numeral 113 subsection 2) of the Penal Code, since from the proven facts it is not possible to deduce an initial intent to harm by the accused, as it is noted that what actually happened was a brief altercation that went no further and the only thing the accused did was push the victim, without the judgment clarifying whether from such action it is possible to clearly infer an intent to harm. With this background, it is also not possible to conclude that, given an initial willful conduct, a subsequent more serious result was produced, attributable as negligence – in this case the death of the victim -, because from the proven facts it cannot be deduced what is the breach of duty of care that can be attributed to Mayorga Umaña, nor is the foreseeability of the victim's death in the circumstances of the specific case and the causal relationship between that fault and the more serious result produced even established and analyzed, and under these conditions, one cannot speak of a preterintentional homicide. Indeed, from the proven facts of the judgment it is not possible to deduce the indispensable elements to consider that the accused's conduct fits the figure of preterintentional homicide. Preterintentionality, defines the legislator in numeral 32 of the Penal Code, exists when the active subject \"carries out conduct from which a more serious result derives and of the same kind as the one intended, provided that this second result can be attributed to him as negligence.\" Consequently, the typical adaptation of the initial conduct of the active subject into a criminal figure – willful – must be established, in order to then be able to establish that the initial intent was directed at producing a less harmful result than the one actually produced, and determine that this latter result is the consequence of a violation of the duty of care by the agent and therefore can be attributed to him, necessarily establishing the causal relationship between the initial conduct, the subsequent violation of the duty of care and the result produced, which must be of the same kind as the one initially intended. In the specific case, the judgment holds as proven that on the day of the events, the victim and the accused and two other men, all co-workers as laborers on a farm, who had received their pay at noon, decided to buy liquor and go to drink it in a shed made of \"perling\" in the middle of the farm of their boss's father. The victim went to buy the liquor – a liter of \"guaro Cacique\" -, which they drank straight with lemon. After finishing this first bottle, they collected money and the victim went to buy another, which they all finally drank. Now, in the fourth fact it is established as follows: \"(...) That once the victim Hidalgo Hidalgo returned to the place where his co-workers were, they all continued drinking liquor straight with lemon until the second liter of guaro was finished, and at a given moment Godínez Herrera moved away from the perling shed to vomit near some stones, at which moment the victim Hidalgo who was sitting on the ground in the center of the shed told the accused Mayorga Umaña to go home, Mayorga Umaña who was standing answered the victim 'you think I don't dare to fight you', throwing himself upon the victim Hidalgo Hidalgo, grabbing him tightly by the neck while repeating to the victim 'you think I don't dare to fight you', at that moment Rivera Valverde intervened by grabbing Mayorga Umaña's right arm to make him let go, and he pushed him forcefully to the ground, and as a consequence the injured party fell backwards, hitting his head forcefully against a stone of considerable size, the victim Hidalgo remaining on his back with his eyes open as if distant and without speaking, Rivera Valverde took Hidalgo and adjusted him so he wouldn't get wet as it was starting to rain and immediately took Mayorga Umaña away from the place, and when all this happened both Godinez Herrera who was vomiting, as well as Rivera Valverde and Mayorga Umaña left the place leaving Olman in the perlin shed because they believed he had ended up like that because of the liquor (...)\".",
  "outcome": {
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    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The appeal is granted, the conviction for preterintentional homicide and the preceding trial are annulled, and the case is remanded for a new trial.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el recurso de casación, se anula la sentencia condenatoria por homicidio preterintencional y el debate que la precedió, ordenando el reenvío para un nuevo juicio."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "Preterintentionality, as defined by the legislator in numeral 32 of the Penal Code, exists when the active subject 'carries out conduct from which a more serious result derives and of the same kind as the one intended, provided that this second result can be attributed to him as negligence.'",
      "quote_es": "La preterintencionalidad, define el legislador en el numeral 32 del Código Penal, existe cuando el sujeto activo 'realiza una conducta de la cual se deriva un resultado más grave y de la misma especie que el que se quiso producir, siempre que este segundo resultado pueda serle imputado a título de culpa'."
    },
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "The proven facts do not support the Tribunal's conclusions and moreover, in the Chamber's opinion, they are confusingly established, so their description is not adequate and for this reason it is necessary to annul the judgment and order the referral back to the court of origin for a new trial as corresponds.",
      "quote_es": "los hechos probados no dan sustento a las conclusiones del Tribunal y además, a juicio de la Sala se encuentran confusamente establecidos, por lo que su descripción no resulta adecuada y en razón de ello es menester anular el fallo y ordenar el reenvío al Tribunal de origen para una nueva celebración del juicio como corresponde."
    },
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "The judgment is not clear regarding the facts nor their legal assessment.",
      "quote_es": "el fallo no están claros los hechos ni su valoración jurídica."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Tercera de la Corte\n\nResolución Nº 00896 - 2000\n\nFecha de la Resolución: 04 de Agosto del 2000 a las 10:50\n\nExpediente: 98-200630-0064-PE\n\nRedactado por: Daniel González Alvarez\n\nClase de asunto: Recurso de casación\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\nSentencias Relacionadas\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Procesal Penal\n\nTema: Nulidad de la sentencia penal\n\nSubtemas:\n\nCondena por homicidio preterintencional.\nImposible determinación de hechos probados del dolo inicial e intención de lesionar.\n\nTema: Homicidio preterintencional\n\nSubtemas:\n\nNulidad de la sentencia condenatoria.\nFalta de determinación del dolo inicial e intención de lesionar.\n\n\"El reclamo es procedente en la forma en que se dirá. Si bien en algunas partes de su reclamo, la recurrente cuestiona la forma en que el fallo acredita los hechos, lo cierto es que el alegato fundamental que plantea por el fondo sí es claro y se dirige a cuestionar la aplicación, al caso concreto, de la figura del homicidio preterintencional tipificada en el numeral  113 inciso 2) del Código Penal, pues de los hechos probados no es posible deducir un dolo inicial de lesionar por parte del acusado, al señalarse que lo que hubo en realidad fue un breve altercado que no pasó a más y lo único que hizo el acusado fue empujar al ofendido, sin que el fallo aclare si de tal acción sea posible desprender en forma clara una intención de lesionar. Con este antecedente, tampoco es posible concluir que existiendo una conducta inicial dolosa, se produjera un posterior resultado más grave, atribuible a título de culpa –en este caso la muerte del ofendido-, pues de los hechos probados no se desprende cuál es la falta al deber de cuidado que puede atribuírsele a M.U., ni siquiera se establece y analiza la previsibilidad de la muerte del ofendido en las circunstancias del caso concreto y la relación de causalidad entre esa falta y el resultado más grave producido y, en esas condiciones, no puede hablarse de un homicidio preterintencional. Efectivamente, de los hechos probados del fallo no es posible desprender los elementos indispensables para estimar que la conducta del acusado encuadra en la figura del homicidio preterintencional. La preterintencionalidad, define el legislador en el numeral 32 del Código Penal, existe cuando el sujeto activo “realiza una conducta de la cual se deriva un resultado más grave y de