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  "citation": "Res. 00737-2025 Tribunal de Apelación de Trabajo de San José",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Improcedente pago de diferencias salariales al no cumplir requisitos del puesto superior",
  "title_en": "Salary differences denied for failing to meet higher position requirements",
  "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Trabajo de San José confirma la sentencia de primera instancia que declaró sin lugar la demanda de Laura Aguilar Soto contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La actora reclamaba diferencias salariales por haber ejercido funciones de Directora de la Unidad de Contratos entre febrero de 2013 y enero de 2015, sin que se le reconociera el salario correspondiente. El Tribunal concluye que, aunque la demandante es licenciada en Derecho, no acreditó el requisito de experiencia en procesos de construcción y supervisión de labores relacionadas con el puesto, exigido por el Manual de Puestos del AyA. Aplica el principio constitucional de idoneidad comprobada (artículo 192 de la Constitución Política) y el principio de legalidad, según los cuales no procede el pago de salarios correspondientes a un cargo cuyos requisitos no se cumplen, aunque se hayan desempeñado las funciones. La jurisprudencia de la Sala Segunda y de la Sala Constitucional respalda que el empleo público exige el cumplimiento de los perfiles establecidos para cada puesto, en garantía de eficiencia y legalidad presupuestaria.",
  "summary_en": "The Labor Appeals Tribunal of San José affirms the lower court's dismissal of Laura Aguilar Soto's claim against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA). The plaintiff sought salary differences for performing duties as Director of the Contracts Unit from February 2013 to January 2015 without receiving the corresponding pay. The Tribunal holds that, although the plaintiff holds a law degree, she failed to prove the required experience in construction processes and supervision related to the position, as mandated by the AyA's Job Manual. The ruling applies the constitutional principle of proven suitability (Article 192 of the Constitution) and the legality principle: public funds cannot be used to pay salaries for a position whose requirements are not met, even if the duties were performed. Precedents from the Second Chamber and the Constitutional Chamber confirm that public employment demands compliance with established job profiles to ensure efficiency and budgetary legality.",
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    "Manual de Puestos",
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  "excerpt_es": "Establecido lo anterior, si se constata que, a una persona funcionaria se le asigna la realización de labores propias de un puesto de mayor jerarquía respecto del cual se encuentra nombrada, tiene derecho a recibir el salario que corresponde al cargo ejercido, mientras permanezca en esa situación, siempre y cuando cumpla los requisitos del cargo. (...) La idoneidad comprobada significa que los servidores deben reunir las condiciones y características que los faculten para desempeñarse en forma eficiente en el trabajo, es decir, reunir los méritos necesarios que el cargo demande. De esta manera, como en la Administración Pública rige el principio de idoneidad comprobada, no es factible que a una persona se le cancele con fondos públicos el salario correspondiente a una plaza para la que no reúne los requisitos.",
  "excerpt_en": "Having established the above, if it is verified that a public employee is assigned to perform duties of a higher-ranking position than the one to which they were appointed, they are entitled to receive the salary corresponding to the position actually held, for as long as they remain in that situation, provided they meet the requirements of the position. (...) Proven suitability means that public servants must possess the conditions and characteristics that enable them to perform efficiently at work, i.e., to have the necessary merits demanded by the position. Thus, since the principle of proven suitability governs Public Administration, it is not feasible to pay a person with public funds the salary corresponding to a post for which they do not meet the requirements.",
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    "summary_en": "The Tribunal denies the appeal and affirms the lower court's dismissal of the salary-difference claim, as the plaintiff did not meet the position's suitability requirements.",
    "summary_es": "El Tribunal rechaza el recurso de apelación y confirma la sentencia que declaró sin lugar la demanda de diferencias salariales, por no cumplir la actora los requisitos de idoneidad del cargo."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación de Trabajo de San José\n\nResolución Nº 00737 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 12 de Junio del 2025 a las 10:33\n\nExpediente: 17-000743-0166-LA\n\nRedactado por: Juan Carlos Segura Solís\n\nClase de asunto: Ordinario Sector Público Empleo Público\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Salario\nSubtemas:\nImprocedente pago de diferencias salariales en caso donde se realizó funciones de un puesto superior sin cumplir con requisitos.\nTemas (descriptores): Persona empleada pública\nSubtemas:\nImprocedente pago de diferencias salariales en caso donde se realizó funciones de un puesto superior sin cumplir con requisitos.\nTemas (descriptores): Empleo público\nSubtemas:\nImprocedente pago de diferencias salariales en caso donde se realizó funciones de un puesto superior sin cumplir con requisitos.\nTemas (descriptores): Principio de idoneidad del servidor público\nSubtemas:\nImprocedente pago de diferencias salariales en caso donde se realizó funciones de un puesto superior sin cumplir con requisitos.\nTemas (descriptores): Diferencias salariales\nSubtemas:\nImprocedente pago de diferencias salariales en caso donde se realizó funciones de un puesto superior sin cumplir con requisitos.\nSentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n17-000743-0166-LA - 9\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nOR.S.PUB. EMPLEO PUBLICO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nLAURA PATRICIA AGUILAR SOTO\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nINSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)\n\n \n\nRESOLUCIÓN Nº  N° 2025000737\n\n TRIBUNAL DE APELACIÓN DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. SECCIÓN PRIMERA.- A las  diez horas treinta y tres minutos del doce de junio de dos mil veinticinco.-\n\n PREÁMBULO.-\n\nProceso ORDINARIO LABORAL establecido por LAURA AGUILAR SOTO, mayor, soltera, abogada, cédula 1-1069-0845 contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Interviene el Licenciado José Fabio Ramírez Carranza en calidad de apoderado especial judicial de la parte actora y la Licenciada Jenny Patricia Vidal Piedra como apoderada especial judicial del Instituto demandado.