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  "id": "nexus-sen-1-0034-1299432",
  "citation": "Res. 03977-2025 Tribunal Contencioso Administrativo",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Responsabilidad de la CCSS y sindicatos por investigación preliminar a directora médica",
  "title_en": "CCJ and Unions’ Liability for Preliminary Investigation of Medical Director",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la demanda por daño moral y material de una directora médica del Área de Salud Turrialba-Jiménez contra la CCSS y siete sindicatos. La actora alegó que fue sometida a una investigación preliminar injustificada y presionada a tomar vacaciones, lo que le causó afectaciones emocionales y económicas. La CCSS realizó la investigación tras denuncias sindicales por prácticas laborales y el informe final exoneró a la directora. El Tribunal determinó que la CCSS actuó dentro de la legalidad, que la investigación preliminar no lesionó su situación jurídica y que no hubo responsabilidad objetiva por las vacaciones, ya que no se pidió nulidad de ese acto. Respecto a los sindicatos, no se probó dolo o culpa en sus actuaciones; sus acciones fueron ejercicio legítimo de la representación colectiva. Se acogió la falta de derecho y se condenó en costas a la actora.",
  "summary_en": "The Administrative Court rejected the claim for moral and material damages by a medical director against the Costa Rican Social Security Fund (CCSS) and seven unions. The plaintiff alleged an unjustified preliminary investigation and forced vacation caused her emotional and financial harm. The CCSS conducted the investigation after union complaints of labor practices, and the final report cleared her. The Court held that the CCSS acted lawfully, the investigation did not harm her legal standing, and no objective liability arose from the vacation order since its annulment was not sought. Regarding unions, no malice or fault was proven; their actions were legitimate collective representation. Lack of right was upheld, and the plaintiff was ordered to pay costs.",
  "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo",
  "date": "28/04/2025",
  "year": "2025",
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    "falta de derecho",
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      "article": "Artículos 1045 y 1048",
      "law": "Código Civil"
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      "article": "Artículo 41",
      "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo"
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    "responsabilidad extracontractual",
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    "Tribunal Contencioso Administrativo"
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  "keywords_en": [
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    "Administrative Court"
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  "excerpt_es": "En el caso concreto, no verifica este Tribunal cómo la realización de esta investigación perjudica la situación jurídica de la actora, cuando salió exonerada de las denuncias realizadas. En virtud de la multiplicidad de cargos imputados y la cantidad de documentación y entrevistas realizadas, para esta Cámara resulta razonable que el informe se haya presentado en cuatro meses. Por otro lado, es claro que la parte no podía exigir, durante la investigación preliminar, a las garantías del debido proceso, tal y como ha establecido la jurisprudencia constitucional en esta materia.\n\nEl argumento esencial de la parte es que la decisión de abrir la investigación preliminar es infundada, porque había suficiente información en apoyo a la gestión de la actora como para rechazar de plano esas gestiones. Esta Cámara no puede amparar tal argumentación, pues, dejando de lado su prepotencia, lo que se afirma contraviene las reglas básicas de probidad y de rendición de cuentas a las que están sujetos todos los funcionarios públicos. La actora no puede pretender, por su mero dicho, que se ignore un movimiento laboral de proporciones relevantes y que provocó inestabilidad en los servicios de salud a su cargo. Una decisión como la que reclama la actora hubiera sido inmotivada, apresurada y a todas luces ilegal. La voluntad administrativa debe configurarse a partir de la acreditación de elementos de hecho y derecho que permitan establecer que el contenido de lo que se decide es acorde con el fin que persigue el ordenamiento jurídico, que en este caso sería garantizar la buena administración de los servicios de salud. Que la actora haya sido exonerada producto de la investigación preliminar no hace más que confirmar su necesidad.",
  "excerpt_en": "In the present case, this Court does not see how conducting this investigation harms the plaintiff's legal situation, when she was exonerated of the complaints. Given the multiplicity of charges and the amount of documentation and interviews, this Chamber finds it reasonable that the report was submitted in four months. Moreover, it is clear that the party could not demand due process guarantees during the preliminary investigation, as established by constitutional jurisprudence on this matter.\n\nThe essential argument of the party is that the decision to open the preliminary investigation is unfounded because there was sufficient information supporting the plaintiff's management to reject those requests outright. This Chamber cannot uphold such argumentation, for, aside from its arrogance, what is asserted contravenes the basic rules of probity and accountability to which all public officials are subject. The plaintiff cannot claim, by her mere assertion, that a labor movement of significant proportions causing instability in the health services under her charge should be ignored. A decision such as the plaintiff claims would have been unmotivated, hasty, and clearly illegal. Administrative will must be shaped by accrediting factual and legal elements that establish that the decision's content aligns with the purpose pursued by the legal system, which in this case would be ensuring proper administration of health services. That the plaintiff was exonerated as a result of the preliminary investigation only confirms its necessity.",
  "outcome": {
    "label_en": "Rejected",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The claim is dismissed in its entirety, upholding the defendants' lack of right and ordering the plaintiff to pay costs.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos, acogiendo la falta de derecho de los demandados y condenando en costas a la actora."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando sobre la investigación preliminar",
      "quote_en": "This Chamber cannot uphold such argumentation, for, aside from its arrogance, what is asserted contravenes the basic rules of probity and accountability to which all public officials are subject.",
      "quote_es": "Esta Cámara no puede amparar tal argumentación, pues, dejando de lado su prepotencia, lo que se afirma contraviene las reglas básicas de probidad y de rendición de cuentas a las que están sujetos todos los funcionarios públicos."
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    {
      "context": "Considerando sobre la justificación de la investigación",
      "quote_en": "That the plaintiff was exonerated as a result of the preliminary investigation only confirms its necessity.",
      "quote_es": "Que la actora haya sido exonerada producto de la investigación preliminar no hace más que confirmar su necesidad."
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    {
      "context": "Considerando sobre la responsabilidad de la CCSS",
      "quote_en": "There is no evidence in the record that the institutional actions were abnormal, excessive, or in any way constituted an act of persecution, even less so when the final report fully endorsed her actions.",
      "quote_es": "No hay prueba en los autos de que las actuaciones institucionales fueran anormales, excesivas o constituyeran en medida alguna un acto de persecución, mucho menos cuando el informe final respaldó sus actuaciones en un todo."
    },
    {
      "context": "Considerando sobre la responsabilidad de los sindicatos",
      "quote_en": "The unions' actions, far from being the origin of the discontent and bad atmosphere complained of by the plaintiff, are an initiative to try to find a solution to that problem.",
      "quote_es": "Las actuaciones de los sindicatos, lejos de ser el origen del descontento y del mal ambiente del que se queja la actora, son una iniciativa para intentar hallar una solución a ese problema."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1299432",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 03977 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 28 de Abril del 2025 a las 12:37\n\nExpediente: 20-003962-1027-CA\n\nRedactado por: José Martín Conejo Cantillo\n\nClase de asunto: Proceso de conocimiento\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Prescripción de la sanción administrativa disciplinaria\nSubtemas:\nConsideraciones en el ámbito de la función pública y computo del plazo en el caso concreto.\nTemas (descriptores): Procedimiento administrativo disciplinario\nSubtemas:\nConsideraciones con respecto a la responsabilidad disciplinaria en el ámbito de la función pública y computo del plazo de prescripción en el caso concreto.\nSentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n20-003962-1027-CA - 5\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nCONOCIMIENTO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\n[Nombre 001]\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nASOCIACION NACIONAL DE  PROFESIONALES EN ENFERMERIA\n\n \n\n N° 2025003977\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las doce horas con treinta y siete minutos del ventiocho de Abril del dos mil venticinco.-\n\n \n\nProceso de conocimiento contencioso administrativo incoado por Warner Céspedes Arias y Elena Rodríguez Cheung, en su condición de apoderados especiales judiciales de [Nombre 001], portadora de la cédula de identidad número [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (en adelante, CCSS), que actúa por intermedio de su apoderado especial judicial Christian Obando Díaz, carné número 12513 (img. 1827 de la carpeta), el SINDICATO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL (SISSS), representado por su apoderado especial judicial, Juan Armando Navarro Martínez, carné número 19100 (img. 1806 de la carpeta), la UNIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA), representada por su apoderada especial judicial Keylin Vega Rodríguez, carné número 24650 (img. 1347 de la carpeta), el SINDICATO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS DE LA CCSS E INSTITUCIONES AFINES (SIPROCIMECA), representado por su apoderado especial judicial Frank Atencio Delgado, carné número 20437 (img. 1373 de la carpeta), la UNIÓN MÉDICA NACIONAL (UMN), representada por su apoderada especial judicial María José Badilla Montes, carné numero 23521 (img. 1598 de la carpeta), la ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA (ANPE), representada por su apoderada especial judicial Vilma Solano Pérez, carné número 13661 (img. 1607 de la carpeta) y el SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE FARMACIA DE LA CCSS (SINTAF), declarado rebelde en la primera audiencia preliminar realizada dentro de este proceso. \n\nCONSIDERANDO\n\n   ASPECTOS PRELIMINARES.- Como parte del íter procesal se tiene lo siguiente:\n     Mediante escrito de demanda presentado el 26 de agosto de 2020 ante este Tribunal, la parte actora pretende lo siguiente, según el ajuste realizado en el juicio oral, en corrección al realizado en audiencia preliminar (img. 2-33, 1614-1618 y 1850-1860 de la carpeta y grabaciones de respaldo de las audiencias):\n\n“Por todo lo anterior, es que se solicitamos se condene en forma solidaria a la CCSS y a las siguientes organizaciones sindicales SISSS (SINDICATO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL), UNDECA (Unión Nacional de Empleados de la Caja), SIPROCIMECA (Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la C.C.S.S. e Instituciones Afines), UMN (Unión Médica Nacional), ANPE (Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería), SINTAF (SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE FARMACIA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL) al pago de SESENTA MILLONES DE COLONES EXACTOS por concepto de DAÑO MORAL SUBJETIVO, SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL COLONES EXACTOS por concepto de DAÑO MATERIAL (TOTAL POR HONORARIOS, GASTOS MÉDICOS POR CITAS), intereses legales desde la firmeza de esta resolución y hasta su efectivo pago, así como a ambas costas del proceso”.\n\nEn auto de las 16:05 hora del 7 de octubre de 2020 se dio traslado a la demanda únicamente respecto de la CCSS, error que fue corregido en auto de las 15:30 horas del 17 de febrero de 2021 (img. 266-267 y 1098-1099 de la carpeta).\nLa CCSS fue notificada del presente asunto el 30 de octubre de 2020 (img. 272 de la carpeta) y contestó la demanda en escrito del 2 de febrero de 2021, rechazándola en todos sus extremos y oponiendo la defensa de falta de derecho (img. 274-293 de la carpeta).\nEl SINTAF fue notificado el 8 de abril de 2021 (img. 1108-1109 de la carpeta) y fue declarado rebelde en la audiencia preliminar del 19 de octubre de 2022 (img. 1614-1618 de la carpeta).\nEl SIPROCIMECA fue notificado el 7 de abril de 2021 (img. 1110-1111 de la carpeta) y contestó la demanda en escrito del 28 de abril de 2021, rechazándola en todos sus extremos y oponiendo las defensas de falta de derecho, falta de legitimación pasiva y activa, caducidad e indebida integración de la litis con el Estado (img. 1351-1372 de la carpeta).\nLa UMN fue notificada el 7 de abril de 2021 (img. 1112-1113 de la carpeta) y contestó la demanda en escrito del 27 de abril de 2021, rechazándola en todos sus extremos y oponiendo las defensas de falta de derecho, falta de legitimación pasiva y caducidad (img. 1141-1153 de la carpeta).\nLa UNDECA fue notificada el 7 de abril de 2021 (img. 1114-1115 de la carpeta) y contestó la demanda en escrito del 26 de abril de 2021, rechazándola en todos sus extremos y oponiendo las defensas de incompetencia, falta de legitimación pasiva y falta de derecho (img. 1339-1346 de la carpeta).\nLa ANPE fue notificada el 7 de abril de 2021 (img. 1116-1117 de la carpeta) y contestó la demanda en escrito del 28 de febrero de 2021, rechazándola en todos sus extremos y oponiendo las defensas de falta de derecho y prescripción (img. 1428-1443 de la carpeta).\n     El SISSS fue notificado el 7 de abril de 2021 (img. 1118-1119 de la carpeta) y contestó la demanda en escrito del 27 de abril de 2021, rechazándola en todos sus extremos y oponiendo las defensas de indebida integración de la litis con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social (SINTRASAS) y falta de derecho (img. 1122-1128 de la carpeta).\nMediante resolución número 312-2022, de las 11:10 horas del 24 de febrero de 2022 la jueza de trámite resolvió rechazar la defensa de incompetencia opuesta por UNDECA (img. 1544-1552 de la carpeta). No consta que esa resolución haya sido impugnada.\nEn resolución número 566-2022, de las 13:45 horas del 7 de abril de 2022 la jueza de trámite rechazó la defensa previa de indebida integración de la litis opuesta por el SISSS, respecto del SINTRASAS, la cual adquirió firmeza al no haber sido apelada (img. 1564-1568 de la carpeta).\nLa primera audiencia preliminar se llevó a cabo el 19 de octubre de 2022, en presencia de los representantes de todas las partes, menos del SINTAF, que fue declarado rebelde en esa diligencia. No hubo otros aspectos relevantes de saneamiento y se fijaron las pretensiones según los términos ya descritos previamente en esta resolución. Mediante resoluciones número 1745-2022 y 1746-2022, de las 10:05 y 10:14 respectivamente, se rechazaron las defensas de caducidad, opuesta por la UMN y de indebida integración de litis con el Estado, interpuesta por SIPROCIMECA. Se difirió la defensa de prescripción para el fondo por no ser evidente y manifiesta, se establecieron los hechos controvertidos y se procedió con la admisión de prueba documental de la parte actora, debiendo suspenderse la continuación de la audiencia “por haberse agotado el tiempo asignado” (img. 1614-1618 de la carpeta).\nLa segunda audiencia preliminar se llevó a cabo el 31 de mayo de 2023, en presencia de las mismas partes que asistieron a la primera audiencia. En ella se realizó la admisión del resto de la prueba de todas las partes (img. 1707-1713 de la carpeta).\nEn auto de las 15:31 horas del 15 de enero de 2024 esta sección convocó a juicio oral para las 8:30 horas de los días 27 y 28 de noviembre de 2024 (img. 1715-1721 de la carpeta), fecha que fue modificada en auto de las 11:31 horas del 7 de marzo de 2024, en la cual se convocó para las 8:30 horas de los días 25, 26, 27 y 28 de marzo de 2025 (img. 1741 de la carpeta).\nEn escrito del 21 de marzo de 2025 la representación de la UMN presentó prueba de la incapacidad extendida por el INS a la testigo Rosa Alvarado Jiménez, solicitando la reprogramación de la audiencia o la autorización de sustituir a la testigo ofrecida (img. 1815 y 1817 de la carpeta).\nEl 24 de marzo de 2025 la representante de la UMN aportó copia certificada de pruebas ya admitidas como copias simples y desistió de tres de los testigos que había ofrecido originalmente (img. 1829 de la carpeta).\nEl juicio oral se llevó a cabo los días 25 y 26 de marzo de 2025, con la participación de todas las partes, menos del SINTAF, declarado rebelde. Durante esta diligencia, las partes y el Tribunal expusieron algunos aspectos que requerían aclaración por lo que el Tribunal tomó las siguientes providencias: 1. Se aclaró que las pretensiones patrimoniales correspondían a ¢60.000.000,00 por concepto de daño moral subjetivo y ¢7.188.000,00 por concepto de daño material. 2. Se acogió el desistimiento del testimonio de Roberto Cervantes Barrantes, Armando Villalobos Castañeda y Javier Céspedes Vargas, según la petición de la UMN. 3. Se admitió la sustitución de la testigo Rosa Amelia Alvarado Jiménez por la señora Mónica Pacheco Pérez, por acreditarse la excepcionalidad requerida. 4. En lo atinente a la prueba aportada de forma certificada por la UMN, se indicó que ya había sido admitida en audiencia preliminar, por lo que no requería pronunciamiento del Tribunal. 5. Se previno a la representación de la CCSS aportar las imágenes ilegibles del expediente administrativo en el transcurso de la audiencia de juicio, antes de las conclusiones. Posterior a esta fase, las partes renunciaron a sus discursos de apertura y se recibió la declaración de los testigos Melissa Umaña Rojas, Marcela Pemberton Mora, William Pérez Gutiérrez y Diego Pacheco Solano. Para el segundo día de juicio, se recibió a los testigos Mónica Washington Pérez, Jorge Reyes Hernández y Víctor Granados Blanco, para luego escuchar las conclusiones de las partes y declarar el asunto de trámite complejo (img. 1850-1861 de la carpeta y respaldo digital de la audiencia).\nEste asunto se procede a resolver dentro del plazo establecido en el artículo 111 del CPCA, al haberse declarado complejo, debiendo considerase la incapacidad del Juez Francisco Hidalgo Rueda durante los días del 7 al 9 de abril de 2025, el feriado del 11 de abril, así como las vacaciones de cierre colectivo y feriados de Semana Santa, sin que se perciban vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes. Redacta el Juez Conejo Cantillo, por unanimidad y con el voto afirmativo de los jueces Hidalgo Rueda e Irías Obando.\nHECHOS PROBADOS.- De importancia para este asunto, y por la forma en que se resuelve, se tienen por demostrados los siguientes (salvo que se indique otra cosa, las imágenes corresponden al expediente judicial):\nLa actora labora en propiedad para la CCSS desde el 11 de diciembre de 1996, y se encuentra en ascenso interino como Médico Jefe 2 (Directora Médica del Área de Salud Turrialba-Jiménez) desde el 20 de julio de 2015 (img. 44).\nEn oficio UMN-0342-2018 del 17 agosto de 2018, la UMN solicitó a la actora convocar a Asamblea General de Trabajadores de dicha Área de Salud para el viernes 24 de agosto de 2018, “… con el fin de tratar temas de interés” (img. 1157).\nEn oficio ATSJ-DM-0344-08-2018 del 21 de agosto 2018, la actora informó al Presidente de la UMN que se disponía a suspender la Asamblea de Trabajadores del 24 de agosto, pues sus representantes sindicales no la podían acompañar ese día (img. 148, 597).\nEn oficio ASTJ-DM-0346-08-18 del 23 de agosto de 2018, la actora solicitó al presidente de la UMN el nombramiento de un abogado para que la represente ante publicaciones de funcionarios del Área de Salud que ponían en entredicho su profesionalismo (img. 145).\nEn correo del 23 de agosto de 2018 la asistente de Gerencia de la UMN dio acuse de recibo a correo enviado por la secretaria de la Gerencia Médica del Área de Salud Turrialba-Jiménez, cuyo asunto era “Solicitud de representación sindical” (img. 146-147).\nEn oficio número UMN-359-2018, del 24 de agosto de 2018 representantes de la UMN, SIPROCIMECA, UNDECA, ANPE y otros no mencionados informaron al Gerente Médico de la CCSS de la realización de una Asamblea de Trabajadores el 24 de agosto de 2018 en el que se aprobaron un conjunto de peticiones iniciales de los trabajadores respecto al archivo de investigaciones preliminares de la huelga del 25 de junio de 2019, apertura de un procedimiento por prácticas laborales desleales de la actora, estudio de clima organizacional, intervención de auditoría, separación temporal de la actora en su puesto y otras demandas sobre condiciones de trabajo (img. 324-325, 1196-1197).\nDurante este proceso, la actora contó con la asesoría constante de la abogada institucional Melissa Umaña Rojas, quien incluso la acompañó en varias diligencias (su testimonio).\nEn Asamblea realizada el 29 de agosto de 2018, en la que estuvieron presentes por parte de la CCSS el Dr. Javier Céspedes, de la Gerencia Médica, la  Directora Regional de Servicios de Salud Central Sur y la Supervisora Regional de Recursos Humanos Central Sur, y representantes sindicales de UNDECA, UMN, ANPE, SIPROCIMECA, SITAF, SISSS y SINTASS y como testigos una diputada, un asesor de otro diputado y un representante del MTSS, se firmó un documento en que se consignaron los siguientes acuerdos (149-150, 257-258, 330-332,1229-1231):\n\n“1. Atención al Oficio GM-S-11091-2018\n\nLa Gerencia Médica en atención a la solicitud planteada por las Organizaciones Sindicales mediante oficio UMN- 359- 2018 fechado 24 de agosto de 2018 y entregado y recibido en Gerencia Médica el día lunes 27 de Agosto de 2018, y según el plazo solicitado de OCHO DÍAS HÁBILES mediante oficio GM-S-11091-2018, asume el compromiso de sustituir a la Dra. [Nombre 001] y ubicar temporalmente a partir del día 30 de Agosto de 2018 en el Área de Salud de Turrialba Jiménez un nuevo Director Médico por el mismo plazo, entre tanto se atiende lo establecido administrativamente lo correspondiente a la solicitud de las Organizaciones Sindicales.\n\n2. No represalias a los Trabajadores del Área de Salud de Turrialba-Jiménez que participaron en las Asambleas de Trabajadores celebradas los días 24 y 29 de Agosto de 2018.\n\nLa Gerencia Médica según lo establecido en el Art. 71 de la Normativa de Relaciones Laborales asume el compromiso de ser garante del cumplimiento de lo establecido en ese artículo Normativo de forma que no se ejerza ningún tipo de represalia en respeto a la gestión Sindical y protección a los Trabajadores del Área de Salud Turrialba Jiménez, por su participación en las Asambleas de Trabajadores celebradas los días 24 y 29 de Agosto de 2018.\n\nLos Trabajadores se integrarán a sus labores a partir del día 30 de agosto de 2018.\n\n3. Reunión de Seguimiento\n\nLas partes de común acuerdo celebrarán reunión de seguimiento de los presentes acuerdos el día lunes 17 de setiembre del 2018, a las 09:00 am en las Instalaciones de la sede del Área de Salud Turrialba Jiménez o en el lugar que las partes convengan definir”.\n\nEn documento recibido por la actora el 30 de agosto de 2018 (por lo borroso del documento, no se ve ni la fecha ni la hora), la Directora Regional de Servicios de Salud Central Sur de la CCSS le comunicó (img. 128):\n\n“… en razón a los acuerdos sindicales realizados el día miércoles 29 de agosto en el Gimnasio del Colegio Técnico de Turrialba y con instrucción de la Gerencia Médica, se procede a comunicarle que su persona gozará de vacaciones por el plazo de 8 días hábiles a partir de hoy, en el tanto se resuelvan las solicitudes sindicales.\n\nPor tal motivo, se confeccionará la boleta de vacaciones del 30 de agosto al 10 de septiembre y su persona será sustituida por el Dr. Fabián Carballo [ilegible] en las fechas indicadas”.\n\nLa actora disfrutó de vacaciones del 30 de agosto al 10 de septiembre de 2018 (certificación ASTJ-RRHH 352-2019, img. 123).\nEn oficio número GM-S-11138-2018 del 30 de agosto de 2018, el Gerente Médico de la CCSS solicitó a los sindicatos UMN, SIPROCIMECA, UNDECA, SINTAF y ANPE en el plazo de tres días proceder a presentar las pruebas de la denuncia y ampliar los detalles de los hechos denunciados (img. 181-182, 343-344)\nEn oficios del 31 de agosto, 4 y 7 de septiembre de 2018, el presidente de la Asociación Costarricense de Directores Médicos (Acodimed) se dirigió al Gerente Médico de la CCSS, le indicó su oposición al trato dado a la actora, pidió explicaciones sobre la forma en que la actora fue enviada a vacaciones y solicitó documentación varia relativa al asunto (img. 132-135, 349, 367-368, 413).\nEn oficio SG-SISSS-1087-18, del 3 de septiembre de 2018 el SISSS presentó ante la Gerencia Médica de la CCSS denuncia contra la actora (img. 352-360, 1129-1137).\nEl lunes 3 de septiembre de 2018 se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la CCSS y representantes sindicales, en la que la que la participación de la actora no fue permitida (testimonio de la funcionaria Melissa Umaña Rojas)\nEl 4 de septiembre de 2018 la UMN, SIPROCIMECA, ANPE y UNDECA, contestaron en forma conjunta al Gerente Médico de la CCSS el oficio GM-S-11138-2018, presentando formal denuncia contra la actora por prácticas laborales en perjuicio de sus subalternos (img. 153-157, 362-366).\nEn oficio DRSSCS-DM-0411-2018, del 7 de septiembre de 2018, la Directora Regional de Servicios de Salud Central Sur de la CCSS respondió al Gerente Médico de la CCSS su oficio GM-S-11092-2018, en relación al oficio UMN-359-2018, donde se hizo referencia a los acuerdos sindicales y se adjuntaron 14 notas de apoyo a la actora (img. 137-139, 414-416).\nEl Director Regional de Servicios de Salud Central Sur en oficio DRSSCS-DM-453-2018 del 5 de octubre de 2018 nombró al médico Randall Asenjo Rockbrand para realizar una investigación preliminar respecto de la denuncia presentada por los sindicatos contra la actora (img. 161, 428). En oficio DRSSCS-DM-0469-18 del 25 de octubre de 2018 se comunicó que junto a este funcionario participaría el asesor legal Mynor Villalobos Arias (img. 438).\nMediante oficio GM-AG-13294-2018 del 12 de octubre de 2018 el Gerente Médico de la CCSS informó al Director Regional de Servicios de Salud Central Sur (img. 159-160, 430-431):\n\n“Desde el mes de agosto del año en curso, se ha venido presentando un conflicto de índole laboral en el Área de Salud Turrialba - Jiménez, que deberá abordarse de manera prioritaria por la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur, para una sana atención de la situación de conflicto.