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  "id": "nexus-sen-1-0034-1364169",
  "citation": "Res. 00169-2026 Sala Segunda de la Corte",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Técnico de planta de tratamiento no acredita mayor riesgo biológico para aumento de peligrosidad",
  "title_en": "Treatment plant technician fails to prove higher biological risk for hazard pay increase",
  "summary_es": "La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia conoce de un recurso de casación interpuesto por un técnico electromecánico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), quien demandó el reconocimiento de un 5% por concepto de peligrosidad —en lugar del 3% que percibía— alegando exposición a riesgo biológico grave en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos. El tribunal confirma la sentencia de primera instancia que declaró sin lugar la demanda. La Sala determina que la sentencia recurrida está debidamente fundamentada y que la valoración probatoria fue correcta: los estudios técnicos aportados (especialmente la Matriz de Aplicación de Retribución por Riesgos por Peligrosidad y el Estudio de Riesgo SO-IT-2024-00015) clasifican el riesgo biológico del actor como bajo (grado 60), no como extremo o insoportable, que es el requerido para el 5% conforme al Reglamento de Peligrosidad institucional y la convención colectiva. Se rechaza el argumento de que la convención colectiva otorga automáticamente el 5% a todo trabajador de la planta, pues el instrumento remite al reglamento y a los estudios técnicos para la asignación porcentual. La Sala concluye que no hay error en la decisión de la jueza y declara sin lugar el recurso.",
  "summary_en": "The Second Chamber of the Supreme Court of Justice reviews a cassation appeal filed by an electromechanical technician of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), who sued for recognition of a 5% hazard pay —instead of the 3% he was receiving— alleging exposure to serious biological risk at the Los Tajos Wastewater Treatment Plant. The court upholds the trial court ruling that dismissed the claim. The Chamber holds that the lower court's decision is properly reasoned and that the evidence was correctly assessed: the technical studies submitted (particularly the Hazard Risk Compensation Application Matrix and Risk Study SO-IT-2024-00015) classify the plaintiff's biological risk as low (grade 60), not as extreme or unbearable, which is the threshold required for the 5% under the institutional Hazard Pay Regulation and the collective bargaining agreement. The argument that the collective agreement automatically grants 5% to every plant worker is rejected, as the instrument refers to the regulation and technical studies for the percentage assignment. The Chamber finds no error in the lower court's decision and dismisses the appeal.",
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  "date": "21/01/2026",
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  "excerpt_es": "Así, lleva razón la juzgadora al determinar que sólo reciben el 5% referido, aquellos funcionarios a los que sus labores se enmarcan en el riesgo insoportable. También, en tanto determina que, si bien, el actor está sometido a ambos tipos de riesgo (eléctrico y biológico) se debe determinar su grado de peligrosidad, para poder definir si le corresponde o no retribuírsele con un mayor porcentaje. Ahora bien, al analizar la MARRP sobre la retribución por riesgos de peligrosidad, tal y como se dijo, el actor presenta una exposición sobre riesgo biológico de 60 (bajo), por lo que no es posible determinar que esté expuesto a uno de grado insoportable, como el cual se requiere para el porcentaje solicitado.",
  "excerpt_en": "Thus, the lower court correctly determined that only those employees whose duties fall within unbearable risk receive the aforementioned 5%. Likewise, it correctly determined that, although the plaintiff is subject to both types of risk (electrical and biological), the degree of hazard must be determined to define whether or not he is entitled to a higher percentage. As noted, upon analyzing the Hazard Risk Compensation Application Matrix, the plaintiff's biological risk exposure is 60 (low), so it is not possible to determine that he is exposed to an unbearable degree, which is required for the requested percentage.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The Second Chamber dismisses the cassation appeal and upholds the ruling that denied the increase of hazard pay from 3% to 5% as unbearable biological risk was not proven.",
    "summary_es": "La Sala Segunda declara sin lugar el recurso de casación y confirma la sentencia que denegó el aumento de peligrosidad del 3% al 5% por no acreditarse riesgo biológico en grado insoportable."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando IV (Artículo 6 del Reglamento de Peligrosidad)",
      "quote_en": "Hazard risk compensation shall consist of a bonus that, according to the technical study conducted by the Occupational Health Department, approved by the Board of Directors and implemented by the General Management which shall authorize it via personnel action, in a specific range from a minimum of one percent (1%) to a maximum of five percent (5%) of the base salary of the respective job class or function…",
      "quote_es": "La retribución por riesgo de peligrosidad consistirá en un sobresueldo que de acuerdo al estudio técnico realizado por el Departamento de Salud Ocupacional, aprobado por la Junta Directiva y materializado por la Gerencia General quien autorizará mediante acción de personal, en un rango específico que oscila desde un mínimo de un uno por ciento (1%) hasta un máximo de un cinco por ciento (5%) del salario base de la respectiva clase de puesto o función…"
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    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "Upon analyzing the Hazard Risk Compensation Application Matrix, as stated, the plaintiff has a biological risk exposure of 60 (low), so it is not possible to determine that he is exposed to an unbearable degree, which is required for the requested percentage.",
      "quote_es": "Al analizar la MARRP sobre la retribución por riesgos de peligrosidad, tal y como se dijo, el actor presenta una exposición sobre riesgo biológico de 60 (bajo), por lo que no es posible determinar que esté expuesto a uno de grado insoportable, como el cual se requiere para el porcentaje solicitado."
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    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "The reasoning of the judgment is the intellectual work of the judge used to justify the decision adopted regarding the matter submitted to its knowledge.",
      "quote_es": "La fundamentación de la sentencia es la labor intelectiva del juzgador empleada para justificar la decisión que adopta con respecto al asunto que es sometido a su conocimiento."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1364169",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Segunda de la Corte\n\nResolución Nº 00169 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 21 de Enero del 2026 a las 14:00\n\nExpediente: 22-001048-1178-LA\n\nRedactado por: Ana Patricia Montero Morales\n\nClase de asunto: Proceso ordinario\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\nSentencias del mismo expediente\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\nCorte Suprema de Justicia\n\nSALA SEGUNDA\n\n\t\n\n \n\nExp: 22-001048-1178-LA\n\nRes: 2026000169\n\nSALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cero minutos del veintiuno de enero de dos mil veintiseis .\n\n Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera, por [Nombre 001], de estado civil desconocido, funcionario público y con cédula de identidad número [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, representado por su apoderada general judicial, la licenciada Kattya Ramírez Barrera, vecina de Alajuela. Actúan como apoderados especiales judiciales, de la parte actora, el licenciado Sigifredo Zamora Galván; y de la parte demandada, la licenciada María José López Baltodano, casada y de domicilio desconocido. Todos mayores, divorciados, abogados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas.\n\n  Redacta la Magistrada Montero Morales; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- ANTECEDENTES: En el escrito inicial, el actor declaró que labora para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, desde el 01 de febrero de 2016, como Técnico en Sistemas de Aguas Residuales, Electromecánica, y Bombeo, en la Planta de Tratamiento Los Tajos, Uruca. Explicó que, en dicho lugar, se da tratamiento a aguas residuales (lodos sépticos o cargados de excremento y otras sustancias con alto contenido de coliformes fecales). Según contó, contaminan ductos, tuberías y todo tipo de equipos o instrumentos, así como el aire y diversas superficies del recinto laboral. Manifestó que, desde el 2015, en el área de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, el cual pertenece a UEN RyT-GAM, se lleva a cabo la administración del sistema de tratamiento PTAR Los Tajos, el más grande e importante en la institución y el país. Dijo que, por su naturaleza, todos los procesos y casi la totalidad de los elementos de la instalación, deben operar de manera continua, las 24 horas de los 365 días del año. Estableció que, por sus funciones, existen peligros inherentes al tipo de instalación, que generan riesgos específicos a los que se está expuesto en sus labores rutinarias. Entre ellos: “a) Contacto o exposición permanente al agua residual cruda y sus subproductos, generando riesgos microbiológicos, infecciones; en labores de operación y atención directa de situaciones en las áreas de transporte (alcantarillados sanitarios) y tanques de agua cruda, lodos, desechos y agua tratada, recogida de muestras, aforos. b) Contacto o exposición habitual con productos químicos generando riesgos de intoxicaciones, quemaduras; en labores de traslado; dosificación y manipulación de reactivos químicos de los diferentes procesos tales como ácido sulfúrico, soda cáustica, cloruro férrico, entre otros. c) Contacto habitual con equipos energizados generando riesgos el eléctricos, quemaduras, electrocución; en labores de limpiezas, toma de datos en los equipos de proceso.”. Dejó claro que dichos peligros se describen, por la institución, en el documento mediante el cual se solicitó el Estudio de Peligrosidad para Operadores de la PTAR Los Tajos. Expuso que la figura de peligrosidad, a la cual se le conoce como riesgo laboral extremo, es el porcentaje que se reconoce, a ciertos grupos ocupacionales, por encontrarse expuestos a riesgos profesionales, de forma constante. Por ello, ante la solicitud de la Administración Superior del A y A, la Dirección de Capital Humano efectuó un estudio y análisis de siniestralidad, a nivel nacional, para realizar una propuesta sobre dichos grupos, que pueden estar propensos a enfermedades o peligros inminente, por su labor. Puntualizó que por medio del oficio TROMST-2015-00003, del Director de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos, de Tratamiento de la UEN Recolección y Tratamiento, Ing. Olman Jiménez Rodríguez, se realizó un estudio técnico para determinar la viabilidad del pago de peligrosidad del actor, quien labora en actividades de mantenimiento correctivo, preventivo de las instalaciones electromecánicas. Por dichas labores, adujo estar expuesto a alto voltaje, contaminación y riesgo biológico, por el contacto con cantidades inimaginables de coliformes fecales, en el aire y la superficie de toda la planta. A su criterio, dicho riesgo no se consideró en el estudio técnico. Afirmó que sus funciones se definen por el director de la planta, quien es su jefatura, según los manuales institucionales de cargos y clases. Según el estudio de riesgo, que realizó el Área de Salud Ocupacional y se observa en el oficio GG-S0-2015-00581, para el caso del actor, con referencia en los parámetros aplicados en la norma INS, se considera el 30% de consecuencia. Ello en tanto el Reglamento de Peligrosidad dice que: “El personal que está expuesto a alto voltaje producto de su labor