\n\nPARTE CONSIDERATIVA.-\n\nRedacta el Juez SEGURA SOLÍS, Y;\n\nI.- DEMANDA Y PRETENSIONES DEDUCIDAS.-  1. Mediante escrito presentado en fecha 12 de junio de 2017 la accionante solicitase le otorgue en sentencia: 1. Diferencias salariales por todo el plazo de su nombramiento en el AYA, de febrero 2013 a enero 2015. Derivado de este reconocimiento se realicen las correspondientes aplicaciones a los diferentes conceptos de Seguridad Social, pluses salariales y otros reconocidos a los funcionarios públicos. 2. Reajuste de los montos establecidos por conceptos de vacaciones, aguinaldo, cesantía, pensiones complementarias y fondo de capitalización laboral, carrera profesional, dedicación exclusiva y prohibición y anualidades. 3. Reajuste por las cuotas pagadas la seguridad social por Invalidez, Vejez y Muerte; 4. Los intereses por las sumas adeudadas a partir de la declaración judicial en sentencia firme. La indexación correspondiente por la suma adeudada.\n\nII.- CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES OPUESTAS.-  El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en fecha 07 de febrero de 2018, contestó la demanda de manera negativa. Solicita se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condene a la actora al pago de ambas costas del proceso. Interpuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva.\n\nIII.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.- La A-quo en Sentencia de Primera Instancia No 2022001990 de las dieciséis horas con catorce minutos del nueve de setiembre del año dos mil veintidós, en la parte dispositiva de dicho fallo resolvió: POR TANTO: De acuerdo con las razones expuestas, citas legales se acogen la excepciones de falta de derecho y legitimación. Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda establecida por LAURA AGUILAR SOTO contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Interviene el Licenciado José Fabio Ramírez Carranza en calidad de apoderado especial judicial de la parte actora y la Licenciada Jenny Patricia Vidal Piedra como apoderada especial judicial del Instituto demandado. COSTAS: Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas, al considerar la suscrita que la actora actuó de buena fe, existe prueba que demuestra que a la actora se le contactó por parte del Gerente de la Unidad Ejecutora para ocupar el puesto de Directora de la Unidad de Contratos, por lo que la actora pudo creer que le asistía algún derecho. (Artículo 563 del Código de Trabajo). Siendo el presente asunto de cuantía inestimable, se advierte a las partes que esta sentencia admite recurso de casación, el cual debe ser interpuesto en el plazo de diez días a partir de su notificación ante este mismo Juzgado. M.sc. Dayana Guzmán Madriz, Jueza. DGUZMA\n\nIV.- REMEDIOS PROCESALES INTERPUESTOS.- Inconforme con lo resuelto, la parte actora interpone recurso de apelación, el cual conoce este órgano en alzada por imperativo de ley.\n\nV.- CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor, y no se notan defectos u omisiones capaces de producir nulidad o indefensión alguna para ninguna de las partes.\n\nVI.-  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.- Se avalan los elencos tenidos por la A-quo como hechos demostrados y no demostrados, por considerar este Tribunal, constituyen un fiel reflejo de lo acontecido en los autos.\n\nVII.- LOS AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA.- El representante de la parte actora José Fabio Ramírez Carranza, en su condición de Apoderado Especial Judicial, se alza en contra del fallo dictado por la primera instancia, con base en los siguientes motivos: El recurso se motiva por motivos procesales en los incisos 3 y 5 del artículo 587, los cuales son: \"3.- Falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados por el juzgado, y 5 Falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia. Existe un yerro en cuanto a los hechos probados en la sentencia, ya que en el hecho 5 se afirma que su representada no tiene formación el el área de procesos de construcción, y, por ende, tiene por probado, que La actora no cuenta con experiencia en procesos de construcción y supervisión de labores relacionadas con el puesto. Este hecho que se tiene por probado es falso, dado que es producto de una interpretación inadecuada realizada por la juzgadora de los requisitos establecidos para el cargo de Director de Unidad de Contratos.La A-quo en el hecho probado 4 di que: \"El perfil del puesto de Director (a) de Unidad de Contratos, establece los siguientes requisitos para ocupar dicho cargo. 1. Licenciado en Ingeniería Civil, Industrial, Construcción o Derecho (...)\". Queda claramente acreditado el requisito de contar con licenciatura en derecho, la cual es una de las cuatro disciplinas capaces para ocupar  el puesto, no obstante, considera que no posee la \"(...) Experiencia en procesos de construcción, supervisión de labores relacionadas con el puesto(...)\". Sobre este particular es importante destacar que no es lógico aplicar la misma experiencia para las cuatro profesinaes, ya que la ingeniería civil, en construcción, industrial y el derecho cuentan con diferentes áreas de experticia por lo que no se les puede acreditar la misma experiencia, a pesar de esto el puesto puede ser ocupado por un profesional con algún título de licenciatura en estas carreras. La juzgadora de primera instancia yerra en el aspecto de la acreditación del cumplimiento del requisito de la experiencia, ya que este mismo debe analizarse desde la perspectiva de cada una de las cuatro profesiones que de conformidad con el mismo Manual de Puestos, son capaces de ejercer la labor de Jefatura. Debido a lo anterior, la forma idónea de acreditar la experiencia en el caso de un ingeniero civil es el analizar su experiencia en construcción de obras civiles de similar naturaleza, de igual forma, en el caso del ingeniero en construcción, dado que ambas profesiones poseen orientaciones profesionales específicas, por lo tanto, no se podría solicitar por ejemplo experiencia en la redacción de contratos de construcción a estos profesionales ya que no se es su área de desarrollo. En concordancia con lo anterior, para acreditar la experiencia de un ingeniero industrial o un abogado, evidentemente deberá hacerse considerando la aproximación de sus conocimientos a los proyectos de construcción, la cual no abarca el diseño y construcción de obra al no ser parte de su formación profesional. Es decir, que no se puede caer en el absurdo, como lo hizo la juzgadora de primera instancia, de exigirles a los licenciados en derecho experiencia en diseño y construcción de obras civiles, ya que ello implica un ejercicio ilegal de la profesión, de ingeniero civil o en construcción.De conformidad con lo anterior, una adecuada valoración de la prueba implica un análisis específico para cada uno de los cuatro perfiles profesionales capaces de suplir el cargo de director de la unidad de contratos, ya que personal de las cuatro profesiones pueden ser