\n\nTenemos algunos actores sociales (UMN, SIPROCIMECA, UNDECA, SINTAF, ANPE, SISSS), que exigen discutir y resolver algunas gestiones desde el nivel local, que guardan relación con el clima organizacional, tiempo extraordinario, salud ocupacional, prácticas laborales desleales, etc. Otros actores como la DAPE, en el tema de Ambiente y Seguridad Humana, refiere la manera proactiva y de alto compromiso con el proyecto y la comunidad indígena de Ato Chirripó que enuncia la Dra. [Nombre 001], Directora Médica del Área de Salud Turrialba - Jiménez.\n\nAsimismo, se cuenta con una serie de nota [sic] que expone la labor desarrollada por dicha Dirección Médica, a saber: Asociación de Desarrollo Integral Indígena Alto Chirripó, Oficina Local Turrialba de PANI, Asociación Pro Área de Salud Turrialba - Jiménez, Trabajo Social del Área de Salud Turrialba - Jiménez, Encargada de Educación Ambiental y Vida Silvestre SINAC - MINAE Turrialba, Área Mantenimiento Turrialba - Concavas, Negocio Distribución y Comercialización del ICB, Municipalidad de Turrialba, ACODIMED, ATAP Nimari Chirripó, Coordinación de la Normalización de la Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas del Área de Atención Integral a las Personas (DDSS), Junta de Salud.\n\nExiste un compromiso de una reunión de seguimiento, que se encontraba programada para el día diecisiete de setiembre del año en curso a partir de las nueve horas en las instalaciones de la sede del área de salud o en un lugar a convenir, pero se desconoce si efectivamente se llevó a cabo por la emergencia institucional.\n\nAhora bien, al existir un compromiso presupuestario, según se desprende del oficio DRSS-E2-2238-18 de trece de setiembre del año en curso, procedan a informar lo referente al Estudio de Clima Organizacional en el Área de Salud Turrialba - Jiménez.\n\nDebido a lo anterior, se instruye a la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur, proceder al análisis integral a cada uno de los planteamientos que se encuentran dentro del expediente conformado a los efectos, constituido por 103 folios.\n\nSe anexa al presente oficio, el Informe Técnico del Área de Salud Turrialba - Jiménez de setiembre de 2018”.\n\nLa actora presentó descargo ante el MTSS ante la supuesta denuncia presentada en su contra en escrito recibido el 14 de noviembre de 2018 (img. 260-265 y 74).\nMediante oficio sin número, de fecha 21 de noviembre de 2018, la Oficina Cantonal de Turrialba del MTSS comunicó a la actora que debía dar permiso a un conjunto de funcionarios para atender el proceso de entrevistas dentro del proceso de investigación preliminar que se llevaba en esa oficina. No se detalló el objeto de la investigación (img. 96).\nEn acta notarial del 23 de noviembre de 2018, el profesional Warner Céspedes Arias hizo constar que se apersonó con la actora a la oficina del MTSS en Turrialba y que no les permitieron participar de las entrevistas por ser de carácter privado (img. 98-99).\nLa actora fue atendida en el INS en fechas 3, 10, 28 y 29 de enero de 2019 y 4 de abril, 8 de mayo y 18 de junio de 2019. En la primera fecha fue atendida en medicina general, se admitió el caso y fue incapacitada hasta el 10 de enero del mismo año, fecha en que fue nuevamente atendida en Medicina General y referida a otros servicios. El 28 de enero fue atendida en Psiquiatría, donde se diagnosticó trastorno adaptativo, problemática por desavenencias con subalternos, sin medicamentos por efectos secundarios. El 29 de enero fue atendida en Psicología de Enfermedad Laboral del INS (no se indicó diagnóstico). El 29 de marzo se realizó Sesión de Factores Psicosociales, donde el equipo multidisciplinario acordó como plan de abordaje citas en psicología, realizadas en abril, mayo y junio de 2019 (img. 106-118).\nEn oficio DRSSCS-DM-001-2019 del 04 de enero de 2019 la Directora Regional de Servicios de Salud Central Sur de la CCSS remitió al INS ampliación de denuncia de enfermedad laboral, en la que detalló (img. 119-120):\n\n“… se procede a realizar la ampliación de la denuncia de enfermedad laboral a nombre de la Dra. [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001].\n\nResumen de hechos:\n\n• La Dra. [Nombre 001] inicia como Directora Médica del Área de Salud Turrialba - Jiménez el 15 de julio del 2016.\n\n• El día 24 de agosto del 2018, en el Gimnasio del Colegio Técnico Profesional Dr. Clodomiro Picado Twight de Turrialba, se lleva a cabo Asamblea General de Trabajadores del Área de Salud, en la que participaron funcionarios de todas las disciplinas. Con la presencia de: Unión Médica Nacional (UMN), Siprocimeca, Undeca, Anpe, Sintaf, Sindicato de la Salud y Seguridad Social.\n\nComo parte de los acuerdos de dicha asamblea documentados en el oficio UMN-359-2018 dirigido al Dr. Roberto Cervantes Barrantes Gerente Médicos de la CCSS, se recalcan:\n\n • Apertura de un procedimiento administrativo disciplinario a la Dra. [Nombre 001], por persecución y prácticas laborales desleales.\n\n • Separación momentánea del cargo de la Dra. Quesada, con medidas cautelares.\n\n • Intervención administrativa en el Área de Salud.\n\n• En respuesta al oficio UMN-359-2018, se realiza reunión en el despacho de la Gerencia Médica de la CCSS, el lunes 27 de agosto del 2018, con la participación de representantes sindicales, trabajadores, Diputada Paola Valladares, asesor del Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, así como la Dra. Quesada con su representación sindical, funcionarios de esta Dirección Regional, de la Dirección Red de Servicios de Salud y el Dr. Cervantes con sus respectivos asesores.\n\nEste mismo día, el Dr. R. Cervantes explica que para atender los acuerdos antes citados, existe en la institución un procedimiento a seguir y que deben conocerse las motivaciones que fundamentan dichas petitorias.\n\nLos representantes sindicales ratifican su posición y solicitan una nueva Asamblea General de Trabajadores del Área de Salud Turrialba - Jiménez para el día 29 de agosto del 2018.\n\n•El día 29 de agosto del 2018, se lleva a cabo la segunda Asamblea General en el Gimnasio del Colegio Técnico Profesional Dr. Clodomiro Picado Twight en Turrialba, donde se da a conocer la respuesta de la Gerencia Médica manifestada en el punto anterior, mediante oficio GM-S-11091-2018.\n\nProducto de esta asamblea se acuerda, que la Gerencia Médica sustituirá por ocho días hábiles a la Dra. [Nombre 001].\n\n• En concordancia con lo anterior, la Dra. Quesada estuvo de vacaciones del 30 de agosto al 10 de setiembre del 2018.\n\n• El 13 de noviembre del 2018, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. se realizó la tercera Asamblea General de Trabajadores del Área de Salud Turrialba - Jiménez, también en el Gimnasio del Colegio Técnico Profesional Dr. Clodomiro Picado Twight en Turrialba.\n\n• Esta Dirección Médica Regional recibe oficios GM-S-11575-2018 y SG-SISSS-1087-18 con denuncia por supuestas faltas de la Dra. [Nombre 001], motivo que genera el inicio de una investigación preliminar que se encuentra en curso.\n\n• Somos conocedores que paralelamente la Dra. [Nombre 001] enfrenta denuncia relacionada con esta misma situación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del que desconocemos el estado del mismo.\n\nEs por lo anterior, que esta jefatura considera que la Dra. [Nombre 001] está sometida a tensión física y mental relacionada directamente con las funciones que desempeña”.\n\nEl informe de conclusiones de investigación preliminar es entregado el 25 de febrero de 2019. En él se indicó (img. 505-572):\n\n“Una vez realizado el análisis de las diferentes denuncias instauradas en contra de la Dra. [Nombre 001] Directora Médica del Área de Salud Turrialba Jiménez y con fundamento a la PRUEBA DOCUMENTAL y PRUEBA TESTIMONIAL recolectada. Se determina que no existen elementos de tiempo, modo y lugar que configuren una irregularidad que atente contra la normativa institucional en las actuaciones administrativas desplegadas por esa Dirección Médica, en conclusión, dichas actuaciones fueron ajustadas al principio de legalidad y de las directrices institucionales emitidas por los entes superiores, cuyo cumplimiento fue efectivo por parte de la Dirección Médica de ese centro de salud.\n\nEs de hacer notar como órgano de investigación que teniendo un panorama tan amplio, una vez realizado el presente estudio, consideramos que parte de las denuncias se deben más que todo a críticas sobre la forma de gerenciar por parte de la Directora Médica Dra. [Nombre 001], a la hora de abordar distintos temas, sin que esto implique un ilícito sino más bien, es una forma de gerenciar en una dirección médica, la cual se respeta dentro de una cultura organizacional instaurada por esa Dirección Médica, en la línea de búsqueda de objetivos”.\n\nMediante resolución número DRSSCS-DM-AL-076-2019 del 25 de marzo de 2019, el Director Regional de Servicios de Salud Central Sur resolvió archivar el expediente DRSSCS-DM-IP-005-2018, seguido contra la actora, con base en el informe de investigación preliminar rendido (img. 242-243, 574-575). Esta decisión fue comunicada al Gerente Médico de la CCSS y a los sindicatos denunciantes (UMN, SIPROCIMECA, ANPE y UNDECA) en oficio DRSSCS-DM-AL-077-2019 del 26 de marzo de 2019 (img. 576).\nEn oficio número SG-724-2019, recibido por la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur el 2 de abril de 2019, UNDECA denunció no haber sido notificada del oficio DRSSCS-DM-AL-076-2019, del 25 de marzo de 2019, mediante el cual se ordenó el archivo de la investigación contra la actora, y solicitó ser notificada de esa resolución, revocando el archivo de la causa (img. 183-184, 584-585). Esta gestión fue rechazada, en cuanto a la reapertura del asunto, en oficio DRSSCS-DM-AL-084-2019, del 4 a de abril de 2019 (img. 185, 582).\nEn fecha 15 de julio de 2019 la Dra. María Emilce Pessoa Gómez emitió dictamen respecto de la actora en los siguientes términos (img. 101-102):\n\n“Observaciones.\n\nPaciente de 45 años inicia control conmigo desde noviembre del 2018, a raíz de una conflictiva laboral: donde por su puesto de dirección de clínica, recibe denuncias de sindicatos contra ella, mensajes relacionados que no dejan de intimarla [sic], presión hasta política y hasta de medios de comunicación y de lideres [sic] comunales, que le terminan ocasionando una depresión ansiosa, desperanza [sic], adinamia, para ese momento decido medicar, pero en la siguiente cita no pudo tolerar la medicación debido a que sufre una taquicardia, así que ya para la otra cita debo manejarla solo con psicoterapia. Ya para esta cita debe enfrentar consecuencias mas [sic] profundas de la denuncia, pues se afecta su vida familiar, económica en el proceso de su defensa, además que su autoestima y seguridad en su desempeño laboral se distorsiona, todo esto continúa hasta la fecha pues ha tenido que sobrellevar reuniones en su contra donde no puede ni presentarse, expresiones imprudentes de periosistas [sic], personal y ciudadanos, donde le queda siempre presente que su inmagen [sic] es lafectada [sic], situación en la que me enfoco como su terapeuta a que supere, aun en las actuales citas.\n\nDiagnóstico Medico CIE-10\n\n- EPISODIO DEPRESIVO MODERADO”.\n\n   HECHOS NO PROBADOS.- De tal naturaleza por no haberse aportado prueba y ser de trascendencia para este proceso, se tiene por indemostrado:\nQue los sindicatos o sus representantes hayan convocado a los medios de comunicaciónpara cubrir las asambleas de los trabajadores.\nQue los comunicados de convocatoria de los sindicatos mencionaran directamente a la actora.\nQue la UMN hubiera contestado en forma expresa la gestión de la actora para nombrarle patrocinio letrado.\n   ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA.- En forma resumida y sin perjuicio de la totalidad de manifestaciones expresadas en sus escritos, la parte actora indicó como aspectos relevantes, que había ocupado el puesto de Directora Médica del Área de Salud Turrialba Jiménez por casi tres años a la fecha de presentación de la demanda y que a partir del 2018 se gestó en su perjuicio una persecución evidente pues se le realizó un procedimiento de investigación preliminar con la intención de que la misma sea removida de su puesto, pasando por alto recomendaciones y explicaciones. Señaló que esa investigación preliminar fue de conocimiento de muchas personas y que antes de ser notificada del traslado de cargos, ya sus subalternos la evitaban, hacían comentarios a sus espaldas, provocándole estrés y angustia ante un eventual despido. Refirió que si bien la CCSS tenía la facultad de investigar eventuales faltas de sus funcionarios, dicho procedimiento debía tener sustento, que en este caso era inexistente pues ella presentó 14 cartas de apoyo a su gestión, con lo que claramente se evidenciaba que lo indicado por los sindicatos no tenía asidero y aún así se tramitó por parte de la Gerencia Médica de la CCSS la denuncia sin pruebas y bajo presión de sindicatos, políticos y hasta del propio Ministro de Trabajo, que pedían el despido injustificado de la Dra. [Nombre 001] basados en que a los trabajadores les desagradaba que la misma aplicara la normativa de la CCSS como correspondía. En tesis de la parte actora, “… una decisión mal interpretada por la Gerencia Médica de ceder ante las presiones de las organizaciones sindicales…” le causó daño material y moral, al enfrentar gastos que no tenía por qué realizar y problemas emocionales enormes (tratamiento psiquiátrico y psicológico). Continuó indicando que las actuaciones de la CCSS implicaron un daño a su imagen, producto de las murmuraciones de compañeros, una enorme depresión al ver frustrado todo su esfuerzo y su empeño por hacer siempre bien su trabajo, sentimientos de angustia, frustración, miedo, burlas, comentarios y desconfianza. Alegó que fue forzada a tomar vacaciones posterior a la denuncia planteada por los sindicatos, lo que en su criterio constituía una suspensión de manera solapada. Para la actora, aunque se trató de actos lícitos y un funcionamiento normal, ella no debía de soportar esas actuaciones, pues con ello, la prolongación en el tiempo y la negativa a admitir que no debía iniciarse el procedimiento en su contra le provocó los padecimientos indicados, para lo cual citó los artículos 194 y 197 de la Ley General de Administración Pública. En su criterio, la CCSS debe responder por los daños y perjuicios causados, “… en virtud de que, al amparo de nuestra Jurisprudencia, se puede sostener que la antijuricidad de base, a la que se hace referencia como sustrato y presupuesto global e imprescindible para la responsabilidad, se ubica siempre presente en el daño indemnizable”. Indicó que en su caso se cumplía con los tres requisitos esenciales, como sería la existencia de una actuación u omisión derivada de la función o conducta de la Administración Pública, la existencia de un daño antijurídico y el nexo causal entre el hecho que se imputa y el daño producido, sin que existieran de por medio causales de exclusión del nexo de causalidad. Posteriormente, hizo un desarrollo amplio sobre las normas constitucionales que amparan el régimen de responsabilidad pública, y citó el artículo 1045 del Código Civil. Acotó que el daño moral “… es el que interesa ya que la forma en que se le trató a la Dra. [Nombre 001] durante el proceso de investigación no fue la adecuada, así como el estigma que se produce al encontrarse en un proceso de investigación que afecta la imagen personal, siendo que mi representada desea optar por postularse al puesto de la Gerencia Médica de la CCSS, debiendo de dejar de lado sus aspiraciones”. Citó jurisprudencia referida a este tema y señaló que esa línea era compatible con su caso, quien alegó haber sufrido un daño en su imagen personal pues se le bajó el nivel de puesto en el que trabaja, no económicamente, sino en cuanto a las tareas asignadas que según señaló la hicieron sentir menos como profesional. Posteriormente, refirió al abandono sufrido por la actora de parte de la UMN, pues a pesar de que estaba afiliada a dicho sindicato no le dieron el acompañamiento que ella solicitó. Posteriormente defendió el monto solicitado a título de daño moral, señalando que abonaba indicios y carga probatoria con la que demostraba la intensidad de la afectación moral consecuencia de una investigación preliminar que se prolongó en el tiempo por aproximadamente seis meses, “… para hasta entonces en el 2018, notificarle un traslado de cargos por acciones que estaban ajustadas a derecho”. Concluyó señalando que había sido objeto de dos procedimientos, uno disciplinario en la CCSS y otro en el MTSS, ambos sin sustento, y de una persecución laboral sin fundamento alguno que le habían lesionado tanto a nivel moral subjetivo como a nivel patrimonial y en razón de que las actuaciones de la CCSS y los sindicatos denunciados le han lesionado en ambas esferas, solicitó que se decretara la responsabilidad objetiva de la CCSS y de los sindicatos denunciados y su deber de resarcimiento. Consideró que el hecho de que no fuera invitada a las asambleas de trabajadores la dejó en indefensión y una clara violación al debido proceso, incurriendo la UMN en responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios ocasionados.\nARGUMENTOS DE LAS PARTES DEMANDADAS.- La CCSS indicó que nunca cuestionó el actuar de la actora, sino que procedió conforme al ordenamiento ante la denuncia formulada, que tenía una cantidad muy relevante de supuestas conductas contrarias a derecho, ya que involucraba a siete sindicatos representantes de una vasta mayoría de los funcionarios del área de salud. Ante esta situación, se procedió a la realización de una investigación preliminar según lo establece el ordenamiento jurídico, que concluyó que no existían elementos para la apertura de un procedimiento administrativo. Señaló que la actora estaba obligada por su condición de funcionaria y mucho más de jefatura, a a tolerar la realización de una investigación preliminar y recalcó que a esa actividad no puede exigírsele un trámite acorde al debido proceso, como sí es debido si se ordena la apertura de un procedimiento. Requirió hacer un análisis separado de las actuaciones de la CCSS y de los sindicatos, ya que las quejas sobre la falta de acompañamiento sindical no le atañen. Señaló que nunca se acreditó responsabilidad objetiva alguna a su representada y que ninguna de las decisiones de la actora fue revocada, sino que fueron sostenidas. En cuanto al daño, aseveró que el padecimiento de la actora no es consistente con la actuación administrativa. Señaló que no se recibieron testigos peritos en la audiencia, y que por ende no se logró demostrar la existencia de nexo causal que vincule la investigación preliminar realizada con el padecimiento de la actora. Señaló además que no existían pruebas de que la actora haya sido enviada a vacaciones, pues la única testigo que refirió a este tema fue Melissa Umaña, quien señaló que la actora le comentó que la habían obligado a tomar vacaciones, pero no hay pruebas de esta situación. Continuó indicando que no se probó que hubiera sido convocada a la reunión del lunes 3 de septiembre de 2018 en la Gerencia y que en su criterio quien le comunicó que no podía ingresar fue una representante sindical, no las autoridades institucionales. Descargó cualquier tipo de responsabilidad en cuanto a la organización de actividades sindicales, por no ser de su resorte y solicitó que se acogiera la falta de derecho alegada. Los sindicatos, en general, refirieron que en este asunto se les estaba pretendiendo cercenar una de sus funciones esenciales en defensa de los derechos de los trabajadores, al pretender achacarles responsabilidad por denunciar. Las actividades de los sindicatos de convocar a asambleas, ejercer los mecanismos de presión y transmisión de las inquietudes de sus agremiados estaban, según su dicho, amparadas no sólo al derecho de la Constitución sino a compromisos internacionales asumidos por el país, con lo que la pretensión de la actora no tenía sustento. Insistieron en que la responsabilidad de los sindicatos no se regía por las mismas reglas que la de la CCSS, con lo que no podía hacerse un análisis de responsabilidad objetiva, sino subjetiva y que nunca se aportaron elementos para acreditar que los sindicatos hayan actuado de forma dolosa. En el criterio de todos ellos, ejercieron sus obligaciones de representación y los mecanismos usuales para trasladar las quejas presentadas. Adicionalmente, refirieron que no se demostraron perjuicios laborales o menoscabo alguno en las condiciones laborales de la actora y acotaron que esta nunca presentó una denuncia por acoso laboral contra sus subalternos o sus representantes sindicales. En cuanto a algunos aspectos señalados por la actora, los sindicatos hicieron las siguientes referencias: la asistencia de prensa era usual en ese tipo de actividades (las asambleas) y no se había logrado probar que fueran los sindicatos quienes convocaron a los medios y que la presencia de la diputada no tenía relación con la pretensión y era un tema irrelevante. Por otro lado, indicaron que resultaba evidente que la participación de la actora en las asambleas llamadas a discutir los problemas generados a partir de sus decisiones era abiertamente improcedente, pues en todo caso la asamblea no constituía un procedimiento administrativo, como para que debiera garantizarse su derecho de defensa y que la publicación de SIPROCIMECA convocando no tenía nada de extraordinaria, siendo el mecanismo usual de convocatoria, en la que en ningún momento se mencionó a la actora. Además indicaron que de conformidad con el artículo 155 del Código de Trabajo, quien dispone de las vacaciones de los trabajadores es el patrono y no el funcionario. Señalaron reiteradamente que la actora confundía en su demanda investigación preliminar con procedimiento administrativo disciplinario, pues nunca se hizo un traslado de cargos a la actora y que esa confusión era malintencionada pues ella tenía muy claro cómo funcionaban las investigaciones, siendo el mecanismo que ella había utilizado contra los funcionarios que participaron en los movimientos de protesta previos a las asambleas sindicales y agregaron que no existían pruebas de que se hubiera llevado a cabo procedimiento alguno ante el Ministerio de Trabajo. Señalaron la desproporcionalidad de los reclamos económicos y fueron enfáticos en referir que la actora, por su condición de funcionaria pública pero más aún como Directora Médica, no podía desligarse de sus obligaciones de dar cuentas por sus actos, incluso soportando revisiones a sus actuaciones, como la ocurrida a través de la investigación preliminar, trámite jurídico apegado a la legalidad y que incluso llevó a que se exonerara de cualquier responsabilidad a la actora, sin que los sindicatos tomaran acciones ulteriores, acotando que incluso los testigos aportados por la parte actora permitían evidenciar que la denuncia formulada tenían sustento en el descontento generalizado. Además, criticaron el testimonio de la doctora Marcela Pemberton, como complaciente y sin contar con la competencia técnica para llegar a las conclusiones clínicas a las que arribó en su declaración, pues no era psiquiatra o psicóloga y no tenía el rol de médico de empresa. En cuanto al de Melissa Umaña, refirieron que no tenía competencia clínica para saber las causas de la tristeza o agobio de la actora, pues era abogada. En cuanto a la falta de respaldo de la UMN, esta organización sindical señaló que recibieron varias quejas de subalternos de la actora y que debieron actuar en resguardo de los intereses de sus agremiados. Admitió la existencia del oficio 145, dirigido al presidente de la UMN, donde pidió representación para el día siguiente, pero criticó que no había forma de verificar la firma digital en ese documento pues no se certificó. Además, señaló que la actora fue defendida por el Sindicato de Directores, por lo que nunca hubo indefensión, pues junto al sindicato, también la acompañó una funcionaria de la propia institución, según narró la testigo Marcela Umaña. Refirió que existían normas concretas que excluyen la posibilidad de brindar asesoría o representación a un afiliado en cargos de dirección cuando otro afiliado hace denuncias contra quien ostenta la posición patronal.\nOBJETO DEL PROCESO.- En el presente asunto la parte actora reclama que se condene en forma solidaria a la CCSS y a los sindicatos demandados al pago de ¢60.000.000,00 por concepto de daño moral subjetivo y ¢7.188.000,00 de daño material, correspondientes a honorarios y gastos médicos por citas, así como los intereses legales desde la firmeza de esta resolución hasta su efectivo pago y las costas del proceso. De previo a entrar al fondo del reclamo, resulta indispensable el análisis de la prescripción alegada, siendo que fue diferida para el fondo en la audiencia preliminar. Superada esa etapa, deberá conocerse si es posible hablar de solidaridad en la responsabilidad requerida a los codemandados, para después analizar la responsabilidad de la CCSS por un lado, y la de los sindicatos, por otro. Véase que en este asunto no se discuten las actuaciones de la actora frente a los movimientos de huelga ni ninguna actividad similar, sino únicamente si es posible derivar responsabilidad de la CCSS o de los sindicatos a partir de las actuaciones que dieron lugar a la investigación preliminar y su conclusión. Además, téngase claro que este asunto es un civil de hacienda puro y simple, pues no se ha requerido la declaratoria de nulidad de ninguna de las conductas de la CCSS. No hay tampoco ninguna pretensión que de forma implícita reclame de alguna forma, la nulidad de alguna de las conductas del ente demandado.\n   GENERALIDADES DEL INSTITUTO DE LA PRESCRIPCIÓN.- El Código Procesal Contencioso Administrativo -CPCA- regula la temporalidad del ejercicio del derecho de acción, atendiendo a si las pretensiones se refieren a aspectos vinculados con cuestiones patrimoniales o reguladas por el Derecho Privado -materia civil de hacienda- o si por el contrario, buscan la declaratoria de validez o invalidez de determinada manifestación de la función administrativa -materia propiamente contenciosa derivada del artículo 49 de la Constitución Política y de los numerales 1 y 36 del CPCA, salvo las propias excepciones establecidas en la misma ley procesal. Ante esta precisión, se fijan cauces de temporalidad diversos, dependiendo de la situación traída a estrados judiciales. Así, siendo que el derecho de acción, originado en el cardinal 41 constitucional, es el que permite encontrar reparo y tutela o declaratoria de determinado efecto, no cabe duda que su ejercicio está sujeto a un plazo y es el mismo CPCA que discrimina si ese derecho de acción se encuentra sujeto a un régimen de caducidad, o si por el contrario, dado el carácter patrimonial de las pretensiones deducidas, se refiere a situaciones que son reguladas por el instituto de la prescripción, salvo las excepciones previstas en la ley procesal. Centrándonos en los comúnmente denominados procesos civiles de hacienda como el que nos ocupa, entre los que destacan los reclamos patrimoniales o reparatorios de índole pecuniaria establecidos contra la Administración Pública, el derecho esgrimido no está sujeto a caducidad, sino a un régimen de prescripción. Precisamente, el numeral 41 del mismo texto legal, señala que en este tipo de juicios donde se discutan pretensiones de carácter indemnizatorios -no anulatorias- el plazo máximo para incoar el proceso será el mismo que establezca el ordenamiento jurídico como el de prescripción del respectivo derecho de fondo que se discute.  Así, la distinción de ese factor de temporalidad del ejercicio del derecho de fondo se desprende de la sola lectura de los ordinales 39 del CPCA -para casos anulatorios- y del 41 del CPCA -para los civiles de hacienda-, salvo las excepciones legales, tesis que ha sostenido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto número 654-F-S1-2008  de las 10:45 horas del 26 de setiembre del 2008, al señalar: “(…) En distintos precedentes, este órgano ha considerado que tratándose de un proceso civil de hacienda no opera la caducidad de la acción, sino por alegato de parte, solo la prescripción del derecho de fondo. (...)”