permanente de mantenimiento, que puede recibir descargas de 3000 voltios o m s, se enmarca en un grado de riesgo de 300, o sea el criterio de “riesgo grave”, en donde los riesgos pueden producir lesiones importantes y no se debe dejar el uso de implementos de seguridad humana (…)”. A partir de lo transcrito, resumió que sus actividades se ubican en los grados que están en 300, es decir “riesgo grave”, por lo cual debe recibir un pago por peligrosidad de un 3% solamente. Además, desde su óptica, para el estudio dicho no se realizó prueba microbiológica, para determinar la exposición a riesgo biológico. Aclaró que, para este último tipo de riesgos se reconoce un 5% por concepto de peligrosidad. Ahora bien, para su caso nunca se tomó en cuenta ese tipo de riesgos. Enumeró, de sus labores, aquella que considera lo exponen a riesgo biológico: “-Realizar labores de mantenimiento correctivo, preventivo o predictivo en todas las instalaciones. -Informar a sus superiores sistemáticamente de todas las anormalidades encontradas en las máquinas, equipos y accesorios. -Revisar rutinariamente los equipos, materiales y accesorios electrónicos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. -Medir y registrar parámetros electrónicos y dar seguimiento a los mismos. -Participar en el montaje de nuevos equipos, sistemas, accesorios y materiales electrónicos en la planta. -Realizar limpiezas, reemplazos y mantenimientos especializados de los equipos de componentes electrónicos en conjunto con el resto del Departamento de Mantenimiento. -Permanecer atento y reportar cualquier situación que pueda poner en peligro el buen funcionamiento de las instalaciones o que represente un potencial peligro para la seguridad personal. -Apoyar desde su campo de acción al personal de otras áreas y/o externo en intervenciones de mayor envergadura. -Comprobar el estado del equipo personal de trabajo y advertir deficiencias. -Mantener limpio y ordenado el espacio de trabajo personal, con las áreas donde se ubican equipos y accesorios de la PTAR. -Mantener limpias las herramientas y equipos que requiera para sus funciones.”. También dilucidó que, para cumplir con las funciones asignadas como Técnico Especialista del Departamento de Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos debe realizar, como parte de sus funciones de limpieza y mantenimiento de equipos: 1) Mantenimientos preventivos y correctivos en las centrífugas de lodos, 2) Mantenimiento en boyas de nivel, 3) Mantenimiento preventivo y correctivo en rejas de impacto de zona de desbaste, puente de desarenado, bombas de vaciados y boyas de nivel dentro de arqueta, bombas helicoidales, agitadores de fondo (depósito tampón), bombas centrífugas para lodos, entre otras. Para cada una de ellas, adjuntó fotografías y una breve explicación. Solicitó que se declare que el actor realiza labores que conllevan un alto riesgo biológico, no sólo eléctrico, de manera que se reconozca, de forma retroactiva a la fecha de ingreso a la planta Los Tajos, un 5% por concepto de peligrosidad. También, que se establezca, según el Manual de Puestos, que ocupa el puesto de electromecánica y bombeo, por las múltiples funciones de mantenimiento electromecánico en las que se expone a riesgo biológico. Pidió el pago de las diferencias en aguinaldo, salario escolar, aportes a la seguridad social, intereses (desde el momento en que ingresó a laborar a la plata y hasta su efectivo pago) e indexación. Requirió la carga de las costas a la institución demandada (Imágenes 1 a 15 del expediente virtual del juzgado). Por su parte el apoderado generalísimo sin límite de suma del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados contestó de forma negativa la demanda. Interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva. Asimismo, solicitó que se declare la demanda sin lugar y se ordene al actor el pago de las costas (Imágenes 55 a 69 del expediente virtual del juzgado).  El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, por medio de la sentencia 2278-2024 de las 10:44 horas del 20 de noviembre de 2024, dictada por la juzgadora Lucía Alejandra Soto Chacón, declaró sin lugar la demanda, acogió las excepciones planteadas y resolvió el proceso sin especial condena en costas (Imágenes 245 a 266 del expediente virtual del juzgado).\n\nII.- AGRAVIOS: La parte actora presenta recurso de casación. En primer lugar, reitera las pretensiones de la demanda. También, al respecto de las convenciones colectivas, dice que por su carácter de leyes profesionales constituyen fuentes normativas dentro del ámbito de su aplicación. Por ello, de conformidad con el artículo 55 del Código de Trabajo resultan de aplicación a los trabajadores presentes y futuros, del centro de trabajo en el que se suscriben. Añade que la jurisprudencia de la Sala Constitucional, con base en el voto 1696-1992 de las 15:00 horas del 23 de agosto de 1992, ha sido reiterativa en cuanto a las condiciones bajo las cuales es posible aplicar el artículo 62 a las personas trabajadoras del Estado. De lo anterior, sustrae que las convenciones colectivas, desde el 2011, que han sido homologadas por el Ministerio de Trabajo, reconocen que el funcionariado de plantas de tratamientos residuales, como el caso del actor, se le debe reconocer un 5% por concepto de peligrosidad, por estar expuestos a riesgo eléctrico y biológico. Por otro lado, se muestra inconforme al respecto de la fundamentación del fallo. Explica que la juzgadora realiza un análisis a partir de las funciones para el puesto de “Técnico Electromecánico y Bombeo de Aguas”, del actor. Sin embargo, deja de lado que en materia laboral prima el principio de contrato de realidad y que, a pesar de que el actor sea Técnico Electromecánico, trabaja en todas las áreas de la planta. Reitera que, la misma, se encuentra altamente contaminada de materia fecal y de otros microorganismos, que provocan riesgo biológico. Manifiesta que las pruebas son contundentes y no dejan duda alguna. Considera que la jueza decide sobre un aspecto que no es la génesis de la demanda y deja de lado las pretensiones y el objeto del proceso, sin realizar análisis jurídico. Debate que la a quo determinara su disconformidad respecto a una “probable exposición a contaminación por materia fecal”, no por una condición certera. Es decir, el riesgo se determina por las tareas asignadas a cada puesto y el del actor no está asociado a dicho peligro. Sugiere que la juzgadora no comprende el término “exposición de riesgo biológico ni exposición a materia fecal”, porque lo circunscribe sólo a si pertenece a determinado puesto del manual. Advierte que la sentencia no busca el conocimiento de la materia de riesgo biológico por contaminación fecal, por lo que se le deja en estado de indefensión. Advierte que el actor transita por toda la planta, al mismo tiempo que debe armar y desarmar componentes de los equipos, lo cuales contienen altas concentraciones de materia fecal. Afirma que, sobre la potestad reglamentaria de la institución, la juzgadora trata de fundamentar la sentencia por medio del Reglamento de Peligrosidad. Así, la a quo establece que sólo tiene derecho al reconocimiento de 5% por peligrosidad, el funcionariado con mayor exposición al riesgo sea los de Alcantarillado Sanitario o “Técnicos en Sistemas de Agua-Tratamiento de Aguas Residuales”; por ello, cuando se le otorga un 3% de peligrosidad, la demandada aplicó el contenido del Reglamento, que no da espacio ni lugar a arbitrariedades, pues no es subjetivo. Ante tal posición, aclara que sus pretensiones versan sobre la exposición a riesgo biológico en toda la planta. Asimismo, expresa los reglamentos institucionales no siempre respetan los principios del derecho laboral, pues contienen sesgos y disposiciones contrarias al derecho laboral, lo cual es un aspecto de conocimiento general. Revela que, como muestra de su argumento, recientemente, el A y A, a través de su Departamento de Salud Ocupacional, realizó un estudio técnico denominado: “Estudio de Riesgo”, en el cual concluye que los funcionarios electromecánicos, como es el caso del actor, deben recibir el 5 % de peligrosidad, por que sí están expuestos al riesgo biológico que se reclama en este proceso. Retoma que la Convención Colectiva estaba vigente para el 2019 e incluía, en el artículo 15, un pago de 5% de peligrosidad para los trabajadores que laboran en plantas de tratamiento de aguas residuales, sin distinción del puesto o las funciones, por lo cual se le debe reconocer ese porcentaje al actor, por el riesgo biológico. Es decir, se le otorgaría desde el 2019, por la convención colectiva vigente en la presentación de la demanda, y no sólo desde 2023, con la nueva convención colectiva. Solicita que se modifique la sentencia y se declare con lugar la demanda en todos sus extremos.\n\nIII.- AGRAVIOS PROCESALES: La parte actora reclama la fundamentación del fallo pues realizar un análisis a partir de las funciones para el puesto del actor y deja de lado que en materia laboral prima el principio de contrato de realidad. Además, a pesar de ser Técnico Electromecánico, trabaja en todas las áreas de la planta, las cuales presentan una alta contaminación de materia fecal y microorganismos, es decir riesgo biológico. A su juicio, el razonamiento del fallo se basa en un aspecto que no es la génesis de la demanda y deja de lado las pretensiones y el objeto del proceso, sin realizar análisis jurídico. Debate la falta de atribución de certeza ante la posible exposición a contaminación por materia fecal”. Además, por descarta el peligro en perjuicio del actor, pues determina que el riesgo se da a partir de las tareas asignadas a cada puesto. Interpreta que la juzgadora no comprende el término “exposición de riesgo biológico ni exposición a materia fecal”, porque lo circunscribe sólo a si pertenece a determinado puesto del manual; y que, el fallo, evita el conocimiento de la materia de riesgo biológico por contaminación fecal y que el actor transita por toda la planta, al mismo tiempo que debe armar y desarmar componentes de los equipos, lo cuales contienen altas concentraciones de materia fecal. También, reclama la fundamentación a partir del Reglamento de Peligrosidad pues sus pretensiones versan sobre la exposición a riesgo biológico en toda la planta y los reglamentos institucionales contienen sesgos y disposiciones contrarias al derecho laboral. Los agravios no son de recibo. El deber de fundamentar las resoluciones judiciales constituye una obligación consustancial a los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa de las partes. La materialización de las razones, que consideró la persona juzgadora, al adoptar una u otra decisión, permite a las partes el poder ejercer control sobre lo resuelto, mediante los mecanismos procesales concebidos para ello. “La fundamentación de la sentencia es la labor intelectiva del juzgador empleada para justificar la decisión que adopta con respecto al asunto que es sometido a su conocimiento. Para ello el operador del derecho, debe hacer constar los motivos fácticos y jurídicos que le sirven para sustentar su criterio, pues de lo contrario su decisión será arbitraria. Lo anterior no es mero requisito de forma de la sentencia, sino una exigencia derivada del principio del debido proceso, ya que, por medio de la motivación del fallo, tanto actor como demandado podrán hacer uso de los recursos ordinarios que les otorga la legislación, con el fin de realizar el control del poder jurisdiccional” (Sala Segunda, sentencia 181 de las 9:45 horas del 5 de febrero de 2010). De ahí que los artículos 421 y 560 del Código de Trabajo estatuyen expresamente la obligación de razonar las decisiones. Este último preceptúa que en el acápite considerativo del fallo se indicarán “(…) los medios de prueba en que se apoya la conclusión y las razones que la amparan y los criterios de valoración empleados, para cuyo efecto deberá dejarse constancia del análisis de los distintos elementos probatorios evacuados, mediante una explicación detallada y exhaustiva de cada uno de ellos… se darán las razones de hecho, jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales, se bastanteará la procedencia o improcedencia de las proposiciones (…) Es indispensable citar las normas jurídicas que sirven de base a las conclusiones sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones o excepciones propuestas”. A criterio de esta Sala, el fallo impugnado no incurre en el reproche señalado pues acreditó, los que a juicio de la juzgadora fueron relevantes para adoptar la decisión que tomó. Además, respaldó la decisión en los elementos probatorios existentes, que a su juicio justifican el fallo. El despliegue argumentativo resulta claro, sin exhibir contradicciones, con lo cual se puede determinar cuáles son los motivos, de hecho y derecho, que son base de la decisión. Para esta Sala, la parte accionante mezcla dos reparos, uno de orden procesal con efectos en la validez del acto (falta de fundamentación) y otro procesal con efectos en la parte sustantiva de la sentencia (preterición o indebida valoración de prueba). Estos agravios son excluyentes entre sí, aparte de que solo el primero se puede abordar por la vía formal introducida por el artículo 587 del Código de Trabajo; mientras que el segundo, está previsto en la legislación como un motivo de casación por el fondo (artículo 588). Así las cosas, al revisar el fallo recurrido y en virtud de la forma en que se han planteado las pretensiones del proceso, no se observa que la juzgadora haya errado sobre su objeto, razón por la cual se debe rechazar lo agraviado, sin perjuicio de que se vaya a analizar las argumentaciones de fondo, en el siguiente considerando.