{ "id": "nexus-sen-1-0034-1287267", "citation": "Res. 02823-2025 Tribunal Contencioso Administrativo", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Improcedencia de indemnización a CNFL por caída de árbol en propiedad de AyA", "title_en": "CNFL indemnification claim dismissed for tree fall on AyA property", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la demanda de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en la que se pretendía una indemnización de ₡3.811.638,86 por los daños que habría ocasionado la caída de un árbol sobre dos postes del tendido eléctrico. El tribunal aplica el régimen de responsabilidad objetiva de la Administración Pública (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública) y concluye que la CNFL no logró demostrar la existencia del daño alegado ni el nexo causal entre la caída del árbol y una conducta activa u omisiva del AyA. La prueba aportada (informes técnicos, fotografías de baja calidad, testimonios indirectos y visitas realizadas meses después del siniestro) resultó insuficiente para acreditar los hechos. Se acoge la excepción de falta de derecho y se condena en costas a la parte actora. La sentencia no examina el fondo sobre las obligaciones de mantenimiento de árboles en zonas de protección de nacientes, al no superarse los presupuestos probatorios básicos.", "summary_en": "The Administrative Litigation Court dismisses the claim filed by the National Power and Light Company (CNFL) against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), seeking ₡3,811,638.86 in damages allegedly caused by a tree that fell on two utility poles. The court applied the objective liability regime for public administration (articles 190 ff. of the General Public Administration Law) and held that CNFL failed to prove the existence of the alleged damage or a causal link between the tree fall and any active or omissive conduct by AyA. The evidence submitted (technical reports, poor-quality photographs, indirect testimony, and site visits conducted months after the incident) was insufficient to substantiate the claim. The defense of lack of right was upheld and costs were awarded against the plaintiff. The judgment does not address the substantive obligations for tree maintenance in water-source protection zones, as the basic evidentiary requirements were not met.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo", "date": "21/03/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "water-law" ], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "responsabilidad objetiva de la Administración", "nexo causal", "falta de derecho", "legitimación activa y pasiva", "zona de protección de nacientes", "Ley Forestal 7575", "Ley General de la Administración Pública art. 190", "proceso de conocimiento contencioso administrativo" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 190", "law": "Ley General de la Administración Pública (LGAP)" }, { "article": "Arts. 1045, 1048", "law": "Código Civil" }, { "article": "Arts. 33, 34", "law": "Ley Forestal 7575" }, { "article": "Art. 31", "law": "Ley de Aguas" } ], "keywords_es": [ "responsabilidad objetiva", "indemnización", "AyA", "CNFL", "nexo causal", "caída de árbol", "zona de protección de nacientes", "falta de derecho", "Tribunal Contencioso Administrativo", "proceso de conocimiento" ], "keywords_en": [ "strict liability", "indemnification", "AyA", "CNFL", "causal link", "tree fall", "spring protection zone", "lack of right", "Administrative Litigation Court", "ordinary proceeding" ], "excerpt_es": "En estos términos, y resultando imposible fijar la existencia del daño y del nexo causal eficiente, el análisis de la conducta como tal resulta inocuo a la decisión de este asunto, pues la ausencia de esos elementos hace imposible aceptar la tesis de la CNFL, debiendo acogerse la excepción de falta de derecho opuesta por el AyA, como en efecto se hace, lo que conlleva al rechazo de la demanda en todos sus extremos.\n\nSe rechaza la excepción de falta de legitimación en sus dos modalidades. Se acoge la defensa de falta de derecho opuesta por el AyA. Consecuentemente, se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda incoada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Se condena a la parte actora al pago de ambas costas a favor del AyA, a liquidarse en ejecución de sentencia.", "excerpt_en": "In these terms, and since it is impossible to establish the existence of the damage and the efficient causal link, the analysis of the conduct as such is irrelevant to the decision of this case, because the absence of those elements makes it impossible to accept CNFL's thesis. The lack-of-right defense raised by AyA must therefore be upheld, as it hereby is, resulting in the dismissal of the claim in all its aspects.\n\nThe lack-of-standing defense is dismissed in both forms. The lack-of-right defense raised by AyA is upheld. Consequently, the claim filed by COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA against INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS is DENIED in all its aspects. The plaintiff is ordered to pay both types of costs to AyA, to be determined in the enforcement of judgment.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "CNFL's claim is denied for failure to prove damage and causal link; the lack-of-right defense is upheld.", "summary_es": "Se declara sin lugar la demanda de la CNFL por falta de prueba del daño y del nexo causal, acogiendo la excepción de falta de derecho." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando sobre responsabilidad objetiva", "quote_en": "Note that the cited mandate does not refer to acts, but to functioning, so liability can arise not only from formal conduct by the public entity, but will also be demandable when it arises from material conduct or administrative omissions, in their various forms.", "quote_es": "Nótese que el mandato citado no alude a los actos, sino al funcionamiento, por lo que la responsabilidad podrá derivar no sólo de la conducta formal emanada por el ente público, sino que será también exigible cuando provenga de una conducta material o bien, de las omisiones administrativas, en su diversa tipología." }, { "context": "Considerando sobre elementos de la responsabilidad objetiva", "quote_en": "In summary, it will suffice to prove three elements for the duty to indemnify to arise: the existence of administrative conduct generating liability, the occurrence of an indemnifiable damage, that is, certain, real and effective, and finally, proof of the causal link that ties the specific administrative action to the alleged damage.", "quote_es": "Bastará entonces, en síntesis, acreditar tres elementos para que concurra el deber de indemnizarlo: la existencia de una conducta administrativa generadora de responsabilidad, la producción de un daño indemnizable, es decir, cierto, real y efectivo, y por último, la acreditación del nexo causal que vincule la específica actuación administrativa con el daño aludido." }, { "context": "Considerando sobre falta de prueba del daño", "quote_en": "No documentary evidence of the event itself was provided, meaning there are no photos of the site at the time of the incident, and the report prepared and signed by official Randall Carvajal Herrera states that photographs are not attached because those taken were of very low quality.", "quote_es": "No se aportaron pruebas documentales del propio suceso, es decir no hay fotos del sitio al momento del siniestro y el propio reporte elaborado y firmado por el funcionario Randall Carvajal Herrera indica que no se adjuntan fotografías porque las que se tomaron son de muy baja calidad." }, { "context": "Considerando conclusivo", "quote_en": "In these terms, and since it is impossible to establish the existence of the damage and the efficient causal link, the analysis of the conduct as such is irrelevant to the decision of this case, because the absence of those elements makes it impossible to accept CNFL's thesis.", "quote_es": "En estos términos, y resultando imposible fijar la existencia del daño y del nexo causal eficiente, el análisis de la conducta como tal resulta inocuo a la decisión de este asunto, pues la ausencia de esos elementos hace imposible aceptar la tesis de la CNFL." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-41661", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley Forestal 7575 Arts. 33, 34" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1287267", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [ { "idTipoVoto": 1, "nombreTipoVoto": "Voto de mayoría", "id": 1, "nombre": "Indemnización al administrado", "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "Necesaria demostración de daño y nexo causal" } ] }, { "id": 2, "nombre": "Responsabilidad objetiva de la Administración", "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "Necesaria demostración de daño y nexo causal" } ] } ], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 02823 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 21 de Marzo del 2025 a las 10:28\n\nExpediente: 19-007634-1027-CA\n\nRedactado por: No indica redactor\n\nClase de asunto: Proceso de conocimiento\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Indemnización al administrado\nSubtemas:\nNecesaria demostración de daño y nexo causal.\nTemas (descriptores): Responsabilidad objetiva de la Administración\nSubtemas:\nNecesaria demostración de daño y nexo causal.\nSentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n19-007634-1027-CA - 6\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nCONOCIMIENTO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nCOMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nINSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS\n\n \n\n N° 2025002823\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diez horas con ventiocho minutos del ventiuno de Marzo del dos mil venticinco.-\n\nProceso de conocimiento contencioso administrativo incoado por la COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA (CNFL), cédula jurídica número 3-101-000046, representada en este proceso por su apoderada especial judicial, Natalia Ocampo Rivera, carné 17467 (img. 42); en contra del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA), representado por sus apoderados especiales judiciales Robny Portilla Barrantes, carné número 11181 (img. 279) y Lisbeth Alfaro Vargas, carné número 17210 (img. 281).\n\nCONSIDERANDO\n\nASPECTOS PRELIMINARES.- Como parte del íter procesal se tiene lo siguiente:\nMediante libelo presentado el 20 de noviembre de 2019, la representación de la CNFL interpuso proceso de conocimiento contencioso administrativo, en el que se pide que en sentencia se declare lo siguiente (img. 2-7):\n\n“1. Que se le dé curso a la presente demanda.\n\n2. Se condene al demandado al pago del Monto [sic] adeudado: ¢3.811.638.86 (tres millones ochocientos once mil seiscientos treinta y ocho colones ochenta y seis céntimos).\n\n3. Sea condenado a pagar los daños, y costas ocasionados [sic], más sus respectivos intereses al día de pago efectivo, y se harán efectivos [sic] en la respectiva Ejecución de Sentencia”.\n\nEn resolución número 1668-2020 de las 10:25 horas del 11 de noviembre de 2020, la jueza de trámite se declaró incompetente para conocer del asunto. El Tribunal Civil en resolución número 618-2021, de las 7:56 horas del 15 de octubre de 2021 planteó conflicto de competencia ante la Sala Primera, que resolvió en resolución número 002581-C-S1-2022 de las 11:08 horas del 29 de noviembre de 2022 residenciar este asunto en sede contenciosa (img. 63-68, 81-84 y 92-96 respectivamente).\nEl AyA contestó la demanda en forma negativa en escrito presentado el 3 de mayo de 2023, en el que opuso las defensas de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y la eximente de culpa de la víctima (img. 64-70 del expediente judicial).\nEl 5 de diciembre de 2023 se celebró la audiencia preliminar con la asistencia de ambas partes. En dicha actuación se determinó que no había aspectos que sanear, se mantuvieron las pretensiones en los términos del escrito de la demanda y no se revisaron defensas previas. Se determinaron los hechos controvertidos, se admitió la prueba documental ofrecida, un testigo a la CNFL y dos al AyA. Además, se rechazó el reconocimiento judicial solicitado por la parte demandada (img. 284-288 y grabación de la audiencia incorporada a la carpeta electrónica).\nMediante auto de las 11:51 horas del 8 de abril de 2024 se convocó a las partes para juicio oral y público a realizarse a las 8:30 horas del 30 de enero de 2025 (img. 289-295 de la carpeta).\nEl juicio oral y público se celebró el 30 de enero de 2025 con la asistencia de ambas representaciones. En dicha actuación, las partes indicaron que no había posibilidad de acuerdo, no hubo aspectos de saneamiento ni prueba para mejor resolver y renunciaron a los alegatos de apertura. Posteriormente, se recibió la declaración de Marianela Barquero Palma, cédula de identidad número 1-1150-0295, Jonathan Vallejos Salazar, cédula de identidad número 6-0338-0455 y Álvaro Sibaja Collado, cédula de identidad número 1-0959-0522. (img. 305-307 de la carpeta y respaldo digital de la audiencia).\nEn auto de las 14:08 horas del 19 de febrero de 2025, el despacho indicó:\n\n“Encontrándose el Tribunal en proceso de deliberación y redacción de la sentencia, determina la ausencia dentro del material probatorio aportado, de documentos que resultan indispensables para la determinación de la verdad real de los hechos relevantes en este proceso, por lo que, actuando de conformidad con las facultades contenidas en los artículos 82.1 y 110.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, así como los numerales 73.15 y 81.2 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, con interrupción del plazo para dictar sentencia, se ordena al AyA que dentro del plazo de cinco días hábiles presente copia certificada del expediente administrativo del reclamo presentado por la CNFL. En caso de que no exista ese expediente, que se certifique tal circunstancia”.\n\nEl AyA aportó el expediente administrativo el día 24 de febrero de 2025, que se puso en conocimiento de la CNFL en auto de 16:01 horas del 25 de febrero de 2025, siendo que la CNFL sólo remitió copia del documento en el que presentó su expediente administrativo en el 2023, sin referirse a la prueba aportada (img. 311-326, 327 y 330 de la carpeta).