. Esta postura engarza con el numeral 851 del Código Civil, en cuanto a que la procedencia de la prescripción no solo depende de la inercia del titular en el ejercicio de un derecho y el plazo otorgado por el ordenamiento para ese ejercicio, sino además, de la excepción de hacer valer el efecto liberatorio a cargo del interesado, esto es, del titular del derecho que se reclama, lo que es conteste con lo estatuido en el ordinal 66 inciso 1 numeral k) y 67, ambas normas del CPCA. Valga agregar, que en aquellos casos en que sea formulada la excepción de prescripción, pues no es un tema que pueda ser abordado de oficio por el juzgador, y se acredite la concurrencia de los otros dos supuestos -inercia y tiempo-, tal defensa resulta procedente en aras del principio de seguridad jurídica. Por su parte, el hecho de que el numeral 41 del CPCA apele a la fórmula lingüística “El plazo máximo para incoar el proceso…”, no supone que lo allí regulado sea un supuesto de caducidad de la acción, pues como hemos indicado, la acción es el derecho de acudir a un proceso judicial a formular una determinada demanda para deducir pretensiones, y por ello, se encuentra sujeta a caducidad o prescripción, según sea que el derecho de fondo que se incluye dentro de las pretensiones, es decir que caduque en tratándose de requerimientos de corte anulatorio, o bien, que prescriba, en casos de pedimentos de naturaleza resarcitoria, conforme a lo regulado en el Código de rito. Así, si se está frente a un derecho cuyo ejercicio está sujeto a plazo, la demanda puede ser formulada en tanto el derecho no haya prescrito, entendiendo que para que se produzca la prescripción, tal defensa debe ser alegada. Si el derecho prescribe, ello implica denegar las pretensiones por el ejercicio extemporáneo del mismo. Incluso, hay que abonar, que aún en los casos en que la acción en este tipo de relaciones patrimoniales se ejercite una vez transcurrido el plazo legal de prescripción, si la parte demandada no alega el fenecimiento del derecho por esa causa, la autoridad judicial no podría declarar la prescripción de manera oficiosa. Sobre este tema, la Sala Primera ha señalado (res. número 01831–2022, de las 14:42 horas del 4 de agosto del 2022):\n\n“VI. Ahora bien, con el propósito de analizar la aplicación del instituto de la prescripción administrativa en este asunto, resulta de medular importancia traer a colación lo señado [sic] por esta Sala: “La prescripción ha sido definida por esta Sala desde distintos ángulos, como el medio para adquirir un derecho (usucapión) o bien para liberarse del cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo. Se trata de un medio extintivo tendiente a garantizar la seguridad y la certeza jurídica, frente al desinterés del titular de un derecho subjetivo o interés legítimo, que no lo reclama en tiempo. Con la finalidad de aclarar los alcances de la prescripción, en la sentencia nº 59 de las 9 horas 15 minutos del 30 de enero del 2004 de esta Sala, se dispuso: “V.-...Como punto de partida debe tenerse presente que el sustento de ésta se encuentra en la seguridad jurídica, en tanto, procura eliminar situaciones de incerteza generadas ante el no uso del derecho por parte de su titular en el transcurso del tiempo.” Esta posición ha sido ratificada por fallos recientes de la Sala (Voto no. 730 de las 10 horas 15 minutos del 4 de octubre de 2007). Se le considera: “…un principio, una sanción o pena contra el titular de un derecho quien, por negligencia, crea una situación de inseguridad censurable en razón de la cual el legislador veda, salvo renuncia del interesado, la posibilidad de su ejercicio tardío. Se ha dicho dentro de la doctrina, que la prescripción encuentra su razón de ser en una presunta renuncia tácita del derecho por parte de su titular, quien a través de su inactividad, trasunta su intención de no reclamar lo que le corresponde. A tal posición se le ha objetado, con acierto, que la prescripción no puede considerarse ni como una pena por un actuar negligente, ni como una renuncia tácita, pues si eso fuera cierto, debería permitirse al perjudicado con ella demostrar la inexistencia de culpa castigable o de la presunta intención de abandono. Dicha crítica concuerda con nuestro ordenamiento jurídico” (Voto no. 244 de las 15 horas con 17 minutos del 28 de marzo de 2001). Respecto a su punto de partida, en ocasiones anteriores esta cámara ha manifestado: “El fenómeno de la responsabilidad civil no es simple, sino compuesto. Para su existencia requiere una conducta y un daño, entre los cuales existe una relación de causalidad. Es frecuente que la conducta y el daño surjan simultáneamente, pero, en otras oportunidades, suele suceder que el daño se produzca o evidencie tiempo después de acaecida la conducta. Es más, en otras ocasiones parte del daño se produce inmediatamente y otra tiempo después”. (Resolución no. 29 de las 14 horas 30 minutos del 14 de mayo de 1993). En igual sentido, consúltese la de las 16 horas 10 minutos del 7 de septiembre de 2002 que responde al Voto no. 606). Se parte entonces del principio general del derecho, (aplicable no solo en materia contencioso administrativa), de que el plazo para plantear un reclamo por responsabilidad, puede iniciar, en el momento cuando se tiene conocimiento del daño o hecho generador, o a partir de que la víctima se encuentre en condiciones de invocar su derecho a la indemnización. En otro orden de ideas, resulta oportuno recordar, que ese plazo, en materia de responsabilidad estatal, conforme al artículo 198 de la LGAP, en tesis de principio, es de cuatro años. (Voto no. 509 de las 9 horas 45 minutos del 20 de julio de 2007 de este órgano decisor)”. (extracto correspondiente al voto no. 505-2010 del 30 de abril 2010).\n\nVII.- En relación con el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, ha señalado esta Cámara: “El párrafo primero del canon 198 de la LGAP establece que “El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, a partir del hecho que motiva la responsabilidad” (el subrayado se agrega). Dispone así, y de manera expresa, un plazo prescriptivo, y por tanto susceptible de interrupción. En este mismo sentido pueden consultarse las sentencias de esta Cámara, no. 1350-F-SI-2011 de las 10 horas 25 minutos del 25 de octubre de 2011 y 654-F-SI-2008 de las 10 horas 45 minutos del 26 de setiembre de 2008. Con respecto al inicio de ese plazo prescriptivo, esta Sala ha señalado que si bien el mandato 198 dispone su inicio desde que se produce el hecho dañoso, lo cierto es que debe interpretarse tal determinación con arreglo a las circunstancias particulares de cada caso y que no fueron previstas de forma expresa por la ley, tomando en cuenta que pese el acaecimiento del hecho dañoso, lo relevante es el momento a partir del cual el damnificado tiene conocimiento de que la conducta específica es la productora de lesión antijurídica, conocimiento que debe analizarse desde dos planos, es decir, certeza de la actuación misma y del sujeto que la desplegó. Se ha sostenido así que el inicio del cómputo del plazo está determinado por dos elementos, el primero, de carácter objetivo, cual es el hecho y conducta que genera la lesión. El segundo, subjetivo, relativo a la víctima, determinado por el conocimiento sobre: 1) el resultado o daño, 2) la actuación causante del daño, y 3) a quien se le atribuye esa conducta. En esta línea, en sentencia no. 456-F-2007 de las 14 horas 30 minutos del 2 de julio de 2007 se estableció que “determinar el inicio del plazo de la prescripción se necesitan dos requisitos, uno objetivo tal como lo es el hecho o la conducta que motiva el daño, y otro subjetivo constituido por la certeza en el sujeto que lo sufre, de que aquélla es la causa de su lesión. Estos requisitos no siempre ocurren en forma simultánea, correspondiendo al interprete (sic) su determinación, que bajo el principio constitucional de tutela efectiva, no puede ser otro que aquel cuando se tiene conocimiento del hecho dañino”. (voto no. 8-2013 del 17 de enero de 2013)”.\n\nDe lo anterior, es posible extraer que a efectos de analizar si procede o no la defensa opuesta, resulta indispensable acreditar, por un lado, el plazo a aplicar (en caso de que no sea el del 198 de la LGAP), segundo, el momento de inicio del cómputo del plazo, que tiene un componente objetivo y uno subjetivo y en tercer lugar, si hubo o no motivos de interrupción o suspensión de ese plazo. En ese orden y con base en los hechos probados, se hará el análisis concreto en el apartado siguiente.\n\nPRESCRIPCIÓN EN EL CASO CONCRETO.- Empezando con el plazo a aplicar, ANPE, quien opuso la defensa pendiente de resolver, no se refirió en detalle a este punto. Únicamente se limitó a indicar, con el planteamiento de la defensa, que los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2018 y que la demanda se había presentado el 26 de agosto de 2020. La parte demandada no hizo referencia a plazo alguno en este caso, pues en su defensa se limitó a indicar que “… no existe prescripción, por lo tanto, no se cumple con lo estipulado en el artículo 341 de la Ley General de la Administración Pública, ni lo establecido en el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo para ser declarada la misma siendo que el presente proceso fue presentado en tiempo tal como consta de la prueba aportada”. Tratándose del reclamo de responsabilidad contra un sindicato, esta Cámara entiende que no resultan de aplicación las reglas del artículo 198 de la Ley General, sino las ordinarias del 868 del Código Civil, por lo que en este asunto aplicaría un plazo decenal. En cuanto a los alegatos de la parte actora, baste indicar que la parte parece confundir prescripción con caducidad, siendo que las normas que cita del CPCA y la LGAP están referidas a este instituto (en el caso de la LGAP, a otro instituto homónimo, como sería la caducidad del procedimiento) y no al de prescripción. En segundo término, corresponde analizar el momento de inicio del cómputo del plazo. ANPE señaló como fecha de inicio el 24 de agosto de 2018, aunque hay conductas posteriores también denunciadas por la actora, que en general abarcarían hasta finales de marzo de 2019. En todo caso, esta fecha no resulta tan relevante cuando se considera que la demanda fue notificada a ANPE el 7 de abril de 2021, con lo que, independientemente de que se tome como fecha de partida el 24 de agosto de 2018 o el 1 de abril de 2019, no hay forma alguna de abarcar el plazo decenal requerido para este asunto. En esos términos, la defensa de prescripción debe ser rechazada.\n   FONDO.- Tal y como se dijo en apartados precedentes, en este asunto se reclama responsabilidad por conductas tanto de organizaciones sindicales como de la CCSS por un conjunto de actuaciones que se dieron entre agosto de 2018 y mayo de 2019. En forma un poco desordenada, la parte actora narra un conjunto de actuaciones de los sindicatos en la organización y realización de varias asambleas de trabajadores a las que acusa en general de manchar su reputación y generarle un estrés considerable con sus presiones y solicitudes, en particular de abrirle un órgano de procedimiento disciplinario y apartarla temporalmente del cargo. Singulariza a la UMN porque además de lo antes descrito, no acudió en su defensa cuanto ella lo solicitó. Por otro lado, contra la CCSS pareciera que los reclamos están dirigidos a la supuesta responsabilidad de la institución por haberla obligado a tomar vacaciones del 30 de agosto al 10 de septiembre de 2018 y por realizar una investigación preliminar que fue resuelta hasta marzo de 2019, cuando pudo haber desechado de plano la denuncia presentada, ahorrándole a la actora la angustia que dice haber sufrido. La representación de la actora no hace separación alguna de estos reclamos sino que pretende recargar en los demandados una responsabilidad solidaria que los abarque a todos por estas conductas. La solidaridad, de conformidad con el artículo 637 del Código Civil, implica para los deudores, en este caso, los demandados que “...cada uno de éstos es tenido en sus relaciones con el acreedor, como deudor único de la prestación total”, es decir, que al actora podría decidir cobrar únicamente a la CCSS por la responsabilidad de todos o alguno de los sindicatos y viceversa. Determinar si esta pretensión de la parte es jurídicamente posible resulta esencial, siendo que el régimen de responsabilidad de las administraciones públicas, de conformidad con las reglas del artículo 190 y siguientes es de corte eminentemente objetivo, mientras que el de responsabilidad civil extracontractual, emanado del artículo 1045 del Código Civil, es por naturaleza subjetivo, por lo que sus análisis divergen significativamente. Ahora bien, tal y como dispone el artículo 638 del Código Civil, “La solidaridad entre deudores sólo resulta de pacto expreso o de disposición de un testamento o de la ley”. En este caso, la parte no ha aportado ningún elemento argumentativo para justificar esta solidaridad, pese a que la aplicación de dicho instituto no puede presumirse como ya se dijo. En materia administrativa existe una regla de solidaridad para la Administración Pública, fijada en el artículo 201 de la LGAP, que indica que “La Administración será solidariamente responsable con su servidor ante terceros por los daños que éste cause en las condiciones señaladas por esta ley”. Claramente no estamos ante este supuesto y no encuentra esta Cámara elemento argumentativo que le permita concluir que exista una norma jurídica expresa, ni prueba aportada sobre la existencia de pacto expreso entre la CCSS y los sindicatos como para poder ligarles de esta forma en el marco de la responsabilidad que se reclama. En este sentido, este Tribunal rechaza la tesis de la parte de que la responsabilidad de los codemandados sea solidaria, lo que implica que habrá de analizarse la participación de cada uno de ellos por aparte.\n  En cuanto a la responsabilidad de la CCSS, como ya se dijo, al tratarse de una administración pública en los términos del artículo 1 del CPCA, su régimen de responsabilidad es objetivo. En el marco del Estado Social de Derecho, el numeral 11 de la Carta Magna establece como criterio rector del funcionamiento público el denominado principio de legalidad. Se trata de una máxima que impone el sometimiento del Estado al Derecho, y en virtud del cual, todo proceder público debe darse dentro del marco de juridicidad, entendido como el conjunto de fuentes escritas y no escritas (según la escala jerárquica de las fuentes) que regulan ese funcionamiento. La alusión al Estado, se hace en su dimensión amplia (artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública y 1 del CPCA), esto es, el conjunto de unidades que conforman el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que incluye, los órganos de relevancia constitucional, así como los entes descentralizados. Desde esa arista de examen, el canon 9 de la Constitución Política establece la cláusula general de responsabilidad del Estado, norma que se constituye como una garantía de base que permite a la persona que como consecuencia de una acción u omisión de un centro de poder público que le ha ocasionado un efecto pernicioso que no tenga el deber jurídico de soportar, exigir una reparación de ese efecto lesivo. Asimismo, encuentra desarrollo y complemento en el principio de legalidad (artículo 11), equidad en la distribución de las cargas públicas (ordinales 18 y 33), tutela de las situaciones jurídicas y derechos consolidados (precepto 34), reparación integral del daño (artículo 41), inviolabilidad de la propiedad privada (canon 45), tutela judicial efectiva (mandato 49), máxima de solidaridad social (74 constitucional), responsabilidad del cargo presidencial (148 ibídem), responsabilidad del Poder Judicial (154 y 166 ejusdem), responsabilidad de las instituciones autónomas (numeral 188). Estas normas constituyen las bases del referido sistema, que exige la reparación económica de las lesiones patrimoniales o extrapatrimoniales ocurridas como derivación de conductas u omisiones públicas, que la víctima no tenga el deber de soportar. Esta temática ha tenido un mayor desarrollo en el caso de la responsabilidad de la Administración Pública, tema regulado en los artículos que van del 190 al 213 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP) y con una amplia evolución en la jurisprudencia patria. Conforme a esa normativa, la Administración es responsable por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal. Cabe destacar que la referencia que hace el legislador no es simplemente a los actos, sino que trasciende al funcionamiento administrativo (artículo 49 de la Constitución Política), concepto que refleja cualquier forma de manifestación de voluntad administrativa, sean formales o materiales, y que engloba además, a la disfunción, sea, las omisiones administrativas. La responsabilidad dicha, se enmarca, por ende, dentro de un régimen preeminentemente objetivo, que engloba en su fundamento tanto la teoría del daño y del riesgo, así como el equilibrio en la ecuación patrimonial. Con ello se procura, en lo fundamental, la reparación indemnizatoria a quien ha experimentado una lesión atribuible a la organización pública como centro de autoridad que resulta ser antijurídica en su base. Este criterio finalista produce a su vez, una transformación plena en el eje central de la responsabilidad misma, pues abandona la observación analítica del sujeto productor del daño y la calificación de su conducta, para ubicarse en la posición de la víctima, que menguada en su situación jurídica, queda eximida en la comprobación de cualquier parámetro subjetivo del agente público actuante (salvo en lo que a su responsabilidad personal se refiere). Sobre el tema, véase el extenso desarrollo realizado en la sentencia No. 584 de las 10 horas 40 minutos del 11 de agosto del 2005 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Desde este plano, la legislación impone como criterios de imputación la conducta ilícita o lícita, así como el funcionamiento normal o anormal. En el caso de la conducta lícita y el funcionamiento normal, el Ordenamiento Jurídico establece presupuestos y exigencias que determinan su procedencia, entre ellos, el daño debe ser especial o anormal, lo que supone que debe recaer sobre una pequeña proporción de afectados o bien, en el segundo caso, debe tener una intensidad excepcional. En estas hipótesis la responsabilidad solo cubre el daño, no así los perjuicios (artículos 194 y 195 de la LGAP). Por su parte, en la conducta ilícita y el funcionamiento anormal, la responsabilidad es plenaria. Con todo, ante esos criterios de imputabilidad, ha de acreditarse que la lesión es consecuencia de esas acciones u omisiones, a efectos de establecer el nexo causal que permita la atribución de responsabilidad al centro de autoridad pública. Aunado a ello, en los casos de anormalidad e ilicitud, el juzgador ha de abordar un examen del funcionamiento público, a fin de establecer si efectivamente, se ha presentado un proceder que se aleja de la legalidad o bien, se contrapone a los conceptos de eficiencia administrativa. En tales casos, resulta determinante inferir con claridad la existencia de esos criterios, pues de otro modo, el tratamiento y análisis de cada caso debe ser diferente, atendiendo al tipo de funcionamiento al que se atribuye el detrimento. Surgen como causas eximentes de tal responsabilidad la culpa de la víctima, el hecho de un tercero y la fuerza mayor. Pero, en cada debate, el juzgador ha de examinar si el efecto liberatorio de tales circunstancias es total o lo es solo parcial, caso este en que solo podrá llegar a producir un efecto reductor en la responsabilidad de la unidad administrativa. De nuevo, la concurrencia de esos aspectos incumbe a la Administración. Cabe destacar que este deber indemnizatorio se fundamenta, además, en el concepto de antijuridicidad de base, traducible en la inexistencia del deber de soportar la lesión. Más simple, siempre que se haya sufrido una lesión como consecuencia de una conducta pública, sea esta activa u omisiva, que la víctima no tenga la obligación de soportar, surge el deber indemnizatorio como derivación de la máxima de reparación integral del daño que se desprende del numeral 41 de la Constitución Política. De ahí que dentro del espectro de cobertura de este sistema de responsabilidad, se encuentren comprendidos los daños que puedan ocasionarse de un funcionamiento normal o bien de una conducta lícita, pues en tales casos, pese a que en tesis de principio, el proceder público se ajusta a legalidad o bien a las reglas de eficiencia que lo orientan, si se produce un efecto lesivo que la persona no tiene el deber de soportar, ha de ser indemnizado. Desde luego que en esas hipótesis el daño ha de ser especial (infringido a una pequeña proporción de afectados) o anormal (sea, de un alcance excepcionalmente intenso, por encima de los márgenes normales de tolerancia), dando pie a la reparabilidad del daño, no así del lucro cesante, según las reglas dispuestas por los artículos 194 y 195 de la LGAP. Con todo, cabe indicar que no todo daño es indemnizable, sino solo aquel que el ordenamiento jurídico considere antijurídico en su base. En efecto, sólo es indemnizable la lesión que confrontada con la globalidad del ordenamiento, pueda reputarse como antijurídica en su base; lo contrario llevaría, a decir de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a afirmar la compensación por acción dañosa frente a un menoscabo que el Ordenamiento no reprocha y que, por el contrario, tolera y consciente como normal y justificado, lo que llevaría a una inminente quiebra del Estado, que en el contexto nacional, se encuentra vinculado directa o indirectamente con un gran número de áreas de acción. Dicho en términos más simples, existe antijuricidad de base siempre que un mandato legal establezca la obligación de reparar una lesión contraria a derecho que la víctima no deba soportar, al margen del parámetro de imputación. Aún lo indicado, cabe destacar que solo es indemnizable el daño que sea efectivo, evaluable e individualizable. Ello supone que, salvo norma legal en contrario, no son pasibles de reparación los daños inexistentes o las meras expectativas de lucro. La lesión debe ser acreditada para poder ser reparada, aspecto que ciertamente corresponde demostrar a quien reclama la reparación. Esto viene determinado por los numerales 41.1 del Código Procesal Civil y los ordinales 58 inciso c) en relación al 82, ambos del CPCA. Pese a la amplitud del régimen objetivo, incumbe a quien reclama el daño, la demostración de la existencia de un daño efectivo, evaluable e individualizable, así como establecer un nexo de causalidad entre ese efecto lesivo y un proceder público. Por otra parte, resulta determinante establecer, el daño solo podrá ser reclamado por quien realmente lo ha padecido, sea, quien se encuentre en la posición de víctima por haber recibido el daño de manera directa en su esfera vital. Desde este plano, solo la víctima o su representante se encuentra legitimada para reclamar la indemnización (ver en igual sentido la resolución de esta sección número 00096-2021, de las 13:28 horas del 27 de octubre de 2021). Ahora bien, en el caso concreto, debe señalar esta Cámara que la parte no establece con claridad de cuáles conductas concretas de la CCSS pretende derivar la responsabilidad que reclama, siendo que ni siquiera se separa la responsabilidad del ente de la de los sindicatos, sino que se maneja todo en forma conjunta. Del análisis de los hechos y las alegaciones realizadas el Tribunal deriva que en esencia los cuestionamientos de la parte se concentran en tres grandes temas: el hecho de que se haya obligado a la actora a tomar vacaciones, que no se le haya permitido participar de reuniones efectuadas en la institución y a que se haya ordenado realizar una investigación preliminar en vez de rechazar de plano la denuncia interpuesta por los sindicatos. En cuanto al tema de las vacaciones obligadas, este Tribunal ha tenido por acreditado a partir de la prueba documental aportada, que la Directora Regional de Servicios de Salud Central Sur de la CCSS comunicó a la actora su decisión de que tomara vacaciones desde el 30 de agosto al 10 de septiembre de 2018 y según el registro de la CCSS esas vacaciones fueron disfrutadas. Durante la celebración de la audiencia, ninguno de los testigos recibidos pudo manifestar con claridad, primero, si la actora había disfrutado de vacaciones en ese periodo, segundo, si habían sido solicitadas por ella o habían sido ordenadas, y tercero, si efectivamente habían sido disfrutadas en su integralidad, pero la prueba documental permite concluir sin duda que la actora estuvo de vacaciones en el periodo indicado y que dichas vacaciones fueron ordenadas por la Directora Regional de Servicios de Salud Central Sur de la CCSS. Ahora bien, siendo que la nulidad de esta conducta, pese a ser susceptible de impugnación de conformidad con las reglas del artículo 36 del CPCA, no forma parte del objeto de este proceso, el Tribunal no puede entrar a analizar su legalidad ni derivar de ella responsabilidad alguna por parte de la CCSS, pues sería su inconformidad con el ordenamiento la que tendría como consecuencia, según se analizó en líneas precedentes, la necesidad de reparar el supuesto daño causado a la actora. Por otro lado, si bien la parte alega en sus consideraciones jurídicas de la demanda responsabilidad sin falta, en este caso es imposible hacer valoración alguna sobre este aspecto, pues la tesis de la parte en este tema es que no debió enviársele de vacaciones de forma obligatoria para responder a las presiones de los sindicatos, lo que claramente implica que la supuesta responsabilidad de la institución derivaría de una ilegalidad en su actuar, que debió ser solicitada con la demanda. En estos términos, no resulta posible acoger la demanda en este extremo. Respecto de las otras dos conductas, sea, que no se le haya permitido participar de reuniones efectuadas en la institución y que se haya ordenado realizar una investigación preliminar en vez de rechazar de plano las gestiones de los sindicatos, esta Cámara coincide con los demandados cuando expresaron que las actuaciones desplegadas por la CCSS en este asunto, en cuanto a la realización de una investigación preliminar, no contienen ninguna actuación de la que la actora pueda derivar indemnización alguna. Del estudio del expediente de la investigación preliminar se deriva que a partir de las denuncias presentadas por los sindicatos a partir del oficio UNM-359-2018, del 24 de agosto de 2018 y ampliada en oficio conjunto del 4 de septiembre del mismo año, así como la presentada por el SISSS el 3 de septiembre, las autoridades institucionales constituyeron un órgano de investigación preliminar a finales de octubre de 2018 que realizó un amplio proceso de indagación donde incluso entrevistaron a la actora. Este proceso llevó a la presentación de un amplio informe donde se atendieron uno a uno los cuestionamientos de los sindicatos y se concluyó que no había fundamento para considerar ilegalidades en el actuar de la actora y que las desavenencias sindicales estaban más vinculadas al estilo gerencial de la actora y no a conductas que constituyeran prácticas ilegales. Esta recomendación fue asumida por el Director Regional de Servicios de Salud Central Sur en resolución número DRSSCS-DM-AL-076-2019 del 25 de marzo de 2019, que ordenó el archivo de la causa. La parte actora parece desconocer la naturaleza misma de la investigación preliminar. Intenta achacarle un fin perverso cuando en realidad su objetivo es más bien determinar si existe o no mérito para proceder con la realización de un