capaces de ejecutar este puesto desde el saber que tienen desde cada profesión. Mediante este argumento se puede comprobar que la juzgadora comete un yerro importante, ya que al considerar que el requisito únicamente puede ser satisfecho con formación académica y experiencia en construcción de obras civiles, se llevaría a la conclusión que el puesto únicamente puede ser ocupado por un ingeniero civil o en construcción, lo cual contravendría el propio perfil del puesto de Director de la Unidad de Contratos. Este error en la interpretación del requisito de experiencia en procesos de construcción supervisión de labores relacionadas con el puesto, provocó que considerara en el hecho quinto de manera errónea que su representada no poseía la idoneidad ( experiencia), para ocupar el puesto de directora de la unidad de contratos, cuando en realidad la posee desde la perspectiva de un profesional en derecho. El documento denominado Perfil del Puesto y las Funciones del Director de la Unidad de Contratos, no fue considerado para la juzgadora de instancia y por ende considera que la experiencia debe ser en procesos de construcción, supervisión de labores relacionadas con el puesto, de forma simplista y literal, lo cual implica una indebida valoración de la prueba por su parte. A mayor abundamiento de razones, obsérvese que las funciones descritas según el perfil de director, resultan con una mayor afinidad con el perfil de un abogado con experiencia en contratación administrativa, lo cual se evidencia de manera patente en el oficio PRE- 0050-2013 del 22 de enero del año 2013, en el cual Yesenia Calderón Solano, Presidenta Ejecutiva del AyA solicita que se reconvierta la plaza ocupada por su representada de \"Ingeniero Experto\", para la contratación de un profesional en derecho como se cita a continuación.( cita tal oficio). En cuanto a los motivos de fondo, señala que la sentencia recurrida incurre en una incorrecta o ilegítima aplicación del régimen probatorio por cuanto la A-quo pretirió sobre varios elementos de prueba, los cuales de haberse considerado, hubieran generado un resultado diferente. Dentro de la prueba para mejor resolver aportada y aceptada el día de la audiencia, se pueden encontrar varios elementos de prueba que no fueron valorados y que cuya consideración hubiera generad una determinación sustancial sobre el fondo del asunto. Cita la prueba. Se refiere a varios correos electrónicos. Por todo lo anterior, solicita de admite el recurso, se declare con lugar pretensiones solicitadas por encontrarse apegadas a derecho, y no se condene en costas a esta representación por tener motivo suficiente para interponer el presente recurso.\n\nVIII.- ANÁLISIS DE CASO BAJO ESTUDIO.-   La actora en su demanda presentada el día 12 de junio del año 2017 solicita las diferencias salariales por el nombramiento entre febrero del año  2013 a enero de 2015, junto con los reajustes correspondientes, toda vez que ocupó el puesto de Directora de la Unidad de Contratos durante dicho período y no le fue reconocido el salario correspondiente  a devengar en dicho puesto. Cabe señalar que de los autos y de la prueba traída al proceso, la actora nunca ocupó el puesto que alega, sea el de Directora de la Unidad de Contratos, sino que el de Profesional Experto en la Unidad Ejecutora del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José. Dicho puesto lo ocupó en el período reclamado por la actora, el señor Pablo Contreras Vásquez. Además, la actora no pódía cumplir con el puesto reclamado, pues no cumplía con los requisitos para ocuparlo. Así las cosas, para que procediera el pago de las diferencias salariales pretendidas en su acción, junto con el pago de reajuste en los montos de aguinaldo, vacaciones, cesantía, y pensiones complementarias, y fondo de capitalización laboral, carrera profesional, dedicación exclusiva y prohibición, junto con las anualidades, intereses e indexación,  la accionante no solo debía cumplir con las funciones del puesto de mayor categoría, que alega haber ocupado, sino apegarse a los requisitos académicos y legales del  mismo, de acuerdo con el Manual de Puestos de la institución.  Ha quedado demostrado, que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante acuerdo No 2007-330 adoptado en la sesión ordinaria 2007-043 aprobó el Manual de Puestos para la Unidad Ejecutora JBIC- Proyecto de Mejoramiento del MEDIO Ambiente del Área Metropolitana de San José, el cual sufrió varias modificaciones mediante acuerdo No 2013.070 adoptado en la sesión 210-009 del 19 de febrero del año 2013, y entre los nuevos requisitos que se exigieron para tal cargo, se determinó una experiencia en procesos de construcción supervisión de labores relacionadas con el puesto y participación en equipos de trabajo de alto nivel. Encontrarse incorporado al Colegio respectivo, y ocupar el puesto título de Licenciado de Ingeniería Civil, Industrial, Construcción o Derecho. De la prueba testimonial no se extrae que los deponentes se refieran a los requisitos que la actora debía cumplir para ejercer el puesto de Directora, pero de la prueba documental se desprende que la actora es licenciada en derecho, e incorporada al respectivo colegio, pero no se demostró que contara con la experiencia en procesos de construcción y supervisión de labores relacionadas con el puesto. Cabe indicar que si bien los atestados de la actora son bastos en su materia, lo cierto del caso es que no posee uno de los requisitos indispensables de la oferta para ejercer el cargo, sea la experiencia en procesos de construcción y supervisión de labores relacionadas con el puesto. Ya la basta  jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que para la ocupación de un puesto dentro de la función pública, priva el principio de idoneidad comprobada, de tal manera que no es factible que una persona se le nombre en una plaza, de la cual no cumple con los requisitos  para tener como comprobada su idoneidad, y menos de acuerdo con el principio de legalidad presupuestaria, el cual regula la materia de fondos públicos, cancelarle suma alguna si no ha cumplido a cabalidad con los requisitos propios del cargo. Por todo lo anterior, no lleva razón la parte en su recurso, que por el hecho de ostentar el título de abogada, la actora ya cumplía a cabalidad con los demás requisitos de la oferta. Al efecto se debe considerar lo normado en el canon 11 de la Constitución Política, y en el numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública, toda vez que esta última se encuentra sujeta al principio de legalidad, en aplicación del cual, se debe cumplir también con la normativa reguladora de los derechos de quienes le sirven. En ese orden de ideas, si se demuestra que a una persona funcionaria se le encomienda realizar las labores propias de un puesto superior del que estaba nombrada, en tesis de principio tendría derecho a recibir el salario correspondiente al puesto que verdaderamente ejerce, mientras permanezca en esa condición. Sin embargo, dicho principio de legalidad se debe interpretar en consonancia con el principio de idoneidad, también de rango constitucional, según lo estipulado dentro del canon 192 de la Carta Magna. Así, la demostración de la idoneidad de toda persona que pretenda ocupar o que ocupe un puesto en la Administración, es de rango constitucional y constituye un principio rector del empleo público. Y, para comprobar esa idoneidad es que se elaboran manuales de puestos, siendo que se asignan perfiles específicos con requisitos para los distintos cargos.\n\nEstablecido lo anterior, si se constata que, a una persona funcionaria se le asigna la realización de labores propias de un puesto de mayor jerarquía respecto del cual se encuentra nombrada, tiene derecho a recibir el salario que corresponde al cargo ejercido, mientras permanezca en esa situación, siempre y cuando cumpla los requisitos del cargo. Al respecto, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, desde el Voto N° 000695-2011 de las 15:35 horas del día 25 de agosto del año 2011, expresó: “(…) Conforme al principio de legalidad que vincula la actividad administrativa, la Administración no puede otorgar derechos o beneficios salariales, si no están previamente autorizados o previstos por el ordenamiento jurídico.  No obstante, ese principio, debe también entenderse, como una limitación para la propia Administración de no actuar fuera de los límites permitidos, lo que legalmente se contempla bajo la figura del abuso de poder (artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública). En el plano del empleo público, en el que cada puesto tiene una descripción específica en cuanto a requisitos personales, tareas, remuneración, etc., no es posible admitir que, en demérito de los derechos de los trabajadores, se desconozca esa misma legalidad y se coarten los derechos a los servidores. Es decir, la legalidad administrativa implica también para la Administración la imposibilidad de extralimitar el desempeño de sus funcionarios, fuera de los parámetros establecidos, para el puesto específico de que se trate; pues lo contrario significaría admitir, un enriquecimiento injusto para la Administración, al verse beneficiada con servicios ajenos y distintos a los remunerados al funcionario (…)”. (En similar sentido, se puede consultar el Voto N° 001154-2012, de la misma Sala Segunda, de las 10:55 horas del día 14 de diciembre del año 2012).\n\nPosteriormente, la línea jurisprudencial del más Alto Tribunal Laboral (Sala Segunda de la Corte), mediante el Voto N° 000282-2018 de las 10:30 horas del 9 de febrero de 2018, aclaró el tema de la siguiente manera: “(…) El artículo 192 de la Constitución Política estatuye que el nombramiento de los funcionarios públicos tiene que efectuarse con base en idoneidad comprobada. La comprobación de la idoneidad de toda persona que pretenda ocupar o que ocupe un puesto público es de rango constitucional y constituye un principio rector del empleo público. Esta idoneidad hace referencia a la capacidad para desempeñar una función. A efecto de verificar esta aptitud es que en las instituciones públicas se elaboran los manuales de puestos (que forman parte del bloque de legalidad) y a cada uno de los cargos se le asigna un perfil específico, con requisitos que las personas postulantes deben cumplir, dentro de los que se encuentra la formación académica. Ello tiene varios objetivos: por un lado, garantizar el ingreso a la función pública en condiciones de igualdad y, por otro, permitir que los funcionarios públicos sean personas capacitadas para cumplir adecuadamente con el deber de eficiencia de la Administración Pública (…)”.\n\nDicha posición de la jurisprudencia laboral se sustentó en varios pronunciamientos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en los que se interpretó lo siguiente: “(…) Los principios que orientan el empleo público fueron ampliamente analizados en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, evidenciando la intención de establecer un régimen laboral administrativo totalmente diferenciado del empleo privado -regido por el Código de Trabajo-, que respondiera a las especiales particularidades de la función pública. La consagración a nivel constitucional de ese régimen laboral administrativo marcó la necesidad de regular las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, a fin de protegerlo de las destituciones arbitrarias (estabilidad en el empleo), así como también de profesionalizar la función pública (búsqueda de la eficiencia en el servicio y la idoneidad del funcionario). La Administración Pública debe contar con los factores organizativos que le permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, siendo un factor importante en dicha función el personal que trabaja al servicio de la Administración. Asimismo, el sistema de empleo público debe ser capaz de atraer a los profesionales que la Administración necesita, de estimular a los empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, de proporcionarles formación adecuada y de brindarles suficientes oportunidades de promoción profesional, al tiempo que facilita una gestión racional y objetiva, ágil y flexible del personal, atendiendo al continuo desarrollo de las nuevas tecnologías. Para ello, el procedimiento que se utilice para seleccionar y nombrar -en general- a un servidor en la Administración Pública, debe cumplir con los principios fundamentales que prevén los artículos 191 y 192 constitucionales para su validez, garantizándose de esa manera, el personal idóneo para ocupar un puesto público, con el propósito de que, con ello, se garantice la eficiencia y efectividad de la función pública. De lo dicho se desprende que la función pública se caracteriza, entre otras cosas, por garantizar a sus empleados una serie de derechos básicos y comunes. Entre estos destaca la estabilidad en el puesto, que debe entenderse no como un privilegio corporativo, sino como la garantía más importante de su imparcialidad. Para ello, el marco normativo que regule la función pública debe garantizar la selección sobre la base de los criterios constitucionales de mérito y capacidad, y establecer un justo equilibrio entre derechos y responsabilidades de los empleados públicos. Además, la legislación básica ha de prever los instrumentos que faculten a las diferentes Administraciones la planificación y ordenación de sus efectivos, y la utilización más eficiente de los mismos. Así, se considera que la relación laboral de empleo público está sujeta a ciertas especificidades y principios, como los de mérito y capacidad en el acceso, y también a ciertas normas de derecho público, como el régimen de incompatibilidades (…)”. (Véase entre otros, el Voto N° 2012-15024, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).\n\nEn esa posición del Alto Tribunal Constitucional, se acota que la idoneidad comprobada significa que los servidores deben reunir las condiciones y características que los faculten para desempeñarse en forma eficiente en el trabajo, es decir, reunir los méritos necesarios que el cargo demande. De esta manera, como en la Administración Pública rige el principio de idoneidad comprobada, no es factible que a una persona se le cancele con fondos públicos el salario correspondiente a una plaza para la que no reúne los requisitos. De lo contrario, no solo se conculcaría el contenido del precepto 192 de la Carta Magna, sino además el principio de legalidad, contenido en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, el cual estipula que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no se pueden arrogar facultades no concedidas en ella. En consecuencia, no lleva razón en sus agravios, no existe indebida apreciación ni valoración de la prueba, ni vicio alguno que haya producido una posible nulidad del fallo, tampoco la falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados, como de manera alguna la falta de fundamentación del fallo alegada. Para el período reclamado no contaba con esos dos recursos, sea experiencia en procesos de construcción, supervisión de laborales relacionadas con el puesto y participación en equipos de trabajo de alto nivel. No era suficiente tener experiencia únicamente en el campo de la rama de Derecho solamente.   Por lo que se debe rechazar el recurso de apelación formulado por la parte actora, y confirmar en todos sus extremos la sentencia recurrida.\n\nIX.- COROLARIO.- Con base en lo dicho en el Considerando anterior, se rechaza el Recurso de Apelación incoado por la parte actora, y se confirma en todos sus extremos la sentencia apelada.\n\nPARTE DISPOSITIVA\n\nSe rechaza el Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora, y se confirma en todos sus extremos la sentencia venida en alzada.\n\n \n\n\t\n\n\n\nY5NXZS6UBOA61\nJUAN CARLOS DE JESUS SEGURA SOLIS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\n58IIBWLXZRU61\nDIAMANTINA ROMERO CRUZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\n47FRRQCGO0FU61\nJOSE ANTONIO MADRIGAL SOTO - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 17-000743-0166-LA\n\nBarrio González Lahmann, Edificio Torre Judicia1. Noveno piso. Teléfonos: 2212-0110. Fax: 2295-3627. Correo electrónico: ttrabajo-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:25:06.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Appeal Tribunal for Labor Matters of San José\n\nResolution No. 00737 - 2025\n\nDate of Resolution: June 12, 2025 at 10:33\n\nExpediente: 17-000743-0166-LA\n\nDrafted by: Juan Carlos Segura Solís\n\nType of Case: Ordinary Public Sector Public Employment\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\nContent Type: Majority Vote\nTopics (descriptors): Salary\nSubtopics:\nImproper payment of salary differences in a case where functions of a higher position were performed without meeting the requirements.\nTopics (descriptors): Public Employee\nSubtopics:\nImproper payment of salary differences in a case where functions of a higher position were performed without meeting the requirements.\nTopics (descriptors): Public Employment\nSubtopics:\nImproper payment of salary differences in a case where functions of a higher position were performed without meeting the requirements.\nTopics (descriptors): Principle of Suitability of the Public Servant\nSubtopics:\nImproper payment of salary differences in a case where functions of a higher position were performed without meeting the requirements.\nTopics (descriptors): Salary Differences\nSubtopics:\nImproper payment of salary differences in a case where functions of a higher position were performed without meeting the requirements.\nRulings in the Same Sense Rulings in the Same Expediente\n\nText of the Resolution\n\n\n\nEXPEDIENTE:\n\n17-000743-0166-LA - 9\n\nPROCEEDING:\n\nOR.S.PUB. PUBLIC EMPLOYMENT\n\nPLAINTIFF:\n\nLAURA PATRICIA AGUILAR SOTO\n\nDEFENDANT:\n\nINSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)\n\nRESOLUTION No. N° 2025000737\n\nAPPEAL TRIBUNAL FOR LABOR MATTERS OF THE FIRST JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. SECTION ONE.- At ten hours thirty-three minutes on the twelfth of June, two thousand twenty-five.-\n\nPREAMBLE.-\n\nORDINARY LABOR PROCEEDING established by LAURA AGUILAR SOTO, of legal age, single, attorney, ID 1-1069-0845 against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Attorney José Fabio Ramírez Carranza appears as special judicial proxy of the plaintiff, and Attorney Jenny Patricia Vidal Piedra appears as special judicial proxy of the defendant Institute.\n\nCONSIDERANDO PART.-\n\nDrafted by Judge SEGURA SOLÍS, AND;\n\nI.- CLAIM AND DEDUCED CLAIMS.- 1. By means of a filing submitted on June 12, 2017, the plaintiff requested that she be granted in judgment: 1. Salary differences for the entire term of her appointment at AYA, from February 2013 to January 2015. Derived from this recognition, the corresponding applications be made to the different Social Security concepts, salary bonuses and others recognized to public officials. 2. Adjustment of the amounts established for concepts of vacation pay, year-end bonus (aguinaldo), severance pay (cesantía), complementary pensions and labor capitalization fund, career development (carrera profesional), exclusive dedication (dedicación exclusiva) and prohibition (prohibición), and seniority increments (anualidades). 3. Adjustment for the social security contributions paid for Disability, Old Age, and Death; 4. Interest on the sums owed as of the judicial declaration in a final judgment. The corresponding indexation for the sum owed.\n\nII.- ANSWER AND OPPOSED EXCEPTIONS.- The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados on February 7, 2018, answered the claim negatively. It requests that the claim be declared without merit in all its aspects and that the plaintiff be ordered to pay the costs of the proceeding. It interposed the exceptions of lack of right and lack of active and passive standing.\n\nIII.- FIRST INSTANCE JUDGMENT.- The lower court, in First Instance Judgment No. 2022001990 at sixteen hours fourteen minutes on the ninth of September of the year two thousand twenty-two, in the operative part of said ruling, resolved: POR TANTO: In accordance with the reasons set forth and legal citations, the exceptions of lack of right and standing are upheld. The claim established by LAURA AGUILAR SOTO against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS is declared without merit in all its aspects. Attorney José Fabio Ramírez Carranza appears as special judicial proxy of the plaintiff, and Attorney Jenny Patricia Vidal Piedra appears as special judicial proxy of the defendant Institute. COSTS: This matter is resolved without a special award of costs, as the undersigned considers that the plaintiff acted in good faith; there is evidence demonstrating that the plaintiff was contacted by the Manager of the Unidad Ejecutora to fill the position of Director of the Unidad de Contratos, which could have led the plaintiff to believe she had some right. (Article 563 of the Labor Code). As this matter is of inestimable amount, the parties are advised that this judgment admits a cassation remedy (recurso de casación), which must be filed within ten days of its notification before this same Court. M.sc. Dayana Guzmán Madriz, Judge. DGUZMA\n\nIV.- INTERPOSED PROCEDURAL REMEDIES.- Dissatisfied with the decision, the plaintiff filed an appeal remedy (recurso de apelación), which this higher body hears by legal imperative.\n\nV.- PROCEDURAL MATTERS.- The prescribed formalities have been observed in the proceedings, and no defects or omissions capable of producing nullity or defenselessness for any of the parties are noted.\n\nVI.- PROVEN AND UNPROVEN FACTS.- The lists held by the lower court as proven and unproven facts are endorsed, as this Tribunal considers them to be a faithful reflection of what occurred in the case file.\n\nVII.- THE GRIEVANCES OF THE PLAINTIFF.- The representative of the plaintiff, José Fabio Ramírez Carranza, in his capacity as Special Judicial Proxy, appeals the ruling issued by the first instance, based on the following grounds: The remedy is motivated by procedural grounds in subsections 3 and 5 of article 587, which are: \"3.- Lack of clear and precise determination of the facts accredited by the court, and 5 Lack of foundation or insufficient foundation of the judgment. There is an error regarding the proven facts in the judgment, since in fact 5 it is stated that his client does not have training in the area of construction processes, and, therefore, it is held as proven that the plaintiff does not have experience in construction processes and supervision of tasks related to the position. This fact held as proven is false, as it is the product of an inadequate interpretation made by the judge of the requirements established for the position of Director of the Unidad de Contratos. The lower court in proven fact 4 states: \"The profile of the position of Director(a) of the Unidad de Contratos establishes the following requirements to occupy said position. 1. Licentiate degree in Civil Engineering, Industrial, Construction or Law (...)\". The requirement of holding a licentiate degree in law is clearly accredited, which is one of the four disciplines capable of filling the position; however, she considers that she does not possess the \"(...) Experience in construction processes, supervision of tasks related to the position(...)\". In this regard, it is important to highlight that it is not logical to apply the same experience for the four professions, since civil engineering, construction, industrial engineering, and law have different areas of expertise, and therefore the same experience cannot be accredited to them, despite this the position can be filled by a professional with a licentiate degree in these fields. The first-instance judge errs in the aspect of accrediting the fulfillment of the experience requirement, as this must be analyzed from the perspective of each of the four professions that, in accordance with the same Job Description Manual (Manual de Puestos), are capable of performing the leadership role. Due to the foregoing, the ideal way to accredit experience in the case of a civil engineer is to analyze their experience in the construction of civil works of a similar nature, likewise, in the case of the construction engineer, given that both professions have specific professional orientations; therefore, one could not request, for example, experience in drafting construction contracts from these professionals, as that is not their area of development. In concordance with the foregoing, to accredit the experience of an industrial engineer or a lawyer, this must evidently be done considering the approximation of their knowledge to construction projects, which does not encompass the design and construction of a work, as this is not part of their professional training. That is, one cannot fall into the absurdity, as the first-instance judge did, of requiring those with a licentiate degree in law to have experience in the design and construction of civil works, since that implies an illegal exercise of the profession of civil or construction engineer. In accordance with the foregoing, an adequate assessment of the evidence implies a specific analysis for each of the four professional profiles capable of filling the position of Director of the Unidad de Contratos, since personnel from the four professions may be capable of performing this position based on the knowledge they have from each profession. Through this argument, it can be verified that the judge commits a significant error, since by considering that the requirement can only be satisfied with academic training and experience in the construction of civil works, it would lead to the conclusion that the position can only be filled by a civil or construction engineer, which would contravene the very profile of the position of Director of the Unidad de Contratos. This error in the interpretation of the experience requirement in construction processes and supervision of tasks related to the position, caused her to erroneously consider in fact five that her client did not possess the suitability (experience) to occupy the position of Director of the Unidad de Contratos, when in reality she possesses it from the perspective of a legal professional. The document denominated Job Profile and Functions of the Director of the Unidad de Contratos was not considered by the instance judge, and therefore she considers that the experience must be in construction processes, supervision of tasks related to the position, in a simplistic and literal manner, which implies an improper assessment of the evidence on her part. For greater abundance of reasons, observe that the functions described according to the director's profile, result with greater affinity to the profile of a lawyer with experience in administrative contracting, which is patently evident in official letter PRE- 0050-2013 of January 22, 2013, in which Yesenia Calderón Solano, Chief Executive Officer of AyA requests that the position occupied by her client be reclassified from \"Experto Engineer\" to hire a legal professional, as cited below (cites said official letter). Regarding the grounds on the merits, it indicates that the appealed judgment incurs an incorrect or illegitimate application of the evidentiary regime because the lower court disregarded several elements of evidence, which had they been considered, would have generated a different result. Within the evidence admitted for better resolution and accepted on the day of the hearing, several evidentiary elements can be found that were not assessed and whose consideration would have generated a substantial determination on the merits of the matter. Cites the evidence. Refers to several emails. For all of the foregoing, it requests the remedy be admitted, the requested claims be declared with merit as they are in accordance with law, and this representation not be ordered to pay costs for having sufficient reason to file the present remedy.\n\nVIII.- ANALYSIS OF THE CASE UNDER STUDY.- The plaintiff in her claim filed on June 12, 2017, requests the salary differences for the appointment between February 2013 and January 2015, along with the corresponding adjustments, given that she occupied the position of Director of the Unidad de Contratos during said period and was not recognized the salary corresponding to that position. It must be noted that from the case file and the evidence brought to the proceeding, the plaintiff never occupied the position she alleges, that is, Director of the Unidad de Contratos, but rather that of Profesional Experto in the Unidad Ejecutora of the Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José. Said position was occupied during the period claimed by the plaintiff by Mr. Pablo Contreras Vásquez. Furthermore, the plaintiff could not fulfill the claimed position, as she did not meet the requirements to occupy it. Thus, for the payment of the salary differences sought in her action to proceed, along with the payment of adjustments to the amounts for year-end bonus (aguinaldo), vacation pay, severance pay (cesantía), and complementary pensions, and labor capitalization fund, career development (carrera profesional), exclusive dedication (dedicación exclusiva) and prohibition (prohibición), along with seniority increments (anualidades), interest, and indexation, the plaintiff not only had to perform the functions of the higher-category position she alleges to have occupied but also to adhere to the academic and legal requirements thereof, in accordance with the institution's Job Description Manual (Manual de Puestos). It has been demonstrated that the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, through agreement No. 2007-330 adopted in the ordinary session 2007-043, approved the Job Description Manual (Manual de Puestos) for the Unidad Ejecutora JBIC- Proyecto de Mejoramiento del MEDIO Ambiente del Área Metropolitana de San José, which underwent several modifications through agreement No. 2013.070 adopted in session 210-009 of February 19, 2013, and among the new requirements demanded for said position, it was determined: experience in construction processes, supervision of tasks related to the position and participation in high-level work teams. To be incorporated into the respective professional association, and to hold the title of Licentiate in Civil Engineering, Industrial, Construction, or Law. From the testimonial evidence, it cannot be extracted that the deponents referred to the requirements that the plaintiff had to meet to exercise the position of Director, but from the documentary evidence, it is inferred that the plaintiff holds a licentiate degree in law and is incorporated into the respective professional association, but it was not demonstrated that she had the experience in construction processes and supervision of tasks related to the position. It should be noted that while the plaintiff's credentials are vast in her field, the truth of the matter is that she does not possess one of the indispensable requirements of the offer to exercise the position, namely, experience in construction processes and supervision of tasks related to the position. The extensive case law of the Segunda Chamber of the Supreme Court of Justice has already indicated that for occupying a position within the public sector, the principle of proven suitability (idoneidad comprobada) prevails, such that it is not feasible for a person to be appointed to a position for which they do not meet the requirements to have their suitability proven, and even less so, in accordance with the principle of budget legality (principio de legalidad presupuestaria), which regulates matters of public funds, to pay them any sum if they have not fully complied with the requirements of the position. For all of the foregoing, the party is not correct in its remedy, claiming that by the mere fact of holding the title of attorney, the plaintiff already fully complied with the other requirements of the offer. In this regard, the provisions of canon 11 of the Political Constitution and numeral 11 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) must be considered, given that the latter is subject to the principle of legality (principio de legalidad), in application of which, the regulations governing the rights of those who serve it must also be complied with. In that order of ideas, if it is demonstrated that a public official is entrusted with performing the tasks of a position higher than the one to which they were appointed, in principle they would have the right to receive the salary corresponding to the position they truly exercise, while they remain in that condition. However, said principle of legality (principio de legalidad) must be interpreted in consonance with the principle of suitability (principio de idoneidad), also of constitutional rank, as stipulated within canon 192 of the Magna Carta. Thus, the demonstration of the suitability of any person seeking to occupy or occupying a position in the Administration is of constitutional rank and constitutes a guiding principle of public employment. And, to verify that suitability, job description manuals (manuales de puestos) are elaborated, with specific profiles with requirements assigned to the different positions.\n\nHaving established the foregoing, if it is verified that a public official is assigned the performance of tasks proper to a position of higher hierarchy than the one to which they are appointed, they have the right to receive the salary corresponding to the position exercised, while they remain in that situation, provided they meet the requirements of the position. In this regard, the Segunda Chamber of the Supreme Court of Justice, since Voto N° 000695-2011 at 15:35 hours on August 25, 2011, expressed: “(…) In accordance with the principle of legality (principio de legalidad) that binds administrative activity, the Administration cannot grant salary rights or benefits if they are not previously authorized or provided for by the legal system. However, this principle must also be understood as a limitation for the Administration itself not to act outside the permitted limits, which is legally contemplated under the figure of abuse of power (article 146 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública)). In the realm of public employment, in which each position has a specific description regarding personal requirements, tasks, remuneration, etc., it is not possible to admit that, to the detriment of workers' rights, this same legality is disregarded and the rights of the servants are curtailed. That is, administrative legality also implies for the Administration the impossibility of exceeding the performance of its officials outside the established parameters for the specific position in question; because the contrary would mean admitting unjust enrichment for the Administration, by benefiting from services alien to and different from those remunerated to the official (…)”. (In similar sense, Voto N° 001154-2012, of the same Segunda Chamber, at 10:55 hours on December 14, 2012, can be consulted).\n\nSubsequently, the jurisprudential line of the Highest Labor Court (Segunda Chamber of the Court), through Voto N° 000282-2018 at 10:30 hours on February 9, 2018, clarified the matter as follows: “(…) Article 192 of the Political Constitution stipulates that the appointment of public officials must be made based on proven suitability (idoneidad comprobada). The verification of the suitability of any person seeking to occupy or occupying a public position is of constitutional rank and constitutes a guiding principle of public employment. This suitability refers to the capacity to perform a function. In order to verify this aptitude, job description manuals (manuales de puestos) are elaborated in public institutions (which form part of the legality block) and each position is assigned a specific profile, with requirements that applicants must meet, among which is academic training. This has several objectives: on the one hand, to guarantee entry into the public sector under conditions of equality and, on the other, to allow public officials to be trained persons capable of adequately fulfilling the duty of efficiency of the Public Administration (…)”.\n\nSaid position of the labor jurisprudence was supported by several pronouncements of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in which the following was interpreted: “(…) The principles guiding public employment were extensively analyzed in the minutes of the National Constituent Assembly, evidencing the intention to establish an administrative labor regime totally differentiated from private employment -governed by the Labor Code-, which responded to the special particularities of the public sector. The enshrinement at the constitutional level of that administrative labor regime marked the need to regulate the relations between public servants and the State, in order to protect it from arbitrary dismissals (stability in employment), as well as to professionalize the public sector (pursuit of efficiency in service and the suitability of the official). The Public Administration must have the organizational factors that allow it to satisfy the citizens' right to good administration, with the personnel working in the service of the Administration being an important factor in said function. Likewise, the public employment system must be capable of attracting the professionals the Administration needs, of stimulating employees for the efficient fulfillment of their functions and responsibilities, of providing them with adequate training, and of offering them sufficient opportunities for professional promotion, while facilitating a rational and objective, agile and flexible management of personnel, attending to the continuous development of new technologies. For this, the procedure used to select and appoint -in general- a servant in the Public Administration must comply with the fundamental principles provided for in articles 191 and 192 of the Constitution for its validity, thereby guaranteeing suitable personnel to occupy a public position, with the purpose of, thereby, guaranteeing the efficiency and effectiveness of the public sector. From the foregoing, it follows that the public sector is characterized, among other things, by guaranteeing its employees a series of basic and common rights. Among these, stability in the position stands out, which should be understood not as a corporate privilege, but as the most important guarantee of its impartiality. For this, the regulatory framework governing the public sector must guarantee selection based on the constitutional criteria of merit and capacity, and establish a fair balance between rights and responsibilities of public employees. Moreover, the basic legislation must provide the instruments empowering the different Administrations to plan and organize their personnel, and make the most efficient use thereof. Thus, it is considered that the labor relationship of public employment is subject to certain specificities and principles, such as those of merit and capacity in access, and also to certain public law norms, such as the regime of incompatibilities (…)”. (See among others, Voto N° 2012-15024, of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice).\n\nIn that position of the High Constitutional Tribunal, it is noted that proven suitability (idoneidad comprobada) means that the servants must meet the conditions and characteristics that enable them to perform efficiently in their work, that is, to possess the necessary merits that the position demands. Thus, as the principle of proven suitability (principio de idoneidad comprobada) governs in the Public Administration, it is not feasible for a person to be paid with public funds the salary corresponding to a position for which they do not meet the requirements. Otherwise, not only would the content of precept 192 of the Magna Carta be violated, but also the principle of legality (principio de legalidad), contained in articles 11 of the Political Constitution and 11 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), which stipulates that public officials are mere depositaries of authority, are obligated to fulfill the duties that the law imposes on them, and cannot arrogate powers not granted to them therein. Consequently, the appellant is not correct in her grievances; there is no improper appreciation or assessment of the evidence, nor any defect that could have produced a possible nullity of the judgment, nor the lack of clear and precise determination of the accredited facts, as alleged, nor in any way the lack of foundation of the judgment. For the claimed period, she did not have those two resources, namely, experience in construction processes, supervision of tasks related to the position, and participation in high-level work teams. It was not sufficient to have experience only in the field of the Law branch alone. Therefore, the appeal remedy (recurso de apelación) formulated by the plaintiff must be rejected, and the appealed judgment confirmed in all its aspects.\n\nIX.- COROLLARY.- Based on what was stated in the preceding Considerando, the Appeal Remedy (Recurso de Apelación) filed by the plaintiff is rejected, and the appealed judgment is confirmed in all its aspects.\n\nOPERATIVE PART\n\nThe Appeal Remedy (Recurso de Apelación) filed by the plaintiff is rejected, and the judgment appealed is confirmed in all its aspects.\n\nJUAN CARLOS DE JESUS SEGURA SOLIS - PRESIDING JUDGE\n\nDIAMANTINA ROMERO CRUZ - PRESIDING JUDGE\n\nJOSE ANTONIO MADRIGAL SOTO - PRESIDING JUDGE\n\nEXP: 17-000743-0166-LA\n\nBarrio González Lahmann, Edificio Torre Judicial. Ninth floor. Telephone: 2212-0110. Fax: 2295-3627. Email: ttrabajo-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:25:06.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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