\nEste asunto se procede a resolver dentro del plazo establecido en el artículo 111 del CPCA, tomando en consideración la interrupción del plazo según lo indicado en líneas precedentes. Redacta el Juez Conejo Cantillo, por unanimidad y con el voto afirmativo de los jueces Irías Obando e Hidalgo Rueda.\nHECHOS PROBADOS.- De importancia para este asunto, y por la forma en que se resuelve, se tienen por demostrados los siguientes:\nEl AyA es el propietario registral desde el 27 de junio de 1989 de la finca del partido de Cartago número 25572-000, con una cabida de 712.255,09 m2, sin indicación de plano catastrado que la acompañe y con anotación de patrimonio histórico desde el 28 de junio de 2016 (img. 126 de la carpeta).\nMediante reporte de avería número 39439764, con número de trámite 11186158, del 29 de mayo de 2019, la CNFL consignó la atención de una denuncia recibida ese mismo 29 de mayo a las 2:00 horas, en la ubicación fuente del Padre Carazo número uno, contiguo al puente, bomba de agua, en curva. Se asignaron dos cuadrillas que dieron solución a la avería a las 4:24 horas del mismo día, indicando que hallaron dos postes quebrados por árbol y que no se presentaron autoridades competentes por tratarse de la caída de un árbol. El funcionario que elaboró el informe (Randall Carvajal Herrera, que no es ninguno de los dos técnicos encargados de atender la avería) indicó en el apartado de observaciones generales (img. 12-15,107-114 de la carpeta):\n\n“Me presento al lugar de los hechos en los cuales se evidencia la caída de árbol sobre el tendido eléctrico y como consecuencia del hecho dañan dos postes de concreto, dicho árbol se encontraba en propiedad privada misma que el propietario es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado […]\n\nSe recomienda solicitar al Área Servicios Generales [sic] realizar el estudio de Topografía [sic] la finalidad de dar sustento a lo observado en el sitio por parte del personal de Investigación, ya que la información sobre los propietarios del terreno en el cual se encontraba el árbol fue brindada por el personal de Catastro.\n\nEn el área en el cual ocurren los hechos no se encontraba ninguna persona para tomarle declaración sobre daños ocasionados ya que lo que existe en el sitio son tanques y sistemas de bombeos [sic].\n\nIndican por parte del personal de Averías del Sistema de Distribución que las fotografías existentes son de muy mala calidad por lo cual no las aportan en el informe”.\n\nCon fecha 20 de junio de 2019 la Unidad de Ampliaciones y Mantenimiento del Sistema de Suministro de la CNFL certificó el contenido del documento denominado UADP 201974, en el cual se detallan los materiales, costo vehicular y mano de obra erogados por la CNFL en la reposición de los daños causados, para un monto total de ¢3.811.638,86 (img. 8-11, 115-120 de la carpeta).\nEn fecha 24 de julio de 2019 el Proceso de Administración de Bienes Inmuebles de la CNFL emitió un informe de topografía forense, sin indicar la fecha de realización de la visita de campo, en el que se concluyó (img. 16-25, 121-136 de la carpeta):\n\n“1. El árbol se encuentra dentro de los linderos una [sic] propiedad a cuyo [sic] propietario registral es el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, folio real de Cartago número 25572-000, plano catastro C-0447-1986.\n\n2. En el sitio se encontraron 3 raíces de árboles caídos en dirección al tendido eléctrico que sufre el daño (ver fotos en el informe anexo)”.\n\nSe adjuntaron cuatro fotografías sin fecha ni localización, la primera de las cuales se describe como “ubicación de los árboles que en apariencia causan la afectación del servicio eléctrico”. Las fotografías 2 y 3 no se describen y la fotografía cuatro, rotulada como #3, se describe como “nuevos postes colocados”. Además, se agregó el plano de la Estación Experimental El Alto, un informe registral de la finca 25572-000 de la provincia de Cartago y tres láminas donde se plasman los montajes topográficos realizados.\n\nLa CNFL remitió al AyA el oficio número 2203-0492-201920 del 31 de julio de 2019, recibido por el demandado el 1 de agosto del mismo año, en el que hizo un recuento de lo sucedido y reclamó el pago de la suma de ¢3.811.638,86, en el plazo de diez días hábiles (img 26-28, 312-314 de la carpeta).\nCon motivo de esa gestión, la UEN de Producción y Distribución GAM de la Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM del AyA elaboró el “Informe Daños a las Instalaciones eléctricas de la CNFL S.A. Altos Del Fierro (Finca Padre Carazo)”, cuyo alcance fue “analizar con la información técnica que se tiene lo ocurrido la noche del 29 de mayo del 2019 en el en [sic] sector del Alto de Fierro en Tres Ríos” arribando a las siguientes conclusiones (img. 315-320):\n\n“Es imprescindible recalcar los siguientes puntos:\n\n• Debido a la presencia de los manantiales en la finca, la propiedad es terreno de bosque destinado a la protección hidrológica, captación y conducción de aguas de dichos manantiales.\n\n• La caída del árbol no pudo predecirse ya que existen gran cantidad de árboles en la propiedad.\n\n• Esta situación es informada a la UEN Producción y Distribución hasta el día 6 de agosto del presente año. Antes de esta fecha no se tenía reporte alguno.\n\nAntes de que ocurriera este hecho, tampoco se contaba con algún tipo de notificación para realizar el corte de árboles para prevención por ser como repito una zona de protección. También se le puede recomendar a la CNFL realizar cableado subterráneo para que en el futuro no se vuelva a sufrir de dichas situaciones fortuitas”.\n\nEl reclamo fue resuelto mediante oficio UEN-PYDMC-GAM-2019-00122, del 27 de agosto de 2019, en el que se resolvió (img 29-34, 321-326 de la carpeta):\n\n“Los informes técnicos explican claramente que el lugar donde se dan los eventos son [sic] cerca del inmueble del AYA, sin embargo, no se evidencia que fueran causados por la caída de un árbol de pertenencia o responsabilidad del AYA. Ya que la ubicación no es compatible de acuerdo a la zona pues no ocurre sobre la posición del cuido y responsabilidad del AYA, si no [sic] más bien en la calzada Municipal o del Estado, por la posición del árbol sobre la una [sic] carretera que es Nacional.\n\nTal ves [sic] deberia [sic] dirigirse el reclamo al Sinac o referirse al Tribunal Ambiental para talar los bosques de zona de recarga acuífera, que Rodean [sic] los postes del [sic] Fuerza y Luz junta [sic] a la [sic] fuentes del Padre Carazo o tal ves [sic] la solución es que CNFL cambie su política a cableado subterráneo en la [sic] zonas protegidas.\n\nLa problemática en General [sic] ocurre por que [sic] hay un sistema de posteado eléctrico junto al bosque que protege la Zona de Reserva del Padre Carazo, esta propiedad es una zona de recarga de acuíferos desde tiempos anteriores a los años cuarenta, que data de la Segunda Guerra Mundial y la entrada de personalidades Europeas a esa región.\n\nEs un bosque que protege los acuíferos que descargan en el lugar, tiene una colindancia de varios kilómetros con la pequeña carretera que en partes tan solo pasa un vehículo a la vez es ademas [sic] una zona de muy poco tránsito vehicular.\n\nEn elo [sic] lugar como se aprecia en el informe técnico, se da un mantenimiento permanente de cercas y chapeo aledaños a las calles, para que el bosque no haga desaparecer las cercas.\n\nLos árboles que rodean la propiedad son de hasta 40 metros de alto en algunos casos y algunos están sobre pequeñas laderas, que hacen mayor todavía la altura de los arboles [sic] o su angulo [sic] de caída.\n\nDe la inspección no se aprecia que haya árboles en riesgo, o situaciones de este tipo, [sic]\n\nPero se nota que CNFL nunca ha realizado mantenimiento en el lugar pues fácilmente se ve como [sic] hay algunas ramas o enredaderas sobre las líneas de conducción de bajo voltaje y no se nota ningún mantenimiento de parte del [sic] CNFL.\n\nPara eliminar el posible riesgo de que un árbol pueda caer, por causa de tormenta sobre el posteado, habría que destruir mas [sic] de mil arboles [sic], tomando en cuenta el angulo [sic] de caída debes [sic] superar los 10 metros desde el cableado.\n\nSabiendo esto debe analizar mas [sic] bien CNFL [sic] bajo que [sic] criterio de seguridad instalar sistemas de cableados subterraneos [sic] en zonas con bosque.\n\nSi CNFL pone postes de tendido eléctrico lo hace bajo su propio riesgo y bajo su propio mantenimiento, asumiendo la posibilidad de que sin [sic] un árbol del bosque cae, puede causar un corto circuito e incendio y causar la perdida [sic] de tan importante patrimonio [sic]\n\nCNFL no debe tratar de que el AYA intervenga patrimonialmente en la reparación de estructuras que no cumplen la seguridad del servicio al que esta [sic] obligado CNFL.\n\nEs evidente que cuando el [sic] CNFL construyó el sistema de posteado, no analizó la peligrosidad del lugar pues debió poner la electrificación del lugar con tecnología subterránea, o bien por que [sic] no subió el cableado a niveles superiores al bosque, como sucede en el Cerro de la Muerte.\n\nLa impericia y falta de previsión constructiva de CNFL no debe ser cobrada como si fuera un acto de responsabilidad del AYA, por lo tanto no reconoce esta administración los gastos en que incurrió CNFL por la reparación de postes. Es muy evidente por la edad de los arboles [sic] y del bosque, que la Compañía instaló su sistema de porteado [sic] cuando ya existía el bosque, pues como se dijo en el inicio, esta zona de recarga acuífera, data desde los años 40’s según informes históricos de la captación.\n\nAsí las cosas en este caso específico se hace saber que el árbol que cayó no era del cuido del AYA, pues estaba sobre carretera, sin embargo se insta a CNFL a cambiar la modalidad de suministro eléctrico a tuberías subterráneas, para no poner en riesgo la zona de protección acuífera”.\n\nEn fecha 17 de octubre de 2019 la Unidad de Sostenibilidad del Área de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la CNFL emitió un control de reportes semanales, giras y reuniones, consecutivo MB 04-2019, para el proyecto denominado “Informe visita inspección forestal Alto del Fierro, Cartago”, en el que se indicó que la actividad tuvo como objetivo (img. 35-41, 137-144 de la carpeta):\n\n“Efectuar una valoración forestal que permita evaluar el estado fitosanitario algunos árboles de la especie conocida como Pino que podrían presentar riesgo de caída por sus características y que se encuentran ubicados en un sector colindante con la autopista Florencio del Castillo en Sector denominado Alto del Fierro, San Rafael, La Unión, Cartago”.\n\nSe indicó que la visita fue realizada el 10 de octubre, y se describieron los hallazgos de la siguiente forma:\n\n“El área corresponde a un sitio de plantación de árboles de pino de alturas entre los 20 y 40 m de altura, ubicada a la orilla de la autopista Florencio del Castillo en sentido Cartago San José. Donde además de ubicarse una parada de autobuses, está esta carretera con alto tránsito.\n\nA simple vista se puede inferir que 9 árboles ubicados en los alrededores donde se dio el incidente el pasado mes de mayo (unos 600 m2), los cuales presentan daños visibles en el fuste, tipo anillado que podrían estas afectando la estabilidad de los mismos.\n\nAdemás se observa daños mecánicos en las ramas, troncos, bases dañadas posiblemente por el ingreso de patógenos como hongos y otros agentes que podrían estar degenerando los 9 árboles.\n\nAnte esto sumándole la ubicación en taludes con pendiente pronunciada y las condiciones adversas atmosféricas que se presentan en diversas épocas del año entre fuertes lluvias y vientos, podría generar la caída de estos árboles, ya que al observar el árbol que se desraizó en mayo pasado, se concluye que tenía la característica que están compartiendo los demás árboles, de anillamiento en el fuste y raíces expuestas por erosión.\n\nEn la figura anterior, se muestra la ubicación del lugar donde se dio el incidente, donde se puede observar que el área protegida más cercana es Zona Protectora de los Cerros de la Carpintera. No obstante, el sitio al ser propiedad del AYA podría tener alguna restricción como zona de recarga acuífera. Pero ésta debería de estar declarada o por lo menos delimitada en un rango de perímetro 200 m de la ubicación de la fuente de agua”.\n\nEn el apartado de conclusiones y recomendaciones se indicó:\n\n“Aunque la valoración efectuada fue meramente preliminar, ya que no se midieron las variables de la metodología utilizada en el Área Gestión Ambiental y Recursos Naturales, se puede deducir según lo observado que los árboles de este sector poseen un riesgo de caída alto, principalmente por los daños ocasionados en los fustes o troncos de los árboles, que los han ido debilitando de diversas formas.\n\nLa práctica del anillado en los árboles, donde se corta la corteza en un segmento para propiciar el deterioro y muerte de los árboles, es muy invasiva lo que hace que el árbol pierda la vitalidad de una manera acelerada y descontrolada si éste no puede volver a unirse en corteza.\n\nLos nueve árboles observados presentan esta condición, donde ya es visible ramas totalmente secas, por lo que se considera importante tomar medidas al respecto para evitar los daños futuros a la infraestructura eléctrica, La responsabilidad del mantenimiento de los árboles en un tema de seguridad debe de ser responsabilidad del propietario, instando a efectuar prácticas adecuadas de manejo que permitan el mantenimiento de los árboles, más si se encuentran cercanos a infraestructura pública como lo son las redes eléctricas y las carreteras.\n\nSe recomienda conversar con los propietarios del inmueble para ver de qué manera puede responsabilizarse de hacer la tala requerida.\n\nTambién se recomienda revisar el establecimiento del inmueble como área de recarga acuífera, ya que la legislación forestal y de aguas otorga cierta reserva en cantidad de metros a la redonda, donde la tala de árboles no estaría permitida. Sin embargo, se tiene la opción de interponer \"Interdicto de derribo\" para casos especiales, donde haya situaciones de riesgo tanta humano como material”.\n\nSe adjuntaron diez fotografías, sin impresión de fecha o geolocalización. La primera de describió como “Sitio donde se desarizo [sic] el árbol el 29-05-19. Notese [sic] en los arboles [sic] el daño mecanico [sic] ocacionado [sic] en el fuste por anillamiento. Alto del fierro [sic] 10-10-19”. Las número 2 y 3 fueron descritas así: “Evaluación de árboles: raíces expuestas por erosión [sic], daños en fustes o tronco, posible caida [sic] sobre el tendido electrico [sic] que esta [sic] a un lado de la autopista Florencio del Castillo dirección Cartago San José. Alto del fierro [sic] 10-10-19”. Las fotografías 4, 5 y 6 fueron descritas como “Afectación de árboles por daños mecánicos y hongos. Alto del Fierro 10-10-19”, mientras que las últimas cuatro fotos se describieron así: “Área de evaluación. Cerca de Bomba Cristo Rey, autopista Florencio del Castillo. Alto del Fierro 10-10-19”.