procedimiento ordinario, cosa que en este caso no sucedió. Valga señalar al respecto, que esta sección indicó, en la resolución número 033-2020-VII, de las 15:45 horas del 30 de marzo de 2020, citando la resolución de esta misma sección, número 008-2020-VII de las 10:30 horas del 31 de enero de 2020:\n\n“… En cuanto al conocimiento real y efectivo de los hechos, es posible considerar dos supuestos diversos: uno en el que existen circunstancias donde los hechos a investigar sean notorios, esto es, se revelan espontáneamente al conocimiento del superior jerárquico sin mayor complejidad para su aprehensión o entendimiento, en cuyo caso no ameritan mayor ahondamiento, por lo que deberá adoptar la decisión de iniciar el procedimiento a partir de tal conocimiento y hasta antes de que corra el plazo de caducidad antes señalado, de forma tal que si así no lo hace puede perder el patrono, la posibilidad de incoar un procedimiento para perseguir la conducta reprochada a su funcionario, incluso antes de dar inicio al procedimiento; la otra hipótesis es que los hechos por investigar, no sean notorios o sencillamente no sean del conocimiento de la jefatura, caso en el cual, el plazo de extinción del ejercicio de la potestad patronal empezará a correr, hasta que esa jefatura tenga un formal conocimiento de los mismos, ya sea porque se entere después de acaecido (en principio no importa el plazo transcurrido, pues no eran de su conocimiento), o bien, puede suceder que aún conociéndolo en el acto de su acaecimiento, revistan cierta complejidad tal, que se requiera la realización de una investigación preliminar para determinar de manera inicial y con algún grado razonable de certeza, el acaecimiento de la conducta eventualmente sancionable en sede disciplinaria, caso en el que deberá ordenar el trámite de la misma antes de que concluya el plazo de prescripción (que no caducidad) correspondiente (al respecto véase los votos 40-1988 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, reiterado en los Votos 120-1995 y 149-2001, también de la Sala Segunda). Desde ese punto de vista, la administración, o más propiamente el funcionario u órgano competente para sancionar, debe considerar y valorar si resulta oportuno y hasta necesario ordenar la apertura de un procedimiento administrativo, a fin de determinar, mediante las garantías que ofrece el procedimiento administrativo ordinario, la verdad real (artículo 214 de la Ley General de la Administración) de los hechos que se imputan y será en esa etapa procedimental (y no durante la investigación preliminar) en la que se conocerá, tramitará y evacuará las pruebas, tanto documentales como testimoniales y demás opciones que ofrece el ordenamiento y tendrán la oportunidad los funcionarios involucrados para ejercer en forma amplia y sin restricción alguna, su derecho de defensa, consustancial al debido proceso que asiste a toda persona. Se debe resaltar, que si bien en materia disciplinaria rigen los principios de imputación relativa o congruencia relativa, esto no es un llamado a la arbitrariedad. En este sentido, la Sala Constitucional ha distinguido claramente entre la investigación preliminar y el procedimiento administrativo propiamente tal, así: “Este Tribunal Constitucional ha dispuesto reiteradamente que es válido para la Administración Pública realizar una investigación preliminar en los procedimientos administrativos y ha señalado que una correcta inteligencia del carácter y fundamentos del debido proceso, admite que, de previo a la apertura de un procedimiento administrativo, en ocasiones resulte indispensable efectuar una serie de indagaciones preliminares. Así, la Administración –con anterioridad a la apertura del expediente administrativo– podría requerir la realización de una investigación previa, por medio de la cual se pueda no solo individualizar al posible responsable de la falta que se investiga, sino también determinar la necesidad de continuar con las formalidades del procedimiento si se encuentra mérito para ello.” (Voto número 04420-2003 de las nueve horas y veintiún minutos del veintitrés de mayo de dos mil tres). Así también manifestó: “(…) La Administración, en casos complejos, no distingue contra quiénes se debe dirigir el procedimiento, puede y debe abrir una investigación previa con el fin de identificar los posibles o presuntos responsables, para luego abrir contra ellos el proceso respectivo. En esta etapa previa de investigación no es preciso notificar a los interesados, porque no se sienta ninguna responsabilidad. La posibilidad del proceso de investigación previo la Sala lo ha admitido en jurisprudencia reiterada desde hace muchos años. En sentencia No. 676-97 (antecedida, entre otras, por las sentencias No. 7259-94, No. 598-95 y No. 5796-96), la Sala dijo: “Una correcta inteligencia del carácter y fundamentos del debido proceso, exige admitir -como lo ha hecho también la Sala- que, de previo a la apertura o a la continuación de un trámite formal, a veces puede resultar útil o necesario efectuar una serie de indagaciones preliminares.” En el caso del proceso (sic) administrativo, esta investigación preliminar tiene como objeto individualizar a los posibles responsables de las irregularidades y recomendar si debe abrir contra ellos un proceso, de qué tipo y con qué fin no se ve objeción en que, durante la etapa preliminar, se recopilen documentos o se preparen informes, a fin de identificar a las partes del futuro proceso o para preparar los alegatos contra ellas, sometiendo luego el resultado ese trabajo al procedimiento administrativo como parte de la evidencia, que los interesados podrán entonces examinar y valorar.” (Voto número 10824-2003 de las diez horas treinta minutos del veintiséis de setiembre de dos mil tres). De esta manera, cuando la administración conoce por cualquier medio, (denuncia, informe de auditoría, etc.) un hecho que pueda originar responsabilidad de un servidor, debe tenerse presente que de previo a disponer la iniciación de un procedimiento formal, en algunas ocasiones se requerirá realizar una averiguación o investigación previa e informal, sobre la verosimilitud del hecho y sobre quién o quiénes pueden ser los responsables del mismo, si es que se estima necesario, al no tenerse claridad suficiente en cuanto a los detalles y circunstancias de su acaecimiento. Esto lo puede hacer cualquier funcionario, órgano administrativo o bien el órgano director ya designado y no será necesario en todos los casos, sino únicamente en aquellos en los que no haya claridad suficiente sobre la comisión de las conductas eventualmente sancionables…”.\n\nComo se desprende de lo transcrito, la investigación preliminar permite determinar el mérito de abrir un procedimiento ante alegaciones de faltas que no son evidentes. En el caso concreto, no verifica este Tribunal cómo la realización de esta investigación perjudica la situación jurídica de la actora, cuando salió exonerada de las denuncias realizadas. En virtud de la multiplicidad de cargos imputados y la cantidad de documentación y entrevistas realizadas, para esta Cámara resulta razonable que el informe se haya presentado en cuatro meses. Por otro lado, es claro que la parte no podía exigir, durante la investigación preliminar, a las garantías del debido proceso, tal y como ha establecido la jurisprudencia constitucional en esta materia. Así, por ejemplo, la Sala Constitucional ha referido, entre muchas otras, en la resolución 2001-11537, de las 14:54 horas del 7 de noviembre de 2001, que indicó:\n\n“… ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Sala que ha manifestado que es legítimo y razonable que la Administración, en los casos en que considere la posibilidad de abrir un expediente administrativo, de previo, lleve a cabo una investigación preliminar en la cual puede tener como parte o no al investigado y que podría servir, posteriormente, para determinar si existe mérito o no para iniciar un proceso tendiente a averiguar la verdad real de los hechos objeto de la investigación. Igualmente se ha advertido a las autoridades administrativas que, si posteriormente se inicia un proceso administrativo previamente investigado, los medios probatorios que dieron base a la gestión que se interesa, deberán ser evacuados con la necesaria intervención del interesado a fin de que se manifieste sobre la procedencia o no de los mismos, e incluso, en el caso de prueba testimonial, tenga la posibilidad de repreguntar a los testigos su dicho o refutar sus afirmaciones, garantizando de esta forma el debido proceso y el derecho a la defensa, el cual debe ejercerse por parte de ambas partes del procedimiento administrativo”.\n\nEl argumento esencial de la parte es que la decisión de abrir la investigación preliminar es infundada, porque había suficiente información en apoyo a la gestión de la actora como para rechazar de plano esas gestiones. Esta Cámara no puede amparar tal argumentación, pues, dejando de lado su prepotencia, lo que se afirma contraviene las reglas básicas de probidad y de rendición de cuentas a las que están sujetos todos los funcionarios públicos. La actora no puede pretender, por su mero dicho, que se ignore un movimiento laboral de proporciones relevantes y que provocó inestabilidad en los servicios de salud a su cargo. Una decisión como la que reclama la actora hubiera sido inmotivada, apresurada y a todas luces ilegal. La voluntad administrativa debe configurarse a partir de la acreditación de elementos de hecho y derecho que permitan establecer que el contenido de lo que se decide es acorde con el fin que persigue el ordenamiento jurídico, que en este caso sería garantizar la buena administración de los servicios de salud. Que la actora haya sido exonerada producto de la investigación preliminar no hace más que confirmar su necesidad. Coincide esta Cámara con la visión de los demandados en cuanto a que resulta consustancial a la función pública la rendición de cuentas, derivada de la necesidad de transparencia, obligaciones reforzadas para quienes ejercen cargos de dirección. No hay prueba en los autos de que las actuaciones institucionales fueran anormales, excesivas o constituyeran en medida alguna un acto de persecución, mucho menos cuando el informe final respaldó sus actuaciones en un todo. Así las cosas, no considera este Tribunal que las conductas de la CCSS, que abarcan desde la decisión de hacer una investigación preliminar hasta su conclusión, tengan una antijuridicidad de base que amerite indemnización alguna. Como se indicó previamente, el sometimiento a los mecanismos de control y a la rendición de cuentas es propia de cualquier funcionario público, mucho más uno con cargo de dirección, por lo que no puede alegar la parte actora que con la investigación realizada se ha provocado un daño que cumpla con los parámetros del artículo 194 de la LGAP. Esto hace innecesario entrar a analizar los supuestos daños causados, por no existir conducta alguna que pueda reprocharse. En estos términos, debe acogerse la defensa de falta de derecho opuesta por la CCSS y en consecuencia rechazarse las pretensiones indemnizatorias dirigidas en su contra.\n\n   En cuanto a los sindicatos, según se indicó previamente, el régimen de responsabilidad aplicable es el del Derecho Civil. En ese tanto, se estima necesario traer a colación algunos aspectos relevantes en relación con el régimen de responsabilidad reparadora de los sujetos del derecho privado, también conocido como responsabilidad civil extracontractual, misma que deriva del artículo 41 de nuestra Constitución Política, el cual señala, en lo que interesa: \"Ocurriendo a las Leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales\". Este sistema de responsabilidad indemnizatoria difiere del régimen objetivo estatal antes referido, en el tanto se trata de un sistema de responsabilidad subjetivo o también denominado \"con culpa\". Esto quiere decir, que para efecto de determinar la responsabilidad del sujeto que ocasiona un daño, debe de recurrirse al establecimiento de la existencia de una conducta -por acción u omisión- generada por el supuesto responsable mediante el accionar volitivo de la culpa y/o el dolo. Por el primero de tales institutos vamos a tener aquellas conductas desplegadas con negligencia (falta de cuidado, atención y agilidad), imprudencia (falta de cautela o moderación) o impericia (sin conocimiento o habilidad en relación con una ciencia o arte), por parte del sujeto que genera el daño. Así mismo, por dolo, extrapolando dicho instituto del derecho sancionador público, vamos a tener el ánimus consciente del sujeto de causar un daño o bien, la intención clara y definida por parte de un sujeto, de ocasionar un daño a otro. En ese tanto, el elemento subjetivo o volitivo, resulta ser medular a efecto de determinar la procedencia en la aplicación del régimen de responsabilidad propio del ámbito del derecho civil, también denominado responsabilidad civil. Se denomina de manera sinónima \"responsabilidad civil extracontractual\", en el tanto el vínculo jurídico subyacente, surge entre dos sujetos que no se encontraban anteriormente vinculados por una relación jurídica de carácter negocial o contractual, naciendo a la vida jurídica a partir de la comisión del hecho dañoso, que a su vez, generará un vínculo entre los sujetos involucrados -sujeto que daña y víctima- con evidentes efectos jurídicos y patrimoniales. Al igual que dentro del ámbito de la responsabilidad de derecho público, resulta necesario acreditar, mediante material probatorio idóneo, la existencia del nexo de causalidad entre la conducta del sujeto -activa o pasiva- y el daño inferido, a saber, que el daño sufrido sea consecuencia directa de la conducta del sujeto. Adentrándonos en tal instituto jurídico reparador de derecho civil, debe señalarse que operarán como eximentes de la responsabilidad del sujeto, la fuerza mayor (hecho inevitable e imprevisible realizado por la naturaleza), el caso fortuito (hecho inevitable pero previsible derivado del quehacer humano), la culpa de la víctima y el hecho de un tercero (entendiendo estos últimos eximentes de responsabilidad bajo las acepciones indicadas en los considerandos precedentes); aspectos todos que en caso de presentarse, romperán, el nexo de ocasionalidad causal que debe mediar entre el daño inferido y la conducta generadora del mismo, enervando el deber de resarcir la lesión sufrida, pues una vez que aparecen en el caso concreto, se extingue por ellos la existencia válida de la obligación reparadora. Dicho régimen indemnizatorio extracontractual, encuentra su basamento legal en los numerales 1045 y 1048 del Código Civil vigente, los cuales rezan, en su literalidad:\n\n\"ARTÍCULO 1045.- Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.\n\nARTÍCULO 1048.- Los Jefes de Colegios o escuelas son responsables de los daños causados por sus discípulos menores de quince años, mientras estén bajo su cuidado. También son responsables los amos por los daños que causen sus criados menores de quince años. Cesará la responsabilidad de las personas dichas si prueban que no habrían podido impedir el hecho de que se origina su responsabilidad, ni aun con el cuidado y vigilancia común u ordinaria.  El que encarga a una persona del cumplimiento de uno o muchos actos, está obligado a escoger una persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de un buen padre de familia, y si descuidare esos deberes, será responsable solidariamente de los perjuicios que su encargado causare a un tercero con una acción violatoria del derecho ajeno, cometida con mala intención o por negligencia en el desempeño de sus funciones, a no ser que esa acción no se hubiere podido evitar con todo y la debida diligencia en vigilar. Sin embargo, no podrá excusar con esas excepciones su responsabilidad el que explota una mina, fábrica, establecimiento de electricidad u otro cualquiera industrial, o el empresario de una construcción; y si no le hubiere, el dueño de ella, cuando su mandatario, o representante o persona encargada de dirigir o vigilar la explotación o construcción, o cuando uno de sus obreros causa por su culpa en las funciones en las cuales está empleado, la muerte o lesión de un individuo, pues será entonces obligación suya pagar la reparación del perjuicio. Y si una persona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva, o un vehículo de un ferrocarril, tranvía u otro modo de transporte análogo, la empresa o persona explotadora está obligada a reparar el perjuicio que de ello resulte, si no prueba que el accidente fue causado por fuerza mayor o por la propia falta de la persona muerta o lesionada. En todos estos casos, cuando la persona muerta estaba obligada al tiempo de su fallecimiento, a una prestación alimentaria legal, el acreedor de alimentos puede reclamar una indemnización, si la muerte del deudor le hace perder esa pensión. Por vía de indemnización se establecerá una renta alimenticia que equivalga a la debida por el difunto, y la cual se fijará, modificará o extinguirá de acuerdo con las disposiciones que regulan las prestaciones de alimentos, pero en ningún caso se tendrán en cuenta, para ese fin, los mayores o menores recursos de las personas o empresas obligadas a la indemnización. El pago de la renta se garantizará debidamente. Si el Juez lo prefiriere, el monto de la indemnización se fijará definitivamente y se pagará de una vez; y para determinarlo, se procurará que la cifra que se fije corresponda hasta donde la previsión alcance al resultado que produciría a la larga el sistema de renta. (Así reformado por la Ley Nº 14 de 6 de junio de 1902.)\".\n\nAhora bien, en cuanto al daño por repararse, debe indicarse que no es cualquier daño el que da pie a la obligación de resarcir -principios que también se aplican al ámbito del derecho administrativo-. Para que proceda la reparación, deben confluir una serie de caracterizaciones en relación con la consecuencia dañosa, a saber: A) Debe ser un daño cierto; real y efectivo y no meramente eventual o hipotético, ni tampoco puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturales. El daño no pierde esta característica si su cuantificación resulta incierta, indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero futuro; asimismo, no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o perjuicio, pues el primero está referido a aquél que surge como una consecuencia necesaria derivada del hecho causal o generador del daño, es decir, sus repercusiones no se proyectan al incoarse el proceso. En lo relativo a la magnitud o monto (seriedad) del daño, ello constituye un extremo de incumbencia subjetiva única del damnificado, empero el derecho no puede ocuparse de pretensiones fundadas en daños insignificantes, derivadas de una excesiva susceptibilidad. Así mismo, debe mediar una lesión a un interés jurídicamente relevante y merecedor de amparo. Y, por último, debe mediar una relación de causalidad entre el hecho y el daño, tal y como lo indicáramos en las líneas que preceden. Al igual que en el ámbito indemnizatorio del derecho público, en el derecho civil existen diversas clases de daños, a saber, en primer término, el daño material y el corporal, siendo el primero el que incide sobre las cosas o bienes materiales que conforman el patrimonio de la persona, en tanto el segundo repercute sobre la integridad corporal y física. Así como el daño moral, tanto subjetivo como objetivo, siendo que en relación con el subjetivo no es requisito aportar prueba directa, pues ésta se infiere del hecho generador antijurídico y en cuyo caso, es apreciable in re ipsa; pero por otro lado, en cuanto al daño moral objetivo, consistente en aquella afección que inicia como un daño de índole moral subjetivo pero que va a incidir en la esfera de bienes patrimoniales del sujeto lesionado, el mismo sí requiere ser acreditado mediante material probatorio idóneo para ello (ver en el mismo sentido la resolución de esta sección, número 00057-2022-VII, de las 14:30 horas del 21 de junio de 2022). En el caso concreto, la parte actora criticó el actuar de los sindicatos, particularmente las denuncias realizadas, pues en su criterio sus acciones de presión afectaron su imagen por un lado, en virtud de comunicaciones calumniosas y denuncias infundadas y por otro lado, le generaron una situación de estrés y de angustia por la situación laboral creada en su contra. No hay en las alegaciones o argumentos de la parte un análisis concreto de cómo las acciones de los sindicatos se enmarcan dentro de una estructura de responsabilidad con culpa. No hay tampoco pruebas en el expediente de que en las acciones de los representantes sindicales haya mediado dolo o culpa grave. En ningún momento se ha hablado de negligencia, imprudencia o impericia, o se ha acreditado en el expediente una intención premeditada de dañar la situación personal de la actora. Las pruebas aportadas y evacuadas permiten acreditar que se realizaron al menos dos asambleas de trabajadores, el 24 y el 29 de agosto de 2018. Además, se tiene por acreditado que los acuerdos a los que se llegó en esas sesiones claramente van dirigidos a canalizar el descontento de los funcionarios sobre las prácticas gerenciales de la actora a través de su remoción como directora médica del Área, a través de un procedimiento administrativo que investigara las supuestas irregularidades cometidas por la actora en contra de los trabajadores y su remoción cautelar de forma inmediata. No hay uniformidad en los testimonios recibidos sobre cómo se llevó la asamblea, si fue violenta o pacífica, pues hay testigos que indicaron que hubo mucha tranquilidad y otros expresaron que se tornó violenta, lo cual llevó incluso a que se retiraran de la misma (Dra. Pemberton). Lo que sí es consistente en los testimonios es que la participación fue considerable y que el descontento de los trabajadores era importante. Frente a estos hechos el Tribunal debe hacer dos precisiones: en primer lugar, no existen elementos que permitan acreditar que el mal ambiente laboral lo generaran los sindicatos y, en segundo lugar, que los daños supuestamente sufridos por la actora sean consecuencia de la actuación de los representantes sindicales y no de los funcionarios a título personal, estando dentro de un ámbito de responsabilidad subjetiva. En cuanto al primero de los temas indicados, pareciera que la actora intenta achacar a los sindicatos la responsabilidad por el mal ambiente laboral en el área, como si fuera culpa de éstos el descontento que manifiestan los funcionarios y por ende las tensiones vividas en el día a día en la relación de la actora con sus subalternos. Muy por el contrario, los elementos de prueba recabados e incluso el propio informe final de la investigación preliminar permiten concluir que fue el estilo gerencial de la actora lo que generó ese ambiente. Independientemente de la ilegalidad o no de sus actuaciones, que no es objeto del proceso, es claro que las manifestaciones de inconformidad de los funcionarios provienen de un conjunto de acciones disciplinarias y de control de la actora, comentarios y conductas que los llevaron a acudir a sus líderes sindicales, quienes en ejercicio de sus competencias legales y estatutarias canalizaron esas inquietudes a través de los mecanismos que les faculta el ordenamiento jurídico. Así, las actuaciones de los sindicatos, lejos de ser el origen del descontento y del mal ambiente del que se queja la actora, son una iniciativa para intentar hallar una solución a ese problema. Toda jefatura que pretenda cumplir con sus obligaciones legales debe estar preparada para enfrentar este tipo de oposiciones, que dentro del marco de la negociación colectiva supone un enfrentamiento entre la Administración (en la cabeza de la actora y sus superiores) y el personal subordinado. No hay dentro de los elementos de prueba aportados ninguna expresión anormal o alejada de los parámetros usuales de la negociación colectiva, que de alguna forma evidencie un abuso de las facultades legales conferidas a las agrupaciones sindicales, ni hubo gestiones posteriores de mayor relevancia para cuestionar la decisión tomada por los superiores de la actora archivando la investigación realizada. Ahora bien, en cuanto a la segunda precisión, ha de tenerse claro que no estamos en un régimen de responsabilidad objetiva ni de solidaridad entre los sindicatos y sus afiliados. Era obligación de la parte actora establecer a través de su argumentación y las pruebas que aportó qué actuaciones concretas y en qué forma provocaron a la actora los daños que reclama. Desde el momento en que la representación de la actora intenta que se establezca una condena solidaria entre los sindicatos y la CCSS, es claro que no consideró necesario hacer una indicación concreta y detallada, como se dijo, de cuáles conductas de los representantes sindicales le causaron las afectaciones morales que reclama. Es posible que hubiera manifestaciones de personas concretas, comentarios hechos en las instalaciones del Área de Salud de las que la actora fuera testigo o de los que se hubiera enterado por terceras personas, que pudieran haberle afectado emocionalmente, causándole angustia y otras aflicciones, pero de ahí a concluir que esas expresiones individuales son responsabilidad de los sindicatos hay un salto argumentativo que no tiene sustento alguno. Por último, las conductas de los representantes sindicales que sí están acreditadas, básicamente la organización de las asambleas, participación en reuniones e interposición de denuncias, caen dentro de las conductas usuales de canalización de malestar de sus agremiados, con el fin de hallar una solución a sus demandas, justificadas o no. Respecto de ellas, no se acercó ningún elemento de prueba que, como se indicó antes, acredite que se ejercieron con un ánimo claro de afectar personalmente a la actora, pues hay que separar entre la actora como funcionaria y la actora como persona. Las gestiones de los sindicatos dirigidas a su remoción están vinculadas a su condición como funcionaria directora, y en esos términos no es posible derivar de ellas responsabilidad alguna. Así las cosas, debe acogerse la defensa de falta de derecho interpuesta por todas las agrupaciones sindicales que se apersonaron al proceso, y de oficio declararla respecto del SINTAF, declarado rebelde en este asunto y declarar sin lugar en todos los extremos la demanda interpuesta por la actora contra todas las agrupaciones sindicales demandadas. Por último, merece una mención aparte la supuesta responsabilidad de la UMN por no defender a la actora durante este proceso. Está acreditado que la actora solicitó representación legal a la UMN en oficio del 23 de agosto de 2018 y no existe prueba de que le hubieran contestado, positiva o negativamente. Frente a esta omisión de respuesta, al menos a partir de los elementos de prueba acreditados, es necesario considerar tres elementos relevantes: 1. Existen normas internas expresas de la UMN que excluían a la actora de ser representada ese sindicato. El artículo 11 del Reglamento Integrado para el Disfrute de los Servicios Legales de Asesoría, Patrocinio y Defensa para Afiliados al Sindicato Unión Médica Nacional, vigente al momento en que se dieron estos hechos, señala que quedan excluidos de atención de la asesoría jurídica de la UMN “Cuando se le impute a un médico actos de perscusión laboral, cuando quien promueva la denuncia sea un afiliado”. Este caso enmarca perfectamente en esa exclusión, siendo que la actora fue denunciada por otros afiliados del sindicato por prácticas que fueron consideradas por los líderes sindicales como de persecución laboral. 