{ "id": "nexus-sen-1-0034-134252", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Usurpación y construcción ilegal en zona marítimo terrestre en Pavones", "title_en": "Usurpation and illegal construction in maritime terrestrial zone in Pavones", "summary_es": "El Tribunal de Casación Penal confirma la condena por usurpación y construcción ilegal en zona marítimo terrestre, en concurso ideal, contra un imputado que invadió un terreno en Pavones de Golfito. La sentencia de primera instancia impuso seis meses de prisión por cada delito, reducidos a seis meses totales conforme al artículo 75 del Código Penal, con el beneficio de ejecución condicional de la pena por cinco años. En casación, el imputado alegó prescripción de la acción penal, atipicidad de la conducta, in dubio pro reo y error de prohibición. El Tribunal rechaza todos los motivos: determina que la legislación aplicable es el Código Procesal Penal anterior, por haberse dictado el auto de citación a juicio en 1996, y que los actos procesales posteriores interrumpieron la prescripción. En cuanto al fondo, confirma que el ofendido ejercía posesión legítima como permisionario de la zona marítimo terrestre, autorizado por la municipalidad, y que el imputado actuó con dolo y pleno dominio del hecho. Desestima el error de prohibición indirecto porque el actuar del imputado reveló una estrategia para evadir responsabilidades, no una creencia justificante.", "summary_en": "The Criminal Cassation Court upholds the conviction for usurpation and illegal construction in the maritime terrestrial zone, in ideal concurrence, against a defendant who invaded a property in Pavones de Golfito. The trial court imposed six months of imprisonment for each offense, reduced to six months total under Article 75 of the Penal Code, with a five-year conditional suspension of the sentence. On cassation, the defendant argued prescription of the criminal action, lack of criminal typicity, in dubio pro reo, and mistake of law. The Court rejects all grounds: it determines that the applicable law is the former Criminal Procedure Code, since the trial summons was issued in 1996, and subsequent procedural acts interrupted the prescription period. On the merits, it confirms that the victim held legitimate possession as a permittee of the maritime terrestrial zone, authorized by the municipality, and that the defendant acted with intent and full control of the facts. It dismisses the indirect mistake of law argument because the defendant's conduct revealed a strategy to avoid liability, not a justifying belief.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "zona marítimo terrestre", "usurpación", "concurso ideal", "permisionario", "prescripción de la acción penal", "error de prohibición indirecto", "in dubio pro reo", "tipicidad objetiva y subjetiva" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 225 inciso 1", "law": "Código Penal" }, { "article": "Art. 75", "law": "Código Penal" }, { "article": "Art. 62", "law": "Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre" }, { "article": "Art. 3", "law": "Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre" }, { "article": "Transitorio I", "law": "Código Procesal Penal (anterior)" }, { "article": "Art. 82", "law": "Código Penal" }, { "article": "Art. 83", "law": "Código Penal" }, { "article": "Art. 30", "law": "Código Penal" } ], "keywords_es": [ "usurpación", "zona marítimo terrestre", "construcción ilegal", "prescripción", "error de prohibición", "Pavones", "Golfito", "posesión legítima", "permisionario" ], "keywords_en": [ "usurpation", "maritime terrestrial zone", "illegal construction", "prescription", "mistake of law", "Pavones", "Golfito", "legitimate possession", "permittee" ], "excerpt_es": "No encuentra esta cámara que los hechos tenidos por demostrados en la sentencia, no constituyan el delito de usurpación descrito en el artículo 225 inciso primero del Código Penal como lo afirma el gestionante, puesto que el juzgador es claro y concreto en determinar que teniendo el ofendido [Nombre11], los derechos que como permisionario le otorga la ley sobre la propiedad en discución, el imputado se introdujo a la misma invadiéndola de modo tal, que la tipicidad objetiva descrita en la norma se dio, lo mismo que la tipicidad subjetiva, puesto que del análisis de la sentencia se denota que el acusado tuvo total dominio del hecho delictivo que efectuaba, a sabiendas de que la propiedad estaba arrendada a un permisionario, por tratarse de terrenos dentro de la Zona Marítimo Terrestre, cuya posesión legítima la ostentaba el ofendido por el traspaso efectuado a su persona por el anterior arrendatario, hechos tenidos por demostrados en el fallo.", "excerpt_en": "This Chamber does not find that the facts proven in the judgment fail to constitute the crime of usurpation described in Article 225(1) of the Penal Code, as argued by the appellant. The trial judge clearly and specifically determined that, since the victim [Name11] held the rights granted by law as a permittee over the disputed property, the defendant entered and invaded it, thus satisfying the objective elements of the offense. The subjective elements were also met, as the judgment's analysis shows the accused had full control over the criminal act, knowing the property was leased to a permittee, given that it is within the Maritime Terrestrial Zone, whose legitimate possession was held by the victim following the transfer from the previous lessee—facts established in the ruling.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The cassation appeal is denied and the conviction for usurpation and illegal construction in the maritime terrestrial zone is upheld.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de casación y se confirma la condena por usurpación y construcción ilegal en zona marítimo terrestre." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "since the victim held the rights granted by law as a permittee over the disputed property, the defendant entered and invaded it, thus satisfying the objective elements of the offense, and the subjective elements were also met", "quote_es": "teniendo el ofendido... los derechos que como permisionario le otorga la ley sobre la propiedad en discución, el imputado se introdujo a la misma invadiéndola de modo tal, que la tipicidad objetiva descrita en la norma se dio, lo mismo que la tipicidad subjetiva" }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "Article 3 of the Maritime Terrestrial Zone Law clearly states that the usufruct and administration of the maritime terrestrial zone, both the public and restricted zones, correspond to the municipality of the jurisdiction", "quote_es": "el artículo tercero de la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre es claro en expresar, que el usufructo y la administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción" }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "for any person of average understanding, it is clear that being of scarce resources does not entitle one to enter another's land merely because the owner is absent", "quote_es": "para cualquier persona de un entendimiento medio, es claro que la situación de ser de escasos recursos no lo faculta para introducirse a los terrenos ajenos, solamente por constatar que el propietario se ausentó" }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "the trial judge considered that conduct as demonstrative of intentional action", "quote_es": "el Juzgador consideró ese actuar como demostrativo del actuar doloso" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-32006", "norm_num": "6043", "norm_name": "Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "02/03/1977" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "EXP: 99-252-008-PE-5\n\nEXP: 96-200118-422-PE-7\n\nRESOL: 2000-703 \n\n TRIBUNAL DE CASACION PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, catorce de setiembre\ndel dos mil.\n\n RECURSO DE CASACION, interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], [Nombre2]”, de 32\naños de edad, soltero, agricultor, costarricense, cédula CED1, vecino de Pavones de Golfito, por el\ndelito de USURPACION Y CONSTRUCCION ILEGAL DE ZONA MARITIMO TERRESTRE, en perjuicio de EL ESTADO Y\n[Nombre3]. Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces de Casación Jorge Alberto Chacón\nLaurito, Fernando Cruz Castro y Alejandro López Mc Adam. Se apersonó en casación, el imputado\n[Nombre4] y su defensor Lic. [Nombre5], los Procuradores Penales Lic. [Nombre6] y Licda. [Nombre7].\n\nRESULTANDO:\n\n 1) Que mediante sentencia dictada a las diez horas del trece de abril del año dos mil, el Tribunal\nde Juicios de la Zona Sur, Sede Golfito, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con los artículos 39 y\n41 de la Constitución Política, 1, 3, 102, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 y 524 del Código\nde Procedimientos Penales, artículos 1, 3, 30, 45, 59, 75, 103, 225, inciso 1) del Código Penal, 62,\nde la Ley Zona Marítimo terrestre, se declara a [Nombre1] autor responsable de los delitos de\nUSURPACIONY CONSTRUCCION ILEGAL EN ZONA MARITIMO TERRESTRE EN CONSURSO IDEAL, en perjuicios de EL\nESTADO Y [Nombre3], imponiéndosele el tanto de seis meses de prisión, por cada uno de