\n\nEn nota sin número del 24 de abril de 2023 la UEN de Gestión Ambiental del AyA remitió a su Asesoría Jurídica el informe UEN-GA-2023-00750, sin fecha de redacción, denominado “Estudio ambiental para el inmueble del AyA con finca N° 25572---000, propiedad Fuentes Padre Carazo, Tres Ríos, Cartago”, cuyo objetivo fue (img. 230-262 de la carpeta):\n\n“Realizar un estudio ambiental con el fin de identificar las áreas ambientalmente frágiles [sic] que limitan la corta de árboles dentro del inmueble del AyA con finca N° 25572---000, propiedad Fuentes Padre Carazo, Tres Rios [sic], Cartago”.\n\nEn este informe se concluyó:\n\n“Previo a la caida [sic] de los árboles el AyA no tiene solicitud formal por parte del operador electrica [sic] que sugiera alguna gestion [sic] de poda y corta de los 3 árboles que cayeron sobre el endido [sic] electrico [sic] y que generó la avería.\n\n• El AyA no realizó la corta de los tres árboles con equipo de motosierra, por lo que se observa en las fotografías los árboles cayeron naturalmente, por accion [sic] del viento, precipitaciones y condiciones de crecimiento.\n\n• Durante la inspección, en otro sector del inmueble se logra evidenciar el anillamiento de árboles correspondiente a otras especies diferentes a la citada de los árboles caidos [sic] y citados en el infome [sic] forestal. Estos estan [sic] fuera del alcance del tendido eléctrico [sic]. El anillamiento de los árboles no ha sido autorizada [sic] por el AyA.\n\n• Dentro del expediente, no se aporta evidencia técnica que permita inferir sobre el estado de los árboles y tampoco, se logra observar en la prueba aportada los árboles sobre el tendido electrico [sic] mantienen sus copas y ramas en verde. En las fotografías aportadas, se logra identificar que los árboles estan [sic] desraizados asociado a alguna causa natural y qye [sic] su caida [sic], fue imprevesible [sic].\n\n• La zona en donde ocurrio [sic] la afectación, se localiza dentro del área de protección forestal establecido por la Ley Forestal N°7575, para poder proceder con la corta de los árboles se requiere haber llevado a un proceso de sumario derribo de árboles o en su efecto, que la CNFL, aporte la Declaratoria de Conveniencia Nacional para haber presentado ante el SINAC la solictud [sic] de corta de los árboles. Sin embargo, nunca se coordino [sic] ante el AyA la solicitud de corta previo a la caida [sic] de los mismo [sic], lamentablemente, se materializó la afectación, pero no existe negligencia por parte del Instituto.\n\n• La zona en donde ocurrio [sic] la caida [sic] del árbol se localiza dentro del radio de los 200 metros establecidos en la Ley de Aguas (Articulo 31).\n\n• El inmueble del AyA está fuera de alguna Área Silvestre Protegida administrada por el SINAC.\n\n• El inmueble tiene sitios arqueolocicos [sic] y culturales declarados de suma importancia, por ende dependiendo de los sitios de intervención de corta debe analizarse la ubicación de los árboles dentro de dichas áreas para no afectar el patrimonio historico [sic] y cultural presente en el inmueble.\n\n• Del estudio forestal elaboado [sic] por el [sic] Ing. Marianela Barquro[sic], se indica de nueve árboles que en apariencia son un riesgo no se aporta coordenadas geográficas [sic] que permita [sic] ubicarlo dentro del inmueble. Se recomienda, formalizar ante el AyA la gestión, de tal manera que se asignen la gestion [sic] a un tecnico [sic] especializado y se coordine una inspeción [sic] entre las partes, para realizar una valoración en caso de que existan [sic] algun [sic] árbol que represente un riesgo actual a la red eléctrica [sic].\n\n• El inmueble del AyA, tiene una alta fragilidad ambiental, por ende toda actividad de [sic] coordinarse de forma oportuna y planificada con el fin de contemplar las autorizaciones respectivas. Por ende, es de suma importancia precisar la ubicación de cada uno de los árboles”.\n\nHECHOS NO PROBADOS.- De tal naturaleza por no haberse aportado prueba y ser de trascendencia para este proceso, se tiene por indemostrado:\nQue la causa del derribo de los dos postes haya sido el mal estado de uno o varios árboles ubicados dentro de la propiedad del AyA matrícula número 25572-000, de la provincia de Cartago.\nQue la CNFL haya sufrido los daños que alega.\nARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA.- La representación actora sustenta sus pretensiones con base en la siguiente narración de hechos, los que, en afán de respetar su integridad, se citan textualmente:\n\n“PRIMERO: Se recibe informe de la Sección de Averías, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., U.A.D.P. NO 2019-74, avería No. 39439764, informe de reporte de un árbol que cayó sobre el tendido eléctrico, hecho que ocurrió el día 29 de mayo de 2019, al ser las 2:00 horas, en Cartago, Tres Ríos, Fuente del padre Carazo, contiguo al Puente [sic].\n\nSEGUNDO: Al presentarse las cuadrillas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. para atender la avería evidenciaron que la caída de un árbol ubicado en propiedad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre el tendido eléctrico, provocó daños en la propiedad de mi representada, ya que dos postes resultaron quebrados con daños totales lo que obligó a actuar de forma inmediata a mi representada para restablecer el fluido eléctrico en cumplimiento del Principio de Continuidad.\n\nTERCERO: En la Certificación [sic] de la jefatura de la Unidad Ampliaciones y Mantenimiento del Sistema Distribución que adjunto, realizada por el Ing. Warner Monge Argüello, se hace constar que el demandado se constituye en deudor de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., por los daños ocasionados a la propiedad, lo que implicó la inmediata reparación de la red de distribución de electricidad y del alumbrado público, lo cual asciende a la suma de ¢3.811.638.86 (tres millones ochocientos once mil seiscientos treinta y ocho colones ochenta y seis céntimos).\n\nCUARTO: Que el 24 de julio de 2019, el Ingeniero topógrafo Julio Carvajal Aguirre, del Proceso Administración Bienes Inmuebles de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A, elaboró un Informe de topografía forense con el fin de tener certeza del propietario de la finca donde se ubicaba el árbol que se cayó causando la avería, en el cual concluyó: árbol se encuentra dentro de los linderos una [sic] propiedad a cuyo propietario registral es el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, folio real de Cartago número 25572-000, plano catastro C-0447-1986. En el sitio se encontraron 3 raíces de árboles caídos en dirección al tendido eléctrico que sufre el daño\"\n\nQUINTO: Que el 31 de julio de 2019, mediante nota 2203-0492-2019 de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. dirigida hacia el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se le puso en conocimiento de los hechos acontecidos con el fin de llegar a un acuerdo conciliatorio por la reparación del daño causado.\n\nSEXTO: Que el 27 de agosto de 2019 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados contestó a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. con la nota UEN-PYDMC-GAM-201g-00122 de la subgerencia Gestión de Sistemas GAM firmada por el Ing. Rolando Rojas Castro y el Ing. Álvaro Sibaja Collado, en la que el Ing. Sibaja indicó que realizó una inspección en atención a la nota de mi representada, y que el sitio donde cayeron los árboles es un área de protección para las fuentes de agua de ese sector o bien propiedad del Instituto, sin embargo no aportaron prueba de lo anterior.\n\nPor otra parte, entran en contradicción posteriormente en la nota señalando que la ubicación del árbol es en \"calzada Municipal o del Estado\", por lo que mi representada debería hacer el reclamo ente otra institución.\n\nAsimismo, atribuyen la responsabilidad a mi representada por no contar con un cableado subterráneo, indicando una falta de pericia o previsión, no reconociendo los gastos en que incurrió la Compañía Nacional de Fuerza y Luz SA. en realizar la reparación del daño.\n\nSÉTIMO: Que ante la nota recibida, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. el día 17 de octubre de 2019 realizó una inspección en la zona a cargo de la Ing. Marianela Barquero Palma del Proceso Índices y programas Ambientales del Área de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, con el fin de constatar el estado en que se encuentran los árboles y la veracidad de la información suministrada por el Instituto en cuanto a que el área donde se dio la situación es de protección de las fuentes de agua de ese sector.\n\nLa Ing. Barquero elaboró un informe de esta visita en el cual recomendó que los propietarios de la finca donde se encuentran los árboles deben responsabilizarse de hacer una tala mediante un interdicto de derribo en razón de que encontró una plantación de pinos con alturas entre los 20 y 40 metros de altura con daños visibles en el fuste, así como daños mecánicos en las ramas, troncos y bases dañadas por el ingreso de patógenos como hongos y otros agentes.\n\nPor otra parte, demostró en su informe que el área protegida más cercana ubicación [sic] del incidente es Zona protectora de los Cerros de la Carpintera, y que para que el Instituto tenga una restricción en el área como zona de recarga acuífera tendría que estar declarada o delimitada en un rango de perímetro de 200 metros de la ubicación de la fuente de agua”. \n\nEn la fundamentación jurídica refirió a los numerales 1045, 1046, 1048 párrafo 3, del Código Civil, el capítulo de la medianería, los artículos 386, el capítulo IV, de otras cargas y limitaciones, 403, siguientes y concordantes del Código Civil, 287 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil, y 41 de la Constitución Política. Citó las resoluciones de la Sala Primera de la Corte números 00034-91 y 00017-92. Por otro lado, indicó que quedaba demostrado que el AyA incurrió en responsabilidad extracontractual, “… generando los aspectos que deben converger en el hecho productos [sic] de la modalidad de eficacia constitutiva generadora de derechos y obligaciones dado al comportamiento por un daño derivado de la creación de un riesgo como el de no darle el mantenimiento y vigilancia adecuada al árbol, donde se da un resultado lesivo de interés jurídicamente relevante”. Señaló que se trataba de un daño en sentido amplio, material, donde la imputación se puede encontrar en casos de responsabilidad sin culpa donde el sujeto es responsable, no ya por haber actuado en forma ilícita y culpable, sino porque con su actividad ha creado una fuente de posibles peligros que en caso de actualizarse produciendo daños, generan el deber de resarcirlos. En su criterio, esta formulación comprende tanto los casos de responsabilidad subjetiva, como los de responsabilidad objetiva, pero en este caso se habla de la responsabilidad subjetiva indirecta o por hecho ajeno, donde el sujeto que realizó la actuación que ocasionó el daño no es el mismo a quien se responsabiliza. Señaló además que la responsabilidad civil extracontractual se da cuando una persona viola la esfera jurídica de otra, sin que existiera entre ellas una relación jurídica anterior o, si, existiendo esta “no tiene nada que ver con el comportamiento que produjo el daño”, donde se incluyen, siempre que se cause un daño, todas las violaciones “al deber de diligencia, la impericia, la falta y el dolo”. Agregó que uno de los elementos configurativos de la responsabilidad extracontractual subjetiva, la constituye la relación de causalidad directa o eficiente que debe de existir entre el comportamiento o conducta antijurídica y el daño, siendo este último el presupuesto de cualquier tipo de responsabilidad extracontractual, por lo que su demostración también constituye un requisito sine qua non para que prospere la pretensión resarcitoria. Finalizó indicando que en este caso, se comprobaba que hubo responsabilidad civil extracontractual del AyA, “por la existencia de negligencia, imprudencia y vigilancia, por no dar mantenimiento al árbol de su propiedad que causó daños a mi representada, lo cual obligó a incurrir en un gasto a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., a actuar con celeridad para mantener la calidad y continuidad del servicio”. En las conclusiones, el representante de la CNFL reiteró lo ya alegado e indicó que el mantenimiento en la propiedad del AyA no solo incluía chapear, pues al tratarse de zona boscosa debía revisarse el estado de los árboles, en particular los que están cerca de vía nacional. Señaló que a la CNFL no le competía ver cual árbol está a punto de caerse para poner un interdicto, pues se trataba de un árbol que estaba en propiedad privada. Además, que no era suficiente justificación que se tratara de una zona protegida, pues independientemente de donde estuviera el árbol, el dueño debía velar por su mantenimiento preventivo. Recordó que el anillamiento de los árboles era evidente, según constaba en el expediente, por lo que era clara la negligencia del AyA, producto del descuido en que estaba la propiedad. Ante lo anterior, reafirmó sus pretensiones y pidió acoger la demanda en todos sus extremos.\n\nARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA.- Al contestar la acción, el AyA, rechazó básicamente todos los hechos, menos el de haber negado el reclamo presentado por la CNFL. Inició explicando la realidad física de la zona, conocida como fuentes Padre Carazo, con estructuras declaradas patrimonio histórico. Señaló además la existencia de nacientes protegidas que predataban la instalación del cableado de la CNFL y que el poste caído se encontraba a menos de cien metros de uno de los afloramientos de agua de la zona, según la propia información aportada por la actora. Citó los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal para justificar que en los radios de protección de las nacientes no era posible hacer mantenimiento o corta de árboles y que la ubicación de las líneas de electrificación es de alto riesgo, pues colinda con árboles expuestos tanto a los vientos del cerro del Ochomogo como al deterioro normal de la flora de la zona producto de la pendiente, que inclina los árboles ladera abajo. Señaló que si la CNFL consideraba que los árboles debían ser podados o cortados, debía acudir al proceso sumario de derribo de árboles y demostrar que era una necesidad imperiosa o establecer un proceso de coordinación con el AyA, que nunca se ha dado. Adicionalmente, el AyA hizo sugerencias sobre soluciones alternas, como mover los postes al lado contrario de la calle o hacer cableado subterráneo, citando normas vigentes que regulaban estos temas. En concreto a los hechos, refirió que no consta información alguna sobre caída de árboles en la bitácora de los oficiales de seguridad destacados en la propiedad, ni evidencia física de árboles caídos al momento de hacer inspección. Además, refirió que la CNFL no tenía un mecanismo tarifario aprobado para reclamar a otra institución sumas por postes y que no había pruebas de lo supuestamente gastado, oponiéndose al monto facturado. Hizo ver que los postes sustituidos se encontraban dentro de la propiedad del AyA, lo que podría considerarse una usurpación, pero que es política institucional compartir sus bienes de forma coordinada con otras instituciones públicas. Así, la institución consideró que pretender por parte de la CNFL que se dé mantenimiento a los árboles para beneficio de los postes es un abuso procesal, pues lo correcto en este caso sería que ella saque los postes de su propiedad, porque están ubicados a escasos metros de distancia del pozo de nacimiento de agua, y los ubique al frente de la calle, en vía pública, y lejos del ángulo de caída de cualquier árbol que en ese lugar se encuentra. En su criterio, la única forma de que los árboles no caigan sobre los cables y postes de CNFL, sería la corta de tal vez unos 200 árboles ubicados junto a los cables de electricidad, lo que evidenciaba que el evento que acusaba CNFL debía atribuirse a un hecho de la naturaleza imposible de manejar por cualquier Administración, lo que configuraba como fuerza mayor, eximente de responsabilidad, según el artículo 190 de la LGAP. En cuanto a la falta de derecho, señaló que se demostró legalmente que esta es una zona protegida y de alto riesgo, y que la distancia a la que se encuentran los postes está dentro del radio de protección de uno de los nacimientos del parque Padre Carazo, lo que implicaba que la CNFL no tenía derecho a solicitar ningún tipo de indemnización con respecto a los daños sufridos a los postes de electrificación. Para la falta de legitimación pasiva indicó que la propiedad estaba inscrita a nombre del AyA, pero la institución no era dueña de los árboles que ahí se encuentran, pues no tenía libertad de disposición sobre ellos. No podía talar o podar ni un árbol sin una autorización del MINAE, por lo que consideró que había una falta de legitimación pues esos árboles eran responsabilidad del MINAE. Refirió además que la falta al deber de cuidado de la CNFL era visible, pues si esa institución consideraba que había postes que están en peligro, debían hacer la gestión ante el MINAE y el AyA. En cuanto a la culpa de la víctima, señaló que CNFL asumió un riesgo al colocar los postes en esa zona y que a la fecha de presentación de la contestación no había ningún tipo de proyecto para cambiar la ubicación de estos postes, por lo que la propia institución causaba, “por su impericia, por su falta de diligencia, por su falta de aplicación técnica”, el problema que se presentó. Por último, indicó que la falta de legitimación activa derivaba de que la CNFL no tenía ninguna autoridad para obligar a AyA a realizar obras dentro de su propiedad, debiendo recurrir al MINAE al efecto, siendo su responsabilidad la realización de las podas respectivas autorizadas por el órgano rector. En las conclusiones, la representación del AyA solicitó al Tribunal le recomiende a CNFL que mueva los postes, por estar en zona de riesgo. Reiteró que la CNFL debía presentar los interdictos que considerara necesarios, criticó las fotos aportadas por la CNFL, por no existir rastros de la caída de los árboles y reafirmó que la actora no podía reclamar daños y perjuicios por el uso en precario de un terreno de AyA. Rechazó que la institución hubiera anillado árboles en esa zona y alegó hecho de un tercero al respecto, confirmando que la caída de los árboles constituía caso fortuito.\nOBJETO DEL PROCESO.- La CNFL reclama al AyA, como titular de la finca del partido de Cartago número 25572-000, una indemnización por la suma de ¢3.811.638.86; correspondientes a los gastos en que supuestamente incurrió la actora en reparar dos postes que fueron tumbados con la caída de un árbol que se encontraba en la propiedad del AyA, el 29 de mayo de 2019, así como los intereses y las costas respectivas. Contra esta pretensión se opusieron objeciones de fondo: falta de derecho y de legitimación, tanto activa como pasiva, así como el eximente de culpa de la víctima. Con base en la pretensión antes indicada, esta Cámara aclara que no constituye parte de este proceso el estado de otros árboles en la zona en la que supuestamente ocurrió el siniestro ni si conviene o no la electrificación subterránea de la zona o la necesidad de establecer interdictos de derribo respecto de los demás árboles con riesgo de caer. Todas esas acciones y tópicos exceden lo pedido, que se limita a determinar si el AyA es responsable por la supuesta caída de uno o varios árboles que según se alega provocaron la caída de dos postes, cuya reparación costó ¢3.811.638.86. Así, resulta relevante en primer lugar hablar del régimen de responsabilidad al que está sujeto el AyA, siendo que la CNFL se funda en normas civiles, para después determinar si existen los elementos de prueba suficiente para verificar la existencia del daño alegado y el nexo causal con la actuación o inacción administrativa.\nRESPONSABILIDAD CIVIL DEL AyA. Aunque la parte actora intenta encaminar este asunto como uno de mera responsabilidad extracontractual en los términos de los artículos 1045 y 1048 del Código Civil y recrimina responsabilidad al AyA “por la existencia de negligencia, imprudencia y vigilancia, por no dar mantenimiento al árbol de su propiedad que causó daños a mi representada”, lo cierto del caso es que el objeto de este proceso gravita en torno a una eventual responsabilidad objetiva por los daños derivados de una inacción de una Administración Pública (el AyA), producto, como ya se dijo, de la caída de un árbol que supuestamente se encontraba en la propiedad del demandado y quebró dos postes de tendido eléctrico. Siendo que no estamos frente a un accidente de tránsito ni a una propiedad de uso privativo de la Administración, el régimen jurídico aplicable a este caso es el contenido en los artículos 190 y siguientes de la LGAP, en donde las nociones que integran la culpa (negligencia, imprudencia e impericia) no tienen cabida. El sistema de responsabilidad seguido por nuestro ordenamiento jurídico en la materia que nos ocupa, es de tipo objetivo, por contraposición al de tipo subjetivo, propio del derecho privado, donde, a diferencia de la responsabilidad que aquí será examinada, la obligación resarcitoria requiere la existencia de dolo o culpa del agente causante del daño. Contrario a ello, dentro de la dinámica del sistema de responsabilidad preeminentemente objetiva de la Administración, ésta es responsable frente a un particular que haya sufrido una lesión antijurídica que no tiene el deber de soportar y que haya sido provocada por un funcionamiento público; es decir, para este criterio de imputación no se requiere que el análisis de la conducta verse en si fue con dolo o culpa de quien causa la lesión. Siendo este tema ampliamente tratado en esta jurisdicción, valga recordar que la Constitución Política, en su artículo 41, garantiza el derecho individual a obtener, con arreglo a la ley, una reparación para las injurias o daños que alguien haya recibido en su persona, propiedad o intereses morales; deber del que no escapa la Administración Pública y respecto de la cual la Ley General de la Administración Pública desarrolla a partir de su numeral 190.1 que a la letra dice:\n\n\"Artículo 190.- 1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.\"\n\nNótese que el mandato citado no alude a los actos, sino al funcionamiento, por lo que la responsabilidad podrá derivar no sólo de la conducta formal emanada por el ente público, sino que será también exigible cuando provenga de una conducta material o bien, de las omisiones administrativas, en su diversa tipología. Sobre el particular la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia explica que:\n\n“… la legitimidad o su antítesis, hace referencia básicamente a las conductas jurídicas de la Administración, mientras que lo normal o anormal, apunta, ante todo (pero no en exclusiva), a la conducta material de la Administración, representada entre otras, por la actividad prestacional que se atribuye al Estado como parte de la categoría social que también se le asigna en procura del bienestar general del colectivo” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, número 584 – 2005, de las diez horas cuarenta minutos del once de agosto de 2005).\n\nY define el concepto de anormalidad refiriendo que:\n\n“… atiende a aquellas conductas administrativas, que en sí mismas, se apartan de la buena administración (conforme al concepto utilizado por la propia Ley General en el artículo 102 inciso d., que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o de la organización, de las reglas técnicas o de la pericia y el prudente quehacer en el despliegue de sus actuaciones, con efecto lesivo para la persona. Esto permite señalar que la anormalidad puede manifestarse a través de un mal funcionamiento; un funcionamiento tardío, o una ausencia total de funcionamiento. Anormalidad e ilicitud, no deben por tanto adoptarse como conceptos equivalentes, ni siquiera en lo que corresponde a la hipótesis de aquel funcionamiento que siendo debido o conforme con las reglas antedichas, produce un resultado dañoso (denominado por algún sector doctrinal como “funcionamiento anormal por resultado”), pues en tal caso, lo que opera es una responsabilidad por funcionamiento normal con efecto o resultado lesivo, indemnizable, claro está, siempre que se cubran los requisitos preestablecidos expresamente por el propio Ordenamiento Jurídico” (ídem).\n\nNótese entonces que este criterio elimina de la ecuación la demostración de culpa o dolo por parte del agente causante. Bastará entonces, en síntesis, acreditar tres elementos para que concurra el deber de indemnizarlo: la existencia de una conducta administrativa generadora de responsabilidad, la producción de un daño indemnizable, es decir, cierto, real y efectivo, y por último, la acreditación del nexo causal que vincule la específica actuación administrativa con el daño aludido. Para resolver el litigio planteado deberá el Tribunal examinar primero si hay alguna conducta de la demandada que encaje en los preceptos generadores de responsabilidad. Con relación a ello, acusó la CNFL que la obligación de mantenimiento de los árboles del AyA no solo incluía chapear, sino que además debía determinar cuándo debía podar los árboles cuyo estado implicara un riesgo de caída, en particular los que están cerca de una vía nacional tan relevante. Ahí radica la discusión de fondo, que pasa por determinar las obligaciones de mantenimiento que tiene el AyA como titular de los árboles que se encuentren en su propiedad en relación a las restricciones que impone la Ley Forestal al manejo de las zonas de protección que se encuentren alrededor de una naciente de agua. Sin embargo, esta discusión presupone la existencia del daño alegado y del nexo causal entre ese supuesto daño y la conducta de la Administración, que para este Tribunal, no están tan claros tal y como la CNFL planteó el caso. En cuanto a los daños causados, la CNFL ha alegado que dos postes debieron ser sustituidos por la caída de árboles, para lo cual, como prueba aportó una certificación de su Sistema de Gestión Integral de Procesos, en la que bajo el número UADP 201974 se hace un detalle de costos incurridos, pero no se indica en ningún momento a qué reparación hace referencia ese desglose. No se aportaron pruebas documentales del propio suceso, es decir no hay fotos del sitio al momento del siniestro y el propio reporte elaborado y firmado por el funcionario Randall Carvajal Herrera indica que no se adjuntan fotografías porque las que se tomaron son de muy baja calidad. Por otro lado, la CNFL no ofreció a ninguna de las personas que estuvieron presentes a la hora de atender el supuesto accidente ocurrido, ya que ni el investigador Carvajal Herrera ni los funcionarios de cuadrilla José Arturo Hidalgo Moreno y Víctor Cascante Hernández que atendieron el reporte fueron recibidos como testigos a fin de acreditar lo sucedido. Por otro lado, la testigo de la CNFL que sí fue presentada, indicó que había ido pocos días después del supuesto evento (29 de mayo de 2019), cuando de su informe queda claro que la visita la realizó el 10 de octubre de 2019, es decir más de cuatro meses después del evento dañoso. Tampoco hay partes de tránsito ni ningún tipo de evidencia circunstancial, más allá del dicho de la propia CNFL, que debió documentar con mucho más detalle lo sucedido a fin de poder acreditar la existencia del daño que alega, tal y como es su responsabilidad de conformidad con las reglas del artículo 41.1 del CPC vigente. Por otro lado, resulta muy dudoso también, por falta de pruebas contundentes, el nexo causal que la CNFL intentó construir respecto de AyA. Se reportó en el informe inicial del investigador Carvajal Herrera que el daño a dos postes se debió a la caída de un árbol que se encontraba en la propiedad del AyA de forma escueta y sin mayor elaboración. Adicionalmente, el informe de topografía forense del AyA, que no indica en qué fecha se hizo la visita de campo y cuyo encargado no fue recibido como prueba testimonial, tiene fecha del 24 de julio de 2019, es decir casi dos meses después de sucedido el evento. Este funcionario no fue testigo presencial ni inmediato de lo sucedido y las conclusiones a las que llega son cuando menos dudosas. No sabe el Tribunal, pues no lo aclara el informe, cómo esta persona, que llegó casi dos meses después de ocurrido el evento, puede afirmar con certeza que alguno de los árboles a los que les tomó fotografías efectivamente corresponden al que supuestamente provocó la caída o ruptura de los dos postes que indica