la misma especie que el que se quiso producir, siempre que este segundo resultado pueda serle imputado a título de culpa”. Debe, en consecuencia, establecerse la adecuación típica de la conducta inicial del sujeto activo en una figura penal –dolosa- para luego poder establecer que el dolo inicial  se dirigía a la producción de un resultado lesivo menor del que efectivamente se produjo, y determinar que este último resultado es consecuencia de una violación al deber de cuidado por parte del agente y por ello, puede serle atribuido, estableciéndose necesariamente la relación de causalidad entre la conducta inicial, la violación al deber de cuidado posterior y el resultado producido, que ha de ser de la misma especie del que inicialmente se quiso causar. En el caso concreto, el fallo tiene por acreditado que el día de los hechos, ofendido e imputado y dos hombres más, todos compañeros de trabajo como peones en una finca, que habían recibido su paga al mediodía, deciden comprar licor y retirarse a ingerirlo en una galera hecha de “perling” en medio de la finca del padre de su patrón. El ofendido fue a comprar el licor –un litro de “guaro Cacique”-, el que ingirieron puro con limón. Acabada esta primera botella, recogen dinero y el ofendido se retira a comprar otra, la que finalmente ingieren todos. Ahora bien, en el hecho cuarto se establece lo siguiente: “(…)Que una vez que regresó el ofendido H.H. hasta el lugar donde se encontraban sus compañeros de trabajo, todos prosiguieron tomando licor en forma strike (sic) con limón hasta que se acabó el segundo litro de  guaro, siendo que en un momento determinado G. H. se alejó de la galera de perling para vomitar cerca de unas piedras, momento en el cual el ofendido H. quien se encontraba sentado en el centro de la galera en el suelo le manifestó al imputado M.U. que se fuera para la casa, contestándole M.U. quien se encontraba de pie al ofendido “usted cree que yo no me animo a pelear con usted”, abalanzándose M.U. sobre la humanidad del ofendido H.H., tomándolo fuertemente del cuello mientras le repetía al ofendido “usted cree que yo no me animo a pelear con usted” interviniendo en ese momento R.V. quien agarró del brazo derecho a M.U. para que lo soltara, y este lo empujó fuertemente contra el suelo, y como consecuencia de ello el perjudicado cayó hacia atrás, golpeándose fuertemente en su cabeza contra una piedra de considerable tamaño, quedando el ofendido H. boca arriba con los ojos abiertos como idos y sin hablar, tomando R.V. a H. lo acomodó para que no se mojara pues empezaba a llover y se llevó enseguida a M.U. del lugar, siendo que cuanto todo esto sucedió tanto G.H.  quien se encontraba vomitando, como R.V. y M.U. se fueron del lugar dejando a O. en la galera de perlin pues creyeron que había quedado así producto del licor (…)”. Este hecho, que en esencia describe lo que sucedió, no permite vislumbrar que M.U. llegase a materializar una conducta dirigida a lesionar, pues simplemente se narra que sujetó al ofendido fuertemente del cuello y frente a la intervención de R.V., lo lanzó fuertemente contra el suelo. El Tribunal no analiza si antes de lanzarlo al suelo lo golpeó, o si una vez que cae continuó golpeándolo. Por el contrario, establece que lo único que M.U. hace, luego de sujetar fuertemente del cuello al ofendido, es lanzarlo con fuerza al suelo. Para concluir que es esta acción de lanzarlo con la que el acusado pretendía lesionar al ofendido, debe establecer el por qué de esa apreciación, específicamente si es por la naturaleza del terreno de la galera, el exceso de piedras, o si la misma piedra en la que finalmente impactó el ofendido era visible o no y, en consecuencia, establecer si precisamente en virtud de ello es que el acusado lo empuja, con la intención de que se golpee en la piedra o, al menos, aceptando que ello puede ocurrir y conformándose con el resultado que se produzca. Porque el análisis del sitio en que el suceso ocurre, así como las condiciones ambientales –hora, clima, ubicación de la galera, etc.- están por completo ausentes en el fallo, que simplemente se limita a describir las dimensiones de la piedra en la que impactó el ofendido -trece centímetros de largo por siete centímetros de ancho- (acta de inspección, folio 17) y a indicar que se encontraba semienterrada, según se aprecia claramente en la fotografía de folio 39, incorporada al debate como prueba y que es base de las conclusiones del fallo. Es un hecho que el ofendido se golpeó la cabeza fuerte y violentamente contra la piedra, pero los juzgadores no vinculan el golpe con la acción del acusado de querer lesionarlo. Por el contrario, en un confuso razonamiento dan cabida a consideraciones que justificarían la existencia de un homicidio culposo y nunca preterintencional y en el que se desdibuja cualquier actuación inicial dolosa del acusado con el objeto de lesionar al ofendido. Así, el Tribunal razona: “(…)De los elementos de convicción estudiados este Tribunal arriba a la certeza, que el imputado produjo la muerte del ofendido al empujarlo contra el suelo y como consecuencia directa e inmediata de esa acción imprudente y temeraria de su parte, el perjudicado cae hacia atrás, golpeándose fuertemente su cabeza contra una piedra de considerable tamaño, quedando tumbado en el suelo, mientras su agresor de inmediato se retira del lugar en asocio de las otras dos personas que se encontraban presentes, de ahí que se estime, que esa acción no iba dirigida a causarle la muerte al perjudicado, sino a lo sumo a causarle un daño en su cuerpo o salud, dado que si la intención del acusado hubiera sido la de ultimar a la víctima no se hubiera retirado del lugar hasta lograrlo, lo cual no hizo, retirándose hacia su casa de habitación.- Esa omisión de parte del encausado a su deber de cuidado o falta de previsión, solo le puede ser reprochable al justiciable, pues sino (sic) hubiere empujado violentamente hacia atrás al ofendido quien se encontraba en evidente estado de ebriedad, lo que con toda seguridad le restó fuerza para evitar o al menos atenuar a caída que en definitiva le produjo la muerte, constituye sin lugar a dudas el resultado lesivo al bien jurídico tutelado sea la vida; Es decir, es causa eficiente y suficiente, que produjo un resultado de sobra previsible(…)” (destacados suplidos). Como se desprende de lo transcrito, la sentencia se confunde al analizar la conducta del acusado, pues al tiempo que habla de que la acción de empujar fue “imprudente y temeraria” -con lo cual está reconociendo que se encuentra frente a una conducta inicial culposa y nunca dolosa, como debe darse en la preterintención-, establece que esa conducta se dirigía “a lo sumo” a causarle al ofendido un daño en el cuerpo o en la salud, es decir, ni siquiera determina la certeza –ni se fundamenta- de que tal acción efectivamente iba encaminada a lesionar al ofendido o que el imputado así lo consideró y aceptó esas consecuencias -dolo eventual- y, por lo tanto, si no está correctamente determinado que hubo una acción inicial del acusado, dirigida a lesionar, no es posible deducir que el resultado mayor producido –la muerte- es atribuible al imputado por preterintención, es decir, a título de culpa. En cuanto a esto último, debe señalarse que la sentencia se limita simplemente a enunciar los presupuestos de la culpa –falta al deber de cuidado, previsibilidad del resultado lesivo y eficiencia de la conducta para producir el resultado-, sin que los explique y documente en el caso concreto, es decir, sin que les de contenido. En el fallo no se establece por qué debía ser previsible para el acusado, que al caer el ofendido y golpearse la cabeza, podía morir, pues tampoco especifica en qué consiste la falta al deber de cuidado, en suma, en el fallo no están claros los hechos ni su valoración jurídica. Ya se señaló que no se analizan las condiciones del sitio en que ocurren los hechos –si está lleno de piedras, o tiene piedras grandes que sobresalen, si existe iluminación o no, cómo está compuesto el piso de la galera, si la piedra era visible, etc.-; no se valora el estado en que queda el ofendido, pues, en forma contradictoria el fallo señala que tanto el acusado como los restantes testigos dejaron allí al ofendido, porque creyeron que había quedado así, como “ido”, por la ingesta de licor y no porque lo creyeran herido o golpeado, no obstante luego afirma que era previsible para ellos el resultado producido, esto es, la muerte y que fue imprudente abandonarlo, por el riesgo que había creado, sin que se analice de qué forma ese resultado era previsible. Además, en las fotografías tomadas en el sito del suceso, dentro de las evidencias encontradas está una gorra del ofendido impregnada de sangre –folio 38, fotografía número 3-, elemento que ni siquiera se menciona, esto es, si la portaba o no el ofendido y, en consecuencia, era visible o no algún sangrado o si éste existió o no. Así, los hechos probados no dan sustento a las conclusiones del Tribunal y además, a juicio de la Sala se encuentran confusamente establecidos, por lo que su descripción no resulta adecuada y en razón de ello es menester anular el fallo y ordenar el reenvío al Tribunal de origen para una nueva celebración del juicio como corresponde.