\n\nIV.- ANÁLISIS DEL CASO: El objeto principal del proceso es determinar si al actor le corresponde el pago de diferencias por el 5% del rubro de peligrosidad, a pesar de que recibe el 3% (Ver acciones de personal en imágenes 17 y 197), por realizar funciones que lo exponen a un grave riesgo biológico. En la sentencia, la a quo tuvo como hechos probados: “HECHO PROBADO PRIMERO. La parte actora labora para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados desde el 1 de febrero de 2016 (hecho no controvertido, tenido por cierto por aplicación del artículo 480 del Código de Trabajo), HECHO PROBADO SEGUNDO. Que desde el inicio de su relación laboral, el actor fue nombrado en la clase de Técnico en sistemas de agua Residuales, en el cargo de Técnico en Sistemas de Agua Electromecánica y Bombeo en la planta de tratamiento de aguas residuales en los Tajos (ver oficio DGCH-2016-01036 del 05 de setiembre del 2016 aportado como prueba con el escrito inicial de demanda incorporado a los autos el 16 de mayo del 2022, donde indica que el puesto del actor es de Técnico en Sistemas de Agua Electromecánica y Bombeo en la planta de tratamiento de aguas residuales en los Tajos; ver también acción de personal NO1.2016-00015 aportada como prueba en la contestación de la demanda, según escrito incorporado a los autos el 14 de junio del 2022, donde se indica claramente que el actor es nombrado en la clase de Técnico Sistemas De Agua Residuales y en el cargo de Técnico en Sistemas de Agua Electromecánica y Bombeo). HECHO PROBADO TERCERO. Que las actividades de personas en cargos de Técnicos en Sistemas de Agua Electromecánica y Bombeo, cubren ciertas actividades que si conllevan el posible contacto con aguas residuales (ver actividades enlistadas en el ESTUDIO DE RIESGO SO-IT-2024-00015 incorporado como prueba para mejor resolver en autos según escrito incorporado al escritorio virtual el 13 de mayo del 2024). HECHO PROBADO CUARTO. Que en lo que respecta a la Matriz para la Aplicación de Retribución por Riesgos por Peligrosidad (MARRP), se determina que los técnicos en Sistemas de Aguas Electromecánica y Bombeo, tienen una exposición a riesgo biológico de grado 60 (bajo) y riesgo eléctrico de grado 60 (bajo). (ver actividades enlistadas en el ESTUDIO DE RIESGO SO-IT-2024-00015 incorporado como prueba para mejor resolver en autos según escrito incorporado al escritorio virtual el 13 de mayo del 2024). HECHO PROBADO QUINTO. Que el Reglamento para la Retribución del Riesgo por Peligrosidad del AYA, Reglamento número 064 del 26/08/2003, dispone: “ARTÍCULO 6: La retribución por riesgo de peligrosidad consistirá en un sobresueldo que de acuerdo al estudio técnico realizado por el Departamento de Salud Ocupacional, aprobado por la Junta Directiva y materializado por la Gerencia General quien autorizará mediante acción de personal, en un rango específico que oscila desde un mínimo de un uno por ciento (1%) hasta un máximo de un cinco por ciento (5%) del salario base de la respectiva clase de puesto o función, en consideración a lo establecido en las leyes, normas técnicas, directrices y este Reglamento, de la siguiente forma: - Personal de Alcantarillado Sanitario. 5%. Personal de Bodega de reactivos o de sustancias tóxicas. 4%. - Personal que manipula y transporta gas cloro. 4%. - Personal expuesto al alto voltaje(mantenimiento). 3%. Personal que manipula y dosifica (operadores plantas ). 3%. - Personal de Laboratorio. 3%. - Personal que realiza aforos. 2%. - Personal expuesto a alto voltaje (operadores). 1%.” (ver Reglamento para la Retribución del Riesgo por Peligrosidad del AYA, Reglamento número 064 del 26/08/2003 aportado como prueba con la demanda inicial según escrito incorporado a los autos el 16 de mayo del 2022, también disponible en el sitio: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?p aram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=61247&nValor3=69436&strTipM=TC) HECHO PROBADO SEXTO. Que, al momento de trabarse la litis, a los técnicos en mantenimiento electromecánico ubicados en la PTAR los Tajos y en todo el país se les asignaba el 3% del salario base por su labor y riesgo al contacto con los componentes eléctricos. (ver oficio GG-DCH-2021-02273, de fecha 5 de agosto de 2021, mediante el cual la Sra. Yolanda Salas Hernández, Directora de Capital Humano de A y A, le responde al Sr. Mario Rodríguez Bonilla en su condición de secretario general del Sindicato de Trabajadores de A y A (SITRAA), sobre el pago de la peligrosidad, documento aportado como prueba en el escrito inicial de demanda incorporado a los autos el 16 de mayo del 2022). HECHO PROBADO SÉTIMO. Que finalmente, en el estudio de peligrosidad realizado al actor en el año 2016, tomando en consideración las actividades y funciones del actor, se concluyó que el Sr. [Nombre 001] se expone al factor de riesgo eléctrico según la probabilidad y la exposición, ya que por la naturaleza del trabajo se expone a un Riesgo Eléctrico que pueden afectar la salud e integridad del mismo (ver oficio GG-SO- 2016-00403 de fecha 03 de agosto 2016 aportado como prueba en la contestación, según escrito incorporado a los autos el 14 de junio del 2022), siendo que en efecto, al actor se le reconoce un 3% sobre el salario base por concepto de peligrosidad con fecha de rige 01-04-2016 (ver oficio DGCH-2016-01036 del 05 de setiembre del 2016 aportado como prueba con la demanda inicial incorporada a los autos el 16 de mayo del 2022). HECHO PROBADO OCTAVO. Que en la planta de tratamiento Los Tajos se cuenta con procedimientos de limpieza y desinfección, equipos de protección personal (EPP) para los funcionarios que laboran allí, asimismo existen Sistemas de Control de Olores y Equipos de Medición de Gases para seguridad cualquier trabajador. (Ver memorandos DRyT-OMST-2022-00212, así como fotografías donde se observan a funcionarios utilizando distintos equipos de protección personal, así como memorándum DRyT-OMST-2022-00212 del 23 de mayo del 2022 firmado por OLMAN JIMENEZ RODRIGUEZ, todos aportados como prueba con la contestación de la demanda).”. Ahora bien, el incentivo de peligrosidad se encuentra regulado en el Reglamento de Retribución del Riesgo de Peligrosidad de la institución, bajo la definición “Denomínese retribución por riesgo de peligrosidad, aquellas situaciones incontrolables que atentan contra la integridad física de los funcionarios, por la manipulación directa de agentes transmisores de enfermedades infectocontagiosas o por el uso de productos altamente tóxicos, o de peligro extremo u otras actividades que en el futuro autorice la Junta Directiva de AYA por recomendación de la Gerencia, y que expongan al funcionario en las tareas habituales y permanentes del puesto, en las cuales no medie negligencia o falta de uso de los implementos de seguridad ocupacional por parte del trabajador.” (El resaltado se agregó). Ahora bien, bajo el estudio técnico DGH-2016-01036 (Imágenes 18 a 22 del expediente virtual) se concluye que el actor ejecuta funciones de Técnico Sistemas de Agua Electromecánica y Bombeo en la planta de tratamiento de aguas residuales en Los Tajos, por ello sus actividades se encuentran dentro de los supuestos que habilitan el reconocimiento del rubro, según el reglamento, por lo que se le reconoció el 3% sobre el salario base referido, por su exposición a alto voltaje, con un grado de riesgo de 300. Actividades que se exponen en el Memorando DRyT-OMST-2016-00107 del 31 de marzo de 2016 del Ing. Olman Jiménez Rodríguez (Imágenes 94 a 96 del expediente virtual), las cuales son: “1. Realizar según corresponda al ámbito de su competencia, labores de mantenimiento correctivo, preventivo o predictivo eléctrico en todas las instalaciones de la PT AR, de acuerdo al mayor beneficio de la institución. 2. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 3. Completar los formularios de reporte asignados. 4. Informar sistemáticamente de todas las anomalías encontradas en las máquinas, equipos y accesorios. 5. comprobar el estado de su propio equipo de trabajo y advertir sus deficiencias 6. Llevar a cabo los trabajos programados y todos aquellos que surjan diariamente, cumpliendo siempre con las instrucciones del superior inmediato. 7. Revisar rutinariamente los equipos, materiales y accesorios eléctricos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 8. Medir y registrar parámetros eléctricos y dar seguimiento a los mismos. 9. Realizar las limpiezas, reemplazos y mantenimientos especializados de los equipos electromecánicos en conjunto con el resto del Departamento de Mantenimiento. 10. Permanecer atento y reportar cualquier situación que pueda poner en peligro el buen funcionamiento de la instalación o que represente un potencial peligro para la seguridad personal. 11. Apoyar desde su campo de acción al personal de otras áreas y/o externo en intervenciones de mayor envergadura. 12. Participar en capacitaciones, reuniones, eventos, comités, comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 13. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento. 14. Revisar, corregir y firmar documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 15. Comprobar el estado del equipo personal de trabajo y advertir deficiencias. 16. Estar anuente a participar en evaluaciones de rendimiento o desempeño personal, tanto para ser calificado como para calificar a otros colaboradores. 17. Mantener limpio y ordenado el espacio de trabajo personal, como las áreas donde se ubican equipos y accesorios de la PT AR. Participar en el montaje de nuevos equipos, sistemas, accesorios y materiales eléctricos en la planta, así como apoyar a otras áreas en actividades similares. 18. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos de su jefatura. 19. Mantener limpias las herramientas y equipos que requiera para sus funciones.”. Así, además de dicha información, en el memorando DRyT-OMST-2022-00212 se aclara que las labores referidas por el actor en realidad corresponden a los cargos y funciones de Operadores, además deja claro que los equipos que van a ser intervenidos por los técnicos de mantenimiento “(…) deben ser inicialmente lavados por los operadores, este lavado se hace previa solicitud de los técnicos de mantenimiento o sus jefaturas (…) se adjunta el correo “Entrega de equipo de bombeo torre desodorización #2”, del 28 de enero del 2021, en el cual se indica textualmente de mi parte a los Coordinadores de Operación y Mantenimiento de la PTAR Los Tajos (señores Esteban Saborío Herrera y Nicolás Mora Castro): “En caso de intervenciones de mantenimiento en general en equipos de aguas residuales o de riesgo biológico: 1. Se sigue el procedimiento habitual de que primero interviene Operación para hacer la limpieza. 2. Posteriormente interviene Mantenimiento para lo que corresponda”. Por tanto, para proceder a lavado de áreas y equipos antes de una intervención de los técnicos de mantenimiento, debe existir una coordinación de estos con el área de operación, lo cual se ha seguido prácticamente desde el inicio de funcionamiento de la PTAR Los Tajos. Entonces, en principio y bajo condiciones normales de coordinación, hasta que los operadores no laven, no deben intervenir los técnicos de mantenimiento. En concordancia con esto, la PTAR Los Tajos cuenta con un procedimiento de limpieza y desinfección, código SSO-P-001 (T), elaborado el 17/01/2018 y actualizado en su versión 003 el 24/03/2020, donde se establece la limpieza de áreas o equipos, responsables, frecuencia de limpieza y equipos de protección a utilizar.”. En el mismo documento se adjunta el “Cuadro 1. Procedimiento de Limpieza y Desinfección, punto 6 y 7, página 4.” Donde se detalla el procedimiento citado y la responsabilidad de limpieza de máquinas y herramientas, que tienen los funcionarios de operación y mantenimiento, así como aquellas sobre los equipos de trabajo y gabinetes, según sea el equipo o la tarea. También, refiere al uso de equipos de protección (EPP) como guantes de nitrilo reutilizables, botas de seguridad, caso y careta de seguridad. Continúa, sobre los equipos de protección personal (EPP) que para el funcionariado que realiza labores en contacto con lodos o agua residual, exposición a olores y gases, por los riesgos y labores, también cuentan con: “a) Caretas de protección personal adaptables a los cascos de seguridad. b) Lentes claros y oscuros con sello facial. c) Respiraciones de 1 y 2 filtros con cartuchos para gases y vapores. d) Respiradores desechables. e) Traje entero desechable tipo Tivek. f) Botas tipo pescador (impermeables). g) Guantes de nitrilo reutilizables de varios tipos de longitud para la mano, brazo y antebrazo. h) Botas de hule.”, los cuales se vienen adquiriendo desde agosto de 2015, fecha en que entró en operación la planta. Añade que existen otras medidas preventivas como: “a) Los funcionarios se duchan antes de salir del trabajo. b) Se mantiene constante el servicio por contratación para el lavado de uniformes. c) Se entrega a los funcionarios los implementos de higiene personal establecidos en Convención colectiva. d) Se efectúan comunicaciones constantes y reuniones periódicas en temas de Seguridad y Salud Ocupacional y se cuenta con una profesional en el área, la ingeniera Fanny Brenes Granados.”. Así, a pesar de que reconoce que los técnicos de mantenimiento deben dar atención a los equipos referidos en la demanda, el área debe coordinar, con operación, la limpieza inicial y que cuentan con el equipo de protección necesario. En el expediente también consta el memorando GG-SO-2016-00403 (Imágenes 108 113) a donde se realiza estudio de riesgos del trabajo en la planta, para el actor. En el mismo se concluye que “(…) debido a la consecuencia, probabilidad y exposición, y analizando las funciones con las jefaturas inmediata en la Planta Los Tajos y con el objetivo de cumplir con lo establecido en el Reglamento de Peligrosidad vigente y a la Norma Técnica del INS, ya que por la naturaleza del trabajo se expone a un Riesgo Eléctrico que pueda afectar la salud e integridad del mismo. Equipos de Protección Personal. Utiliza guantes, lentes de seguridad, zapatos de seguridad, aislantes materiales de Bloque (…) La consecuencia es de 30%, la exposición es de 10% y la probabilidad es de 1% por lo que el grado de riesgo al que está expuesto el funcionario es de 300.”. Asimismo, se tiene que las labores del puesto de Técnico Especialista Sistema de Agua Electromecánica y Bombeo de Aguas, que desempeña el actor, según el Manual de Puestos de la institución demandada (Imágenes 117 a 119 del expediente virtual del juzgado), le corresponde: “ Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como la implementación de planes, programas, proyectos y acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de los sistemas electromecánicos y bombeos de agua potable.  Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la información de los sistemas electromecánicos y bombeos de agua.  Ejecutar y controlar actividades de mantenimiento necesarias para la adecuada operación y funcionamiento de los sistemas electromecánicos y de bombeo utilizados en el instituto.  Ejecutar la instalación, operación, control y mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo) de los equipos hidráulicos, neumáticos y eléctricos de los sistemas de bombeo.  Ejecutar inspecciones de paneles y tableros de control de los equipos de bombeo.  Ejecutar la manipulación y calibración de válvulas automáticas.  Operar e instalar paneles eléctricos.  Reparar bombas, motores, compresores, accesorios, equipo electromecánico.  Instalar equipos de bombeo, accesorios, válvulas de todo tipo tanto para agua potable, como residual.”. Así mismo, se detallan los procedimientos de limpieza y desinfección para la planta, y las personas responsables de cada uno (Imágenes 120 a 134). En el documento Análisis Microbiológicos en Ambiente y Superficies de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos de A y A (Imágenes 172 a 184 del expediente virtual del juzgado), se planteó como objetivo “Determinar la presencia de indicadores microbianos fecales como coliformes termotolerantes o fecales y Escherichia coli en superficies, así como la carga microbiana ambiental en diversas áreas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Tajos, administrada por AyA.”. Y concluyó que “En el muestreo ambiental, se observa en el cuadro 1, que el valor promedio de la carga microbiana en las diferentes áreas fue de 6 UFC, siendo el valor máximo 13 en el tanque de homogeneización de lodos y el valor mínimo se detectó tanto en el edificio administrativo y en el tamiz de lodos, con 2 UFC. En el área control que se estableció en ambiente externo, en el sistema de tratamiento de biogás, se obtuvo un recuento no detectable. En el muestreo de superficies, se obtuvo presencia de coliformes fecales y E.coli en dos herramientas en almacenamiento (ver cuadro 1 filas 6 y 7), dos herramientas que se encontraban en uso en labores de campo de mantenimiento (ver cuadro 1 filas 9 y 10) y solamente coliformes fecales en la superficie seleccionada en el sistema de tratamiento de biogás (…).”. En el mismo sentido, la a quo, como prueba para mejor resolver, admitió el Estudio de Riesgo SO-IT-2024-00015 (Imágenes 232 a 241 del expediente virtual), donde se realiza un estudio de riesgo a varios funcionarios, entre ellos el actor. En el documento se detallan las actividades que realiza, los criterios de riesgo y el rango y el cuadro de evaluación de las condiciones de peligrosidad. Por ello, se define que está expuesto a dos tipos de riesgo: agentes biológicos y eléctricos. Igualmente, se adjunta la Matriz de Aplicación de Retribución por Riesgos por Peligrosidad (MARRP), en la cual se determina que el riesgo biológico tiene un valor de 60 (bajo) y el riesgo eléctrico tiene, de igual forma, un valor de 60 (bajo). Por lo expuesto debe dejarse claro que el mismo reglamento, también,  expone en el ordinal 6 “La retribución por riesgo de peligrosidad consistirá en un sobresueldo que de acuerdo al estudio técnico realizado por el Departamento de Salud Ocupacional, aprobado por la Junta Directiva y materializado por la Gerencia General quien autorizará mediante acción de personal, en un rango específico que oscila desde un mínimo de un uno por ciento (1%) hasta un máximo de un cinco por ciento (5%) del salario base de la respectiva clase de puesto o función, en consideración a lo establecido en las leyes, normas técnicas, directrices y este Reglamento, de la siguiente forma: - Personal de Alcantarillado Sanitario. 5%. - Personal de Bodega de reactivos o de sustancias tóxicas. 4%. - Personal que manipula y transporta gas cloro. 4%. - Personal expuesto al alto voltaje (mantenimiento). 3%. - Personal que manipula y dosifica (operadores plantas). 3%. - Personal de Laboratorio. 3%. - Personal que realiza aforos. 2%. - Personal expuesto a alto voltaje (operadores). 1%.” y define los tipos de riesgo en el apartado de definiciones del artículo 2, de manera que se debe comprender: “Riesgo extremo: Se refiere a riesgos cuya evaluación demuestra ausencia de control en el sitio de trabajo, o riesgos aleatorios y en tal sentido puede generar consecuencias importantes para los trabajadores.  Se evidencia en el personal que almacena y manipula sustancias tóxicas, químicas, físicas o biológicas y reactivos químicos en Bodegas y Laboratorios. Asimismo el personal de gas cloro se expone a un riesgo extremo, el cual afecta directamente al funcionario, y presenta consecuencias que abarcan hasta la comunidad dependiendo de la magnitud de las consecuencias. Riesgos graves: Riesgos que presentan características que hacen requerir un nivel de acción donde la participación de equipos técnicos deben proponer medidas oportunas por cuanto puede generar consecuencias y efectos importantes en lesiones o enfermedades. Riesgos moderados: Riesgos que requieren una atención adecuada por parte de los funcionarios de AYA, por cuanto hay probabilidad de que los mismos generen accidentes de consecuencias incapacitantes. Si el funcionario contraviene la legislación nacional y por ello debe asumir su responsabilidad previo el debido proceso. Riesgo bajo: Todo funcionario debe desarrollar acciones que mantengan bajo control los factores de riesgo, presentes en los grupos ocupacionales, dentro las principales actividades que realiza la Institución. Riesgos soportables: El funcionario se encuentra bajo el control normal de los riesgos presentes en su actividad. Son subsanables mediante el uso adecuado de los implementos de seguridad.”. Así, lleva razón la juzgadora al determinar que sólo reciben el 5% referido, aquellos funcionarios a los que sus labores se enmarcan en el riesgo insoportable. También, en tanto determina que, si bien, el actor está sometido a ambos tipos de riesgo (eléctrico y biológico) se debe determinar su grado de peligrosidad, para poder definir si le corresponde o no retribuírsele con un mayor porcentaje. Ahora bien, al analizar la MARRP sobre la retribución por riesgos de peligrosidad, tal y como se dijo, el actor presenta una exposición sobre riesgo biológico de 60 (bajo), por lo que no es posible determinar que esté expuesto a uno de grado insoportable, como el cual se requiere para el porcentaje solicitado. No se observa, como la parte quiere hacer ver, que la juzgadora haya hecho sólo un análisis de las funciones asignadas a determinada clase de puesto, sino que se tomó en cuenta todos los estudios técnicos, que incluyen entrevistas y análisis del sitio, para poder generar tal conclusión. A pesar de que se pueda presumir que el actor, según sus labores, está expuesto a riesgos biológicos, tal presunción no es suficiente para asignar el mayor grado de peligrosidad, pues ello deviene del valor asignado, a partir de criterios técnicos. Tal y como en el caso se hizo, con un valor de riesgo bajo. Por ello, el razonamiento de la juzgadora tiene un fundamento técnico, a partir de la prueba aportada en autos, misma que no fue desacreditada por la parte actora, ni hubo oposición a la misma. Por otro lado, tampoco lleva razón la parte accionante respecto a su interpretación de la convención colectiva, sobre que asignó, en el artículo 15, un pago de un 5% por concepto de peligrosidad para los trabajadores que laboran en plantas de tratamiento de aguas residuales, sin distingo de las funciones o el puesto que ocupen. A pesar de la novedad del argumento, al considerar que la misma se agregó como material probatorio, se debe decir que la misma siempre ha sometido tal asignación porcentual al reglamento y para el funcionariado de puestos cuyas tareas se consideren dentro de los rangos de riesgo de peligrosidad. Lo anterior según el artículo 11 de dicho instrumento de negociación colectiva, que indica: “Artículo 11: De la peligrosidad. 1. El Instituto mantendrá el reglamento de peligrosidad, aplicando una retribución por riesgo de peligrosidad sobre el salario base a aquellos funcionarios ubicados en puestos cuyas tareas temporales o permanentes sean consideradas dentro de los rangos de riesgo de peligrosidad, de acuerdo al registro de ocupaciones peligrosas. Tales actividades son: a) Funcionarios que laboran en Alcantarillado Sanitario y en las Plantas de Tratamiento de aguas residuales y sus colectores. b) Funcionarios de Bodegas, que manipulan y transportan reactivos químicos o sustancias tóxicas, tales como: sulfato de aluminio, gas cloro, hipoclorito de sodio y reactivos químicos. c) Funcionarios de Laboratorio, tales como Asistentes de Laboratorio y los Muestreadores. d) Funcionarios que laboran operando las Plantas de Tratamiento de Agua para consumo humano, pero que deben dosificar el agua con sustancias altamente peligrosas denominadas tóxicas. e) Funcionarios que realizan aforos y que por la naturaleza de su función les corresponde estar al frente de situaciones contaminantes o riesgosas por la exposición permanente. f) Funcionarios que laboran como Operadores de Estación de Bombeo y de mantenimiento de las mismas que por la función que realizan diariamente se exponen a recibir lesiones dada la exposición al riesgo por alto voltaje. AYA reconocerá la retribución por riesgo de peligrosidad conforme lo señalado con la normativa vigente. También estudiará periódicamente la situación real de los grupos ocupaciones conforme el cambio o mejoramiento continuo en los procesos institucionales, incorporando si así se determinara, nuevas clases ocupacionales a la retribución conforme al porcentaje respectivo, para ello se elaborará un informe técnico de estudio que será aprobado por la Gerencia General y elevado a la Junta Directiva de AyA, a efecto de ser sometido para su aprobación (…)”. En el artículo 15, al que refiere la parte actora, se dice: “1) El Instituto mantendrá el reglamento de peligrosidad actualizado con información relacionada con el riesgo al que están expuestos aquellos funcionarios ubicados en puestos cuyas tareas temporales o permanentes sean consideradas dentro de los rangos de riesgo de peligrosidad que determinen los estudios de la Dirección de Salud Ocupacional y de acuerdo con la siniestralidad que presenten las diferentes actividades de trabajo que se realizan a nivel institucional. A estos funcionarios se les aplicará una retribución por riesgo de peligrosidad sobre el salario base de un porcentaje mínimo de 1% y máximo de 5%, esto lo define la Dirección de Gestión de Capital Humano, fundamentado en criterio técnico en la medición del riesgo de la Dirección de Salud Ocupacional y parámetros del reglamento vigente (…) 2) AyA reconocerá la retribución por riesgo de peligrosidad conforme lo señalado en la normativa vigente. También, estudiará periódicamente la situación real de la exposición a riesgos de las actividades de trabajo de los grupos ocupacionales conforme el cambio o mejoramiento continuo en los procesos institucionales y nuevas clases ocupacionales. Para ello, la Dirección de Salud Ocupacional elaborará un informe técnico de exposición de riesgo que no deberá durar más de dos meses y su resultado será aprobado por la Gerencia General y la Junta Directiva de AyA (…)”. Por lo expuesto, esta Sala no considera que debe variarse lo decidido por la juzgadora en la sentencia.\n\nV.- CONSIDERACIONES FINALES: Conforme lo expuesto corresponde declarar sin lugar el recurso.\n\nPOR TANTO:\n\n Se declara sin lugar el recurso.\n\nRes: 2026000169\n\nLSILESN\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nJulia Varela Araya\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nJorge Enrique Olaso Álvarez\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRoxana Chacón Artavia\n\n\n\n\nAna Patricia Montero Morales\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nGrace del Carmen Agüero Alvarado\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 7VCPWHNA5OS61\n\n1\n\nEXP: 22-001048-1178-LA\n\n \n\n Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2258-4165. Correo Electrónico: sala-segunda@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:45:46.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**SALA SEGUNDA OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at fourteen hours zero minutes on the twenty-first of January two thousand twenty-six.\n\nOrdinary proceeding filed before the Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, First Section, by [Name 001], of unknown marital status, public official and with identity card number [Value 001], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, represented by its general judicial attorney, licensed Kattya Ramírez Barrera, a resident of Alajuela. Acting as special judicial attorneys are, for the plaintiff, licensed Sigifredo Zamora Galván; and for the defendant, licensed María José López Baltodano, married and of unknown domicile. All of legal age, divorced, attorneys, and residents of San José, with the indicated exceptions.\n\nDrafted by Judge Montero Morales; and,\n\n**CONSIDERANDO:**\n\n**I.- BACKGROUND:** In the initial brief, the plaintiff stated that he has worked for the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados since February 1, 2016, as a Technician in Wastewater, Electromechanical, and Pumping Systems, at the Los Tajos Treatment Plant, Uruca. He explained that, at that location, wastewater is treated (septic sludge or sludge loaded with excrement and other substances with high fecal coliform content). According to his account, they contaminate ducts, pipes, and all types of equipment or instruments, as well as the air and various surfaces of the workplace. He stated that, since 2015, in the Operation and Maintenance of Wastewater Treatment Plants area, which belongs to UEN RyT-GAM, the administration of the PTAR Los Tajos treatment system, the largest and most important in the institution and the country, is carried out. He said that, by its nature, all the processes and almost all the elements of the facility must operate continuously, 24 hours a day, 365 days a year. He established that, due to his duties, there are inherent hazards specific to the type of facility, which generate specific risks to which he is exposed in his routine work. Among them: “a) Contact or permanent exposure to raw wastewater and its byproducts, generating microbiological risks, infections; in operation tasks and direct attention to situations in the transport areas (sanitary sewer systems) and raw water, sludge, waste, and treated water tanks, sample collection, gauging. b) Contact or habitual exposure to chemical products, generating risks of poisoning, burns; in tasks of transfer; dosing and handling of chemical reagents from the different processes such as sulfuric acid, caustic soda, ferric chloride, among others. c) Habitual contact with energized equipment, generating electrical risks, burns, electrocution; in cleaning tasks, data collection from process equipment.” He made it clear that these hazards are described, by the institution, in the document through which the Hazardousness Study for Operators of the PTAR Los Tajos was requested. He explained that the concept of hazardousness, which is known as extreme occupational risk, is the percentage that is recognized, for certain occupational groups, for being constantly exposed to professional risks. Therefore, at the request of the Senior Administration of A y A, the Human Capital Directorate conducted a study and analysis of accident rates, at a national level, to make a proposal regarding said groups, which may be prone to imminent illnesses or dangers, due to their work. He pointed out that through official communication TROMST-2015-00003, from the Director of the Los Tajos Wastewater Treatment Plant, of the UEN Recolección y Tratamiento Treatment area, Eng. Olman Jiménez Rodríguez, a technical study was conducted to determine the feasibility of hazardousness pay for the plaintiff, who works in corrective and preventive maintenance activities of the electromechanical facilities. For said tasks, he claimed to be exposed to high voltage, pollution, and biological risk, due to contact with unimaginable amounts of fecal coliforms in the air and on the surface of the entire plant. In his opinion, said risk was not considered in the technical study. He affirmed that his duties are defined by the plant director, who is his superior, according to the institutional manuals of positions and classes. According to the risk study, which was carried out by the Occupational Health Area and is observed in official communication GG-S0-2015-00581, for the plaintiff's case, with reference to the parameters applied in the INS standard, a 30% consequence is considered. This is because the Hazardousness Regulation states that: “Personnel who are exposed to high voltage as a result of their permanent maintenance work, who may receive discharges of 3000 volts or more, falls under a risk grade of 300, that is, the criterion of 'serious risk,' where the risks can produce significant injuries and the use of human safety implements should not be neglected (…).” From what was transcribed, he summarized that his activities are located at grades that are at 300, that is, \"serious risk,\" for which he should receive a hazardousness payment of only 3%. Furthermore, from his perspective, a microbiological test was not performed for this study to determine the exposure to biological risk. He clarified that, for this latter type of risk, 5% is recognized for hazardousness. However, for his case, this type of risk was never taken into account. From his tasks, he listed those he considers expose him to biological risk: “-Perform corrective, preventive, or predictive maintenance work on all facilities. -Systematically inform his superiors of all abnormalities found in the machines, equipment, and accessories. -Routinely check the electronic equipment, materials, and accessories of the Wastewater Treatment Plant. -Measure and record electronic parameters and follow up on them. -Participate in the assembly of new equipment, systems, accessories, and electronic materials at the plant. -Perform specialized cleaning, replacement, and maintenance of electronic component equipment jointly with the rest of the Maintenance Department. -Stay alert and report any situation that could endanger the proper functioning of the facilities or that represents a potential danger to personal safety. -Support, from his field of action, personnel from other areas and/or external personnel in larger-scale interventions. -Check the condition of personal work equipment and warn of deficiencies. -Keep the personal workspace clean and tidy, along with the areas where PTAR equipment and accessories are located. -Keep the tools and equipment required for his duties clean.” He also elucidated that, to fulfill the duties assigned as Specialist Technician of the Maintenance Department of the Los Tajos Wastewater Treatment Plant, he must perform, as part of his equipment cleaning and maintenance duties: 1) Preventive and corrective maintenance on sludge centrifuges, 2) Maintenance on level floats, 3) Preventive and corrective maintenance on bar screens in the screening zone, grit removal bridge, emptying pumps and level floats inside the chamber, progressive cavity pumps, bottom agitators (buffer tank), centrifugal pumps for sludge, among others. For each of these, he attached photographs and a brief explanation. He requested that it be declared that the plaintiff performs tasks that entail a high biological risk, not just electrical, so that, retroactively to the date of entry to the Los Tajos plant, 5% is recognized for hazardousness. Also, that it be established, according to the Position Manual, that he occupies the position of electromechanics and pumping, due to the multiple electromechanical maintenance functions in which he is exposed to biological risk. He requested the payment of differences in Christmas bonus (aguinaldo), school salary, social security contributions, interest (from the moment he began working at the plant and until its effective payment), and indexation. He requested that costs be charged to the defendant institution (Images 1 to 15 of the court's virtual file). For its part, the unrestricted general attorney of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados answered the lawsuit negatively. He filed the defenses of lack of right, lack of active and passive standing. Likewise, he requested that the lawsuit be declared without merit and that the plaintiff be ordered to pay costs (Images 55 to 69 of the court's virtual file). The Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, through judgment 2278-2024 of 10:44 hours on November 20, 2024, issued by judge Lucía Alejandra Soto Chacón, declared the lawsuit without merit, upheld the filed defenses, and resolved the proceeding without special condemnation in costs (Images 245 to 266 of the court's virtual file).\n\n**II.- GRIEVANCES:** The plaintiff files a cassation appeal. First, he reiterates the claims of the lawsuit. Also, regarding the collective bargaining agreements (convenciones colectivas), he says that by their nature as professional laws, they constitute normative sources within their scope of application. Therefore, in accordance with article 55 of the Labor Code, they are applicable to present and future workers of the workplace where they are signed. He adds that the jurisprudence of the Constitutional Chamber, based on vote 1696-1992 of 15:00 hours on August 23, 1992, has been reiterative as to the conditions under which it is possible to apply article 62 to State workers. From the above, he infers that the collective bargaining agreements, since 2011, which have been approved by the Ministry of Labor, recognize that the staff of residual treatment plants, as in the plaintiff's case, must be recognized 5% for hazardousness, for being exposed to electrical and biological risk. On the other hand, he is dissatisfied with the reasoning of the ruling. He explains that the judge performs an analysis based on the duties for the position of \"Electromechanical and Water Pumping Technician,\" of the plaintiff. However, she overlooks the fact that in labor matters, the principle of the reality of the contract prevails and that, even though the plaintiff is an Electromechanical Technician, he works in all areas of the plant. He reiterates that the plant is highly contaminated with fecal matter and other microorganisms, which cause biological risk. He states that the evidence is conclusive and leaves no doubt. He considers that the judge decides on an aspect that is not the genesis of the lawsuit and disregards the claims and the object of the proceeding, without performing a legal analysis. He debates that the a quo determined her disagreement regarding a \"probable exposure to contamination by fecal matter,\" not a certain condition. That is, the risk is determined by the tasks assigned to each position, and that of the plaintiff is not associated with said hazard. He suggests that the judge does not understand the term \"exposure to biological risk or exposure to fecal matter,\" because she circumscribes it only to whether he belongs to a specific position in the manual. He warns that the judgment does not seek knowledge of the matter of biological risk due to fecal contamination, thereby leaving him in a state of defenselessness. He notes that the plaintiff moves throughout the entire plant, at the same time that he must assemble and disassemble equipment components, which contain high concentrations of fecal matter. He affirms that, regarding the regulatory power of the institution, the judge tries to base the judgment on the Hazardousness Regulation. Thus, the a quo establishes that only the staff with the greatest exposure to risk, whether from the Sanitary Sewer System or \"Technicians in Water-Wastewater Treatment Systems,\" is entitled to the recognition of 5% for hazardousness; therefore, when a 3% hazardousness is granted to him, the defendant applied the content of the Regulation, which leaves no room or place for arbitrariness, as it is not subjective. Given this position, he clarifies that his claims relate to exposure to biological risk throughout the entire plant. Likewise, he states that institutional regulations do not always respect the principles of labor law, as they contain biases and provisions contrary to labor law, which is a matter of general knowledge. He reveals that, as a sample of his argument, recently, A y A, through its Occupational Health Department, conducted a technical study called: \"Risk Study,\" in which it concludes that electromechanical officials, as is the plaintiff's case, should receive 5% hazardousness, because they are indeed exposed to the biological risk claimed in this proceeding. He retakes that the Collective Bargaining Agreement was in force for 2019 and included, in article 15, a payment of 5% hazardousness for workers who work in wastewater treatment plants, without distinction of position or duties, for which reason this percentage should be recognized to the plaintiff, due to biological risk. That is, it would be granted to him from 2019, by the collective bargaining agreement in force at the time of filing the lawsuit, and not only from 2023, with the new collective bargaining agreement. He requests that the judgment be modified and the lawsuit be declared with merit in all its extremes.\n\n**III.- PROCEDURAL GRIEVANCES:** The plaintiff challenges the reasoning of the ruling because it performs an analysis based on the duties for the plaintiff's position and overlooks that in labor matters, the principle of the reality of the contract prevails. Furthermore, despite being an Electromechanical Technician, he works in all areas of the plant, which present high contamination of fecal matter and microorganisms, that is, biological risk. In his judgment, the reasoning of the ruling is based on an aspect that is not the genesis of the lawsuit and disregards the claims and the object of the proceeding, without performing a legal analysis. He debates the lack of attribution of certainty regarding the \"possible exposure to contamination by fecal matter.\" Furthermore, it discards the danger to the plaintiff's detriment, as it determines that the risk arises from the tasks assigned to each position. He interprets that the judge does not understand the term \"exposure to biological risk or exposure to fecal matter,\" because she circumscribes it only to whether he belongs to a specific position in the manual; and that the ruling avoids the knowledge of the matter of biological risk due to fecal contamination and that the plaintiff moves throughout the entire plant, at the same time that he must assemble and disassemble equipment components, which contain high concentrations of fecal matter. Also, he challenges the reasoning based on the Hazardousness Regulation because his claims relate to exposure to biological risk throughout the entire plant and institutional regulations contain biases and provisions contrary to labor law. The grievances are not admissible. The duty to provide reasoning for judicial decisions constitutes an obligation consubstantial to the fundamental rights of due process and defense of the parties. The materialization of the reasons that the judge considered when adopting one decision or another allows the parties to exercise control over what has been resolved, through the procedural mechanisms designed for that purpose. \"The reasoning of the judgment is the intellectual work of the judge used to justify the decision she adopts with respect to the matter submitted to her knowledge. For this, the legal operator must record the factual and legal reasons that serve to support her criterion, otherwise her decision will be arbitrary. The foregoing is not a mere formality requirement of the judgment, but a requirement derived from the principle of due process, since, through the reasoning of the ruling, both plaintiff and defendant may make use of the ordinary remedies granted by legislation, in order to control jurisdictional power\" (Sala Segunda, judgment 181 of 9:45 hours on February 5, 2010). Hence, articles 421 and 560 of the Labor Code expressly establish the obligation to provide reasons for decisions. The latter provides that in the preambles (considerandos) section of the ruling, \"(…) the means of proof on which the conclusion is supported and the reasons that support it and the evaluation criteria used shall be indicated, for which purpose a record of the analysis of the different evidentiary elements submitted must be left, through a detailed and exhaustive explanation of each one of them… the reasons of fact, law, doctrine, and jurisprudence shall be given, the appropriateness or inappropriateness of the propositions shall be substantiated (…) It is essential to cite the legal norms that serve as the basis for the conclusions on the appropriateness or inappropriateness of the claims or defenses proposed\". In the opinion of this Chamber, the contested ruling does not incur the alleged reproach because it accredited those elements that, in the judge's judgment, were relevant to adopt the decision she made. Furthermore, it supported the decision on the existing evidentiary elements, which in her judgment justify the ruling. The argumentative display is clear, without exhibiting contradictions, with which it can be determined what the reasons of fact and law are that form the basis of the decision. For this Chamber, the plaintiff mixes two objections, one of a procedural nature with effects on the validity of the act (lack of reasoning) and another of a procedural nature with effects on the substantive part of the judgment (pretermission or improper assessment of evidence). These grievances are mutually exclusive, aside from the fact that only the first can be addressed through the formal avenue introduced by article 587 of the Labor Code; while the second is provided for in the legislation as a ground for cassation on the merits (article 588). Thus, given the circumstances, when reviewing the appealed ruling and by virtue of the way in which the claims of the proceeding have been raised, it is not observed that the judge erred regarding its object, for which reason the grievance must be rejected, without prejudice to the analysis of the substantive arguments in the following preambles (considerandos).\n\n**IV.- ANALYSIS OF THE CASE:** The main object of the proceeding is to determine whether the plaintiff is entitled to the payment of differences for 5% of the hazardousness item, despite receiving 3% (See personnel actions in images 17 and 197), for performing duties that expose him to a serious biological risk. In the judgment, the a quo held as proven facts: \"PROVEN FACT FIRST. The plaintiff has worked for the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados since February 1, 2016 (uncontroversial fact, taken as true by application of article 480 of the Labor Code), PROVEN FACT SECOND. That from the beginning of his employment relationship, the plaintiff was appointed in the class of Technician in Wastewater Systems, in the position of Technician in Electromechanical and Pumping Water Systems at the wastewater treatment plant in Los Tajos (see official communication DGCH-2016-01036 of September 5, 2016, provided as evidence with the initial lawsuit brief filed in the proceedings on May 16, 2022, where it indicates that the plaintiff's position is Technician in Electromechanical and Pumping Water Systems at the wastewater treatment plant in Los Tajos; see also personnel action NO1.2016-00015 provided as evidence in the response to the lawsuit, according to a brief filed in the proceedings on June 14, 2022, where it is clearly indicated that the plaintiff is appointed in the class of Technician in Wastewater Systems and in the position of Technician in Electromechanical and Pumping Water Systems). PROVEN FACT THIRD. That the activities of persons in positions of Technicians in Electromechanical and Pumping Water Systems cover certain activities that do entail possible contact with wastewater (see activities listed in the RISK STUDY SO-IT-2024-00015 filed as evidence for better resolution in the proceedings according to a brief filed to the virtual desktop on May 13, 2024). PROVEN FACT FOURTH. That regarding the Matrix for the Application of Remuneration for Hazardousness Risks (Matriz para la Aplicación de Retribución por Riesgos por Peligrosidad, MARRP), it is determined that technicians in Electromechanical and Pumping Water Systems have a biological risk exposure of degree 60 (low) and electrical risk of degree 60 (low). (see activities listed in the RISK STUDY SO-IT-2024-00015 filed as evidence for better resolution in the proceedings according to a brief filed to the virtual desktop on May 13, 2024). PROVEN FACT FIFTH. That the Regulation for the Compensation of Hazardousness Risk of AYA, Regulation number 064 of 08/26/2003, provides: 'ARTICLE 6: The compensation for hazardousness risk shall consist of a wage supplement (sobresueldo) that according to the technical study carried out by the Occupational Health Department, approved by the Board of Directors, and materialized by the General Management which shall authorize it by means of personnel action, in a specific range that oscillates from a minimum of one percent (1%) up to a maximum of five percent (5%) of the base salary of the respective position class or function, in consideration of what is established in the laws, technical standards, directives, and this Regulation, in the following manner: - Sanitary Sewer System Personnel. 5%. Personnel of Warehouses for reagents or toxic substances. 4%. - Personnel who handle and transport chlorine gas. 4%. - Personnel exposed to high voltage (maintenance). 3%. Personnel who handle and dose (plant operators). 3%. - Laboratory Personnel. 3%. - Personnel who perform gauging. 2%. - Personnel exposed to high voltage (operators). 1%.' (see Regulation for the Compensation of Hazardousness Risk of AYA, Regulation number 064 of 08/26/2003 provided as evidence with the initial lawsuit according to a brief filed in the proceedings on May 16, 2022, also available at the site: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?p aram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=61247&nValor3=69436&strTipM=TC) PROVEN FACT SIXTH. That, at the time the action was brought, the electromechanical maintenance technicians located at the PTAR Los Tajos and nationwide were assigned 3% of the base salary for their work and risk of contact with electrical components. (see official communication GG-DCH-2021-02273, dated August 5, 2021, through which Mrs. Yolanda Salas Hernández, Director of Human Capital of A y A, responds to Mr. Mario Rodríguez Bonilla in his capacity as general secretary of the Sindicato de Trabajadores de A y A (SITRAA), regarding the hazardousness payment, a document provided as evidence in the initial lawsuit brief filed in the proceedings on May 16, 2022). PROVEN FACT SEVENTH. That finally, in the hazardousness study carried out on the plaintiff in 2016, taking into consideration the activities and functions of the plaintiff, it was concluded that Mr. [Name 001] is exposed to the electrical risk factor according to probability and exposure, since by the nature of the work he is exposed to an Electrical Risk that may affect his health and integrity (see official communication GG-SO- 2016-00403 of August 3, 2016, provided as evidence in the response, according to a brief filed in the proceedings on June 14, 2022), and indeed, the plaintiff is recognized 3% on the base salary for hazardousness with an effective date of 04-01-2016 (see official communication DGCH-2016-01036 of September 5, 2016, provided as evidence with the initial lawsuit filed in the proceedings on May 16, 2022). PROVEN FACT EIGHTH. That at the Los Tajos treatment plant, there are cleaning and disinfection procedures, personal protective equipment (PPE) for the officials who work there; likewise, there are Odor Control Systems and Gas Measurement Equipment for the safety of any worker. (See memoranda DRyT-OMST-2022-00212, as well as photographs where officials are observed using different personal protective equipment, as well as memorandum DRyT-OMST-2022-00212 of May 23, 2022, signed by OLMAN JIMENEZ RODRIGUEZ, all provided as evidence with the response to the lawsuit).\". Now, the hazardousness incentive is regulated in the institution's Hazardousness Risk Compensation Regulation, under the definition \"Hazardousness risk compensation is defined as those uncontrollable situations that threaten the physical integrity of officials, due to the direct handling of agents that transmit infectious-contagious diseases or the use of highly toxic products, or of extreme danger or other activities that are authorized in the future by the AYA Board of Directors upon recommendation of Management, and that expose the official in the habitual and permanent tasks of the position, in which there is no negligence or lack of use of occupational safety implements by the worker.\" (The highlighting was added). Now, under the technical study DGH-2016-01036 (Images 18 to 22 of the virtual file), it is concluded that the plaintiff executes duties of Technician in Electromechanical and Pumping Water Systems at the wastewater treatment plant in Los Tajos; therefore, his activities fall within the assumptions that enable the recognition of the item, according to the regulation, for which reason 3% on the referred base salary was recognized to him, for his exposure to high voltage, with a risk grade of 300. Activities that are stated in Memorandum DRyT-OMST-2016-00107 of March 31, 2016, from Eng. Olman Jiménez Rodríguez (Images 94 to 96 of the virtual file), which are: \"1. Perform, as applicable to his area of competence, corrective, preventive, or predictive electrical maintenance tasks in all PTAR facilities, according to the greatest benefit of the institution. 2. Prepare and present reports and statements in matters of his competence and/or related to the position he holds, in accordance with Institutional requirements. 3. Complete the assigned report forms. 4. Systematically inform of all abnormalities found in the machines, equipment, and accessories. 5. Check the condition of his own work equipment and warn of its deficiencies. 6. Carry out the scheduled work and all that which arises daily, always complying with the instructions of the immediate superior. 7. Routinely check the electrical equipment, materials, and accessories of the Wastewater Treatment Plant. 8. Measure and record electrical parameters and follow up on them. 9. Perform specialized cleaning, replacement, and maintenance of electromechanical equipment jointly with the rest of the Maintenance Department. 10. Stay alert and report any situation that could endanger the proper functioning of the facility or that represents a potential danger to personal safety. 11. Support, from his field of action, personnel from other areas and/or external personnel in larger-scale interventions. 12. Participate in training, meetings, events, committees, commissions, or work groups, both internal and external, in matters of his competence and/or related to the position he holds, in accordance with Institutional requirements. 13. Prepare and present improvement proposals. 14. Review, correct, and sign documents in matters of his competence and/or related to the position he holds, in accordance with Institutional requirements. 15. Check the condition of personal work equipment and warn of deficiencies. 16. Be willing to participate in personal performance or yield evaluations, both to be rated and to rate other collaborators. 17. Keep the personal workspace clean and tidy, as well as the areas where PTAR equipment and accessories are located. Participate in the assembly of new equipment, systems, accessories, and electrical materials at the plant, as well as support other areas in similar activities. 18. Perform other activities assigned by his superior, in matters of his competence and/or related to the position he holds, in accordance with the requirements of his superiors. 19. Keep the tools and equipment required for his duties clean.\"\n\nThus, in addition to said information, memorandum DRyT-OMST-2022-00212 clarifies that the tasks referred to by the plaintiff actually correspond to the duties and functions of Operators, and it also makes clear that the equipment to be worked on by maintenance technicians “(…) must be initially washed by the operators; this washing is done upon prior request by the maintenance technicians or their supervisors (…) the email ‘Delivery of pumping equipment deodorization tower #2,’ dated January 28, 2021, is attached, in which I textually indicate to the Operation and Maintenance Coordinators of the PTAR Los Tajos (Messrs. Esteban Saborío Herrera and Nicolás Mora Castro): ‘In the event of maintenance interventions in general on wastewater or biological risk equipment: 1. The usual procedure is followed whereby Operation first intervenes to perform the cleaning. 2. Subsequently, Maintenance intervenes for whatever is required.’ Therefore, in order to proceed with washing areas and equipment before an intervention by maintenance technicians, there must be coordination between them and the operations area, a practice that has been followed practically since the PTAR Los Tajos began operations. Consequently, in principle and under normal coordination conditions, maintenance technicians should not intervene until the operators have washed. In accordance with this, the PTAR Los Tajos has a cleaning and disinfection procedure, code SSO-P-001 (T), prepared on 01/17/2018 and updated in its version 003 on 03/24/2020, which establishes the cleaning of areas or equipment, responsible parties, cleaning frequency, and protective equipment to be used.” The same document attaches “Table 1. Cleaning and Disinfection Procedure, points 6 and 7, page 4.” Where the cited procedure is detailed, along with the cleaning responsibility for machines and tools held by operations and maintenance personnel, as well as those regarding work equipment and cabinets, depending on the equipment or task. It also refers to the use of protective equipment (EPP) such as reusable nitrile gloves, safety boots, helmet, and safety face shield. It continues, regarding the personal protective equipment (PPE) that for employees performing tasks in contact with sludge or wastewater, and exposure to odors and gases, due to the risks and tasks, they also have: “a) Personal protective face shields adaptable to safety helmets. b) Clear and dark glasses with facial seal. c) 1- and 2-filter respirators with cartridges for gases and vapors. d) Disposable respirators. e) Disposable full-body Tyvek suit. f) Fisherman-type boots (waterproof). g) Reusable nitrile gloves of various lengths for the hand, arm, and forearm. h) Rubber boots.”, which have been acquired since August 2015, the date the plant began operations. It adds that there are other preventive measures such as: “a) Employees shower before leaving work. b) The contracted service for uniform washing is kept constant. c) Employees are provided the personal hygiene implements established in the Collective Bargaining Agreement. d) Constant communications and periodic meetings are held on Occupational Health and Safety topics, and the area has a professional, engineer Fanny Brenes Granados.” Thus, despite acknowledging that maintenance technicians must service the equipment referenced in the lawsuit, the area must coordinate the initial cleaning with operations and that they have the necessary protective equipment.\n\nThe case file also contains memorandum GG-SO-2016-00403 (Images 108 to 113) where a workplace risk study was conducted at the plant for the plaintiff. It concludes that “(…) due to the consequence, probability, and exposure, and analyzing the functions with the immediate supervisors at Los Tajos Plant and with the objective of complying with the provisions of the current Hazardousness Regulation and the INS Technical Standard, since by the nature of the work he is exposed to an Electrical Risk that may affect his health and integrity. Personal Protective Equipment. Uses gloves, safety glasses, safety shoes, insulating Block materials (…) The consequence is 30%, the exposure is 10%, and the probability is 1%, therefore the degree of risk to which the employee is exposed is 300.” Likewise, the duties of the position of Specialist Technician in Electromechanical Water Systems and Water Pumping, held by the plaintiff, according to the Position Manual of the defendant institution (Images 117 to 119 of the court's virtual case file), correspond to: “1. Participate in the implementation of policies, guidelines, strategies, standards, manuals, and procedures; as well as the implementation of plans, programs, projects, and actions regarding operation and maintenance (corrective, preventive, and predictive) of electromechanical systems and drinking water pumping. 2. Execute activities related to the integrated management of information on electromechanical systems and water pumping. 3. Execute and control maintenance activities necessary for the adequate operation and functioning of the electromechanical and pumping systems used in the institute. 4. Execute the installation, operation, control, and maintenance (preventive, predictive, and corrective) of hydraulic, pneumatic, and electrical pumping system equipment. 5. Execute inspections of control panels and boards for pumping equipment. 6. Execute the handling and calibration of automatic valves. 7. Operate and install electrical panels. 8. Repair pumps, motors, compressors, accessories, and electromechanical equipment. 9. Install pumping equipment, accessories, and valves of all types for both drinking water and wastewater.” Likewise, the cleaning and disinfection procedures for the plant are detailed, along with the persons responsible for each (Images 120 to 134).\n\nIn the document Microbiological Analysis in Environment and Surfaces of the Los Tajos Wastewater Treatment Plant of A y A (Images 172 to 184 of the court's virtual case file), the objective was “To determine the presence of fecal microbial indicators such as thermotolerant or fecal coliforms and Escherichia coli on surfaces, as well as the environmental microbial load in various areas of the Los Tajos Wastewater Treatment Plant, administered by AyA.” And it concluded that “In the environmental sampling, it is observed in Table 1 that the average value of the microbial load in the different areas was 6 CFU, with the maximum value being 13 in the sludge homogenization tank and the minimum value detected both in the administrative building and in the sludge screen, with 2 CFU. In the control area established in the external environment, at the biogas treatment system, a non-detectable count was obtained. In surface sampling, the presence of fecal coliforms and E. coli was found on two tools in storage (see Table 1 rows 6 and 7), two tools that were in use in maintenance field work (see Table 1 rows 9 and 10), and only fecal coliforms on the selected surface in the biogas treatment system (…).”\n\nIn the same vein, the lower court judge, as evidence to better resolve, admitted the Risk Study SO-IT-2024-00015 (Images 232 to 241 of the virtual case file), which conducts a risk study for several employees, including the plaintiff. The document details the activities performed, the risk criteria and range, and the evaluation table for hazardousness conditions. Therefore, it is defined that he is exposed to two types of risk: biological and electrical agents. Also attached is the Matrix for Application of Remuneration for Hazardousness Risks (MARRP, Matriz de Aplicación de Retribución por Riesgos por Peligrosidad), in which it is determined that the biological risk has a value of 60 (low) and the electrical risk similarly has a value of 60 (low). Based on the foregoing, it must be made clear that the same regulation also states, in article 6, “The remuneration for hazardousness risk shall consist of a salary supplement which, according to the technical study carried out by the Department of Occupational Health, approved by the Board of Directors and executed by the General Management who shall authorize it by personnel action, within a specific range that varies from a minimum of one percent (1%) to a maximum of five percent (5%) of the base salary of the respective position class or function, in consideration of the provisions of laws, technical standards, directives, and this Regulation, as follows: - Sanitary Sewer System Personnel. 5%. - Personnel at reagent or toxic substance warehouses. 4%. - Personnel who handle and transport chlorine gas. 4%. - Personnel exposed to high voltage (maintenance). 3%. - Personnel who handle and dose (plant operators). 3%. - Laboratory Personnel. 3%. - Personnel who perform flow measurements. 2%. - Personnel exposed to high voltage (operators). 1%.” and defines risk types in the definitions section of Article 2, such that one must understand: “Extreme risk: Refers to risks whose evaluation demonstrates an absence of control at the workplace, or random risks, and in that sense can generate significant consequences for workers. It is evidenced in personnel who store and handle toxic, chemical, physical, or biological substances and chemical reagents in Warehouses and Laboratories. Likewise, chlorine gas personnel are exposed to extreme risk, which directly affects the employee and presents consequences that can extend to the community depending on the magnitude of the consequences. Serious risks: Risks that present characteristics requiring a level of action where the participation of technical teams must propose timely measures, as they may generate significant consequences and effects in injuries or illnesses. Moderate risks: Risks that require adequate attention from AYA employees, as there is a probability that they may generate accidents with incapacitating consequences. If the employee contravenes national legislation and must therefore assume responsibility following due process. Low risk: Every employee must develop actions that keep risk factors under control, present in occupational groups, within the main activities carried out by the Institution. Tolerable risks: The employee is under normal control of the risks present in their activity. They are correctable through the proper use of safety implements.” Thus, the judge is correct in determining that only those employees whose tasks fall within the unbearable risk receive the aforementioned 5%. Also, by determining that although the plaintiff is subject to both types of risk (electrical and biological), the degree of hazardousness must be determined to define whether or not he is entitled to be compensated with a higher percentage.\n\nNow, upon analyzing the MARRP on remuneration for hazardousness risks, as stated, the plaintiff presents an exposure to biological risk of 60 (low), such that it is not possible to determine that he is exposed to an unbearable degree, as required for the requested percentage. It is not observed, as the party attempts to make it seem, that the judge only made an analysis of the functions assigned to a given position class; rather, all technical studies, including interviews and site analysis, were taken into account to generate such a conclusion. Although it may be presumed that the plaintiff, according to his duties, is exposed to biological risks, such a presumption is not sufficient to assign the highest degree of hazardousness, as this derives from the assigned value, based on technical criteria. As was done in this case, with a low-risk value. Therefore, the judge's reasoning has a technical basis, derived from the evidence provided in the autos, which was not discredited by the plaintiff, nor was there any opposition to it.\n\nOn the other hand, the plaintiff is also incorrect regarding his interpretation of the collective bargaining agreement, that it assigned, in Article 15, a 5% payment for hazardousness for workers who work in wastewater treatment plants, without distinction of functions or the position they occupy. Despite the novelty of the argument, considering that it was added as evidentiary material, it must be said that it has always subjected such percentage assignment to the regulation and for employees in positions whose tasks are considered within the ranges of hazardousness risk. The foregoing according to Article 11 of said collective negotiation instrument, which states: “Article 11: On Hazardousness. 1. The Institute shall maintain the hazardousness regulation, applying remuneration for hazardousness risk on the base salary to those employees placed in positions whose temporary or permanent tasks are considered within the ranges of hazardousness risk, according to the registry of hazardous occupations. Such activities are: a) Employees who work in Sanitary Sewer Systems and in Wastewater Treatment Plants and their collectors. b) Warehouse employees, who handle and transport chemical reagents or toxic substances, such as: aluminum sulfate, chlorine gas, sodium hypochlorite, and chemical reagents. c) Laboratory employees, such as Laboratory Assistants and Samplers. d) Employees who work operating Water Treatment Plants for human consumption, but who must dose water with highly dangerous substances called toxic. e) Employees who perform flow measurements and who, by the nature of their function, must be at the forefront of contaminating or risky situations due to permanent exposure. f) Employees who work as Pumping Station Operators and as maintenance personnel for them who, due to the function they perform daily, are exposed to receiving injuries given the exposure to high-voltage risk. AYA shall recognize the remuneration for hazardousness risk in accordance with current regulations. It shall also periodically study the real situation of occupational groups according to the change or continuous improvement in institutional processes, incorporating, if so determined, new occupational classes to the remuneration according to the respective percentage; for this purpose, a technical study report shall be prepared, which will be approved by the General Management and submitted to the Board of Directors of AyA for approval (…)” Article 15, to which the plaintiff refers, states: “1) The Institute shall maintain the hazardousness regulation updated with information related to the risk to which those employees placed in positions whose temporary or permanent tasks are considered within the ranges of hazardousness risk, as determined by studies of the Occupational Health Directorate and according to the accident rate presented by the different work activities carried out at the institutional level. A remuneration for hazardousness risk on the base salary of a minimum percentage of 1% and a maximum of 5% shall be applied to these employees, this is defined by the Human Capital Management Directorate, based on technical criteria in the measurement of risk by the Occupational Health Directorate and parameters of the current regulation (…) 2) AyA shall recognize the remuneration for hazardousness risk in accordance with current regulations. It shall also periodically study the real situation of risk exposure of the work activities of occupational groups according to the change or continuous improvement in institutional processes and new occupational classes. For this purpose, the Occupational Health Directorate shall prepare a technical report on risk exposure, which shall not take more than two months, and its result shall be approved by the General Management and the Board of Directors of AyA (…).” For the reasons stated, this Chamber does not consider that the judge's decision in the ruling should be varied.\n\nV.- FINAL CONSIDERATIONS: In accordance with the foregoing, the appeal must be declared without merit.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal is declared without merit.\n\nRes: 2026000169\n\nLSILESN\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nJulia Varela Araya\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nJorge Enrique Olaso Álvarez\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRoxana Chacón Artavia\n\n\n\n\nAna Patricia Montero Morales\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nGrace del Carmen Agüero Alvarado\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\n 7VCPWHNA5OS61\n\n1\n\nEXP: 22-001048-1178-LA\n\n \n\n Telephones: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 and 2295-4406. Facsimile: 2258-4165. Email: sala-segunda@poder-judicial.go.cr\n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:45:46.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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