la CNFL. Nótese que en el propio informe él describe la primera fotografía con la leyenda “ubicación de los árboles que en apariencia causan la afectación del servicio eléctrico”, lo cual deja muchas dudas sobre las conclusiones vehementes a las que arriba este funcionario, sin tener certeza de lo sucedido. Véase que el objetivo esencial de ese informe era determinar si ese árbol estaba dentro de la propiedad del AyA, pues la especialidad del informante es la topografía, pero eso no dice nada de la supuesta cinemática de eventos, es decir del conjunto de causas o de circunstancias que llevaron al supuesto hecho dañoso, pues ni siquiera hay certeza de la ubicación del árbol caído. El segundo informe, realizado por la funcionaria Marianela Barquero Palma, más de cuatro meses después de lo sucedido, es igualmente ayuno de elementos de convicción sobre lo que supuestamente sucedió el 29 de mayo de 2019. A partir de observaciones de otros árboles que encontró en la zona en cuestión, la funcionaria insinúa causas de la caída de un árbol que no se encontraba ya en el sitio al momento de hacer su visita. Es decir, viendo el estado de otros árboles supuestamente circundantes al que se había caído más de cuatro meses atrás, parece derivar que el anillamiento fue el motivo de la caída del árbol, aunque en la audiencia negó haber visto el árbol que se cayó o poder afirmar con certeza cuál fue la causa de su caída. Es la CNFL en su teoría del caso la que infiere o extrapola de dicho informe que el anillamiento y en general el mal estado del árbol fue lo que causó su caída, lo que carece de sustento alguno, ya que dicha experta no estuvo presente a la hora del siniestro ni cuando se hizo la reparación, y sus conclusiones van dirigidas al manejo prospectivo de otros árboles que se encuentran en un grado de deterioro que amerita, en su criterio, atención urgente. Nuevamente, del estado al momento del informe de otros árboles circundantes es imposible establecer la cinemática de lo sucedido el 29 de mayo de 2019 y por ende un nexo causal que ligue el supuesto daño provocado al tendido eléctrico y a los postes con una conducta activa u omisiva del AyA. En estos términos, y resultando imposible fijar la existencia del daño y del nexo causal eficiente, el análisis de la conducta como tal resulta inocuo a la decisión de este asunto, pues la ausencia de esos elementos hace imposible aceptar la tesis de la CNFL, debiendo acogerse la excepción de falta de derecho opuesta por el AyA, como en efecto se hace, lo que conlleva al rechazo de la demanda en todos sus extremos.\n\nEXCEPCIONES.- Al contestar la demanda, opuso el AyA las defensas de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva. En cuanto a la legitimación, considera el Tribunal que tanto la activa como la pasiva deben rechazarse, siendo la CNFL, en el caso de la activa, la dueña de los postes supuestamente dañados y por lo tanto quien está en posición de hacer el reclamo correspondiente y el AyA, en el caso de la pasiva, la dueña del lote en el que supuestamente se encontraba el árbol que según se alegó, causó daños al tendido eléctrico. Por las razones expuestas en el considerando anterior, se acoge la defensa de falta de derecho, con la consecuencia de declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos.\nCOSTAS.- Según regulación del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En el caso de estudio, estimamos que no existe motivo para variar la regla general impuesta en la norma. En esos términos, se condena a la parte actora al pago de ambas costas a favor del AyA, a liquidarse en ejecución de sentencia.\n\nPOR TANTO\n\nSe rechaza la excepción de falta de legitimación en sus dos modalidades. Se acoge la defensa de falta de derecho opuesta por el AyA. Consecuentemente, se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda incoada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Se condena a la parte actora al pago de ambas costas a favor del AyA, a liquidarse en ejecución de sentencia. José Martín Conejo Cantillo. Gustavo Irías Obando. Francisco Hidalgo Rueda. Jueces.-\n\n \n\n \n\n\n\n\n- Código Verificador -\n\n2BYHRFDJNR461\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nJOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, JUEZ/A DECISOR/A\nFRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, JUEZ/A DECISOR/A\nGUSTAVO IRIAS OBANDO, JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 19-007634-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:17:45.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Resolution No. 02823 - 2025**\n\n**Date of Resolution:** March 21, 2025, at 10:28 a.m.\n\n**Case File:** 19-007634-1027-CA\n\n**Drafted by:** Drafter not indicated\n\n**Type of Matter:** Proceeding of cognition\n\n**Analyzed by:** JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER\n\n**Type of Content:** Majority vote\n**Topics (descriptors):** Indemnification of the administered party\n**Subtopics:**\nNecessary demonstration of damage and causal link.\n**Topics (descriptors):** Strict liability of the Administration\n**Subtopics:**\nNecessary demonstration of damage and causal link.\n**Rulings in the same sense:** Rulings of the same case file\n\n**Text of the resolution**\n\n**CASE FILE:**\n\n19-007634-1027-CA - 6\n\n**PROCEEDING:**\n\nCOGNITION\n\n**PLAINTIFF:**\n\nCOMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.\n\n**DEFENDANT:**\n\nINSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS\n\n**No. 2025002823**\n\nCONTENTIOUS ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at ten twenty-eight hours on the twenty-first of March of two thousand twenty-five.-\n\nContentious administrative proceeding of cognition initiated by the COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA (CNFL), legal identification number 3-101-000046, represented in this proceeding by its special judicial attorney-in-fact, Natalia Ocampo Rivera, ID 17467 (img. 42); against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA), represented by its special judicial attorneys-in-fact Robny Portilla Barrantes, ID number 11181 (img. 279) and Lisbeth Alfaro Vargas, ID number 17210 (img. 281).\n\n**CONSIDERING**\n\n**PRELIMINARY ASPECTS.-** As part of the procedural iter, the following is recorded:\nBy means of a pleading filed on November 20, 2019, the representation of the CNFL filed a contentious administrative proceeding of cognition, requesting that the judgment declare the following (img. 2-7):\n\n“1. That the present complaint be admitted for processing.\n\n2. That the defendant be ordered to pay the Amount [sic] owed: ¢3,811,638.86 (three million eight hundred eleven thousand six hundred thirty-eight colones and eighty-six céntimos).\n\n3. That it be ordered to pay the damages, and costs caused [sic], plus their respective interest up to the date of effective payment, and they shall be enforced [sic] in the respective Execution of Judgment”.\n\nIn resolution number 1668-2020 at 10:25 a.m. on November 11, 2020, the procedural judge declared herself incompetent to hear the matter. The Civil Court in resolution number 618-2021, at 7:56 a.m. on October 15, 2021, raised a conflict of jurisdiction before the First Chamber, which resolved in resolution number 002581-C-S1-2022 at 11:08 a.m. on November 29, 2022, to place this matter in the contentious administrative venue (img. 63-68, 81-84 and 92-96 respectively).\nThe AyA answered the complaint in the negative in a pleading filed on May 3, 2023, in which it raised the defenses of lack of right, lack of active and passive standing, and the exonerating circumstance of the victim's fault (img. 64-70 of the judicial case file).\nOn December 5, 2023, the preliminary hearing was held with the attendance of both parties. In said procedural action, it was determined that there were no aspects to be remedied, the claims were maintained in the terms of the complaint, and no preliminary defenses were reviewed. The disputed facts were determined, the documentary evidence offered was admitted, one witness for the CNFL and two for the AyA. Additionally, the judicial inspection requested by the defendant party was rejected (img. 284-288 and recording of the hearing incorporated into the electronic folder).\nBy means of an order at 11:51 a.m. on April 8, 2024, the parties were summoned for an oral and public trial to be held at 8:30 a.m. on January 30, 2025 (img. 289-295 of the folder).\nThe oral and public trial was held on January 30, 2025, with the attendance of both representations. In said procedural action, the parties indicated that there was no possibility of an agreement, there were no aspects to be remedied or evidence for a better resolution, and they waived opening arguments. Subsequently, the testimony was received from Marianela Barquero Palma, identity card number 1-1150-0295, Jonathan Vallejos Salazar, identity card number 6-0338-0455, and Álvaro Sibaja Collado, identity card number 1-0959-0522. (img. 305-307 of the folder and digital backup of the hearing).\nIn an order at 2:08 p.m. on February 19, 2025, the court indicated:\n\n“The Court, being in the process of deliberation and drafting the judgment, determines the absence within the evidentiary material provided of documents that are indispensable for determining the real truth of the relevant facts in this proceeding; therefore, acting in accordance with the powers contained in articles 82.1 and 110.1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, as well as numerals 73.15 and 81.2 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, with interruption of the period for issuing judgment, the AyA is ordered to submit a certified copy of the administrative file of the claim presented by the CNFL within a period of five business days. In the event that said file does not exist, that such circumstance be certified”.\n\nThe AyA provided the administrative file on February 24, 2025, which was made known to the CNFL in an order at 4:01 p.m. on February 25, 2025; the CNFL only sent a copy of the document in which it presented its administrative file in 2023, without referring to the evidence provided (img. 311-326, 327 and 330 of the folder).\nThis matter is resolved within the period established in article 111 of the CPCA, taking into consideration the interruption of the period as indicated in the preceding lines. Drafted by Judge Conejo Cantillo, unanimously and with the affirmative vote of judges Irías Obando and Hidalgo Rueda.\n**PROVEN FACTS.-** Relevant to this matter, and due to the manner in which it is resolved, the following are considered proven:\nThe AyA has been the registered owner since June 27, 1989, of the farm in the district of Cartago number 25572-000, with an area of 712,255.09 m2, without indication of an accompanying cadastral map and with an annotation of historical heritage since June 28, 2016 (img. 126 of the folder).\nThrough breakdown report number 39439764, with processing number 11186158, dated May 29, 2019, the CNFL recorded the handling of a report received that same May 29 at 2:00 a.m., at the location of the Padre Carazo source number one, next to the bridge, water pump, on a curve. Two crews were assigned that resolved the breakdown at 4:24 a.m. on the same day, indicating that they found two poles broken by a tree and that no competent authorities were present because it involved a fallen tree. The official who prepared the report (Randall Carvajal Herrera, who is not one of the two technicians responsible for handling the breakdown) indicated in the general observations section (img. 12-15, 107-114 of the folder):\n\n“I arrive at the location of the events in which the fall of a tree onto the power lines is evident, and as a consequence of the event, two concrete poles are damaged. Said tree was located on private property whose owner is the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado […]\nIt is recommended to request the General Services Area [sic] to carry out the Topography [sic] study for the purpose of supporting what was observed at the site by the Investigation personnel, since the information regarding the owners of the land on which the tree was located was provided by the Cadastre personnel.\nIn the area where the events occurred, there was no person present to take a statement regarding the damages caused since what exists at the site are tanks and pumping systems [sic].\nThe personnel from the Distribution System Breakdowns indicate that the existing photographs are of very poor quality, therefore they do not provide them in the report”.\n\nOn June 20, 2019, the Supply System Expansions and Maintenance Unit of the CNFL certified the content of the document called UADP 201974, which details the materials, vehicle costs, and labor expended by the CNFL in replacing the damages caused, for a total amount of ¢3,811,638.86 (img. 8-11, 115-120 of the folder).\n\nOn July 24, 2019, the Real Estate Administration Process of the CNFL issued a forensic topography report, without indicating the date the field visit was conducted, in which it was concluded (img. 16-25, 121-136 of the folder):\n\n“1. The tree is located within the boundaries a [sic] property whose registered owner is the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, real folio of Cartago number 25572-000, cadastral map C-0447-1986.\n2. At the site, 3 roots of fallen trees were found in the direction of the power lines suffering the damage (see photos in the attached report)”.\n\nFour photographs without a date or location were attached, the first of which is described as “location of the trees that apparently cause the disruption to the electrical service”. Photographs 2 and 3 are not described, and photograph four, labeled #3, is described as “new poles installed”. Additionally, the map of the Estación Experimental El Alto, a registry report for farm 25572-000 of the province of Cartago, and three sheets depicting the topographic overlays carried out were added.\n\nThe CNFL sent official letter number 2203-0492-201920 dated July 31, 2019, to the AyA, received by the defendant on August 1 of the same year, in which it recounted what had happened and demanded payment of the sum of ¢3,811,638.86 within a period of ten business days (img 26-28, 312-314 of the folder).