2. La actora contó desde antes de pedir apoyo a la UMN con acompañamiento por parte del Sindicato de Directores. Según se establece en los hechos probados, la misma actora reconoce que desde antes del 21 de agosto contaba con representantes sindicales. La prueba testimonial, en particular del doctor Francisco Pérez Gutiérrez, permite concluir que era ACODIMED quien había prestado asesoría legal a la actora desde antes de que pidiera asesoría a la UMN. 3. Durante todo este proceso la actora contó con asesoría jurídica institucional. La declaración en audiencia de la funcionaria Melissa Umaña Rojas permitió acreditar que durante todo este proceso la actora contó con asesoría jurídica institucional, con la venia de la jefatura de la abogada Umaña Rojas, quien incluso indicó que la acompañó a la reunión del 3 de septiembre de 2018 y mantenía una comunicación telefónica diaria con la actora. Estos tres elementos de prueba permiten a esta Cámara concluir que, si bien es cierto, no consta una respuesta formal de la UMN sobre por qué no podía defender a la actora, esta circunstancia en ningún momento le causó indefensión, por lo que no se entiende cómo esa falta de respuesta pudo haber causado el daño que se alega, con lo que el nexo causal entre la conducta de la UMN y los daños alegados es inexistente. Es claro que la parte pudo defenderse a lo largo del proceso y obtener un resultado favorable al final de la investigación preliminar, con lo que no se considera que la omisión de respuesta se constituya en una causa eficiente del daño que se alega. En esos términos, también debe acogerse la defensa de falta de derecho de la UMN y rechazar la demanda en todos sus extremos. Así las cosas, el acogimiento de la falta de derecho implica el rechazo del pago de la indemnización por daño material y daño moral reclamado, así como de sus intereses, por tratarse de un elemento accesorio.\n\n   EXCEPCIONES.- Las defensas de incompetencia, indebida integración de la litis y caducidad fueron rechazadas en forma interlocutoria. La de prescripción interpuesta por ANPE se ha rechazado en esta resolución. En cuanto a la falta de legitimación pasiva y activa, interpuesta por SIPROCIMECA, UMN y UNDECA, se rechazan en tanto la parte actora es quien alega haber sufrido los daños que reclama, por lo que siendo la titular de los derechos supuestamente afectados, es claramente la llamada a reclamarlos en sede judicial y los sindicatos demandados fueron los que participaron de las actividades de las que la actora pretendía derivar una indemnización. En cuanto a la falta de derecho, por las razones expuestas previamente, se acogen las defensas opuestas por todos los demandados que se apersonaron al proceso y de oficio -al ser un presupuesto sustancial de la acción cuya revisión corresponde el órgano jurisdiccional- se declara la falta de derecho respecto del demandado rebelde, SINTAF.\nCOSTAS.- Según regulación del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En el caso de estudio, estimamos que no existe motivo para variar la regla general impuesta en la norma. En esos términos, se condena a la parte actora al pago de ambas costas a favor de los demandados que se apersonaron al proceso y se exonera a la parte actora de su pago respecto de la parte rebelde, siendo que no incurrió en gasto alguno en la atención de este proceso.\n\nPOR TANTO\n\nSe rechaza la defensa de prescripción opuesta por ANPE, así como las excepciones de falta de legitimación pasiva y activa, interpuesta por SIPROCIMECA, UMN y UNDECA. Se acoge la defensa de falta de derecho opuesta por la CCSS, SISSS, UNDECA, SIPROCIMECA, UMN y ANPE. De oficio, se declara la falta de derecho respecto de SINTAF. Consecuentemente, se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda incoada por [Nombre 001] contra la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL el SINDICATO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL (SISSS), la UNIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA), el SINDICATO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS DE LA CCSS E INSTITUCIONES AFINES (SIPROCIMECA), la UNIÓN MÉDICA NACIONAL (UMN), la ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA (ANPE) y el SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE FARMACIA DE LA CCSS (SINTAF). Se condena a la parte actora al pago de ambas costas a favor de los demandados que se apersonaron al proceso y se exonera a la parte actora de su pago respecto de la parte rebelde. José Martín Conejo Cantillo. Francisco Hidalgo Rueda. Gustavo Irías Obando. Jueces.-\n\n \n\n \n\n\n\n\n- Código Verificador -\n\nCNIJKBPU47YO61\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nJOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, JUEZ/A DECISOR/A\nFRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, JUEZ/A DECISOR/A\nGUSTAVO IRIAS OBANDO, JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 20-003962-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:22:33.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Tribunal Contencioso Administrativo\n\nResolution No. 03977 - 2025\n\nResolution Date: April 28, 2025 at 12:37\n\nDocket: 20-003962-1027-CA\n\nDrafted by: José Martín Conejo Cantillo\n\nType of matter: Proceso de conocimiento\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nContent type: Majority vote\nTopics (descriptors): Prescripción de la sanción administrativa disciplinaria\nSubtopics:\nConsiderations in the field of public service and calculation of the term in the specific case.\nTopics (descriptors): Procedimiento administrativo disciplinario\nSubtopics:\nConsiderations regarding disciplinary liability in the field of public service and calculation of the statute of limitations (prescripción) term in the specific case.\nJudgments in the same sense Judgments from the same docket\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\nText of the resolution\n\n \n\n\n\n \n\nDOCKET:\n\n \n\n20-003962-1027-CA - 5\n\n\n\n\nPROCEEDING:\n\n \n\nCONOCIMIENTO\n\n\n\n\nPLAINTIFF:\n\n \n\n[Nombre 001]\n\n\n\n\nDEFENDANT:\n\n \n\nASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES EN ENFERMERIA\n\n \n\n \n\nN° 2025003977\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at twelve hours and thirty-seven minutes on the twenty-eighth of April of two thousand twenty-five.-\n\n \n\nProceso de conocimiento contencioso administrativo filed by Warner Céspedes Arias and Elena Rodríguez Cheung, in their capacity as special judicial proxies for [Nombre 001], bearer of identity card number [Valor 001], against the CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (hereinafter, CCSS), acting through its special judicial proxy Christian Obando Díaz, license number 12513 (img. 1827 of the folder), the SINDICATO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL (SISSS), represented by its special judicial proxy, Juan Armando Navarro Martínez, license number 19100 (img. 1806 of the folder), the UNIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA), represented by its special judicial proxy Keylin Vega Rodríguez, license number 24650 (img. 1347 of the folder), the SINDICATO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS DE LA CCSS E INSTITUCIONES AFINES (SIPROCIMECA), represented by its special judicial proxy Frank Atencio Delgado, license number 20437 (img. 1373 of the folder), the UNIÓN MÉDICA NACIONAL (UMN), represented by its special judicial proxy María José Badilla Montes, license number 23521 (img. 1598 of the folder), the ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA (ANPE), represented by its special judicial proxy Vilma Solano Pérez, license number 13661 (img. 1607 of the folder) and the SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE FARMACIA DE LA CCSS (SINTAF), declared in default at the first preliminary hearing held within this process.\n\nCONSIDERANDO\n\n   PRELIMINARY ASPECTS.- As part of the procedural path, the following is noted:\n     By means of a complaint filed on August 26, 2020 before this Tribunal, the plaintiff seeks the following, according to the adjustment made at the oral hearing, in correction to what was done at the preliminary hearing (img. 2-33, 1614-1618 and 1850-1860 of the folder and backup recordings of the hearings):\n\n\"For all of the foregoing, we request that the CCSS and the following union organizations SISSS (SINDICATO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL), UNDECA (Unión Nacional de Empleados de la Caja), SIPROCIMECA (Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la C.C.S.S. e Instituciones Afines), UMN (Unión Médica Nacional), ANPE (Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería), SINTAF (SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE FARMACIA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL) be jointly and severally ordered to pay SIXTY MILLION COLONES EXACTLY for SUBJECTIVE MORAL DAMAGES, SEVEN MILLION ONE HUNDRED EIGHTY-EIGHT THOUSAND COLONES EXACTLY for MATERIAL DAMAGES (TOTAL FOR FEES, MEDICAL EXPENSES FOR APPOINTMENTS), legal interest from the finality of this resolution until its effective payment, as well as both costs of the process.\"\n\nIn an order at 16:05 on October 7, 2020, the complaint was transferred only regarding the CCSS, an error that was corrected in an order at 15:30 on February 17, 2021 (img. 266-267 and 1098-1099 of the folder).\nThe CCSS was notified of this matter on October 30, 2020 (img. 272 of the folder) and answered the complaint in a brief dated February 2, 2021, rejecting it in all its terms and asserting the defense of lack of right (img. 274-293 of the folder).\nSINTAF was notified on April 8, 2021 (img. 1108-1109 of the folder) and was declared in default at the preliminary hearing on October 19, 2022 (img. 1614-1618 of the folder).\nSIPROCIMECA was notified on April 7, 2021 (img. 1110-1111 of the folder) and answered the complaint in a brief dated April 28, 2021, rejecting it in all its terms and asserting the defenses of lack of right, lack of passive and active standing, expiration (caducidad), and improper joinder of the State to the dispute (img. 1351-1372 of the folder).\nUMN was notified on April 7, 2021 (img. 1112-1113 of the folder) and answered the complaint in a brief dated April 27, 2021, rejecting it in all its terms and asserting the defenses of lack of right, lack of passive standing, and expiration (caducidad) (img. 1141-1153 of the folder).\nUNDECA was notified on April 7, 2021 (img. 1114-1115 of the folder) and answered the complaint in a brief dated April 26, 2021, rejecting it in all its terms and asserting the defenses of lack of competence, lack of passive standing, and lack of right (img. 1339-1346 of the folder).\nANPE was notified on April 7, 2021 (img. 1116-1117 of the folder) and answered the complaint in a brief dated February 28, 2021, rejecting it in all its terms and asserting the defenses of lack of right and statute of limitations (prescripción) (img. 1428-1443 of the folder).\n     SISSS was notified on April 7, 2021 (img. 1118-1119 of the folder) and answered the complaint in a brief dated April 27, 2021, rejecting it in all its terms and asserting the defenses of improper joinder of the dispute with the Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social (SINTRASAS) and lack of right (img. 1122-1128 of the folder).\nBy resolution number 312-2022, at 11:10 on February 24, 2022, the procedural judge resolved to reject the defense of lack of competence raised by UNDECA (img. 1544-1552 of the folder). There is no record that this resolution was challenged.\nIn resolution number 566-2022, at 13:45 on April 7, 2022, the procedural judge rejected the preliminary defense of improper joinder of the dispute raised by SISSS, regarding SINTRASAS, which became final as it was not appealed (img. 1564-1568 of the folder).\nThe first preliminary hearing was held on October 19, 2022, in the presence of the representatives of all parties, except for SINTAF, which was declared in default at that proceeding. There were no other relevant matters of case management, and the claims were set according to the terms already previously described in this resolution. By resolutions number 1745-2022 and 1746-2022, at 10:05 and 10:14 respectively, the defenses of expiration (caducidad), raised by UMN, and of improper joinder of the dispute with the State, filed by SIPROCIMECA, were rejected. The defense of statute of limitations (prescripción) was deferred to the merits for not being evident and manifest, the controverted facts were established, and the admission of documentary evidence of the plaintiff proceeded, the continuation of the hearing having to be suspended \"because the allotted time had been exhausted\" (img. 1614-1618 of the folder).\nThe second preliminary hearing was held on May 31, 2023, in the presence of the same parties who attended the first hearing. Therein, the admission of the rest of the evidence from all parties was carried out (img. 1707-1713 of the folder).\nBy an order at 15:31 on January 15, 2024, this section scheduled the oral hearing for 8:30 on November 27 and 28, 2024 (img. 1715-1721 of the folder), a date that was modified in an order at 11:31 on March 7, 2024, in which it was scheduled for 8:30 on March 25, 26, 27, and 28, 2025 (img. 1741 of the folder).\nIn a brief dated March 21, 2025, the representation of UMN presented proof of the medical leave issued by the INS for the witness Rosa Alvarado Jiménez, requesting the rescheduling of the hearing or authorization to substitute the witness offered (img. 1815 and 1817 of the folder).\nOn March 24, 2025, the representative of UMN provided a certified copy of evidence already admitted as simple copies and withdrew three of the witnesses she had originally offered (img. 1829 of the folder).\nThe oral hearing was held on March 25 and 26, 2025, with the participation of all parties, except for SINTAF, declared in default. During this proceeding, the parties and the Tribunal raised some aspects that required clarification, so the Tribunal took the following measures: 1. It clarified that the patrimonial claims corresponded to ¢60,000,000.00 for subjective moral damages and ¢7,188,000.00 for material damages. 2. The withdrawal of the testimony of Roberto Cervantes Barrantes, Armando Villalobos Castañeda, and Javier Céspedes Vargas was accepted, according to the UMN's request. 3. The substitution of the witness Rosa Amelia Alvarado Jiménez for Mrs. Mónica Pacheco Pérez was admitted, the required exceptional nature having been accredited. 4. Regarding the evidence provided in certified form by the UMN, it was indicated that it had already been admitted at the preliminary hearing, so it did not require a ruling by the Tribunal. 5. The representation of the CCSS was advised to provide the illegible images from the administrative file during the course of the trial hearing, before the closing arguments. After this phase, the parties waived their opening statements and the testimony of the witnesses Melissa Umaña Rojas, Marcela Pemberton Mora, William Pérez Gutiérrez, and Diego Pacheco Solano was received. For the second day of the trial, the witnesses Mónica Washington Pérez, Jorge Reyes Hernández, and Víctor Granados Blanco were received, to later hear the closing arguments of the parties and declare the matter complex (img. 1850-1861 of the folder and digital backup of the hearing).\nThis matter is resolved within the term established in Article 111 of the CPCA, having been declared complex, considering the incapacity of Judge Francisco Hidalgo Rueda during April 7 to 9, 2025, the holiday on April 11, as well as the collective closing vacation and Holy Week holidays, without perceiving defects or omissions susceptible of generating nullity or defenselessness to the parties. Drafted by Judge Conejo Cantillo, unanimously and with the affirmative vote of judges Hidalgo Rueda and Irías Obando.\nPROVEN FACTS.- Of importance for this matter, and by the way in which it is resolved, the following are considered proven (unless otherwise indicated, the images correspond to the judicial file):\nThe plaintiff works permanently for the CCSS since December 11, 1996, and has been on an interim promotion as Médico Jefe 2 (Directora Médica del Área de Salud Turrialba-Jiménez) since July 20, 2015 (img. 44).\nIn official communication UMN-0342-2018 of August 17, 2018, the UMN requested that the plaintiff convene a General Assembly of Workers of said Health Area for Friday, August 24, 2018, \"... in order to discuss matters of interest\" (img. 1157).\nIn official communication ATSJ-DM-0344-08-2018 of August 21, 2018, the plaintiff informed the President of the UMN that she was about to suspend the Workers' Assembly of August 24, since its union representatives could not accompany her that day (img. 148, 597).\nIn official communication ASTJ-DM-0346-08-18 of August 23, 2018, the plaintiff requested that the president of the UMN appoint a lawyer to represent her regarding publications by officials of the Health Area that called her professionalism into question (img. 145).\nIn an email of August 23, 2018, the UMN Management assistant acknowledged receipt of an email sent by the secretary of the Gerencia Médica of the Área de Salud Turrialba-Jiménez, whose subject was \"Solicitud de representación sindical\" (img. 146-147).\nIn official communication number UMN-359-2018, of August 24, 2018, representatives of UMN, SIPROCIMECA, UNDECA, ANPE, and others not mentioned informed the Gerente Médico of the CCSS of the holding of a Workers' Assembly on August 24, 2018, in which a set of initial petitions from the workers were approved regarding the archiving of preliminary investigations of the strike of June 25, 2019, the opening of a proceeding for unfair labor practices (prácticas laborales desleales) by the plaintiff, an organizational climate study, audit intervention, temporary separation of the plaintiff from her position, and other demands about working conditions (img. 324-325, 1196-1197).\nDuring this process, the plaintiff had constant advice from the institutional lawyer Melissa Umaña Rojas, who even accompanied her in several proceedings (her testimony).\nAt an Assembly held on August 29, 2018, attended on behalf of the CCSS by Dr. Javier Céspedes, from the Gerencia Médica, the Directora Regional de Servicios de Salud Central Sur and the Supervisora Regional de Recursos Humanos Central Sur, and union representatives of UNDECA, UMN, ANPE, SIPROCIMECA, SITAF, SISSS, and SINTASS, and as witnesses a congresista, an advisor to another congresista, and a representative of the MTSS, a document was signed recording the following agreements (149-150, 257-258, 330-332, 1229-1231):\n\n\"1. Response to Official Communication GM-S-11091-2018\n\nThe Gerencia Médica, in response to the request made by the Union Organizations through official communication UMN- 359- 2018 dated August 24, 2018, and delivered and received at the Gerencia Médica on Monday, August 27, 2018, and according to the requested deadline of EIGHT BUSINESS DAYS through official communication GM-S-11091-2018, assumes the commitment to substitute Dra. [Nombre 001] and to temporarily place, starting August 30, 2018, in the Área de Salud de Turrialba Jiménez a new Director Médico for the same period, pending the administrative handling of the request from the Union Organizations.\n\n2. No reprisals against the Workers of the Área de Salud de Turrialba-Jiménez who participated in the Workers' Assemblies held on August 24 and 29, 2018.\n\nThe Gerencia Médica, according to the provisions of Art. 71 of the Normativa de Relaciones Laborales, assumes the commitment to be a guarantor of compliance with the provisions of that Regulatory article so that no type of reprisal is exercised in respect to the Union management and protection of the Workers of the Área de Salud Turrialba Jiménez, for their participation in the Workers' Assemblies held on August 24 and 29, 2018.\n\nThe Workers will return to their duties starting August 30, 2018.\n\n3. Follow-up Meeting\n\nThe parties, by mutual agreement, will hold a follow-up meeting on these agreements on Monday, September 17, 2018, at 09:00 am at the headquarters facilities of the Área de Salud Turrialba Jiménez or at a place that the parties agree to define.\"\n\nIn a document received by the plaintiff on August 30, 2018 (due to the blurriness of the document, neither the date nor the time is visible), the Directora Regional de Servicios de Salud Central Sur of the CCSS communicated to her (img. 128):\n\n\"... by reason of the union agreements made on Wednesday, August 29, at the Gymnasium of the Colegio Técnico de Turrialba and with instruction from the Gerencia Médica, you are hereby notified that you will take vacation for a period of 8 business days starting today, pending resolution of the union requests.\n\nFor this reason, a vacation slip will be prepared from August 30 to September 10, and you will be substituted by Dr. Fabián Carballo [illegible] on the indicated dates.\"\n\nThe plaintiff was on vacation from August 30 to September 10, 2018 (certification ASTJ-RRHH 352-2019, img. 123).\nIn official communication number GM-S-11138-2018 of August 30, 2018, the Gerente Médico of the CCSS requested the unions UMN, SIPROCIMECA, UNDECA, SINTAF, and ANPE, within three days, to proceed to present the evidence of the complaint and to expand the details of the reported facts (img. 181-182, 343-344)\nIn official communications of August 31, September 4, and 7, 2018, the president of the Asociación Costarricense de Directores Médicos (Acodimed) addressed the Gerente Médico of the CCSS, indicated his opposition to the treatment given to the plaintiff, asked for explanations about the way in which the plaintiff was sent on vacation, and requested various documentation related to the matter (img. 132-135, 349, 367-368, 413).\nIn official communication SG-SISSS-1087-18, of September 3, 2018, the SISSS filed a complaint against the plaintiff before the Gerencia Médica of the CCSS (img. 352-360, 1129-1137).\nOn Monday, September 3, 2018, a meeting was held between CCSS authorities and union representatives, in which the plaintiff's participation was not permitted (testimony of the official Melissa Umaña Rojas)\nOn September 4, 2018, UMN, SIPROCIMECA, ANPE, and UNDECA jointly answered the Gerente Médico of the CCSS regarding official communication GM-S-11138-2018, filing a formal complaint against the plaintiff for labor practices to the detriment of her subordinates (img. 153-157, 362-366).\nIn official communication DRSSCS-DM-0411-2018, of September 7, 2018, the Directora Regional de Servicios de Salud Central Sur of the CCSS responded to the Gerente Médico of the CCSS his official communication GM-S-11092-2018, regarding official communication UMN-359-2018, where reference was made to the union agreements and 14 notes of support for the plaintiff were attached (img. 137-139, 414-416).\nThe Director Regional de Servicios de Salud Central Sur, in official communication DRSSCS-DM-453-2018 of October 5, 2018, appointed doctor Randall Asenjo Rockbrand to conduct a preliminary investigation regarding the complaint filed by the unions against the plaintiff (img. 161, 428). In official communication DRSSCS-DM-0469-18 of October 25, 2018, it was communicated that legal advisor Mynor Villalobos Arias would participate alongside this official (img. 438).\nBy official communication GM-AG-13294-2018 of October 12, 2018, the Gerente Médico of the CCSS informed the Director Regional de Servicios de Salud Central Sur (img. 159-160, 430-431):\n\n\"Since August of this year, a labor-related conflict has been occurring in the Área de Salud Turrialba - Jiménez, which must be addressed on a priority basis by the Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur, for a healthy management of the conflict situation.\n\nWe have some social actors (UMN, SIPROCIMECA, UNDECA, SINTAF, ANPE, SISSS), who demand to discuss and resolve some procedures at the local level, which relate to the organizational climate, overtime, occupational health, unfair labor practices (prácticas laborales desleales), etc. Other actors like DAPE, on the topic of Environment and Human Security, refer to the proactive and highly committed manner with the project and the indigenous community of Ato Chirripó that Dra. [Nombre 001], Directora Médica del Área de Salud Turrialba - Jiménez, expresses.\n\nLikewise, there is a series of notes [sic] that set forth the work developed by said Dirección Médica, namely: Asociación de Desarrollo Integral Indígena Alto Chirripó, Oficina Local Turrialba de PANI, Asociación Pro Área de Salud Turrialba - Jiménez, Trabajo Social del Área de Salud Turrialba - Jiménez, Encargada de Educación Ambiental y Vida Silvestre SINAC - MINAE Turrialba, Área Mantenimiento Turrialba - Concavas, Negocio Distribución y Comercialización del ICB, Municipalidad de Turrialba, ACODIMED, ATAP Nimari Chirripó, Coordinación de la Normalización de la Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas del Área de Atención Integral a las Personas (DDSS), Junta de Salud.\n\nThere is a commitment for a follow-up meeting, which was scheduled for September seventeenth of this year starting at nine o'clock in the facilities of the health area headquarters or at a place to be agreed upon, but it is unknown if it actually took place due to the institutional emergency.\n\nHowever, as there is a budget commitment, as indicated in official communication DRSS-E2-2238-18 of September thirteenth of this year, proceed to report on the Organizational Climate Study in the Área de Salud Turrialba - Jiménez.\n\nDue to the foregoing, the Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur is instructed to proceed with a comprehensive analysis of each of the proposals found within the file formed for this purpose, consisting of 103 pages.\n\nThe Technical Report of the Área de Salud Turrialba - Jiménez of September 2018 is attached to this official communication.\"\n\nThe plaintiff filed a response with the MTSS regarding the alleged complaint filed against her, in a brief received on November 14, 2018 (img. 260-265 and 74).\nBy unnumbered official communication, dated November 21, 2018, the Oficina Cantonal de Turrialba of the MTSS informed the plaintiff that she had to grant permission to a group of officials to attend the interview process within the preliminary investigation process being conducted in that office. The purpose of the investigation was not detailed (img. 96).\nIn a notarial act of November 23, 2018, the professional Warner Céspedes Arias certified that he appeared with the plaintiff at the MTSS office in Turrialba and that they were not allowed to participate in the interviews because they were private in nature (img. 98-99).\nThe plaintiff was attended by the INS on January 3, 10, 28, and 29, 2019, and on April 4, May 8, and June 18, 2019. On the first date, she was seen in general medicine, the case was admitted, and she was placed on medical leave (incapacitada) until January 10 of the same year, a date on which she was again seen in General Medicine and referred to other services. On January 28, she was seen in Psychiatry, where an adaptive disorder was diagnosed, problems due to disagreements with subordinates, without medication due to side effects. On January 29, she was seen in INS Labor Illness Psychology (no diagnosis was indicated). On March 29, a Psychosocial Factors Session was held, where the multidisciplinary team agreed on a plan of approach with psychology appointments, carried out in April, May, and June of 2019 (img. 106-118).\nIn official communication DRSSCS-DM-001-2019 of January 4, 2019, the Directora Regional de Servicios de Salud Central Sur of the CCSS sent to the INS an expansion of the labor illness complaint, in which she detailed (img. 119-120):\n\n\"... we proceed to expand the labor illness complaint in the name of Dra. [Nombre 001], identity card [Valor 001].\n\nSummary of facts:\n\n• Dra. [Nombre 001] began as Directora Médica del Área de Salud Turrialba - Jiménez on July 15, 2016.