dichos\ndelitos, para un total de UN AÑO DE prisión, que de conformidad con lo previsto en el artículo 75\ndel Código Penal se deduce al total de 6 meses, pena que deberá cumplir en el lugar y forma que lo\nindiquen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la preventiva sufrida. Firme la\nsentencia, se ordenará la restitución del inmueble al ofendido mediante desalojo de cualquier\npersona y el derribo de cualquier construcción que se ubique dentro de los predios que obstenta el\nofendido. Se ordenará remitir testimonio de sentencia ante el Juzgado Ejecución de la Pena y el\nInstituto Nacional de Criminología y se inscribirá el Juzgamiento, en el Archivo Judicial de\ndelincuentes. Asimismo se le concede al imputado el beneficio de cinco años, plazo durante el cual\ndeberá abstenerse de cometer nuevo delito doloso sancionado con pena superior a seis meses de\nprisión, caso contrario se le revocará el presente beneficio. Son ambas costas a cargo del estado.-\nNOTIFIQUESE.- LIC. [Nombre8]. JUEZ.- (sic).\n\n 2) Que contra el anterior pronunciamiento, [Nombre4] interpuso Recurso de Casación. \n\n 3) ) Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 481\ndel Código de Procedimientos Penales, ya derogado, pero aplicable al caso conforme lo establece el\nTransitorio I del nuevo Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en\nel Recurso.\n\n 4) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta el Juez [Nombre9]; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI- En su primer motivo por la forma plantea el imputado [Nombre10], que la sentencia inobserva los\nartículos 31, 32 y 33 del Código Procesal Penal, por cuanto la acción penal se encuentra prescrita\nal reducirse el término de prescripción de la acción penal, a un año y seis meses a partir de enero\nde 1998, no existiendo actos que interrumpieran la prescripción agrega que si fuere aplicable las\nreglas del Código Penal de 1970, también se encuentra prescrita la acción porque la última causal\nque interrumpe la prescripción fue la elevación a juicio del 23 de octubre de 1996, pero han\ntranscurrido luego de la misma, más de tres años sin que se diera alguna interrupción de la acción\npenal, por lo que solicita se declare con lugar la excepción de prescripción, siendo que sus\nargumentaciones se refieren a las actuaciones realizadas a partir del requerimiento de elevación a\njuicio y luego a la entrada en vigencia de la nueva legislación procesal. El reclamo se rechaza.\nEsta cámara luego del estudio de los autos determina, que los alegatos del recurrente se refieren a\ncuál legislación debe aplicarse y si en base a tal legislación los hechos se encuentran prescritos,\na partir del requerimiento fiscal de elevación a juicio, pero conforme se desprende de los folios:\n86, 87, 88 y 89 la presente causa fue elevada a juicio en agosto de 1996 y se citó a juicio el 3 de\nsetiembre de 1996 de modo tal, que aplicando los transitorios primero y segundo del Código Procesal\nPenal, los procesos que a la entrada en vigencia de este nuevo código en enero de 1998, se\nencontraran con auto de elevación a juicio continuarán tramitándose de conformidad con el código\nanterior de tal forma, que al existir requerimiento de elevación a juicio y auto de citación a\njuicio dictado en el año 1996, es evidente que el código que se debe aplicar es el anterior y no el\nvigente como erróneamente lo plantea el gestionante. Ahora bien aplicando los artículos 82 y 83 del\nCódigo Penal, éste último artículo reformado por las leyes 5712 del 11 de julio de 1975 y artículo 7\nde la Ley 6726 del 3 de marzo de 1982 el cual textualmente dice: “ Cualquiera que sea la legislación\naplicable, la prescripción de la acción penal se interrumpe con el auto de enjuiciamiento o de\nprocesamiento, o con el de prórroga extraordinaria o de citación a juicio, aunque esas resoluciones\nno estuvieren firmes, así como todos los actos procesales que se realicen posteriormente.” de tal\nforma, que al existir auto de citación a juicio y una serie de resoluciones interlocutorias\nposteriores, las mismas vinieron a interrumpir los plazos de prescripción encontrándose vigente la\nacción penal, máxime que los ilícitos de usurpación y violación a la Ley de Milla Marítíma (225\ninciso 1 y 64 respectivamente), cuentan en el extremo mayor de la sanción con tres años de prisión.\n\nII- Como segundo y primero por el fondo argumenta el recurrente, que en la sentencia se inobservaron\ny aplicaron erróneamente los artículos 30 y 225 inciso primero del Código Penal, por cuanto según\nlos hechos probados de la sentencia no se configura el tipo penal de la usurpación, dado que la\njurisprudencia del Tribunal de Casación ha sido clara en el sentido de que, el bien jurídico\ntutelado es la posesión legítima de un bien debiendo demostrarse dicha legitimidad como el despojo,\nno se demostró en la sentencia que el ofendido haya ejercido en algún momento la posesión del\nterreno cuestionado, dado que el ofendido se constituyó en permisionaria de la Zona Marítimo\nTerrestre el 20 de julio de 1993, cuando la municipalidad le autorizó el traspaso de ese derecho;\nantes de esa fecha era la empresa Carao S.A. la permisionaria de la cual no se demostró que el\nofendido fuera su representante o apoderado, por lo que al no haber dicha empresa presentado\ndenuncia penal, se dio un consentimiento tácito el cual está reglado por el artículo 25 del Código\nPenal, además no se puede tener por probado que el ofendido ejercitara la posesión cuando los\nterrenos fueron ocupados por su persona, porque las declaraciones en este sentido son\ncontradictorias, agregando que si se tiene por cierto que otras personas entraron antes a ese\nterreno, lo que provocó que el ofendido lo abandonara; esos invasores son los que despojaron al\nofendido no él, por otra parte la Procuraduría General de la República ha sido clara en el sentido\nde que, los traspasos de permisos de uso de la Zona Marítimo Terrestre son ilegales y nulos aunque\nsean autorizados por la Municipalidad, razón por la cual el ofendido no puede ser considerado como\nposeedor legítimo. El reclamo no es de recibo. No encuentra esta cámara que los hechos tenidos por\ndemostrados en la sentencia, no constituyan el delito de usurpación descrito en el artículo 225\ninciso primero del Código Penal como lo afirma el gestionante, puesto que el juzgador es claro y\nconcreto en determinar que teniendo el ofendido [Nombre11], los derechos que como permisionario le\notorga la ley sobre la propiedad en discución, el imputado se introdujo a la misma invadiéndola de\nmodo tal, que la tipicidad objetiva descrita en la norma se dio, lo mismo que la tipicidad\nsubjetiva, puesto que del análisis de la sentencia se denota que el acusado tuvo total dominio del\nhecho delictivo que efectuaba, a sabiendas de que la propiedad estaba arrendada a un permisionario,\npor tratarse de terrenos dentro de la Zona Marítimo Terrestre, cuya posesión legítima la ostentaba\nel ofendido por el traspaso efectuado a su persona por el anterior arrendatario, hechos tenidos por\ndemostrados en el fallo. Por otra parte el artículo tercero de la ley sobre la Zona Marítimo\nTerrestre es claro en expresar, que el usufructo y la administración de la zona marítimo terrestre,\ntanto de la zona pública como la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción, de\nallí que tampoco es de recibo el criterio del recurrente, en el sentido de que el permiso que le fue\notorgado al ofendido es nulo. Sobre el aspecto alegado de que se dio violación del artículo 25 del\nCódigo Penal, referido al consentimiento del derechohabiente, debe corregirse que el artículo citado\nes erróneo siendo el artículo 26 el que tutela tal causal de justificación, la cual no se tuvo por\ndemostrada en los hechos probados, sino que como se dijo antes el legítimo posedor, siempre estuvo\natento denunciando la ilegítima entrada del imputado a su propiedad y en ningún momento se tuvo como\ndemostrado lo contrario. Del alegato del recurrente se desprende más bien su intención de variar los\nhechos tenidos por demostrados, situación violatoria del principio de intangibilidad de los hechos\nprobados en un motivo por el fondo, lo que implicaría que se variaran hechos demostrados en un\ncontradictorio donde no se asistió, con evidente violación también a los principios de oralidad e\ninmediación propios del debate.\n\nIII- Como tercer motivo, segundo por el fondo, alega el recurrente, que la sentencia inobserva y\naplica erróneamente, los artículos 30 del Código Penal y 62 de la Ley Sobre Zona Marítimo Terrestre,\na su juicio debe privar el principio de in dubio pro reo en su favor, por cuanto no puede deducirse\nde los hechos que el desarrollo llevado a cabo por él, se haya realizado contra la ley. Volviendo a\nplantear lo expuesto en el anterior considerando indica, que nunca trabajó la parcela contra lo\ndispuesto por la municipalidad, sino únicamente sembró árboles y conforme el artículo 44 de la ley\nde Zona Marítimo Terrestre, está pendiente un permiso de uso por lo que el caso debe ser ventilado\nen la vía contenciosa administrativa y no penal y dado que actuó en ejercicio de un derecho, como\nocupante debió aplicarse el artículo 25 del Código Penal. El reclamo no es procedente. En el\npresente motivo alega el gestionante que se debe aplicar el principio de in dubio pro reo, no\nobstante confunde el motivo alegado, puesto que éste principio es por la forma y luego cita normas\nsustantivas, esta cámara determina que de los hechos probados y su motivación no se observa, que el\nJuzgador tuviera duda alguna sobre la acción delictiva efectuada por el sentenciado, sino que el\nfallo se funda en un estado de certeza. Por otra parte el Juzgador también es amplio en expresar, el\ndominio del hecho con que actuó el sentenciado en su actuar eminentemente doloso, no dándose tampoco\nla causal de justificación de ejercicio de un legítimo derecho, puesto que el ofendido es el que\nposee la autorización para usar el área ocupada por el imputado dándose por lo consiguiente, la\ntipicidad descrita en las normas sustantivas alegadas como aplicadas erróneamente, al construir en\nla zona restringida sin la autorización debida y despojando de la posesión legítima al ofendido.\n\nIV- Como último motivo por el fondo alega el recurrente, la inobservancia del artículo 34 del Código\nPenal, dado que en los hechos por los cuáles se le condena actuó bajo la creencia errada, de que los\nmismos estaban justificados y dada la situación social que vivía su familia y la zona de Pavones,\npor lo que debe declararse que está eximido de culpabilidad. A su criterio fue años después que sus\nabogados les explicaron, que no bastaba para justificar sus acciones de necesidad de tierras, el\nhaberse introducido a las que pertenecían al extranjero [Nombre12]. El motivo no es procedente.\nPareciera que el recurrente confunde los hechos tenidos por demostrados por el Juzgador, por cuanto\nde la lectura de los mismos en ningún momento se determinó, que el imputado al efectuar la invasión\ndel terreno ocupado por el ofendido, actuara justificado por un supuesto error de tipo, el cual en\nrealidad se trataría de un error de prohibición indirecto (actuación justificada), por el hecho de\nque fueran varias las familias las invasoras, las cuales carecían de medios económicos para adquirir\nuna propiedad; en modo alguno podría implicar tal justificación, puesto que para cualquier persona\nde un entendimiento medio, es claro que la situación de ser de escasos recursos no lo faculta para\nintroducirse a los terrenos ajenos, solamente por constatar que el propietario se ausentó. Aceptar\ntal premisa sería un contrasentido, puesto que el error de prohibición indirecto (justificante), que\nerróneamente se incorpora en el párrafo segundo del error de tipo, implica un convencimiento total\ndel sujeto activo del delito, que lo haga incurrir en el mismo encontrándose convencido que actuó\njustificado, como sería el caso de quien cree que actúa ante un estado de necesidad de un tercero,\nel cual es agredido y asaltado cuando en realidad se trata de un simulacro. En el presente caso se\ntuvo por demostrado, que algunas familias de la zona de Pavones entre ellas la del imputado,\nutilizaba como modus operandi para introducirse a las propiedades, el cambiar de un inmueble a otro\npara evitar ser denunciados y desalojados por sus propietarios, lo que denota una actuación dolosa\npara tratar de evadir sus responsabilidades y no una situación de justificación legal, por lo que la\nargumentación del recurrente no es de recibo, máxime que pretende cambiar los hechos demostrados con\nla introducción de un aspecto no demostrado como él lo percibe, sino que el Juzgador consideró ese\nactuar como demostrativo del actuar doloso. Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de\ncasación.\n\nPOR TANTO.\n\nSe declara sin lugar el recurso de casación. Notifíquese. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n[Nombre13]\n\n \n\n \n\n \n\nFERNANDO CRUZ CASTRO [Nombre14]\n\nJUECES DE CASACION PENAL\n\n \n\n \n\nEXP: 96-200118-422-PE-7, C/ [Nombre1] Y OTRO. dig/ lmh.", "body_en_text": "EXP: 99-252-008-PE-5\n\nEXP: 96-200118-422-PE-7\n\nRESOL: 2000-703\n\nCRIMINAL CASATION COURT. Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, September fourteenth of the year two thousand.\n\nCASSATION APPEAL, filed in the present case against [Name1], [Name2]”, 32 years of age, single, farmer, Costa Rican, identification number CED1, resident of Pavones de Golfito, for the crime of LAND USURPATION AND ILLEGAL CONSTRUCTION ON THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE, to the detriment of THE STATE AND [Name3]. The Cassation Judges Jorge Alberto Chacón Laurito, Fernando Cruz Castro, and Alejandro López Mc Adam participate in the decision of the appeal. The accused [Name4] and his defense attorney Lic. [Name5], the Criminal Prosecutors Lic. [Name6] and Licda. [Name7] appeared in cassation.\n\nWHEREAS:\n\n1) That by means of a judgment issued at ten o'clock on the thirteenth day of April of the year two thousand, the Trial Court of the Southern Zone, Golfito Venue, resolved: \"THEREFORE: In accordance with Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 3, 102, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 and 524 of the Code of Criminal Procedure, Articles 1, 3, 30, 45, 59, 75, 103, 225, subsection 1) of the Penal Code, 62, of the Maritime Terrestrial Zone Law, [Name1] is declared the responsible perpetrator of the crimes of LAND USURPATION AND ILLEGAL CONSTRUCTION ON THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE in an ideal concurrence of offenses (concurso ideal), to the detriment of THE STATE AND [Name3], and is hereby sentenced to six months of imprisonment for each of said crimes, for a total of ONE YEAR of imprisonment, which in accordance with the provisions of Article 75 of the Penal Code is reduced to a total of 6 months, a sentence that must be served in the place and manner indicated by the respective penitentiary regulations, after crediting the pretrial detention served. Once the judgment is final, the restitution of the property to the victim shall be ordered by means of the eviction of any person and the demolition of any construction located within the premises held by the victim. Testimony of the judgment shall be ordered sent to the Sentence Enforcement Court and the National Institute of Criminology, and the Trial shall be registered in the Judicial Record of Criminals. Likewise, the accused is granted the benefit of a five-year period, during which he must refrain from committing a new intentional crime punishable by more than six months of imprisonment; otherwise, this benefit shall be revoked. Both costs are to be borne by the state.- NOTIFY.- LIC. [Name8]. JUDGE.- (sic).\n\n2) That against the preceding ruling, [Name4] filed a Cassation Appeal.\n\n3) That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 481 of the Code of Criminal Procedure, already repealed, but applicable to the case as established by Transitory Provision I of the new Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the Appeal.\n\n4) That in the proceedings, the pertinent legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge [Name9]; and,\n\nWHEREAS:\n\nI- In his first ground, on procedural matters, the accused [Name10] argues that the judgment disregards Articles 31, 32, and 33 of the Criminal Procedure Code, because the criminal action is time-barred, as the statute of limitations for the criminal action was reduced to one year and six months starting from January 1998, with no acts existing that would interrupt the statute of limitations; he adds that if the rules of the 1970 Penal Code were applicable, the action is also time-barred because the last cause that interrupts the statute of limitations was the order to proceed to trial (elevación a juicio) of October 23, 1996, but more than three years have elapsed since then without any interruption of the criminal action, and therefore he requests that the defense of statute of limitations be granted, with his arguments referring to the proceedings carried out after the request for the order to proceed to trial and then to the entry into force of the new procedural legislation. The claim is rejected. This Chamber, after studying the case files, determines that the appellant's arguments refer to which legislation should be applied and whether, based on such legislation, the facts are time-barred, starting from the prosecutorial request to proceed to trial, but as is clear from folios: 86, 87, 88, and 89, this case was ordered to proceed to trial in August 1996, and a trial summons was issued on September 3, 1996, such that, applying Transitory Provisions I and II of the Criminal Procedure Code, proceedings that, upon the entry into force of this new code in January 1998, had an order to proceed to trial shall continue to be processed in accordance with the previous code; therefore, given that there was a request to proceed to trial and a trial summons order issued in 1996, it is evident that the previous code, and not the current one, must be applied, as erroneously argued by the petitioner. Now, applying Articles 82 and 83 of the Penal Code, the latter article amended by Laws 5712 of July 11, 1975, and Article 7 of Law 6726 of March 3, 1982, which literally states: \"Regardless of the applicable legislation, the statute of limitations for the criminal action is interrupted by the indictment order (auto de enjuiciamiento) or the committal order (auto de procesamiento), or by the order for an extraordinary extension or the trial summons order, even if those decisions are not final, as well as all procedural acts carried out subsequently.\" Thus, since there was a trial summons order and a series of subsequent interlocutory decisions, these interrupted the limitation periods, and the criminal action remains in force, especially given that the most severe sanctions for the offenses of land usurpation and violation of the Maritime Mile Law (225 subsection 1 and 64, respectively) are three years of imprisonment.\n\nII- As the second ground, and the first on the merits, the appellant argues that the judgment misapplied and erroneously applied Articles 30 and 225, first subsection, of the Penal Code, because according to the proven facts of the judgment, the criminal offense of land usurpation is not configured, given that the case law of the Cassation Court has been clear in the sense that the protected legal interest is the legitimate possession of an asset, requiring proof of both said legitimacy and the dispossession. He claims it was not demonstrated in the judgment that the victim at any time exercised possession of the disputed land, given that the victim became the permit holder (permisionaria) of the Maritime Terrestrial Zone on July 20, 1993, when the municipality authorized the transfer of that right; before that date, the company Carao S.A. was the permit holder (permisionaria), and it was not shown that the victim was its representative or legal proxy, so because said company did not file a criminal complaint, a tacit consent was given, which is governed by Article 25 of the Penal Code. Furthermore, it cannot be considered proven that the victim exercised possession when the lands were occupied by the accused, because the statements in this regard are contradictory, adding that if it is held as true that other persons entered that land before, causing the victim to abandon it, those invaders are the ones who dispossessed the victim, not he. Moreover, the Attorney General's Office has been clear in the sense that transfers of use permits for the Maritime Terrestrial Zone are illegal and null even if authorized by the Municipality, which is why the victim cannot be considered a legitimate possessor. The claim is not admissible. This Chamber does not find that the facts found proven in the judgment do not constitute the crime of land usurpation described in Article 225, first subsection, of the Penal Code, as the petitioner asserts, since the adjudicator is clear and concrete in determining that, the victim [Name11] having the rights that the law grants him as permit holder (permisionario) over the disputed property, the accused entered and invaded it in such a way that the objective criminality described in the norm occurred, as did the subjective criminality, since from the analysis of the judgment it is evident that the accused had total control over the criminal act he was carrying out, knowing that the property was leased to a permit holder (permisionario), as it involved lands within the Maritime Terrestrial Zone, of which the victim held legitimate possession through the transfer made to him by the previous lessee, facts found proven in the ruling. On the other hand, Article Three of the Law on the Maritime Terrestrial Zone is clear in stating that the usufruct and administration of the maritime terrestrial zone, both the public zone and the restricted zone, correspond to the municipality of the jurisdiction; hence, the appellant's opinion that the permit granted to the victim is null is also not admissible. Regarding the alleged aspect of a violation of Article 25 of the Penal Code, referring to the consent of the right holder, it must be corrected that the cited article is erroneous, as it is Article 26 that governs such a ground for justification, which was not found proven in the proven facts; rather, as stated before, the legitimate possessor was always attentive, reporting the illegitimate entry of the accused onto his property, and at no time was the contrary found proven. The appellant's argument rather reveals his intention to vary the facts found proven, a situation that violates the principle of the intangibility of the proven facts in a ground on the merits, which would imply that facts demonstrated in an adversarial hearing where one was not present would be altered, with evident violation also of the principles of orality and immediacy inherent to the trial.\n\nIII- As the third ground, and the second on the merits, the appellant claims that the judgment disregards and erroneously applies Articles 30 of the Penal Code and 62 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone. In his opinion, the principle of in dubio pro reo must prevail in his favor, because it cannot be deduced from the facts that the development carried out by him was done against the law. Returning to raise what was set forth in the previous recital, he indicates that he never worked the parcel contrary to what was ordered by the municipality, but only planted trees, and in accordance with Article 44 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone, a use permit is pending, so the case must be ventilated in the administrative litigation jurisdiction and not the criminal one, and given that he acted in the exercise of a right, as an occupant, Article 25 of the Penal Code should have been applied. The claim is not admissible. In this ground, the petitioner alleges that the principle of in dubio pro reo must be applied; however, he confuses the ground alleged, since this principle is procedural in nature ('por la forma'), and then he cites substantive norms. This Chamber determines that from the proven facts and their reasoning, it is not observed that the Adjudicator had any doubt about the criminal action carried out by the sentenced person, but rather the ruling is based on a state of certainty. Furthermore, the Adjudicator is also expansive in expressing the control over the act with which the sentenced person acted in his eminently intentional conduct, nor does the ground for justification of the exercise of a legitimate right arise, since the victim is the one who possesses the authorization to use the area occupied by the accused, and consequently, the criminality described in the substantive norms alleged as erroneously applied occurred, by building in the restricted zone without the proper authorization and dispossessing the victim of legitimate possession.\n\nIV- As the last ground on the merits, the appellant alleges the disregard of Article 34 of the Penal Code, given that in the facts for which he is convicted, he acted under the mistaken belief that they were justified, and given the social situation his family and the Pavones area were experiencing, he should therefore be declared exempt from culpability. In his opinion, it was years later that his lawyers explained to him that his need for land was not enough to justify his actions of entering the lands belonging to the foreigner [Name12]. The ground is not admissible. It seems that the appellant confuses the facts found proven by the Adjudicator, because from reading them, it was in no way determined that the accused, when carrying out the invasion of the land occupied by the victim, acted justified by a supposed mistake of fact, which in reality would be an indirect mistake of law (justified action), due to the fact that there were several invading families, who lacked the economic means to acquire a property. Such a justification could in no way be implied, because for any person of average understanding, it is clear that being of scarce resources does not authorize one to enter someone else's land, merely by confirming that the owner was away. Accepting such a premise would be a contradiction, since the indirect mistake of law (justifying), which is erroneously incorporated into the second paragraph of mistake of fact, implies a total conviction of the active subject of the crime that makes him incur the same, being convinced that he acted justifiably, as would be the case of someone who believes he is acting in a state of necessity for a third party who is being attacked and assaulted, when in reality it is a simulation. In the present case, it was found proven that some families in the Pavones area, including that of the accused, used as a modus operandi for entering properties the practice of moving from one property to another to avoid being reported and evicted by their owners, which denotes intentional conduct to try to evade their responsibilities and not a situation of legal justification. Therefore, the appellant's argument is not admissible, especially since he intends to change the demonstrated facts by introducing an aspect not demonstrated as he perceives it, but rather the Adjudicator considered such conduct as demonstrative of intentional action. For the foregoing reasons, the cassation appeal is declared without merit.\n\nTHEREFORE.\n\nThe cassation appeal is declared without merit. Notify.\n\n[Nombre13]\n\nFERNANDO CRUZ CASTRO [Nombre14]\nCRIMINAL CASSATION JUDGES\n\nEXP: 96-200118-422-PE-7, C/ [Name1] AND OTHER. dig/ lmh." }