\n\nAs a result of this action, the UEN de Producción y Distribución GAM of the Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM of the AyA prepared the “Informe Daños a las Instalaciones eléctricas de la CNFL S.A. Altos Del Fierro (Finca Padre Carazo)”, the scope of which was “to analyze with the available technical information what happened the night of May 29, 2019, in the [sic] sector of Alto de Fierro in Tres Ríos”, arriving at the following conclusions (img. 315-320):\n\n“It is essential to emphasize the following points:\n• Due to the presence of the springs (manantiales) on the farm, the property is forest land intended for hydrological protection, catchment, and conveyance of waters from said springs.\n• The fall of the tree could not have been predicted since there is a large number of trees on the property.\n• This situation is reported to the UEN Producción y Distribución until August 6 of the current year. Before this date, there was no report whatsoever.\n\nBefore this event occurred, there was also no type of notification to perform tree cutting for prevention because it is, I repeat, a protection zone. It can also be recommended that CNFL use underground wiring so that in the future such fortuitous situations are not suffered again”.\n\nThe claim was resolved by official letter UEN-PYDMC-GAM-2019-00122, dated August 27, 2019, in which it was resolved (img 29-34, 321-326 of the folder):\n\n“The technical reports clearly explain that the place where the events occur are [sic] near the AYA property; however, it is not evidenced that they were caused by the fall of a tree belonging to or under the responsibility of AYA. Since the location is not compatible according to the zone as it does not occur over the position under AYA’s care and responsibility, but [sic] rather on the Municipal or State roadway, due to the position of the tree on a [sic] road that is National.\nPerhaps [sic] the claim should be directed to Sinac or referred to the Environmental Tribunal to cut down the forests in the aquifer recharge zone, which Surround [sic] the Fuerza y Luz poles next [sic] to the [sic] Padre Carazo sources or perhaps [sic] the solution is for CNFL to change its policy to underground wiring in [sic] protected zones.\nThe problem in General [sic] occurs because [sic] there is an electrical pole system next to the forest that protects the Padre Carazo Reserve Zone; this property is an aquifer recharge zone dating from before the 1940s, dating back to World War II and the entry of European personalities to that region.\nIt is a forest that protects the aquifers that discharge in the area; it has a boundary of several kilometers with the small road where in parts only one vehicle can pass at a time; it is also [sic] an area of very little vehicular traffic.\nIn the [sic] place, as seen in the technical report, permanent maintenance of fences and chapeo (weed clearing) bordering the roads is performed, so that the forest does not make the fences disappear.\nThe trees surrounding the property are up to 40 meters high in some cases, and some are on small slopes, which further increases the height of the trees [sic] or their angle [sic] of fall.\nFrom the inspection, it is not evident that there are trees at risk, or situations of this type, [sic]\nBut it is noted that CNFL has never performed maintenance in the area since it is easily seen how [sic] there are some branches or vines over the low-voltage conduction lines and no maintenance on the part of [sic] CNFL is noted.\nIn order to eliminate the possible risk that a tree might fall, due to a storm, onto the poles, more [sic] than a thousand trees [sic] would have to be destroyed, considering that the angle [sic] of fall must [sic] exceed 10 meters from the wiring.\nKnowing this, CNFL [sic] should rather analyze under what [sic] safety criteria to install underground cabling systems [sic] in areas with forest.\nIf CNFL erects electrical power line poles, it does so at its own risk and under its own maintenance, assuming the possibility that if [sic] a forest tree falls, it may cause a short circuit and fire and cause the loss [sic] of such important heritage [sic]\nCNFL should not try to have AYA intervene patrimonially in the repair of structures that do not meet the service safety to which CNFL [sic] is obliged.\nIt is evident that when [sic] CNFL built the pole system, it did not analyze the danger of the location because it should have installed the electrification of the place with underground technology, or else why [sic] did it not raise the wiring to levels above the forest, as occurs in Cerro de la Muerte.\nCNFL’s lack of skill and lack of constructive foresight should not be charged as if it were an act of responsibility of AYA; therefore, this administration does not recognize the expenses incurred by CNFL for the repair of poles. It is very evident from the age of the trees [sic] and the forest, that the Company installed its pole system [sic] when the forest already existed, because, as stated at the beginning, this aquifer recharge zone dates back to the 40’s according to historical reports of the catchment.\nThus, in this specific case, it is made known that the tree that fell was not under the care of AYA, as it was on the roadway; however, CNFL is urged to change the electrical supply modality to underground pipes, so as not to endanger the aquifer protection zone”.\n\nOn October 17, 2019, the Sustainability Unit of the Environmental Management and Natural Resources Area of the CNFL issued a control of weekly reports, field visits, and meetings, consecutive number MB 04-2019, for the project called “Informe visita inspección forestal Alto del Fierro, Cartago”, in which it was indicated that the activity’s objective was (img. 35-41, 137-144 of the folder):\n\n“To carry out a forestry assessment to evaluate the phytosanitary status of some trees of the species known as Pine that could present a risk of falling due to their characteristics and that are located in a sector adjacent to the Florencio del Castillo highway in a Sector called Alto del Fierro, San Rafael, La Unión, Cartago”.\n\nIt was indicated that the visit was conducted on October 10, and the findings were described as follows:\n\n“The area corresponds to a site planted with pine trees with heights between 20 and 40 m, located at the edge of the Florencio del Castillo highway in the direction of Cartago San José. Where, besides there being a bus stop, this highway has high traffic.\nAt first glance, it can be inferred that 9 trees located in the surroundings where the incident occurred last May (about 600 m2) show visible damage to the bole (fuste), a type of ring-barking (anillado) that could be affecting their stability.\nAdditionally, mechanical damage is observed on the branches, trunks, and damaged bases possibly due to the entry of pathogens such as fungi and other agents that could be degenerating the 9 trees.\nIn addition to this, their location on slopes with pronounced inclinations and the adverse atmospheric conditions occurring at various times of the year, including heavy rains and winds, could cause the fall of these trees, since, upon observing the tree that was uprooted last May, it is concluded that it had the characteristic that the other trees share: ring-barking on the bole and exposed roots due to erosion.\nIn the previous figure, the location of the place where the incident occurred is shown, where it can be observed that the nearest protected wild area (Área Silvestre Protegida) is the Zona Protectora de los Cerros de la Carpintera. However, since the site is the property of the AYA, it could have some restriction such as an aquifer recharge zone. But this should be declared or at least delimited within a perimeter range of 200 m from the location of the water source”.\n\nIn the conclusions and recommendations section, it was stated:\n\n“Although the assessment carried out was merely preliminary, since the variables of the methodology used in the Environmental Management and Natural Resources Area were not measured, it can be deduced, based on what was observed, that the trees in this sector possess a high risk of falling, mainly due to the damage caused to the boles (fustes) or trunks of the trees, which have been weakening them in various ways.\nThe practice of ring-barking (anillado) of trees, where the bark is cut in a segment to promote the deterioration and death of the trees, is very invasive, which causes the tree to lose vitality in an accelerated and uncontrolled manner if it cannot rejoin its bark.\nThe nine trees observed present this condition, where completely dry branches are already visible; therefore, it is considered important to take measures in this regard to prevent future damage to the electrical infrastructure. The responsibility for the maintenance of the trees in a matter of safety must be the responsibility of the owner, urging the implementation of appropriate management practices that allow the maintenance of the trees, especially if they are close to public infrastructure such as electrical networks and roads.\nIt is recommended to speak with the property owners to see how they can take responsibility for performing the required felling.\nIt is also recommended to review the establishment of the property as an aquifer recharge area, since forestry and water legislation grants a certain reserve in meters around the area, where tree felling would not be permitted. However, there is the option of filing an \\\"Interdict of felling\\\" (Interdicto de derribo) for special cases, where there are situations of risk to both human safety and material property”.\n\nTen photographs were attached, without a printed date or geolocation. The first was described as “Site where the tree was uprooted [sic] on 05-29-19. Note [sic] on the trees [sic] the mechanical damage [sic] caused [sic] to the bole (fuste) by ring-barking (anillamiento). Alto del fierro [sic] 10-10-19”. Numbers 2 and 3 were described as follows: “Evaluation of trees: roots exposed by erosion [sic], damage to boles (fustes) or trunk, possible fall [sic] onto the electrical power lines [sic] that is [sic] next to the Florencio del Castillo highway in the direction of Cartago San José. Alto del fierro [sic] 10-10-19”. Photographs 4, 5, and 6 were described as “Affectation of trees by mechanical damage and fungi. Alto del Fierro 10-10-19”, while the last four photos were described as: “Evaluation area. Near Bomba Cristo Rey, Florencio del Castillo highway. Alto del Fierro 10-10-19”.\n\nIn an unnumbered note dated April 24, 2023, the Environmental Management UEN of the AyA sent its Legal Advisory Office the report UEN-GA-2023-00750, with no drafting date, called “Estudio ambiental para el inmueble del AyA con finca N° 25572---000, propiedad Fuentes Padre Carazo, Tres Ríos, Cartago”, the objective of which was (img. 230-262 of the folder):\n\n“To carry out an environmental study in order to identify the environmentally fragile areas [sic] that limit tree cutting within the AyA property with farm N° 25572---000, Fuentes Padre Carazo property, Tres Rios [sic], Cartago”.\n\nIn this report, it was concluded:\n\n“Prior to the fall [sic] of the trees, the AyA has no formal request from the electrical operator [sic] suggesting any management [sic] of pruning and cutting of the 3 trees that fell on the electrical supply [sic] and caused the breakdown.\n• The AyA did not cut the three trees using chainsaw equipment, because from what is observed in the photographs, the trees fell naturally, due to the action [sic] of wind, precipitation, and growth conditions.\n• During the inspection, in another sector of the property, the ring-barking (anillamiento) of trees corresponding to species other than the one cited for the fallen trees [sic] and cited in the forest report [sic] is evidenced. These are [sic] outside the scope of the electrical power lines [sic]. The ring-barking of the trees has not been authorized [sic] by the AyA.\n• Within the file, no technical evidence is provided to allow an inference about the state of the trees, nor is it possible to observe in the evidence provided that the trees over the electrical power lines [sic] keep their crowns and branches green. In the photographs provided, it can be identified that the trees are [sic] uprooted associated with some natural cause and that their fall [sic] was unforeseeable [sic].\n• The zone where the affectation occurred [sic] is located within the forestry protection area established by Ley Forestal N°7575; in order to proceed with the cutting of the trees, it would have been necessary to have carried out a summary tree felling process (sumario derribo de árboles) or, in effect, for the CNFL to provide the Declaration of National Convenience to have submitted the application [sic] for tree cutting to the SINAC. However, a cutting request was never coordinated [sic] with the AyA prior to the fall [sic] of the same [sic]; unfortunately, the affectation materialized, but there is no negligence on the part of the Institute.\n• The zone where the fall [sic] of the tree occurred is located within the radius of 200 meters established in the Ley de Aguas (Article 31).\n• The AyA property is outside of any Protected Wild Area (Área Silvestre Protegida) administered by SINAC.\n• The property has archaeological [sic] and cultural sites declared of great importance; therefore, depending on the intervention sites for cutting, the location of the trees within said areas must be analyzed so as not to affect the historical [sic] and cultural heritage present on the property.\n• From the forest study prepared [sic] by [sic] Eng. Marianela Barquro[sic], it is indicated that nine trees that are apparently a risk do not have geographic coordinates [sic] provided that allow [sic] locating them within the property. It is recommended to formalize the action before the AyA, in such a way that the management is assigned to a specialized technician [sic] and an inspection [sic] is coordinated between the parties, to carry out an assessment in case there is [sic] some [sic] tree that represents a current risk to the electrical grid [sic].\n• The AyA property has high environmental fragility; therefore, every activity must [sic] be coordinated in a timely and planned manner in order to contemplate the respective authorizations. Consequently, it is of utmost importance to specify the location of each one of the trees”.\n\n**UNPROVEN FACTS.-** Due to no evidence having been provided and being of importance to this proceeding, the following is considered unproven:\nThat the cause of the collapse of the two poles was the poor condition of one or several trees located within the AyA property, property registration number 25572-000, in the province of Cartago.