\"\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\nExp: 98-200630-0064-PE\n\nRes: 2000-00896\n\n\n\n\nSALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de agosto del dos mil.\n\n\n\n\nRecurso de casación, interpuesto en la presente causa seguida contra RICARDO MAYORGA UMAÑA, casado, jornalero, vecino de Repunta de Pérez Zeledón, cédula de identidad número 5-165-205, por el delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, en perjuicio de OLMAN HIDALGO HIDALGO. Intervienen en la decisión del recurso, los Magistrados  Daniel González Alvarez, Presidente, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Mario Alberto Houed Vega, Rodrigo Castro Monge, y Joaquín Vargas Gené, éste último como magistrado suplente. También intervienen  la licenciada Rocío Murillo Mora, defensora particular del imputado y el licenciado Edgar Ramírez Villalobos, como representante  del Ministerio Público.\n\n\n\n\nResultando:\n\n\n\n\n1-Que mediante sentencia N°67-2000, dictada a las dieciséis horas del veintiocho de abril del año dos mil, el Tribunal de Juicio de la Zona Sur, sede de Pérez Zeledón, resolvió:  “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 11, 30, 45, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73 y 113 inciso 2) del Código Penal, 1, 266, 360 a 365, 367 a 369 del Código Procesal Penal, este Tribunal por unanimidad resuelve declarar a RICARDO MAYORGA UMAÑA autor único y responsable de un delito de HOMICIDIO PRETERINTECIONAL  (sic) cometido en perjuicio de OLMAN HIDALGO HIDALGO y en virtud de ello se le impone el tanto de TRES AÑOS de prisión, que deberá descontar en el Centro Penitenciario correspondiente, previo abono de la preventiva sufrida si la hubiere.-  Por calificar para ello y al amparo de lo dispuesto por el artículo 59, y siguientes del Código Penal se le otorga el beneficio de la CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL DE LA PENA, por un período de prueba de CINCO AÑOS, en el entendido de que si comete un nuevo delito doloso sancionado con pena de prisión superior a los seis meses durante el período de prueba, el Tribunal le revocará el beneficio que ahora le concede.-  Firme esta sentencia inscríbase un resumen de la misma en el Registro Judicial de Delincuentes.- Comuníquesee esta resolución al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena para lo de su cargo.- Se condena al encartado al pago de ambas costas de este proceso.- NOTIFIQUESE.- FS).  FRANZ PANIAGUA MEJIA.  ENRIQUE INFANTE ROJAS.  RONNY DURAN UMAÑA. JUECES”.\n\n2-Que contra el anterior pronunciamiento la licenciada María del Rocío Murillo Mora, defensora particular del imputado Ricardo Mayorga Umaña, interpuso recurso de casación. La recurrente en su alegato reclama la errónea aplicación, en el caso concreto, de la figura del homicidio preterintencional, tipificada en el numeral 113 inciso 2 del Código Penal. Solicita se declare con lugar este recurso de casación  y se absuelva a su defendido de toda pena y responsabilidad.\n\n 3- Que verificada la deliberación respectiva la Sala entró a conocer del recurso.\n\n 4-Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes .   \n\n                 Informa el Magistrado  González Alvarez  y,\n\n\n\n\nConsiderando:\n\n\n\n\n            Io- Errónea aplicación del numeral 113 inciso 2) del Código Penal: En el único motivo de su impugnación, la licenciada María del Rocío Murillo Mora, defensora de Ricardo Mayorga Umaña reclama la errónea aplicación, en el caso concreto, de la figura del homicidio preterintencional, tipificada en el numeral 113 inciso 2 del Código Penal. Señala que “(…)en la especie y en los hechos narrados no se desprende dolo ni eventual, ni específico, ni posible ni se narra esto en los hechos probados de la misma, porque en realidad nunca se probó tal dolo (…)”. Según la impugnante, los hechos probados establecen que el día del suceso se da una reunión de “camaradería” entre trabajadores de una finca, que deciden departir e ingerir licor juntos en una galera que existía dentro de una finca. Cuando ha acabado el licor y encontrándose el ofendido sentado en el suelo, se da un altercado entre éste y el imputado, pues el ofendido –quien se encontraba ebrio- le manifestó en dos ocasiones a Mayorga Umaña que se fuera para la casa. Su defendido no realiza ninguna amenaza, simplemente se le acerca, le dice que si cree que él no puede pelear con él, lo sujeta del cuello y cuando interviene el testigo Rivera Valverde, el acusado suelta al ofendido y lo empuja hacia atrás. Si bien existe en la sentencia la determinación de la piedra en la que el ofendido se golpea la cabeza “(…)realmente no refleja (sic) los hechos probados la existencia o que indiquen los testigos que hubiese sangre , (sic) un golpe fuerte que fuera previsible una lesión, y tan es así que en presencia de los dos testigos uno de ellos toma en forma rápida del brazo a Ricardo y se lo lleva , es más el testigo Luis quien corre los pies un poco a Olman que estaba boca arriba como ido para que no se moje y lo dejan en esa galera, por que (sic) creen que es producto del licor, véase que esta frase indica que no era PREVISIBLE que el señor OLMAN estuviera delicado, inconsciente, ya que pensaron que por el licor se durmió , y la omisión la tuvieron todos , por cuando ni se determinó sangre, ni golpes visibles , ni otros síntomas que hicieran pensar a una persona de inteligencia media  , (sic) que existía un problema diferente en Olman que no fuera dormir su ebriedad (…)“· Cuestiona además que no se ha establecido la relación de causalidad existente entre el carácter de la supuesta agresión inicial, que no se sabe a qué tipo de lesión llegó o pensaba llegar –podrían ser los golpes del empujón- y un resultado posterior más grave, que a su juicio no pudo ser producido por el empujón que el acusado dio al ofendido, “no existe, ni se narró con gran claridad que existe un animus ni dolo en lesionar ni mucho menos homicida de parte de mi representado, existe un breve altercado , que todos los presentes , dos testigos , y mi representado , que el señor Olman quedo (sic) durmiendo o en estado de ebriedad, no se determina una relación concreta y veraz de CAUSALIDAD (…) no se ha descrito la culpa de mi representado en el delito mayor, ese nexo de causalidad que la doctrina y la jurisprudencia nos hace demostrar , tampoco ha quedado descrito ni determinado en la sentencia que recurro , y la violación del deber de cuidado, en este caso no debe verse como un deber absoluto , este deber se infringe cuando se crea un riesgo para los bienes jurídicos ajenos que supere el riesgo permitido (…) “.\n\n            IIo.- El reclamo es procedente en la forma en que se dirá. Si bien en algunas partes de su reclamo, la recurrente cuestiona la forma en que el fallo acredita los hechos, lo cierto es que el alegato fundamental que plantea por el fondo sí es claro y se dirige a cuestionar la aplicación, al caso concreto, de la figura del homicidio preterintencional tipificada en el numeral  113 inciso 2) del Código Penal, pues de los hechos probados no es posible deducir un dolo inicial de lesionar por parte del acusado, al señalarse que lo que hubo en realidad fue un breve altercado que no pasó a más y lo único que hizo el acusado fue empujar al ofendido, sin que el fallo aclare si de tal acción sea posible desprender en forma clara una intención de lesionar. Con este antecedente, tampoco es posible concluir que existiendo una conducta inicial dolosa, se produjera un posterior resultado más grave, atribuible a título de culpa –en este caso la muerte del ofendido-, pues de los hechos probados no se desprende cuál es la falta al deber de cuidado que puede atribuírsele a Mayorga Umaña, ni siquiera se establece y analiza la previsibilidad de la muerte del ofendido en las circunstancias del caso concreto y la relación de causalidad entre esa falta y el resultado más grave producido y, en esas condiciones, no puede hablarse de un homicidio preterintencional. Efectivamente, de los hechos probados del fallo no es posible desprender los elementos indispensables para estimar que la conducta del acusado encuadra en la figura del homicidio preterintencional. La preterintencionalidad, define el legislador en el numeral 32 del Código Penal, existe cuando el sujeto activo “realiza una conducta de la cual se deriva un resultado más grave y de la misma especie que el que se quiso producir, siempre que este segundo resultado pueda serle imputado a título de culpa”. Debe, en consecuencia, establecerse la adecuación típica de la conducta inicial del sujeto activo en una figura penal –dolosa- para luego poder establecer que el dolo inicial  se dirigía a la producción de un resultado lesivo menor del que efectivamente se produjo, y determinar que este último resultado es consecuencia de una violación al deber de cuidado por parte del agente y por ello, puede serle atribuido, estableciéndose necesariamente la relación de causalidad entre la conducta inicial, la violación al deber de cuidado posterior y el resultado producido, que ha de ser de la misma especie del que inicialmente se quiso causar. En el caso concreto, el fallo tiene por acreditado que el día de los hechos, ofendido e imputado y dos hombres más, todos compañeros de trabajo como peones en una finca, que habían recibido su paga al mediodía, deciden comprar licor y retirarse a ingerirlo en una galera hecha de “perling” en medio de la finca del padre de su patrón. El ofendido fue a comprar el licor –un litro de “guaro Cacique”-, el que ingirieron puro con limón. Acabada esta primera botella, recogen dinero y el ofendido se retira a comprar otra, la que finalmente ingieren todos. Ahora bien, en el hecho cuarto se establece lo siguiente: “(…)Que una vez que regresó el ofendido Hidalgo Hidalgo hasta el lugar donde se encontraban sus compañeros de trabajo, todos prosiguieron tomando licor en forma strike (sic) con limón hasta que se acabó el segundo litro de  guaro, siendo que en un momento determinado Godínez Herrera se alejó de la galera de perling para vomitar cerca de unas piedras, momento en el cual el ofendido Hidalgo quien se encontraba sentado en el centro de la galera en el suelo le manifestó al imputado Mayorga Umaña que se fuera para la casa, contestándole Mayorga Umaña quien se encontraba de pie al ofendido “usted cree que yo no me animo a pelear con usted”, abalanzándose Mayorga Umaña sobre la humanidad del ofendido Hidalgo Hidalgo, tomándolo fuertemente del cuello mientras le repetía al ofendido “usted cree que yo no me animo a pelear con usted” interviniendo en ese momento Rivera Valverde quien agarró del brazo derecho a Mayorga Umaña para que lo soltara, y este lo empujó fuertemente contra el suelo, y como consecuencia de ello el perjudicado cayó hacia atrás, golpeándose fuertemente en su cabeza contra una piedra de considerable tamaño, quedando el ofendido Hidalgo boca arriba con los ojos abiertos como idos y sin hablar, tomando Rivera Valverde a Hidalgo lo acomodó para que no se mojara pues empezaba a llover y se llevó enseguida a Mayorga Umaña del lugar, siendo que cuanto todo esto sucedió tanto Godinez Herrera quien se encontraba vomitando, como Rivera Valverde y Mayorga Umaña se fueron del lugar dejando a Olman en la galera de perlin pues creyeron que había quedado así producto del licor (…)”. Este hecho, que en esencia describe lo que sucedió, no permite vislumbrar que Mayorga Umaña llegase a materializar una conducta dirigida a lesionar, pues simplemente se narra que sujetó al ofendido fuertemente del cuello y frente a la intervención de Rivera Valverde, lo lanzó fuertemente contra el suelo. El Tribunal no analiza si antes de lanzarlo al suelo lo golpeó, o si una vez que cae continuó golpeándolo. Por el contrario, establece que lo único que Mayorga Umaña hace, luego de sujetar fuertemente del cuello al ofendido, es lanzarlo con fuerza al suelo. Para concluir que es esta acción de lanzarlo con la que el acusado pretendía lesionar al ofendido, debe establecer el por qué de esa apreciación, específicamente si es por la naturaleza del terreno de la galera, el exceso de piedras, o si la misma piedra en la que finalmente impactó el ofendido era visible o no y, en consecuencia, establecer si precisamente en virtud de ello es que el acusado lo empuja, con la intención de que se golpee en la piedra o, al menos, aceptando que ello puede ocurrir y conformándose con el resultado que se produzca. Porque el análisis del sitio en que el suceso ocurre, así como las condiciones ambientales –hora, clima, ubicación de la galera, etc.- están por completo ausentes en el fallo, que simplemente se limita a describir las dimensiones de la piedra en la que impactó el ofendido ‑trece centímetros de largo por siete centímetros de ancho- (acta de inspección, folio 17) y a indicar que se encontraba semienterrada, según se aprecia claramente en la fotografía de folio 39, incorporada al debate como prueba y que es base de las conclusiones del fallo. Es un hecho que el ofendido se golpeó la cabeza fuerte y violentamente contra la piedra, pero los juzgadores no vinculan el golpe con la acción del acusado de querer lesionarlo. Por el contrario, en un confuso razonamiento dan cabida a consideraciones que justificarían la existencia de un homicidio culposo y nunca preterintencional y en el que se desdibuja cualquier actuación inicial dolosa del acusado con el objeto de lesionar al ofendido. Así, el Tribunal razona: “(…)De los elementos de convicción estudiados este Tribunal arriba a la certeza, que el imputado produjo la muerte del ofendido al empujarlo contra el suelo y como consecuencia directa e inmediata de esa acción imprudente y temeraria de su parte, el perjudicado cae hacia atrás, golpeándose fuertemente su cabeza contra una piedra de considerable tamaño, quedando tumbado en el suelo, mientras su agresor de inmediato se retira del lugar en asocio de las otras dos personas que se encontraban presentes, de ahí que se estime, que esa acción no iba dirigida a causarle la muerte al perjudicado, sino a lo sumo a causarle un daño en su cuerpo o salud, dado que si la intención del acusado hubiera sido la de ultimar a la víctima no se hubiera retirado del lugar hasta lograrlo, lo cual no hizo, retirándose hacia su casa de habitación.- Esa omisión de parte del encausado a su deber de cuidado o falta de previsión, solo le puede ser reprochable al justiciable, pues sino (sic) hubiere empujado violentamente hacia atrás al ofendido quien se encontraba en evidente estado de ebriedad, lo que con toda seguridad le restó fuerza para evitar o al menos atenuar a caída que en definitiva le produjo la muerte, constituye sin lugar a dudas el resultado lesivo al bien jurídico tutelado sea la vida; Es decir, es causa eficiente y suficiente, que produjo un resultado de sobra previsible(…)” (destacados suplidos). Como se desprende de lo transcrito, la sentencia se confunde al analizar la conducta del acusado, pues al tiempo que habla de que la acción de empujar fue “imprudente y temeraria” -con lo cual está reconociendo que se encuentra frente a una conducta inicial culposa y nunca dolosa, como debe darse en la preterintención-, establece que esa conducta se dirigía “a lo sumo” a causarle al ofendido un daño en el cuerpo o en la salud, es decir, ni siquiera determina la certeza –ni se fundamenta- de que tal acción efectivamente iba encaminada a lesionar al ofendido o que el imputado así lo consideró y aceptó esas consecuencias ‑dolo eventual- y, por lo tanto, si no está correctamente determinado que hubo una acción inicial del acusado, dirigida a lesionar, no es posible deducir que el resultado mayor producido –la muerte- es atribuible al imputado por preterintención, es decir, a título de culpa. En cuanto a esto último, debe señalarse que la sentencia se limita simplemente a enunciar los presupuestos de la culpa –falta al deber de cuidado, previsibilidad del resultado lesivo y eficiencia de la conducta para producir el resultado-, sin que los explique y documente en el caso concreto, es decir, sin que les de contenido. En el fallo no se establece por qué debía ser previsible para el acusado, que al caer el ofendido y golpearse la cabeza, podía morir, pues tampoco especifica en qué consiste la falta al deber de cuidado, en suma, en el fallo no están claros los hechos ni su valoración jurídica. Ya se señaló que no se analizan las condiciones del sitio en que ocurren los hechos –si está lleno de piedras, o tiene piedras grandes que sobresalen, si existe iluminación o no, cómo está compuesto el piso de la galera, si la piedra era visible, etc.-; no se valora el estado en que queda el ofendido, pues, en forma contradictoria el fallo señala que tanto el acusado como los restantes testigos dejaron allí al ofendido, porque creyeron que había quedado así, como “ido”, por la ingesta de licor y no porque lo creyeran herido o golpeado, no obstante luego afirma que era previsible para ellos el resultado producido, esto es, la muerte y que fue imprudente abandonarlo, por el riesgo que había creado, sin que se analice de qué forma ese resultado era previsible. Además, en las fotografías tomadas en el sito del suceso, dentro de las evidencias encontradas está una gorra del ofendido impregnada de sangre –folio 38, fotografía número 3-, elemento que ni siquiera se menciona, esto es, si la portaba o no el ofendido y, en consecuencia, era visible o no algún sangrado o si éste existió o no. Así, los hechos probados no dan sustento a las conclusiones del Tribunal y además, a juicio de la Sala se encuentran confusamente establecidos, por lo que su descripción no resulta adecuada y en razón de ello es menester anular el fallo y ordenar el reenvío al Tribunal de origen para una nueva celebración del juicio como corresponde.\n\n            IIIo.- Adicionalmente, nota esta Sala –y lo reclama la recurrente- que el Tribunal únicamenrte analizó la lesión sufrida por el ofendido como consecuencia del golpe que recibió en la cabeza. Sin embargo, margina la consideración de las otras lesiones que presentaba, especialmente en el tórax y que se encuentran documentadas no sólo en los informes médicos del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón –acta de folio 35, diagnóstico de ingreso “politraumatizado”- como en la autopsia médico legal –folio 31-, sino que además así lo narraron los testigos que encontraron al ofendido tirado en la galera al día siguiente de los hechos y que refieren que estaba “todo golpeado” y además tendido boca abajo, elementos que no coinciden con lo narrado por los testigos presenciales y que no son analizados por el Tribunal para establecer la dinámica de los hechos e incluso para cotejar e interrogar a los testigos con tales evidencias. Por las razones expuestas procede acoger el reclamo. Se anula la sentencia así como el debate que la precede y se ordena el reenvío de la causa al Tribunal competente para la celebración de un nuevo juicio como corresponde.\n\n\n\n\nPor Tanto:\n\n\n\n\nSe declara con lugar el recurso. Se anula la sentencia así como el debate que la precede y se ordena el reenvío de la causa al Tribunal competente para la celebración de un nuevo juicio como corresponde.\n\n\n\n\n\n\nDaniel González A.\n\n \n\nJesús A. Ramírez  Q.                                                  Mario A. Houed V.\n\n \n\n \n\nRodrigo Castro M.                                                     Joaquín Vargas G.\n\n                                       \n\n\n\n\n\n\n(545-3/8-00)gml\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 06-02-2026 07:21:38.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nThird Chamber of the Court\n\nResolution No. 00896 - 2000\n\nResolution Date: August 4, 2000 at 10:50\n\nDocket: 98-200630-0064-PE\n\nDrafted by: Daniel González Alvarez\n\nType of matter: Appeal in cassation\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\nRelated Judgments\n\n\nContent of Interest:\n\nContent type: Majority vote\n\nBranch of Law: Criminal Procedural Law\n\nTopic: Nullity of the criminal judgment\n\nSubtopics:\n\nConviction for preterintentional homicide.\nImpossible determination of proven facts regarding the initial criminal intent (dolo) and intention to injure.\n\nTopic: Preterintentional homicide\n\nSubtopics:\n\nNullity of the conviction.\nLack of determination of the initial criminal intent (dolo) and intention to injure.\n\n\"The claim is admissible in the manner to be stated. Although in some parts of her claim, the appellant questions the way in which the judgment accredits the facts, the truth is that the fundamental argument she raises on the merits is clear and is aimed at questioning the application, to the specific case, of the figure of preterintentional homicide (homicidio preterintencional) defined in Article 113 subsection 2) of the Penal Code, since from the proven facts it is not possible to deduce an initial criminal intent (dolo) to injure on the part of the accused, given that it is indicated that what actually happened was a brief altercation that went no further and the only thing the accused did was push the victim, without the judgment clarifying whether from such an action it is possible to clearly infer an intention to injure. With this background, it is also not possible to conclude that an initial intentional conduct existed, which produced a subsequent more serious result, attributable on the basis of negligence (culpa) – in this case the death of the victim – because from the proven facts, it is not clear what the breach of the duty of care (falta al deber de cuidado) attributable to M.U. is, nor is the foreseeability of the death of the victim in the circumstances of the specific case and the causal relationship between that breach and the more serious result produced even established and analyzed, and, under these conditions, one cannot speak of a preterintentional homicide. Indeed, from the proven facts of the judgment it is not possible to infer the essential elements to consider that the conduct of the accused fits into the figure of preterintentional homicide. Preterintentionality, as defined by the legislator in Article 32 of the Penal Code, exists when the active subject 'performs a conduct from which a more serious result of the same kind as the one intended is derived, provided that this second result can be attributed to him on the basis of negligence.' It must, consequently, be established that the initial conduct of the active subject fits the definition of a criminal offense – intentional (dolosa) – in order to then be able to establish that the initial criminal intent (dolo) was aimed at producing a lesser injurious result than the one actually produced, and determine that this latter result is a consequence of a violation of the duty of care by the agent and, for this reason, can be attributed to him, necessarily establishing the causal relationship between the initial conduct, the subsequent violation of the duty of care, and the result produced, which must be of the same kind as the one initially intended. In the specific case, the judgment finds it proven that on the day of the events, the victim and the accused and two other men, all work colleagues as laborers on a farm, who had received their pay at noon, decided to buy liquor and withdraw to drink it in a shed made of 'perling' in the middle of the farm of their boss's father. The victim went to buy the liquor – a liter of 'guaro Cacique' – which they drank straight with lemon. Having finished this first bottle, they collected money and the victim went off to buy another, which they all drank in the end. Now, in the fourth fact, the following is established: '(...)That once the victim H.H. returned to the place where his work colleagues were, they all continued drinking liquor straight with lemon until the second liter of guaro was finished, at which point at a certain moment G. H. moved away from the perling shed to vomit near some stones, at which moment the victim H., who was sitting on the ground in the center of the shed, told the accused M.U. to go home, to which M.U., who was standing, replied to the victim \"you think I don't dare to fight you,\" M.U. lunging himself onto the person of the victim H.H., grabbing him strongly by the neck while repeating to the victim \"you think I don't dare to fight you,\" at which moment R.V. intervened, grabbing M.U.'s right arm to make him let go, and he pushed him strongly against the ground, and as a consequence, the injured party fell backward, striking his head strongly against a stone of considerable size, the victim H. remaining face up with his eyes open as if dazed and without speaking, R.V. taking H. and arranging him so he wouldn't get wet since it was starting to rain and subsequently took M.U. away from the place, and once all this had happened, G.H., who was vomiting, as well as R.V. and M.U., left the place leaving O. in the perlin shed because they believed he had ended up like that as a result of the liquor (...)'. This fact, which essentially describes what happened, does not allow one to discern that M.U. came to materialize a conduct aimed at injuring, for it simply narrates that he grabbed the victim strongly by the neck and, faced with R.V.'s intervention, threw him strongly to the ground. The Trial Court does not analyze whether he hit him before throwing him to the ground, or whether he continued to hit him once he fell. On the contrary, it establishes that the only thing M.U. does, after strongly grabbing the victim by the neck, is to throw him forcefully to the ground. To conclude that it is this action of throwing with which the accused intended to injure the victim, it must establish the reason for that assessment, specifically whether it is due to the nature of the ground in the shed, the excess of stones, or whether the very stone that the victim finally impacted was visible or not, and, consequently, establish whether it is precisely by virtue of this that the accused pushes him, with the intention that he hit the stone or, at least, accepting that this could occur and conforming to the result produced. Because the analysis of the site where the event occurred, as well as the environmental conditions – time, weather, location of the shed, etc. – are completely absent from the judgment, which simply limits itself to describing the dimensions of the stone the victim impacted -thirteen centimeters long by seven centimeters wide- (inspection report, folio 17) and indicating that it was partially buried, as can be clearly seen in the photograph on folio 39, admitted into the debate as evidence and which forms the basis of the judgment's conclusions. It is a fact that the victim struck his head strongly and violently against the stone, but the judges do not link the blow with the accused's action of wanting to injure him. On the contrary, in a confused reasoning, they allow considerations that would justify the existence of a negligent homicide (homicidio culposo) and never a preterintentional one, and in which any initial intentional action by the accused with the aim of injuring the victim is blurred. Thus, the Trial Court reasons: '(...)From the pieces of evidence studied, this Trial Court reaches the certainty that the accused caused the death of the victim by pushing him to the ground and as a direct and immediate consequence of that reckless and rash action on his part, the injured party falls backward, striking his head strongly against a stone of considerable size, remaining lying on the ground, while his aggressor immediately leaves the place in association with the other two persons who were present, hence it is considered that this action was not aimed at causing the death of the injured party, but at most at causing damage to his body or health, given that if the intention of the accused had been to kill the victim, he would not have left the place until achieving it, which he did not do, going away to his dwelling house.- That omission on the part of the defendant regarding his duty of care or lack of foresight can only be reprehensible to the person on trial, because if he had not violently pushed backward the victim who was in an evident state of intoxication, which most certainly diminished his strength to avoid or at least cushion the fall that ultimately caused his death, constitutes without a doubt the harmful result to the legal interest protected, that is, life; That is, it is an efficient and sufficient cause, which produced an amply foreseeable result (...)' (emphasized text added). As can be inferred from the foregoing, the judgment becomes confused when analyzing the conduct of the accused, for while it speaks of the action of pushing as having been 'reckless and rash' – thereby recognizing that it is faced with an initial negligent conduct and never an intentional one, as should occur in preterintention – it establishes that this conduct was aimed 'at most' at causing the victim damage to his body or health, that is, it does not even determine with certainty – nor does it provide a basis – that such action was indeed aimed at injuring the victim or that the accused so considered and accepted those consequences – eventual criminal intent (dolo eventual) – and, therefore, if it is not correctly determined that there was an initial action by the accused aimed at injuring, it is not possible to deduce that the greater result produced – death – is attributable to the accused through preterintention, that is, on the basis of negligence. As for this latter point, it must be noted that the judgment simply limits itself to enunciating the assumptions of negligence – breach of the duty of care, foreseeability of the harmful result, and efficiency of the conduct to produce the result – without explaining and documenting them in the specific case, that is, without giving them content. The judgment does not establish why it should have been foreseeable for the accused that when the victim fell and hit his head, he could die, nor does it specify what the breach of the duty of care consists of; in short, the judgment is not clear on the facts or their legal assessment. It has already been noted that the conditions of the site where the events occur are not analyzed – whether it is full of stones, or has large protruding stones, whether there is lighting or not, what the floor of the shed is made of, whether the stone was visible, etc.; the state in which the victim is left is not assessed, for, contradictorily, the judgment indicates that both the accused and the remaining witnesses left the victim there because they believed he had ended up like that, as if 'dazed,' due to the ingestion of liquor and not because they believed him wounded or beaten, yet later it affirms that the produced result, that is, death, was foreseeable for them and that it was reckless to abandon him, due to the risk they had created, without analyzing in what way that result was foreseeable. Furthermore, in the photographs taken at the scene of the event, among the evidence found is a cap belonging to the victim impregnated with blood – folio 38, photograph number 3 – an element that is not even mentioned, that is, whether the victim was wearing it or not and, consequently, whether any bleeding was visible or not, or if it even existed. Thus, the proven facts do not support the conclusions of the Trial Court and, in the judgment of this Chamber, are confusedly established, for which reason their description is not adequate and, by reason thereof, it is necessary to annul the judgment and order the case to be sent back to the Trial Court of origin for a new trial as appropriate.\"\n\n... See more\nCitations of Legislation and Doctrine\nText of the resolution\n\nDocket: 98-200630-0064-PE\n\nRes: 2000-00896\n\n\n\nTHIRD CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours fifty minutes on August four, two thousand.\n\n\n\nAppeal in cassation, filed in the present case against RICARDO MAYORGA UMAÑA, married, day laborer, resident of Repunta de Pérez Zeledón, identity card number 5-165-205, for the crime of PRETERINTENTIONAL HOMICIDE, to the detriment of OLMAN HIDALGO HIDALGO. Participating in the decision on the appeal are the Judges Daniel González Alvarez, Presiding Judge, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Mario Alberto Houed Vega, Rodrigo Castro Monge, and Joaquín Vargas Gené, the latter as a substitute judge. Also participating are licensed attorney Rocío Murillo Mora, private defense counsel for the accused, and licensed attorney Edgar Ramírez Villalobos, as representative of the Public Prosecutor's Office.\n\n\n\nWhereas:\n\n\n\n1- That by judgment No. 67-2000, issued at sixteen hours on April twenty-eight, year two thousand, the Trial Court for the Southern Zone, Pérez Zeledón seat, ruled: \"THEREFORE: In accordance with the foregoing, articles 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 11, 30, 45, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73 and 113 subsection 2) of the Penal Code, 1, 266, 360 to 365, 367 to 369 of the Code of Criminal Procedure, this Court by unanimous vote resolves to declare RICARDO MAYORGA UMAÑA sole perpetrator and responsible for a crime of PRETERINTENTIONAL HOMICIDE committed to the detriment of OLMAN HIDALGO HIDALGO and by virtue thereof imposes upon him the sentence of THREE YEARS of imprisonment, which he shall serve in the corresponding Penitentiary Center, with prior credit for any pretrial detention served if any.- Being eligible for it and under the protection of the provisions of article 59 et seq. of the Penal Code, the benefit of the CONDITIONAL EXECUTION OF THE SENTENCE is granted, for a probation period of FIVE YEARS, on the understanding that if he commits a new intentional crime punishable by a prison sentence exceeding six months during the probation period, the Court shall revoke the benefit now granted to him.- Once this judgment is final, a summary thereof shall be recorded in the Judicial Register of Offenders.- This resolution shall be communicated to the National Institute of Criminology and to the Sentence Execution Court for its respective duties.- The defendant is sentenced to pay both procedural costs arising from this proceeding.- NOTIFY.- SIGNATURES). FRANZ PANIAGUA MEJIA. ENRIQUE INFANTE ROJAS. RONNY DURAN UMAÑA. JUDGES.\"\n\n2- That against the preceding ruling, licensed attorney María del Rocío Murillo Mora, private defense attorney for the accused Ricardo Mayorga Umaña, filed an appeal in cassation. The appellant in her complaint objects to the erroneous application, in the specific case, of the figure of preterintentional homicide, defined in article 113 subsection 2 of the Penal Code. She requests that this appeal in cassation be granted and her client be acquitted of all punishment and liability.\n\n3- That after the respective deliberation had taken place, this Chamber proceeded to hear the appeal.\n\n4- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nMagistrate González Álvarez provides the following report and,\n\n\n\nConsidering:\n\n\n\nIo- Erroneous application of article 113 subsection 2) of the Penal Code: In the sole ground of her appeal, licensed attorney María del Rocío Murillo Mora, defense attorney for Ricardo Mayorga Umaña, objects to the erroneous application, in the specific case, of the figure of preterintentional homicide, defined in article 113 subsection 2 of the Penal Code. She indicates that \"(...)in the present case and in the events narrated, no criminal intent (dolo) is evident, not even eventual, specific, or possible, nor is this narrated in its proven facts, because in reality such criminal intent was never proven (...)\". According to the appellant, the proven facts establish that on the day of the event a 'camaraderie' gathering takes place among workers of a farm, who decide to fraternize and drink liquor together in a shed that existed within a farm. When the liquor is finished and the victim is sitting on the ground, an altercation occurs between him and the accused, as the victim – who was drunk – told Mayorga Umaña on two occasions to go home. Her client does not make any threat; he simply approaches him, tells him that if he believes he cannot fight with him, grabs him by the neck, and when the witness Rivera Valverde intervenes, the accused releases the victim and pushes him backward. While the judgment determines the stone on which the victim strikes his head, \"(...)the proven facts do not truly reflect the existence, nor indicate that the witnesses saw, that there was blood, a strong blow that would make an injury foreseeable, and so much so that in the presence of the two witnesses, one of them quickly takes Ricardo by the arm and takes him away; moreover, the witness Luis slightly moves the feet of Olman, who was face up as if dazed, so he doesn't get wet, and they leave him in that shed, because they believe it is due to the liquor; note that this phrase indicates that it was not FORESEEABLE that Mr. OLMAN was serious, unconscious, since they thought he fell asleep because of the liquor, and the omission was shared by all, because no blood, visible blows, or other symptoms were determined that would make a person of average intelligence think that there was a different problem with Olman other than sleeping off his drunkenness (...).\" She also questions that the causal relationship existing between the nature of the alleged initial aggression, which it is not known what type of injury was reached or intended – it could be the blows from the push – and a subsequent more serious result, which in her opinion could not have been produced by the push the accused gave the victim, has not been established, \"there is not, nor was it narrated with great clarity, that there exists an animus nor criminal intent (dolo) to injure, much less a homicidal one, on the part of my client, there exists a brief altercation, and all those present, two witnesses, and my client, [believed] that Mr. Olman was left sleeping or in a state of intoxication, a concrete and truthful relationship of CAUSALITY is not determined (...) the negligence (culpa) of my client in the greater crime has not been described, that link of causality that doctrine and jurisprudence requires us to demonstrate, nor has it been described or determined in the judgment that I am appealing, and the violation of the duty of care, in this case, should not be seen as an absolute duty, this duty is breached when a risk is created for others' legal interests that exceeds the permitted risk (...) \".\n\nIIo- The claim is admissible in the manner to be stated. Although in some parts of her claim, the appellant questions the way in which the judgment accredits the facts, the truth is that the fundamental argument she raises on the merits is clear and is aimed at questioning the application, to the specific case, of the figure of preterintentional homicide defined in Article 113 subsection 2) of the Penal Code, since from the proven facts it is not possible to deduce an initial criminal intent (dolo) to injure on the part of the accused, given that it is indicated that what actually happened was a brief altercation that went no further and the only thing the accused did was push the victim, without the judgment clarifying whether from such an action it is possible to clearly infer an intention to injure. With this background, it is also not possible to conclude that an initial intentional conduct existed, which produced a subsequent more serious result, attributable on the basis of negligence (culpa) – in this case the death of the victim – because from the proven facts, it is not clear what the breach of the duty of care (falta al deber de cuidado) attributable to Mayorga Umaña is, nor is the foreseeability of the death of the victim in the circumstances of the specific case and the causal relationship between that breach and the more serious result produced even established and analyzed, and, under these conditions, one cannot speak of a preterintentional homicide. Indeed, from the proven facts of the judgment it is not possible to infer the essential elements to consider that the conduct of the accused fits into the figure of preterintentional homicide. Preterintentionality, as defined by the legislator in Article 32 of the Penal Code, exists when the active subject 'performs a conduct from which a more serious result of the same kind as the one intended is derived, provided that this second result can be attributed to him on the basis of negligence.' It must, consequently, be established that the initial conduct of the active subject fits the definition of a criminal offense – intentional (dolosa) – in order to then be able to establish that the initial criminal intent (dolo) was aimed at producing a lesser injurious result than the one actually produced, and determine that this latter result is a consequence of a violation of the duty of care by the agent and, for this reason, can be attributed to him, necessarily establishing the causal relationship between the initial conduct, the subsequent violation of the duty of care, and the result produced, which must be of the same kind as the one initially intended. In the specific case, the judgment finds it proven that on the day of the events, the victim and the accused and two other men, all work colleagues as laborers on a farm, who had received their pay at noon, decided to buy liquor and withdraw to drink it in a shed made of \"perling\" in the middle of the farm of their boss's father. The victim went to buy the liquor – a liter of \"guaro Cacique\" – which they drank straight with lemon. Having finished this first bottle, they collected money and the victim went off to buy another, which they all drank in the end. Now, in the fourth fact, the following is established: \"(...)That once the victim Hidalgo Hidalgo returned to the place where his work colleagues were, they all continued drinking liquor straight with lemon until the second liter of guaro was finished, at which point at a certain moment Godínez Herrera moved away from the perling shed to vomit near some stones, at which moment the victim Hidalgo, who was sitting on the ground in the center of the shed, told the accused Mayorga Umaña to go home, to which Mayorga Umaña, who was standing, replied to the victim \"you think I don't dare to fight you,\" Mayorga Umaña lunging himself onto the person of the victim Hidalgo Hidalgo, grabbing him strongly by the neck while repeating to the victim \"you think I don't dare to fight you,\" at which moment Rivera Valverde intervened, grabbing Mayorga Umaña's right arm to make him let go, and he pushed him strongly against the ground, and as a consequence, the injured party fell backward, striking his head strongly against a stone of considerable size, the victim Hidalgo remaining face up with his eyes open as if dazed and without speaking, Rivera Valverde taking Hidalgo and arranging him so he wouldn't get wet since it was starting to rain and subsequently took Mayorga Umaña away from the place, and once all this had happened, Godinez Herrera, who was vomiting, as well as Rivera Valverde and Mayorga Umaña, left the place leaving Olman in the perlin shed because they believed he had ended up like that as a result of the liquor (...)\". This fact, which essentially describes what happened, does not allow one to discern that Mayorga Umaña came to materialize a conduct aimed at injuring, for it simply narrates that he grabbed the victim strongly by the neck and, faced with Rivera Valverde's intervention, threw him strongly to the ground. The Court does not analyze whether he hit him before throwing him to the ground, or whether he continued to hit him once he fell. On the contrary, it establishes that the only thing Mayorga Umaña does, after strongly grabbing the victim by the neck, is to throw him forcefully to the ground. To conclude that it is this action of throwing with which the accused intended to injure the victim, it must establish the reason for that assessment, specifically whether it is due to the nature of the ground in the shed, the excess of stones, or whether the very stone that the victim finally impacted was visible or not, and, consequently, establish whether it is precisely by virtue of this that the accused pushes him, with the intention that he hit the stone or, at least, accepting that this could occur and conforming to the result produced. Because the analysis of the site where the event occurred, as well as the environmental conditions – time, weather, location of the shed, etc. – are completely absent from the judgment, which simply limits itself to describing the dimensions of the stone the victim impacted -thirteen centimeters long by seven centimeters wide- (inspection report, folio 17) and indicating that it was partially buried, as can be clearly seen in the photograph on folio 39, admitted into the debate as evidence and which forms the basis of the judgment's conclusions. It is a fact that the victim struck his head strongly and violently against the stone, but the judges do not link the blow with the accused's action of wanting to injure him. On the contrary, in a confused reasoning, they allow considerations that would justify the existence of a negligent homicide (homicidio culposo) and never a preterintentional one, and in which any initial intentional action by the accused with the aim of injuring the victim is blurred. Thus, the Court reasons: \"(...)From the pieces of evidence studied, this Court reaches the certainty that the accused caused the death of the victim by pushing him to the ground and as a direct and immediate consequence of that reckless and rash action on his part, the injured party falls backward, striking his head strongly against a stone of considerable size, remaining lying on the ground, while his aggressor immediately leaves the place in association with the other two persons who were present, hence it is considered that this action was not aimed at causing the death of the injured party, but at most at causing damage to his body or health, given that if the intention of the accused had been to kill the victim, he would not have left the place until achieving it, which he did not do, going away to his dwelling house.- That omission on the part of the defendant regarding his duty of care or lack of foresight can only be reprehensible to the person on trial, because if he had not violently pushed backward the victim who was in an evident state of intoxication, which most certainly diminished his strength to avoid or at least cushion the fall that ultimately caused his death, constitutes without a doubt the harmful result to the legal interest protected, that is, life; That is, it is an efficient and sufficient cause, which produced an amply foreseeable result (...)\" (emphasized text added). As can be inferred from the foregoing, the judgment becomes confused when analyzing the conduct of the accused, for while it speaks of the action of pushing as having been \"reckless and rash\" – thereby recognizing that it is faced with an initial negligent conduct and never an intentional one, as should occur in preterintention – it establishes that this conduct was aimed \"at most\" at causing the victim damage to his body or health, that is, it does not even determine with certainty – nor does it provide a basis – that such action was indeed aimed at injuring the victim or that the accused so considered and accepted those consequences – eventual criminal intent (dolo eventual) – and, therefore, if it is not correctly determined that there was an initial action by the accused aimed at injuring, it is not possible to deduce that the greater result produced – death – is attributable to the accused through preterintention, that is, on the basis of negligence. As for this latter point, it must be noted that the judgment simply limits itself to enunciating the assumptions of negligence – breach of the duty of care, foreseeability of the harmful result, and efficiency of the conduct to produce the result – without explaining and documenting them in the specific case, that is, without giving them content. The judgment does not establish why it should have been foreseeable for the accused that when the victim fell and hit his head, he could die, nor does it specify what the breach of the duty of care consists of; in short, the judgment is not clear on the facts or their legal assessment. It has already been noted that the conditions of the site where the events occur are not analyzed – whether it is full of stones, or has large protruding stones, whether there is lighting or not, what the floor of the shed is made of, whether the stone was visible, etc.; the state in which the victim is left is not assessed, for, contradictorily, the judgment indicates that both the accused and the remaining witnesses left the victim there because they believed he had ended up like that, as if \"dazed,\" due to the ingestion of liquor and not because they believed him wounded or beaten, yet later it affirms that the produced result, that is, death, was foreseeable for them and that it was reckless to abandon him, due to the risk they had created, without analyzing in what way that result was foreseeable. Furthermore, in the photographs taken at the scene of the event, among the evidence found is a cap belonging to the victim impregnated with blood – folio 38, photograph number 3 – an element that is not even mentioned, that is, whether the victim was wearing it or not and, consequently, whether any bleeding was visible or not, or if it even existed.\n\nThus, the proven facts do not support the Tribunal's conclusions and, moreover, in the Chamber's view they are confusedly established, so their description is not adequate and for this reason it is necessary to annul the judgment and order remand to the Tribunal of origin for a new trial as appropriate.\n\nIII.- Additionally, this Chamber notes–and the appellant alleges–that the Tribunal only analyzed the injury suffered by the victim as a result of the blow he received to the head. However, it disregards consideration of the other injuries he presented, especially to the thorax, which are documented not only in the medical reports of the Hospital Escalante Pradilla in Pérez Zeledón–record on folio 35, admission diagnosis of \"multiple trauma\" (politraumatizado)–and in the medico-legal autopsy–folio 31–, but were also described by the witnesses who found the victim lying in the shed the day after the events and who state that he was \"all beaten up\" and furthermore lying face down, elements that do not match what was described by the eyewitnesses and which are not analyzed by the Tribunal to establish the dynamics of the events or even to compare and question the witnesses with such evidence. For the reasons stated, the claim is sustained. The sentence is annulled as well as the debate that preceded it, and remand of the case to the competent Tribunal for the holding of a new trial as appropriate is ordered.\n\n\n\nPor Tanto:\n\n\n\nThe appeal is granted. The sentence is annulled as well as the debate that preceded it, and remand of the case to the competent Tribunal for the holding of a new trial as appropriate is ordered.\n\n\n\n\n\nDaniel González A.\n\n \n\nJesús A. Ramírez  Q. Mario A. Houed V.\n\n \n\n \n\nRodrigo Castro M. Joaquín Vargas G.\n\n                                       \n\n\n\n\n\n\n\n\n(545-3/8-00)gml\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\nClassification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nFaithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 06-02-2026 07:21:38.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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