\n\n• On August 24, 2018, at the Gymnasium of the Colegio Técnico Profesional Dr. Clodomiro Picado Twight in Turrialba, a General Assembly of Workers of the Health Area was held, in which officials from all disciplines participated. With the presence of: Unión Médica Nacional (UMN), Siprocimeca, Undeca, Anpe, Sintaf, Sindicato de la Salud y Seguridad Social.\n\nAs part of the agreements of said assembly documented in official communication UMN-359-2018 addressed to Dr. Roberto Cervantes Barrantes Gerente Médicos of the CCSS, the following are highlighted:\n\n • Opening of a disciplinary administrative proceeding (procedimiento administrativo disciplinario) against Dra. [Nombre 001], for persecution and unfair labor practices (prácticas laborales desleales).\n\n • Momentary separation of Dra. Quesada from her position, with precautionary measures.\n\n • Administrative intervention in the Health Area.\n\n• In response to official communication UMN-359-2018, a meeting was held in the office of the Gerencia Médica of the CCSS, on Monday, August 27, 2018, with the participation of union representatives, workers, Congresista Paola Valladares, advisor to Congresista Pablo Heriberto Abarca Mora, as well as Dra. Quesada with her union representation, officials from this Dirección Regional, from the Dirección Red de Servicios de Salud, and Dr. Cervantes with his respective advisors.\n\nOn this same day, Dr. R. Cervantes explained that to address the aforementioned agreements, there is a procedure to follow within the institution and that the motivations underlying these petitions must be known.\n\nThe union representatives ratified their position and requested a new General Assembly of Workers of the Área de Salud Turrialba - Jiménez for August 29, 2018.\n\n•On August 29, 2018, the second General Assembly was held at the Gymnasium of the Colegio Técnico Profesional Dr. Clodomiro Picado Twight in Turrialba, where the response of the Gerencia Médica expressed in the previous point was announced, through official communication GM-S-11091-2018.\n\nAs a result of this assembly, it is agreed that the Gerencia Médica will substitute Dra. [Nombre 001] for eight business days.\n\n• In accordance with the foregoing, Dra. Quesada was on vacation from August 30 to September 10, 2018.\n\n• On November 13, 2018, from 1:00 p.m. to 4:00 p.m., the third General Assembly of Workers of the Área de Salud Turrialba - Jiménez was held, also at the Gymnasium of the Colegio Técnico Profesional Dr. Clodomiro Picado Twight in Turrialba.\n\n• This Dirección Médica Regional receives official communications GM-S-11575-2018 and SG-SISSS-1087-18 with a complaint for alleged faults by Dra. [Nombre 001], a reason that generates the initiation of a preliminary investigation that is ongoing.\n\n• We are aware that, in parallel, Dra. [Nombre 001] faces a complaint related to this same situation before the Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, the status of which we are unaware of.\n\nIt is for the foregoing, that this management considers that Dra. [Nombre 001] is subjected to physical and mental stress directly related to the functions she performs.\"\n\nThe preliminary investigation conclusions report was delivered on February 25, 2019. It stated (img. 505-572):\n\n\"Once the analysis of the different complaints filed against Dra. [Nombre 001] Directora Médica del Área de Salud Turrialba Jiménez was conducted, based on the DOCUMENTARY EVIDENCE and TESTIMONIAL EVIDENCE collected, it is determined that there are no elements of time, manner, and place that constitute an irregularity that violates institutional regulations in the administrative actions deployed by that Dirección Médica. In conclusion, said actions were adjusted to the principle of legality and the institutional guidelines issued by superior entities, compliance with which was effective by the Dirección Médica of that health center.\n\nIt should be noted as an investigating body that, having such a broad panorama, once this study was completed, we consider that part of the complaints are due more than anything to criticisms about the way of managing by the Directora Médica Dra. [Nombre 001] when addressing different topics, without this implying a violation but rather, it is a way of managing in a medical directorate, which is respected within an organizational culture established by that Dirección Médica, in line with the search for objectives.\"\n\nBy resolution number DRSSCS-DM-AL-076-2019 of March 25, 2019, the Director Regional de Servicios de Salud Central Sur resolved to archive file DRSSCS-DM-IP-005-2018, followed against the plaintiff, based on the preliminary investigation report rendered (img. 242-243, 574-575). This decision was communicated to the Gerente Médico of the CCSS and the complaining unions (UMN, SIPROCIMECA, ANPE, and UNDECA) in official communication DRSSCS-DM-AL-077-2019 of March 26, 2019 (img. 576).\nIn official communication number SG-724-2019, received by the Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur on April 2, 2019, UNDECA complained of not having been notified of official communication DRSSCS-DM-AL-076-2019, of March 25, 2019, by which the archiving of the investigation against the plaintiff was ordered, and requested to be notified of that resolution, revoking the archiving of the case (img. 183-184, 584-585). This request was rejected, regarding the reopening of the matter, in official communication DRSSCS-DM-AL-084-2019, of April 4, 2019 (img. 185, 582).\nOn July 15, 2019, Dra. María Emilce Pessoa Gómez issued an opinion regarding the plaintiff in the following terms (img.\n\n101-102):\n\n“Observations.\n\n45-year-old patient has been under my care since November 2018, following a workplace conflict: due to her clinic director position, she received union complaints against her, related messages that continued to intimidate [sic] her, pressure that was even political and from media outlets and community leaders [sic], which ended up causing her anxious depression, hopelessness [sic], and adynamia. At that time I decided to prescribe medication, but at the next appointment she could not tolerate the medication because she suffered tachycardia, so by the next appointment I had to manage her solely with psychotherapy. By this appointment she must face deeper consequences of the complaint, as her family and financial life are affected in the process of her defense, in addition to her self-esteem and confidence in her job performance becoming distorted. All of this continues to date as she has had to endure meetings against her where she cannot even appear, imprudent expressions from journalists [sic], staff, and citizens, where it always remains present to her that her image [sic] is affected [sic], a situation that I focus on as her therapist for her to overcome, even in the current appointments.\n\nCIE-10 Medical Diagnosis\n\n- MODERATE DEPRESSIVE EPISODE”.\n\n   FACTS NOT PROVEN.- Of such a nature, due to a lack of submitted evidence and being of transcendence for this process, the following is deemed undemonstrated:\nThat the unions or their representatives had summoned the media to cover the workers' assemblies.\nThat the unions' call notices expressly mentioned the plaintiff by name.\nThat the UMN had expressly responded to the plaintiff's request to appoint legal counsel for her.\n   ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF.- In summary form and without prejudice to the totality of the statements expressed in her written submissions, the plaintiff indicated as relevant aspects that she had held the position of Medical Director of the Turrialba Jiménez Health Area for almost three years as of the filing date of the complaint and that starting in 2018 an evident persecution was orchestrated to her detriment, as a preliminary investigation procedure was conducted against her with the intention that she be removed from her position, disregarding recommendations and explanations. She pointed out that this preliminary investigation was known to many people and that before being notified of the transfer of charges, her subordinates were already avoiding her and making comments behind her back, causing her stress and anguish in the face of a potential dismissal. She stated that while the CCSS had the authority to investigate potential misconduct by its officials, such a procedure had to have grounds, which in this case were non-existent because she presented 14 letters of support for her management, which clearly demonstrated that what the unions indicated had no basis, and even so, the CCSS Medical Management processed the complaint without evidence and under pressure from unions, politicians, and even the Minister of Labor himself, who were demanding the unjustified dismissal of Dr. [Name 001] based on the fact that the workers disliked that she applied CCSS regulations as appropriate. In the plaintiff's thesis, “… a poorly interpreted decision by the Medical Management to yield to pressure from union organizations…” caused her material and moral harm, by facing expenses she had no reason to incur and enormous emotional problems (psychiatric and psychological treatment). She continued indicating that the CCSS's actions implied harm to her image, a product of murmuring from colleagues, an enormous depression upon seeing all her effort and determination to always do her job well frustrated, feelings of anguish, frustration, fear, mockery, comments, and distrust. She alleged that she was forced to take vacations after the complaint filed by the unions, which in her view constituted a concealed suspension. For the plaintiff, although these were lawful acts and normal functioning, she should not have to endure such actions, as the prolongation over time and the refusal to admit that the procedure should not have been initiated against her caused her the ailments indicated, for which she cited articles 194 and 197 of the General Public Administration Law. In her view, the CCSS must be liable for the damages caused, “… by virtue of the fact that, under our Case Law, it can be argued that the underlying unlawfulness, which is referred to as the substrate and global, indispensable prerequisite for liability, is always present in the compensable damage.” She indicated that in her case, the three essential requirements were met, namely the existence of an action or omission derived from the Public Administration's function or conduct, the existence of an unlawful damage, and the causal link between the alleged act and the damage caused, with no grounds for exclusion of causation involved. Subsequently, she extensively elaborated on the constitutional norms that protect the public liability regime and cited article 1045 of the Civil Code. She noted that moral damage “… is what matters, since the way Dr. [Name 001] was treated during the investigation process was not appropriate, as well as the stigma produced by being under an investigation process that affects personal image, and my client desires to apply for the position of CCSS Medical Management, having to set aside her aspirations.” She cited case law referring to this topic and pointed out that this line of reasoning was compatible with her case, as she alleged having suffered damage to her personal image because her job level was lowered, not economically, but in terms of assigned tasks that she stated made her feel like less of a professional. Later, she referred to the abandonment suffered by the plaintiff from the UMN, because despite being affiliated with said union, they did not give her the support she requested. She subsequently defended the amount claimed for moral damage, pointing out that she provided indicia and evidentiary burden demonstrating the intensity of the moral impact resulting from a preliminary investigation that dragged on for approximately six months, “… to then, only in 2018, notify her of a transfer of charges for actions that were in accordance with the law.” She concluded by pointing out that she had been the subject of two procedures, one disciplinary within the CCSS and another at the MTSS, both without grounds, and of baseless workplace persecution that had injured her both on a subjective moral level and on a patrimonial level, and because the actions of the CCSS and the defendant unions have injured her in both spheres, she requested that the objective liability of the CCSS and the defendant unions and their duty to compensate be decreed. She considered that the fact that she was not invited to the workers' assemblies left her defenseless and constituted a clear violation of due process, with the UMN incurring joint and several liability for the damages caused.\nARGUMENTS OF THE DEFENDANTS.- The CCSS indicated that it never questioned the plaintiff's conduct but proceeded in accordance with the legal system in the face of the complaint filed, which contained a very significant number of allegedly unlawful behaviors, as it involved seven unions representing a vast majority of the health area's employees. Faced with this situation, a preliminary investigation was conducted as established by the legal system, which concluded that there were no elements to open an administrative procedure. It pointed out that the plaintiff was obligated, by her status as an official and much more so as a manager, to tolerate the conduct of a preliminary investigation and emphasized that such an activity cannot be required to follow a process according to due process, as is required if the opening of a procedure is ordered. It requested a separate analysis of the CCSS's and the unions' actions, since complaints about the lack of union support do not concern it. It pointed out that no objective liability was ever accredited to its client and that none of the plaintiff's decisions were revoked but rather upheld. Regarding the damage, it asserted that the plaintiff's suffering is not consistent with the administrative action. It pointed out that no expert witnesses were heard in the hearing, and therefore it was not possible to demonstrate the existence of a causal link connecting the preliminary investigation conducted with the plaintiff's suffering. It further pointed out that there was no proof that the plaintiff had been sent on vacation, as the only witness who referred to this issue was Melissa Umaña, who indicated that the plaintiff told her she had been forced to take vacation, but there is no proof of this situation. It continued indicating that it was not proven that she had been summoned to the meeting on Monday, September 3, 2018, at the Management office, and that in its view, the person who told her she could not enter was a union representative, not institutional authorities. It disclaimed any type of responsibility regarding the organization of union activities, as it was not its purview, and requested that the lack of right claimed be accepted. The unions, in general, stated that in this matter there was an attempt to curtail one of their essential functions in defense of workers' rights by seeking to assign them responsibility for filing a complaint. The unions' activities of calling assemblies, exercising pressure mechanisms, and conveying their members' concerns were, according to them, protected not only by constitutional law but also by international commitments undertaken by the country, meaning the plaintiff's claim had no basis. They insisted that the unions' liability was not governed by the same rules as that of the CCSS, so an analysis of objective liability could not be made, but rather subjective liability, and that no elements were ever provided to demonstrate that the unions acted maliciously. In all their views, they exercised their representative obligations and the usual mechanisms to convey the complaints submitted. Additionally, they stated that no work-related damages or any impairment to the plaintiff's working conditions were demonstrated, and they noted that she never filed a complaint for workplace harassment against her subordinates or their union representatives. Regarding some aspects indicated by the plaintiff, the unions made the following references: the attendance of the press was usual in such activities (the assemblies) and it had not been proven that it was the unions who summoned the media, and the presence of the congresswoman had no relation to the claim and was an irrelevant issue. On the other hand, they indicated that it was clearly inappropriate for the plaintiff to participate in the assemblies called to discuss the problems generated by her decisions, as the assembly did not constitute an administrative procedure requiring her right of defense to be guaranteed, and that the SIPROCIMECA notice calling the meeting was nothing extraordinary, being the usual mechanism for calling meetings, and the plaintiff was never mentioned in it. They further indicated that in accordance with article 155 of the Labor Code, it is the employer, not the official, who decides on workers' vacation. They repeatedly pointed out that the plaintiff confused a preliminary investigation with a disciplinary administrative procedure in her complaint, as a transfer of charges was never made to the plaintiff, and that this confusion was malicious because she was very clear on how investigations worked, it being the mechanism she had used against officials who participated in the protest movements prior to the union assemblies, and they added that there was no proof that any procedure had been carried out before the Ministry of Labor. They pointed out the disproportionality of the economic claims and were emphatic in stating that the plaintiff, due to her status as a public official and even more so as Medical Director, could not disassociate herself from her obligations to be accountable for her actions, including tolerating reviews of her actions, such as the one that occurred through the preliminary investigation, a legal procedure in accordance with legality that even led to the plaintiff being exonerated from any responsibility, without the unions taking any further action, noting that even the witnesses provided by the plaintiff showed that the complaint filed was based on generalized discontent. Moreover, they criticized the testimony of Dr. Marcela Pemberton as being complacent and lacking the technical competence to reach the clinical conclusions she arrived at in her statement, as she was not a psychiatrist or psychologist and did not have the role of company physician. Regarding Melissa Umaña's testimony, they stated that she lacked clinical competence to know the causes of the plaintiff's sadness or distress, as she was a lawyer. Regarding the lack of support from the UMN, this union organization pointed out that they received several complaints from the plaintiff's subordinates and had to act to protect the interests of their members. It admitted the existence of official letter 145, addressed to the president of the UMN, where she requested representation for the following day, but criticized that there was no way to verify the digital signature in that document because it was not certified. Furthermore, it pointed out that the plaintiff was defended by the Directors' Union, so there was never a lack of defense, as along with the union, an official from the institution itself also accompanied her, according to witness Marcela Umaña's account. It stated that specific norms existed that exclude the possibility of providing advice or representation to an affiliate in management positions when another affiliate files complaints against the person holding the employer position.\nPURPOSE OF THE PROCESS.- In this matter, the plaintiff claims that the CCSS and the defendant unions be jointly and severally ordered to pay ¢60,000,000.00 for subjective moral damage and ¢7,188,000.00 for material damage, corresponding to fees and medical appointment expenses, as well as legal interest from the finality of this judgment until its effective payment and the costs of the process. Before entering into the merits of the claim, analysis of the pleaded statute of limitations is indispensable, as it was deferred to the merits phase at the preliminary hearing. Once that stage is overcome, it must be determined whether it is possible to speak of joint and several liability for the co-defendants, to then analyze the CCSS's liability on one hand, and the unions' on the other. Please note that this matter does not discuss the plaintiff's actions regarding strike movements or any similar activity, but solely whether it is possible to derive liability from the CCSS or the unions based on the actions that gave rise to the preliminary investigation and its conclusion. Furthermore, let it be clear that this matter is a pure and simple civil financial lawsuit, as the declaration of nullity of any of the CCSS's conducts has not been requested. Nor is there any claim that implicitly seeks, in any way, the nullity of any of the defendant entity's conducts.\n   GENERAL ASPECTS OF THE STATUTE OF LIMITATIONS.- The Contentious Administrative Procedure Code -CPCA- regulates the temporality of the exercise of the right of action, considering whether the claims refer to aspects linked to financial matters or matters regulated by Private Law -civil financial matter- or if, on the contrary, they seek the declaration of validity or invalidity of a specific expression of the administrative function -strictly contentious matter derived from article 49 of the Political Constitution and numerals 1 and 36 of the CPCA, save for the exceptions established in the procedural law itself. Given this precision, different temporality channels are set, depending on the situation brought before the courts. Thus, since the right of action, originating from article 41 of the Constitution, is what allows for finding remedy and protection or declaration of a specific effect, there is no doubt that its exercise is subject to a time limit, and it is the CPCA itself that discriminates whether that right of action is subject to a statute of limitations and non-judicial right (caducity), or whether, conversely, given the financial nature of the claims deduced, it refers to situations that are regulated by the statute of limitations (prescription), save for the exceptions provided in the procedural law. Focusing on what are commonly known as civil financial processes like the one at hand, among which are the financial or compensatory claims of a pecuniary nature established against the Public Administration, the right invoked is not subject to caducity, but to a prescription regime. Precisely, numeral 41 of the same legal text points out that in such trials where claims of an indemnifying nature are discussed -not annulment claims- the maximum time limit to file the process shall be the same one established by the legal system as the prescription period of the respective substantive right being discussed. Thus, the distinction of that temporality factor for the exercise of the substantive right is derived from the simple reading of ordinances 39 of the CPCA -for annulment cases- and 41 of the CPCA -for civil financial cases-, except for legal exceptions, a thesis that the First Chamber of the Supreme Court of Justice has held in Vote number 654-F-S1-2008 at 10:45 a.m. on September 26, 2008, by stating: “(...) In different precedents, this body has considered that in a civil financial process, caducity of the action does not apply, but rather only the prescription of the substantive right, upon a party's pleading. (...).” This stance connects with numeral 851 of the Civil Code, in that the applicability of the statute of limitations depends not only on the holder's inertia in exercising a right and the time limit granted by the legal system for that exercise, but also on the exception to enforce the liberatory effect at the charge of the interested party, that is, of the holder of the right being claimed, which is consistent with what is stipulated in ordinance 66 subsection 1 subparagraph k) and 67, both norms of the CPCA. It should be added, that in those cases where the exception of prescription is formulated, as it is not an issue that can be addressed ex officio by the judge, and the concurrence of the other two assumptions -inertia and time- is proven, such defense is applicable in the interest of the principle of legal certainty. For its part, the fact that numeral 41 of the CPCA uses the linguistic formula “The maximum time limit to file the process…”, does not mean that what is regulated there is a case of caducity of the action, because as we have indicated, the action is the right to resort to a judicial process to formulate a specific complaint to deduce claims, and therefore, it is subject to caducity or prescription, depending on whether the substantive right that is included within the claims, that is to say, that it expires (caduca) in cases of annulment-type requests, or that it is subject to prescription, in cases of compensatory-type petitions, in accordance with what is regulated in the Procedural Code. Thus, if one is facing a right whose exercise is subject to a time limit, the complaint can be formulated as long as the right has not prescribed, understanding that for the prescription to take effect, such defense must be pleaded. If the right is time-barred, this implies denying the claims due to the untimely exercise of the same. It must even be added that even in cases where the action in such financial relationships is exercised after the legal prescription period has elapsed, if the defendant does not plead the expiration of the right for that reason, the judicial authority could not declare the statute of limitations ex officio. On this subject, the First Chamber has stated (res. number 01831–2022, at 2:42 p.m. on August 4, 2022):\n\n“VI. Now, with the purpose of analyzing the application of the principle of administrative prescription in this matter, it is of fundamental importance to bring up what has been pointed [sic] out by this Chamber: “Prescription has been defined by this Chamber from different angles, as the means to acquire a right (adverse possession) or to be released from compliance with an obligation by the passage of time. It is an extinctive means aimed at guaranteeing legal security and certainty, in the face of the disinterest of the holder of a subjective right or legitimate interest, who does not claim it in time. To clarify the scope of prescription, in judgment no. 59 of 9:15 a.m. on January 30, 2004, of this Chamber, it was ordered: “V.-...As a starting point, it must be kept in mind that its support lies in legal certainty, insofar as it seeks to eliminate situations of uncertainty generated by the non-use of the right by its holder over time.” This position has been ratified by recent Chamber rulings (Vote no. 730 of 10:15 a.m. on October 4, 2007). It is considered: “…a principle, a sanction or penalty against the holder of a right who, through negligence, creates a censurable situation of insecurity, as a result of which the legislator prohibits, unless the interested party waives it, the possibility of its late exercise. It has been said within the doctrine that the reason for prescription is found in a presumed tacit waiver of the right by its holder, who through their inactivity, reveals their intention not to claim what is due to them. This position has been objected to, rightly, by stating that prescription cannot be considered either as a penalty for negligent action or as a tacit waiver, because if that were true, the person harmed by it should be allowed to demonstrate the non-existence of punishable fault or the presumed intention of abandonment. Such criticism agrees with our legal system” (Vote no. 244 at 3:17 p.m. on March 28, 2001). Regarding its starting point, on previous occasions, this chamber has stated: “The phenomenon of civil liability is not simple but compound. For its existence, it requires conduct and damage, between which there is a causal relationship. It is frequent that the conduct and the damage arise simultaneously, but on other occasions, it usually happens that the damage occurs or becomes evident some time after the conduct occurred. What is more, on other occasions, part of the damage occurs immediately and another part some time later.” (Resolution no. 29 at 2:30 p.m. on May 14, 1993). In the same sense, consult the one at 4:10 p.m. on September 7, 2002, corresponding to Vote no. 606). Thus, we start from the general principle of law, (applicable not only in contentious administrative matters), that the time limit to file a claim for liability can begin, at the moment when the damage or generating event becomes known, or from when the victim is in a position to invoke their right to compensation. In another vein, it is opportune to recall that this time limit, in matters of state liability, in accordance with article 198 of the LGAP, in principle, is four years. (Vote no. 509 at 9:45 a.m. on July 20, 2007, of this deciding body).” (excerpt corresponding to vote no. 505-2010 of April 30, 2010).\n\nVII.- Regarding article 198 of the General Public Administration Law, this Chamber has stated: “The first paragraph of canon 198 of the LGAP establishes that “The right to claim compensation from the Administration shall prescribe in four years, from the event that motivates the liability” (the emphasis is added). It thus provides, expressly, a prescriptive time limit, and therefore one susceptible to interruption. In this same sense, consult the judgments of this Chamber, no. 1350-F-SI-2011 at 10:25 a.m. on October 25, 2011, and 654-F-SI-2008 at 10:45 a.m. on September 26, 2008. With respect to the start of that prescription period, this Chamber has indicated that while mandate 198 provides for its start from when the harmful event occurs, the truth is that such determination must be interpreted according to the particular circumstances of each case that were not expressly foreseen by law, taking into account that despite the occurrence of the harmful event, what is relevant is the moment from which the injured party has knowledge that the specific conduct is the producer of the unlawful injury, knowledge that must be analyzed from two planes, that is, certainty of the action itself and of the subject who carried it out. It has thus been sustained that the start of the time limit calculation is determined by two elements, the first, of an objective nature, which is the event and conduct that generates the injury. The second, subjective, relative to the victim, determined by knowledge of: 1) the result or damage, 2) the action causing the damage, and 3) to whom that conduct is attributed. In this line, in judgment no. 456-F-2007 at 2:30 p.m. on July 2, 2007, it was established that “to determine the start of the prescription period, two requirements are needed, one objective such as the event or conduct that motivates the damage, and another subjective constituted by the certainty in the subject who suffers it, that the former is the cause of their injury. These requirements do not always occur simultaneously, with the interpreter (sic) being responsible for its determination, which, under the constitutional principle of effective protection, can be none other than that moment when the harmful event becomes known.” (vote no. 8-2013 of January 17, 2013).”\n\nFrom the above, it is possible to extract that for purposes of analyzing whether or not the opposite defense is appropriate, it is indispensable to prove, on one hand, the time limit to apply (in case it is not the one in article 198 of the LGAP), second, the moment when the time limit calculation begins, which has an objective component and a subjective one, and third, whether or not there were reasons for interruption or suspension of that time limit. In that order, and based on the proven facts, a specific analysis will be made in the following section.\n\nSTATUTE OF LIMITATIONS IN THE SPECIFIC CASE.- Starting with the time limit to apply, ANPE, who raised the defense pending resolution, did not refer in detail to this point. It merely limited itself to indicating, by raising the defense, that the events occurred on August 24, 2018, and that the complaint had been filed on August 26, 2020. The defendant did not refer to any time limit in this case, as in its defense it limited itself to indicating that “… there is no prescription, therefore, the provisions of article 341 of the General Public Administration Law and article 39 of the Contentious Administrative Procedure Code for it to be declared are not met, given that the present process was filed in a timely manner as shown by the evidence provided.” Regarding the liability claim against a union, this Chamber understands that the rules of article 198 of the General Law are not applicable, but rather the ordinary rules of article 868 of the Civil Code, meaning a ten-year time limit would apply in this matter. Regarding the plaintiff's arguments, it suffices to indicate that the party seems to confuse prescription with caducity, as the norms she cites from the CPCA and the LGAP refer to the latter principle (in the case of the LGAP, to a different, homonymous principle, such as the caducity of the procedure) and not to prescription. Second, it is necessary to analyze the moment when the time limit calculation begins. ANPE indicated the start date as August 24, 2018, although there are later conducts also denounced by the plaintiff, which would generally extend until late March 2019. In any case, this date is not so relevant when considering that the complaint was notified to ANPE on April 7, 2021, meaning that regardless of whether August 24, 2018, or April 1, 2019, is taken as the starting date, there is no way to encompass the ten-year time limit required for this matter. In these terms, the statute of limitations defense must be rejected.\n   MERITS.- As stated in preceding sections, this matter claims liability for the conduct of both union organizations and the CCSS for a set of actions that occurred between August 2018 and May 2019. In a somewhat disorderly manner, the plaintiff narrates a set of actions by the unions in organizing and conducting several workers' assemblies, which she generally accuses of tarnishing her reputation and generating considerable stress with their pressures and requests, particularly to open a disciplinary procedure body against her and temporarily remove her from her position. She singles out the UMN because, in addition to the above description, it did not come to her defense when she requested it.\n\nOn the other hand, against the CCSS it appears that the claims are directed at the institution's alleged liability for having forced her to take vacation from August 30 to September 10, 2018, and for conducting a preliminary investigation that was not resolved until March 2019, when it could have summarily dismissed the complaint filed, sparing the plaintiff the anguish she claims to have suffered. The plaintiff's representation makes no separation whatsoever of these claims but rather seeks to impose joint and several liability on the defendants that encompasses all of them for these actions. Joint and several liability (solidaridad), in accordance with Article 637 of the Civil Code, means that for the debtors, in this case, the defendants, “...each of them is held, in their relations with the creditor, as the sole debtor of the entire obligation,” that is, the plaintiff could decide to collect solely from the CCSS for the liability of all or some of the unions and vice versa. Determining whether this claim by the party is legally possible is essential, given that the liability regime for public administrations, in accordance with the rules of Article 190 and following, is eminently objective in nature, while the regime of civil extracontractual liability (responsabilidad civil extracontractual), emanating from Article 1045 of the Civil Code, is subjective by nature; therefore, their analyses diverge significantly. That said, as provided in Article 638 of the Civil Code, “Joint and several liability among debtors only results from an express agreement, a provision in a will, or by law.” In this case, the party has not provided any argumentative element to justify this solidaridad, despite the fact that the application of said institution cannot be presumed, as already stated. In administrative matters, there is a rule of solidaridad for the Public Administration, set forth in Article 201 of the LGAP, which states that “The Administration shall be jointly and severally liable with its public servant to third parties for the damages the latter causes under the conditions set forth in this law.” We are clearly not facing this situation, and this Chamber finds no argumentative element that would allow it to conclude that there is an express legal norm, nor any evidence provided about the existence of an express agreement between the CCSS and the unions that would allow them to be linked in this manner within the framework of the liability being claimed. In this regard, this Court rejects the party's thesis that the co-defendants' liability is solidaria, which means that each one's participation must be analyzed separately.\n  Regarding the CCSS's liability, as already stated, since it is a public administration under the terms of Article 1 of the CPCA, its liability regime is objective. Within the framework of the Social Rule of Law, Article 11 of the Constitution establishes as a guiding criterion for public functioning the so-called principle of legality (principio de legalidad). This is a maxim that imposes the State's subjection to the Law, and by virtue of which, all public action must occur within the framework of juridicity, understood as the set of written and unwritten sources (according to the hierarchical scale of sources) that regulate that functioning. The reference to the State is made in its broad dimension (Article 1 of the General Law of Public Administration and Article 1 of the CPCA), that is, the set of units that make up the Executive, Legislative, and Judicial Branches, which includes constitutionally relevant bodies, as well as decentralized entities. From this perspective, Article 9 of the Political Constitution establishes the general clause of State liability (cláusula general de responsabilidad del Estado), a norm that constitutes a basic guarantee allowing a person who, as a consequence of an action or omission by a center of public power that has caused a harmful effect they are not legally obligated to bear, to demand reparation for that harmful effect. Likewise, it finds development and complement in the principle of legality (Article 11), equity in the distribution of public burdens (Articles 18 and 33), protection of legal situations and consolidated rights (Article 34), integral reparation of damage (Article 41), inviolability of private property (Article 45), effective judicial protection (Article 49), maxim of social solidarity (Article 74 of the Constitution), responsibility of the presidential office (Article 148 ibidem), responsibility of the Judicial Branch (Articles 154 and 166 ejusdem), and responsibility of autonomous institutions (Article 188). These norms constitute the bases of the referenced system, which requires economic reparation for patrimonial or extra-patrimonial injuries occurring as a derivation of public conduct or omissions that the victim is not obligated to bear. This topic has had greater development in the case of Public Administration liability, a subject regulated in Articles 190 through 213 of the General Law of Public Administration (hereinafter LGAP) and with extensive evolution in domestic case law. According to that regulation, the Administration is liable for its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning. It is worth noting that the legislator's reference is not simply to acts, but transcends to administrative functioning (Article 49 of the Political Constitution), a concept that reflects any form of manifestation of administrative will, whether formal or material, and that also encompasses dysfunction, that is, administrative omissions. Said liability is framed, therefore, within a preeminently objective regime, which bases its foundation on both the theory of damage and risk, as well as equilibrium in the patrimonial equation. Fundamentally, this seeks indemnification for whoever has experienced an injury attributable to the public organization as a center of authority that proves to be unlawful in its basis. This finalist criterion, in turn, produces a complete transformation in the central axis of the liability itself, for it abandons the analytical observation of the subject producing the damage and the qualification of their conduct, to place itself in the position of the victim, who, diminished in their legal situation, is exempted from proving any subjective parameter of the acting public agent (except as regards their personal liability). On the subject, see the extensive development carried out in Judgment No. 584 of 10:40 a.m. on August 11, 2005, by the First Chamber of the Supreme Court of Justice. From this standpoint, legislation imposes as criteria for imputation illicit or licit conduct, as well as normal or abnormal functioning. In the case of licit conduct and normal functioning, the Legal System establishes assumptions and requirements that determine its origin; among them, the damage must be special or abnormal, meaning it must fall upon a small proportion of affected persons, or, in the second case, must have exceptional intensity. In these hypotheses, liability only covers the damage (daño), but not the consequential damages (perjuicios) (Articles 194 and 195 of the LGAP). Meanwhile, in illicit conduct and abnormal functioning, liability is plenary. However, given these imputability criteria, it must be proven that the injury is a consequence of those actions or omissions, for the purpose of establishing the causal link (nexo causal) that allows attribution of liability to the center of public authority. In addition to that, in cases of abnormality and illicitness, the judge must undertake an examination of public functioning, in order to establish if indeed an action departing from legality has occurred, or rather, one that contradicts concepts of administrative efficiency. In such cases, it is decisive to clearly infer the existence of these criteria, because otherwise, the treatment and analysis of each case must be different, depending on the type of functioning to which the detriment is attributed. The fault of the victim, the act of a third party, and force majeure emerge as exonerating causes of such liability. But, in each debate, the judge must examine whether the liberating effect of such circumstances is total or only partial, in which case it may only produce a reducing effect on the liability of the administrative unit. Again, the concurrence of these aspects concerns the Administration. It is worth highlighting that this duty to indemnify is based, moreover, on the concept of underlying unlawfulness (antijuridicidad de base), translatable as the non-existence of a duty to bear the injury. Simply put, whenever an injury has been suffered as a consequence of public conduct, whether active or omissive, which the victim is not obligated to bear, the duty to indemnify arises as a derivation of the maxim of integral reparation of damage derived from Article 41 of the Political Constitution. Hence, within the coverage spectrum of this liability system, damages that may be caused by normal functioning or by licit conduct are included, because in such cases, despite the fact that, in principle, the public action conforms to legality or to the efficiency rules that guide it, if a harmful effect that the person has no duty to bear is produced, it must be indemnified. Of course, in these hypotheses, the damage must be special (inflicted upon a small proportion of affected persons) or abnormal (that is, exceptionally intense in scope, above normal tolerance margins), giving rise to the compensability of the damage (daño), but not of lost profit (lucro cesante), according to the rules provided in Articles 194 and 195 of the LGAP. With all that, it must be noted that not every damage is indemnifiable, but only that which the legal system considers unlawful in its basis. Indeed, only an injury that, when confronted with the entirety of the legal system, can be deemed unlawful in its basis is indemnifiable; to say otherwise would lead, in the words of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, to affirming compensation for a damaging action against a detriment that the Legal System does not reproach and that, on the contrary, tolerates and consents to as normal and justified, which would lead to the imminent bankruptcy of the State, which, in the national context, is directly or indirectly linked to a large number of areas of action. Put more simply, underlying unlawfulness exists whenever a legal mandate establishes the obligation to repair an injury contrary to law that the victim must not bear, apart from the imputation parameter. Despite the foregoing, it should be highlighted that only damage that is effective, assessable, and individualizable is indemnifiable. This means that, unless a legal norm provides otherwise, non-existent damages or mere expectations of profit are not subject to reparation. The injury must be proven in order to be repaired, an aspect that certainly must be demonstrated by the party claiming reparation. This is determined by Article 41.1 of the Civil Procedure Code and Articles 58(c) in relation to 82, both of the CPCA. Despite the breadth of the objective regime, it is incumbent upon the party claiming the damage to demonstrate the existence of effective, assessable, and individualizable damage, as well as to establish a causal link between that harmful effect and public action. On the other hand, it is decisive to establish that the damage can only be claimed by whoever has actually suffered it, that is, whoever is in the position of victim by having received the damage directly in their vital sphere. From this standpoint, only the victim or their representative is legitimized to claim the indemnification (see in the same sense the resolution of this Section number 00096-2021, of 1:28 p.m. on October 27, 2021). Now then, in the specific case, this Chamber must point out that the party does not clearly establish from which specific actions of the CCSS it seeks to derive the liability claimed, given that it does not even separate the liability of the entity from that of the unions, but rather handles everything jointly. From the analysis of the facts and the allegations made, the Court deduces that the party's questioning essentially concentrates on three major issues: the fact that the plaintiff was forced to take vacation, that she was not allowed to participate in meetings held at the institution, and that a preliminary investigation was ordered instead of summarily dismissing the complaint filed by the unions. Regarding the issue of forced vacation, this Court has held it proven, based on the documentary evidence provided, that the Regional Director of Central South Health Services of the CCSS notified the plaintiff of her decision for her to take vacation from August 30 to September 10, 2018, and according to the CCSS record, those vacation days were taken. During the hearing, none of the witnesses received could clearly state, first, whether the plaintiff had taken vacation during that period, second, whether it had been requested by her or had been ordered, and third, whether it had actually been taken in its entirety; however, the documentary evidence allows concluding without doubt that the plaintiff was on vacation during the indicated period and that said vacation was ordered by the Regional Director of Central South Health Services of the CCSS. Now then, since the nullity of this conduct, despite being susceptible to challenge in accordance with the rules of Article 36 of the CPCA, is not part of the subject matter of this proceeding, the Court cannot undertake to analyze its legality nor derive any liability from it on the part of the CCSS, for it would be its nonconformity with the legal system that would have as a consequence, as analyzed in previous lines, the need to repair the alleged damage caused to the plaintiff. On the other hand, although the party alleges liability without fault in its legal considerations of the complaint, in this case, it is impossible to make any assessment on this aspect, because the party's thesis on this issue is that she should not have been sent on mandatory vacation to respond to union pressure, which clearly implies that the supposed liability of the institution would derive from an illegality in its actions, which should have been requested in the complaint. In these terms, it is not possible to uphold the complaint on this point. Regarding the other two actions, that is, that she was not allowed to participate in meetings held at the institution and that a preliminary investigation was ordered instead of summarily dismissing the unions' motions, this Chamber agrees with the defendants when they expressed that the actions deployed by the CCSS in this matter, regarding the conducting of a preliminary investigation (investigación preliminar), do not contain any action from which the plaintiff can derive any indemnification. From the study of the preliminary investigation file, it can be deduced that based on the complaints filed by the unions starting with official communication UNM-359-2018, of August 24, 2018, expanded in a joint communication of September 4 of the same year, as well as the one filed by the SISSS on September 3, the institutional authorities constituted a preliminary investigation body at the end of October 2018, which carried out an extensive inquiry process where they even interviewed the plaintiff. This process led to the presentation of an extensive report where the unions' questioning was addressed one by one, concluding that there was no basis to consider illegalities in the plaintiff's actions and that the union disagreements were more linked to the plaintiff's managerial style and not to actions that constituted illegal practices. This recommendation was accepted by the Regional Director of Central South Health Services in resolution number DRSSCS-DM-AL-076-2019 of March 25, 2019, which ordered the closing of the case. The plaintiff seems unaware of the very nature of the preliminary investigation. She attempts to attribute a perverse purpose to it when, in reality, its objective is rather to determine whether or not there is merit to proceed with an ordinary procedure, something that did not happen in this case. It is worth noting in this regard that this Section indicated, in resolution number 033-2020-VII, of 3:45 p.m. on March 30, 2020, citing the resolution of this same Section, number 008-2020-VII of 10:30 a.m. on January 31, 2020:\n\n“… Regarding the actual and effective knowledge of the facts, it is possible to consider two different scenarios: one in which there are circumstances where the facts to be investigated are notorious, that is, they reveal themselves spontaneously to the knowledge of the hierarchical superior without great complexity for their apprehension or understanding, in which case they do not merit further deepening, so they must adopt the decision to initiate the procedure based on such knowledge and before the aforementioned expiration period runs, in such a way that if they do not do so, the employer may lose the possibility of initiating a procedure to pursue the action reproached to its official, even before initiating the procedure; the other hypothesis is that the facts to be investigated are not notorious or simply are not known to the management, in which case, the period of extinction for the exercise of the employer’s power will begin to run, once that management has formal knowledge of them, either because they find out after they occurred (in principle, the elapsed time does not matter, since they were not aware of them), or it may happen that even knowing them at the moment of their occurrence, they are of such complexity that conducting a preliminary investigation is required to determine, initially and with some reasonable degree of certainty, the occurrence of the conduct that could eventually be sanctionable in a disciplinary venue, in which case they must order its processing before the corresponding statute of limitations (which is not a peremptory expiration) concludes (in this regard, see opinions 40-1988 of the Second Chamber of the Supreme Court of Justice, reiterated in Opinions 120-1995 and 149-2001, also of the Second Chamber). From that point of view, the administration, or more properly the official or body competent to sanction, must consider and assess whether it is opportune and even necessary to order the opening of an administrative procedure, in order to determine, through the guarantees offered by the ordinary administrative procedure, the real truth (articulo 214 of the General Law of Public Administration) of the facts that are attributed, and it will be in that procedural stage (and not during the preliminary investigation) in which the evidence, both documentary and testimonial and other options offered by the legal system, will be known, processed, and evaluated, and the involved officials will have the opportunity to broadly and without any restriction exercise their right of defense, inherent to the due process that assists every person. It must be highlighted that, although in disciplinary matters the principles of relative attribution or relative congruence govern, this is not a call for arbitrariness. In this sense, the Constitutional Chamber has clearly distinguished between the preliminary investigation and the administrative procedure proper, thus: ‘This Constitutional Court has repeatedly provided that it is valid for the Public Administration to conduct a preliminary investigation in administrative procedures and has indicated that a correct understanding of the character and foundations of due process admits that, prior to the opening of an administrative procedure, it may sometimes be essential to carry out a series of preliminary inquiries. Thus, the Administration—prior to the opening of the administrative file—could require the carrying out of a prior investigation, through which it may not only individualize the possible person responsible for the fault being investigated, but also determine the need to continue with the formalities of the procedure if merit is found for it.’ (Opinion number 04420-2003 of nine hours and twenty-one minutes on May twenty-three, two thousand three). It also stated: ‘(…) The Administration, in complex cases, does not distinguish against whom the procedure should be directed; it can and must open a prior investigation in order to identify the possible or presumed responsible parties, and then open the respective process against them. In this prior investigation stage, it is not necessary to notify the interested parties, because no liability is being attributed. The possibility of the prior investigation process has been admitted by the Chamber in reiterated case law for many years. In Judgment No. 676-97 (preceded, among others, by Judgments No. 7259-94, No. 598-95, and No. 5796-96), the Chamber stated: “A correct understanding of the character and foundations of due process requires admitting—as the Chamber has also done—that, prior to the opening or continuation of a formal proceeding, it can sometimes be useful or necessary to carry out a series of preliminary inquiries.” In the case of the administrative procedure (sic), this preliminary investigation aims to individualize the possible responsible parties for the irregularities and recommend whether a process should be opened against them, of what type and with what purpose; no objection is seen in that, during the preliminary stage, documents are collected or reports are prepared, in order to identify the parties of the future process or to prepare the arguments against them, subsequently subjecting the result of that work to the administrative procedure as part of the evidence, which the interested parties may then examine and assess.’ (Opinion number 10824-2003 of ten hours thirty minutes on September twenty-six, two thousand three). In this way, when the administration learns through any means (complaint, audit report, etc.) of a fact that may give rise to liability of a public servant, it must be kept in mind that prior to ordering the initiation of a formal procedure, in some cases, it will be necessary to carry out a preliminary and informal inquiry or investigation, concerning the verisimilitude of the fact and concerning who may be responsible for it, if deemed necessary, given that there is insufficient clarity regarding the details and circumstances of its occurrence. This may be done by any official, administrative body, or even the already designated directing body and it will not be necessary in all cases, but only in those where there is insufficient clarity about the commission of the potentially sanctionable actions…”.\n\nAs can be deduced from the transcribed text, the preliminary investigation allows determining the merit of opening a procedure in the face of allegations of faults that are not evident. In the specific case, this Court does not verify how the conducting of this investigation harms the plaintiff's legal situation, when she was exonerated from the complaints made. Given the multiplicity of charges attributed and the volume of documentation and interviews conducted, it seems reasonable to this Chamber that the report was presented in four months. On the other hand, it is clear that the party could not demand the guarantees of due process during the preliminary investigation, as established by constitutional case law on this matter. Thus, for example, the Constitutional Chamber has referred, among many others, in resolution 2001-11537, of 2:54 p.m. on November 7, 2001, which indicated:\n\n“… the case law of this Chamber has been reiterated stating that it is legitimate and reasonable for the Administration, in cases where it considers the possibility of opening an administrative file, to previously carry out a preliminary investigation in which it may or may not have the investigated person as a party and which could subsequently serve to determine whether there is merit or not to initiate a process aimed at ascertaining the real truth of the facts under investigation. Likewise, administrative authorities have been warned that, if an administrative process previously investigated is subsequently initiated, the evidentiary means that gave basis to the proceeding in question must be examined with the necessary intervention of the interested party so that they can express their opinion on the admissibility or not of such means, and even, in the case of testimonial evidence, have the possibility to cross-examine the witnesses' statements or refute their affirmations, thus guaranteeing due process and the right of defense, which must be exercised by both parties of the administrative procedure”.\n\nThe essential argument of the party is that the decision to open the preliminary investigation is unfounded, because there was sufficient information supporting the plaintiff's management to summarily dismiss those motions. This Chamber cannot uphold such an argument, for, leaving aside its arrogance, what is asserted contradicts the basic rules of probity and accountability to which all public officials are subject. The plaintiff cannot pretend, by her mere word, that a labor movement of significant proportions that caused instability in the health services under her charge be ignored. A decision such as the one the plaintiff claims would have been unmotivated, hasty, and clearly illegal. The administrative will must be configured based on the proof of elements of fact and law that allow establishing that the content of what is decided aligns with the purpose pursued by the legal system, which in this case would be to guarantee the good administration of health services. That the plaintiff was exonerated as a result of the preliminary investigation only confirms its necessity. This Chamber agrees with the defendants' view that accountability is inherent to public function, derived from the need for transparency, obligations that are reinforced for those who hold management positions. There is no evidence in the record that the institutional actions were abnormal, excessive, or constituted in any measure an act of persecution, much less when the final report fully supported her actions. This being the case, this Court does not consider that the CCSS's actions, ranging from the decision to conduct a preliminary investigation to its conclusion, have an underlying unlawfulness warranting any indemnification. As previously indicated, subjection to control mechanisms and accountability is proper to any public official, even more so one with a management position; therefore, the plaintiff cannot claim that the investigation conducted has caused a damage meeting the parameters of Article 194 of the LGAP. This makes it unnecessary to analyze the supposed damages caused, as there is no conduct that can be reproached. In these terms, the defense of lack of right raised by the CCSS must be accepted, and consequently, the indemnification claims directed against it must be rejected.\n\n  As for the unions, as previously indicated, the applicable liability regime is that of Civil Law. To that extent, it is deemed necessary to bring up some relevant aspects in relation to the compensatory liability regime of subjects of private law, also known as civil extracontractual liability (responsabilidad civil extracontractual), which derives from Article 41 of our Political Constitution, which states, in what is relevant: \"Resorting to the Laws, everyone must find reparation for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests\". This system of indemnification liability differs from the aforementioned objective state regime, insofar as it is a subjective liability system, also called \"fault-based\". This means that, in order to determine the liability of the subject causing damage, one must resort to establishing the existence of conduct—by action or omission—generated by the supposed responsible party through the volitional action of fault (culpa) and/or malice (dolo). Under the first of these concepts we have those actions carried out with negligence (lack of care, attention, and agility), imprudence (lack of caution or moderation), or lack of skill (without knowledge or ability in relation to a science or art), on the part of the subject generating the damage. Likewise, by dolo, extrapolating this concept from public sanctioning law, we have the conscious intention of the subject to cause damage, or rather, the clear and defined intention on the part of a subject to cause damage to another. To that extent, the subjective or volitional element proves to be core to determining the applicability of the liability regime typical of the civil law sphere, also called civil liability.\n\nIt is synonymously called \"non-contractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual),\" insofar as the underlying legal relationship arises between two subjects who were not previously linked by a business or contractual legal relationship, coming into legal existence upon the commission of the harmful act, which, in turn, will generate a link between the subjects involved—the subject causing harm and the victim—with evident legal and patrimonial effects. As within the sphere of public-law liability, it is necessary to prove, through suitable evidentiary material, the existence of the causal link between the subject's conduct—active or passive—and the damage inflicted, namely, that the damage suffered is a direct consequence of the subject's conduct. Delving into this remedial legal institute of civil law, it must be noted that the following will operate as exemptions from the subject's liability: force majeure (fuerza mayor) (an unavoidable and unforeseeable event carried out by nature), fortuitous event (caso fortuito) (an unavoidable but foreseeable event derived from human activity), the fault of the victim, and the act of a third party (understanding these latter as exemptions from liability under the meanings indicated in the preceding recitals); all aspects which, should they occur, will break the causal link (nexo de ocasionalidad causal) that must exist between the damage inflicted and the conduct generating it, extinguishing the duty to compensate the injury suffered, since once they appear in the specific case, the valid existence of the remedial obligation is extinguished by them. This non-contractual compensatory regime finds its legal basis in Articles 1045 and 1048 of the current Civil Code (Código Civil), which read, literally:\n\n\"ARTICLE 1045.- Anyone who, through deceit (dolo), fault, negligence, or imprudence, causes harm to another, is obliged to repair it along with the consequential damages (perjuicios).\n\nARTICLE 1048.- The Heads of Schools or colleges are liable for the damages caused by their pupils under fifteen years of age, while they are under their care. Masters are also liable for the damages caused by their servants under fifteen years of age. The liability of said persons shall cease if they prove that they could not have prevented the act from which their liability originates, not even with common or ordinary care and vigilance. A person who entrusts another with the performance of one or many acts is obliged to choose a person suitable to execute them and to supervise the execution within the limits of the diligence of a good father of a family, and if he neglects those duties, he shall be jointly and severally liable for the consequential damages that his agent causes to a third party through an action violating another's right, committed with bad intention or by negligence in the performance of his functions, unless that action could not have been avoided despite all due diligence in supervision. However, a person who operates a mine, factory, electricity establishment or any other industrial establishment, or the contractor of a construction; and if there is none, its owner, may not excuse their liability with those exceptions, when their agent, or representative or person in charge of directing or supervising the operation or construction, or when one of their workers causes, through their fault in the functions in which they are employed, the death or injury of an individual, for it shall then be their obligation to pay the reparation of the harm. And if a person dies or is injured by a motive machine, or a vehicle of a railroad, tramway or other analogous means of transport, the operating company or person is obliged to repair the harm resulting therefrom, if it does not prove that the accident was caused by force majeure (fuerza mayor) or by the own fault of the person killed or injured. In all these cases, when the deceased person was obliged at the time of their death to a legal support payment (prestación alimentaria), the support creditor may claim compensation, if the debtor's death causes them to lose that pension. By way of compensation, a support annuity shall be established equivalent to that owed by the deceased, and which shall be fixed, modified or extinguished in accordance with the provisions regulating support obligations, but in no case shall the greater or lesser resources of the persons or companies obliged to the compensation be taken into account for that purpose. Payment of the annuity shall be duly guaranteed. If the Judge prefers, the amount of compensation shall be fixed definitively and paid at once; and to determine it, an effort shall be made that the figure fixed corresponds, as far as foresight reaches, to the result that the annuity system would produce in the long run. (Thus reformed by Ley Nº 14 of 6 June 1902).\"\n\nNow, regarding the damage to be repaired, it must be noted that not just any damage gives rise to the obligation to compensate—principles that also apply to the field of administrative law. For reparation to proceed, a series of characterizations regarding the harmful consequence must converge, namely: A) It must be a certain damage (daño cierto); real and effective and not merely eventual or hypothetical, nor can it be based on supposed or conjectural realizations. The damage does not lose this characteristic if its quantification proves uncertain, indeterminate, or difficult to assess or prove; nor should certainty be confused with presentness, for reparation of certain but future damage is admissible; likewise, future damage must not be confused with lost profits (lucro cesante) or consequential damage, as the former refers to that which arises as a necessary consequence derived from the causal or damage-generating event, i.e., its repercussions are not projected at the time the proceeding is initiated. Regarding the magnitude or amount (seriousness) of the damage, this constitutes a matter of solely subjective concern to the injured party, however, the law cannot concern itself with claims based on insignificant damages, arising from excessive susceptibility. Likewise, there must be an injury to a legally relevant interest deserving of protection. And, finally, there must be a causal relationship between the event and the damage, as indicated in the preceding lines. As in the compensatory sphere of public law, in civil law there are various classes of damages, namely, in the first place, material damage (daño material) and bodily harm (daño corporal), the former being that which affects the things or material goods that comprise a person's patrimony, while the latter impacts bodily and physical integrity. As well as moral damage (daño moral), both subjective and objective, it being that in relation to subjective damage, it is not a requirement to provide direct proof, as this is inferred from the unlawful generating event and in which case, it is assessable in re ipsa; but on the other hand, regarding objective moral damage, consisting of that affliction which begins as subjective moral harm but will impact the sphere of patrimonial assets of the injured subject, the same does require being proven through suitable evidentiary material for it (see in the same sense the resolution of this section, number 00057-2022-VII, of 14:30 hours on 21 June 2022). In the specific case, the plaintiff criticized the actions of the unions, particularly the complaints made, since in her view their pressure actions affected her image on one hand, by virtue of slanderous communications and unfounded complaints, and on the other hand, generated a situation of stress and anguish due to the labor situation created against her. There is in the allegations or arguments of the party no specific analysis of how the unions' actions fall within a liability structure with fault (culpa). Nor is there evidence in the case file that deceit (dolo) or gross fault (culpa grave) mediated in the actions of the union representatives. At no time has negligence, imprudence, or lack of skill been mentioned, nor has a premeditated intention to harm the plaintiff's personal situation been proven in the case file. The evidence provided and taken allows it to be proven that at least two workers' assemblies were held, on 24 and 29 August 2018. Furthermore, it is considered proven that the agreements reached in those sessions are clearly aimed at channeling the officials' discontent regarding the plaintiff's management practices through her removal as medical director of the Area, through an administrative procedure that would investigate the alleged irregularities committed by the plaintiff against the workers and her immediate precautionary removal. There is no uniformity in the testimonies received regarding how the assembly was conducted, whether it was violent or peaceful, as there are witnesses who indicated that there was much tranquility and others expressed that it became violent, which even led some to withdraw from it (Dr. Pemberton). What is consistent in the testimonies is that participation was considerable and that the workers' discontent was significant. Faced with these facts, the Tribunal must make two clarifications: first, there are no elements that allow it to be proven that the hostile work environment was generated by the unions and, second, that the damages allegedly suffered by the plaintiff are a consequence of the actions of the union representatives and not of the officials in a personal capacity, being within a sphere of subjective liability. As to the first of the indicated topics, it seems that the plaintiff attempts to blame the unions for the hostile work environment in the area, as if the discontent manifested by the officials and therefore the tensions experienced daily in the plaintiff's relationship with her subordinates were their fault. Quite to the contrary, the evidentiary elements collected and even the final report of the preliminary investigation itself allow the conclusion that it was the plaintiff's management style that generated that environment. Regardless of the legality or otherwise of her actions, which is not the object of the proceeding, it is clear that the officials' expressions of disagreement stem from a set of disciplinary and control actions by the plaintiff, comments, and conducts that led them to turn to their union leaders, who, in exercise of their legal and statutory powers, channeled those concerns through the mechanisms afforded to them by the legal system. Thus, the unions' actions, far from being the origin of the discontent and the hostile environment of which the plaintiff complains, are an initiative to attempt to find a solution to that problem. Any management that intends to fulfill its legal obligations must be prepared to face this type of opposition, which within the framework of collective bargaining entails a confrontation between the Administration (headed by the plaintiff and her superiors) and the subordinate staff. There is no abnormal expression within the evidentiary elements provided, nor anything outside the usual parameters of collective bargaining, that in any way demonstrates an abuse of the legal powers conferred on the union groups, nor were there subsequent, more significant actions to challenge the decision taken by the plaintiff's superiors archiving the investigation conducted. Now, regarding the second clarification, it must be clear that we are not in a regime of strict liability (responsabilidad objetiva) nor of joint and several liability (solidaridad) between the unions and their members. It was the plaintiff's obligation to establish through her arguments and the evidence she provided which specific actions and in what manner caused the plaintiff the damages she claims. From the moment the plaintiff's representation attempts to have a joint and several condemnation established between the unions and the CCSS, it is clear that she did not consider it necessary to make a specific and detailed indication, as stated, of which conducts of the union representatives caused her the claimed moral harm. It is possible that there were manifestations by specific persons, comments made in the Health Area facilities of which the plaintiff was a witness or of which she learned through third parties, that may have affected her emotionally, causing her anguish and other afflictions, but from there to concluding that those individual expressions are the responsibility of the unions is an argumentative leap that has no support whatsoever. Lastly, the conducts of the union representatives that are proven, basically the organization of assemblies, participation in meetings, and filing of complaints, fall within the usual conducts of channeling the discontent of their members, with the aim of finding a solution to their demands, whether justified or not. Regarding these, no element of proof was presented that, as indicated before, proves that they were exercised with a clear intent to personally harm the plaintiff, for one must separate between the plaintiff as an official and the plaintiff as a person. The unions' actions aimed at her removal are linked to her condition as a director official, and in those terms it is not possible to derive any liability from them. Such being the case, the defense of lack of right (falta de derecho) raised by all the union groups that appeared in the proceeding must be granted, and granted ex officio regarding SINTAF, declared in default in this matter, and the lawsuit filed by the plaintiff against all the defendant union groups must be declared without merit in all its aspects. Finally, the alleged liability of the UMN for not defending the plaintiff during this process deserves a separate mention. It is proven that the plaintiff requested legal representation from the UMN in official communication dated 23 August 2018, and there is no proof that they answered her, positively or negatively. Faced with this omission to respond, at least based on the proven evidentiary elements, three relevant elements must be considered: 1. There are express internal norms of the UMN that excluded the plaintiff from being represented by that union. Article 11 of the Integrated Regulation for the Enjoyment of Legal Advisory, Sponsorship, and Defense Services for Members of the Unión Médica Nacional Union (Reglamento Integrado para el Disfrute de los Servicios Legales de Asesoría, Patrocinio y Defensa para Afiliados al Sindicato Unión Médica Nacional), in force at the time these events occurred, states that those excluded from the UMN's legal advisory services are \"When acts of workplace persecution are attributed to a physician, when the person filing the complaint is a member.\" This case perfectly fits that exclusion, given that the plaintiff was reported by other union members for practices considered by union leaders as workplace persecution. 2. The plaintiff had support from the Sindicato de Directores union since before requesting support from the UMN. As established in the proven facts of the case, the plaintiff herself acknowledges that since before 21 August she had union representatives. The witness evidence, particularly from Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, allows the conclusion that it was ACODIMED that had provided legal advice to the plaintiff since before she requested advice from the UMN. 3. Throughout this entire process, the plaintiff had institutional legal counsel. The hearing statement by official Melissa Umaña Rojas allowed it to be proven that throughout this entire process the plaintiff had institutional legal counsel, with the consent of attorney Umaña Rojas's superior, who even indicated that she accompanied her to the meeting of 3 September 2018 and maintained daily telephone communication with the plaintiff. These three evidentiary elements allow this Chamber to conclude that, while it is true there is no formal record of a response from the UMN as to why it could not defend the plaintiff, this circumstance at no time caused her defenselessness (indefensión), so it is not understood how that lack of response could have caused the damage alleged, whereby the causal link between the UMN's conduct and the alleged damages is nonexistent. It is clear that the party was able to defend herself throughout the process and obtain a favorable result at the end of the preliminary investigation, thus the omission of a response is not considered an efficient cause of the damage alleged. In those terms, the UMN's defense of lack of right (falta de derecho) must also be granted and the lawsuit rejected in all its aspects. Such being the case, the granting of the lack of right entails the rejection of the payment of compensation for material damage and moral damage claimed, as well as their interest, being an accessory element.\n\n   EXCEPTIONS.- The defenses of lack of competence, improper joinder of the litis, and expiration were rejected in interlocutory form. The defense of statute of limitations (prescripción) raised by ANPE has been rejected in this resolution. As to the lack of passive and active standing (falta de legitimación pasiva y activa), raised by SIPROCIMECA, UMN, and UNDECA, they are rejected insofar as the plaintiff is the one alleging to have suffered the damages she claims, therefore, being the holder of the supposedly affected rights, she is clearly the one called to claim them in court and the defendant unions were those that participated in the activities from which the plaintiff sought to derive compensation. As to the lack of right (falta de derecho), for the reasons previously stated, the defenses raised by all the defendants who appeared in the proceeding are granted and ex officio—being a substantive prerequisite of the action whose review corresponds to the jurisdictional body—the lack of right is declared regarding the defaulting defendant, SINTAF.\n\nCOSTS.- According to regulation in Article 193 of the Contentious Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), personal and procedural costs (costas personales y procesales) constitute a burden imposed on the losing party by the fact of being so and their waiver only proceeds when there is, in the Tribunal's judgment, sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the case under study, we consider that there is no reason to vary the general rule imposed in the norm. In those terms, the plaintiff is ordered to pay both costs in favor of the defendants who appeared in the proceeding and the plaintiff is exonerated from their payment regarding the defaulting party, given that it incurred no expense in attending this proceeding.\n\nTHEREFORE\n\nThe defense of statute of limitations (prescripción) raised by ANPE is rejected, as well as the exceptions of lack of passive and active standing (falta de legitimación pasiva y activa), raised by SIPROCIMECA, UMN, and UNDECA. The defense of lack of right (falta de derecho) raised by CCSS, SISSS, UNDECA, SIPROCIMECA, UMN, and ANPE is granted. Ex officio, the lack of right is declared regarding SINTAF. Consequently, the lawsuit filed by [Nombre 001] against the CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, the SINDICATO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL (SISSS), the UNIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA), the SINDICATO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS DE LA CCSS E INSTITUCIONES AFINES (SIPROCIMECA), the UNIÓN MÉDICA NACIONAL (UMN), the ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA (ANPE), and the SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE FARMACIA DE LA CCSS (SINTAF) is declared WITHOUT MERIT in all its aspects. The plaintiff is ordered to pay both costs in favor of the defendants who appeared in the proceeding, and the plaintiff is exonerated from their payment regarding the defaulting party. José Martín Conejo Cantillo. Francisco Hidalgo Rueda. Gustavo Irías Obando. Judges.-\n\n \n \n \n- Código Verificador -\n\nCNIJKBPU47YO61\n\n \nDocument signed by:\n\nJOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, JUDGE DECISION-MAKER\nFRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, JUDGE DECISION-MAKER\nGUSTAVO IRIAS OBANDO, JUDGE DECISION-MAKER\n\nEXP: 20-003962-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:22:33.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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