\nThat the CNFL suffered the damages it claims.\n**ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF PARTY.-** The plaintiff's representation bases its claims on the following narrative of facts, which, in an effort to respect its integrity, are cited verbatim:\n\n“FIRST: A report is received from the Breakdowns Section, of the Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., U.A.D.P. NO 2019-74, breakdown No. 39439764, a report of a tree that fell onto the electrical power lines, an event that occurred on May 29, 2019, at 2:00 a.m., in Cartago, Tres Ríos, Fuente del padre Carazo, next to the Bridge [sic].\nSECOND: When the crews of the Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. arrived to attend to the breakdown, they evidenced that the fall of a tree located on the property of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados onto the electrical power lines caused damage to the property of my representee, since two poles were broken with total damage, which forced my representee to act immediately to restore the electrical flow in compliance with the Principle of Continuity.\nTHIRD: In the Certification [sic] from the headship of the Distribution System Expansions and Maintenance Unit that I attach, carried out by Eng. Warner Monge Argüello, it is recorded that the defendant becomes a debtor of the Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., for the damages caused to the property, which implied the immediate repair of the electricity distribution network and public lighting, which amounts to the sum of ¢3,811,638.86 (three million eight hundred eleven thousand six hundred thirty-eight colones and eighty-six céntimos).\nFOURTH: That on July 24, 2019, the Surveyor Engineer Julio Carvajal Aguirre, of the Real Estate Administration Process of the Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., prepared a Forensic Topography Report in order to have certainty of the owner of the farm where the tree that fell causing the breakdown was located, in which he concluded: the tree is located within the boundaries a [sic] property whose registered owner is the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, real folio of Cartago number 25572-000, cadastral map C-0447-1986. At the site, 3 roots of fallen trees were found in the direction of the electrical power lines that suffer the damage”\nFIFTH: That on July 31, 2019, by note 2203-0492-2019 from the Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. addressed to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the latter was informed of the events that occurred in order to reach a conciliatory agreement for the repair of the damage caused.\nSIXTH: That on August 27, 2019, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados responded to the Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. with note UEN-PYDMC-GAM-201g-00122 from the Subgerencia Gestión de Sistemas GAM signed by Eng. Rolando Rojas Castro and Eng. Álvaro Sibaja Collado, in which Eng. Sibaja indicated that he carried out an inspection in response to my representee's note and that the site where the trees fell is an area for the protection of the water sources of that sector or property of the Institute; however, they did not provide proof of the above.\nFurthermore, they later contradict themselves in the note, pointing out that the tree's location is on the \\\"Municipal or State roadway\\\", so my representee should make the claim to another institution.\nLikewise, they attribute responsibility to my representee for not having underground wiring, indicating a lack of skill or foresight, not recognizing the expenses incurred by the Compañía Nacional de Fuerza y Luz SA. in carrying out the repair of the damage.\nSEVENTH: That in response to the note received, the Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., on October 17, 2019, carried out an inspection in the area led by Eng. Marianela Barquero Palma of the Environmental Indices and Programs Process of the Environmental Management and Natural Resources Area, in order to verify the condition of the trees and the veracity of the information provided by the Institute to the effect that the area where the situation occurred is for the protection of the water sources in that sector.\nEng.\n\nBarquero prepared a report of this visit in which he recommended that the owners of the farm where the trees are located must take responsibility for carrying out a felling by means of an interdict of demolition (interdicto de derribo) because he found a pine plantation with heights between 20 and 40 meters with visible damage to the stem, as well as mechanical damage to the branches, trunks, and bases damaged by the entry of pathogens such as fungi and other agents.\n\nFurthermore, he demonstrated in his report that the nearest protected area to the incident’s location [sic] is the Zona protectora de los Cerros de la Carpintera, and that for the Institute to have a restriction in the area as an aquifer recharge zone, it would have to be declared or delimited within a perimeter range of 200 meters from the location of the water source.”\n\nIn the legal basis, he referred to numerals 1045, 1046, 1048 paragraph 3, of the Civil Code, the chapter on party walls (medianería), articles 386, Chapter IV, on other charges and limitations, 403, following and concordant of the Civil Code, 287 following and concordant of the Civil Procedure Code, and 41 of the Political Constitution. He cited resolutions of the First Chamber of the Court numbers 00034-91 and 00017-92. On the other hand, he indicated that it was demonstrated that AyA incurred in non-contractual liability (responsabilidad extracontractual), “… generating the aspects that must converge in the productive fact [sic] of the modality of constitutive efficacy generating rights and obligations given the behavior for damage derived from the creation of a risk such as not giving adequate maintenance and surveillance to the tree, where a harmful result of legally relevant interest occurs.” He pointed out that it was a damage in a broad, material sense, where the imputation can be found in cases of liability without fault where the subject is responsible, not for having acted in an illicit and culpable manner, but because with his activity he has created a source of possible dangers that if actualized producing damages, generate the duty to compensate them. In his view, this formulation includes both cases of subjective liability and those of objective liability, but in this case, it speaks of indirect subjective liability or liability for the acts of others (responsabilidad subjetiva indirecta o por hecho ajeno), where the subject who carried out the action that caused the damage is not the same one who is held responsible. He also pointed out that non-contractual civil liability occurs when a person violates the legal sphere of another, without there being a prior legal relationship between them or, if it exists, “it has nothing to do with the behavior that produced the damage,” where all violations “of the duty of diligence, lack of skill, fault, and fraud” are included, provided that damage is caused. He added that one of the constitutive elements of subjective non-contractual liability is the direct or efficient causal relationship that must exist between the unlawful behavior or conduct and the damage, the latter being the prerequisite of any type of non-contractual liability, so its demonstration also constitutes a sine qua non requirement for the compensatory claim to succeed. He finished by indicating that in this case, it was proven that there was non-contractual civil liability of AyA, “due to the existence of negligence, imprudence, and lack of vigilance, for not maintaining the tree on its property that caused damages to my client, which forced the Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. to incur an expense, to act with speed to maintain the quality and continuity of service.” In the conclusions, the representative of CNFL reiterated what was already alleged and indicated that the maintenance on AyA’s property did not only include clearing brush, as it being a forested area, the state of the trees should be reviewed, particularly those near a national road. He pointed out that it was not CNFL’s responsibility to see which tree was about to fall to file an interdict, since it was a tree that was on private property. In addition, that it was not sufficient justification that it was a protected area, because regardless of where the tree was, the owner had to ensure its preventive maintenance. He recalled that the girdling (anillamiento) of the trees was evident, as recorded in the case file, so the negligence of AyA was clear, a product of the neglect in which the property was kept. Given the above, he reaffirmed his claims and asked that the lawsuit be accepted in all its aspects.\n\nARGUMENTS OF THE DEFENDANT.- When answering the action, AyA basically rejected all the facts, except for having denied the claim submitted by CNFL. It began by explaining the physical reality of the area, known as the Padre Carazo sources, with structures declared historical heritage. It also pointed out the existence of protected springs (nacientes) that predated the installation of CNFL’s wiring and that the fallen pole was located less than one hundred meters from one of the water outcrops in the zone, according to the information provided by the plaintiff. It cited articles 33 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) to justify that in the protection radii of the springs (nacientes), it was not possible to carry out maintenance or cutting of trees and that the location of the electrification lines is high risk, since they border trees exposed both to the winds of the Ochomogo hill and to the normal deterioration of the area’s flora due to the slope, which inclines the trees downhill. It pointed out that if CNFL considered that the trees should be pruned or cut, it should resort to the summary proceeding for the demolition of trees (proceso sumario de derribo de árboles) and demonstrate that it was an imperative need or establish a coordination process with AyA, which has never occurred. Additionally, AyA made suggestions on alternative solutions, such as moving the poles to the opposite side of the street or installing underground wiring, citing current regulations that governed these issues. Regarding the facts, it stated that there is no information whatsoever about falling trees in the logbook of the security officers assigned to the property, nor physical evidence of fallen trees at the time of inspection. Furthermore, it stated that CNFL did not have an approved tariff mechanism to claim sums from another institution for poles and that there was no proof of the supposedly spent amount, opposing the invoiced sum. It pointed out that the replaced poles were within AyA’s property, which could be considered a usurpation, but that it is institutional policy to share its assets in a coordinated manner with other public institutions. Thus, the institution considered that CNFL’s attempt to demand maintenance of the trees for the benefit of the poles is a procedural abuse, since the correct action in this case would be for it to remove the poles from its property, because they are located a few meters away from the spring’s (naciente) wellhead, and place them in front of the street, on public road, and far from the fall angle of any tree located there. In its view, the only way for the trees not to fall on CNFL’s cables and poles would be the cutting of perhaps some 200 trees located next to the electrical cables, which showed that the event CNFL accused must be attributed to a natural event impossible for any Administration to manage, which constituted force majeure, an exemption from liability, according to article 190 of the LGAP. Regarding lack of right (falta de derecho), it pointed out that it was legally demonstrated that this is a protected and high-risk zone, and that the distance at which the poles are located is within the protection radius of one of the springs (nacimientos) of the Padre Carazo park, which implied that CNFL had no right to request any type of compensation with respect to the damages suffered to the electrification poles. For the lack of passive standing (falta de legitimación pasiva), it indicated that the property was registered in the name of AyA, but the institution was not the owner of the trees found there, as it did not have freedom of disposal over them. It could not cut down or prune even one tree without authorization from MINAE, so it considered that there was a lack of standing because those trees were the responsibility of MINAE. It also stated that CNFL’s breach of the duty of care was visible, since if that institution considered that there were poles in danger, it should have made the request to MINAE and AyA. Regarding the fault of the victim (culpa de la víctima), it pointed out that CNFL assumed a risk by placing the poles in that area and that as of the date of submission of the answer, there was no type of project to change the location of these poles, so the institution itself caused, “by its lack of skill, by its lack of diligence, by its lack of technical application,” the problem that occurred. Finally, it indicated that the lack of active standing (falta de legitimación activa) derived from the fact that CNFL had no authority to compel AyA to perform works within its property, having to resort to MINAE for that purpose, its responsibility being the execution of the respective prunings authorized by the governing body. In the conclusions, AyA’s representative asked the Court to recommend to CNFL that it move the poles, as they are in a risk zone. It reiterated that CNFL should present the interdicts it considered necessary, criticized the photos provided by CNFL, because there were no traces of the trees falling, and reaffirmed that the plaintiff could not claim damages and losses for the precarious use of AyA’s land. It rejected that the institution had girdled trees in that area and alleged the act of a third party in that regard, confirming that the fall of the trees constituted a fortuitous event.\n\nOBJECT OF THE PROCEEDING.- CNFL claims from AyA, as owner of the farm of the Cartago district number 25572-000, an indemnity in the sum of ¢3,811,638.86; corresponding to the expenses the plaintiff supposedly incurred in repairing two poles that were knocked down by the fall of a tree that was located on AyA’s property, on May 29, 2019, as well as the respective interests and costs. Against this claim, substantive objections were opposed: lack of right (falta de derecho) and lack of standing, both active and passive, as well as the exoneration of fault of the victim. Based on the aforementioned claim, this Chamber clarifies that the state of other trees in the supposed area of the incident, nor the advisability of underground electrification in the area or the need to establish interdicts of demolition (interdictos de derribo) regarding the other trees at risk of falling, are not part of this proceeding. All those actions and topics exceed what was requested, which is limited to determining whether AyA is responsible for the alleged fall of one or more trees that, as claimed, caused the fall of two poles, whose repair cost ¢3,811,638.86. Thus, it is relevant first to discuss the liability regime to which AyA is subject, given that CNFL bases its claim on civil rules, in order to then determine if there are sufficient evidentiary elements to verify the existence of the alleged damage and the causal link with the administrative action or inaction.\n\nCIVIL LIABILITY OF AyA. Although the plaintiff attempts to direct this matter as one of mere non-contractual liability in the terms of articles 1045 and 1048 of the Civil Code and reproaches AyA for liability “due to the existence of negligence, imprudence, and lack of vigilance, for not maintaining the tree on its property that caused damages to my client,” the fact of the case is that the object of this proceeding gravitates around an eventual objective liability for damages derived from an inaction of a Public Administration (AyA), resulting, as already stated, from the fall of a tree that supposedly was on the defendant’s property and broke two electrical grid poles. Given that we are not facing a traffic accident or a property for private use of the Administration, the legal regime applicable to this case is that contained in articles 190 and following of the LGAP, where the notions that make up fault (negligence, imprudence, and lack of skill) have no place. The system of liability followed by our legal system in the matter at hand is of an objective type, in contrast to the subjective type, typical of private law, where, unlike the liability that will be examined here, the indemnity obligation requires the existence of fraud or fault of the agent causing the damage. Contrary to that, within the dynamics of the predominantly objective system of liability of the Administration, it is responsible to an individual who has suffered an unlawful injury that they do not have a duty to bear and that has been caused by public functioning; that is, for this criterion of imputation, it is not required that the analysis of the conduct focus on whether it was with fraud or fault of the person causing the injury. This topic being widely dealt with in this jurisdiction, it is worth remembering that the Political Constitution, in its article 41, guarantees the individual right to obtain, in accordance with the law, reparation for injuries or damages that someone has received to their person, property, or moral interests; a duty from which the Public Administration does not escape and regarding which the General Law of Public Administration develops, starting from its numeral 190.1 which literally reads:\n\n\"Article 190.- 1. The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party.\"\n\nNote that the cited mandate does not allude to acts, but to functioning, so liability may derive not only from the formal conduct issued by the public entity, but will also be demandable when it comes from a material conduct or from administrative omissions, in their diverse types. On this point, the First Chamber of the Supreme Court of Justice explains that:\n\n“… legitimacy or its antithesis, refers basically to the legal conducts of the Administration, while normal or abnormal, points, above all (but not exclusively), to the material conduct of the Administration, represented among others, by the service-related activity attributed to the State as part of the social category also assigned to it in pursuit of the general welfare of the collective” (First Chamber of the Supreme Court of Justice, number 584 – 2005, of ten hours forty minutes on August eleven, two thousand five).\n\nAnd it defines the concept of abnormality stating that:\n\n“… it addresses those administrative conducts, which in themselves, depart from good administration (according to the concept used by the General Law itself in article 102 subsection d., which among other things includes effectiveness and efficiency) or from the organization, from the technical rules or from the skill and prudent task in the deployment of its actions, with a harmful effect for the person. This allows pointing out that abnormality can manifest itself through a malfunction; a late functioning, or a total absence of functioning. Abnormality and illegality must not therefore be adopted as equivalent concepts, not even in what corresponds to the hypothesis of that functioning which, being due or in conformity with the aforementioned rules, produces a harmful result (called by some doctrinal sector “abnormal functioning by result”), since in that case, what operates is a liability for normal functioning with a harmful effect or result, indemnifiable, of course, provided that the requirements pre-established expressly by the Legal System itself are met” (ídem).\n\nNote then that this criterion eliminates the demonstration of fault or fraud on the part of the causing agent from the equation. It will be sufficient then, in summary, to prove three elements for the duty to indemnify to arise: the existence of an administrative conduct generating liability, the production of an indemnifiable damage, that is, certain, real, and effective, and finally, the accreditation of the causal link that connects the specific administrative action with the alluded damage. To resolve the dispute raised, the Court must first examine if there is any conduct by the defendant that fits the precepts generating liability. In relation to this, CNFL accused that AyA’s obligation to maintain the trees not only included clearing brush, but also had to determine when it should prune trees whose condition implied a risk of falling, particularly those near such a relevant national road. Therein lies the substantive discussion, which involves determining the maintenance obligations that AyA has as owner of the trees found on its property in relation to the restrictions imposed by the Forestry Law on the management of protection zones found around a water spring (naciente de agua). However, this discussion presupposes the existence of the alleged damage and the causal link between that supposed damage and the Administration’s conduct, which for this Court, are not as clear as CNFL presented the case. Regarding the damages caused, CNFL has alleged that two poles had to be replaced due to the falling of trees, for which, as evidence, it provided a certification from its Integrated Process Management System, in which under number UADP 201974 a detail of incurred costs is provided, but it is never indicated to which repair this breakdown refers. No documentary evidence of the event itself was provided, that is, there are no photos of the site at the time of the incident, and the report itself elaborated and signed by the official Randall Carvajal Herrera indicates that photographs are not attached because the ones taken are of very low quality. On the other hand, CNFL did not offer any of the persons who were present at the time of attending the supposed accident that occurred, since neither the investigator Carvajal Herrera nor the crew officials José Arturo Hidalgo Moreno and Víctor Cascante Hernández who attended the report were received as witnesses in order to testify to what happened. On the other hand, the CNFL witness who was presented, indicated that she had gone a few days after the supposed event (May 29, 2019), when from her report it is clear that she made the visit on October 10, 2019, that is, more than four months after the damaging event. There are also no traffic reports or any type of circumstantial evidence, beyond the word of CNFL itself, which should have documented what happened in much more detail in order to be able to prove the existence of the damage it alleges, as is its responsibility in accordance with the rules of article 41.1 of the current CPC. On the other hand, it is also very doubtful, due to a lack of strong evidence, the causal link that CNFL tried to build with respect to AyA. The initial report of the investigator Carvajal Herrera reported that the damage to two poles was due to the fall of a tree that was located on AyA’s property, in a succinct manner and without further elaboration. Additionally, the forensic topography report of AyA, which does not indicate on what date the field visit was made and whose person in charge was not received as testimonial evidence, is dated July 24, 2019, that is, almost two months after the event occurred. This official was not a direct or immediate witness of what happened, and the conclusions he reaches are at least doubtful. The Court does not know, as the report does not clarify, how this person, who arrived almost two months after the event occurred, can affirm with certainty that any of the trees he photographed effectively correspond to the one that supposedly caused the fall or breakage of the two poles indicated by CNFL. Note that in the report itself, he describes the first photograph with the legend “location of the trees that in appearance cause the affectation of the electrical service,” which leaves many doubts about the vehement conclusions reached by this official, without having certainty of what happened. See that the essential objective of that report was to determine if that tree was within AyA’s property, since the informant’s specialty is topography, but that says nothing of the supposed kinematics of events, that is, of the set of causes or circumstances that led to the supposed damaging fact, since there is not even certainty of the location of the fallen tree. The second report, made by the official Marianela Barquero Palma, more than four months after the event, is equally devoid of convincing elements about what supposedly happened on May 29, 2019. From observations of other trees she found in the area in question, the official insinuates causes of the fall of a tree that was no longer on the site at the time of her visit. That is, seeing the state of other trees supposedly surrounding the one that had fallen more than four months earlier, she seems to derive that girdling (anillamiento) was the reason for the tree’s fall, although in the hearing she denied having seen the tree that fell or being able to affirm with certainty what the cause of its fall was. It is CNFL in its theory of the case that infers or extrapolates from that report that girdling and in general the poor condition of the tree was what caused its fall, which lacks any basis, since said expert was not present at the time of the incident or when the repair was made, and her conclusions are aimed at the prospective management of other trees that are in a degree of deterioration that warrants, in her view, urgent attention. Again, from the state at the time of the report of other surrounding trees, it is impossible to establish the kinematics of what happened on May 29, 2019, and therefore a causal link connecting the supposed damage caused to the electrical grid and the poles with an active or omission-based conduct of AyA. In these terms, and it being impossible to establish the existence of the damage and the efficient causal link, the analysis of the conduct as such becomes innocuous to the decision of this matter, since the absence of these elements makes it impossible to accept CNFL’s thesis, and the defense of lack of right (falta de derecho) raised by AyA must be accepted, as is indeed done, which leads to the rejection of the lawsuit in all its aspects.\n\nEXCEPTIONS.- When answering the lawsuit, AyA raised the defenses of lack of right, lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva). Regarding standing, the Court considers that both active and passive must be rejected, CNFL being, in the case of active standing, the owner of the supposedly damaged poles and therefore the one in a position to make the corresponding claim, and AyA, in the case of passive standing, the owner of the lot on which the tree that allegedly caused damages to the electrical grid was supposedly located. For the reasons stated in the preceding recital (considerando), the defense of lack of right is accepted, with the consequence of dismissing the lawsuit in all its aspects.\n\nCOSTS.- According to the regulation of article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, personal and procedural costs constitute a burden imposed on the losing party by the fact of being so, and their dispensation only proceeds when there is, in the Court’s judgment, sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence the opposing party was unaware of. In the case under study, we estimate that there is no reason to alter the general rule imposed in the norm. In those terms, the plaintiff is ordered to pay both costs in favor of AyA, to be settled in the execution of the judgment.\n\nPOR TANTO\n\nThe exception of lack of standing in its two modalities is rejected. The defense of lack of right raised by AyA is accepted. Consequently, the lawsuit filed by COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA against INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS is declared WITHOUT MERIT in all its aspects. The plaintiff is ordered to pay both costs in favor of AyA, to be settled in the execution of the judgment. José Martín Conejo Cantillo. Gustavo Irías Obando. Francisco Hidalgo Rueda. Judges.-\n\n \n \n\n\n\n\n- Verification Code -\n\n2BYHRFDJNR461\n\n\n\n \n\nDocument signed by:\n\nJOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, JUEZ/A DECISOR/A\nFRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, JUEZ/A DECISOR/A\nGUSTAVO IRIAS OBANDO, JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 19-007634-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:17:45.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }